El Registro Civil ha marcado un hito en la lucha de María Bueno, que lleva 15 años buscando a su hija, una 'niña robada' cuando nació en 1981 en un pueblo de la provincia de Cádiz, al reconocer su existencia civil, según ha informado la asociación Alumbra. Ha informado EFE.

La hija de María Bueno, presidenta de la Asociación Alumbra y de la Plataforma Internacional 'Te Estamos Buscando', es uno de los 300.000 casos registrados por las asociaciones de “bebes robados” en España.

Tras una lucha de 15 años, ha recibido del Registro Civil un certificado oficial que reconoce la existencia civil de su hija María.

Se trata, según la asociación, de la primera vez que el Registro Civil reconoce la identidad de una bebé robada.

La hija de María Bueno fue declarada como “muerta al nacer” en 1981, pero su madre ha denunciado durante décadas su desaparición "sin rastro físico, sin estar enterrada en ningún cementerio, ni documentación hospitalaria" que acredite el fallecimiento.

En aquella época el Código Civil consideraba a los bebés muertos al nacer como "criaturas abortivas", por lo que no eran registrados como personas con identidad propia.

"No se les otorgaba nombre ni derechos civiles, quedando completamente fuera del sistema legal", explica la asociación.

Sin embargo, "gracias al esfuerzo incansable de su madre", el Estado ha reconocido ahora el derecho de su hija a existir legalmente.

“Mi hija ya no es un despojo humano sin nombre. Tiene identidad. Aunque no sé dónde está, sé que hoy el mundo la reconoce como lo que siempre fue: una persona”, afirma María Bueno en unas declaraciones difundidas en la nota de prensa.

"Este hecho no solo representa un acto de justicia personal, sino también una reivindicación colectiva para todas las madres que aún buscan reconocimiento para sus hijos desaparecidos al nacer", dice en una nota de prensa la Asociación Alumbra (Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía".

Una mujer de 61 años ha logrado localizar a su hijo, ahora con 43 años, que presuntamente fue robado después de darlo a luz en un hospital de Irún (Guipuzkoa), un caso que fue archivado provisionalmente por la Justicia y que pudo ser reabierto gracias a la labor de la asociación Sevilla Bebés Robados. Tras un larguísimo periplo que la ha condicionado prácticamente toda su vida, María del Mar, actualmente residente en Granada, ha conseguido dar con su hijo, aunque lamenta que este no haya querido escucharla todavía, según informa EFE.

"Había tirado la toalla porque no sabía dónde acudir, todos me cerraban las puertas. Ahora no pierdo la esperanza, él tiene que saber la verdad. Quiero que me dé una oportunidad, que escuche mi versión y que luego decida", ha relatado emocionada a EFE esta mujer, madre de otros dos hijos y quien asegura con rotundidad que en Irún le "robaron" a su otro hijo.

El letrado Juan de Dios Ramírez, que ha asesorado a la afectada y a la asociación Sevilla Bebés Robados en ese caso, ha explicado a EFE que María del Mar parió el 28 de octubre de 1981 siendo todavía menor, con 17 años.

Estuvo aislada y encerrada en el centro hospitalario, donde su propia madre le comentó que su bebé había nacido muerto y con malformaciones. No obstante, una enfermera, sin embargo, le habría advertido de que su hijo estaba en buenas manos. Esta circunstancia generó en María del Mar mucha incertidumbre durante toda su vida y fue lo que la llevo a mover la búsqueda de su hijo.

A raíz de escuchar en televisión relatos similares al suyo en 2012, decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía de Guipúzcoa, que conllevó la apertura de diligencias de investigación, aunque meses después el caso fue archivado provisionalmente.

Años después, tras contactar en 2021 con la asociación sevillana y exponer su caso, este colectivo la derivó al despacho del abogado Juan de Dios Ramírez y se logró reabrir el caso con nuevas pruebas después de que este marcara las pautas de actuación a su letrado de oficio en Irún, Manuel Soto Maetzu. Para entonces, ha explicado Ramírez, tenían sospechas de que la propia madre de María del Mar hubiera podido estar implicada en la desaparición del bebé.

Finalmente, el Juzgado de Irún dejó sin efecto el archivo provisional y contactó con otro de Granada para tomar declaración por videoconferencia tanto a la madre como a la hermana. A raíz de estas declaraciones, el juzgado guipuzcoano, la Fiscalía y la Ertzaintza se centraron en el caso para agotar todas las posibilidades de la instrucción, de modo que han podido practicarse todas las diligencias propuestas por la representación procesal de María del Mar.

El resultado es que esta madre ha logrado encontrar a su hijo biológico, a pesar de que este, al parecer, no quiere tener comunicación con su progenitora, ha indicado el abogado. Actualmente el proceso sigue abierto para depurar posibles responsabilidades por el comportamiento de la madre adoptiva, la madre de María del Mar y cualquier otra persona que pudiera tener implicación en estos hechos.

"Ha sido una situación terrible. El hijo de María del Mar está identificado, localizado y se le ha ofrecido personarse en el procedimiento pero ha desechado esa posibilidad. Fue vendido a una persona, que lo acogió y lo adoptó", ha indicado Ramírez.

Por su parte, Carmen Lorente, presidenta de la asociación Sevilla Bebés Robados, ha señalado a EFE que decidieron ayudar a María del Mar tras conocer su caso: "Está desolada, rota, partida. Vino a nosotros desesperada porque no encontraba ayuda por ningún lado", ha señalado. La representante de esta asociación recuerda que, en contra de lo que se piensa, muchos de estos casos de bebés robados se produjeron ya en el período democrático.

También lamenta que la justicia no sea siempre sensible: "Es muy penoso ver que muchas madres se puedan ir de este mundo sin saber dónde están sus hijos. Creo que la justicia, a la que se facilitan datos como nombres y apellidos, debería ayudarnos más", ha concluido.

El PSOE quiere rebajar en el Congreso el contenido de la proposición de ley sobre bebés robados que firmó con sus socios parlamentarios y que Unidas Podemos urgió a desbloquear. Entre otras propuestas, las enmiendas socialistas cambian el nombre y la exposición de motivos, sustituyen el concepto víctima por afectados, suprimen los efectos penales remitiéndose al Código Penal y eliminan la propuesta de crear una Fiscalía Especial, según informa Eruopa Press.

Esta proposición de ley se registró en febrero de 2020 con la firma del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Junts, Más País-Equo, Compromís, el BNG y la CUP. Por cuestiones de cupo, para que no se le impidiera defender otras iniciativas, Unidas Podemos retiró su firma tiempo después, aunque no su apoyo.

El texto fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso en junio de ese año, con el único voto en contra de Vox, pero desde entonces se guardó en un cajón y durante dos años y medio se fueron prorrogando los plazos de enmiendas. Al inicio de este año, Unidas Podemos exigió al PSOE reactivar su tramitación y, tras varias semanas, finalmente los socialistas accedieron a poner fin al plazo de presentación de enmiendas.

Pero cuando el PSOE ha registrado las suyas, a las que ha tenido acceso Europa Press, su idea ya difiere mucho de lo que firmó en 2020 pues ahora quiere cambiar el nombre y la exposición de motivos de la ley, así como buena parte de sus puntos clave.

De entrada, no quiere que la ley se llame de "bebés robados" y plantea rebautizarla como "proposición de ley sobre garantías los afectadas por la sustracción de recién nacidos", en coherencia con instrucciones del Ministerio del Interior sobre la materia.

Además ya no habla de "víctimas de delito" en el caso de bebés robados, sino de "personas afectadas por la sustracción de recién nacidos", y pretende eliminar de la exposición de motivos la alusión a un auto del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de que fue titular Baltasar Garzón, en el que se hablaba de 30.000 niños apartados de sus madres, ya que considera que tal cifra es "una conjetura".

El PSOE también limita en ámbito de aplicación de la norma: "Se estima pertinente limitar la consideración de afectado a los parientes de una persona sustraída en línea recta y hasta el segundo grado de colateralidad, con lo que se comprendería un número de personas razonable", sostiene.

Igualmente, pretende quitar de la ley toda referencia a consecuencias penales pues considera que el Código Penal "ya tiene suficientes tipos penales para perseguir este tipo de delitos", y pide centrar la norma en "garantizar los derechos a la verdad". Es decir, su idea es facilitar que los afectados puedan acceder a la información que necesiten, pero no tanto señalar a los culpables de lo ocurrido.

En ese sentido, el Grupo Socialista considera que la ley sólo debe contemplar las indemnizaciones que acuerde la Justicia conforme al ordenamiento vigente y ahora rechaza la idea de crear un Fiscalía Específica sobre bebés robados, alegando que la Fiscalía general ya firmó un acuerdo de colaboración sobre este tema con los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad en 2013, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta.

Por otro lado, el PSOE evita cargar las tintas en la exigencias de información a la Iglesia y, más que mandatos tasados bajo amenaza de demanda, prefiere apostar por convenios de colaboración con la Conferencia Episcopal, recordando que las relaciones con la Iglesia están reguladas en el convenio con el Vaticano.

Y respeto del Banco Estatal de ADN que figuraba en la iniciativa original, el PSOE se remite ahora a la regulación prevista en la ya vigente Ley de Memoria Democrática "para evitar solapamientos de funciones y dispersión normativa".

A la vista de estas enmiendas, la tramitación de esta ley puede abrir otra brecha con Unidas Podemos y con los aliados parlamentarios del Gobierno, ya que la filosofía del PSOE es muy distinta a la que planteaban las demás formaciones.