La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución del futbolista Dani Alves en un escrito en el que reprocha a la sala que lo exculpó haber "condenado moralmente" a la víctima al cuestionar su fiabilidad, mediante una interpretación "completamente cruel y arbitraria" de una prueba biológica clave, informa EFE.

En su escrito, el fiscal del Supremo Fidel Cadena sostiene que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) interpreta erróneamente una prueba biológica cuando afirma que la denunciante tenía restos de semen -esmegma- de Alves en la boca, lo que contradice la versión de la joven de que no practicó ninguna felación al futbolista.

Para el ministerio público, esa conclusión del TSJC -que fue clave en la absolución de Alves- es equivocada, dado que los informes periciales "dejan claro" que la presencia de ADN del acusado en la boca de la joven "puede deberse a besos, bebida compartida o contacto con células epiteliales distintas del pene".

Según el fiscal, "la valoración de la prueba pericial, la anulación de la fiabilidad del testigo" y la introducción de la hipótesis de la felación "contra cualquier principio científico" es "completamente arbitraria y cruel para la joven, a la que se condena moralmente y se convierte en no fiable".

El razonamiento utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su sentencia sobre el caso Alves al diferenciar entre credibilidad, fiabilidad y veracidad resulta muy interesante para entender los elementos que utiliza una sociedad androcéntrica a la hora de construir sus argumentos.

Al final, como demuestra el propio tribunal en su valoración de las pruebas, todo obedece al modo de interpretar los elementos objetivos que aparecen como consecuencia de la investigación, y al significado que se otorga a cada uno de ellos, bien integrándolos en un posible contexto criminal o apartándolos para dejarlos fuera de él. Por eso otro tribunal, la Audiencia Provincial de Barcelona, ante los mismos hechos llegó a una conclusión completamente distinta.

El problema no es la diferente conclusión alcanzada, eso forma parte del sistema judicial y ocurre a diario en multitud de recursos. El problema reside en no ser consciente de los elementos que influyen en la valoración, y el peso de una construcción cultural que todavía hoy hace que solo se denuncie el 8% de las agresiones sexuales, y que el porcentaje de condenas de los casos denunciados sea muy bajo, todo lo cual se traduce en impunidad para los violadores y agresores sexuales. Y eso obedece a razones.

Desde el punto de vista científico-técnico es muy difícil entender que el desarrollo y el conocimiento alcanzado dentro de los campos de la Medicina Forense, la Criminalística, la Criminología, la Psiquiatría, la Psicología, el Trabajo Social… sea insuficiente para investigar las agresiones sexuales, y resulte tan útil para esclarecer otros delitos en los que el peso de los factores sociales y culturales es mucho menor. No tiene sentido que ante el homicidio de una mujer ocurrido en la intimidad, que no cuenta con el testimonio de la víctima asesinada, el porcentaje de condenas sea más elevado que en los casos de violencia sexual, donde además de los indicios se tiene el relato de la víctima sobre los hechos.

Ante estas circunstancias, lo primero que debemos entender es que el peso de los factores socio-culturales es tan alto que influyen sobre las propias víctimas de la violencia sexual y limitan las denuncias, como recoge la Macroencuesta de 2019 cuando refieren no denunciar por miedo al agresor (23,5%), vergüenza (40,3%), miedo a no ser creída (36,5%) y otras razones. Y esos factores que inciden sobre las víctimas en ese sentido también están presentes en los operadores que forman parte de la investigación (policía, medicina forense, judicatura, ministerio fiscal…), pues pertenecen al mismo contexto socio-cultural, y actúan para explicar lo ocurrido sobre los prejuicios relacionados con la violencia sexual.

La subjetividad individual, en consecuencia, viene definida en gran medida por la construcción socio-cultural que impregna la realidad de una mirada común androcéntrica, y lleva a una “credibilidad” cargada de mitos y estereotipos sobre lo que se dice que es la violencia sexual, el agresor que la comete y la víctima que la sufre. A partir de esa imagen o idea previa, la “fiabilidad” se verá reforzada o cuestionada según los hechos encajen en todo lo que se cree que es una violencia sexual. De manera que la “veracidad” final dependerá de si la valoración de las pruebas considera que el testimonio de la víctima es fiable o no según se ajuste a lo que se piensa que es la violencia sexual, no a lo que realmente es.

Y en este proceso hay dos elementos claves que no se suelen relacionar, cuando uno lleva al otro de manera directa. Si se establece como referencia social que las mujeres son malas y perversas hasta el punto de denunciar falsamente a los hombres, en consecuencia se asume que los hombres son buenos e inocentes y se convierten en víctimas de esa maldad de las mujeres.

No hay una sin otra, y si la primera asunción es incuestionable a raíz de lo que se comprueba a diario, lo segundo es una derivada directa habitualmente obviada, cuando en la práctica actúa como pivote sobre el que gira la respuesta ante los diferentes casos denunciados.

Bajo este marco se produce una consecuencia muy objetiva y clarificadora, y es que mientras que se reivindica y clama al cielo en defensa de la presunción de inocencia de los hombres acusados por las mujeres, no se duda en negar la presunción de inocencia de estas al hacerlas responsables de un delito de denuncia falsa. Ni presunción de inocencia ni “in dubio por rea”.

Pero no es la única consecuencia, hay otra más y de gran trascendencia práctica desde el punto de vista social y jurídico: a las mujeres se les niega la presunción de inocencia, y a los hombres le añaden un principio específico en su defensa, el “principio de no-culpabilidad”, que surge como consecuencia de la idea de “culpabilidad” de las mujeres por denunciar falsamente.

Al final se observa cómo los hombres acusados por violencia de género en cualquiera de sus formas cuentan con tres niveles de protección:

Todo ello parte de la subjetividad creada por la cultura y su normalidad. Sin estos elementos no se podría dar significado a lo ocurrido para que encaje en el marco socio-cultural que le da sentido desde su doble referencia: las mujeres son malas, perversas y autoras de delitos de denuncias falsas, y los hombres son inocentes, y si hay duda sobre ello entonces son no-culpables.

Lo terrible es que a la postre resulta más probable que condenen a un violador que asesine a la víctima que al mismo violador si la mujer sobrevive a la agresión, pues el relato de la mujer generará más dudas sobre la veracidad de lo ocurrido que su silencio. Es lo que nos agita al pensar qué hubiera ocurrido si José Enrique Albuín, el chicle, no hubiera asesinado a Diana Quer, o si lo habrían condenado por la violación de su cuñada cometida 11 años antes.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Los argumentos para cuestionar la violencia sexual sufrida por las mujeres siempre son los mismos y giran alrededor de cuatro grandes ideas:

Con estas cuatro ideas es suficiente para desmontar el argumento más sólido y los indicios más objetivos porque la estrategia tiene una doble dimensión, la del cuestionamiento de la palabra de la víctima y la de la resignificación de los elementos objetivos, y todo ello es coincidente con un contexto social y cultural androcéntrico que parte del mito de que las mujeres son “malas y perversas”, y que, por lo tanto, ante una denuncia por violencia de género, sea sexual o en cualquiera de sus diferentes expresiones, lo primero que hay que hacer es cuestionar su realidad.

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aparecen estas referencias, y lo hacen no solo sobre los hechos, sino que también se observan con relación a la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Los principales elementos quedan resumidos en la siguiente tabla:

La diferencia entre la valoración que hace la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia respecto a la que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la suya, es que mientras que la primera sí explica el estado de la víctima tras los hechos, comprobado por terceras personas, algunas de ellas con un criterio profesional y especializado como es el de los Mossos de Escuadra, la sentencia del TSJC no lo hace. La pregunta ante esta situación es directa: ¿qué otras circunstancias pueden llevar a una mujer a salir angustiada de un reservado, a echarse a llorar en brazos de su amiga, a explicar unos hechos compatibles con una violación, y a pesar de ello no querer denunciar, que es lo que hace el 92% de las víctimas de violencia sexual (Macroencuesta 2019)?

No da respuesta a esta situación, como tampoco lo hace con la actitud del acusado, el cual se cruza con una chica con la que ha estado hablando, riendo y bailando, y con la que luego ha tenido relaciones sexuales en un baño, y no solo no la saluda, sino que se va con cierta urgencia del lugar. Y mientras que esta sentencia del TSJC insiste mucho en la falta de fiabilidad en las palabras de la víctima y en la interpretación que hace la AP, no dice nada de la fiabilidad de las palabras del acusado y de sus continuos cambios de versión sobre lo ocurrido en el interior del baño, e incluso interpreta a su favor indicios poco probables, como es que el ADN encontrado en la boca de la víctima se corresponde con esmegma para reforzar la declaración del acusado cuando afirma que hubo felación consentida, algo que niega la víctima.

Nada nuevo, es la forma de abordar la violencia sexual que sufren las mujeres: no creer, no eximir, no integrar y no significar.

Sin credibilidad, sin eximirla de responsabilidad, sin integrar todos los elementos y sin darle el significado que cada uno tiene por separado y en su conjunto, las mujeres tendrán muy difícil demostrar unos hechos ante una sociedad y cultura que cuando quiere reforzar una afirmación en cualquier contexto utiliza la expresión “palabra de hombre”.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

No se pierde la inocencia cuando se deja de creer en la presunción de inocencia. Se pierde cuando dejamos de creer en los Reyes Magos, en el Hombre del Saco o en los jueces. Esto es lo que está sucediendo con la justicia de nuestro país, que las mujeres han perdido la inocencia o, peor aún, se la han arrebatado. Y no les falta razón. A fuerza de autos, resoluciones y sentencias judiciales, ya sabemos que las mujeres no deben denunciar cuando hayan sido sexualmente agredidas. Por el contrario, para seguir manteniendo su inocencia femenina o su honradez, las víctimas de este país tienen que seguir pareciendo inocentes después de haber sido violadas antes de acudir a un juzgado. Quizá esta reflexión explique por qué en España sólo denuncian el 8% de las mujeres agredidas sexualmente o también por qué sólo el 20% llegan a juicio y sólo un 1% logra una sentencia condenatoria. Y esto es lo que se desprende nuevamente del caso Dani Alves, como se dedujo también del caso Luis Rubiales o del caso de La manada. 

Las mujeres han perdido la inocencia. Y la han vuelto a perder otra vez después de que el TSJC haya absuelto del cargo de agresión sexual al futbolista que fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona anteriormente. Sin embargo, el problema no es que Dani Alves sea culpable; el problema es que la mujer, ninguna mujer, siga pareciendo inocente. El mundo incel está de enhorabuena. Dice la sentencia del TSJC que las pruebas que admitió la Audiencia Provincial para condenar al futbolista no son fiables; también dice que, fuese cierto o no que cometiese el delito, se impone su presunción de inocencia y, por lo tanto, su absolución. Escenas para una película dirigida por Gaspar Noé. Epílogo para una secuela de la serie Adolescencia. Si el relato de lo sucedido se contara comenzando por el final, seguro que la perspectiva de género habría embarnecido la interpretación que los jueces del Tribunal Superior realizaron de los hechos que se consideraron probados. Una sentencia es la crónica reversible de un delito. 

Los juristas han estado habitualmente más preocupados por los problemas de interpretación de las normas que por los problemas de interpretación de los hechos probados. La verdad encerrada en el baño de una discoteca no admite más interpretación que la ausencia de pruebas del delito, según los jueces. Pero el relato de lo acontecido nos habla también de otra verdad latente: la de una noche donde el dinero macho, entre luces y sombras, se hacía camino sin pedir permiso ni consentimiento en la primerísima hora de un nuevo año. La verdad criminal de aquella Nochevieja no se ha convertido finalmente en verdad procesal, sólo en un vacío metafísico, en un fundido a negro o un ángulo ciego para la justicia, por mucho que los mossos d´Escuadra que la atendieron primero y el personal sanitario que la reconoció después admitieran que aquella chica de veintitrés años salió de una discoteca con lágrimas en los ojos y con evidentes síntomas de estrés postraumático y de ansiedad ambiental. 

Se pierde la inocencia de los jueces cuando unos mismos hechos existieron en un tribunal y dejaron de existir en otro. Se pierde cuando los hechos probados de una violación que admitieron aquellos no sucedieron en la sentencia de apelación posteriormente firmada por estos. No se puede consentir que lo que se consideró probado, hoy sólo se trate de mera conjetura carente de validez. Los jueces del caso Alves han convertido la realidad en una construcción convencional, reversible, mutable, basada en criterios de fiabilidad, equiparada a las cinco versiones que ofreció el exjugador del Barça. Entre lo real y la realidad hay una brecha demasiado siniestra: la nada. La interpretación que hacen tres juezas y un juez ha absuelto a Dani Alves y abre un oscuro espacio de impunidad que convierte la verdad última de los hechos en una probabilidad falsable y especular. 

En este país, para todo delito sexual, a la mujer se le exige que la realidad sea más real que en cualquier otra circunstancia, tan sólo por el simple hecho de ser mujer. Se impone así una sobredosis de dolor y la apariencia sobrenatural de la tragedia reflejada en su rostro para que el daño y la pena guarden un nexo de causalidad en la mirada corporativa de los magistrados. Si no concurren estos elementos en la puesta en escena posterior al delito, triunfa la presunción de inocencia del agresor. Es en esta circunstancia cuando opera la duda razonable que ha absuelto al futbolista.

La única diferencia que separa a Luis Rubiales de Dani Alves es, entonces, el paisaje de sus acciones. La agresión sexual del expresidente de la Federación Española de Fútbol se reprodujo en un estadio de fútbol, retransmitido en directo ante millones de espectadores. Lo que hizo Dani Alves en el baño de una discoteca sucedió en la exclusiva intimidad de un baño que sólo vivieron ellos, descartada cualquier prueba periférica de la que se extrajo anteriormente un relato racional de los hechos que desembocaron en su condena. Pero los delitos no son acciones abstractas. Lo que sucedió en ese baño ya es conocido por todos los demás y se ha trenzado en una trama tejida con las agujas de la esperanza y la resignación. Si el "beso" de Rubiales ante millones de ojos sirvió para provocar diferentes conjeturas dedicadas a exonerarlo de cualquier responsabilidad penal, cómo no iba a ser absuelto de un delito de agresión sexual el exjugador del Barcelona, si lo que sucedió aquella Nochevieja en el baño de un reservado no lo pudo ver nadie. La víctima de La manada tendría que agradecer que aquellas bestias grabasen con el móvil su violación. Si no hubiera sido así, su acusación también habría sido un testimonio "poco fiable". 

Varios centenares de personas han mostrado este lunes su indignación y rechazo a la absolución del futbolista Dani Alves del delito de agresión sexual por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una concentración feminista en plaza Sant Jaume, en la que han coreado lemas como "¡Compañera, yo sí te creo!", según informa EFE.

La protesta, con el lema 'Vergüenza e impunidad', ha sido convocada por la entidad Noviembre Feminista y tiene el apoyo de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género y la Associació d'Assistència de Dones Agredides Sexualment (Aadas), entre otras.

"Sentencia inaceptable: revocación", "si nos tocan a una, nos tocan a todas" y "compañera, yo sí te creo" han sido algunos de los cánticos coreados por los presentes, la mayoría mujeres. La portavoz de la entidad feminista organizadora, Dolo Pulido, ha explicado que la absolución del exfutbolista por parte del TSJC es un "grave precedente" que refuerza la impunidad de los agresores y desprotege a las mujeres.

Pulido se ha hecho eco de la preocupación feminista sobre que esta resolución pueda disuadir aún más a muchas mujeres a denunciar. Según datos del Ministerio de Igualdad, solo un 8 % de las agresiones se denuncia y solo un 20 % de esas llega a juicio (y apenas una de cada diez de las que van a juicio tienen una sentencia condenatoria).

En lectura del manifiesto, las activistas han destacado que la sentencia "muestra una vez más" como "el sistema judicial reproduce patrones patriarcales y perpetúa la cultura de la violación".

La entidad Noviembre Feminista ha recordado que la denunciante mantuvo la coherencia durante todo el proceso y que "Alves cambió hasta cinco veces de versión". Asimismo, han querido reclamar la protección de las mujeres que han denunciado violencias sexuales para evitar su revictimización, así como enfatizar la importancia de formar a todos los operadores jurídicos en perspectiva de género.

Una de las activistas de la plataforma, la jurista Marisa Fernández, ha tachado de "inaceptable" la falta de perspectiva de género del tribunal y ha mostrado su "esperanza" en que el Tribunal Supremo corrija el fallo "como ocurrió con la sentencia del caso de La Manada".

La mayoría de partidos políticos han mostrado su indignación y preocupación por el efecto disuasorio a la hora de denunciar de esta sentencia, si bien han mostrado al mismo tiempo su respeto por la decisión judicial, un respeto que han reclamado asociaciones de jueces y fiscales a raíz precisamente de las críticas públicas a la absolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó la semana pasada por unanimidad el recurso de Alves, condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y seis meses de prisión, y le absolvió del delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

El pleno de la Sección de Apelaciones, integrado por las magistradas Maria Àngels Vivas (ponente), Roser Bach y María Jesús Manzano y por el magistrado Manuel Álvarez, no comparte la convicción expresada en la sentencia condenatoria y señala que su exposición contenía "una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias". 

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no solo admite, sino que reclama críticas jurídicas, políticas y sociales, porque desde luego el derecho no es pura técnica, sino expresión de la valoración social sobre determinados comportamientos. Por tanto, cualquiera de nosotras y nosotros podemos analizar, criticar y expresar –como es mi caso– la profunda disconformidad con su contenido. También podemos salir a las calles o a los medios de comunicación o a la conversación pública, como ocurrió con la sentencia de La manada, para expresarnos como colectivo feminista y reclamar perspectiva de género en las resoluciones judiciales.

De esta capacidad valorativa y crítica, y de esta determinación para posicionarnos frente a lo que fue la sacrosanta indemnidad judicial, participa también la vicepresidenta primera del Gobierno, y así lo ha hecho en unas declaraciones públicas que han desatado la ira del machismo en todas sus expresiones. Tan contentos ellos con una resolución que pone en tela de juicio el valor de las declaraciones de las víctimas, se lanzan sin pudor al ataque primero de la Sra. Montero, pero acto seguido de los avances feministas que han impulsado tanto legislaciones avanzadas en pro de las mujeres que son víctimas de las violencias sexuales como de la intervención de la perspectiva de género en los análisis judiciales. Es muy burda la maniobra de intento de reversión, y además preocupante por cuanto ha sido acogida por opinadores de izquierda y derecha recordándonos aquello de que a sus amigos de cuarenta años les asusta el feminismo que va demasiado lejos.

Lo que ha ido demasiado lejos y demasiado tiempo ha sido una visión machista y patriarcal de los comportamientos sociales, especialmente de las violencias y las agresiones sufridas por mujeres que han tenido que soportar análisis sobre el largo de sus faldas o la apertura de sus piernas. Lo que va demasiado lejos es no entender que los delitos sexuales, por su propia naturaleza íntima, exigen una modificación de la carga de la prueba, que no son incompatibles con la presunción de inocencia, pero combaten la impunidad y la indemnidad de tantos agresores a lo largo de los siglos.

Honestamente creo que no debemos permitir un paso atrás de estas características. En lo jurídico porque hay consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente incluso cuando no haya otra prueba disponible, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada, lo que exige un análisis subjetivo de la motivación de la víctima, y objetivo de los elementos contextuales que puedan llevar a la convicción común de que los hechos se han producido conforme a la denuncia efectuada según criterios lógicos y racionales. Pero también es relevante en lo social por cuanto arrebata a las mujeres agredidas la confianza en que sus declaraciones van a ser consideradas bajo la perspectiva del dolor que suponen y del trauma que generan, y no bajo parámetros de exigencias probatorias que pueden resultar verdaderamente imposibles.

Esta sentencia (que ciertamente no es firme y será recurrida) y la ola de reacciones machistas encantadas con su contenido, lo que verdaderamente esconde es la expresión pública de la reacción frente al avance de las mujeres en la protección de nuestra propia indemnidad. Se trata de que no denunciemos, de que nos aguantemos, de quitar valor al principio del consentimiento que es básico en la construcción del respeto a las mujeres también en la conformación de las relaciones interpersonales. El varapalo no es solo a la víctima o a quienes nos expresemos públicamente criticando la resolución, sino un aviso a todas y a todos de que los logros feministas están lejos de consolidarse. Por eso es tan importante que no nos silencien ni nos entierren en argumentarios jurídicos, porque lo que está en juego es nuestra libertad y nuestra seguridad. Seguimos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Vaya por delante mi espíritu antipunitivista. No creo en los castigos ni en los arrepentimientos, ni mucho menos en las venganzas que han auspiciado muchos comportamientos del derecho penal de la antigüedad y que afortunadamente han ido siendo apartados en pro de la reinserción, la reeducación y la vuelta a la sociedad. No me gustan las cárceles tal y como están concebidas, ni creo que debamos mirar en otra dirección cuando vemos la escasez de medios, de profesionales y de vocación de protección y ayuda que tiene el sistema penitenciario para con las personas presas.  En lo que sí creo es en una justicia y en su orientación hacia el bien común, que se asienta en el respeto a los derechos humanos y a la convivencia pacífica.

Después de esta declaración de principios y de militancia en el derecho como base de convivencia de toda comunidad de creyentes que es cualquier sociedad, no me resisto a reflexionar en alto al respecto de algunos de los mecanismos jurídicos que se aplican en sistemas judiciales como el nuestro, en este caso la fianza económica para eludir la prisión provisional, y la salida en libertad del Sr. Alves, condenado como todos sabemos por una agresión sexual grave mediante el pago de fianza de un millón de euros.

Lo primero que me llama la atención es el hecho de que se calculara la indemnización a la víctima en apenas ciento cincuenta mil euros, frente a la libertad, que al futbolista le cuesta un millón. La pregunta es si podemos aceptar con naturalidad que el trastorno físico, mental y social de una mujer (apenas una niña) se calcule con métodos objetivos (casi con una tabla de Excel), mientras que la posibilidad de eludir la prisión tenga un precio casi diez veces mayor. Cualquier observador desde fuera podría pensar que el valor de la libertad del condenado está multiplicado con respecto a esa indemnidad física y moral de la persona que ha sido victima del comportamiento penal castigado.

Por otro lado, me pregunto qué sucedería si el Sr Alves, o los Alves de la vida de serie b, c o d, que son la mayoría, no tuviera o no tuvieran recursos para presentar fianza, ni propios ni de amigos, ni mucha ni poca, nada. Aquí su derecho a no permanecer en prisión provisional hasta obtener sentencia firme no operaría, serían pues ciudadanos de segunda, presos de segunda, condenados sin remedio a permanecer encarcelados hasta que marcan los límites legales (a mitad de la condena).

Y ¿cómo calcular ese importe de fianza? ¿Cuánto es suficiente según cada cual para compensar la vida en prisión? ¿A qué pueden verse avocadas personalidades más frágiles, o familias más humildes? ¿Al endeudamiento permanente? ¿A canales ajenos a los circuitos oficiales? Y ¿cómo se calcula el riesgo de fuga? ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de cada cual, especialmente si se enfrenta a una larga condena, la presión social es enorme y está en un país distinto al suyo?

Todo esto forma parte de una reflexión para la que no tengo respuesta, pero sí la tengo para imaginar cómo se estará sintiendo la mujer que fue violada, qué pensará al respecto de una sociedad que no ha sabido cómo protegerla y que se prepara para olvidarla. No quiero ni imaginarme su estado emocional si su agresor empieza a aparecer en los platós o en las canchas o en las discotecas, cosa que nadie le va a impedir que haga. Probablemente los efectos del delito aumentarán. Quizás la soledad, el miedo y la frustración la acompañen en adelante, porque la persona que la agredió ha negado el daño, y sus familiares más directos han intentado humillarla y desacreditarla. Al menos toda la acción púbica debería orientarse a acompañarla y a apoyarla en un proceso que imagino largo de curación. 

Sé del valor del dinero en una sociedad como la nuestra, pero también creo que no puede, no debe, ser la clave de todo cuando hablamos de valores superiores como la libertad y la indemnidad de las personas. Reflexionemos al respecto.

Unidas Podemos ya ha registrado en el Congreso de los Diputados su iniciativa para reformar el Código Penal y que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales como en del futbolista Dani Alves, que ingresó 150.000 euros a la víctima antes del juicio, informa Europa Press.

Los morados han registrado una proposición de ley para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí, y la plena protección de las víctimas de violencias sexuales para su tramitación ante el Pleno del Congreso.

En concreto, según señala la formación en la exposición de motivos, modifica el artículo 21.5 del Código Penal, ya que, a su juicio, "no se puede entender reparado ni disminuido el daño en casos de violencias machistas, como la violencia de género, la vicaria o la violencia sexual con el ofrecimiento o pago de una indemnización económica".

Así, indica que con esta modificación normativa se da cumplimiento a la Medida 107 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que insta a "suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género".

El artículo en cuestión quedaría redactado de la siguiente manera: "La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. No obstante, en los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual, la reparación deberá comprender todos los conceptos contenidos en las leyes integrales".

Además, la norma recoge otro cambio en la Ley del Poder Judicial para atribuir la especialización y competencias en materia de violencias sexuales a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, tal y como prevé la ley del sólo sí es sí.

A juicio de la formación, resulta "necesario" garantizar la especialización de los operadores de justicia. La ley del solo sí es sí emplazaba al Gobierno, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, a remitir un proyecto de modificación normativa para la especialización de la Fiscalía y los jueces que sirvan o pretendan servir en juzgados de violencia sobre la mujer.

Así, señala que a través de esta proposición de ley se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y, en consecuencia, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de atribuir especialización y competencias en materia de violencias sexuales, a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

También se atribuiría esta especialización a los Juzgados de lo penal y Secciones de las Audiencias Provinciales con competencias en violencia de género, para la instrucción y el enjuiciamiento respectivamente; y a las fiscalías de violencia sobre la mujer, lo que comprende la atribución competencial de la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, con el consiguiente refuerzo de su estructura.

Asimismo, la proposición de ley incluye la asistencia letrada accesible y especializada, que añade que resulta "fundamental" para la protección de los derechos de las víctimas, así como la "adecuada" defensa de sus intereses en escenarios como el de la revisión de condenas.

"Es urgente acometer esta reforma, para que las víctimas vean plenamente reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita en pie de igualdad con otras víctimas especialmente protegidas, como las de violencias de género, trata, o terrorismo", afirma.

El futbolista Dani Alves ha negado este miércoles ante el tribunal que lo juzga que agrediera sexualmente a una joven en la discoteca Sutton y ha defendido que tuvieron sexo consentido: "No soy ese tipo de hombre, no soy violento". Los forenses, sin embargo, han constatado que la víctima "no estaba simulando" cuando denunció la agresión.

Alves ha declarado en la Audiencia de Barcelona durante el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, por lo que la Fiscalía reclama una condena de 9 años de cárcel y la denunciante 12, según ha informado Europa Press.

Alves, que ha optado por contestar solo preguntas de su abogada, ha incidido en que esa noche había bebido mucho, lo cual le impidió conducir, en consonancia con la tesis que su defensa ha desarrollado durante el juicio intentando conseguir una atenuante que rebaje una eventual condena. Dos psicólogas, no obstante, han afirmado que el acusado "sabía lo que hacía" en todo momento, a pesar de la ingesta de alcohol.

Alves ha explicado que allí estuvieron hablando y bailando, y ha negado que notara que la denunciante y sus amigas estuvieran incómodas como declararon ellas mismas en el juicio.

"Empezamos a bailar un poco más pegados, la denunciante y yo, y estuvimos allí bailando durante un rato. Empezó a tocar mi espalda, había una atracción sexual allí y empecé a hablar con ella para irnos al baño, y ella me dijo que sí", ha declarado.

Al ser preguntado por si ella le dijo en algún momento que quería salir del baño y él se lo impidió, como dijo la víctima durante su declaración, él ha contestado que "para nada, no estaba obligada a estar allí". "En ningún momento me dijo nada, simplemente estábamos disfrutando los dos allí y ya está, nada más", ha explicado el futbolista, y ha relatado que, al salir del baño, él volvió a la mesa VIP y al cabo de unos minutos ella también salió.

Alves ha dicho que se enteró de que estaba acusado de agresión sexual "al día siguiente por la prensa", y ha añadido textualmente que se le vino el mundo encima.

También ha declarado que supo las penas de prisión a las que se enfrentaba por los medios de comunicación, momento en el que se ha echado a llorar mientras declaraba.

Cuando le acusaron estaba "prácticamente arruinado" porque le habían bloqueado las cuentas y habían roto todos los contratos, ha dicho.

Por su parte, una psiquiatra forense que realizó la exploración psicológica de la víctima de la agresión sexual ha explicado que la exploración psicológica de la joven muestra que no estaba exagerando y "no estaba simulando", además de que se golpeó en la rodilla.

Los profesionales que atendieron a la víctima en el Hospital Clínic de Barcelona han asegurado que sentía miedo, "cierta tensión y lloraba", aunque observaron que el relato que explicaba era coherente y explicaba las cosas tal como recordaba que las había vivido, y no les dijo que el agresor era una persona famosa.

La Fiscalía está estudiando la difusión de imágenes de la joven que denunció la agresión sexual cometida presuntamente por Dani Alves, después de que la madre el exfutbolista haya revelado su identidad en las redes sociales.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía Provincial de Barcelona está estudiando la difusión de estas imágenes y está analizando todos los elementos vinculados a esta situación.

Asimismo, la Fiscalía también pedirá que se proteja la imagen de la víctima el día del juicio a Alves, que está previsto que arranque el próximo 5 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

Tras la publicación de esas imágenes, la abogada de la mujer que denunció a Alves ha anunciado que tomará medidas legales contra todas aquellas personas que difundan imágenes suyas o información que permita identificarla.

Lucía Alves, madre del exfutbolista Dani Alves, que permanece en prisión desde el 20 de enero de 2023 acusado de un delito de agresión sexual, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra imágenes de la víctima, de quien revela su identidad y ofrece datos personales acusándola de querer fama y dinero.

En un comunicado, la abogada Ester García, que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, ha denunciado que la difusión de imágenes o de cualquier información que permita la identificación de una víctima de violencia sexual "constituye un delito flagrante".

"Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar", asegura el comunicado.

Ante esta situación, la abogada de la acusación particular advierte de que instará acciones judiciales "contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes" de la víctima o faciliten cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación.

"Quien confía en Dios ya no pierde la batalla", se puede leer en la publicación de la madre de Dani Alves junto con el vídeo grabado por una abogada brasileña, en el que aparece la víctima bailando y celebrando su cumpleaños.

La Fiscalía de Barcelona pide para el exinternacional brasileño nueve años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.00 euros para la víctima, mientras que la acusación particular eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal por un delito de este tipo.

La Fiscalía de Barcelona ha reclamado una condena de nueve años de cárcel para el futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una joven en una discoteca de la ciudad el 30 de diciembre de 2022.

En el escrito de acusación, consultado este jueves por Europa Press, el fiscal también reclama una indemnización de 150.000 euros para la víctima.

En un comunicado este mismo jueves, la Fiscalía de Barcelona ha explicado que se opone a que el jugador esté en libertad provisional hasta el juicio, como pidió su defensa, y considera que debe seguir en prisión provisional, donde está por esta causa desde el 20 de enero.

El futbolista Dani Alves, que está en prisión provisional a la espera de juicio por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona, ha cuestionado si la mujer "tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches".

"La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono", ha dicho respecto a la joven que lo denunció en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este miércoles.

Respecto a él, ha asegurado: "No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella, aquella noche, tampoco".

Ante su versión de que mantuvo sexo consentido con la denunciante y al preguntársele por qué entonces la mujer salió llorando del baño donde presuntamente la agredió sexualmente, ha replicado: "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia".

El jugador ha negado que, una vez en el baño, la mujer le pidiera que parara y la dejara salir, y ha contado que fue él quien le propuso entrar después de pasar un rato "bailando muy pegados".

Ha recordado que él entró primero al baño y que la mujer tardó un rato en hacerlo --"pensé que ella habría cambiado de opinión y que ya no entraría"-- pero finalmente entró también, y ha afirmado que no cerró la puerta con cerrojo.

Respecto a las huellas de la mujer que se han encontrado en el lavabo y que no se corresponden con la postura que Alves ha relatado a la jueza, ha dicho que no sabe en qué momento la mujer tocó el espejo y el lavamanos.

Ha insistido en que no la obligó a hacer ningún movimiento y, respecto al rasguño que la mujer tenía en la rodilla, ha dicho: "Es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación. No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en el baño".

También ha negado que él y sus amigos insistieran en que se les acercaran la denunciante y las otras dos mujeres con quien iba --su prima y una amiga--, sino que ellas les miraron y los hombres le pidieron "al camarero que les preguntaran si querían acercarse", y entonces ellas se acercaron a su mesa.

Alves ha reconocido que, desde su detención, ha dado tres versiones distintas de los hechos y, como ya dijo en el juzgado, ha reiterado que lo hizo para ocultar la infidelidad a su mujer.