Cuesta que respondan al teléfono en una de las academias más conocidas para preparar oposiciones en España. “Es el inicio de año, son muchos propósitos y estamos con muchas llamadas”, se adelanta a las preguntas una trabajadora de Adams. Los centros veteranos y las plataformas nativas digitales que asesoran y preparan a los opositores viven a principios de año un momento pico. Entre los propósitos clásicos de ir al gimnasio y comer más sano se cuela cada vez más uno que puede suponer un cambio de vida permanente: preparar oposiciones para conseguir plaza en la administración pública. La precariedad que arrastra el sector privado desde la crisis de 2008 y el punto de inflexión que representó la pandemia del covid-19 en 2020 para muchas personas son dos de los pilares de este auge histórico en el atractivo social de ser funcionario.

Cuando Daniel Busto hizo en 2003 su primer examen para una bolsa de empleo de auxiliar administrativo en el servicio de salud de Asturias eran unas 500 personas. Cuando hizo el último, para la misma bolsa de empleo, eran más de 10.000. “En aquella época decían que España iba bien... Y apuntarse a una bolsa de empleo no era atractivo para nada. Pero en 2019 la gente ya buscaba otra cosa. Ya buscaban un trabajo con buenas condiciones laborales, y estabilidad”, explica a infoLibre este antiguo periodista, que en la pandemia tomó la decisión definitiva de dejar de ser autónomo en un diario para volverse a dar de alta en la bolsa de empleo a la que accedió gracias a que sus padres le empujaron a presentarse a aquel examen de 2003.

“Cada vez existe un mayor interés por opositar y acceder al empleo público. Entre 2019 y 2024, el empleo público aumentó un 18,7%, frente al 8,2% del empleo privado. El volumen de opositores en España sigue alcanzando máximos históricos. Cada año se baten nuevos récords, y 2024 no fue una excepción, con más de 100.000 ofertas impulsadas por el relevo generacional y los presupuestos estatales”, indica a infoLibre Gloria Oliveros, directora de empleo público de la academia Adams, un negocio familiar que comenzó en 1957. La numerosa generación de los baby boomers ha comenzado a jubilarse y, según el último estudio de Función Pública, entre 2024 y 2034 se retirará el 54,85% de la plantilla actual de la Administración General del Estado. El 58% de los funcionarios de la AGE tienen más de 50 años y los menores de 40 son un 19%, con datos de enero de 2024, lo que supone no obstante un rejuvenecimiento de la plantilla respecto al año anterior, cuando los mayores de 50 superaban el 61% y los menores de 40 no llegaban al 17%. La edad media del personal de la AGE lleva cuatro años disminuyendo, hasta los 50,48 de enero de 2024.

El momentum de las oposiciones responde a un cúmulo de circunstancias. “El número de plazas que se convoca ahora es muy alto, y no sólo en las últimas, sino en lo que se prevé. Va a haber muchísimas jubilaciones en los próximos años”, dice a infoLibre Jacobo Fariña, director de comunicación de OpositaTest, una plataforma nativa digital que ayuda a opositores desde 2015. “El cambio de percepción empezó con la crisis de 2008. Antes se consideraba que en lo público cobrabas poco, pero ahora todo es al revés. El funcionario es el que lo tiene más fácil para conseguir una hipoteca, quien tiene sueldo fijo, conciliación familiar, un mejor horario, estabilidad”, apunta. Este cambio de tendencia se aprecia sobre todo en el interés por las plazas de la administración general, las que suelen estar guiadas más por estos factores que por una vocación específica, como sí suele ser el caso de los docentes o los sanitarios.

La edad media del próximo opositor es de 34 años, frente a los 41 del opositor actual, según el estudio El peso del opositor en España en 2024, elaborado por OpositaTest. El 56% de quienes se plantean opositar próximamente tienen entre 18 y 34 años, y los más jóvenes de ese grupo, quienes tienen entre 18 y 24 años, suponen más de la mitad. A los 24 años, cuando estaba terminando su Máster de Derecho Internacional en Madrid, fue cuando Paula Largo decidió opositar. “Me pilló la pandemia cuando lo estaba acabando, no sabía qué hacer y, como estaba todo el tema de trabajo parado y tenía dos amigas del instituto que ya estaban con esa oposición, me animé a hacerlo”, cuenta a infoLibre. Había tenido que volver a su casa en Zamora por la pandemia, así que siguió allí para poder estudiar la oposición de gestión de la administración civil del Estado, de la que ahora, con 28 años, trabaja con plaza propia en la Oficina de Extranjería de León. “En mi caso mis compañeros tienen más edad, al ser en provincias, suele ser gente que ya quiere instalarse en casa, que tiene familia. Pero mis amigas están en ministerios y allí sí está entrando mucha gente joven”, relata. En la academia coincidió con gente aún menor que ella y de ramas diversas, como la biología o la arquitectura.

Más de 6,3 millones de mujeres ha opositado, está opositando o piensa opositar, lo que supone un 53% de las que tienen entre 18 y 55 años. Y entre las que están opositando, 3 de cada 4 son nuevas opositoras, es decir, han empezado a prepararse en el último año, según el citado estudio de OpositaTest. El perfil de la madre que recurre a las oposiciones para volver al mercado laboral después de la crianza de sus hijos pequeños es uno de los más comunes.

Valeria Pérez, uruguaya afincada ahora en un pueblo de Palencia, no pudo mantener su vida laboral de horarios eternos en el sector servicios cuando fue madre y ahora prepara oposiciones para la Junta de Castilla y León. Sandra Martín, de Cartagena, había trabajado siempre en la empresa privada hasta que en 2023 se vio “en la calle”. Con un hijo de 11 años, no quiso volver a tener que pasar por esa inestabilidad y ha apostado por unas oposiciones de auxiliar administrativo.

Elisa D’Errico, de Barcelona, dejó de trabajar como directora de comunicación corporativa para poder cuidar a sus hijas y ahora prepara una oposición de gestión de la administración civil del Estado porque cree que el empleo público es la única forma de conciliar. Azahara Hernández, madrileña residente en Granollers, vio imposible seguir como agente de seguros autónoma, un trabajo de mañana, tarde y fines de semana, tras ser madre y decidió prepararse una oposición, inspirada por las buenas condiciones que conoce bien al ser su marido funcionario.

Verónica Estevan se tuvo que mudar de València a Madrid y no encontraba trabajo de recursos humanos, por lo que estuvo a turnos en una gasolinera. “¿Y cuándo ves a tus hijos trabajando en el sector privado?”, dice. Con más de 40 años, comenzó a hacer oposiciones desde el nivel más básico hasta estar ahora a uno de los más altos en el Ministerio de Hacienda. “Todo se consigue, nunca es tarde, muchísima gente está entrando con esta y todas las edades, y no pasa nada”, comenta.

Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público. La conocida frase, del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, funciona con el transporte público y con todo lo más importante: la sanidad, la educación. En América, continente, una de las ideas que más repetía era que en mi país el que puede elegir va a la pública, porque es mejor. Esa era la Europa que echábamos de menos y la Europa que ahora está en peligro.

Entonces me refería a la universidad, porque la amplísima mayoría de las personas que conocí trabajando en Washington, incluso los españoles que no eran periodistas, habían estudiado en la privada. Yo soy hija de la clase media trabajadora de provincias de los noventa: a mí me criaron en el convencimiento de que lo más importante era esforzarse mucho y elegir algo en lo que fueras bueno, porque entonces no importaría el dinero ni quiénes eran tus padres. Y durante un tiempo pareció cierto: exactamente el que duró la carrera en la universidad pública. 

En las aulas de la Universitat Pompeu Fabra tuvimos el mismo lugar, por primera y seguramente última vez en nuestras vidas, hijos del campo, hijos de obreros, hijos de médicos e hijos del dinero antiguo de Barcelona, esas personas tan acomodadas desde generaciones que ni siquiera tienen la necesidad de hacértelo saber. La composición de lo que debe ser la educación pública: un lugar para todos desde el que todos puedan elegir después todos los lugares. 

Ahora que está tan extendido decir que no es tan importante ir a la universidad, a mí me gustaría recordar que ir a la universidad merece la pena por ejemplo por eso: por sentarte a la mesa con otras realidades y escuchar ideas distintas y poder pensar por unos años en quién eres sin todos los condicionantes que han marcado tu crianza y sin todos los condicionantes que volverán a asaltarte cuando salgas al mercado laboral y al de la vivienda. La universidad pública es un espacio único y defender su excelencia es vital para las clases trabajadoras, que no tenemos otra opción, pero también debería serlo para unas élites inteligentes: la pública es mejor y la pública hace mejor a este país.

España ha llegado a unos índices de desarrollo espectaculares para un país en el que todavía hay gente viva que sólo conoció la miseria y la represión durante buena parte de su existencia. Lo que la derecha y la ultraderecha neoliberales están haciendo con España es una involución: alejarla del absoluto milagro que es el Estado del bienestar en un mundo atrozmente desigual. Esto no es una batalla cultural, es una batalla por nuestras vidas y por la continuidad de un progreso que lo sería del todo, lo sería de verdad, cuando todos quisieran ir a la pública. Porque es mejor.

Llegado el momento del vencimiento del convenio realizado, se plantea la cuestión de su extinción o su renovación con nuevas condiciones, que podrían exigirse caso de interesar a las partes realizar mejoras en la deficiente asistencia general en la Sanidad Pública, con retrasos ostensibles por falta de personal principalmente, así como recursos generales.

La competencia público-privada siempre ha sido y es un don reseñado por economistas de gran prestigio histórico, como Schumpeter, para implantar mejoras e innovación en cualquier sector social o económico. Sea la banca o la energía, en estas por desgracia decisiones políticas incomprensibles han privatizado casi por completo ambos sectores estratégicos. La educación y la cultura están abiertas a ambas iniciativas con formulas de todo tipo, lo que enriquece más la oferta general.

La pregunta, y la polémica es porque no puede coexistir también en la sanidad la inversión privada con carácter público, si todos conocemos sus deficiencias estructurales que durante muchos años no se resuelven desde lo publico únicamente. En la práctica, el sector privado actúa como a escondidas beneficiándose de las carencias palpables de la gestión pública. Seguros, privados, hospitales concertados etc.

Todos conocemos que dicha gestión no actúa con criterios de méritos para la dirección de sus hospitales y centros de salud. Los nombramientos suelen tener mayormente criterios políticos. Sus mejores especialistas y muchos empleados no tienen en gran número de dedicación completa pública y suelen realizar doble actividad pública y privada. Siendo ello una de las causas de los atrasos de la atención pública.

Para más inri, existe el MUFACE, mutualidad de carácter público que promueve la más alta prestación de atención sanitaria privada a la carta para sus afiliados mutualistas, funcionarios públicos, con doble asistencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Se supone que o todos moros o todos cristianos. ¿Por qué no extendemos y reformamos MUFACE para que puedan estar todos los ciudadanos que se afilien? ¿Hay respuesta?

Por que no nos planteamos también lo que se hace en la mayoría de países avanzados europeos, como lo es elegir la sanidad pública universal a través de libre elección de médicos por parte de los ciudadanos, de forma que podamos elegir entre un centro público o privado directamente o a través de MUFACE, pero siempre con carácter público universal y gratuito.

La atención y la calidad de los servicios es lo que debe de primar independientemente de quienes la ejerzan, cuantos más recursos, tanto públicos como privados, existan de libre elección y acceso, mejor y más al alcance de todos estará la sanidad pública universal de calidad.

Entonces, ¿por qué no exigimos mejoras claras y ostensibles a la gestión privada de hospitales públicos? Cómo exigir máximos de días para ser atendido tanto en primaria como en especialistas, así como en las intervenciones quirúrgicas y otros servicios públicos de investigación e innovación, y así sumamos más recursos a potenciar y garantizar una sanidad pública universal y gratuita de calidad.

Ello podría ser una oportunidad para imponer mejoras en la gestión tanto pública como privada para los hospitales y centros de Salud. Además de contar con más recursos públicos, al no tener que hacer inversiones en reversiones como está ocurriendo, por ejemplo, en Torrevieja, con manifestaciones ciudadanas recientes, sin apreciarse ostensibles mejoras por el cambio de gestión.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, el gigante sanitario nacido de la fusión con aquella Capio cuyos accionistas últimos estaban en las Islas Caimán y ahora propiedad del holding alemán Fresenius, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. Y ello pese a que justamente el primero de los cinco recursos, el interpuesto en 2020 por la filial que gestiona el Hospital Rey Juan Carlos, IDCsalud Móstoles SA, exigía al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pagos que consideraba pendientes desde 2014, es decir, nada menos que desde seis años atrás. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021 por los otros tres hospitales de la marca Quirónsalud que mantienen concesiones públicas en la comunidad: la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de Valdemoro y Villalba. En todos los casos, el Sermas aceptó la mayor parte de las reclamaciones dinerarias de los demandantes.

Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad de Madrid han confirmado a infoLibre que el Ejecutivo autonómico no ha recurrido ninguna de las cinco resoluciones dictadas por el TSJM a lo largo de 2023. La primera, la de los 30,3 millones de Móstoles, lleva fecha de marzo de 2023 pero no fue hasta el 5 de julio cuando el Gobierno regional (PP) aprobó el gasto necesario para cumplir la orden judicial. La última sentencia (1.466.060 euros a abonar al Hospital General de Villalba) quedó datada el 2 de noviembre. Y al igual que la de Móstoles se refiere a deudas pendientes desde 2014.

En medio se sitúan los acuerdos del TSJM que obligan al Sermas a resarcir con 4,71 millones al hospital de Valdemoro por el retraso en la aprobación de las liquidaciones 2014 y 2015 y las siguientes; con 2,7 millones a la Fundación Jiménez Díaz, igualmente por retrasos en liquidaciones y abono de facturas; y otros 1,17 millones de nuevo al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles en concepto de intereses demora por retrasos en las liquidaciones de 2015, 2017-20 y actualización de la cápita de 2020. La cápita es la cantidad anual que la administración ha de pagar al concesionario de un determinado hospital por cada ciudadano residente en su área de gestión.

Ninguna de las sentencias mencionadas detalla por qué la liquidación de tal ejercicio sufrió la merma de ingresos invocada por la empresa que gestiona cada hospital. Tampoco las memorias del Sermas permiten conocer qué tratamientos, consultas, estancias hospitalarias u operaciones quirúrgicas  se contabilizaron a la baja y por qué. La opacidad de las cuentas del sistema de gestión sanitaria privada se ha afianzado de tal modo que los datos de los informes anuales del servicio de salud impiden un desglose certero. Ahora bien, de esos datos sí se desprende el coste real de una gestión –la privada– que el PP impulsó inoculando en la ciudadanía la idea de que es por definición más barata y mejor que la pública.

En noviembre de 2013, una vez cedida ya la vara de mando del Gobierno de Madrid a su delfín Ignacio González, hoy el principal imputado por corrupción en la llamada Operación Lezo aunque el juez Manuel García Castellón lo ha exculpado del delito de blanqueo, Esperanza Aguirre afirmó en una entrevista con La Sexta lo que sigue: "Que los servicios públicos tengan que ser gestionados por funcionarios es un dogma de la izquierda”. No se quedó ahí: "El servicio público –añadió– es de titularidad pública, pero debe ser gestionado por quien lo haga más eficiente. No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública”.

En la Operación Púnica, donde García Castellón también exculpó a Esperanza Aguirre, el nombre de Capio salió a relucir pero la mancha de la imputación no ha caído sobre ninguno de sus directivos.

Pues bien, y recuperando el hilo del dinero, son las memorias del Sermas, de acceso público, las que verifican cómo entre 2014 y 2022  la diferencia entre lo presupuestado inicialmente para conciertos hospitalarios –los del grupo Quirón, cuya vigencia se extiende 30 años desde la firma, son los predominantes– y la liquidación final de cada ejercicio para ese concepto ha alcanzado la cifra de 1.755,5 millones de euros. La suma total del “presupuesto inicial” de conciertos para esos nueve ejercicios arrojaba una cuantía de 8.231,7 millones. La del “presupuesto final” alcanzaba el monto de 9.986,9 millones en números redondos.

En 2022, el año inmediatamente posterior a la arrolladora mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, se produjo un salto estratosférico. Frente a los 973.597.309 euros previstos inicialmente para conciertos, la cifra se disparó finalmente hasta 2.097.827.303 euros. O sea, acabó siendo un 115% superior a la presupuestada. Como desveló El País, en el segundo semestre del año el Gobierno de Madrid había saldado 1.390 millones de la deuda con los hospitales públicos de gestión privada, categoría donde –no sobra repetirlo– ocupa un lugar primordial el grupo Quirón, que en 2016 ya había pasado a manos de Fresenius.

En 2022, hacía ya tres años del acuerdo alcanzado por la multinacional alemana con la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, un acuerdo por el que, a cambio de evitar un proceso judicial, se comprometía a pagar 207,6 millones de euros por haber sobornado en 17 países, uno de ellos España, a médicos y funcionarios capaces de “influir en las licitaciones” o de proporcionar información.

El informe del DOJ (el Departamento de Justicia de EEUU) menciona hospitales de Barcelona, Valencia, Almería y Santander pero ninguno de Madrid. Con la comunidad hay un litigio. En su memoria de 2020, el grupo había señalado a “la autoridad de salud pública de la región de Madrid” como la responsable del 18% (1.248 millones) de su deuda total (6.937 millones); en la de 2021,  el porcentaje bajó al 15% (1.056 millones sobre un total de 7.045) y a 31 de diciembre de 2022, contabilizó en 704,5 millones lo que le debía el Ejecutivo de la Comunidad. Según sus datos, esa cifra equivalía al 10% de una deuda global que se mantenía en los 7.008 millones.

Una vez salgan a la luz el informe 2023 de Fresenius y la memoria del Sermas para ese mismo ejercicio será posible cotejar por dónde anda ahora la deuda con el grupo. De momento, los presupuestos para 2024 del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevén para los conciertos sanitarios 1.209 millones frente a los 973,59 de 2022, aquellos que en realidad acabaron superando la barrera de los 2.000 millones. Hasta entonces permanecerá sin resolver ese interrogante, al igual que el concerniente a por qué la compañía esperó a 2020 para exigir el pago de 30 millones pendientes, según sus cálculos, desde diciembre de 2014.