La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro ha ordenado la reapertura de la causa en la que 87 mujeres denunciaron haber sido grabadas con cámaras ocultas mientras orinaban en la vía pública. Los hechos, ocurridos durante la fiesta de A Maruxaina, en agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), incluyen la posterior subida de estas imágenes a páginas webs pornográficas, informa EFE.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado en un comunicado de que la jueza instructora ha aplicado, de esta forma, "la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado”. Precisa, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en el que se ordena la reapertura.

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

El Tribunal de Apelación de París rechazó este jueves la demanda del Gobierno francés para suspender el 'marketplace' de Shein tras el escándalo por la detección de muñecas sexuales con aspecto de niñas y otros productos prohibidos que ofrecían algunos comerciantes asociados a la plataforma china.

Los jueces confirmaron el dictamen en primera instancia con el argumento de que actualmente ya no se está produciendo el daño que justificó la intervención del Estado en otoño, cuando las autoridades habían amenazado incluso con suspender la actividad del gigante chino. Además, añadieron en un comunicado que tampoco se puede afirmar que haya "un daño futuro cierto", lo que viene a desmentir la posición del Ejecutivo con su demanda.

La razón es que la empresa china había reaccionado rápidamente para retirar los productos prohibidos y había establecido "medidas de control" para sus propios productos y para los de los vendedores externos.

En una primera reacción, el Ejecutivo quiso resaltar en un comunicado que el Tribunal de Apelación al menos obliga a Shein "con carácter inmediato" medidas de verificación de la edad para los productos de carácter pornográfico que comercialice y que si no lo hace se expone a una multa de 10.000 euros por cada infracción. El Gobierno afirmó que se mantendrá "extremadamente vigilante" sobre la aplicación de esa decisión.

Tras señalarse en noviembre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil, pero también de armas ilegales y medicamentos, el Gobierno planteó el cierre de Shein, que respondió retirando esos artículos, suspendiendo temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa.

El Ejecutivo, no obstante, intentó en un primer momento que la Justicia diera su visto bueno a un cierre durante tres meses de la plataforma, pero después de que el Tribunal Judicial de París lo descartó en diciembre, se limitó a reclamar la suspensión de su cíbermercado con comerciantes exteriores.

A la vista del revés judicial que sufrió este jueves, el Gobierno subrayó "la necesidad de que evoluciones el derecho actual en el plano nacional y europeo y reforzar los poderes de sanción de las plataformas de comercio en línea", algo en lo que dijo que ya está trabajando. De hecho, señaló que "gracias a la movilización de las autoridades francesas" la Comisión Europea ha abierto una investigación y si se detectan incumplimientos de la normativa, "Shein se expone a sanciones que pueden alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial".

Seis años después de la muerte en prisión en Nueva York del pederasta Jeffrey Epstein, los más de tres millones de documentos relacionados con su caso y publicados el viernes 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han provocado una nueva ola de conmoción.

Aunque han surgido nuevos elementos sobre la forma en que tejió su red de influencia en todo el mundo y sobre las relaciones con las personas que formaban parte de ella, nada, en este conjunto entregado sin depuración previa y a veces con los nombres de las víctimas, revela nuevas complicidades en sus actividades criminales. Tras la muerte de Epstein en prisión en 2019, solo Ghislaine Maxwell, su excompañera sentimental, fue condenada a veinte años de prisión en 2022 por tráfico sexual de menores. 

Tampoco aparece nada nuevo sobre los vínculos con Donald Trump, un amigo íntimo hasta principios de la década de 2000, según indica el New York Times. Parte de la información relacionada con el presidente “parece provenir de una docena de denuncias transmitidas al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI en Virginia Occidental”, señala el diario. Algunas de esas denuncias hacen referencia a acusaciones de agresiones sexuales contra ambos hombres, pero no se ha confirmado nada ni se han abierto investigaciones.

El FBI recopiló el verano pasado esas denuncias en un documento resumen que figura entre los documentos publicados el viernes.

Los vínculos entre el expríncipe británico Andrew y el depredador sexual ya eran conocidos y le valieron que su hermano, el rey Carlos III, le retirara sus títulos el pasado mes de octubre. Pero el ahora Andrew Mountbatten-Windsor vuelve a estar en el punto de mira tras la publicación de una foto en la que se le ve de rodillas sobre una mujer tumbada, y de numerosos correos electrónicos en los que se revela, entre otras cosas, que invitó a Epstein al palacio de Buckingham en septiembre de 2010, dos años después de su primera condena en Florida.

Durante su visita a Japón el sábado, el primer ministro británico Keir Starmer consideró que el príncipe destronado debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones. “Siempre he dicho que cualquier persona que disponga de información debe estar dispuesta a compartirla”, respondió a los periodistas. “No se puede decir que se escucha a las víctimas si no se está dispuesto a hacerlo.” Starmer no se pronunció sobre la necesidad de una posible disculpa, explicando que la decisión correspondía al propio Andrew.

También en Gran Bretaña, un examigo de Epstein, el exministro y comisario europeo Peter Mandelson, pidió la baja el domingo por la noche en el Partido Laborista para, según dijo, evitar causar “más vergüenza” a su formación política. “Quiero aprovechar esta oportunidad para volver a pedir disculpas a las mujeres y niñas cuyas voces deberían haber sido escuchadas hace mucho tiempo”, escribió en su carta de dimisión. Según los documentos que salieron a la luz el viernes, él y su marido recibieron en varias ocasiones sumas de dinero de Epstein.

Por otra parte, el lunes, el Financial Times reveló, reproduciendo un correo electrónico de junio de 2009, que Peter Mandelson, entonces secretario de Estado de Comercio, había facilitado a Jeffrey Epstein “un documento confidencial del Gobierno británico en el que se proponían cesiones de activos por valor de 20.000 millones de libras esterlinas [más de 23.000 millones de euros, ndr] y se revelaban los planes fiscales del Partido Laborista”. Keir Starmer ha ordenado una investigación sobre la conducta de Mandelson “durante su mandato como ministro” y pide que se le retire su título de Sir y su escaño en la Cámara de los Lores.

Mandelson dimitió de su cargo de embajador en Estados Unidos el año pasado tras revelarse nuevos detalles sobre sus vínculos con el pederasta.

En otro reino europeo, Noruega, también se han visto afectadas personalidades de primer orden. La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, cuyo nombre aparece más de mil veces en los documentos publicados, ha presentado sus disculpas, ya que los correos electrónicos muestran intercambios regulares con Epstein entre 2011 y 2014.

En un comunicado difundido por el palacio real, ella afirma haber “demostrado falta de criterio”. “Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, añadió.

En Eslovaquia, Miroslav Lajčák, asesor del primer ministro eslovaco Robert Fico y exministro de Asuntos Exteriores del país, ha dimitido. Los medios de comunicación eslovacos han informado sobre los intercambios entre el que fuera representante especial de la Unión Europea para los Balcanes Occidentales y Epstein. Según un intercambio de mensajes de texto de 2018, difundido por la BBC, el delincuente sexual prometía mujeres a Miroslav Lajčák, entonces jefe de la diplomacia eslovaca.

En una entrevista concedida a la web de noticias 360.sk, Lajčák negó las acusaciones, afirmando que nunca había organizado un encuentro entre el primer ministro Fico y Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, y que “las mujeres” nunca habían formado parte de las relaciones.

En los documentos aparecen referencias y correspondencia con personalidades destacadas, como el multimillonario Elon Musk y el secretario de Comercio Howard Lutnick. Pero éstos nunca han sido acusados de actos reprochables.

Estas últimas publicaciones debían haberse realizado en diciembre, tal y como preveía la ley aprobada por el Congreso a mediados de noviembre. El número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, afirmó que los documentos no se habían publicado, bien porque contenían información personal que permitía identificar a las víctimas, o porque se trataba de expedientes médicos o imágenes de pornografía infantil.

Sin embargo, en una entrevista con ABC News, Brad Edwards, abogado de las víctimas de Epstein, explicó que recibía “constantemente llamadas de víctimas porque sus nombres, a pesar de que nunca se han manifestado y son totalmente desconocidos para el público, acaban de hacerse públicos”.

Para otra abogada de las víctimas, Jennifer Freeman, “la gestión del expediente Epstein por parte del Departamento de Justicia ha sido catastrófica desde el principio, marcada por torpes expurgos y la exposición de la identidad de las víctimas”.

Según el Wall Street Journal, aparecen los nombres de al menos 43 víctimas, cuando se suponía que el Departamento de Justicia debía ocultarlos antes de cualquier publicación. “Desde el viernes”, indica el periódico, “el Departamento está retirando temporalmente los documentos para realizar nuevas supresiones”.

Una de las víctimas, Anouska de Georgiou, que testificó contra Ghislaine Maxwell durante su juicio, declaró al Wall Street Journal que se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia este fin de semana tras saber que se había divulgado información personal sobre ella, en particular una foto de su carné de conducir. “Gran parte de la información filtrada procedía de notas tomadas por agentes federales durante mi testimonio”, declaró al diario. “Cooperé con el Gobierno estadounidense cuando me lo pidió y ahora me ha traicionado, a mí y a otras víctimas, mostrando un desprecio flagrante por la seguridad, la protección y el bienestar de las víctimas de este tipo de delitos”.

A pesar de la publicación de estos nuevos documentos, el Gobierno estadounidense no prevé iniciar nuevas acciones judiciales, ya que considera que los documentos no revelan ninguna malversación por parte de las personas citadas.

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, presentó el sábado sus disculpas después de que su nombre apareciera en los últimos documentos relacionados con el caso Epstein publicados por el Gobierno estadounidense. Estos documentos son intercambios de correos electrónicos obscenos en 2003 entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell, que actualmente cumple una condena de veinte años de prisión por ayudar al delincuente sexual Jeffrey Epstein a reclutar prostitutas menores de edad.

“Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de veinte años, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”, declaró Casey Wasserman, de 51 años. Afirmó que “nunca tuvo ninguna relación personal o profesional con Jeffrey Epstein”. “Como se ha documentado ampliamente, participé en un viaje humanitario como miembro de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 a bordo del avión de Epstein”, explicó Casey Wasserman. “Lamento profundamente haber estado asociado con cualquiera de ellos”.

Traducción de Miguel López

A primera vista, Pascal G. no era el más condenable de los hombres pillados en la redada que permitió la detención, dos semanas antes de Navidad, de una veintena de compradores de muñecas pornográficas infantiles. De hecho, este cincuentón canceló su pedido tres horas después de haberlo realizado. “Lo compré en plena noche y, al despertarme, me di cuenta de que había cometido una estupidez”, masculla el conductor de maquinaria, el viernes 9 de enero, ante el tribunal correccional de Avesnes-sur-Helpe (Norte). Pero dos horas de declaraciones revelarán un perfil muy inquietante, parapetado en la negación.

Según él, si pidió una muñeca sexual de pequeño tamaño fue para poder guardarla mejor en su auto-caravana. “¿En serio? ¿No es más bien la apariencia de una menor lo que le interesa?”, le espeta la fiscal.

Como no adquirió el objeto, Pascal G. está siendo juzgado por “consulta habitual de una web que ofrece representación pornográfica de menores”, debido a sus búsquedas en las plataformas de venta. Sobre todo porque pasó mucho tiempo pidiendo unas veces detalles sobre la profundidad de los “orificios”, otras vídeos que ilustran las etapas de fabricación...

Pero este soltero también comparece por “posesión” de imágenes de pornografía infantil. Los investigadores descubrieron en su teléfono y su equipo informático fotos y vídeos de menores prepúberes, entre ellas asiáticas, siendo sometidas a actos sexuales.

“Me robaron el teléfono”, intenta defenderse Pascal G. Después de recuperarlo, no se había dado cuenta de las descargas... ¿Robado dónde? “En Filipinas”, contestó. De 2019 a 2023, vivió en ese país “poco conocido” por los servicios policiales, un verdadero paraíso para los pedófilos.

Allí, este hombre cuenta que tenía “tiendas de ropa” y “un karaoke”. “No tuve tiempo de andar con menores”, precisa torpemente. “Trabajaba siete días a la semana. No vi nada”.

Según se ha sabido, regresó en 2023 a la fuerza: Francia tuvo que extraditarlo. Al irse a Asia, Pascal G. se había librado de un seguimiento socio-judicial obligatorio en Francia, impuesto tras una condena penal: “Intento de sustracción de menor”, es decir, secuestro.

Y no era la primera vez: ya en 2009, Pascal G. había sido condenado por ese delito. “¿Qué pasó?”, quiere saber la presidenta. “Era una chica a la que quería llevar a casa”, alega. “No quería subir al coche”.

Es un pozo sin fondo: los antecedentes penales de Pascal G., que ya ha estado en la cárcel, suman doce menciones, entre ellas varias agresiones sexuales a menores de 15 años, la última de ellas en 2007. ¿A quiénes? “A la hija de un amigo”, susurra el acusado. Cuando se le pregunta por los nombres de sus víctimas, se muestra incapaz de recordarlos. “No sabría decirlo...”, confiesa.

Tras su extradición desde Filipinas y una nueva estancia entre rejas, Pascal G. volvió a ponerse en contacto con sus “amigas” allí. La presidenta se refiere así a esta escalofriante conversación: “Usted intercambió mensajes [con una mujer] diciendo: ‘Vamos a estar juntos y esperaré uno o dos años antes de tener una relación con tu hija’.” “Era un juego, palabrería... Me aburro”, susurra Pascal G. “Está proponiendo claramente violar a una niña”, dice indignada la fiscal Loren Noordman.

En el momento de la requisitoria, esta se centra en los dos delitos que se le imputan. En cuanto a las muñecas, Loren Noordman considera que “alimentan fantasías pedófilas, las refuerzan y contribuyen a una cultura de depredación. Es un terreno peligroso para pasar a los actos”.

En cuanto a los vídeos, la magistrada no oculta su repulsa: “No son simples imágenes. ¡Son cicatrices digitales, una biblioteca del crimen! El Sr. G. tomó una decisión: participar en la empresa mundial de destrucción de nuestros hijos. La pornografía infantil es la expresión de un sistema en el que la dominación se convierte en fantasía, la violación en estética y la sumisión en entretenimiento”. Dirigiéndose al tribunal, concluye: “Tienen ante ustedes a un depredador, y el riesgo de reincidencia es muy alto”.

Pascal G., que ya se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio, vuelve a la cárcel. Se le impone una pena de treinta meses de prisión, acompañada de un seguimiento socio-judicial de cinco años, con orden de tratamiento, prohibición definitiva de ejercer en contacto con menores e inscripción en el fichero judicial automatizado de autores de delitos sexuales o violentos (Fijais). Según nuestra información, ha presentado un recurso.

Desde que estalló el “escándalo Shein” en noviembre de 2025, Francia está explorando las ramificaciones de esta delincuencia de las “muñecas”, considerada durante mucho tiempo marginal, cuando no “anecdótica”, y nunca analizada, en particular en su relación con su paso a actos delictivos. A falta de estadísticas nacionales y estudios científicos, aún cuesta determinar su alcance.

Para conocer la trayectoria de la veintena de clientes de las plataformas Shein y AliExpress identificados por la justicia en noviembre, habrá que esperar varios meses más y seguir el trabajo de dieciocho jurisdicciones. Según la fiscalía de París, un tercio ya es “conocido por actos de naturaleza sexual con menores”. Y en varios juicios ya se han revelado los perfiles de los depredadores.

Así, el sujeto que ha comparecido en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a principios de enero de 2026 había sido condenado veinte años antes por agresión sexual incestuosa a su hija. Este electromecánico de 56 años afirmó en la vista que había comprado su “muñeca” sin intención sexual, porque “soñaba” con ser profesor: “Mi idea era grabarme frente a un maniquí para ver cómo me comportaba, cómo me expresaba... “ La negación se va haciendo hueco sin merma del ridículo.

En Tarbes (Altos Pirineos), a mediados de diciembre, el acusado hizo unas confesiones sorprendentes. Este padre de familia reconoció no solo la compra de una muñeca, sino también una agresión sexual cometida hace tiempo contra una amiga de su hija, entonces de 8 años, que siempre había negado y por la que había obtenido un sobreseimiento en 2022. Por el conjunto de los hechos, fue condenado a dos años de prisión.

Por otra parte, casi cada semana desde noviembre, se denuncia ante la justicia una nueva página web, ya sea por parte de las autoridades o de asociaciones, en particular Mouv’enfants, que se ha lanzado a una caza sin precedentes de vendedores y fabricantes.

La fiscalía de París ya ha abierto al menos cinco diligencias, dirigidas no solo contra Shein y AliExpress, sino también contra las web de Little Sex Dolls, Temu y Wish. El 12 de enero de 2026, la fiscalía de Hauts-de-Seine abrió una sexta diligencia contra Sex Dolls Europe. Según los casos, se persiguen dos delitos distintos: la difusión de representaciones de pornografía infantil (las propias muñecas) o la difusión de contenidos pornográficos accesibles a menores sin restricciones.

La profusión de ofertas de muñecas sexuales con cara de niñas se inscribe claramente en un contexto de explosión de contenidos de pornografía infantil disponibles en el espacio digital, incluidos los generados por la inteligencia artificial.

Según los datos facilitados a Mediapart por el ministerio de Justicia, el número de condenas definitivas por el delito de posesión o difusión de imágenes de pornografía infantil se ha disparado un 70 % en diez años, pasando de 848 en 2015 a 1419 en 2024.

Al mismo tiempo, la justicia se está volviendo algo más severa. En 2024, la pena media por posesión o difusión era de 16,4 meses de prisión firme (cuando se trataba del delito principal), frente a los 13,5 meses de 2015.

Preguntado sobre el número de obligaciones de tratamiento ordenadas de forma complementaria por los jueces, el ministerio no ha podido respondernos. Pero parece que está aumentando la propensión de los magistrados a recurrir a ellas, con la esperanza de prevenir mejor los actos delictivos o la reincidencia.

Pero esos tratamientos no son una “solución milagrosa”, pues es probable que parte de los comportamientos a los que se dirigen no tengan nada que ver con trastornos psiquiátricos. Además, esos seguimientos resultan complicados de poner en marcha, debido a la falta de psiquiatras disponibles, y de controlar, debido al secreto médico.

Emmanuel B., por su parte, afirma haber cumplido con su obligación de recibir tratamiento, que finalizó el año pasado. Localizado por Mediapart, este treintañero fue condenado en 2023, en medio de una relativa indiferencia, tras el primer escándalo, ocurrido en 2020, sobre la venta de muñecas pornográficas infantiles. En aquel momento, la plataforma implicada se llamaba Amazon. Y para que la justicia se pusiera en marcha, fue necesario que una asociación, La Voix de l'enfant, presentara una denuncia contra la empresa americana.

Amazon había transmitido a la justicia la identidad de un solo comprador: Emmanuel B., un técnico soltero sin antecedentes penales, que en el momento de su detención ya se había deshecho de la muñeca, “asqueado”. “Era como un cadáver”, explicó a los gendarmes. “Era muy grande, no cabía en el cubo de basura. Así que la corté en trozos pequeños y la tiré al vertedero”.

La investigación sobre la parte “cliente” se cerró rápidamente. De su entorno, solo su hermano fue interrogado sobre posibles “comportamientos inapropiados” hacia sus hijos, a lo que él respondió: “No, nunca”.

El informe psiquiátrico fue tranquilizador: aparte de una depresión grave, el médico no detectó ninguna “peligrosidad criminológica”. El tribunal correccional de Dieppe optó así por una pena leve de tres meses de prisión condicional, sin imponer ninguna prohibición de actividad con niños. Ni siquiera la inscripción en el Fijais. Simplemente, Emmanuel B. estaba obligado a someterse a tratamiento psiquiátrico durante dos años.

“Tenía muchas ganas de suicidarme”, declara hoy. “Pero recibí un buen seguimiento por parte del Spip [el servicio penitenciario de inserción y libertad condicional de la administración penitenciaria, ndr] y del hospital. Sigo yendo a un psiquiatra, aunque ahora lo necesito mucho menos. Considero que ha sido un mal para un bien. La pena fue muy justa; el seguimiento de proximidad, algo muy positivo. El hecho de comprar una muñeca así no me parece dramático en sí mismo, pero es una muy mala señal”.

¿Ha llamado usted alguna vez al número nacional dedicado a las “personas atraídas por los niños”, gestionado por profesionales de la salud? “Nunca”. Aunque el Spip le habló de ello.

A la psiquiatra Anne-Hélène Moncany, especialista en el tratamiento de autores de delitos sexuales, se le preguntó sobre la probabilidad de que haya un depredador detrás de cada comprador, y nos declaró en noviembre: “Desde el punto de vista científico, este debate no está zanjado [por falta de datos, ndr]. Pero lo que importa es que, entre estos compradores, hay algunos que corren un alto riesgo de agredir sexualmente a niños. De ahí la necesidad de sancionar, pero también de actuar con esas personas, para tratar de que no agredan a quienes les rodean.”

En opinión de Emmanuel B., la mejor forma de prevención es “romper el tabú, saber que hay gente así”: “Sé que nos pueden pasar cosas cuando somos pequeños... Si lo que ocurre en las familias fuera menos tabú, quizá habría más gente que acudiría al médico para evitar encerrarse eso y pasar a la acción. También debería ser más fácil acceder a un psiquiatra”, explica.

Afirma que nunca ha agredido a nadie. Cuando Mediapart preguntó a la fiscalía de Dieppe si la justicia había tenido que ver con Emmanuel B. desde 2023, no respondió.

Pero lo que llama la atención de este procedimiento, iniciado en 2020 y cerrado tres años después con la condena de un solo hombre, es que Amazon nunca ha sido procesada. Sin embargo, en un principio, la denuncia de La Voix de l'enfant se dirigía precisamente contra la plataforma estadounidense, en particular por “explotación de imágenes de pornografía infantil”.

Pero los productos eran ofrecidos por dos vendedores independientes chinos, “responsables de la publicación de sus productos en Internet”, declaró el director jurídico de Amazon a la policía. “Cuando Amazon fue informada de la existencia de esos productos, los retiró inmediatamente”, añadió. “Y prohibió a terceros vendedores seguir vendiendo en Amazon.fr”. Un argumento similar al de Shein hoy en día.

Y lo que es peor: en aquel momento, la justicia descubrió que una de las empresas chinas vendía sus muñecas en otra plataforma, AliExpress. Contactado por los investigadores, el grupo propietario, Alibaba, retiró sus productos. Pero “se negó a facilitar todos los datos relativos a los compradores”, según un documento del expediente consultado por Mediapart. “Además, no se pudo interrogar a ningún responsable [de Alibaba]”. Una estrategia obstructora eficaz.

Al final, en este caso de 2020, la justicia archivó la parte relativa a las “plataformas”, considerando sin duda que no había intención de cometer un delito.

“Lamento esa pusilanimidad”, lamenta hoy el abogado de La Voix de l'enfant, Frédéric Benoist. “Habría sido importante presionar a las plataformas en aquel momento. Que al menos se hubiera llevado a cabo un debate ante un tribunal para determinar si la falta de medidas de seguridad suficientes hubieran podido determinar su responsabilidad penal. Si no, llegamos a donde estamos hoy...”

Cinco años después de su primera acción, La Voix de l'enfant volvió a presentar una denuncia por la distribución de muñecas, en noviembre de 2025, contra Shein y AliExpress. Esta vez, con la esperanza de que se celebre un juicio.

Traducción de Miguel López

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue si Grok, la inteligencia artificial de X (antes Twitter), puede estar cometiendo delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia, según ha informado EFE.

Según explican fuentes del departamento de Rego, tal y como han reportado diferentes medios de comunicación, Grok habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra menores, "una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil".

Para el Gobierno, se trata de prácticas que vulneran gravemente la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Noticia en ampliación.

Antes de levantarse frente al jurado que iba a juzgar a Tom, Atticus Finch sabía que su cliente estaba condenado. Ahí estriba, en realidad, el reconocido heroísmo del protagonista: que, conociendo el desenlace, decide seguir en el ejercicio de la defensa, sin más aliento que el deber moral de defender la verdad. Atticus fracasa y pierde el juicio, pero se convierte en un héroe, el más grande del cine norteamericano, según el ‘American Film Institute’; tan grande y auténtico como solo lo pueden ser los perdedores. De todas formas, ¿por qué el asunto estaba perdido antes del veredicto? Parecerá una cuestión trivial, o incluso necia, pero cuando el punitivismo se abre paso a codazos entre la intelectualidad más conspicua, demoliendo a su paso, este sí, las fronteras entre izquierdas y derechas, convendrá mirar atrás y echar un vistazo al camino recorrido, porque solo así vislumbraremos el destino que nos aguarda. 

Tom Robinson estaba condenado de antemano por un delito de asco. Para quien recuerde la película, Matar un ruiseñor, se trataba de averiguar las circunstancias de una relación sexual mantenida entre un chico negro y una chica blanca en la Alabama de la Gran Depresión. Ya antes del juicio la condena era obvia porque la mera descripción de los hechos provocaba en aquella gente arcadas de asco; en la mente de los jurados, era virtualmente imposible imaginar que una joven rubia y angelical hubiera consentido en mantener relaciones con un miserable trabajador negro, hijo o nieto de esclavos. Tom fue condenado por provocar este sentimiento de nausea.  

De la misma forma, la querella por calumnias que Oscar Wilde presentó contra el marqués de Queensberry en 1895, y que terminó con Wilde condenado después de dos infames procedimientos en su contra, estaba también perdida antes de empezar: el asco de la sociedad victoriana ante las prácticas homosexuales le llevó a prisión, y más tarde al exilio y a una muerte prematura. “Uno debe refrenarse severamente para no describir, con un lenguaje que prefiero no usar, los sentimientos que deben suscitarse en el pecho de todo hombre de honor que haya oído los detalles de estos dos terribles procesos”. El alegato final del juez Alfred Wills cuando condena a Wilde pone el foco en el centro de la infamia: un caballero inglés de bien sentía verdadera repulsión al escuchar los detalles escabrosos de las citas de Wilde con sus amantes en las habitaciones del Savoy.

A Oscar Wilde le condenaron por herir un sentimiento. No convendrá olvidarlo, cuando perviven entre nosotros los delitos contra los sentimientos; significadamente religiosos, pero también sentimiento de pertenencia a la patria y otros del estilo: sacar en procesión una vagina, desnudarse en una iglesia, quemar una bandera... comportamientos que son delitos simplemente porque nos enfadan, nos dan asco. No será necesario aclarar que los sentimientos protegidos son siempre los de la mayoría, lógicamente, con lo que castigar estas conductas se convierte en una labor de limpieza moral. 

Por ello, aunque vincular el asco al delito nos parezca algo camino del destierro de la historia, basta con alzar un poco la vista para advertir que un ubicuo puritanismo nos lo está trayendo de vuelta. La evolución de la moral, la profundización en la valoración ética de conductas ha perfilado nuestro espíritu de ciudadanos, de tal forma que cosas que antes nos parecían correctas ahora no las aceptamos; y tal vez sea propio de esta evolución que cada vez haya más comportamientos que nos den asco. O tal vez no. La respuesta a esta repugnancia podrá venir desde la educación, la concienciación o el cambio de costumbres, pero no debería ser la condena penal.

Pensaba sobre estas cuestiones el otro día mientras paseaba por el Rastro. Un hombre revisaba unas viejas fotografías familiares desperdigadas por el suelo; bodas, fiestas de postín, viajes a la playa de gente anónima se mezclaban con postales, cartas y recibos antiguos. Me pareció advertir que aquel hombre estaba espigando para su compra fotografías de jóvenes, de niños... y se me dio por pensar qué pasaría si encontrara la típica foto de un niño, desnudo en la playa, jugando con su cubo y su pala. Podría comprarla, ciertamente, pero un extraño hormigueo me trajo a la vista el pelo de los inquisidores, gracias a los cuales el concepto de pornografía se nos ha ampliado hasta límites cuáqueros; hoy, no solo es pornografía la imagen de una conducta sexual explícita, sino también la simple representación de un menor desnudo cuando tal imagen (digo imagen y no fotografía; también lo será un dibujo o pintura de un menor sin ropa si resulta ser una “imagen realista”) se emplee “con fines principalmente sexuales”. Y aquí viene el asco.

Todo el derecho penal clásico, antes de la aparición de los protofascistas de Cesare Lombroso y compañía, estaba fundado sobre el concepto de daño. Sin daño a un tercero, sin abuso o agresión, no puede existir ni delito, ni juicio ni condena. Los sentimientos de asco o repugnancia que podemos sentir, como sentía el honorable Alfred Wills o los jurados que escuchaban a Atticus, ante conductas que entendemos inmorales, escandalosas o nauseabundas, no deberían bastar para condenar a nadie. Lo que haga una persona en la soledad de su habitación con unas fotografías, por más vomitivo que nos resulte, no debería ser más que eso: repulsivo pero irrelevante.  

Es simplemente un ejemplo de que el puritanismo viene siempre de la mano del punitivismo. Los mensajes descubiertos de Elisa Mouliaá, pura antropología forense, resultan una clara muestra de esta tendencia: ‘yo tampoco creo que sea un delito’, decía la actriz sin cortarse, después de haber denunciado a Errejón como autor de un delito, arrastrada por las noticias que leyó, considerando que en el contacto sexual que mantuvieron, él se había comportado como un baboso: “fue asqueroso”. De nuevo, el asco. ¿Y ahora qué hacemos? Ser un baboso no es un delito, pero el relato de Mouliaá nos coloca ante una realidad en la que utilizamos el derecho penal priorizando nuestros sentimientos morales en el juicio de las conductas ajenas. 

En fin, creo que es un error y un horror que hayamos encargado al derecho penal la normativización de la ética ciudadana. ¿O a nadie le extraña que la edad mínima para mantener relaciones sexuales (si es que tal cosa debe ser regulada) no venga prescrita en el Código Civil sino en el Código Penal? Edad mínima que, por cierto, las ínfulas puritanas han dejado abierta, en una indefinición intolerable en el derecho penal, pero comprensible una vez abandonados en los brazos de Calvino: a un chico de quince años se le permite realizar “actos de carácter sexual” (áteme esa mosca por el rabo) siempre que lo haga con alguien de edad o madurez “próxima al menor”. ¿Qué será tal cosa? Bien, habrá que ir año a año para escrutar, con la nariz afilada de nuestro escalpelo moral, cuándo la diferencia de edad empieza a olernos mal.

En las salas del Old Bailey, el viejo tribunal criminal donde condenaron a Oscar Wilde, el hedor era tan insoportable que en el siglo XVII, aprovechando un incendio, las reconstruyeron sin paredes, para celebrar los juicios a la intemperie; con el frío londinense, el experimento no duró mucho. Ignoraban por entonces que la peste no la traían los acusados, sino que exhalaba de la mirada de los juzgadores.

_____________________

Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

La Guardia Civil ha investigado a un chico menor de edad por difundir imágenes que había modificado con inteligencia artificial (IA) para que las compañeras de su instituto retratadas en las fotografías y vídeos aparecieran totalmente desnudas, según informa EFE.

En el marco de esta investigación, un total de 16 chicas menores han denunciado la utilización de su imagen manipulada con IA tanto en redes sociales como en una web, y el menor es un compañero suyo del instituto, ubicado en la comarca valenciana de la Ribera Alta.

Según ha informado la Guardia Civil este domingo, la investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando una menor denunció la creación de una cuenta con su nombre en una conocida red social donde se publicó un vídeo realizado con inteligencia artificial.

En esa misma cuenta también aparecerían fotos de varias personas, todas ellas menores de edad, y estas fotografías eran modificaciones de las originales, que habían sido manipuladas para que las personas aparecieran completamente desnudas.

Esta menor también denunció la creación de una segunda cuenta en otra red social a su nombre, así como otras cuentas en las que aparecían vídeos de desnudos por IA y una página web que publicitaba a estas imágenes, todo ello con la intención de vender este tipo de contenido por internet.

A esta primera denuncia se sumaron después otras 15 más por personas menores de edad, por los mismos hechos. Los agentes entrevistaron entonces a las menores y todas ellas coincidieron en la sospecha de que el autor pudiera tratarse de un compañero de instituto.

Analizaron varias de las cuentas en dos redes sociales creadas a nombre de una de las denunciantes, donde se publicaban vídeos y diversos 'mensajes descalificantes', y los investigadores solicitaron a estas plataformas datos de usuario y acceso a las cuentas. Posteriormente, se realizó un seguimiento e investigación de la web donde se publicitaban los servicios de modificación de imágenes a través de inteligencia artificial y donde se publicó el primer vídeo.

Los agentes obtuvieron los datos de usuario y acceso a dichas plataformas, incluyendo las direcciones IP, que pertenecían al domicilio de uno de los compañeros de instituto de las denunciantes. Además, se confirmó que los correos electrónicos utilizados para la creación de estas cuentas pertenecían a la misma persona.

Por estos motivos, se ha investigado a un menor de 17 años por un delito de corrupción de menores, en una operación llevada a cabo por agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Sueca (Valencia). Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Menores número 1 de Valencia.

La Fiscalía de Menores investiga desde hace dos meses el caso de los tres menores de Puertollano (Ciudad Real) que presuntamente generaron contenido de pornografía infantil con inteligencia artificial de su compañeras de centro educativo, y también de profesoras, a partir de imágenes recabadas en redes sociales y luego las distribuyeron.

Fuentes judiciales han informado a EFE de que el caso se está investigando desde hace dos meses, unas pesquisas que lleva la Fiscalía de Menores, toda vez que los presuntos autores de los supuestos delitos son menores de edad.

Además, a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha preferido mostrarse prudente y no hacer comentarios, porque ha recordado que el asunto está judicializado y los afectados, tanto los investigados como muchas de las víctimas, son menores de edad.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota de prensa, los tres investigados obtenían imágenes de las redes sociales de profesoras y alumnas y después las editaban mediante aplicaciones específicas para generar contenido pornográfico, tanto vídeos como imágenes. A continuación, distribuían este material completamente artificial, entre compañeros del centro educativo.

Con esta operación, se han recuperado más de cien archivos en los que se han contabilizado hasta 61 víctimas, algunas aún sin identificar, de las que 22 serían menores de edad.

La investigación comenzó tras el aviso del delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría Local, quien recibió la alerta de la dirección del centro escolar sobre la posible circulación de contenido sexual comprometido en el que estarían implicados varios menores. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) asumió el caso de forma urgente al tratarse de un asunto en el que tanto víctimas como autores eran menores de edad. El objetivo prioritario fue identificar a los implicados y localizar el material para evitar su difusión.

Las indagaciones policiales verificaron que los tres implicados, todos ellos menores de edad, habían editado decenas de vídeos y fotografías de alumnas y profesoras a través de aplicaciones de inteligencia artificial, para lo que utilizaban datos y fotografías que previamente habían recuperado de los perfiles y redes sociales de esas personas. Esto les permitía rescatar esas fotografías originales, reales, para introducirlas en aplicaciones de inteligencia artificial y elaborar fotos o vídeos de naturaleza sexual completamente artificiales, que después distribuyeron entre sus amigos y otros alumnos del centro escolar.

El juez que ha procesado al defensa del Real Madrid Raúl Asencio por pornografía infantil y revelación de secretos aprecia indicios de que pidió a los otros tres implicados en el caso que le enviaran el vídeo que habían grabado mientras practicaban sexo con dos chicas de 18 y 16 años y lo enseñó a una tercera persona.

El instructor sostiene que Asencio solicitó a otro de los implicados, el excanterano del Real Madrid Juan Rodríguez, que le enviara ese vídeo consciente de que salía una menor (una chica de 16 años) y "sabiendo que se había obtenido sin consentimiento de las posibles víctimas y conservado contra su exigencia de que se borrara", según recoge un auto cuyo contenido ha adelantado Canarias 7 y al que ha tenido acceso EFE.

El segundo hecho que se atribuye al futbolista es que, presuntamente, según recibió el vídeo en su móvil el 21 de junio de 2023 en forma de un mensaje de Whatsapp de un solo visionado, se lo enseñó a una tercera persona que figura en la causa como testigo.

El productor audiovisual de contenido porno Ignacio Allende, conocido como Torbe, quedó en libertad tras ser detenido por la policía cuando aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acusado de agresión sexual, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El juzgado de guardia decretó la puesta en libertad sin medidas cautelares de Torbe tras una comparecencia en las que el detenido solo respondió a preguntas de su abogado y en la que ninguna de las partes pidió prisión. La causa la lleva ahora el juzgado de instrucción número 44.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid detuvieron a Torbe el pasado jueves día 13 de febrero, cuando regresaba de Cuba, tras la denuncia de una joven por una presunta agresión sexual, según confirmaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

El productor, además, está acusado por la presunta comisión de un delito de detención ilegal y otro de trata de seres humanos, según las fuentes.

La detención se produjo después de que un juzgado de lo Penal de Madrid lo condenase a dos años de prisión por difundir dos grabaciones de carácter sexual en las que aparecían chicas menores. El productor porno tenía ya una condena anterior, de 2008, cuando se le impuso una pena de un año por corrupción de menores.

El consumo de pornografía en los escolares empieza cada vez antes, casi a los 8 años, y su impacto en el desarrollo del cerebro no solo afecta a su rendimiento académico —al quedar deterioradas funciones ejecutivas como la memoria— sino que también afecta a la empatía con el otro.

"Uno de cada diez niños de 8 años tiene su primer contacto con la pornografía, un consumo que se estabiliza y se hace más frecuente entre los 13 y 16 años. A partir de esa edad acceden a ella semanalmente", explica a EFE el psicólogo y sexólogo, que ha sido profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado en múltiples investigaciones sobre el problema del porno en los adolescentes.

Villena acaba de editar una guía para familias publicada por CEU Colegios en la que deja claro que "la pornografía hace al adolescente menos inteligente".

En una entrevista con EFE señala que la adicción al porno produce un deterioro de las habilidades ejecutivas del cerebro, "importantes para la inteligencia y que impiden mantener la capacidad de atención en clase y de trabajar la memoria".

"Hay una alteración de los circuitos de la recompensa que tienen que ver con la dopamina, hay unos picos muy intensos de dopamina y unos bajones muy grandes y eso va generando desensibilización. Luego tenemos un deterioro en la corteza prefrontal, que es como mi freno del coche, como un director de orquesta del cerebro que se va desgastando porque tiene que hacerse cargo de una intensidad a la que no está preparada", señala.

En definitiva, el consumo problemático de pornografía merma la atención, la memoria y las funciones cognitivas que no dan un rendimiento óptimo. A ello se suma —añade— un deterioro en las neuronas espejo y en las capacidades que tienen que ver con la empatía.

 "El porno te hace cada vez más insensible. El aislamiento y la falta de empatía son dos características comunes", coincide el director de la asociación Dale una Vuelta, Jorge Gutiérrez, que ayuda a la prevención y recuperación frente a esta adicción en los menores.

Gutiérrez también señala en una conversación con EFE que el consumo de pornografía en escolares es en su mayoría es involuntario, ya que se lo encuentran en redes, "sin buscarlo".

"El problema es normalizar esta conducta, pensar que no te afecta, que no es para tanto, que uno controla. Y aunque uno sea capaz de controlar, una mínima parte cae en la adicción", incide mientras la profesora y responsable de Igualdad del sindicato independiente de docentes Stes-Intersindical Sonia Blanco urge un cambio en las legislaciones para impedir el "fácil acceso" de los menores a estas páginas.

"Solo hay que mentir en la edad", recuerda a EFE al tiempo que explica que en otros países se ha regulado con la tarjeta SIM de los móviles o haciendo una comparación de documentos de identidad.

No obstante, "la coeducación es fundamental desde que empiezan el colegio", señala tras urgir mayor coordinación entre familias, centro, administraciones educativas y alumnado.

"Invertir en métodos para este control es necesario", explica Blanco al tiempo que considera que el sector de la pornografía es "tabú" porque aporta mucho dinero al Estado: "y es así de triste. No solo hablamos de internet, está la industria de cine de adultos, y hay mucho dinero por medio".

Desde Save the Children, la directora de Incidencia Política y Social, Catalina Perazzo, también indica a EFE la necesidad de herramientas a nivel técnico "de verificación de edad, de etiquetado de contenidos. Los derechos de la infancia hay que cumplirlos".

"A día de hoy ningún chico o chica está libre de consumir pornografía, porque es como una pandemia", alerta Alejandro Villena que indica que el consumo no va ligado a ningún perfil socioeconómico o cultural, sino que hay personalidades más propicias a desarrollar adicción como las impulsivas o que pueden tener problemas de salud mental o de TDH o espectro autista.

Y es que, para todos los expertos consultados, el consumo de porno deteriora la salud mental y puede estar vinculado a personas con estos problemas ya que "muchas veces se usa para evitar la frustración, la ansiedad o la depresión, y normalmente el resultado es que, pasado el corto plazo, el nivel de frustración, ansiedad o depresión aumentan", señala Gutiérrez de Dale Una Vuelta.

Estos investigadores añaden que un consumo problemático de pornografía en menores favorece creencias machistas, violentas y misóginas y desde Save The Children Catalina Perazzo recuerda que "la adolescencia es una etapa de conformación de la identidad y de la propia personalidad" del futuro.

Una educación afectivo sexual adecuada en todos los ciclos educativos y herramientas de prevención y sensibilización son los principales reclamos. "Que sea integral, donde placer, respeto y responsabilidad estén siempre presentes", recalca Gutiérrez.

En este sentido la guía que ha publicado CEU Colegios ofrece unas pautas que dan señales de alerta a las familias y claves según edades sobre cómo tratar estos temas en casa. "La pornografía te intoxica, te va dando un manual de instrucciones erróneas sobre la sexualidad. Yo digo que es un manual de destrucción", puntualiza Alejandro Villena.

Nueve de cada diez menores consume pornografía, una 'escuela del sexo' que es "salvaje, machista y misógina" por eso el Ministerio de Igualdad ha lanzado la campaña Vamos a hablar de pornografía, para que las familias y el entorno escolar aborden esta conversación con las generaciones más jóvenes, según informa EFE.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado este lunes en la presentación de la campaña que "la pornografía cosifica a las mujeres, desprecia a las mujeres, genera una violencia y una cultura misógina que luego intentan reproducir muchos jóvenes en la realidad". Bajo el lema "habla, escucha, protege", la campaña aspira a "poner el debate encima de la mesa y concienciar a la sociedad en general y a las familias de este problema", ha precisado Redondo.

La titular de Igualdad ha recordado que los estudios indican de que nueve de cada diez menores consume pornografía, la mitad de ellos de forma habitual, y que el 70 % de los chicos y las chicas menores de 18 años recibe porno de forma involuntaria a través de la red. El 90 % de padres y madres creen que sus hijos no ven pornografía y la edad de iniciación a la pornografía se sitúe entre los 8 y los 10 años.

Por eso su departamento quiere "luchar contra la pornografía salvaje, machista, misógina y que redunda en las violencias contra las mujeres" y considera que para empezar a hacerlo hay que levantar el velo y el tabú social sobre esta problemática "generalizada y grave".

En la presentación de la iniciativa, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, ha sostenido que el 90 % del contenido pornográfico que consumen los menores es violento: "No es sexo, es violencia y no podemos aceptar la normalización, la erotización y la justificación de esa violencia", ha aseverado.

Hay que combatir que la pornografía sea "la escuela de sexo" de niños, niñas y adolescentes, ha añadido, para señalar que el 56% de los jóvenes considera que el porno influye en sus relaciones sexuales y es una escuela para ellos.

Calvo ha afirmado que es necesario que las familias y el entorno educativo y lúdico de los menores aborden esta realidad con ellos, con "conversaciones cercanas y no incriminatorias", pero a través de "un diálogo urgente" porque "tomando conciencia será la mejor forma" de prevenirlo. "Acompañar a nuestros niños y niñas es la principal medida de protección", ha subrayado.

La campaña, que estará presente en medios de comunicación, cines y marquesinas, presenta distintas escenas en las que unos progenitores y una educadora deportiva hablan con chicos y chicas de que la pornografía no refleja la realidad del sexo, sino que es violencia.

Casi nueve de cada diez adolescentes se conectan varias veces al día a Internet o están permanentemente en la red. El 37% dice saber cómo saltarse las medidas de control. Asimismo, el 58% utilizan internet de manera habitual desde los 11 años, y casi uno de cada tres lo hace desde antes de cumplir los 10 años. Así se desprende del informe de Save the Children que recoge Europa Press, realizado dentro de la campaña #DerechosSinConexión, que analiza los derechos de la infancia y la adolescencia y su protección en el entorno digital. Para el estudio se han realizado encuestas a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años en España.

Según los resultados, los adolescentes utilizan internet principalmente para entrar en las redes sociales (79,8%), el consumo de contenidos (78%) y la comunicación (75%). Las chicas utilizan más la red para escuchar música y ver más series o películas o comprar, mientras que ellos ven más contenido de otros creadores y se informan más, aunque la mayor diferencia se encuentra en los juegos online: casi el 75% de los chicos los utilizan, frente al 15% de las chicas.

"La infancia y la adolescencia, al igual que las personas adultas, no pueden separar su identidad en la vida real de la que construyen en internet. El mundo digital ofrece posibilidades para ejercer derechos de los niños como son el derecho a la educación, a la información, libertad de expresión o el de asociación pero también corren riesgos cuando están conectados", ha explicado Andrés Conde, director de Save the Children.

A la hora de establecer normas de uso en casa para limitar o controlar las actividades de niños, niñas y adolescentes en internet, solo tres de cada diez aseguran tener limitadas las horas de conexión, mientras que un 38% afirma que sus familiares le han explicado los posibles riesgos a los que se enfrentan mientras están en la red.

Uno de los riesgos a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes por internet es el de la exposición a contenido erótico y pornográfico: casi seis de cada diez adolescentes han encontrado este tipo de contenido sin buscarlo.

"La exposición a estos contenidos puede tener consecuencias muy negativas para su desarrollo, ya que genera en ellos una percepción de las relaciones sexuales basadas en un modelo patriarcal que incluso erotiza la violencia contra las mujeres. Estas consecuencias se agravan cuando llevan estas conductas sexuales a sus propios encuentros, tal y como ya vimos en nuestro informe (Des)información Sexual", afirma Conde.

Otro riesgo al que se enfrentan en la red es el contacto con personas desconocidas, según la organización. Uno de cada tres adolescentes contacta con desconocidos a través de internet, y el 23% afirma que sí se encontraría con una persona desconocida. Resulta especialmente importante la diferencia por género: el 27,4% de chicos sí consideraría quedar con personas que sólo conocen por internet, frente al 17,3% de las chicas.

Respecto a la violencia digital, uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o deba ser un delito, o no está seguro de que deba serlo (en el caso de los chicos, este porcentaje asciende hasta un 40%, mientras que para las chicas es de un 26%).

De la misma forma, un 43% no cree o no está seguro de que mandar mensajes de odio sea delito (siendo, de nuevo, mayor el número de chicos que no cree que estas conductas lo sean o deban serlo, situándose en casi el 50% frente al 37% de las chicas). Además, uno de cada cuatro adolescentes no sabría dónde denunciar un caso de violencia online.

"Aunque una mayoría identifica ciertas conductas como delitos, no deja de ser preocupante que haya porcentajes significativos que no las identifiquen, bien porque piensen que estas no son delitos, porque piensen que no deben serlo, o porque no lo sepan. El primer paso para protegerse de la violencia es saber identificarla", ha indicado el director.

A tenor de estos datos, la organización ha pedido al Gobierno, dentro de su campaña #DerechosSinConexión, desplegar todas las medidas que recoge la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para proporcionar entornos seguros a la infancia en el entorno digital a la vez que se garantiza que se cumplen todos sus derechos.

Asimismo, Save the Children apuesta por educar a niños, niñas y adolescentes en un uso responsable y seguro de internet y las nuevas tecnologías. Es imprescindible dotarlos de herramientas para que estén lo más seguros posibles en el entorno digital desde las familias y la escuela, a quienes los poderes públicos deben otorgar las herramientas y formaciones necesarias.

Otra medida que Save the Children considera prioritaria es la de implementar mecanismos efectivos para prevenir la violencia y el acceso al contenido perjudicial en internet. Considera necesaria la colaboración entre la Administración y las plataformas de internet para la aplicación efectiva de la edad mínima de acceso a los servicios y contenidos digitales y del consentimiento para compartir datos de carácter personal. Asimismo, reclaman la implantación de la educación afectivo-sexual en igualdad de género y diversidad.

"De la misma forma que no prohibimos a la infancia salir de casa porque hay peligros, no podemos con esa excusa prohibirles el acceso a internet. La entrada en la red debe ser progresiva y adaptada a cada edad, siguiendo las recomendaciones pediátricas, de ciberseguridad y de salud mental", ha concluido Conde.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha comparado el sistema de verificación edad para acceder a contenidos para adultos incluido en la app Cartera Digital con "aceptar las cookies" de las páginas web y ha pedido a los adultos aceptar la "pequeña actuación" que es un clic para poder tener eficacia en algo "extraordinariamente preocupante", según informa Europa Press.

"¿Cuántas veces cuando entramos nosotros en una página web nos piden que aceptemos o no las 'cookies'? Pues es un poco eso. Estamos acostumbrados a dar pequeñas clics en un momento determinado, pequeñas actuaciones en nuestra navegación por Internet y aquí simplemente estamos pidiendo algo de ese tenor. A cambio, igual podemos ser muy eficaces en algo que es extraordinariamente preocupante y que tenemos que evitar", ha concluido.

Antes de participar en los Cursos de Verano de El Escorial, el ministro ha señalado que no le sorprende el apoyo mostrado el jueves por los obispos españoles a la medida y ha atribuido a la "ignorancia" las oposiciones al mismo.

"Casi nadie debería discutir lo que estamos haciendo. Con los datos que vamos recogiendo se constata que los efectos de esta exposición, que tienen niños en una edad media de 11 años a pornografía, está afectando seriamente en su salud mental, en sus comportamientos. Estamos viendo un aumento extraordinario de agresiones sexuales realizadas por menores, se han doblado en 5 años. Estos son datos muy impactantes y muy preocupantes ante los cuales no me sorprende que haya muchas adhesiones", ha agregado.

No obstante, ha precisado que puede "entender" la preocupación por el anonimato y la protección de la identidad de los adultos, siendo un factor que está "totalmente asimilado con la solución".

"Es un pequeño esfuerzo para los adultos y frente a ese pequeño esfuerzo, que además hemos planteado de una forma muy amigable, abordamos un tema que no puede estar sin en las manos sin hacer nada. Entre las especificaciones técnicas, que nos las han pedido las plataformas y los distintos operadores que tienen que ver con el acceso a esta información, vamos a seguir trabajando con ellos para ver exactamente cómo se puede ir afrontando. Lo único que está haciendo España es adelantarnos a algo que estará vigente en Europa en el 2027", ha concluido.

El Gobierno, a través de su ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, se ha decidido a regular el acceso de menores al porno. Para ello, va a implementar a partir de este verano una aplicación, Cartera Digital Beta, para que el usuario pueda probar su mayoría de edad en las plataformas de contenido para adultos establecidas en España. Para evitar que se pueda producir una identificación del sujeto que la utilice, esta Cartera Digital expedirá al mes 30 credenciales de uso.

Este es el escenario que se ha dado este martes. Uno que ha despertado todo tipo de reacciones, la mayoría negativas, unas cuantas jocosas, como cualquier situación que involucre la palabra “sexo”. Supongo que para algunas cosas nuestra sociedad no ha salido del parvulario. Supongo, también, que no se nos da mal reírnos como forma de eludir una tensión que esta temporada ha sido del todo inasumible. Lo del pajaporte es lo menos importante de todo.

Sí importa, y mucho, como ha explicado el ministro a través de X a uno de esos periodistas que se gana la vida haciéndose el cínico, que los niños están accediendo al porno a edades cada vez más tempranas, que se sitúan entre los 9 y los 11 años. También que el 90% de los jóvenes cree que el porno es fiel a la sexualidad real y que para 1 de cada 3 niños es su única fuente de información afectivo-sexual. En los últimos años se ha duplicado el número de agresiones sexuales en menores.

No parece buena idea que los niños vean contenido para adultos de ningún tipo. Nos debería preocupar que, justo cuando es más fácil acceder a este contenido, a través del móvil, el porno sea especialmente dañino. Aquel porno que vivió en España una primera gran difusión a través del VHS es historia. Hoy es materia común poder acceder a violencia sexual, a escenas denigrantes para las mujeres o a otras que trivializan el sexo entre familiares.

España tiene una relación ideológica difícil con el sexo. No han sido pocas la voces que desde la izquierda han criticado la medida tachándola de moralista y pacata. Aún asociamos el sexo con libertad, debido a que este país sufrió una represión por parte de la dictadura franquista que en este ámbito fue ultra-conservadora. Los años de la transición vivieron un despegue de las revistas ligeramente subidas de tono. Hasta el año 1984 no hubo salas X. Con estos mimbres es normal que la confusión entre sexo, porno y democracia permanezca.

Hoy todo ha cambiado. El porno es una industria sobredimensionada que desde la aparición de lo digital se ha extendido hasta límites insospechados. Primero se alteró el formato, de películas largas pensadas para el alquiler en videoclubs a escenas para consumo rápido disponibles donde exista una conexión. Esto ha permitido que este mercado adapte su oferta hasta el detalle de precisión microscópica: se podría decir que hay tantos tipos de contenido para adultos como personas.

La cuestión es que el formato también cambió el contenido. Y esa supuesta oferta inabarcable de los primeros años de la extensión digital, la década de los 2000, ha sido arrollada por un porno cada vez más uniforme en sus parámetros. Convendría estudiar por qué. Una respuesta rápida es que, de manera simétrica a cómo los algoritmos han modulado las redes sociales, también lo han hecho con las grandes plataformas que ofrecen porno. Lo más chocante, lo más llamativo, lo más violento es lo que más se ofrece y por tanto lo que más se ve.

¿Qué viene antes, el gusto del individuo o la imposición del mercado? No podemos considerarnos animales de laboratorio, susceptibles de ser modelados culturalmente por las necesidades del negocio, algo que equivaldría a tratar al adulto medio como un ser sin voluntad. Pero tampoco, obviamente, podemos minusvalorar la capacidad que tiene la cultura de establecer sentidos comunes, la línea de lo que es aceptable y de lo que no.

Y aquí, desde mi punto de vista, viene lo importante del debate. ¿Estamos dejando a la industria del porno marcar lo que es deseable en nuestro sexo?¿Una industria que busca la rentabilidad de su producto sin importarle demasiado las consecuencias que provoque?¿Una industria que, al ser cultural, carece de cualquier reglamentación como puede tener la alimentaria o la automovilística? Si la respuesta es afirmativa tenemos un problema de consideración sólo atendiendo a la influencia que tiene en los adultos. Imaginen las consecuencias en los jóvenes y los niños.

El porno no es sexo grabado, es una reproducción audiovisual del sexo para lograr una excitación máxima en un tiempo minúsculo para que el productor obtenga amplios beneficios económicos. Muchas voces han apelado hoy a la educación como primera barrera contra esta confusión. Y tienen razón. La cuestión es que, mientras, la primera respuesta que hemos dado ha sido penalizar a la administración que se ha tomado en serio el problema y ha intentado hacer algo.

Claro que es bueno el debate en torno a si la app será lo suficientemente segura para no permitir el rastreo del individuo, por mantener a salvo su intimidad, también por evitarnos sustos futuros en una Europa cada vez más radicalizada. Igual que cabe plantearse su utilidad real teniendo en cuenta que si se restringen unos canales más o menos profesionalizados, aparecerán otros que evitarán la comprobación de edad, ya sin filtros éticos de ningún tipo.

Todos esos debates son razonables. El asunto es que en cada uno de ellos lo que subyace, por desgracia, es la aceptación de que el Estado debe mantenerse al margen de regular cualquier cosa que tenga que ver con Internet y, por ende, con el mercado digital. Lo que hoy le hemos gritado a Escrivá no es que lo haga mejor, sino que deje de hacerlo porque es una batalla perdida y ante las derrotas es mejor replegarse y mirar para otro lado, como si nada de esto ocurriera.

Lo peor es que los que más chanzas han hecho, los que más han esgrimido la bandera de la libertad, los que más puntillosos se han puesto con la medida, son los que llevan ya tiempo utilizando a “la infancia” como ariete político. Pobres críos expuestos a la locura del feminismo, desamparados niños víctimas de la perniciosa influencia LGTBI, pena de infancia sometida a la ideología progre-globalista, pero menudo liberticida el ministro que ha venido a intentar que el porno no les fría el cerebro.

Es el mecanismo que tan buenos resultados les está dando a las derechas. El neoliberalismo crea un problema a toda la sociedad con su ansia desregulada de beneficios. El problema, en vez de tratarse desde el ámbito material, se transforma mediante los canales ultras en una conspiración, una batalla cultural o un asunto de moralidad conservadora. Cuando la izquierda intenta solucionarlo o bien no dispone de las herramientas necesarias, ante mercados globales, o bien no se atreve a usarlas. Al final acaba cargando con el peso de “decirle a la gente cómo tiene que vivir”. Y esto, queridos lectores, sí que es porno duro.

La plataforma por los derechos digitales Xnet ha advertido, en relación a la Cartera Digital Beta anunciada por el Gobierno que contendrá una credencial de mayoría de edad para acceder a páginas porno, de que todo sistema que permite la identificación de las personas "puede ser peligroso para la privacidad".

La aplicación del Gobierno promete que la credencial de mayoría de edad será anónima y no contendrá ningún otro dato personal para garantizar la seguridad de la persona usuaria. "La propuesta que parte del eIDAS2 de la Unión Europea tiene posibilidad de tener aspectos de utilidad si fuera realmente autosoberana", apunta Xnet en un comunicado recogido por Europa Press.

La plataforma apunta que la Verificación de Identidad Autosoberana (y no solo Soberana) permite prescindir de la administración de una entidad central y es gestionada por la persona usuaria, además de no ir asociada a las credenciales que posee la Administración. Por ejemplo, puede demostrar que una persona es mayor de edad sin asociarlo a su fecha de nacimiento y sus datos personales.

"Para saber si el sistema propuesto en este caso por el Gobierno es realmente así, se debe poder auditar el código para verificar lo que ejecuta. Por lo que sabemos, el código, al menos de momento, no está disponible", subraya.

Respecto a que la credencial caduque cada 30 días para "impedir que las plataformas puedan hacer una trazabilidad de la persona y que no haya cruces entre distintas aplicaciones", Xnet defiende que esto sería interesante "si fuera automático porque si fuera para todo el mundo igual no podría perfilarse un comportamiento".

"Pero tal y cómo se plantea sí se puede, no solo en el momento del alta sino también en cada renovación", asegura Xnet, destacando que permitir el acceso a cada plataforma tres veces resulta "incomprensible y, en todo caso, insuficiente".

En octubre de 2027 todas las plataformas digitales que operen en la Unión Europea tendrán que incorporar la limitación de la edad en base al eIDAS2.

"Ya en su día expresamos preocupaciones sobre las posibilidades de perfilado y vigilancia masiva de la medida al ser centralizada la validación. La 'Cartera Digital' del Gobierno que se quiere precursora, de momento no parece haber resuelto estos problemas", advierte.

En todo caso, la plataforma explica que si no se resuelven estos problemas y siendo que la mayoría de las páginas web porno no se alojan en España, "para las personas usuarias será más fácil utilizar VPN que no hacer este trámite burocrático cada mes para apenas tres visitas".

"Creemos que sí se deben dar respuestas a problemas concretos, pero es necesario tomar precauciones para que el clima de pánico moral que las corrientes más retrogradas y autoritarias están fomentando en nuestras sociedades no se vea alentado", concluye.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha avanzado que prevé que a finales del verano esté lista la primera versión de Cartera Digital Beta, la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía.

Según ha señalado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, se tratará de una credencial "totalmente anónima" que garantizará "de forma fehaciente" que uno es mayor de edad. En esta credencial no va a figurar ningún dato personal, sino que cada usuario tendrá una letra, 'K', que le identificará como mayor de edad.

En esta primera versión es la Secretaría General de Administración Digital la que está proveyendo esta credencial. Para garantizar que la persona es mayor de edad, lo que hace el organismo es leer directamente el DNI electrónico del usuario si éste lo presenta o consultar los registros administrativos que tiene a su disposición.

Así, el usuario se descargará la app y solicitará que emita la credencial de que es mayor de edad y la aplicación autenticará al usuario mediante DNI electrónico, certificados cualificados o las claves concertadas del sistema Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve móvil o Cl@ve permanente). A partir de los datos recabados en esta autenticación, se realizará una verificación de la edad del ciudadano para finalmente emitir la credencial de mayoría de edad como un lote de 30 credenciales, un número configurable que se irá modificando según necesidades del sistema. Estas credenciales tendrán una caducidad de 30 días y desde Transformación Digital han determinado que como máximo se use tres veces la misma credencial en cada plataforma.

Una vez la tenga en su móvil, podrá entrar en una página de contenido para adultos, donde la web le ofrecerá un QR para que la persona presente la evidencia de que efectivamente tiene en el móvil nuestra credencial de mayoría de edad.

El sistema incorpora una doble autenticación para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de adultos. Además, se ha diseñado una arquitectura de gobernanza basada en listas blancas de confianza que permite que los actores del sistema se identifiquen como tales. Así, habrá una lista blanca de plataformas para adultos gestionada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, otra lista blanca de apps de verificación gestionada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y una última de emisores de credenciales gestionada por la Secretaría General de Administración Digital.

En un primer momento los sujetos obligados a verificar la mayoría de edad serían las plataformas de intercambio de vídeos establecidas en España, pero Cabanillas ha recalcado que desde el ministerio son "mucho más ambiciosos". En este sentido, ha pedido la colaboración del resto del sector de la industria y ha recalcado la utilidad de este sistema para aplicaciones de mensajería y tiendas virtuales, entre otros.

Por esta parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionará, con la colaboración de otros actores, un listado de páginas con contenido para adultos no sometidas a la jurisdicción española con el objetivo de que los navegadores puedan verificar la mayoría de edad antes de presentar sus contenidos.

Tal y como ha explicado Cabanillas, esta es "una primera aproximación a la cartera digital española" y está enmarcado en el estándar eIDAS2, que establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital como muy tarde en octubre de 2027. Para desarrollarla, en el seno de Transformación Digital ha trabajado desde marzo de 2024 en Transformación Digital un grupo con profesionales de varios ministerios e instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre otros.

Por su parte, Escrivá ha subrayado que la puesta en marcha del sistema de acreditaciones de mayoría de edad forma parte del "más que necesario" gran acuerdo de país que el Gobierno está impulsando para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

"Vamos a oír que esto no es suficiente y es verdad es decir hay que hacer más cosas, podemos oír que incluso puede haber formas de circunvalar esta solución. A pesar de eso, pensamos que es probablemente la medida más necesaria y más eficaz en este momento para empezar a abordar de una forma decisiva lo que es el acceso de los menores a contenidos inadecuados", ha reconocido Escrivá.

Al margen de la credencial de mayoría de edad, la Cartera Digital beta será capaz de solicitar, almacenar y presentar el padrón, la ausencia de antecedentes por delitos sexuales y las titulaciones universitarias y no universitarias.