El 27 de junio, la Guardia Civil informaba de la caída de una red criminal especializada en los vuelcos de droga con base en Las tres mil viviendas de Sevilla. Un peligroso trabajo policial llegaba a su fin. Sin embargo, el caso no era más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el sur de España.

Dos días más tarde, el lunes pasado, varios conductores que circulaban por la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de de Guadaíra (Sevilla) pensaron que estaban viendo un atraco. Dos vehículos cruzados, varios hombres encapuchados y al menos un arma larga apuntando hacia otro coche inmovilizado. Cristales rotos. Unos bultos que desaparecen en apenas unos segundos. Después, los asaltantes vuelven a sus vehículos y huyen mientras el tráfico recupera la normalidad como si nada hubiera ocurrido.

El vídeo, grabado por otros usuarios de la carretera, se propagó en cuestión de horas por redes sociales. Muchos interpretaron la escena como un robo indiscriminado a plena luz del día, un síntoma más de la inseguridad. Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan hacia otra dirección mucho más preocupante: un presunto vuelco de drogas, el nombre con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denominan al robo de un cargamento de estupefacientes entre organizaciones criminales.

Lo verdaderamente relevante no es el vídeo. Lo importante es lo que revela. Porque un vuelco no aparece de la nada. Es la consecuencia de la existencia de una infraestructura criminal consolidada. Nadie organiza un asalto armado para robar un alijo cuya existencia desconoce. Alguien sabía qué transportaba ese vehículo, quién lo movía y en qué momento era vulnerable. Y eso sitúa inevitablemente el foco sobre Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la vía de servicio de esa localidad en dirección a Arahal, pasada la gasolinera Moeve, en un punto en el que ya te incorporas en la A-92.

Durante años, el mapa del narcotráfico andaluz parecía perfectamente delimitado. Las narcolanchas pertenecían al Campo de Gibraltar, las persecuciones tenían lugar frente a las costas de Cádiz y Huelva y los desembarcos se producían de madrugada. Pero ese dibujo hace tiempo que dejó de responder a la realidad.

La presión policial sobre el Estrecho y el incremento de la vigilancia en otros puntos tradicionales han obligado a las organizaciones criminales a diversificar rutas. El Guadalquivir se ha consolidado como uno de los principales corredores de entrada para grandes cargamentos de hachís y, desde hace algún tiempo, también de cocaína. Las embarcaciones remontan el río hasta puntos donde la mercancía puede descargarse con rapidez y, desde allí, comienza una segunda fase casi tan importante como el propio desembarco: el almacenamiento y la distribución. Es precisamente en esa fase donde Alcalá de Guadaíra ha adquirido un papel estratégico.

Su cercanía con Sevilla, la conexión con la A-92, la SE-40 y otras grandes vías de comunicación convierten al municipio en un enclave privilegiado para redistribuir la droga hacia distintos puntos del país. Sobre todo hacia el norte de Andalucía y en consecuencia al norte de España. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico, parte de los cargamentos de cocaína que llegan a través del Guadalquivir permanecen durante horas o incluso días ocultos en viviendas, naves industriales o fincas utilizadas como guarderías en los alrededores de Alcalá de Guadaira, donde las organizaciones almacenan temporalmente los alijos antes de continuar su transporte.

La existencia de estas guarderías explica también un fenómeno que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía: los vuelcos. No son simples robos. Son operaciones planificadas para arrebatar a otra organización un cargamento valorado, en ocasiones, en millones de euros. Para ejecutarlos es imprescindible contar con información privilegiada, conocer los movimientos del grupo rival y disponer de capacidad logística suficiente para actuar en apenas unos minutos.

Según fuentes de la Guardia Civil y diversas informaciones publicadas por medios locales, en el último mes se habrían producido al menos cuatro vuelcos relacionados con el narcotráfico en el entorno de Alcalá de Guadaíra. Una sucesión de episodios que, para los investigadores, reflejaría el creciente peso logístico que ha adquirido el municipio dentro de las rutas del narcotráfico vinculadas al Guadalquivir.

El asalto grabado esta semana en la A-92 sería, precisamente, el más visible de todos ellos. La actuación fue rápida, coordinada y ejecutada con una violencia poco habitual en una vía abierta al tráfico y a plena luz del día. El empleo de armas largas y la ausencia de una denuncia posterior encajan con el patrón habitual de este tipo de acciones, donde las propias víctimas forman parte de la cadena del narcotráfico y difícilmente acudirán después a una comisaría para denunciar el robo de un cargamento ilegal.

Ese silencio complica enormemente las investigaciones. En muchas ocasiones, la Guardia Civil o la Policía Nacional logran reconstruir estos episodios gracias a vigilancias previas, seguimientos, escuchas telefónicas o investigaciones paralelas sobre las organizaciones implicadas. En esta ocasión, además, las imágenes grabadas por varios conductores han permitido poner el foco sobre un fenómeno que habitualmente permanece oculto.

La proliferación de los vuelcos también evidencia otra realidad: el narcotráfico ha dejado de ser únicamente una actividad ligada a la costa. Hoy funciona como una auténtica red logística con embarcaciones, vehículos lanzadera, pisos francos, guarderías de droga y equipos especializados tanto en custodiar los alijos como en robárselos a organizaciones rivales.

Ese nivel de profesionalización quedó reflejado hace apenas unos días con la desarticulación de la citada organización criminal presuntamente especializada en vuelcos enraizada en la capital andaluza. La operación, desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Alcalá de Guadaíra, permitió detener a nueve personas que, según la investigación, se dedicaban a localizar guarderías de droga y asaltar cargamentos pertenecientes a otros grupos criminales.

Los agentes intervinieron armas de fuego, chalecos antibalas, vehículos preparados para este tipo de acciones y diverso material utilizado para ejecutar los asaltos. Según las pesquisas, algunos de sus integrantes incluso planeaban hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para interceptar los cargamentos sin levantar sospechas.

La investigación confirmó, además, el elevado grado de organización que han alcanzado estas redes. Los vuelcos ya no responden a acciones improvisadas, sino a operaciones cuidadosamente preparadas en las que participan equipos de vigilancia, conductores, hombres armados y colaboradores encargados de obtener información sobre los movimientos de las organizaciones rivales.

Para los investigadores, este tipo de episodios son una consecuencia directa de la consolidación del Guadalquivir como una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Cuanta más mercancía entra y más tiempo permanece almacenada en el interior de la provincia, mayores son las posibilidades de que surjan enfrentamientos entre organizaciones por hacerse con esos cargamentos.

La principal preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no reside únicamente en impedir la entrada de la droga, sino en evitar que esa violencia termine trasladándose a espacios frecuentados por ciudadanos completamente ajenos al narcotráfico. El asalto grabado en la A-92 demuestra que esa frontera cada vez resulta más difusa. Un error, un disparo o una maniobra inesperada podrían convertir a cualquier conductor en víctima colateral de una disputa entre organizaciones criminales.

La actividad, además, no se limita al entorno del Guadalquivir. Según fuentes consultadas por este periódico, el pasado martes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendieron un alijo de droga que se estaba produciendo en la Playa de la Luna, en Mijas, el corazón de la Costa del Sol. La rápida intervención policial permitió recuperar varios fardos de hachís antes de que fueran retirados por la organización responsable del desembarco, frustrando parcialmente la operación y evitando que la mercancía abandonara la costa.

Dos escenarios separados por más de doscientos kilómetros, pero unidos por un mismo fenómeno: la expansión de las rutas del narcotráfico y la creciente violencia que acompaña a un negocio que ya no entiende de fronteras entre la costa y el interior. El vídeo viral de la A-92 no fue un atraco cualquiera. Fue la imagen más visible de una guerra silenciosa que hace tiempo dejó de librarse únicamente junto al mar.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Pamplona ha finalizado la denominada Operación Silver contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se ha desarrollado en tres fases, desde abril de 2025 hasta junio de 2026, en la Comunidad Foral de Navarra, pero también en La Rioja, Madrid y Burgos. El operativo dejó sin existencias a uno de los grandes grupos criminales que pretendía abastecer al gran número de consumidores en las próximas fiestas de San Fermín.

La redada ha concluido con un total de 37 detenidos en esas cuatro provincias como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal y la incautación de 125,9 kilos de cocaína, 10,5 kilos de hachís y alrededor de 150.000 euros de dinero en efectivo.

Durante la primera fase, iniciada a finales del 2025, se procedió a la detención de 14 personas en varios distritos de la ciudad de Madrid, en el barrio de la Rochapea de Pamplona y varias localidades de Navarra. Se realizaron registros domiciliarios, incautando en Madrid una gran cantidad de cocaína (108 kilos) lista para ser distribuida en diferentes lugares de España, desarticulando igualmente varios puntos de venta minorista de droga dentro de la Comunidad Foral.

En la segunda fase se procedió a la detención de otras cuatro personas durante la realización de un pase de sustancia estupefaciente (cocaína) de casi 400 gramos en dos localidades riojanas.

En la tercera y última fase acontecida la semana previa a las fiestas de San Fermín y ante el aumento de la actividad ilícita por parte de este grupo criminal, se concluyó la operación deteniendo un total de 15 personas en Madrid capital, Logroño, Pamplona, Estella y otras localidades de Burgos y Navarra. Los múltiples registros permitieron incautar una gran cantidad de sustancia estupefaciente que presumiblemente iba a ser destinada al consumo durante las fiestas.

Concretamente un total de siete kilos y medio de cocaína, 10 kilos de hachís, tres kilos de marihuana, 620 gramos de MDMA, 190 gramos de heroína, 41,2 gramos de speed, y más de 73.000 euros en efectivo. Además durante la operación se decomisaron relojes de alta gama así como 16 vehículos caleteados con sistemas de ocultación para droga.

Es destacable el grado de especialización de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cuyos miembros utilizaban los últimos medios técnicos para no ser detectados por los investigadores; esto es routers portátiles, aparatos de inhibición y de detección de balizas, así como vehículos de alta gama para evitar las vigilancias y seguimientos en los que llegaban a alcanzar 255 km por hora en competiciones entre los integrantes que simulaban carreras.

La instrucción de esta importante investigación ha sido llevada a cabo por la titular del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción número tres de Pamplona.

Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración en España. Es un ecosistema donde el efectivo sigue circulando con intensidad, la contratación es acelerada y la demanda parece capaz de absorber casi cualquier oferta. Precisamente por eso, el ocio de verano se ha convertido desde hace muchos años en un espacio especialmente atractivo para las organizaciones criminales que buscan transformar B en A. Los investigadores especializados en delincuencia económica coinciden en un patrón que se repite en distintos países europeos. Las grandes organizaciones ya no buscan únicamente controlar mercados ilegales como el narcotráfico o el contrabando. Cada vez destinan más patrimonio en la llamada economía legal, donde pueden diversificar riesgos, obtener rentabilidad y, sobre todo, blanquear capitales.

El turismo ofrece una combinación difícil de igualar. Durante pocos meses se multiplican las transacciones, aumentan las inversiones de oportunidad y proliferan sociedades mercantiles creadas para explotar negocios de temporada. En ese contexto resulta más complicado distinguir entre un empresario con éxito y un inversor cuya fortuna procede de actividades ilícitas.

Las fórmulas utilizadas son muy variadas. En algunos casos aparecen empresarios aparentemente independientes que adquieren restaurantes, beach clubs o locales de ocio nocturno mediante sociedades instrumentales. En otros, el dinero llega a través de préstamos privados, fondos de inversión opacos o entramados empresariales registrados en distintos países. La propiedad real termina diluyéndose tras una compleja red de intermediarios.

Las zonas costeras concentran buena parte de estas operaciones en España; la Costa del Sol, Islas Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. El elevado valor inmobiliario, unido al constante flujo de turistas, convierte determinados destinos turísticos en escenarios especialmente atractivos para quienes desean mezclar capitales legales e ilegales.

No se trata de afirmar que un territorio concreto esté dominado por estas prácticas, sino de reconocer que allí donde existe una elevada circulación de dinero también aumenta el interés de las redes criminales. Clanes de la Camorra mantienen en propiedad discotecas y restaurantes en España en el que han diluido tanto la propiedad real de la empresa que resulta casi imposible descubrir al verdadero propietario.

Desde la época en las que los Amato-Pagano le estaban arrebatando la soberanía de Scampia a los Di Lauro hasta ahora, los clanes camorristas han invertido en España cientos de millones de euros que han conseguido evitar las miradas indiscretas del SEPBLAC y de Hacienda. La restauración es su sector favorito, pero los hoteles y las discotecas son negocios predilectos. Y si miramos estrictamente a las discotecas tenemos ejemplo como Jonas Falk que fue absuelto en el Tribunal Supremo tras ser investigado por comprar la discoteca Opium de Barcelona en 2008 supuestamente con dinero ganado a base de operaciones de narcotráfico.

Las autoridades financieras han incrementado durante los últimos años la vigilancia sobre operaciones sospechosas. Bancos, notarios, registradores y sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales deben comunicar aquellas transacciones que presenten indicios de riesgo. Sin embargo, la sofisticación de las estructuras utilizadas por las organizaciones criminales ha aumentado al mismo ritmo que los mecanismos de control. El crimen organizado siempre va por delante.

El fenómeno presenta además una dimensión internacional. El dinero generado por una organización dedicada al tráfico de drogas puede recorrer varios países antes de terminar financiando un complejo hostelero o una empresa de ocio. La digitalización financiera, las sociedades constituidas en distintas jurisdicciones y el uso de testaferros dificultan seguir el rastro de los fondos.

Existe además un efecto menos visible, pero igualmente preocupante. Cuando el crimen organizado entra en un mercado legal no busca únicamente obtener beneficios. También pretende ganar influencia económica y social.

Un empresario que controla establecimientos de referencia puede establecer relaciones con proveedores, administraciones, entidades financieras y otros actores económicos, ampliando así su capacidad de influencia mucho más allá de la actividad delictiva que originó su patrimonio. Y precisamente este networking hace que un narcotraficante sea para el gran público un empresario más, es su gran baza para dejar atrás esa sombra que le persigue toda la vida a un criminal.

El turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos y la inmensa mayoría de sus operadores cumplen las normas fiscales, laborales y mercantiles. Precisamente por ello, identificar a quienes utilizan este sector para blanquear capitales resulta esencial para proteger la competencia y la reputación del mercado.

Los expertos sostienen que la respuesta no pasa únicamente por aumentar las investigaciones policiales. La transparencia societaria, el intercambio internacional de información financiera, la cooperación judicial internacional y el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos se han convertido en elementos decisivos para detectar operaciones sospechosas antes de que el dinero ilícito quede completamente integrado en la economía formal.

El verano seguirá siendo una temporada de crecimiento económico y oportunidades empresariales. Pero también continuará representando un escenario atractivo para quienes intentan ocultar el origen de fortunas construidas al margen de la ley.

La batalla ya no se libra únicamente en puertos, fronteras o almacenes clandestinos. Cada vez con mayor frecuencia se desarrolla detrás de una barra de un establecimiento de moda, en la compraventa de un hotel o en la adquisición de una empresa que, sobre el papel, parece una inversión tan legítima como cualquier otra. Ahí reside el verdadero desafío: distinguir cuándo el éxito empresarial responde al dinamismo del mercado y cuándo es simplemente la última fase de un proceso de blanqueo cuidadosamente diseñado. Marbella e Ibiza son los grandes focos del turismo internacional de ocio durante el verano en España, y en ellos son donde más ha invertido el crimen organizado internacional.

Por ejemplo, en Marbella en 2019 asesinaron a tiros al dueño de la mítica discoteca Tibu de Puerto Banús y también era dueño de otros cuatro establecimientos de ocio de la zona. Lo asesinó un clan de la Mocro Mafia, pero la Audiencia Provincial de Málaga absolvió a dos sicarios neerlandeses que se encontraban ese día en Marbella de estos hechos.

Otro caso reciente fue el doble asesinato del clan Lyons en Fuengirola que ocurrió el año pasado en el Pub Monaghans, un establecimiento en pleno paseo marítimo de la ciudad. Un lugar privilegiado que acabó con un reguero de sangre y que al poco tiempo cambió de apariencia para tapar que los verdaderos dueños pertenecen a la estirpe del narcotraficante Ross Monaghan. Es sólo un ejemplo, hay muchos más.

Berkshire Hathaway HomeServices Spain (BHHS Spain), una de las inmobiliarias más importantes de España en el sector de las viviendas de alta gama, ha rescindido de manera inmediata "las relaciones comerciales con la compañía en la que el señor Luca Tamburello era socio comercial". Lo ha hecho tras la operación policial desarrollada de forma conjunta por autoridades italianas y españolas que descubrió la estructura de blanqueo de capitales asociada a Matteo Mesina Denaro, el último gran capo de la mafia que falleció en 2023.

"BHHS Spain no tenía ningún conocimiento de las actividades del señor Tamburello que están siendo investigadas", explicaron fuentes de la inmobiliaria a Narcodiario, en respuesta a las informaciones policiales y periodísticas que trascendieron la última semana.

"La cultura empresarial de la compañía siempre ha sido, y continuará siendo, de tolerancia cero frente a cualquier actividad de naturaleza ilícita", añadieron desde la compañía, especializada en viviendas de lujo en distintos puntos de España y con una fuerte implantación en la Costa del Sol y en toda la costa mediterránea.

La investigación ha puesto ahora el foco en Giacomo Tamburello, narcotraficante siciliano de Campobello di Mazara, señalado como una pieza clave en el presunto entramado destinado a camuflar la fortuna de Matteo Messina Denaro. Varios colaboradores de la justicia de la Cosa Nostra han declarado en distintas ocasiones que Tamburello pagaba el 10% de cada alijo de droga que gestionaba a Messina Denaro, como muestra de subordinación. Era, según esas declaraciones, una de sus personas de máxima confianza.

Las sociedades que Giacomo Tamburello controlaría en España a través de su hijo y de su exmujer, Maria Antonina Bruno, estarían vinculadas a inmobiliarias de lujo en la Costa del Sol, gestionadas por su hijo Luca. Este último, ahora situado en el centro de la investigación, había logrado consolidarse como un respetado hombre de negocios en Málaga.

El presunto testaferro destaca por sus habilidades en el mundo de la banca. Según su LinkedIn, trabajó en Morgan Stanley en Londres antes de fundar una inmobiliaria en Marbella en 2009. Esa empresa le habría servido posteriormente para ser la imagen visible en Málaga de la poderosa inmobiliaria de Warren Buffet, Berkshire Hathaway HomeServices, la misma que ha roto cualquier relación con él tras conocer que, según la Guardia di Finanza y la Policía Nacional, estaba lavando los enormes beneficios de la Cosa Nostra.

En mayo de 2016, hace un década, el nombre de Alejandro Salgado Vega no aparecía en el radar de los grandes organismos oficiales. Hace una década, sin embargo, un joven madrileño que aún no había cumplido los 38 años se daba de alta en la Receita Federal de Brasil, la Hacienda del país sudamericano, con su número en el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), imprescindible para cualquier persona que pretenda realizar inversiones en el país. Entonces no se le conocía, que se sepa, como El Tigre ni Don Máquina, como reflejan las investigaciones posteriores de la Policía Nacional en el entramado del inspector jefe de los 20 millones en su vivienda. Pero parecía saber bien lo que tenía entre manos.

Alejandro Salgado Vega es hoy el objetivo prioritario de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, y como decía el anuncio "y cada día el de más gente". Y lo es por un motivo con fundamento: las autoridades judiciales españolas creen que es el narcotraficante español más poderoso a nivel internacional. Tanto es así que su nombre ya no sólo aparece recurrentemente en los juzgados especializados españoles, también ocurre en el extranjero. En ese escenario del narcotráfico internacional, un país clave a la hora de los envíos de cocaína hacia Europa es Brasil, y cualquier gran capo que se precie debe controlarlo.

Esta semana, la Policía Federal brasileña, una de las que más colabora con la española en cuestiones relacionadas con el crimen organizado, lanzó una operación para rastrear bienes patrimoniales al PCC (Primeiro Comando Capital) y a sus aliados. Su prioridad era encontrar las propiedades en Brasil del narcotraficante serbio Antun Mrdeza, que durante muchos años ha utilizado una identidad falsa italiana en la que se llamaba Nikola Boros hasta que cayó en Venezuela en 2025, y se le acabó eso renegar de su nacionalidad balcánica. Este narco serbio ha sido señalado por la DEA de forma reiterada porque tienen información de que controla rutas de cocaína hacia EEUU y Europa. Y en medio de esta operación aparece el nombre del Tigre porque, según la policía brasileña, es socio clave de Mrdeza.

La operación se desarrolló el martes con el nombre de Narco Sky, derivada de la operación Narco Vela, para desmantelar una organización criminal especializada en el narcotráfico internacional. Como se recordará, la operación Narco Vela sirvió para desmantelar la gran red criminal del PCC que introducía alijos de cocaína a gran escala que, procedentes de Brasil, acababan en África Occidental y en Europa con las Islas Canarias como puente. Las autoridades del país sudamericano apuntaron en su día a un famoso influencer, Buzeira, amigo personal del futbolista Neymar jr -llegó a regalarle una cadena de oro valorada en 400.000 dólares- como una pieza clave para el blanqueo de la red criminal. Así lo contó Narcodiario.

Las investigaciones, llevadas a cabo con el apoyo de mecanismos de cooperación jurídica internacional, identificaron esta misma semana una estructura criminal dedicada al transporte de cargamentos de drogas desde Brasil a países de Europa y África a través de rutas marítimas internacionales.

Se ejecutaron diez órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de registro e incautación emitidas por el Juzgado Federal de Santos, en direcciones ubicadas en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul y Pará.

El Tribunal Federal también ordenó la congelación y el embargo de numerosos bienes y objetos de valor. La decisión autorizó además la inclusión de los investigados en la Notificación Roja de Interpol, dada la existencia de prófugos extranjeros buscados por las fuerzas policiales de otros países por su presunta participación en el narcotráfico internacional. En esta pieza aparece Salgado Vega, que, como hemos adelantado, tiene intereses en Brasil desde hace una década, como mínimo. Brasil se une a la lista de países que le reclaman para responder ante la Justicia. En concreto, le atribuyen su participación en el envío de 340 kilos de cocaína a bordo del buque Venezia que partió de Rio Grande do Sul en agosto de 2020. 

El Tigre posiblemente sea el narcotraficante español más poderoso conocido hasta la fecha debido a que coordina alijos de cocaína multimillonarios. Se ha labrado una red de contactos tan elevada que le ha permitido vivir con inmunidad en Emiratos Árabes Unidos. El nombre de Alejandro Salgado Vega sonó policialmente ya antes de la pandemia en España, pero no comenzó a circular por medios nacionales hasta el caso del inspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez, que salió a la luz pública tras descubrirse los 20 millones de euros en efectivo que guardaba en su casa. Fue en ese momento cuando encajaron todas las piezas del puzzle.

Ahora, cuando su paradero real es toda una incógnita -hay quien le sitúa aún en Dubái, pero los últimos movimientos policiales en el emirato pueden haberle hecho huir, quizá hacia Asia, quizá hacia África, buscando países sin tratados de extradición- se le vincula con el Cartel de los Balcanes, la Ndrangheta, la Mocro Mafia y el PCC, asó como con las principales organizaciones criminales colombianas, o la Mafia Albanesa.

Todo porque es un bróker de cocaína muy respetado en el hampa internacional. Ganándose la confianza de las mafias internacionales más potentes ha logrado tejer los mejores contactos para conseguir introducir en Europa alijos multimillonarios. Y esto es tan evidente que la Policía Federal brasileña maneja su ficha policial española. A diferencia de otros narcotraficantes españoles históricos que están retenidos en la memoria colectiva del país, el Tigre no es sólo simplemente el transportista. Es el dueño de buena parte de la mercancía, un detalle fundamental. En Dubái, además, era reconocido por el control de los puertos de entrada en Europa. Parte del mismo, al menos el de los españoles, se le ha caído tras la incautación de las 13 toneladas en Algeciras y el operativo contra el citado inspector jefe corrupto.

Sus alijos están al alcance de muy pocos. Se codea a otro nivel porque no sólo consigue que la droga llegue a donde sus clientes necesiten, sino que ofrece unas garantías de seguridad en las transacciones que son impensables para otras organizaciones criminales. En el caso de Óscar Sánchez conseguían saber si los contenedores cargados de droga o las empresas tapadera utilizadas en la operación estaban marcadas por la Policía. Y en vista de las operaciones de droga con las que se le está vinculando, no debe ser el único caso de supuesto funcionario corrupto que estaba en nómina del Tigre.

Esta última investigación dirigida desde Brasil presenta pruebas de que Salgado Vega es un aliado del Cartel de los Balcanes y del PCC, ya que utilizaban aviones para mover la droga hacia la costa brasileña para cargarla luego en el transporte decidido. Brasil es un país imprescindible para dar salida al stock de cocaína que existe en Sudamérica hacia Europa, tanto en narcosubmarinos como en puertos como el de Santos. La droga que parte del territorio carioca necesita de gente como el Tigre y él está encantado de que requieran sus servicios.

El Tigre ya pertenece a la Junta del Narcotráfico, tal y como la bautizó el presidente de Colombia, que viene a ser la unión empresarial de varios capos de la droga que ofrecen sus servicios de brókers a otras grandes organizaciones criminales. Básicamente, cada uno de ellos comparte ganancias y riesgos en alijos multimillonarios como el que la Guardia Civil descubrió en el Arconian. En la mesa de esos acuerdos estrictamente empresariales de capos como el Tigre, se encuentra capos de la 'Ndrangheta, capos colombianos, mexicanos, serbios o albaneses. Una amalgama de traficantes que al unirse consiguen acceder a puertos o territorios que les sería imposible si no existiera esta relación. Y junto a ellos, individuos concretos de alto valor, como el neerlandés Jos Leijdekkers o el español Alejandro Salgado.

El salto cuantitativo del Tigre tampoco pasó desapercibido para la DEA, y eso sí que le puede suponer un serio problema. Después de salir en prensa, sus movimientos se limitaron en Emiratos Árabes Unidos, tanto que, como se ha dicho, no se sabe dónde está en este momento.

El Ministerio de Justicia de Portugal ha anunciado la entrada en vigor de la nueva ley que pretende combatir el uso de embarcaciones de alta velocidad (EAV), las famosas narcolanchas, para el tráfico internacional de drogas y otros los delitos vinculados al crimen organizado. Lisboa legisla en un momento en el que la presencia de estas lanchas se ha convertido en un problema de primer orden en toda la frontera sur y oeste de la Unión Europea, con cientos de ellas operando al sur de la península ibérica con un único objetivo: introducir grandes partidas de droga en el continente.

El nuevo marco legal, sin embargo, se queda a medias: introduce algunas medidas de control, pero mantiene en esencia la legalidad de estas planeadoras, cuya navegación solo estará prohibida durante la noche. El pasado domingo, 17 de mayo, entró en vigor el Decreto Ley 43/2026, el "nuevo régimen de las embarcaciones de alta velocidad". Ni siquiera la muerte de un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) embestido por una de estas embarcaciones en el río Guadiana, parece haber sido suficiente para que el legislador portugués dé un paso más contundente.

El régimen afecta a las lanchas neumáticas y semirrígidas de alta potencia, "cada vez más utilizadas en el tráfico de drogas y personas en la costa portuguesa", según explica Justicia. A partir de ahora estarán sometidas a un mayor control y trazabilidad, pero no quedan prohibidas. La legislación portuguesa, por tanto, no va en la misma línea que la española, donde la mera tenencia de estas embarcaciones constituye un delito de contrabando desde 2018.

El Ministerio detalla que los principales cambios consisten en la obligatoriedad del Sistema de Identificación Automática (AIS), así como en la colocación de una marca visible que identifique la embarcación como EAV.

La nueva normativa obliga, además, a comunicar previamente las entradas y salidas del territorio nacional, y exige que las embarcaciones permanezcan atracadas entre las 21.00 y las 7.00 horas, es decir, durante la noche. Ese horario, sin embargo, se queda corto en invierno, cuando en algunas épocas anochece antes de las 18.00 horas y no amanece hasta pasadas las 8.00. En cualquier caso, parece una medida de escaso alcance.

Junto a ello, cualquier movimiento vinculado a la importación, exportación o transporte de estas embarcaciones requerirá autorización previa de la Autoridad Marítima.

La ley también prohíbe transportar combustible adicional más allá del que albergan los propios depósitos de la lancha, es decir, llevar garrafas a bordo.

Las multas por incumplir el nuevo articulado oscilan entre los 25.000 y los 100.000 euros, en función del número de tripulantes. Además, se introduce responsabilidad penal: la nueva ley contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión por posesión o cesión ilegal de embarcaciones de alta velocidad, y de hasta dos años para quien las pilote sin la habilitación correspondiente.

"Portugal tiene 2.500 kilómetros de costa. Protegerla exige reglas modernas", explica el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la respuesta legislativa parece quedarse corta ante la presencia constante de estas lanchas y de los narcotraficantes que las utilizan en territorio portugués, en estrecha conexión con España, donde las reglas del juego son distintas.

Así, la regulación lusa no impedirá que los narcos españoles sigan empleando sus aguas y sus naves industriales como refugio. Al contrario: podrán ampararse en el articulado de un marco legal que avanza muy inferior a la de unas embarcaciones que siguen siendo en buena medida legales en Portugal y que representan ya un problema de primer orden para la seguridad ciudadana en toda la península ibérica.

Los clanes históricos que dominan amplias franjas del territorio suponen un serio problema para la seguridad y la tranquilidad del resto de los vecinos, pues intentan implantar sus propias leyes saltándose, en ocasiones, al propio Estado. Así ocurría en Font de la Pólvora y amplias zonas de Girona, tal y como relató este martes Narcodiario, y así sucedía también en Cantabria, hasta que la Policía ha logrado intervenir. Son tácticas que recuerdan mucho a lo que sucede en Italia con las distintas facciones mafiosas, y que cada vez se ven con más frecuencia en España.

Así, los agentes han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales, entre otros hechos ilícitos, con base en Torrelavega y otras localidades cercanas. La Policía ha detenido a 33 personas y ha bloqueado más de un millón de euros en bienes y activos vinculados a la actividad criminal como 118 cuentas bancarias, 27 propiedades y 110 vehículos.

En el operativo, desarrollado de forma simultánea en Torrelavega, Cartes y Barreda, participaron más de 400 agentes y se practicaron 26 entradas y registros donde incautaron dinero, drogas, gallos de pelea y diversas armas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía y la Autoridad Judicial de Torrelavega, se inició en 2025, tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal ubicado en esta ciudad y que estaría organizando peleas ilegales de gallos. A partir de ese momento se inició una compleja investigación multidisciplinar que se prolongó durante más de un año y medio.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que la organización no solo se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas relacionadas con el maltrato animal, sino que mantenía una intensa actividad criminal en múltiples ámbitos delictivos que llevaba años afectando gravemente a la seguridad y convivencia ciudadana.

Los integrantes del grupo habían dado recientemente un salto cualitativo en su peligrosidad al comenzar a hacer uso de armas, llegando incluso a protagonizar enfrentamientos que pusieron en peligro la vida de terceras personas.

La investigación permitió acreditar que la organización ejercía un fuerte control e intimidación en determinadas zonas de la ciudad, llegando en ocasiones a amenazar y amedrentar a vecinos si no se sometían a sus imposiciones. Asimismo, los investigados se aprovechaban de la dependencia generada por las sustancias estupefacientes que ellos mismos distribuían para utilizar a consumidores como autores materiales de distintos delitos contra el patrimonio, obteniendo posteriormente los beneficios económicos derivados de los robos y hurtos cometidos por encargo.

Con el dinero obtenido de estas actividades delictivas, la organización habría generado un patrimonio superior al millón de euros, a pesar de que algunos de sus miembros carecían de actividad laboral conocida. Parte de los bienes incluso figuraban a nombre de menores de edad con el objetivo de dificultar su localización y embargo.

Una vez reunidos los indicios necesarios y ante la creciente alarma social generada por la actividad delictiva del grupo, se llevó a cabo la explotación de la operación policial durante la madrugada del pasado miércoles.

El dispositivo se inició a las cinco de la mañana con la ejecución simultánea de 26 entradas y registros en Torrelavega, Cartes y Barreda, en los que participaron más de 400 efectivos pertenecientes a distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, incluidas las excavadoras y robots de los Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) que ya se vieron recientemente en operaciones antidroga en Galicia.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 10.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína y hachís—, armas como una catana, navajas y un bate de béisbol, así como útiles empleados para el maltrato animal, 40 teléfonos móviles y 32 piezas de oro.

También fueron localizados 53 gallos de pelea que presentaban distintas lesiones –seis de ellos fallecidos– descubriendo además que contaban con cintas de correr para fortalecer a los animales.

Paralelamente, gracias al trabajo desarrollado por las unidades especializadas en investigación económica, se procedió al bloqueo de 118 cuentas bancarias pertenecientes a 51 investigados, así como a la prohibición de disposición sobre 110 vehículos y 27 propiedades inmobiliarias. Actualmente, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones.

La llegada de cargamentos de cocaína a los puertos europeos ocultos bajo la línea de flotación de grandes mercantes es una realidad desde hace años. Ha habido varios casos de incautaciones en las Islas Canarias, primer punto de referencia de estas embarcaciones al este del Atlántico, y también en la provincia de Pontevedra, ya en la Europa continental, donde se han detectado casos tan sofisticados como los que implican la recogida de la droga mediante seabob.

El origen de estos cargamentos es variado, pero desde hace tiempo se sospechaba de redes de envío con presencia en Brasil, un país tan extenso como difícil de controlar desde el punto de vista policial. Allí ya se habían desarrollado operaciones contra redes de narcobuzos, pero pocas con la dimensión de la desplegada el pasado martes.

La Policía Federal brasileña puso en marcha la Operación Tirocinium con el objetivo de desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico transnacional mediante este sistema, así como al envío de droga en contenedores marítimos y al lavado de dinero.

La operación se desarrolló simultáneamente en diez municipios del estado de Santa Catarina —Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Barra Velha, Garuva, Jaraguá do Sul e Imbituba—, además de en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, y Uberaba, en Minas Gerais.

Los agentes ejecutaron 18 órdenes de prisión preventiva y 31 registros, además de cuatro medidas cautelares que incluyen vigilancia electrónica. El dispositivo buscaba desarticular el núcleo financiero de la organización criminal mediante la incautación de 36 propiedades, la confiscación de vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 35 personas investigadas.

Las pesquisas revelaron que el grupo utilizaba la logística portuaria para exportar cargamentos de droga con destino a Europa y África. También se identificó una trama de blanqueo de capitales que recurría a empresas pantalla, intermediarios y operaciones comerciales ficticias para reintroducir en el sistema financiero los beneficios obtenidos del narcotráfico.

La operación es resultado de investigaciones iniciadas en 2023 a partir de detenciones realizadas en zonas portuarias de Santa Catarina, que permitieron identificar una estructura criminal de alcance internacional.

Durante la investigación se han incautado aproximadamente 4,6 toneladas de cocaína y se han practicado otros siete arrestos. También se han intervenido rifles, pistolas, granadas, munición y una ametralladora de calibre 50.

Como se aprecia en las imágenes, además de numerosas armas, los agentes intervinieron droga preparada en bolsas con doble y triple cobertura, así como cuerdas y sacos impermeables, material destinado a resistir largas travesías oceánicas en un entorno completamente húmedo. El cofre de mar, el lugar elegido para ocultar estos cargamentos, se utiliza habitualmente para la entrada de agua y la refrigeración natural de la zona de motores de los buques.

Tras la traición que llevó a la detención por parte de Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, gran capo de lo que fue el cártel de Sinaloa, comenzó una cruenta guerra civil interna que sigue activa y de la que aún no se han recuperado ni Sinaloa (México) ni la propia organización criminal. De hecho, una de las facciones implicadas está siendo masacrada por la otra. La principal razón es que no tiene respaldo político federal del Estado de Sinaloa, algo imprescindible para ellos, porque ese apoyo se ha desmoronado como un castillo de naipes en estas últimas dos semanas.

La estructura de los cárteles mexicanos es imposible de sostener en el tiempo sin que políticos muy importantes del país estén implicados en el mismo juego. Y eso está teniendo consecuencias ahora mismo en Sinaloa tras una ofensiva completa de la justicia de Estados Unidos contra representantes públicos sinaloenses muy relevantes.

El cártel de Sinaloa es una empresa criminal multimillonaria con ramificaciones en todo el mundo y que basa sus ingresos es el tráfico de drogas. Con los años ha diversificado tanto el negocio que posee empresas legales que dan beneficios reales a toda la organización, pero ahora se encuentra en un momento de cambio total. El cártel se basaba en una alianza férrea entre la estructura del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán que cambió por completo el 25 de julio de 2024, cuando Zambada llegó en un avión a un aeropuerto de Texas y pasó a estar bajo custodia de un juez estadounidense.

La traición al Mayo Zambada por parte de los hijos del Chapo Guzmán cavó la propia tumba de la organización, que ha ido perdiendo sus principales piezas poco a poco, primero a Ovidio Guzmán López y después Joaquín Guzmán López.

El primero duró mucho en libertad tras protagonizar el Culiacanazo, el mayor escándalo de seguridad de la década en México. Y el segundo fue quien lideró la artimaña para entregar al Mayo Zambada a Estados Unidos. Sin Joaquín Guzmán López no habría sido posible esto, fruto de la cooperación que han tenido los hijos del Chapo Guzmán con la DEA y con otras instancias de EEUU. Todo apunta a una venganza orquestada hace ya tiempo, por una motivación concreta: uno de los hijos del Mayo, Vicente Zambada, alias Vicentillo, se convirtió hace años en testigo protegido en para la agencia americana, y por eso disfruta de su libertad.

En esta trama de vendettas y traiciones hay una larga historia detrás, porque todos los grandes capos actuales del cártel de Sinaloa se conocían desde niños. El Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada y que ha heredado la organización criminal, declaró la guerra de por vida a los hijos del Chapo Guzmán. Todos están en la diana, y cualquiera que les apoye también. Así lo ha demostrado en estos casi dos años.

No ha dejado títere con cabeza y ha logrado llegar a acuerdos con antiguos rivales dentro del propio Estado sinaloense, como lo es el Chapo Isidro, otro narcotraficante muy importante de Sinaloa que heredó el clan de los Beltrán Leyva y que se ganó mucho respeto de personas relevantes del crimen organizado mexicano.

Esta alianza le ha permitido al Mayito Flaco librar una guerra completa contra los hijos del Chapo Guzmán, llegando a solicitar apoyo éstos últimos al cártel Jalisco Nueva Generación, un hecho inaudito dentro del Estado de Sinaloa y que habla de la debilidad para mantener el terreno de quienes fueran los reyes del narcotráfico en México.

Toda esta situación de combates con asesinatos selectivos y tiroteos entre convoyes de sicarios y en la que miles de personas han perdido la vida ha provocado un decrecimiento de la economía de la capital de Sinaloa, Culiacán, fruto de un aumento de la violencia descontrolada que afecta en el día a día al ciudadano y a su vez a cualquier empresa.

La gran consecuencia política de todo esto en Sinaloa ha sido la caída de su gobernador, Rubén Rocha Moya, y junto a él, expolíticos y funcionarios de las altas instancias de ese Estado que fueron acusados directamente por la justicia estadounidense de cooperar con el cártel.

Con el paso atrás del gobernador de Sinaloa, y mientras se dilucida la petición de extradición, corre un rumor que dinamitaría el futuro de la carrera criminal de los hijos del Chapo Guzmán. Sin la protección política en su Estado, se sabe que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el último de Los Chapitos que sigue libre, está tratando de negociar una entrega pactada con la justicia de EEUU.

Los términos son por ahora secretos y los intereses que hay detrás también, porque hay mucho en juego. La única forma de ofrecer algo a EEUU es colaborando con ellos, y por la ofensiva judicial de este último mes parece que el Gobierno de Donald Trump ha adoptado una vía para tratar de limitar la influencia política de los cárteles mexicanos dando órdenes de centrarse en los representantes políticos que permiten que el sistema criminal tenga vigencia.

Mientras las piezas de ajedrez se mueven, el Mayito Flaco sigue ganando peso en el crimen organizado mexicano. Las gallinas que entran por las que salen.

Iván, el gran capo de Los Chapitos, se piensa el hecho de entrar en prisión, algo que parece que va a suceder con políticos sinaloenses que esta semana han llegado a plantarse ante la justicia de EEUU, como es el caso de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el mismo Estado.

Es decir, quienes estos últimos años tenían la responsabilidad de controlar la seguridad y la economía de Sinaloa están acusados de trabajar directamente para Los Chapitos controlando rutas de cocaína y armas. Un jarro de agua fría para la Administración de México. Y no serán los únicos en caer, porque se sospecha que Iván Archivaldo dará nombres y apellidos de quienes tenía a sueldo, y esa lista puede ser infinita mientras el cártel de Sinaloa desaparece para convertirse en otra organización criminal.

Si se borra del mapa a los hijos del Chapo, la historia de los cárteles mexicanos lleva a pensar que la facción del Mayo Zambada dirigida por una de sus vástagos se hará tan grande como lo fue en su día el conjunto de todas las organizaciones criminales que formaban parte del cártel de Sinaloa. Y en estos momentos esa gran organización criminal sólo es una mezcla de vendettas y traiciones que seguirán perpetuándose en el tiempo. Mientras el pueblo mexicano sufre sus consecuencias.

La tripulación del guardacostas Tahoma interceptó simultáneamente tres embarcaciones sospechosas de contrabando que transportaban aproximadamente 2.760 kilogramos de cocaína, valorada en casi 45,8 millones de dólares, el 8 de mayo, a unas 145 kilómetros de Cartagena, en Colombia. Esta incautación representa 2,3 millones de dosis potencialmente letales de cocaína que no llegarán a las calles estadounidenses y se desarrolló mediante tácticas que, esta vez sí, preservaron la vida de los sospechosos, a diferencia de lo que venía ocurriendo en otras ocasiones.

La tripulación del Tahoma desplegó sus dos pequeñas embarcaciones y la dotación aérea del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera, que se encontraba desplegada, detuvo a las tres embarcaciones.

Una de las narcolanchas se negó a cooperar —no se detenía— y fue necesario el uso de tácticas aéreas, incluyendo disparos de precisión de francotiradores dirigidos a los motores, para obligarla a detenerse.

Como consecuencia, los presuntos contrabandistas a bordo saltaron por la borda. La tripulación aérea lanzó varios chalecos salvavidas y las personas fueron rescatadas sin que se reportaran heridos. Las otras dos embarcaciones se detuvieron cuando las tripulaciones de la Guardia Costera se lo ordenaron.

“La interceptación simultánea de tres embarcaciones es una muestra del profesionalismo, la precisión y la dedicación inquebrantables de nuestras tripulaciones”, declaró el comandante Nolan Cuevas, oficial al mando del Tahoma. “Esta interceptación impidió que una cantidad significativa de narcóticos ilegales llegara a las costas estadounidenses, y su trabajo en equipo subraya la misión de la Guardia Costera de proteger a nuestra nación y salvar vidas”.

Estas declaraciones y este modo de actuar confronta directamente con las ejecuciones de personas sospechosas de narcotráfico que se produjeron en los últimos meses en la región, con más de un centenar de muertes por bombardeos estadounidenses con el pretexto de que transportaban droga. 

La Cosa Nostra inventó en Sicilia una forma de asesinar que consistía en hacer desaparecer, literalmente, el cuerpo de la víctima de la faz de la tierra. Esa era, según pensaban, la mejor manera de eludir responsabilidad por uno de los delitos más graves que se pueden cometer: el asesinato. Sin un cuerpo, es muy difícil acreditar lo ocurrido, y eso es lo que hizo la mafia desde sus inicios. Primero en Italia y, después, también en Estados Unidos. Lo hemos visto en muchas películas, pero es un sistema muy real.

En esa tarea de hacer desaparecer cuerpos humanos, la mafia italiana fue perfeccionando su método. La lupara bianca consistía en disolver un cuerpo en ácido para que desapareciese visualmente hasta convertirse en una sustancia indetectable para los investigadores.

Esto es, exactamente, lo que intentaron hacer durante el pasado mes de marzo los asesinos del empresario alicantino Jesús Tavira, pero no lograron ser tan eficaces como los Corleonesi. Mataron a Tavira y lo enterraron bajo dos metros de hormigón en un aljibe de la casa donde vive una persona que, casualmente, trabajaba para su empresa.

Este asunto coincide con otra casualidad: Tavira fue testigo de uno de los asesinatos sin resolver de la Comunidad Valenciana, el de Mari Carmen Martínez, ocurrido en 2016. Ella era la viuda de Vicente Sala Bello, presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) desde 1999 a 2010, y antecesor de Modesto Crespo al frente de la entidad. Una historia de lo más inquietante.

La CAM fue una de las últimas cajas de ahorros en España que acabó siendo absorbida por el Banco Sabadell, tras una serie de escándalos financieros que tuvieron consecuencias penales. Entre ellos, la sentencia del Tribunal Supremo que acreditó que la cúpula directiva de la entidad permitió que quien era entonces su presidente, Modesto Crespo, cobrara ilegalmente durante dos años 600.000 euros en dietas por un cargo que era honorífico. Ese fue uno de los ejemplos de cómo una entidad bancaria que llegó a tener decenas de miles de millones de euros en activos, aderezados con una sombra de corrupción letal, acabó por desaparecer.

En medio de este thriller, a Mari Carmen Martínez la asesinaron a tiros en en su Porsche Cayenne mientras se encontraba en el concesionario Novocar, una empresa de la familia. Jesús Tavira fue testigo del caso porque, en los días anteriores al asesinato, había hablado en varias ocasiones con el yerno de Martínez, investigado por los hechos y que, nueve años después, ha sido absuelto de ese crimen. Era el único acusado, por lo que el misterio del crimen de la viuda de la CAM sigue sin resolverse. Y ahora se abre otro.

Jesús Tavira desapareció el 18 de marzo de 2026. Era un empresario conocido en el sector de la compraventa de automóviles de Alicante, propietario de Autodesguace Tavira. La ubicación de su negocio fue una de las claves para que su testimonio en el asesinato de la viuda de la CAM fuera tenido en cuenta.

Su negocio se encuentra a un kilómetro del concesionario donde fue asesinada Mari Carmen Martínez. En su declaración, Tavira aseguró haber visto a dos hombres de presunto origen magrebí merodeando cerca del concesionario. Antes, dijo, esas mismas personas habían pasado también por su negocio. Este testimonio le convirtió en una pieza clave del juicio y contribuyó a que, finalmente, el yerno de la viuda de la CAM fuese absuelto.

El asesinato de Jesús Tavira recordó aquellos hechos anteriores, aunque, por ahora, no parece tener relación con ellos. Según se sabe, sus asesinos lo citaron en la calle Geranio del Bacarot de Alicante para intentar solventar un conflicto que mantenía con su mecánico del desguace. Todo apunta a un móvil económico, aunque a día de hoy no está claro cuál fue exactamente el origen de esa deuda o disputa por dinero.

El 18 de marzo desapareció Tavira, y su familia se temió lo peor. Dos días después de que faltara de su domicilio, su Audi Q5 apareció calcinado en el barrio de las Mil Viviendas de Alicante, lo que hizo presagiar un desenlace trágico ante el temor de que hubiera sido secuestrado, pero nadie recibió petición alguna de rescate. Entre el 18 de marzo y 29 de abril, los asesinos tuvieron tiempo para esconder el cadáver de Tavira, hasta que fue descubierto por la unidad especializada de la Policía Nacional.

Enterrar bajo dos metros de hormigón el cadáver de una persona después de asestarle al menos 12 puñaladas con dos armas distintas da entender que el motivo trasciende a algo más que una deuda de unos pocos miles de euros. Es más propio, como se apuntaba al inicio de este artículo, de los métodos de la Cosa Nostra.

Pero en este caso, al menos por ahora, los sospechosos son un mecánico argelino, su mujer y un tercer hombre, el único que declaró durante la instrucción. El mecánico y su esposa guardaron silencio y se encuentran en prisión provisional, ya que el cadáver de Tavira apareció enterrado en su casa alquilada. No han logrado aclarar por qué acabó ahí Jesús Tavira. Hay, además, un cuarto identificado, aunque que no aportó demasiado al caso.

En cuanto a la identificación del cuerpo, fue posible porque, a pesar del avanzado estado de descomposición que presentaba, sus asesinos cometieron el grave error de sepultarlo con la medalla de San Sebastián que llevaba y que la familia reconoció fácilmente.

Este asesinato reaviva el misterio del crimen de la viuda de la CAM y abre otro en torno a la muerte de Jesús Tavira, cuyo móvil la Policía aún trata de esclarecer. La familia declaró al diario El Español que Omar, el mecánico y principal sospechoso del crimen, entraba y salía con frecuencia del negocio de desguaces y que, a pesar de una posible deuda por unas vacaciones no pagadas, no se explican porqué pudo cometer algo así.

El caso ha sido mediático porque ambos asesinatos han acabado vinculándose en el relato público. Una forma tan macabra de hacer desaparecer a una persona recuerda siempre a la Cosa Nostra, y también coincide que hace no mucho se resolvió el asesinato de Francisca Cárdenas, que fue encontrada enterrada en la vivienda de su asesino confeso, en Hornachos (Badajoz). Aquello ocurrió el pasado 11 marzo, una semana antes de que Jesús Tavira fuese asesinado.

La coincidencia de fechas permite plantear la posibilidad de que los asesinos de Tavira tomaran la idea de esconder su cuerpo tras ver las noticias recientes sobre el caso de Francisca Cárdenas, de quien no se supo nada desde el 9 de mayo de 2017. Por suerte, en el caso de Tavira, la Policía logró resolverlo antes. Quizás porque alguien compró hormigón hace no mucho.

Los Corleonesi resolvían esto con ácido, un proceso más complejo. Estos asesinos creyeron que el hormigón bastaría para librarse, pero, si se prueba su responsabilidad, acabarán pasando mucho tiempo en prisión para rendir cuentas ante la sociedad. Nunca sale bien copiarse, y menos si copias un método de un asesino. En todo caso, antes habrá que probar quién hizo qué, porque Omar y su esposa podrían ser solo el escalón más bajo de la pirámide.

Los narcotraficantes históricos de Huelva han sido más discretos que los que operan en el Campo de Gibraltar y a la largo de estos últimos años les han ganado la partida. Sin hacer ruido ya juegan en las grandes ligas del narcotráfico en Europa, y han ganado una responsabilidad en el trasiego de cocaína que ya quisieran otras organizaciones criminales internacionales. No hay más que ver la operación que está desarrollando esta semana la Guardia Civil, con un despliegue de medios navales con pocos precedentes, apoyo de la Armada y Vigilancia Aduanera, con miles de kilos de cocaína incautados en altamar.

Ese ascenso meteórico lo han logrado por una forma de proceder estructurada que les ha hecho ganarse una confianza de proveedores internacionales potentísimos de Colombia, Ecuador y, recientemente, también en México. Hay alianzas de las que todavía no se habla en España, pero ya se comentan en Jalisco (México) donde se hacen referencias a narcos andaluces que tienen negocios con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Después de esta información ya lo sabrán los lectores de Narcodiario e infoLibre.

Esto queda constancia en corridos tumbados de los artistas El Primo & Remp, donde, en la canción 888, narran la vida de todo lujo de un capo de esta organización criminal mexicana que hasta comienzos de año estaba dirigiendo El Mencho. Esta estrofa en la canción es muy reveladora:

Estos cantantes mexicanos no publicarían esto si no hubieran sido autorizados por el propio CJNG, ya que en otras canciones mencionan directamente a jefes de plaza del Cartel y eso no es posible si la propia organización no da el visto bueno. Ocurre así porque los artistas se pondrían una diana en la cabeza si hicieran lo contrario, algo que nadie quiere. No serían los primeros ni los últimos artistas mexicanos de narcocorridos asesinados por no seguir las pautas de las organizaciones criminales.

Las redes de narcos presentes en Huelva, además, están explotando la posición geográfica privilegiada de la provincia para sacarle el máximo rendimiento. Si se revisa la hemeroteca más cercana en el tiempo, el mes pasado se intervinieron más de 5.000 kilos de cocaína en una misma operación. Esto es algo que sería impensable hace 10 años, porque la capacidad logística que se necesita para mover esa cantidad de cocaína y de que los mayores proveedores de esa droga depositen su confianza para realizarlo era una quimera.

El montante de negocio de alijo que se introdujo con narcolanchas por las playas de Huelva supera los 100 millones de euros, un volumen de dinero que hace entrar a estos narcos especializados hace años con el hachís en la misma mesa de póker en la que están la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia, el Cártel de los Balcanes, los Hells Angels, la mafia rusa o la mafia sueca.

Y están ahí porque la droga que está entrando por Huelva se dirige a otros países europeos y la comercializan mafias internacionales como las anteriormente mencionadas. Que aparte del alijo de cocaína se descubriera por la Policía Nacional un arsenal de armas de Kalashnikov hace que sea lógico pensar que estos traficantes defienden con su vida el cargamento.

Ya se vieron unas imágenes de un alijo de cocaína en plena ría de Huelva que era defendido en esos momentos con armas largas. Aquel documento se publicó en Narcodiario en el verano de 2024 y la Udyco Central de la Policía Nacional realizó un gran trabajo desarticulando a ese clan a principios de 2025. Pero a pesar de esto la droga sigue entrando como más que nunca.

El clan que se encargó del alijo millonario, el de los más de 5.000 kilos, utilizó el municipio de Gibraleón como hub logístico para luego derivar a localidades sevillanas la droga poco a poco, con convoyes armados y realizando contravigilancias en el trayecto. Fue desde ese municipio porque utilizaron algunas de las playas que van desde Isla Cristina a Matalascañas para alijar allí con la droga que venía cargada en narcolanchas. En otras ocasiones están utilizando viviendas como 'guarderías' en localidades pegadas a la rivera del Guadiana, porque es el otro punto clave del narcotráfico en Huelva. Ya se han incautado allí otros grandes cargamentos.

Los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera sobre el terreno saben que se enfrentan al que quizás se haya convertido en el punto más caliente del narcotráfico en España. Y lo es porque se mezcla la entrada histórica de hachís con la cocaína, y esta última droga trae consigo un aumento del beneficio y con ello una violencia adherida. El dinero crece para las organizaciones criminales, pero también los riesgos.

La cocaína que se introduce por las playas de Huelva llega ahí por medio de narcosubmarinos, buques nodriza tipo pesquero o remolcador o incluso mercantes que parten desde Sudamérica. Con esos tres modelos de transporte se hace llegar la droga a las narcolanchas que finalizan el trayecto. Los narcos de Huelva son los especialistas en esto, y navegan cada vez más lejos para realizar los traspasos de cocaína porque su operatividad es superior a la de antes y a su vez son más eficaces.

Por eso se dan un cúmulo de circunstancias importantes para que Huelva esté en el punto de mira de distintas organizaciones criminales internacionales; el poder alijar antes que adentrarse por el Estrecho de Gibraltar facilita las cosas, aunque las autoridades portuguesas están colaborando en mayor proporción que antes. Como mencionamos antes, descargar la droga desde una 'goma' antes de llegar al Mediterráneo elimina riesgos para una organización criminal internacional. En esta misma acción que se desarrolla estos días, Portugal ya ha anunciado la recuperación del agua de 1.000 kilos de cocaína.

También hay otra variable a tener en cuenta. En Huelva, con el último gran alijo descubierto, salta a la palestra que los pupilos de gente como Sergio Mora Carrasco, más conocido como el Yeyo, siguen ampliando su capacidad criminal. El Yeyo forma parte de la leyenda del hampa en la provincia onubense y actualmente sigue fugitivo de la justicia y, por supuesto, controlando el negocio desde fuera de España. Lo hace desde 2017, y su periplo como 'latitante' lo inició huyendo en helicóptero desde La Hacienda Montija que le fue expropiada por la Audiencia Nacional el pasado verano. Se le vincula con transportes de droga para la red del narcotúnel de Ceuta, entre otras acciones recientes.

Huelva con uno de los principales capos de España fugitivo, una situación geográfica privilegiada, y con menos miradas judiciales que la provincia contigua de Cádiz, está un combo perfecto para el crecimiento de organizaciones criminales experimentadas. Y por ahora, no tienen techo. Se necesitan muchos medios para paliar todo esto mientras la narcoeconomía sigue ganando peso en la provincia, y más cuando han tejido alianzas estables con el cártel de las cuatro letras al otro lado del Atlántico.

Hace ya tiempo que iban a por ellos, y las últimas operaciones de la policía francesa dejan claro que hasta los traficantes de Marsella tienen límite. Los narcos que representan a la DZ Mafia ya son conocidos fuera de Francia y sus manos se dejan ver por varios lugares de España. Por eso, que se detuviera el martes a Walid Bara en Madrid no debe ser una sorpresa. Fue arrestado el mismo día en el que un tribunal francés lo condenaba a 25 años de cárcel por ser autor intelectual de un doble asesinato ocurrido en el Hotel F1 Marseille, al oeste de la ciudad.

En ese proceso mediático, al que Bara no se presentó al estar prófugo, se juzgaban a otros dos de los principales líderes de esta organización criminal que desde los barrios del norte de Marsella se han extendido por toda Francia. Con el control de las plazas de drogas habituales de ciertas zonas de Marsella, que han defendido con puestos de seguridad 24 horas y con armamento militar , han logrado conseguir ser una marca fiable para hacer negocios lucrativos en el narcotráfico. Están por debajo de otras grandes mafias, pero se les debe tener en cuenta porque aprietan mucho el gatillo. Demasiado incluso para unos traficantes. Su control territorial se ha basado en violencia pura y dura, por ello pudieron mantener su guerra por plazas de venta de estupefacientes contra la otra gran organización criminal marsellesa actual: los Yoda.

Todos actúan de forma similar; consiguen proveedores de hachís en España y por aquí logran establecer un trasiego continuo de drogas que los hace conocerse la A-7 desde Algeciras hasta Empuriabrava como si fuera su casa. Desde los famosos Go-Fast, donde los convoyes cargados de droga conduciendo a 200 km/h se hicieron su especialidad, hasta empresas pantalla de transportes que les hace transportar droga tranquilamente desde el sur de España a su país.

El hachís fue primordial para lograr un poder adquisitivo importante para los DZ Mafia, pero en estos días en sus puntos de venta de droga se vende de todo. Y se controla se forma militar, desde niños vigilando exteriores de sus barrios a hombres armados que se encuentran en su perímetro de seguridad para que nadie robe la mercancía que se está vendiendo.

El clan DZ Mafia que comenzó en Marsella con miembros principalmente de raíces argelinas ha creado franquicias ya por toda Francia. En Roubaix, por ejemplo, al norte del país, cerca de la frontera con Bélgica, se pueden leer en grafitis que su presencia allí es completa. Entre Marsella y Roubaix hay más de 1.000 kilómetros de distancia, y a pesar de esta diferencia hay miembros de la DZ allí.

Esto explica que hayan logrado hacerse con el control de la logística dentro de Francia y que, como hace el Cartel Jalisco Nueva Generación, permita a otros grupos criminales actuar bajo sus siglas si cumplen una serie de reglas.

Este grupo criminal de traficantes de Marsella también usa las redes sociales para enviar mensajes como hace el CJNG en México. Hace unos años grabaron un vídeos sosteniendo una pancarta donde se veía a un grupo de personas armados y con un cartel que indicaba que pertenecían a la DZ Mafia. Eso era una aviso de navegantes para sus rivales en Marsella, pero también fue una forma de presentarse en el hampa mundial para decir “aquí estoy yo”.

Su principal fuente de ingresos es la droga, pero también han creado un sistema para cobrar extorsión a ciertos empresarios y entraron de lleno en el tráfico de armas. Tienen cuentas de Snapchat itinerantes que presentan el armamento que en ese momento poseen para darle salida por el mercado negro. Y en sus filas ofrecen sicarios para otras organizaciones criminales internacionales. Trabajan codo con codo en ciertas ocasiones con clanes de la Mocro Mafia, una cooperación que es habitual ya en el más alto nivel del narcotráfico.

En España, la presencia de miembros de la DZ Mafia es posible detectarla fácilmente en la Costa del Sol, Alicante y Barcelona. Sus tres paradas clave para los trayectos de Go-Fast. Entre Fuengirola y Estepona a partir del mes de abril es bastante llamativa la aparición de vehículos de alta gama con matrícula francesa con sujetos que podrían aparecer en un videoclip de Lacrim. No se esconden, ni quieren. Acuden a fiestas en los locales de moda en Marbella, se gastan miles de euros, y realizan negocios de compraventa de drogas con proveedores para asegurarse un stock en los próximos meses.

Se pasean por el paseo marítimo de Fuengirola o Puerto Banús, y en muchas ocasiones acuden armados a sitios públicos. Ello es así porque el miedo a ser objetivo de sus enemigos no se elimina por estar fuera de Francia, pero también porque están preparados para, en cualquier momento, tomar carretera y manta y llevar un alijo hacia su país.

Todo este movimiento de drogas y violencia que generaron con más de 50 asesinatos en Marsella provocó que las fuerzas de seguridad francesas se tomaran en serio la capacidad de ejercer un control sobre ciertos barrios de la ciudad, ya que la fuerza del Estado allí era mínima. Por eso activaron varias operaciones policiales multitudinarias para detener el pasado marzo a más de 40 miembros de este Clan que fue responsable del doble asesinato en Salou (Tarragona) del 3 de mayo de 2023 del que dio cuenta Narcodiario. Fue un hecho realizado por un comando de sicarios de esta organización criminal de Marsella y que se cometió en pleno paseo marítimo de la ciudad turística catalana. Familias con niños presenciaron el asesinato y poco les importó. Así funcionan y esa fue su presentación en España.

Desde Málaga a Cataluña se han hecho un nombre y nadie quiere tener un problema con ellos. Ni otros narcos, ni las fuerzas de seguridad. La DZ Mafia no entiende el negocio sin violencia, algo que muy pocos más siguen en Europa, donde el narcotráfico se mueve, cuando hablamos de gran escala, de la forma más discreta posible.

Pero, como se ha visto últimamente, no solo son los marselleses los que preocupan por sus tácticas violentas. Los escoceses de los Lyons y los Daniels protagonizaron un recordado suceso en Fuengirola hace ahora un año, durante la final de la Champions League, por no hablar de los balcánicos de los Kavac y los Skaljari, que llevan años matándose por toda España, en especial en Barcelona. La guerra de los Kinahan y los Hutch, ahora muy diezmados ante la caída de su cúpula, ya es cosa del pasado, pero generaciones más jóvenes y ávidas de poder y dinero han tomado con fuerza el testigo.

Junto a Bara, que cayó detenido merced a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que se ejecutó con rapidez, fueron condenados a idéntica pena Gabriel Ory, otro de los grandes jefes de una red, la DZ Mafia, que es una hidra de distintos tentáculos interconectados. Ambos son considerados autores intelectuales de la muerte de Farid Tir, líder de un clan rival. En el caso de Ory, se le atribuyen tareas logísticas en el crimen.

Los restantes condenados, todos a penas ejemplares, fueron Karim Harrat, señalado como otro de los hombres fuertes de la DZ, y los dos sicarios que apretaron el gatillo en 2019, poco tiempo después de que Tir saliese de prisión. Su muerte estaba anunciada.

Ante la peligrosidad manifiesta de las personas que se sentaban en el banquillo, la Police Nationale desplegó un dispositivo excepcional para el juicio, que blindó por completo la ciudad de Marsella y en especial los alrededores de la sala de vistas.

Del 5 de marzo al 16 de abril, fuerzas especiales fueron movilizadas para garantizar la seguridad del juicio. En particular, han permitido la gestión de las escoltas y la protección de los miembros de la justicia y miembros de la red, con dispositivos adaptados a cada fase.

En complemento de la seguridad en tierra, se ha proporcionado un apoyo aéreo para detectar cualquier amenaza potencial, en particular los riesgos de ataque en los alrededores de los convoyes.

Este dispositivo también ha integrado la lucha antidrones gracias al vehículo VADOR, que permite identificar y neutralizar cualquier aparato susceptible de vigilar o apuntar al convoy.

A mediados de marzo, antes de Semana Santa, Narcodiario informaba de la caída de la organización criminal afincada en el entorno de Huelva que se había convertido en una de las mayores suministradoras de cocaína a nivel nacional, rivalizando con los clanes gallegos y con clientes fijos en Países Bajos. Los logos de la droga intervenida dejaron patente su relación con la oficina desmantelada pocas semanas antes en Madrid.

Ahora, la Policía Nacional da cuenta del global de un operativo histórico en el que se intervino el mayor alijo de droga colombiana jamás visto en esa provincia, 5.000 kilos de cocaína, introducido mediante embarcaciones de alta velocidad. Los sospechosos trasladaban la droga hasta dos 'guarderías' ubicadas en la provincia onubense y en Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos, a saber, cinco españoles, tres serbios, un bosnio y un neerlandés, ingresaron en prisión.

El pasado 13 de marzo, varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución. Todo ello fue seguido muy de cerca por los especialistas antidroga de la Brigada Central de Estupefacientes.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto de la droga y comenzaron a actuar. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos —más de una tonelada de cocaína— fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón —Huelva—, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad —GOES—, los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación se saldó con diez personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación, la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra —cuatro Kalashnikov y un arma larga—, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

El operativo se une a otros recientes en los que, en ocasiones, los narcos gallegos se relacionan directamente con otros afincados en el entorno de Huelva, como se vio en la organización de Carlos Silla, ahora condenado, cuyos barcos empleaban esa zona para introducir parte de su mercancía. Relevante fue también en su momento la descarga a plena luz del día que captaron las cámaras pero que no pudo ser abortada en la que los narcos lucían AK—47 como los intervenidos en Gibraleón, y también importantes las acciones ejecutadas a lo largo del río Guadiana, otro de los canales de entrada de la droga en la Península por el suroeste.

La situación geográfica de la provincia, de cara al Océano Atlántico y muy cerca de África, la sitúa en el centro del escenario del narcotráfico. Tampoco hay que olvidar que esta zona está controlada por Sergio Mora Carrasco, alias El Yeyo, uno de los delincuentes más buscado de España y famoso por su pericia al volante de las lanchas rápidas, y vinculado recientemente con la trama del narcotúnel de Ceuta.

En la película El Señor de la Guerra, Nicolas Cage encarna a un traficante de armas ruso que vende su material militar al mejor postor, sin importarle el cliente que va a recibir su mercancía. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Hace escasas fechas, el día 20 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al búlgaro Peter Dimitrov Mirchev de un "complot para abastecer de armamento de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación". Este tipo fue arrestado en Madrid hace algunos meses a petición de los servicios secretos americanos, que llevaban tiempo tras él.

Dimitrov tiene un protagonismo principal en esta historia, pero hay actores secundarios que los harían optar firmemente a grandes premios de cine. Se trata de Elisha Odhiambo Asum, de Kenia, Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, y Michael Katungi Mpweire, de Uganda. Estos tres tipos son clave en el engranaje del contrabando de armas porque facilitaban la opción de conseguir un tipo de armamento que solo se puede adquirir legalmente si se pertenece a un ejército.

Dimitrov tenía un bagaje extenso en este aspecto. Según la Justicia de EEUU, llevaba 25 años dedicándose al tráfico de armas y era buen aliado del ruso Víktor But, un as del contrabando de armas que fue intercambiado por EEUU y que ahora ejerce como político regional en su Rusia natal. Se le conocía como El mercader de la muerte.

But fue el amo y señor de las guerras y los proxies de ciertos países, y de él aprendió Dimitrov. El búlgaro fue detenido el 8 de abril de 2025 en Madrid, y se desconoce qué tipo de labor estaba realizando en España, aunque seguro que no estaba de vacaciones.

No se descarta, y menos aún tras las últimas evidencias de presencia de los mexicanos en el país, que tuviera reuniones con emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, habida cuenta de que la presencia en España de esta organización criminal está más que probada: desde laboratorios de metanfetamina o cocaína hasta un control exhaustivo de que su mercancía llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

El interés de este traficante de armas búlgaro era colocar 58 millones de euros en armamento al CJNG, liderado en ese momento por el Mencho, y en su catálogo de venta se jactaba de poder conseguir hasta tanques.

Enviaba ese folleto como si se tratara de la elección de una cena en un restaurante, pero esta vez el plato llegaba en forma de proyectil. La presencia de los tres africanos era clave en su estructura porque podían conseguir, gracias a sus contactos, documentos que legalizaban los envíos de armas, ya que lograban obtenerlos de forma oficial simulando operar como si fuesen el ejército de Tanzania.

Querían hacer llegar al CJNG ametralladoras, lanzacohetes, granadas de mano, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Pero podían conseguir incluso misiles tierra-aire, lo que da una idea del tipo de recursos militares que necesitan ahora grupos criminales como los cárteles mexicanos.

La potencia de fuego que requieren para combates urbanos o a tumba abierta en espacios rurales es cada vez mayor: desde la especialización de operadores de drones que han participado activamente en la guerra de Ucrania hasta artilleros eficaces que disparen armas de calibre .50.

La necesidad crece en los brazos armados de los cárteles mexicanos y, para la expansión que busca el Cártel Jalisco, es imprescindible obtener personas capaces de abastecerles de armas sin acudir al mercado de EEUU, que es su principal opción.

Sin embargo, el CJNG no se fiaba desde hacía tiempo de poder seguir operando de la misma forma para hacer llegar tantas armas y munición como necesitan. El encargo de un pedido de 58 millones de euros en forma de arsenal ofrece una perspectiva de lo que una organización del calibre del CJNG mueve en forma de dinero. Y prueba que no era la primera vez que Dimitrov trabajaba con el Cártel Jalisco, al que le envió unos 50 fusiles de asalto Kalashnikov, como demuestran los investigadores norteamericanos.

Aquello fue la prueba de fuego y querían más: desde drones hasta los misiles tierra-aire mencionados antes. Todas estas armas son utilizadas en combates en los principales bastiones del Cartel, y que se haya extendido tanto esta organización criminal desde 2011 no es fruto de la casualidad. Todo responde a una estrategia criminal bien orquestada y ejecutada. El contacto con un traficante de armas búlgaro les permitiría obtener recursos militares en el momento en que quisieran efectuar ofensivas en zonas calientes como Michoacán, Guerrero o Guanajuato.

Aunque los cárteles consiguen con bastante facilidad fusiles de asalto y RPG desde EEUU a través del contrabando en su frontera, esa situación podría cambiar en cualquier momento si el Gobierno de turno de EEUU modificara ciertas pautas de compraventa y planificara una seguridad adaptada a una realidad en la que los principales fabricantes de armas de ese país abastecen los arsenales de los cárteles mexicanos.

Por eso, tipos como Dimitrov, con una experiencia extensa en estos menesteres, son clave para que una organización criminal del tamaño del CJNG funcione. Sin armas no son nada, porque estas constituyen la base de su poder. No hay otra cuestión de control de territorio que esa: en el momento en que otro Cártel tenga mejor armamento y hombres más entrenados, ese territorio pasa a ellos.

Es la única razón por la que están continuamente solicitando armamento cada vez más destructivo; están en ese juego del gato y el ratón mientras manejan drones con explosivos. Y a ello se suma que los blindados que utilizan han mejorado tanto que los convoyes en los que se desplazan por México están al nivel de milicias del Kurdistán iraquí o de Siria.

Dimitrov se enfrenta ahora a la cadena perpetua, al igual que sus compañeros de aventuras. Intentar sobornar a militares de media África es lo que tiene si pretendes abastecer de armas a una organización criminal considerada como terrorista por EEUU.

Para España no lo es; por eso, cuando extraditó desde Madrid a Peter Dimitrov Mirchev, la Audiencia Nacional decidió hacerlo sin los cargos por terrorismo. Aquí se sigue considerando que es solo una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero lo cierto es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos estrictos, puede considerarse una organización criminal que también comete atentados con fines subversivos para tener un control total de su territorio.

Y, tras la caída del Mencho, nada ha cambiado: las cuatro letras siguen vigentes y, por ahora, más vivas que nunca, aunque se quedaron sin su traficante internacional de armas de turno. Un señor de la guerra.

No existe una confirmación por escrito, pero la noticia se da por buena. Así lo desvelan fuentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y de la Policía Federal de Brasil, dos de los cuerpos de seguridad que seguían la pista de Sebastián Marset, líder del que se vino a denominar Primer Cártel de Uruguay, socio directo del Primeiro Comando da Capital y de la 'Ndrangheta italiana, y acusado de enviar toneladas de cocaína entre Sudamérica y Europa en contenedores marítimos.

Marset fue capturado en el barrio de Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la localidad en la que, según distintas fuentes, lleva años instalado gracias a sus relaciones directas con las organizaciones que allí operan y, tal vez, también con autoridades locales. Sin embargo, ha sido la policía del país andino la que ha ejecutado la operación. Así lo desvela Jalil Rachid, ministro de la citada Senad, que asegura haber recibido la información por parte de sus compañeros bolivianos.

Todo apunta a que Marset fue capturado en condiciones de seguridad y que junto a él cayeron varias personas que conformarían su núcleo de confianza en la localidad boliviana que, por otra parte, es bien conocida a nivel internacional por ser refugio de importantes redes criminales dedicadas al narcotráfico, siendo un lugar ideal para coordinar los envíos de la droga que se produce en Bolivia hacia otros puntos de Sudamérica, especialmente hacia Brasil, y desde allí para su posterior traslado a Europa.

En cuanto al futuro del narco, y aunque su esposa, Giannina García Troche, está en una cárcel paraguaya acusada de presunto blanqueo, y que él mismo está considerado uno de los líderes del envío de droga hacia Europa en el marco de la operación Ultranza —la que sirvió para conocer la gran ruta de la cocaína desde Paraguay-, todo parece indicar que será extraditado a Estados Unidos, país que le reclama desde hace algún tiempo por lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas. Así lo deja entrever la presencia de la DEA en el operativo de forma coordinada con las autoridades paraguayas.

Distintos indicios le llegaron a vincular también con el asesinato del fiscal antidroga paraguayo, Marcelo Pecci, en la isla colombiana de Barú, pues se trataba del hombre que investigaba, entre otras actividades, las que se le atribuyen a él. Sin embargo, parece que estos hechos serán difíciles de acreditar, en especial por la muerte en prisión de uno de los testigos clave de lo sucedido.

El ministro Rachid señala que hay varios detenidos, de varias nacionalidades, que formaban parte de la estructura cercana a Sebastián Marset. "Por la información que recibimos se estaba moviendo en muchos lugares en Bolivia y se están produciendo registros en distintos puntos. La operación está completamente abierta", añadió.

Para el buen fin de cualquier negocio de narcotráfico a escala planetaria, el elemento más importante reside en la comunicación. En un escenario en el que las organizaciones criminales han apostado decididamente por los grandes alijos por vía marítima, la conexión entre embarcaciones de toda clase, desde narcolanchas hasta semisumergibles, de forma coordinada y en tiempo real, resulta imprescindible. Lo saben bien los tripulantes de la flota de embarcaciones que se halla en aguas del Atlántico a la espera de instrucciones, y también los intrépidos pilotos que se atreven a cruzar el largo camino entre Sudamérica y Europa en narcosubmarino para hacer llegar la cocaína a su destino.

Ya desde la década de 1990, las fuerzas de seguridad tenían la obsesión de acceder a las comunicaciones de los narcos, no solo en España –especialmente en Galicia–, sino también en el resto de Europa y en Sudamérica, que ya entonces eran las zonas más calientes. Fue entonces cuando comenzaron a avanzar en ese sentido con la intervención de los teléfonos, primero de los fijos y posteriormente también de los móviles e incluso, más adelante, de determinados terminales con conexión satelital. Todo ello sirvió para dar duros golpes a los narcos, que, como siempre, buscaron alternativas.

Así, con el cambio de siglo comenzaron las comunicaciones a través de Internet, bien mediante correos electrónicos, bien por otros sistemas difíciles de rastrear, a las que se añadió el uso generalizado de teléfonos BlackBerry, cuyos sistemas de encriptación sirvieron de mucho a los narcos durante algún tiempo.

En paralelo al uso habitual de Internet surgieron las primeras aplicaciones encriptadas, que comenzaron por ser más sencillas pero que acabaron convirtiéndose en auténticas herramientas de trabajo para los narcos, tales como Sky-ECC o EncroChat, por citar a las más famosas. Sin embargo, después de la pandemia, las autoridades de distintos países lograron localizar sus servidores, ubicados en la localidad francesa de Roubaix y desde donde daban cobertura al crimen organizado de todo el mundo. Fue en 2021 y a fecha de hoy, los narcos siguen cayendo merced a esa desencriptación.

Sin embargo, y una vez más, los criminales han ido un paso por delante, colocándose en un estadio superior en el que logran comunicarse a distancia sin miedo, al menos por ahora, a ser detectados por las autoridades. Y lo han hecho, cómo no, de la mano de las nuevas tecnologías.

La primera gran evidencia detectada por Narcodiario de que los criminales apostaban por las antenas Starlink del magnate Elon Musk se produjo en febrero de 2024. Este medio contó en exclusiva que Kiko El Cabra y su gente, que habían sido detenidos y estaban en prisión por ello, no habían sido los autores del crimen de Barbate en el que una narcolancha embistió a una zodiac de la Guardia Civil, matando a dos agentes en el acto. Para ofrecer esa información, nos fijamos en las características de la lancha tripulada por El Cabra, que, además del navegador Garmin que por entonces llevaban todas las embarcaciones de su clase, lucía una segunda antena que en aquel momento no era aún muy conocida. Era una Starlink. Y su presencia sirvió para acreditar que esa lancha estaba alejada del lugar cuando se produjo la dramática escena.

Por entonces no estaban muy extendidas, pero empezaban a verse en el Sur de España. Ahora, las Starlink están montadas en todas las planeadoras, incluso en los narcosubmarinos, que en ocasiones llevan hasta dos de ellas.

La Starlink ofrece una conexión en movimiento, adaptada para vehículos, con una calidad altísima, similar a la que aporta la fibra óptica, incluso en las zonas más remotas de la tierra. Está preparada, además, para resistir todas las inclemencias del tiempo, lo que asegura un buen funcionamiento en circunstancias adversas. Y lo más importante: le permite a los narcos comunicarse en tiempo real, solo con usar aplicaciones encriptadas que cualquiera puede manejar en sus teléfonos, tales como Signal o Telegram, sin ser detectados por la Policía.

Starlink es, pues, una auténtica revolución para los narcos. Cualquiera puede acceder a sus servicios por satélites solo con comprarse una antena y pagar una cuota mensual que, para estas redes criminales, resulta ridícula. Elon Musk, propietario de SpaceX -la firma que está detrás de este sistema-, además de dueño de Tesla o de la plataforma X, antigua Twitter, tiene las llaves. De su poder puede surgir alguna idea para que las fuerzas de seguridad vuelvan a tener opciones y puedan seguir la pista de las redes criminales con más eficacia.

La realidad actual es que este sistema ya no solo es preferente en España y en otros países avanzados, sino también en Latinoamérica. Para muestra, basta con observar la última incautación ejecutada por la Armada Nacional de Colombia en aguas del río Arauca, en el entorno de la frontera con Venezuela, otra de las zonas calientes para el narcotráfico a nivel mundial. En una lancha, los uniformados hallaron 110 antenas cuyo más que probable destino eran las redes del crimen organizado de la región, bien para sus laboratorios, sus astilleros clandestinos o sus embarcaciones.

Otro ejemplo muy gráfico que reveló Narcodiario meses atrás fue el del primer narcosubmarino teledirigido intervenido en altamar hasta el momento, también en Colombia, sin tripulación pero dotado de una de estas famosas antenas de Elon Musk.

España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

El narcotráfico es un negocio ilegal que no vive de espaldas a la geopolítica. De hecho, su influencia es bastante patente, como se ha podido ver en los últimos meses con los movimientos que desde el Gobierno de Trump se han ido realizando en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro. No hay que olvidar que el ataque a varios puestos militares en territorio venezolano fue la excusa para detener por narcotráfico al que había sido presidente del país desde 2013. Fue una campaña que se intensificó con los ataques selectivos por parte del ejército de EEUU a narcolanchas que están supuestamente involucradas en operaciones de cierto nivel.

Esta semana ha vuelto a quedar claro que esos ataques eran más que un hecho puntual, pero ahora la prioridad para EEUU es resolver su conflicto con el régimen iraní. Si se produce la escalada bélica y se sostiene durante un tiempo, va a tener influencia directa en el narcotráfico mundial.

El traslado de los cientos de aviones de la US Air Force que se han desplazado desde enero, primero de EEUU a Europa, y luego desde aquí hacia Oriente Medio, va a tener consecuencias directas en la información de inteligencia que la DEA tiene de los movimientos del narcotráfico en España. Las bases de Rota y Morón de la Frontera son cruciales en la logística de estas operaciones para presionar a Irán, y por aquí se han podido ver decenas de aviones cisterna, de transporte, cazas de combate, de defensa aérea y de Inteligencia.

Se ha 'mapeado' toda la situación operacional del Estrecho de Gibraltar para que pueda discurrir por él sin problema el que ahora es el portaviones de vanguardia de la marina de EEUU, el George R. Ford. Y por ello, cualquiera de las decenas de narcolanchas que se hallan en espera de alijar en las costas españolas han sido detectadas.

Esto puede servir en el futuro para que la DEA conozca puntos de referencia de transbordos de la droga de narcosubmarinos o mercantes que hayan transportado cocaína, ya que el hachís no le interesa lo más mínimo a la Administración de Control de Drogas de EEUU.

Estas 'gomas' en espera son un quebradero de cabeza para navieras que están cada vez más preocupadas porque puedan provocar algún accidente con daños en sus buques. Precisamente esta misma semana se emitió una alerta de Salvamento Marítimo por una narcolancha que se encontraba a la deriva a 45 millas de Cádiz antes de embocar el Estrecho de Gibraltar.

Volviendo al tema estrictamente iraní, si EEUU ataca el país, todo Oriente Medio se desestabilizará de nuevo y las rutas de drogas hacia Europa o a través de Asia van a acabar afectadas. Los primeros clanes en cambiar rutas o personas de confianza serán los narcotraficantes vinculados de alguna manera con Hizbulá. Esta organización libanesa tiene fuertes vínculos tantos personales como económicos con el régimen teocrático de Irán y, si caen los Ayatolás, ellos tendrán que adaptarse a una nueva situación.

Esta circunstancia les puede perjudicar, porque ya desde años el brazo armado de Hizbulá (considerado terrorista por la UE) contaba en Sudamérica con hombres como Nasser Abbas Bahmad, que desde Ciudad del Este (Paraguay) supuestamente controló envíos de cocaína hacia Europa y Oriente Medio mezclados en carbón vegetal.

Según Agustín Ceruse, de Encriptada, Abbas era el hombre más buscado por la DEA en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, ya que se estableció allí para financiar a Hizbulá. Una situación que se descubrió en 2021; y por ahora sigue fugitivo. Se cree que es responsable de producir carbón vegetal que luego se utilizaba para esconder cocaína en contenedores marítimos como los que llegaron a Algeciras procedentes de Paraguay el 11 de noviembre de 2020 con más de 2.000 kilos de este droga. También hay otros envíos sospechosos hacia Siria o Israel.

Con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos en Oriente Medio —con refuerzos aéreos y movimientos en bases de países aliados como Jordania o Emiratos Árabes Unidos— muchos analistas consideran que la presión sobre Irán es real y que el riesgo de un ataque militar es bastante alto.

Si la estrategia impulsada por Donald Trump terminara provocando la caída del líder supremo, Ali Jamenei, o una fuerte desestabilización del régimen, uno de los efectos inmediatos sería el deterioro de la seguridad interna iraní. Esto es especialmente relevante para el narcotráfico mundial porque Irán es un territorio clave, hasta hace un tiempo en la llamada ruta de los opiáceos procedentes de Afganistán, aunque ahora estos ya se producen en buena medida en el propio país tras el retorno de los talibanes y sus políticas de prohibición de cultivo de la adormidera. Gran parte de la heroína que abastece a Europa pasa por suelo iraní antes de dirigirse hacia Turquía, los Balcanes y posteriormente al mercado europeo.

Si el aparato de seguridad iraní se debilitara por una crisis política, una guerra o luchas internas, las redes criminales podrían aprovechar el vacío de poder para incrementar el tráfico, abrir nuevas rutas o reducir los riesgos logísticos del transporte.

Históricamente, cada vez que un Estado que controla un corredor estratégico pierde capacidad de vigilancia, el crimen organizado se adapta rápidamente y expande sus operaciones. En este contexto, también podrían fortalecerse organizaciones criminales vinculadas a la diáspora iraní en Europa, especialmente aquellas asentadas en países como Alemania, que en los últimos años han ganado presencia en redes de tráfico y blanqueo. Para estos grupos, un Irán más inestable significaría más facilidad para coordinar envíos, mover dinero y consolidar su papel dentro del mercado global de la droga.

A este escenario se suma el impacto que tendría una escalada regional en las principales rutas marítimas. Si Estados Unidos atacara Irán, Teherán podría responder presionando el tráfico comercial internacional mediante ataques indirectos o acciones de sus aliados, como los hutíes, contra buques mercantes que transitan por el Canal de Suez. Esto encajaría con la lógica estratégica iraní de golpear el comercio global sin enfrentarse directamente a la superioridad militar estadounidense.

Para el narcotráfico, una alteración de esta arteria entre Asia y Europa tendría consecuencias inmediatas: desvíos de rutas, saturación de otros puertos y menor capacidad de inspección. En contextos de crisis logística, las redes criminales suelen aprovechar el aumento del volumen y el desorden comercial para mover droga con mayor facilidad.

Una guerra contra Irán no solo sacudiría la política y la economía mundial, sino que también tendría un efecto inmediato sobre las rutas del narco. La inestabilidad interna y los cambios en las rutas comerciales podrían abrir nuevas ventanas para el crimen organizado mundial, alterando mercados y flujos de drogas que hoy se creían controlados. Europa y Asia podrían ver un aumento en la presencia de redes iraníes que buscan aprovechar el vacío de poder que dejarían los ayatolás. En definitiva, el conflicto reconfiguraría el ecosistema global del narcotráfico durante años.

Un vecino de Vigo estaba detrás de una parte importante del entramado criminal. Originario de República Dominicana, residía en una vivienda muy cercana a la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad olívica. Una señal inequívoca de que se sentía seguro. Su misión: reclutar a mujeres vulnerables para enviarlas en aviones a países terceros, especialmente Islandia, transportando drogas. Principalmente cocaína, pero también drogas de diseño. La organización, que cayó en el marco de una gran redada de Europol, es la segunda dedicada al narco por vía aérea que se viene abajo en 2026 tras la anunciada en estas líneas este lunes que enlazaba Brasil con España.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Policía Nacional y, en concreto, por la Udyco de Vigo, entre otras unidades, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust.

En el conjunto de la acción se ha desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello, como se ha dicho, correos humanos que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales.

La red obtuvo beneficios superiores a los 4 millones de euros gracias a la venta de drogas, que llegaban desde Sudamérica, los cuales se habrían blanqueado mediante propiedades y bienes inmobiliarios en Lituania.

La operación se ha saldado con la detención de 34 personas en distintos países europeos, cuatro de ellas en España, siete en Lituania, 20 en Islandia (15 de ellas españolas), dos en Bélgica y una en Dinamarca, y la incautación de más de 100 kilogramos de cocaína, además de otras drogas sintéticas.

La investigación se inició en febrero de 2025, cuando las autoridades policiales islandesas informaron a la Policía Nacional de la detención de dos ciudadanos españoles en el aeropuerto de Keflavík. Los arrestados transportaban en su equipaje ocho botellas de ron que contenían un total de 8.400 mililitros de base de cocaína líquida. La procedencia inicial era España, concretamente el Puesto Fronterizo de Bilbao.

Durante la misma, se constató la existencia de una organización criminal transnacional integrada por ciudadanos de diversas nacionalidades y liderada por un ciudadano ruso afincado en Lituania, considerado objetivo de alto valor por Europol.

Tras las primeras investigaciones se solicitó apoyo operativo a la Udyco para la localización e identificación de posibles integrantes de la organización que pudieran encontrarse en España, país de origen de la droga en Europa. Esta acción se implementó considerando la habitualidad con la que el líder de la red en España, que no era otro que el residente en las Rías Baixas gallegas, se desplazaba desde su base pontevedresa por ciudades españolas, tales como como Barcelona, Gijón y Viveiro (Lugo).

Desde entonces se produjeron diversas aprehensiones de cocaína en Islandia, transportada tanto en equipajes facturados como, en algunos casos, oculta en el interior del cuerpo de los correos, quienes eran detenidas en el mismo momento de la incautación.

El análisis del perfil de los detenidos permitió confirmar que los dirigentes del entramado criminal y, en concreto, el hombre que vivía cerca de la comisaría de Vigo, se servían de personas en situación de especial vulnerabilidad económica y social, seleccionando mujeres sin recursos, con entornos familiares desestructurados y carentes de estabilidad social. La organización se aprovechaba de este contexto para instrumentalizarlas como 'mulas', ofreciéndoles a cambio una compensación económica mínima y claramente desproporcionada en relación con el riesgo asumido.

Gracias a la colaboración de los Puestos Fronterizos de Bilbao y Las Palmas, puntos de partida de los vuelos, se logró identificar a una de las personas responsables de acompañar a las ‘mulas’ hasta el aeropuerto, la cual supervisaba tanto la facturación del equipaje como el embarque en los vuelos correspondientes. Asimismo, se pudo alertar a las autoridades de Islandia y Lituania sobre sus desplazamientos, lo que permitió la incautación de la droga y la detención de los correos en su destino.

La labor operativa desarrollada por las distintas unidades participantes resultó determinante para la identificación de los miembros de la organización asentados en España, responsables del reclutamiento de las personas vulnerables y de la organización de los desplazamientos, llegando incluso a acompañarlas hasta su destino final.

Tras más de un año de investigación, en la que Europol y Eurojust desempeñaron un papel clave en la cooperación policial y judicial internacional. Así, el 4 de febrero de 2026 se llevó a cabo la explotación operativa simultánea en varios países de la Unión Europea. Para ello se estableció un Centro de Coordinación Operativa y un canal seguro de comunicaciones.

Durante la operación se realizaron 41 registros en total, donde se intervinieron numerosos terminales telefónicos e informáticos de gran interés, dinero en efectivo, monederos de criptomonedas y útiles para la fabricación de dobles fondos en maletas.

Desde el inicio de la investigación, se han incautado más de 100 kilogramos de cocaína, 5.100 pastillas de MDMA y alrededor de un kilogramo de ketamina y metanfetamina, lo que ha permitido desarticular por completo el entramado criminal. 15 ciudadanos españoles permanecen actualmente en prisión en Islandia.