Hago repaso de mis compromisos pendientes, entre los que se encuentra esta tribuna, antes de desconectar unos días. Reviso mi chat de Olvidos y Recuerdos donde me voy lanzando cosas que me interesan y que no puedo atender cuando me topo con ellas. Una de ellas es la que traigo hoy aquí.

Por si alguien aún lo duda o cuestiona, la brecha salarial de género existe, y es más o menos sangrante según cómo se calcule.

Es sabido que, en promedio, las mujeres tendemos a estar menos empleadas, que lo hacemos en sectores peor remunerados y más informales, que recibimos menos ascensos y que tomamos más pausas profesionales (para crianza y cuidados). También es sabido que realizamos muchísimo más trabajo no remunerado, vinculado al hogar y la familia, del orden de dos horas más al día que los hombres.

Son muchos millones de horas cuando las pones todas juntas. Todas las horas que todas las mujeres dedican cada día a cuidar, sin remuneración, superan los 44 millones, que al año son 16.000 millones. El reverso de esta realidad es que los hombres dedican cada día más tiempo que ellas al trabajo remunerado: una hora y doce minutos más. Podéis recrearos con estos y muchos otros hallazgos interesantes en esta publicación (ver aquí).  

Confieso que los datos sobre el uso del tiempo citados son antiguos, pero también que son los únicos oficiales disponibles. Corresponden a la Encuesta de Empleo del Tiempo (ETT) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuya última oleada recogió datos de 2010, hace ya más de quince.

Considero que es una encuesta muy esclarecedora a la par que íntima, porque permite conocer a qué actividades dedicamos cada día nuestro tiempo, y cuánto les dedicamos, en España: a trabajar para obtener una remuneración, a cuidar de familiares, a tareas del hogar, a estudiar, a informarnos, a divertirnos, a auto cuidarnos, a hacer deporte o a pasear, y a desplazarnos por obligación. El INE anuncia en su Plan de Actuación para 2026 (ver aquí) que, a más tardar, el 31 de diciembre de este año podremos saber cómo hemos cambiado, si es que hemos cambiado, el uso que hacemos de nuestro tiempo. Y, en concreto, lo que traigo a colación en esta tribuna, si la responsabilidad de los cuidados está mejor repartida hoy que en 2010, porque ese reparto tan descomunalmente desigual del tiempo de trabajo no remunerado que nos hemos asignado como sociedad es causa raíz de muchas otras brechas de género, como la salarial.

En su versión más bruta o de brocha gorda, el cálculo de la brecha salarial combina las diferencias de salario medio bruto y la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, sin tener nada más en consideración, y fue en 2022 en España del 29,6%, seis puntos menos que en 2014 y cinco puntos por debajo de la media de la UE.  

En su versión “sin ajustar”, esto es, sin tener en cuenta las características individuales de las personas y del puesto de trabajo (edad, tipo de contrato, tipo de jornada, experiencia laboral en el empleo actual, nivel de estudios alcanzado, nivel de responsabilidad, sector de actividad, tamaño y control público o privado del empleador), la brecha fue del 9,2% en España y del 12,2% en la UE.

En su faceta “ajustada” o corregida la mide teniendo en cuenta las citadas características individuales, y es capaz de descomponerla en dos partes. Una parte de la brecha salarial que se puede explicar (¿o justificar?) por efectos de esos atributos individuales, que en España apenas contribuyen a explicarla. Otra parte, la “ajustada”, que resulta ser el grueso de la brecha, es la que no se puede explicar más que por efecto de “el hecho de ser mujer”, una más de las omnipresentes caras de la violencia que se ejerce contra las mujeres, en este caso, violencia económica.

El modelo que utiliza Eurostat arroja el siguiente panorama de la brecha salarial en España: decrece en cohortes más jóvenes (1,1% en menores de 25 años; negativa del 0,5% en la cohorte de 25 a 34 años), que contrasta con el 12% para mayores de 55 años y el récord europeo del 32% para mayores de 65 años. La rentabilidad en términos de salario de la educación y la experiencia laboral sigue siendo mayor para los hombres. En situaciones de parcialidad de la jornada laboral, en la que se encuentran el 30% de las mujeres y el 12% de los hombres empleados en España, la brecha salarial es del 14%. Las mujeres que sufren una menor brecha salarial tienden a trabajar en empresas de mayor tamaño y con mejores remuneraciones. Y trabajar en el sector privado es comparativamente peor para las mujeres que hacerlo en el sector público, donde la brecha salarial es del 12,2% y del 7,7%, respectivamente. Todos estos datos los podéis encontrar aquí.

El caso es que hace dos meses, el 7 de junio, venció el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea transpusiéramos la Directiva de Igualdad Salarial (ver aquí) adoptada en 2023, que tiene como objetivo reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, entre hombres y mujeres.

¿Y cómo propone que lo hagamos? La Directiva insta a la adopción de tres innovaciones que, vista la ruidosa resistencia, parecieran ser ultra radicales y revolucionarias, pero no: medidas de transparencia retributiva, mecanismos de control efectivo del cumplimiento de dichas medidas, y vías de reparación para las personas afectadas por los incumplimientos de dichas medidas.

A 7 de agosto, solo Eslovaquia, Italia, Lituania y Malta, de un total de 27 países, han completado a tiempo la transposición de la Directiva de Igualdad Salarial a sus respectivos ordenamientos jurídicos. ¿A qué o a quién esperamos, España?

Cierro tribuna con una recomendación de lectura para el verano: Carrera y familia: El largo viaje de las mujeres hacia la igualdad, de Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Existe una forma de hacer política que no necesita contenido para sobrevivir. Le basta con ocupar el espacio de la conversación pública, generar impacto inmediato y renovar cada semana el titular que sustituye al anterior. No gobierna para transformar la vida de quien administra: gobierna para las cámaras. El caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es hoy uno de los ejemplos más nítidos de ese modelo: una política vaciada de vocación de servicio público, sostenida en la excusa permanente, en la frase hueca calculada para el impacto emocional, y en la sistemática elusión de la rendición de cuentas.

Frente a ese modelo cabe otro, el que de verdad debería importar: el de una comunidad política entendida como ejercicio de ciudadanía, un lugar donde vivir sea ejemplo de integración y no de selección. Ayuso representa, con una precisión casi de manual, todo lo que ese segundo modelo no es.

Toda política dedicada al bienestar de la ciudadanía parte de una premisa mínima: quien administra recursos ajenos debe explicar cómo los administra. Ayuso ha construido, en cambio, una relación con la transparencia basada en el relato sucesivo antes que en la explicación. Cuando estalló la polémica por la compra de un ático en Chamberí a cargo del Gobierno regional, la respuesta no fue una comparecencia con datos, sino una narrativa que fue mutando según convenía: primero la operación se enmarcó en las obras de la Real Casa de Correos; después, ante la presión, el inmueble pasó a presentarse como un activo que se vendería para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. Dos justificaciones distintas para un mismo hecho no son transparencia: son gestión de daños reputacional.

El patrón no es nuevo. El Hospital Isabel Zendal, presentado como gran logro sanitario, fue señalado por sus sobrecostes y por funcionar más como plató de comunicación que como infraestructura al servicio de la población. Tras el temporal Filomena, las críticas por la falta de anticipación de su Ejecutivo se disolvieron sin que nadie asumiera responsabilidad política. La constante, en todos los casos, es la misma: ausencia de autocrítica institucional, sustituida por un relato que se acomoda a la conveniencia del momento.

Esa misma lógica de opacidad reaparece en las cuentas concretas. Cuando el Gobierno regional afirmó que la empresa pública Planifica Madrid disponía de cuatro inmuebles en Gran Vía pendientes de venta, las cuentas anuales de esa empresa, depositadas y auditadas en el Registro Mercantil, registraban un único inmueble en esa calle. No es una cuestión de matices: es una contradicción entre lo que se declara ante los medios y lo que consta en un registro público.

No se trata de un hecho aislado. Durante la pandemia, Ayuso defendió que Madrid contaba con una de las mejores capacidades diagnósticas de España mientras su propio Gobierno reconocía, meses antes, no disponer de medios propios suficientes para el rastreo de la enfermedad. Responsabilizó al aeropuerto de Barajas de ser la vía principal de entrada de contagios importados, cuando los datos oficiales indicaban lo contrario. Sostiene que la ley estatal de vivienda fomenta la okupación, una afirmación que los verificadores han desmontado de forma reiterada. Incluso su propio relato biográfico —la explicación que dio durante años sobre por qué abandonó un doctorado— se ha visto rebatido por un expediente académico que el PP se niega sistemáticamente a hacer público. Lo relevante no es que existan estos episodios sueltos sino que todos comparten la misma estructura —una afirmación categórica, contradicha por el dato oficial, sostenida después sin rectificación—. Eso es lo que distingue una política que rinde cuentas de una que administra excusas.

Una política de servicio público se mide por su capacidad de resolver problemas complejos con explicaciones honestas, aunque sean incómodas. La política escaparate hace justo lo contrario: sustituye el argumento por la frase que produce impacto inmediato, sin que le importe demasiado su relación con los hechos.

El ejemplo más claro es el uso de la inmigración como recurso retórico. El mismo día en que arreciaban las preguntas sobre el ático, Ayuso desplazó el debate hacia la llegada de migrantes a Ceuta, calificándola de "invasión intolerable" y sugiriendo que se trataba de una prueba de Marruecos de cara a movimientos futuros.

Días después, calificó la situación de reparto de menores migrantes como "lo más inhumano que hay" —una frase que jamás ha reservado para las listas de espera sanitarias; para la pobreza infantil; para los familiares de las personas muertas en las residencias durante la pandemia..., pero que sí despliega, con precisión cronométrica, cada vez que su gestión propia queda expuesta. No es un desliz retórico: es una elección de vocabulario —invasión, prueba, inhumano— que deshumaniza a quien migra y que funciona, sobre todo, como cortina de humo.

Ese mismo mecanismo de la frase hueca con vocación de titular reaparece en la política internacional. Tras conceder la Medalla Internacional de Madrid a Israel y a Javier Milei, este año le tocó a Estados Unidos, país al que Ayuso describe como "el principal faro del mundo libre". El anuncio no se hizo en Madrid, sino por vídeo desde la Hispanic Prosperity Gala, en Mar-a-Lago, la mansión de Trump. La paradoja es evidente: Estados Unidos es país invitado de la Fiesta de la Hispanidad madrileña el mismo año en que despliega deportaciones masivas contra población hispana.

Hay una canción mexicana, La maldición de Malinche, que describe exactamente este mal: convertir en ídolo al poderoso extranjero mientras se sacrifica a los propios. Entre reconocer a Trump o defender a los migrantes hispanos que huyen de sus políticas, Ayuso se quedó con el "faro", no con la gente —la misma lógica invertida que rige puertas adentro: fuera, admiración incondicional hacia quien tiene el poder; dentro, dureza sin matices hacia quien no tiene ninguno—. En ambos casos, la frase sustituye a la política, porque produce el aplauso sin necesidad de resolver nada.

Lo más grave de la política escaparate no es que mienta ni que dramatice: es que, mientras lo hace, deja de ocuparse de lo esencial. La sanidad pública madrileña es el ejemplo más claro. La Consejería presume cada mes de reducir los tiempos medios de espera y compara sus cifras con la media nacional para presentarse como la región mejor gestionada de España. Pero sus propios datos, analizados por verificadores, muestran algo más incómodo y es que mientras el tiempo medio de demora baja, el número total de pacientes en espera aumenta.

Presentar solo el indicador favorable es faltar a la verdad por omisión selectiva, y es también la prueba de que el objetivo no se dirige a resolver el problema, sino a administrar su relato. Profesionales sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública hablan de manipulación estadística, de derivación creciente al sector privado —donde Madrid tiene la mayor implantación de pólizas de España— y de infrafinanciación crónica de la atención primaria. Cuando la primera cita de salud mental para un adulto en Vallecas tarda más de seis meses, hablar de "liderazgo" exige, como mínimo, matizar mucho el titular.

Esa misma ausencia de vocación de servicio se manifiesta cuando lo que está en juego no es un dato, sino una persona. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una concejala del propio PP por presunto acoso sexual y laboral, retrata con crudeza qué prioriza realmente el aparato de Ayuso cuando tiene que elegir entre proteger a una institución y creer a quien denuncia. La respuesta no fue apartarlo cautelarmente: fue blindarlo. Ayuso acudió a inaugurar la sede del PP en Móstoles junto al alcalde denunciado; su número dos llegó a preguntarle a la denunciante cómo "ligaba". Desde el entorno de la presidenta se filtraron argumentarios para desacreditarla.

La concejala dejó la política. El alcalde sigue en su cargo, con una querella admitida a trámite también contra el PP como persona jurídica por "omisión y fracaso" de sus protocolos de protección. Cuando una institución antepone su propia imagen a la protección de quien denuncia, no hace falta una declaración explícita de desprecio: la jerarquía de lealtades ya lo dice todo, y esa jerarquía es incompatible con cualquier idea seria de servicio público.

Ningún modelo de política vacía se sostiene solo. Necesita un ecosistema que la recompense. Telemadrid, controlada con mano de hierro por los sucesivos gobiernos del PP, lleva años externalizando su programación a productoras privadas. Mientras tanto, la propia Comunidad arrastra infrafinanciación crónica en educación y atención primaria. En pantalla, un ecosistema de cobertura altamente complaciente: entrevistas a Ayuso amables, con formulación de preguntas de estructura abierta, dejando marcada la respuesta positiva, cordialidad que jamás dispensa al Gobierno central. No hace falta imaginar un pacto explícito: basta con observar el circuito que se retroalimenta —dinero público que sostiene beneficios privados, cobertura amable que sostiene el relato político— para entender por qué la política escaparate nunca paga ningún coste.

Queda, sin embargo, la pregunta más incómoda: si el patrón es tan reconocible, ¿por qué buena parte de la sociedad madrileña sigue respaldándola sin exigirle el mismo nivel de rendición de cuentas que reclama, con razón, al Gobierno central? No hay una única respuesta, pero sí varios mecanismos que se refuerzan entre sí.

El primero es institucional: Ayuso ha dedicado buena parte de su mandato a debilitar los contrapesos que deberían fiscalizarla. Reformó el control de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de auditar la gestión de las administraciones madrileñas, y ha ido reduciendo la pluralidad de Telemadrid hasta convertirla en altavoz institucional. Cuando el propio ente fiscalizador y el propio medio público dejan de hacer preguntas incómodas, la ciudadanía pierde buena parte de la información que necesitaría para exigir explicaciones: no es que no quiera preguntar, es que cada vez tiene menos canales institucionales que le hagan la pregunta a ella.

El segundo es la polarización convertida en coartada. Cada escándalo propio se responde, de forma automática, con una pregunta que especula sobre el PSOE: "¿Va a dimitir el hermano del presidente?", "¿va a dimitir su mujer?". Es una estrategia deliberada y eficaz: convierte cualquier exigencia de responsabilidad en munición partidista, de modo que criticar a Ayuso empieza a sentirse, para una parte del electorado, como hacerle un favor al adversario político, antes que como un ejercicio de ciudadanía. Cuando toda crítica se lee en clave de bando, deja de evaluarse el hecho concreto y empieza a estimarse solo la lealtad de quien pregunta.

El tercero es el propio relato de prosperidad. La bajada de impuestos y el discurso de libertad económica generan una lealtad que funciona casi como seguro frente a los escándalos de gestión: una parte de sus votantes está dispuesta a tolerar la opacidad si percibe, o le hacen percibir, que su bolsillo sale beneficiado. Es un intercambio implícito —menos control institucional a cambio de menos presión fiscal— que rara vez se verbaliza así, pero que opera con eficacia.

Y el cuarto es, simplemente, cansancio democrático: la acumulación de escándalos —ático, Móstoles, pandemia, contradicciones biográficas— es tan alta que termina generando saturación antes que indignación sostenida. Incluso dentro de su propio partido empieza a hablarse de hartazgo entre alcaldes y barones territoriales, aunque esa incomodidad interna todavía no se traduce en exigencia pública.

Ese adormecimiento no es apatía neutra: es el resultado directo de un ecosistema —institucional, mediático y emocional— diseñado para que exigir responsabilidades resulte más costoso socialmente que mirar hacia otro lado. Ahí es donde falla no solo un gobierno, sino la ciudadanía que debería sostenerlo en pie. Cuando el coste social de preguntar supera al coste político de no responder, la rendición de cuentas deja de ser una exigencia colectiva y pasa a depender, únicamente, de la buena voluntad de quien gobierna. Y esa nunca debería ser la base de una democracia sana.

Frente a todo esto, hace falta nombrar lo que sí sería una política con vocación de servicio público: aquella que entiende que gobernar una comunidad no es administrar un decorado, sino construir ciudadanía. Una Comunidad de Madrid que fuera de verdad ejemplo,tendría que medirse no por cuántas medallas entrega ni por cuántos titulares genera, sino por si el lugar donde se vive es un espacio de integración —de quien llega, de quien denuncia, de quien espera una cita médica— y no de selección entre quienes encajan en el relato oficial y quienes quedan fuera de él.

Integración significa que la sanidad pública no se mida en dos indicadores contradictorios sino en si la gente es atendida a tiempo; que una denuncia de acoso se resuelva protegiendo a quien denuncia, no a quien tiene poder dentro del partido; que la política exterior sirva a los ciudadanos hispanos, no al aplauso del poderoso de turno; que el dinero público financie servicios y no relatos amables en televisión.

La política escaparate no necesita resolver nada de eso porque ha aprendido que no hace falta: le basta con producir indignación o entusiasmo el tiempo suficiente para llegar a la siguiente semana sin rendir cuentas de la anterior. Ese es, precisamente, el problema de fondo: no es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar, mientras la vocación de servicio público, la que construye ciudadanía real en lugar de audiencia, queda relegada a nota a pie de página.

Reconocer ese patrón, nombrarlo y exigir su corrección no es un ejercicio de hostilidad partidista: es la condición mínima para que una comunidad política vuelva a merecer ese nombre.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

En los reinos de la demagogia hay muy poca distancia entre la medalla y la metralla, es decir, que los que lanzan sapos y culebras por la boca y dejan huellas de lobo en la arena política, luego se presentan como campeones de la democracia y del patriotismo. O sea que lanzan la piedra y esconden la mano, bailan la danza de la lluvia y luego venden paraguas. Se van a Ceuta, por ejemplo, le echan gasolina al fuego del racismo, le lustran de rodillas los zapatos al rey de Marruecos y cuando tienen la suerte —si es que esta falsa crisis migratoria de laboratorio les ha caído del cielo y no están en el ajo— de que se monte la marimorena en la frontera, se ponen el disfraz de Cid Campeador, se rodean de banderas y se ofrecen a resolver el problema que ellos, como mínimo, han ayudado a crear. Alguien mal pensado hasta llegaría a sospechar que el ruido de trifulca y reyerta es ideal para que no se oigan los escándalos de la Comunidad de Madrid, de los que los jefes de PP y Vox no dicen ni pío. 

Si tirar por elevación fuese deporte olímpico, los aspirantes de la derecha y ultraderecha a presidente y vicepresidente del Gobierno se llevarían el oro y la plata de calle, jugando al despiste de hacerle creer al público que compiten entre ellos, cuando, en realidad, son un equipo y se dan el relevo. Lo demás, es puro teatro: sus continuos aspavientos acaparan titulares; sus exageraciones siembran el pánico; su lenguaje va casi siempre de lo histriónico a lo hiperbólico, a menudo cruzando la frontera del insulto, que esa sí que debería de estar cerrada, y haciendo sonar tambores de guerra para dar la impresión de que estamos en una batalla del bien, que representan ellos, y el mal que encarnan la izquierda y Pedro Sánchez. Así que salen a esos escenarios de dios con la guitarra en llamas y arengan a las masas con muletillas ideológicas y mensajes apocalípticos, llevando las cosas tan lejos que hasta allí sólo les puedan seguir los más radicales, los más sugestionables o los más asustados. A veces, quien avisa de que viene el lobo es él.

Que viene Vox, repican las encuestas, y ya hay gente que maniobra para ponerse a su servicio. Su líder ahora vuelve a invocar la Constitución, que estos personajes usan como el Kama Sutra de las imposturas, para pedir que se aplique el artículo 102 y se eche a sartenazos de La Moncloa a Sánchez, por traidor. La verdad es que quien se parece más a un traidor es el propio Abascal, obediente correveidile y eco de Washington y Rabat y siempre dispuesto a hablar mal de España en cualquier sitio donde le pongan un micrófono delante. Este hombre y su socio Feijóo, sin embargo, no son buenos oradores, y cuando quieren pintar un panorama sombrío les sale el eccehomo de Borja. Y tampoco se dan maña con las matemáticas, porque proponen cosas para las que no tienen escaños, de manera que no es que se acerque el enemigo, sino que ellos tiran fuegos artificiales.

Qué parecidas suenan también las palabras “salvadores” y “salteadores”.

En algún lugar de España, una mujer sostiene entre las manos una pequeña caja con unos restos óseos. Son los de su abuelo. Nunca llegó a conocerlo. Nació varias décadas después de que aquel hombre fuera asesinado durante la Guerra Civil o la represión franquista. Sin embargo, llora. Lo hace con la intensidad con la que se despide de alguien cuya ausencia ha estado siempre presente en su vida.

La escena se ha repetido cientos de veces durante las últimas dos décadas. Las imágenes de las exhumaciones han pasado a formar parte del paisaje público de la democracia española. Hemos visto arqueólogos abrir fosas comunes, antropólogos identificar esqueletos y familias recuperar, por fin, los restos de sus seres queridos. Habitualmente interpretamos esos momentos desde la historia, la política o los derechos humanos. Hablamos de verdad, justicia, reparación o memoria democrática. Todo ello es cierto. Pero quizá hemos pasado por alto una pregunta mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más profunda.

¿Por qué una persona puede sufrir por una pérdida ocurrida casi 90 años antes de su nacimiento? ¿Cómo es posible que una guerra siga dejando una huella emocional en quienes nunca la vivieron? ¿Qué ocurre psicológicamente cuando una familia permanece durante generaciones sin saber dónde está un padre, un abuelo o un hermano, sin haber podido celebrar un funeral, despedirse o simplemente colocar un nombre sobre una tumba?

Sorprendentemente, la historiografía española apenas había abordado estas cuestiones desde una perspectiva empírica. Durante décadas hemos reconstruido con enorme precisión la violencia de la Guerra Civil: conocemos los mecanismos de la represión, la lógica de las desapariciones forzadas, el funcionamiento de los consejos de guerra, la dimensión de las fosas comunes y las políticas de memoria desarrolladas desde la democracia. Sin embargo, sabemos mucho menos sobre las consecuencias psicológicas que esa violencia produjo en las familias y, sobre todo, sobre la forma en que esas consecuencias pudieron proyectarse sobre las generaciones posteriores.

Durante los últimos años hemos intentado responder a esa pregunta combinando dos disciplinas que rara vez habían dialogado de manera sistemática en el caso español: la Historia y la Psicología. El resultado no consiste únicamente en una nueva interpretación del pasado. También propone una forma distinta de estudiar las guerras. Porque los conflictos no terminan necesariamente cuando cesan los combates. En ocasiones, continúan viviendo en las emociones, los silencios y las relaciones familiares de quienes nacieron mucho después de que desaparecieran los últimos disparos.

Lo que hemos encontrado obliga a ampliar nuestra mirada sobre la Guerra Civil española. No se trata solo de comprender cómo se ejerció la violencia o cómo se construyó la memoria de aquel conflicto. Se trata también de preguntarnos si es posible medir científicamente la herencia humana de una guerra. Nuestros resultados sugieren que sí. Y que hacerlo no solo cambia la forma de interpretar el pasado, sino también el papel que una democracia puede desempeñar en la reparación de sus consecuencias más profundas.

En otros escenarios marcados por la violencia política esta línea de investigación lleva décadas desarrollándose. Los estudios sobre supervivientes del Holocausto, las dictaduras del Cono Sur, los Balcanes o Ruanda han mostrado que determinados acontecimientos traumáticos pueden proyectar sus efectos durante mucho más tiempo del que tradicionalmente imaginamos. No únicamente porque quienes los vivieron conserven secuelas psicológicas, sino porque esas experiencias transforman la vida familiar, las relaciones afectivas, las formas de educar, los silencios y las narrativas que se transmiten entre generaciones. La pérdida deja entonces de ser únicamente un hecho histórico para convertirse en una experiencia que continúa organizando la vida cotidiana mucho después de que desaparezcan sus protagonistas.

En España, sin embargo, esta dimensión permanecía prácticamente inexplorada desde una perspectiva empírica. La mayor parte de las investigaciones sobre memoria se han ocupado de los discursos públicos, las políticas memoriales, las asociaciones de familiares o los procesos de exhumación. Han sido trabajos imprescindibles para comprender cómo una sociedad recuerda su pasado. Pero recordar y elaborar psicológicamente una pérdida son procesos diferentes. La memoria pertenece al ámbito colectivo, político y cultural. El duelo pertenece, ante todo, al ámbito de la experiencia humana, aunque inevitablemente se vea condicionado por el contexto social e histórico.

Esta diferencia resulta fundamental. Una sociedad puede reconocer oficialmente a las víctimas y, al mismo tiempo, muchas familias pueden continuar viviendo un duelo inacabado. Del mismo modo, una familia puede mantener viva la memoria de un desaparecido durante décadas y seguir experimentando una profunda incertidumbre derivada de no saber dónde está enterrado, de no haber podido despedirse o de no haber contado nunca con un espacio social donde expresar ese dolor. La literatura psicológica denomina a esta situación pérdida ambigua o duelo desautorizado, conceptos que describen precisamente aquellos procesos en los que la ausencia permanece abierta porque nunca llegó a existir una confirmación, un ritual o un reconocimiento suficiente para integrar la pérdida en la propia biografía.

Con esa idea comenzamos nuestra investigación. Nos preguntamos si era posible estudiar la Guerra Civil desde un lugar diferente. No únicamente analizando la violencia que produjo, sino observando las huellas psicológicas que esa violencia ha dejado en quienes la heredaron. Para ello reunimos una muestra de familiares de víctimas pertenecientes a distintas generaciones y analizamos de forma conjunta variables relacionadas con el duelo, el estrés postraumático, las estrategias de afrontamiento, el estrés percibido y la recuperación de los restos humanos. Nuestro objetivo no era demostrar una hipótesis política ni confirmar un relato previo. Era responder, mediante herramientas procedentes de la psicología científica, a una pregunta histórica que apenas había comenzado a formularse: ¿qué ocurre cuando un duelo permanece interrumpido durante casi un siglo?

Hasta este punto solo habíamos planteado una pregunta: ¿puede una guerra seguir produciendo consecuencias psicológicas casi 90 años después de haber terminado? La respuesta que ofrecen nuestros datos es afirmativa. Pero no en el sentido más intuitivo. No estamos hablando únicamente de personas que sobrevivieron al conflicto o padecieron directamente la represión franquista. Hablamos, sobre todo, de hijos y nietos. Personas nacidas en democracia que nunca escucharon un disparo, que no conocieron a los familiares cuya ausencia marcó la historia de su casa y que, sin embargo, continúan organizando parte de su experiencia emocional alrededor de aquella pérdida.

Este hallazgo obliga a matizar una idea muy extendida. A menudo se afirma que "el tiempo lo cura todo". Sin embargo, desde la psicología sabemos que el tiempo, por sí solo, no constituye un agente terapéutico. Lo que permite elaborar un duelo es la posibilidad de aceptar la pérdida, dotarla de sentido e integrarla en la propia biografía. Cuando ese proceso queda interrumpido, la herida no desaparece simplemente porque transcurran las décadas. Puede permanecer latente, reorganizarse y expresarse de formas diferentes a medida que cambian las generaciones. Eso fue precisamente lo que observamos.

Las familias de las víctimas de la Guerra Civil española no solo perdieron a una persona. En miles de casos también perdieron la posibilidad de despedirse. Muchos nunca recibieron una confirmación oficial de la muerte, nunca recuperaron el cuerpo y nunca pudieron celebrar un funeral o disponer de un lugar donde recordar a su familiar. Esa ausencia convirtió la pérdida en una experiencia permanentemente abierta. La literatura internacional define esta situación como pérdida ambigua, una forma de duelo especialmente compleja porque la incertidumbre impide cerrar el proceso emocional. En España, además, esa situación se vio agravada por décadas de silencio, miedo y ausencia de reconocimiento público, configurando lo que diversos autores denominan un duelo desautorizado, es decir, un duelo que no encontraba legitimidad social para expresarse.

Lo más llamativo es que esa experiencia no desaparece necesariamente con quienes la vivieron. Durante mucho tiempo, la idea de una transmisión intergeneracional del trauma permaneció ligada al ámbito del psicoanálisis o a estudios desarrollados tras el Holocausto y otras experiencias de violencia extrema. En el caso español apenas existían evidencias empíricas. Nuestros resultados aportan precisamente esa evidencia. No porque demuestren que el trauma se transmite de forma biológica o inevitable, sino porque muestran que las consecuencias de una pérdida no elaborada pueden proyectarse sobre las siguientes generaciones a través de los vínculos familiares, las narrativas compartidas, los silencios y las formas cotidianas de relacionarse con el pasado.

Conviene insistir en esta idea porque suele simplificarse con facilidad. Los nietos no "heredan la guerra". Lo que heredan es una determinada manera de convivir con una ausencia que nunca pudo integrarse plenamente en la historia familiar. Crecen escuchando relatos fragmentarios o, en ocasiones, sin escuchar ninguno. Perciben emociones difíciles de nombrar, observan silencios persistentes alrededor de determinadas personas o acontecimientos y participan en rituales familiares que mantienen viva una ausencia cuyo origen pertenece a otra época. Como señalan diversos estudios sobre transmisión familiar del trauma, los hijos y nietos no reciben únicamente información sobre el pasado; también aprenden modos de sentirlo y de interpretarlo.

Esta constatación cambia también nuestra forma de entender las exhumaciones. Frecuentemente se ha preguntado por qué son precisamente los nietos quienes lideran la búsqueda de muchos desaparecidos. Desde una perspectiva exclusivamente cronológica podría parecer paradójico. Ellos no conocieron a quienes buscan. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica el fenómeno resulta mucho más comprensible. No intentan reconstruir únicamente un episodio histórico. Intentan resolver una ausencia que ha condicionado la vida emocional de su propia familia durante décadas.

Otro de nuestros resultados cuestiona una imagen igualmente simplificadora: la idea de que todas las familias reaccionan del mismo modo ante una pérdida traumática. No ocurre así. Las estrategias para afrontar el duelo son extraordinariamente diversas y dependen del contexto, del grado de parentesco, de la comunicación familiar y de las oportunidades de reconocimiento social. Mientras algunas familias mantuvieron viva la memoria mediante asociaciones, homenajes o la búsqueda activa de los restos, otras optaron por el silencio como mecanismo de protección o supervivencia. Ninguna de estas respuestas puede entenderse como universal. Todas forman parte de las múltiples formas en que las personas intentan adaptarse a una pérdida que nunca llegó a resolverse plenamente. Nuestros análisis sobre las estrategias de afrontamiento muestran precisamente esa diversidad de respuestas frente a una misma experiencia traumática.

Quizá el resultado más novedoso de nuestra investigación aparece cuando dejamos de observar cada síntoma de manera aislada y analizamos cómo se relacionan entre sí. Tradicionalmente, la psicología ha tendido a estudiar el duelo, el estrés o los síntomas postraumáticos como fenómenos independientes. Sin embargo, el análisis de redes empleado en nuestro estudio permite observar algo distinto: el sufrimiento psicológico funciona como un sistema interconectado. Las emociones no aparecen de forma aislada; se alimentan mutuamente y forman una estructura dinámica en la que cada elemento influye sobre los demás.

Esta forma de comprender el trauma tiene importantes implicaciones. Si el sufrimiento constituye una red de relaciones emocionales, cualquier acontecimiento que modifique uno de sus elementos principales puede transformar también el conjunto de la experiencia psicológica. Esa observación nos condujo hacia la última gran pregunta de nuestra investigación: ¿qué ocurre cuando una familia consigue, por fin, recuperar los restos de su ser querido?

Ese interrogante nos llevó al hallazgo que, probablemente, resulta más innovador de todo nuestro trabajo. Porque las exhumaciones no solo recuperan cuerpos. También parecen transformar la manera en que las personas organizan emocionalmente una pérdida que llevaba décadas suspendida. Ese cambio no elimina el dolor. Pero sí modifica profundamente la forma en que ese dolor se experimenta y adquiere significado. Y esa transformación, como veremos, permite comprender las exhumaciones desde una dimensión que hasta ahora apenas había sido explorada: la de la salud mental.

No se trata de afirmar que una exhumación borre el sufrimiento acumulado durante décadas. Ninguna investigación seria podría sostener algo semejante. El dolor por la pérdida de un padre, una madre o un abuelo asesinado nunca desaparece completamente. Lo que muestran nuestros datos es algo distinto y, quizá, más importante. Cuando una familia recupera los restos de su ser querido, identifica un lugar donde descansar, celebra un funeral o encuentra un espacio de reconocimiento social, no solo recupera una parte de su historia. El duelo deja de construirse alrededor de la incertidumbre para empezar a construirse alrededor del recuerdo. La ausencia deja de definirse por una pregunta sin respuesta y puede comenzar a integrarse en una narrativa familiar donde, por fin, existe una despedida.

Este hallazgo invita también a reconsiderar el significado de las políticas de memoria. Con frecuencia se presentan como instrumentos destinados exclusivamente a esclarecer el pasado o a reparar una injusticia histórica. Todo ello sigue siendo cierto. Pero la evidencia que hoy empezamos a reunir indica que también pueden desempeñar una función menos visible y profundamente humana: contribuir a que familias enteras completen procesos de duelo interrumpidos durante generaciones. Desde esta perspectiva, la memoria democrática deja de ser únicamente una cuestión de archivos, monumentos o legislación. Se convierte también en una forma de cuidar las consecuencias que la violencia sigue proyectando sobre el presente.

Hoy disponemos de herramientas que permiten aproximarnos a esa dimensión con el mismo rigor con el que estudiamos otras consecuencias de la guerra. No para sustituir la historia por la psicología, sino para hacer dialogar ambas disciplinas y comprender mejor un fenómeno que ninguna de ellas puede explicar por separado. Porque las guerras terminan cuando cesa la violencia, pero sus consecuencias humanas pueden prolongarse mucho más allá de la vida de quienes las combatieron.

Durante años pensamos que las exhumaciones recuperaban únicamente cuerpos, nombres e historias. Hoy sabemos que pueden devolver también algo mucho más difícil de cuantificar: la posibilidad de concluir un duelo interrumpido durante tres generaciones. Comprender esa dimensión no modifica únicamente nuestra forma de interpretar la Guerra Civil española. Nos obliga también a replantear qué significa reparar el pasado en una democracia. Tal vez la reparación no consista solo en hacer justicia a quienes murieron, sino también en ofrecer a quienes viven la oportunidad de transformar el silencio en conocimiento, la incertidumbre en memoria y la ausencia en una despedida posible.

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Raquel Martín-Ríos forma parte del departamento de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco J. Leira-Castiñeira forma parte del departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid.

Somos la patria mundial de la Contrarreforma, somos los campeones del mundo en llevar a la hoguera a gente por lo que no existe ni ha ocurrido. Incluso tenemos una ley de partidos que ilegaliza a las formaciones políticas por algo que no han hecho. No sé si están ustedes al corriente, pero, en contra de la tradición liberal, nuestra ley de partidos te puede cerrar el chiringuito —y de hecho te lo cierra— por no dar una rueda de prensa condenando el terrorismo. No lo digo como hipérbole. La ley de partidos se aprobó con el propósito de ilegalizar a un partido político. Uno concreto. Esto contraviene dos principios generales del derecho. Uno, el derecho es contrario a la lex ad hoc (“ley para el caso específico”), que establece que la ley es general para la sociedad y no ha de legislarse para comportamientos específicos de personas concretas; y otro, que rige para el derecho penal, es nullum crimen sine lege (“ningún crimen sin su ley”) que significa que la ley que ilegaliza un comportamiento tiene que antecederlo. Dicho de otro modo, que un comportamiento lícito no puedo convertirlo en ilícito una ley a posteriori.

Ustedes, gentes de bien e instruidas, pensarán que a Batasuna se la ilegalizó por sus vínculos con ETA. No es así. De hecho, si Batasuna hubiera tenido vínculos con ETA —financieros, administrativos, patrimoniales o personales— el código penal existente entonces habría permitido ilegalizarla, meter a la Mesa Nacional (órgano de dirección del partido) en la cárcel y tirar la llave. No, para el mundo abertzale se legisló incumpliendo el nullum crimen sine lege con lex ad hoc. La virtud de nuestra democracia liberal empezó a morir cuando creímos que la lucha contra el terrorismo justificaba esta suerte de GAL legislativo. 

De hecho, se había intentado desmantelar todo lo que en Madrid se llamaba “el entorno de ETA” (que no existe, “el entorno de ETA” es Euskadi), en uno de los grandes bochornos de la justicia española en democracia —precedente inequívoco de la insania de lo que hoy es el pan nuestro de cada día en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional—: el caso conocido con el inofensivo título “El sumario 18/98”. Los cementerios están llenos de buenas intenciones y este macroproceso —que aguas abajo, acabó casi sin condenados y con los tribunales superiores del mundo civilizado poniendo a la justicia española como chupa de dómine— supuso el cierre ilegal de dos periódicos, la disolución ilegal de infinidad de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, y también supuso la imputación de más de 250 personas por actividades sociales, culturales y políticas sin ninguna relación con la violencia.

Aunque el caso estuvo abierto una década, fue deshilachándose como lo que era, un intento de perseguir a una parte de la sociedad vasca, la que se sentía y se siente representada por la izquierda abertzale, así que hubo muy pocos condenados. Y la mayoría de las condenas fue corregida posteriormente por instancias superiores nacionales e internacionales dedicadas a la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles. A mitad del proceso, los políticos con dos dedos de frente ya vieron que intentar hallar vínculos entre esa parte de la sociedad vasca —sus medios, sus organizaciones culturales, sus fundaciones y sus partidos— y el terrorismo era completamente imposible y no podía acabar bien. Porque tal vínculo, pensaran lo que pensaran en la Villa y Corte, no existía más allá de las conciencias. Y la democracia no legisla conciencias. En la izquierda abertzale, a finales de los noventa, a unos (pocos) les parecía mal, pero justificado, el terrorismo de ETA, y a otros (muchos), derramar sangre les parecía no solo un horror ético sino también un error estratégico. [Además de ser, añado yo, una bochornosa antigualla de las postrimerías de la Guerra Fría absolutamente demodé al acabar el siglo].

Bueno, la ley de partidos se concibió a mitad de ese proceso —en el que a punto estuvo de ser imputada Renfe porque el Cercanías de la margen izquierda de Bilbao cantaba las estaciones en euskera—, viendo que aquello iba a acabar como el rosario de la aurora. Que fue como acabó, claro, porque el Sumario 18/98 es conocido hoy como el sumario “Todo es ETA” y no sirvió para nada, más allá de convencer a la izquierda separatista vasca de que España no es un Estado serio. Si no se podía hallar vínculo alguno entre los terroristas y el mundo abertzale, había que idear mecanismos para ilegalizar a Herri Batasuna aun sin probar esa relación. La ley de partidos, manifiestamente inconstitucional dijera lo que dijera el Constitucional, fue un prodigio de coherencia con la Contrarreforma, porque permitía condenar por no decir. Torquemada sonreía en su tumba. De hecho, acabó creando aberraciones como convertir los desórdenes públicos (kale borroka) en terrorismo. Si tú eres un alegre ganadero de Lorca (Murcia) puedes tomar un ayuntamiento e impedir la celebración de un pleno —esto es lo que el código penal definía específicamente como “sedición”— sin mayor consecuencia, pero si eres de Sestao y prendes un contenedor porque pierde el Atleti, eres terrorista. 

Con la justicia plenamente instalada ahí, en el Concilio de Trento —no hace falta explicar de nuevo que en los inicuos procesos del Supremo y la Audiencia Nacional hoy es habitual que la carga de la prueba se invierta, es decir, que se exija al reo probar su inocencia en lugar de estar los tribunales obligados a encontrar pruebas de su culpabilidad, como bien saben Alberto Rodríguez, Álvaro García Ortiz y José Luis Ábalos, y como ya empieza a sospechar José Luis Rodríguez Zapatero—, la moral pública española regresa al siglo XVI y padecemos a presidentes de las grandes salas de justicia orgullosos legatarios del inquisidor general de Córdoba.

Diego Rodríguez de Lucero, apodado “el Tenebroso” o “el inspirado por Lucifer”, conocido por la fabricación de pruebas falsas y la persecución fanática y cruel de toda heterodoxia o disidencia, fue inquisidor en Jerez de la Frontera y en Córdoba, pero se pasó tantísimo de rosca que casi acaba como nuestro moralista favorito, Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola: linchado por sus vecinos.

Tras quemar vivas a más de cien personas en el mayor auto de fe de la historia mundial, celebrado en Córdoba en 1504, y procesar por “judaizante” a fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina Isabel la Católica, en 1505, los cordobeses se alzaron contra él, dirigidos por el conde de Cabra y el marqués de Priego —a la licenciosa nobleza española, los intransigentes religiosos nunca les hicieron tilín por lo que sea—, y tomaron el alcázar liberando a medio millar de presuntos herejes que esperaban juicio.

No lograron su objetivo, que era colgar a Lucero o tirarlo desde la almena más alta del alcázar, porque el inquisidor le tembló la fe en el socorro de la Providencia y salió de Córdoba al galope para nunca volver. Aunque fue destituido, junto con otros inquisidores fans del BDSM, por la Congregación General de Burgos (convocada por el cardenal Cisneros en 1508 para poner orden en el disparate genocida en que se había convertido el Santo Oficio), Lucero nunca pagó por sus infames crímenes.

Volvamos al principio: lo no dicho no existe salvo para gentuza como Lucero y las mentes en maduración del Supremo. Viene al caso porque estas semanas de emergencia humanitaria en Ceuta, mi oficio de impostores está juzgando la acción diplomática española por lo que no dice. Apoyados en analistas enemigos de Marruecos —por ser una monarquía, por no ser una democracia, por haberse quedado el Sáhara Occidental o por ser ridículos tiralevitas de Trump, razones hay a patadas—, el periodismo moralista ha rebuscado en las comunicaciones diplomáticas españolas en busca de una condena a Rabat.

Y no: en la carta en la que le pinta la cara a la Comisión Europea, a su presidenta y a la primera ministra italiana, el presidente del Gobierno español no señala la culpabilidad de Marruecos por acción u omisión en la crisis de Ceuta. Y menos mal.

Las democracias europeas deberían haber aprendido algo de su inclinación a desestabilizar a los regímenes vecinos por no ser enteramente democráticos. Si queremos saber qué tal funciona este moralismo exterior, podemos preguntar a los italianos qué tal van sus políticas migratorias desde la caída del líder libio Muamar el Gadafi, o qué tal le ha ido a Grecia la ruina del sirio Bashar al-Ásad.

La falacia del Nirvana (“lo mejor es enemigo de lo bueno”) es el primer mandamiento de cualquier política exterior adulta. La diplomacia opera sobre la cortesía de saber qué decir y qué callar. España ya es el enemigo público número uno del tirano idiota de la Casa Blanca y del genocida acomplejado de Tel Aviv, no necesitamos mucho más. Bastante tenemos con que en el Palacio de las Salesas se hayan instalado los albaceas de El Tenebroso de Córdoba y de sus infames crímenes.

Sería deseable que el mío, aunque sea un oficio de impostores, sea un oficio de adultos, no un santo oficio.

A veces los símbolos surgen de manera espontánea. Alguien detiene su mirada en una imagen que le atrapa, se alza ante ella y la deja prácticamente hipnotizada sin saber muy bien el motivo de ese trance, a continuación puede llegar a pensar que se trata de una advertencia, puede llegar a pensar que ese acto en sí ha conseguido desplazarla a un futuro próximo, y ahí es donde se conforman los símbolos. Los míos, en este caso, han llegado de la mano de la alegoría porque la fotografía que ha impactado en mi retina posee un significado literal (lo que veo) y un significado oculto (la idea real que me transmite).

Les invito a que la busquen, se trata de la plaza Schuman, ubicada en un barrio de Bruselas, flanqueada por la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Servicio de Acción exterior de la Unión Europea. Los bruselenses la han bautizado como “la sartén más grande de Europa”. Parece ser que es fruto de una larga y fallida rehabilitación que, aunque no está concluida, ya la dan por fracasada. La imagen que ofrece es desoladora: sin vegetación alguna (tan solo unas estrechas jardineras), sin techados, sin asientos (mejor no aventurarse a detenerse), diáfana, sin alma (¿por qué no?). Si a esta plaza la revestimos de símbolos, representará una Comunidad Europea tan grande como yerma, tan gris y dura como débil, tan frustrada como ridiculizada, tan condenable como fea y tan sofocada como incendiada.

La plaza Schuman es la idea de que algunas cosas representan a otras. Un espacio como ese nos puede remitir a esos pensamientos, a los que con bastante frecuencia nos asomamos cuando la Europa en la que creemos no cumple nuestras expectativas, los de las promesas incumplidas y los esfuerzos infructuosos.

Esa fisonomía circular no armoniza con ninguna de las construcciones que la rodean, pero al menos es circular, y eso representa el tiempo y el espacio sin un principio ni un fin. Dicen que el círculo refleja el flujo constante del tiempo, el universo y el eterno retorno de la vida. Quizás Europa todavía pueda salvarse, y nosotros con ella.

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Rosa Ángeles Fernández es socia de infoLibre.

Justo después de la medianoche del 5 de agosto, veintiocho misiles cayeron sobre Kiev y su región circundante. Las tripulaciones de los sistemas Patriot de Ucrania no interceptaron ninguna de las ojivas balísticas. Por la mañana, 17 personas habían muerto y 44 resultaron heridas. Lo que los misiles alcanzaron importaba tanto como el número de fallecidos. Cayeron sobre el centro de clasificación de Nova Poshta en Kiev, la mayor empresa de transporte de paquetes del país, y en dos complejos de almacenes y una planta de cerámica gestionados por Epicentr, la mayor cadena de bricolaje de Ucrania. Las instalaciones pertenecientes a los grupos de alimentación Novus y Fozzy también sufrieron daños. Epicentr declaró que los misiles habían destruido en minutos lo que le había tardado décadas en construir.

Moscú cuenta una historia diferente. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los sitios ocultaban vínculos militares, y ambas versiones no pueden conciliarse de forma independiente. Pero un solo ataque prueba poco; un patrón prueba mucho. Depósitos de paquetes, almacenes de alimentos, astilleros de suministros de construcción y reservas de alimentos han sido alcanzados semana tras semana a lo largo del verano. Un centro de clasificación postal en Sumy, una terminal en Poltava, una sucursal de carga en Cherníhiv: Nova Poshta por sí sola cuenta con una serie de estos ataques y cifra sus pérdidas por bombardeos en 7,3 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año. Independientemente de lo que Moscú afirme sobre cualquier edificio en particular, el objetivo que revela la secuencia no es la destrucción de un ejército. Es la destrucción de la maquinaria que mantiene viva a una economía civil.

Esa maquinaria es la parte que los analistas militares ignoraron durante un siglo. Las guerras se interpretaban a través del choque de formaciones en el frente. Esta se está librando contra el tejido conectivo situado detrás del frente: la estantería, la furgoneta de reparto, la cámara frigorífica, la fábrica de azulejos. Cuando un misil de largo alcance aterriza en un almacén minorista a cien kilómetros de cualquier trinchera, el objetivo no es una brigada. Es el empleo, el suministro y la base impositiva que financia la defensa del propio Estado.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente Zelenski en tecnología de defensa, lo expresó claramente tras el ataque: el enemigo, escribió en Facebook, está atacando todo sin distinción —almacenes minoristas, tiendas de alimentos, centros logísticos, depósitos de materiales de construcción—. Lo llamó una nueva fase de la guerra de desgaste. La formulación es exacta. El desgaste solía significar el desgaste de soldados y proyectiles. Ahora significa desgastar a las empresas que visten, alimentan y reconstruyen a una nación de 30 millones de habitantes.

La suposición cómoda sobre las economías en tiempos de guerra es que se doblan y se adaptan, que las empresas descentralizadas sortean los daños. Eso se cumple cuando los choques son financieros. Fracasa cuando los propios activos físicos del comercio son el objetivo. Una moneda se puede defender desde un búnker; un centro de distribución de 40.000 metros cuadrados no se puede trasladar bajo tierra. Epicentr calcula que tardará unos dos años en reconstruir sus plantas destruidas y, entretanto, está trasladando parte de la producción de cerámica al extranjero. Multiplíquese eso por una docena de empresas y el resultado no es un bache temporal, sino un vaciamiento lento: inversiones de capital congeladas, empleos borrados lejos de los combates, producción exportada a países donde el techo sigue en pie.

El coste llega por partida doble. Primero para las empresas, que pierden en una hora años de capital acumulado. Segundo para el tesoro público, que debe o bien reemplazar lo destruido o ver cómo desaparecen los ingresos que generaba. Reconstruir un almacén que vuelve a ser arrasado al mes siguiente no es reconstrucción; es un subsidio pagado al atacante. Por eso el argumento de que Ucrania simplemente puede "adaptarse" malinterpreta el problema. La adaptación presupone que el choque es superable a nivel de empresa. Cuando los activos fijos de la empresa son el objetivo, no queda nada con qué adaptarse.

Nada de esto se queda dentro de las fronteras de Ucrania, razón por la cual debería preocupar a los lectores muy lejos de Kiev, incluidos los del Golfo, donde economías enteras se construyen sobre la promesa de que los bienes y el capital se mueven de manera fiable a través de la logística global. La lección que enseñan los ataques de agosto es que los modelos utilizados para fijar el precio del riesgo comercial están mirando la variable equivocada. Durante una generación, las altas esferas corporativas y las aseguradoras clasificaron a los países según índices de estabilidad política: ciclos electorales, riesgo de golpe de Estado, calificaciones soberanas. La variable relevante ahora es la vulnerabilidad física a los ataques de precisión. Un gobierno estable no puede proteger un centro de distribución de un misil balístico disparado a 500 kilómetros de distancia, y la tecnología que ha hecho que tales ataques sean rutinarios sobre Kiev está proliferando, no disminuyendo.

Las aseguradoras ya se están adaptando. Los seguros de riesgo de guerra y de daños materiales para activos en regiones disputadas se están repriciando hacia una inestabilidad permanente, y esa recalibración de precios no se revierte cuando se firma un alto el fuego; es el recuerdo de la vulnerabilidad, y no el estado actual del frente, lo que fija la prima. Para cualquier economía de centro logístico cuya propuesta de valor es que la carga llega a tiempo, ese cambio en la forma en que se valora el riesgo físico no es un problema europeo lejano. Es un anticipo de las preguntas que tarde o temprano se le plantearán a cualquier Estado dependiente de la logística por parte de quienes aseguran su infraestructura.

Los observadores de la ONU le han puesto una cifra a esta tendencia. Las bajas civiles en Ucrania han aumentado cada mes de 2026; la oficina calificó recientemente a julio como el mes más mortífero para los civiles desde abril de 2022, después de que el balance de junio con 293 muertos estableciera su propio sombrío récord. El motor no son los combates en la línea de contacto, sino las armas de largo alcance que alcanzan ciudades que el frente nunca toca: los mismos misiles que convirtieron los almacenes de una cadena de bricolaje en un campo de escombros.

La respuesta internacional se ha centrado en el apartado humanitario: convoyes de ayuda, refugios, fondos de emergencia. Eso trata el síntoma. La herida estructural es la demolición deliberada de la capacidad comercial, y no puede ser vendada con ayuda humanitaria. La respuesta de Zelenski —interceptores o, a falta de ellos, sanciones a la producción de misiles que sigue mayormente intacta— apunta a la única defensa real: no se puede reconstruir lo que sigue siendo golpeado, por lo que la prioridad es evitar que sea golpeado. A falta de eso, Ucrania se enfrenta a una desindustrialización orquestada desde el aire, una que seguirá configurando su economía mucho después de que terminen los disparos. Los países que observan desde una distancia segura deben comprender que no son espectadores de un problema ucraniano. Se les está mostrando, en tiempo real, lo que el próximo tipo de guerra le hace a todo lo que una economía moderna está construida para mover.

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Imran Khalid es analista geoestratégico y columnista de asuntos internacionales.

En el Reino de Hispania de los Espejos Torcidos, donde las farolas discutían de política y los perros callejeros llevaban corbata para poder opinar en televisión, apareció una mañana un cartel gigantesco en todas las plazas: "Se buscan héroes para salvar la patria de sí misma".

Debajo del anuncio había un dibujo de ocho figuras con capas ondeantes, máscaras ridículas y músculos dibujados con rotulador. Nadie sabía quién había convocado la reunión. Algunos decían que había sido un algoritmo con ansiedad. Otros, que un asesor político desesperado buscando una nómina. Los más pesimistas afirmaban que simplemente era lunes.

El primero en llegar fue SuperSánchez, conocido en los cómics como El Hombre del Espejo Infinito. Vestía un traje azul impecable, una capa que cambiaba de color según la encuesta del día y una sonrisa tan perfectamente calibrada, que parecía diseñada por un laboratorio de dentistas diplomáticos.

Su poder era extraordinario: podía entrar en una habitación diciendo una cosa y salir diciendo exactamente la contraria sin que el espejo recordara cuál había sido la primera.

—La realidad es flexible —explicaba mientras ajustaba su capa—. Lo importante es que quede bien iluminada.

A su lado apareció Feijóo-Man, el héroe gallego de los mil silencios estratégicos. Tenía unas gafas capaces de detectar contradicciones a kilómetros de distancia, aunque curiosamente siempre se empañaban cuando la contradicción estaba demasiado cerca. Su arma secreta era el Búmeran de la Moderación: lo lanzaba contra sus enemigos y siempre volvía contra alguien de su propio partido.

—Yo no quiero ruido —decía Feijóo-Man. Y entonces todos miraban alrededor, porque detrás de él siempre aparecía una banda tocando tambores.

La tercera en llegar fue La Dama del Gran Escenario, conocida en los cómics como Ayusiana, Reina del Micrófono Eterno. Su traje era rojo brillante, sus botas tenían tacones capaces de perforar el suelo de la Asamblea y su voz era tan potente que reventaba las alarmas de incendios. Su superpoder era convertir cualquier asunto en una batalla épica.

Si alguien preguntaba por una farola rota, decía:

—¡Están intentando destruir nuestra civilización!

Si alguien preguntaba por una factura, saltaba:

—¡Es un ataque contra la libertad!

Si alguien preguntaba la hora, profería:

—¡Quieren prohibir los relojes!

Nadie sabía si gobernaba una región o protagonizaba una película de acción.

Después apareció Almeida-Man, el héroe de la sonrisa permanente. Su máscara era imposible de distinguir de su cara porque ambas tenían la misma expresión: una mezcla de entusiasmo, sorpresa y alguien que acaba de recordar que debe acudir a una reunión importante. Su poder consistía en convertir cualquier problema municipal en una oportunidad para inaugurar una placa. Tenía una mochila llena de tijeras ceremoniales.

—Nunca sabes cuándo puede aparecer una cinta que cortar —decía, emocionado.

Detrás llegó El Portavoz Invisible, un personaje misterioso del Partido Conservador. Nadie sabía exactamente cuál era su superpoder, pero todos coincidían en que podía pronunciar 500 palabras sin que ninguna pareciera haber sucedido. Su técnica de combate era el Rayo de la Declaración Indignada. Funcionaba así: un periodista preguntaba algo. Él respondía con indignación. El público olvidaba la pregunta. Victoria absoluta.

También apareció Abascalón, el Guerrero del Pasado Perdido, montado sobre un caballo imaginario que solo él veía. Su armadura estaba fabricada con antiguas banderas, viejas batallas y recuerdos de una época que quizá nunca existió. Su poder consistía en abrir puertas hacia atrás.

—¡El futuro es peligroso! —gritaba—. ¡Volvamos a algún momento anterior!

El problema era que nunca encontraba exactamente a qué año quería regresar.

Finalmente llegó Yolanda la Incansable, la heroína de los mil pactos imposibles. Su capa estaba hecha con programas electorales cosidos unos con otros y tenía el don de hablar durante horas sobre el trabajo mientras los demás personajes intentaban recordar quién tenía la competencia de qué.

La reunión comenzó. El objetivo era salvar el país de un monstruo terrible llamado El Gran Hastío Nacional, una criatura enorme alimentada por discusiones infinitas, titulares furiosos y ciudadanos que ya no sabían si estaban viendo política o un concurso de gritos.

—Debemos unirnos —dijo Feijóo-Man.

—Estoy totalmente de acuerdo —respondió SuperSánchez.

Todos se quedaron mirándolo.

—¿Con qué? —replicó Feijóo-Man, perplejo.

SuperSánchez sonrió.

—Eso dependerá del momento.

Ayusiana golpeó la mesa.

—¡El verdadero monstruo es el enemigo que no piensa como yo! —prorrumpió.

—No —dijo Almeida-Man levantando una tijera—. El verdadero monstruo quizá sea una rotonda sin inaugurar.

Abascalón sacó su espada.

—Yo propongo luchar contra todo —dijo con voz tonante.

—¿Contra quién exactamente? —preguntó Yolanda.

Abascalón miró al horizonte.

—Eso se decidirá después de la batalla.

En ese instante apareció el Gran Hastío Nacional. Era una criatura gigantesca, con infinidad de bocas. Cada boca decía una opinión distinta. Cada opinión necesitaba una tertulia. Cada tertulia necesitaba un enemigo. Los héroes atacaron. SuperSánchez arrojó el Escudo de la Adaptación Permanente. Feijóo-Man disparó el Rayo de la Prudencia Calculada. Ayusiana lanzó una tormenta de frases explosivas. Almeida-Man inauguró una pequeña placa en el pecho del monstruo. Abascalón intentó asfixiarlo con una bandera enorme. Yolanda quiso negociar con él. Cuanto más atacaban, más grande se hacía la criatura.

Hasta que un niño que pasaba por ahí levantó la mano.

—Perdonen —intervino tímidamente.

Todos se giraron.

—¿Qué quieres, nene? —preguntó SuperSánchez.

—Nada especial. Solo estaba pensando que quizá el monstruo existe porque ustedes llevan años alimentándolo —filosofó el rapazuelo.

Hubo un silencio tan grande, tan pesado, tan cortante, que hasta Feijóo-Man dejó de practicarlo. El monstruo empezó a encogerse. Primero perdió una boca. Luego otra. Desaparecieron las tertulias, los gritos y los discursos preparados.

Al final quedó tan solo un pequeño bicho gris sentado en el suelo.

—¿Y ahora qué hacemos con él? —preguntó Almeida-Man.

Todos miraron al monstruo. Se miraron entre sí. Y… como era tradición en Hispania de los Espejos Torcidos, decidieron crear una comisión para estudiarlo.

Cuatro años después seguían reuniéndose. El monstruo había vuelto a crecer. Pero esta vez llevaba corbata. Y había aprendido a votar. Porque en aquel extraño reino nadie conseguía derrotar definitivamente al esperpento. El esperpento siempre encontraba la forma de presentarse a las elecciones.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

"Repetir una afirmación una y otra vez puede hacer que nos parezca verdadera, aunque sea mentira". Esta semana en 'Esto no es opinión, es contexto', Elena Reinés habla sobre el efecto de verdad ilusoria. 

La videocolumna explica cómo funciona esto aplicado a la política. Algunos partidos "repiten" mensajes falsos "en mítines, entrevistas, titulares y redes hasta que dejan de sonar como afirmaciones que necesitan pruebas y empiezan a sonar como cosas que “todo el mundo sabe”.

Y finaliza con una advertencia: "Repetir una mentira no la convierte en verdad, pero sí puede conseguir que dejemos de cuestionarla".

Hay cifras que no son dinero: son cuidados, terapias, dolor y dependencia. M. L. C. M. sufrió un retraso diagnóstico que la dejó en silla de ruedas, con gran invalidez y necesidad de ayuda diaria. La Sentencia 99/2022 del Juzgado nº 47 de Barcelona declaró la deficiente asistencia y fijó en primera instancia una indemnización de 833.843,64 euros, más intereses. No era un premio, sino una compensación por una vida quebrada.

Escribo como su exmarido y padre de sus hijos. Tras reconocerse parte del daño, comenzó otro calvario. Según la documentación, el abogado Jorge Fuset, de VIAS ASESORES S.L., llevó la reclamación y suscribió sucesivas hojas de encargo, modificaciones y una cesión de crédito. La demanda posterior contra VIAS ASESORES S.L. cifró en 544.548,56 euros la cantidad discutida: el 42,88% de los 1.269.946,61 euros reclamados en el proceso médico.

Los abogados deben cobrar por su trabajo. La cuestión es si una mujer con gran dependencia, depresión acreditada, dolor crónico y medicación comprendió realmente aquellos pactos, recibió una explicación clara y pudo consentirlos con libertad. Firmar no siempre significa comprender, menos aún ante una arquitectura contractual que hasta una persona sana estudiaría con lupa.

Un segundo abogado interpuso en 2024 una demanda contra el primer despacho, admitida a trámite. Reclamaba más de medio millón de euros, pero el pleito terminó mediante un acuerdo de 20.000 euros. Después, ese letrado reconoció por escrito que no había comprobado si el crédito del despacho figuraba en el auto de conclusión del concurso y que aquello "sin duda fue un error". La distancia entre 544.548,56 y 20.000 euros mide el abismo.

No pido al periódico que condene ni afirmo que exista un delito probado. Pido que estos hechos documentados se conozcan y que la sociedad pueda juzgar su dimensión ética. La presunción de inocencia es una garantía; no puede convertirse en presunción de indiferencia.

Una persona dañada por el sistema sanitario no debería convertirse, además, en experta en contratos y concursos para vigilar a quienes contrató porque no podía defenderse sola. Reducir estos hechos a una disputa privada de honorarios sería una segunda forma de abandono.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Cada vez que saco los ventiladores me digo: "estos meses tienes que escribir naderías". Luego llegan los incendios, el follón geopolítico seguido del escándalo nuestro de cada canícula y el plan se descalabra.

Les reconozco que siempre he querido ser un articulista de minucias. Tener una columna donde hablar de guisos, libros raros y jardinería. "La otra tarde anduve podando las hortensias a la sombra del sicomoro" o "dónde comer buenas albóndigas si vas al festival de Bayreuth", suma y sigue. Para muestra, una confesión. Llevo semanas enfrascado en las discusiones académicas sobre el libro de Enoc, un apócrifo del Antiguo Testamento del que se conserva una versión en etíope clásico, otra en eslavo eclesiástico y una tercera en hebreo. No me miren así: ¿cómo no entusiasmarse con un profeta que viaja por las estrellas digievolucionado en "Metatrón, el príncipe de la presencia"?

Lo del ático palidece ante las trifulcas de los cabalistas; y tengo pendiente mucha literatura gastronómica por culpa de la dichosa lectura de la actualidad. Y sí, la democracia no se defiende sola, y aunque mis columnas tengan la eficacia de un tirachinas me consuela pensar que le saco una carcajada a alguien de tanto en tanto.

Que los veteranos me corrijan, pero no sé si es verdad que en los veranos de antes no pasaba nada. En los míos, claro: mis padres me arrastraban a la playa (odio el calor, la arena y la desnudez), donde, atrincherado bajo la sombrilla, pasaba las horas dándome paletadas de factor cincuenta; conjurando la locura con la promesa de una ración de sardinas y otra de choco frito. La única actualidad de aquellos días eran los cachiporrazos que recibía Mortadelo y las peripecias del protagonista del novelón de capa y espada que manoseaba para la ocasión.

Recuerdo, embobado, la calidez de aquel fantástico aburrimiento —el tiempo romo y pesado— ahora que llevo una década sin tomarme vacaciones. La total despreocupación por un futuro que aún no me parecía incierto ni amenazante; en el que la vida quedaba por hacer y el sendero solo estaba lleno de incógnitas, pero no de peligros. Me pregunto cuánta de mi angustia tendrá que ver con rebuscar miserias cada semana con las que escribir chistes los viernes para que se lean los sábados. Conste: puestos a elegir trabajos, prefiero este que picar en la mina; no me malentiendan, pero de tanto en tanto conviene mirar detrás del telón para ver cómo de averiada anda la tramoya.

Intentaré tomarme en serio el propósito de todos los veranos (hay quien se hace la lista en navidades, yo en julio) y hurtarle cuatro semanas al candelero. Este curso he aprendido cosas fascinantes sobre colecciones anatómicas, iconoclasia de quita y pon, gastronomía abracadabrante, sombras chinescas y botánica de andar por casa. Son, lo sé, asuntos menos acuciantes que la especulación inmobiliaria, los desastres migratorios, el auge del fascismo, el golpismo de las togas y la degradación de los servicios públicos; pero denme cuartelillo. Al menos una vez al año hay que respirar.

Miremos lo de Ceuta como un continuum o es difícil que lo entendamos en su verdadera magnitud. Y, para no remontarnos a Abdel-Krim, pongamos que la serie que protagonizamos comienza con la Marcha Verde, mientras agoniza el anciano dictador español, y acaba hace unos días, cuando también, casualmente, el Gobierno de España está en una coyuntura de debilidad extrema. Hay que saber elegir la circunstancia y el momento, y en eso nuestros vecinos del sur son unos maestros.

El continuum entre la Marcha Verde y Ceuta viene salpicado por diferentes episodios. Algunos como la aguerrida toma del islote Perejil (¿qué fue de aquellas cabras?), bajo el mandato de José María Aznar, a quien el asalto le salió mejor que lo de Irak y le sirvió para sacar pecho. Otros, más dramáticos, como los sucesivos intentos de pasar a España sobre las vallas con concertinas de Melilla. Pues bien, toda la secuencia persigue un fin último: la recuperación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla para la corona alauí. Un asunto central que no deja de tener bastante lógica histórica, pero que España y Marruecos evitan mencionar explícitamente. Por ello, las tensiones se repiten periódicamente y Marruecos continúa su guerra de desgaste, que seguirá originando muchas más víctimas que las que ahora se han producido.

Por un lado, Marruecos no tiene prisa, ya que dispone de abundante carne de cañón. Por otro, la tolerancia de España para compadrear con Marruecos y mirar hacia otro lado parece casi infinita. En el análisis de lo que acaba de ocurrir en Ceuta debe también entrar la cuestión del Sahara Occidental, “resuelto” casi clandestinamente con la entrega, por parte de España, país administrador, a Marruecos, potencia ocupante. Un acto canallesco que se vendió como una cesión para garantizar el fin de las mafias que controlaban el tráfico humano hacia las costas españolas. El brillante resultado de la traición española hacia el pueblo saharaui está ahora a la vista: los marroquíes no solo incumplieron el acuerdo, sino que ante la reciente “reconciliación” con Argelia, enemigo histórico, consideraron que era el momento de dar otro golpe de efecto que pusiera de manifiesto quién maneja el mango de la sartén, aunque ello costara la vida a decenas de súbditos del sátrapa alauí.

La reacción española, al omitir cualquier referencia a la responsabilidad o dejación del régimen marroquí en lo sucedido, es intolerable. Hay problemas históricos que resolver y no deben aplazarse más. Von der Leyen y sus corifeos no van a arriesgar nada para solucionarlos, como ha quedado de manifiesto. La extrema derecha aprovecha la ocasión para pescar en río revuelto (los portugueses de Chega ya han pedido el restablecimiento de los controles fronterizos entre Portugal y España). El espacio Schengen, al primer embate, muestra sus costuras.

Trump, bien, gracias.

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Francisco J. Faraldo es socio de infoLibre.

Que no cunda el pánico, que ya están los jueces para sentenciar –sólo en su caso el verbo es del todo correcto– sobre las cosas que se hicieron mal y las que se hicieron bien, antes, durante y después de la entrada de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas extranjeros en Ceuta. Porque apenas horas después de aquello ya estaban los tres habituales querulantes poniendo orden.

El primero ha sido Iustitia Europa, un partido político que se dedica a dinamitar la democracia como la conocemos y a proponer un modelo mucho mejor: básicamente sin partidos.

Se unieron rápido las otras dos organizaciones que algunos califican como neofascistas. Yo no me atrevería a llamarlas así porque no soy un radical comunista (algo influye también que prefiero no recibir mi propia querella, que estos las hacen como hacen churros en San Ginés).

Las otras dos, ya saben, son HazteOir, gracias a quien sabemos que los niños tienen pene y las niñas vagina, o que cada año hay cien mil madres asesinando a sus hijos ante la pasividad mía y de usted, que defendemos la cultura de la muerte, y también Manos Limpias, aspiradora incansable de la suciedad de nuestras instituciones.

Gracias a estas luminarias de la patria, a estos centinelas que vigilan nuestra moral, a los genuinos vigías de la ley, tendrán que comparecer ante “la Justicia”, si prosperan sus iniciativas, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el presidente del Gobierno y –esto es más improbable– el mismísimo rey de Marruecos, que también está denunciado como responsable último de la cadena de mando en el país vecino.

No es broma, aunque lo parezca. Una vez más, nuestros asuntos públicos, las decisiones que toman los funcionarios y los políticos que nos representan, serán sometidos al escrutinio de los jueces, que podrán abrir procesos, llamar a declarar prácticamente a quien quieran, acortar o alargar, practicar diligencias e investigaciones. Podrían filtrarse como es costumbre, legal o ilegalmente, documentos y pruebas y se podría construir un relato sumamente interesante, con todos sus episodios preparados para la televisión, sobre lo que pasó en esos días terribles de julio, en los que murió ahogado un centenar de seres humanos miserablemente olvidados.

Esos tres profesionales de la querella, especialistas en el abuso de la espuria Acusación Popular, son solo el primer eslabón de una aberración que venimos sufriendo desde hace años: se llama juristocracia y es la sustitución de los poderes legislativo y ejecutivo por el poder judicial.

Estos últimos años han sido especialmente juristocráticos, si vale el neologismo: han sido las policías judiciales y los juzgados y los tribunales quienes han marcado la actualidad, toda ella. Han determinado por completo nuestra vida parlamentaria sentenciando contra la Ley de Amnistía desde el Tribunal Supremo; han deteriorado la acción del Gobierno con disparatadas instrucciones y abusos inauditos, como retirarle el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o filtrar sin consecuencias la agenda completa de dos años de la vida de un expresidente; han inhabilitado a todo un fiscal general sobre la base de indicios contradichos por una decena larga de testigos.

No habría mucho que objetar si como idiotas creyéramos en el mito de la diosa Justicia, ciega y sin prejuicios, que se limita a medir objetivamente el peso de las pruebas.

Estaríamos también más tranquilos si ese poder judicial no estuviera descontrolado. Los poderes que no se controlan tienden a desbordarse, a extralimitarse. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. No es esto una crítica generalizada a los jueces, ni siquiera un cuestionamiento general de nuestro orden constitucional, bastante funcional en general.

Es una denuncia del abuso de la acusación popular y una invitación a su supresión. Es una reflexión sobre los efectos demoledores que pueden tener los jueces anónimos y sin control en las políticas públicas progresistas. Es también, asumiendo que las cosas no van a cambiar a corto plazo porque las derechas son las grandes beneficiarias de la juristocracia, una llamada a que los progresistas empiecen ya a organizarse para tener una decena de sus propios manoslimpias y hazteoires. Causas hay, y algunos instructores debe haber por ahí también. Incluso algún patrocinador. Si no hay una solución mejor, apliquemos lo de la canción: “aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios”.

Lo pienso mucho.

Me refiero a la culpa con carácter retroactivo.

A llorar cuando ya es tarde.

A llevarse las manos a la cabeza y reflexionar acerca de cómo y por qué se permitieron según qué avernos en plena Tierra.

A tratar la iniquidad como una locura transitoria cuando basta con echar la vista atrás para comprobar que forma parte de la misma esencia incómoda y cruel de la humanidad.

A veces queremos creer que los grandes horrores de la historia fueron explosiones espontáneas de odio y que solo unos pocos fueron responsables del cataclismo, mientras que el resto de la población no lo sabía o no se daba cuenta de lo que hacía. Que la humanidad blanca no se traicionó a sí misma, que fue inocente o engañada. Que la Noche de los Cristales Rotos fue el resultado de una enajenación transitoria y testosterónica o que los que observaban el humo de Auschwitz a diario creían que provenía de un gran asador de castañas.

El caso es que ha transcurrido casi un siglo de esa noche aciaga que tuvo lugar en Austria y Alemania y siento que no hemos aprendido nada. Los que vivían entonces no eran más monstruos que quienes vivimos ahora, solo que para llegar a ese punto hubo una preparación del terreno. No fue de un día para otro que el nivel de tolerancia a lo atroz alcanzara cotas estratosféricas o que el de intolerancia a la diferencia bajara hasta el punto de quedarse varios metros bajo tierra.

Si se instaló una ceguera colectiva, fue inoculada y tuvo su ensayo general en el genocidio de prueba que se llevó a cabo con los pueblos namibios nala y herero. Estando tan lejos en kilómetros, cultura y tono de piel, resultó fácil evitar que la sociedad viera la magnitud de aquello y mucho menos condenarlo. Poco después, pasaron de la miopía a la presbicia, a no ver tampoco lo que estaba cerca y fue cuestión de tiempo el elegir otro grupo de proximidad al cual masacrar.

Porque sí, de un día para otro no muere la empatía. Es algo progresivo y lento, como la tortura de la gota o como cavar con una cuchara de té. Al principio no se ve su impacto y, cuando se hace visible, ya es tarde.

Podríamos haber aprendido de la historia, pero ser el único animal que tropieza con la misma piedra una y otra vez es nuestra especialidad. Así que, en lugar de negarlo o tratar de evitarlo, se le puso nombre: ventana de Oberton, una manera de ir agrandando los márgenes de aquello que se considera tolerable en cualquier sociedad. Es pasar de pisar sobre un suelo radiante templado y confortable a, como poco a poco va subiendo la temperatura del termostato, caminar sobre lava sin que te ardan los pies porque tu temperatura corporal también ha aumentado.

Nunca se pasa de cero a cien. Es un proceso que, en muchos casos, se alimenta de narrativas que únicamente resultan descabelladas cuando ya es tarde. Pasaba y pasa. Porque no es normal que normalicemos que mueran personas tratando de atravesar fronteras, las nuestras, las de España. Ya sea por vía marítima o saltando vallas.

En la entrada a Ceuta han fallecido cerca de 150 personas. Y, repito, no debería ser normal. Tampoco que en demasiados medios de comunicación sigan hablando de migrantes a secas y no de seres humanos. O de avalanchas, aluviones u oleadas. Que el discurso exhiba como enemigos a víctimas, que no nos duela ni un poco que la cifra de fallecidos tratando de llegar a tierra suba cada día. Que no nos subleve el hecho de que la infancia que huye sea leída como un grupo de menas violentos, no como sinónimo de menores en situación de vulnerabilidad sino como monstruos dispuestos a asaltar. Que la situación administrativa de alguien, cosa que no se escoge, si es irregular, se equipare a criminalidad, pese a que no sea un delito migrar.

Lo duro de todo esto es que no estoy transcribiendo conversaciones informales de bar.

El PP, por ejemplo, ha señalado que se trata de una crisis de seguridad nacional y no migratoria. Apelar a lo securitario es una forma de criminalizar la migración, a los cuerpos negros y, sobre todo, moros y, en un triple salto mortal, de desresponsabilizar a Occidente de la situación económica de los países de los que sale la gente que llega. Si esas personas dejan su casa y a sus familias es porque se ha empobrecido a un continente rico, como es África, a base de todo lo que se sacó y todavía se saca de ahí con la connivencia de unos dirigentes a los que se sostiene en la silla del poder a cambio de regalar la riqueza de sus países.

No vale chupar del bote, empobrecer al vecino y luego culparle de su situación. O no debería valer. Pero aquí estamos.

No obstante, no me gustaría reducir todo esto al miedo a los pobres ya que considero que también subyace una islamofobia y un racismo rampantes. Que siempre existieron en estos lares, pero que últimamente están lustrosos, cebados con el Plan Kalergi y la teoría del gran reemplazo, devaneos de frikis alumbrados hace décadas que han resurgido y que desde hace años forman parte del debate político y del de las redes sociales.

Esas teorías, simplificando mucho, han hecho creer a una parte de la sociedad que si vienen personas del sur global para el norte es con el objetivo de acabar con la raza blanca a base de procrear con ella. Perdón, con la raza blanca y con el catolicismo.

Después de que Europa colonizara medio planeta imponiendo su fe a golpe de espada y violaciones, ahora teme el mestizaje y ve su llegada como una especie de conquista biológica. A lo Lebensraum de la Gran Alemania, pero en versión negra, marrón y/o musulmana. Me reiría a mandíbula batiente de no ser porque esto es grave.

Grave es también que haya gente que afirme que quienes han llegado a Ceuta o Melilla no tienen derecho a refugio solo por verles a través de una pantalla. Como si para adivinar las calamidades de una vida les bastara con observar un rostro. Eso evidencia cómo, a nivel social, únicamente se percibe como válido para obtener el estatuto de refugiado estar a punto de morir en un conflicto bélico. En realidad, no en cualquiera: en la guerra de Ucrania, que es la única de la que se habla largo y tendido en los medios, la que tiene derecho a relato, a un buen relato.

Cuando se informa acerca de lo que está ocurriendo en el país europeo se citan nombres y apellidos y se desgranan historias personales que favorecen la empatía. Nos muestran un ejército organizado, coordinado y aséptico. De hecho, salvo en la masacre de Bucha, casi ni hemos visto sangrar a sus soldados. Esto último me parece perfecto, porque no creo que sea positivo habituarse al dolor y a las heridas abiertas de nadie a base de verlos con todo lujo de detalles en cada conexión en directo. Fundamentalmente porque la repetición, en lugar de concienciar o indignar, anestesia.

Así pues, a las personas de Ucrania nos las enseñaron escondidas en búnkeres, acompañadas de sus mascotas, tocando el piano o tomando los autobuses que les brindaron en dirección a una UE que les abrió sus puertas. Y mientras las veíamos escapando de un futuro incierto a través de la pantalla casi gritábamos: “¡Ya queda poco!” o “¡Vamos, vamos!”, dado que nos explicaron que eran refugiados y formados. Tremendo que para garantizar la seguridad o la empatía hacia alguien hagan falta títulos universitarios o que se piense que los de más abajo carecen de ellos.

El caso es que de la guerra de Sudán pocos medios generalistas se han dignado a hablar, y mucho menos a diario o abriendo el informativo. Y si salen, no es algo que llame la atención, llevamos demasiadas décadas viendo a la vejez, adultez y, sobre todo, niñez negra sufriendo gracias, entre otras cosas, a los anuncios pidiendo fondos de las ONG. Desconozco si es por eso que hay partidos políticos y personas que les quieren mandar de vuelta al infierno, que los balcones no están llenos de banderas con un welcome escrito en medio o, qué sé yo, quizá también tenga algo que ver el hecho de que no tengan la piel clara ni la religión “adecuada”.

Pero, aparte, hay algo perverso relativo a las narrativas sobre África específicamente, y es que lo terrible en ese contexto se lee como rutinario, como una consecuencia del salvajismo visceral de sus pobladores, de la incapacidad de vivir en paz con las tribus, etnias o países vecinos por manía y no por la imposición de fronteras y otros dislates provocados por los repartos coloniales. Han privado de porqués a un montón de pueblos y les han arrebatado su pasado para simplificar su presente, continuar su deshumanización y seguir chupando del bote.

La política democrática no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en administrar con prudencia el dinero que pertenece a todos y a todas, someterse a controles, explicar las decisiones y actuar con ejemplaridad, especialmente cuando se gestionan millones de euros procedentes de los ciudadanos.

Por eso, la compra de un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos número 35 por Planifica Madrid, sociedad mercantil íntegramente pública adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, no puede despacharse como una operación inmobiliaria ordinaria.

No lo es.

Estamos ante la adquisición, formalizada el 14 de abril de 2026, de una vivienda residencial de aproximadamente 485 metros cuadrados —cerca de 200 de terraza— cuyo precio es de seis millones trescientos mil euros. Tres meses y medio después, el 30 de julio, y cuando apenas había pasado un día desde que la prensa revelara la existencia de la compra, el Gobierno regional anunció que el inmueble volvería a ponerse en venta.

Durante ese tiempo, la vivienda no prestó servicio público alguno.

Esta secuencia —comprar en abril, ocultar la operación durante meses, y ordenar la venta en julio inmediatamente después de hacerse pública— constituye, por sí sola, un fracaso político, administrativo y ético de enorme gravedad.

El primer problema es elemental: lo adquirido no era un edificio administrativo ni un inmueble acondicionado para oficinas. Era una vivienda situada en la última planta de un edificio residencial y, según la documentación examinada, se encontraba ocupada por arrendatarios en el momento de la adquisición.

La explicación inicial del Gobierno madrileño fue que el ático serviría como oficina temporal para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y un pequeño equipo mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. Después se dijo que sería utilizado para reuniones institucionales. Más tarde se afirmó que ni siquiera estaba decidido quién iba a trasladarse al inmueble. Finalmente, cuando el escándalo adquirió dimensión pública, se anunció su venta para contribuir a financiar la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. En menos de veinticuatro horas aparecieron varias explicaciones diferentes sobre el destino de una vivienda adquirida tres meses y medio antes.

Cuando un Gobierno cambia repetidamente la justificación de una operación millonaria, el problema ya no es solo de comunicación. El problema es que surge la duda razonable de si existió realmente una finalidad pública concreta, previa y documentada. La situación resulta todavía más difícil de explicar porque la normativa urbanística aplicable impediría, en principio, destinar libremente un ático de un edificio residencial a oficinas administrativas. El uso como despacho profesional doméstico está sujeto a condiciones restrictivas y exige mantener el uso residencial principal.

Dicho de otra manera: antes de gastar seis millones trescientos mil euros de dinero público, alguien debía haber comprobado si el inmueble podía utilizarse legalmente para la finalidad anunciada.

A día de hoy no consta públicamente que esa comprobación se realizara.

La operación resulta socialmente especialmente reprochable en una comunidad donde miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad.

Mientras los ciudadanos escuchan que la Administración no puede resolver todos sus problemas, una empresa pública adquiere una vivienda de lujo, con una terraza cercana a los 200 metros cuadrados, en una de las zonas más caras de Madrid.

No se compró un modesto espacio de trabajo.

No se alquiló temporalmente una oficina.

No se utilizó un edificio público ya disponible.

Se compró una vivienda residencial de seis millones trescientos mil euros.

La crítica no deriva de que una Administración necesite espacios adecuados para trabajar. Deriva de que debe escoger la solución más eficiente, económica, transparente y proporcionada. Y adquirir una vivienda de lujo para un uso provisional, sin que conste estudio comparativo frente al alquiler o al aprovechamiento de oficinas públicas, difícilmente supera ese examen.

El poder público no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras se reserva para sí decisiones inmobiliarias que ningún gestor prudente adoptaría con su propio patrimonio.

La operación se produce, además, en un contexto que exige explicaciones especialmente claras. La pareja de la presidenta había puesto en venta las viviendas en las que residían en Chamberí, inmuebles situados igualmente en una zona próxima. Medios de comunicación han informado de la comercialización de dos pisos vinculados a Alberto González Amador por una cifra conjunta superior a tres millones de euros. Fuentes cercanas a la presidenta han negado cualquier relación entre esas ventas privadas y el ático adquirido por PLANIFICA MADRID.

Debe afirmarse con rigor: no existe, con la documentación actualmente pública, prueba suficiente para sostener que el ático se adquiriera como residencia personal de Isabel Díaz Ayuso o de su pareja.

Pero la coincidencia temporal y geográfica hace todavía más imprescindible que se publique inmediatamente el expediente completo.

La mejor forma de desmentir cualquier sospecha no es atacar a la prensa ni invocar campañas de desprestigio. Es enseñar los documentos.

¿Quién propuso concretamente ese inmueble?

¿Quién lo visitó?

¿Por qué se exigió confidencialidad incluso antes de la visita?

¿Quién decidió que una vivienda residencial era preferible a unas oficinas?

¿Quién iba a ocuparla?

¿Existió alguna intervención directa o indirecta de Presidencia?

Estas preguntas no constituyen una acusación penal. Constituyen el mínimo control democrático exigible cuando se comprometen millones de euros de todos los madrileños.

La compra no se realizó directamente por la Administración autonómica, sino a través de PLANIFICA MADRID, una sociedad pública que funciona bajo forma mercantil.

Esa elección no es jurídicamente neutra.

La adquisición directa por la Comunidad de Madrid habría quedado sometida a la legislación patrimonial: necesidad de crédito adecuado y suficiente, procedimiento patrimonial, valoración técnica, informe jurídico, motivación de la adquisición directa, posible autorización del Consejo de Gobierno y fiscalización de la Intervención.

La Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, establece como regla general el concurso para la adquisición onerosa de inmuebles por la Administración y exige que cualquier adquisición directa se fundamente en circunstancias justificadas.

La utilización de una sociedad mercantil pública permitió operar mediante un negocio privado, al margen de varios de esos controles administrativos previos.

La doctrina conoce este fenómeno como “huida del Derecho administrativo”: utilizar formas privadas para realizar actividades materialmente públicas, reduciendo las garantías, controles y mecanismos de fiscalización propios de la Administración.

No significa que toda actuación de una sociedad pública sea ilegal. Significa que cuanto menos control previo existe, mayor debe ser la transparencia posterior y más sólida debe ser la justificación económica de la decisión.

En este caso ocurrió exactamente lo contrario.

No se conoció públicamente la compra en abril.

No se publicó el precio.

No apareció una memoria justificativa.

No se hizo pública una tasación.

No se identificó la fuente de financiación.

No se explicó quién ocuparía el inmueble.

La ciudadanía conoció la operación meses después, no por iniciativa del Gobierno, sino porque un medio de comunicación la localizó en el Registro de la Propiedad.

La opacidad, por tanto, no fue una impresión política. Fue el resultado objetivo del procedimiento escogido.

La supuesta necesidad del ático se vinculó a unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Pero unas obras de esa naturaleza no aparecen espontáneamente. Requieren proyecto, aprobación técnica, expediente de contratación o encargo a medio propio, publicación en el perfil de contratante, autorización patrimonial cuando afecta a un inmueble protegido y una previsión cierta de comienzo.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, no se ha localizado públicamente ninguno de esos documentos anterior a la compra del 14 de abril. El último contrato de entidad conocido sobre la Real Casa de Correos se refería a la fachada y fue ejecutado en 2025; otras actuaciones anteriores afectaban a comunicaciones, cafetería, carpinterías y accesos, no a la rehabilitación interior invocada posteriormente.

La fecha de los documentos es decisiva.

Si el proyecto de obras, la memoria de necesidad o la autorización patrimonial son posteriores a la adquisición, la explicación oficial quedaría gravemente comprometida. Significaría que la justificación se construyó después de la compra y no antes de comprometer los fondos públicos.

Y si los documentos son anteriores, el Gobierno no tiene ninguna razón legítima para ocultarlos.

La operación encierra otra contradicción difícil de justificar.

Planifica Madrid ya era propietaria de oficinas en la tercera planta del número 6 de la Gran Vía, arrendadas precisamente a la Consejería de Presidencia y ocupadas por la Comisión Jurídica Asesora. La sociedad llevaba desde agosto de 2025 intentando vender ese inmueble por un precio de salida de 14,2 millones de euros, sin haber encontrado comprador.

Es decir, la Comunidad pretendía vender oficinas ya destinadas a uso administrativo mientras compraba una vivienda residencial para utilizarla, supuestamente, como dependencia administrativa provisional.

La contradicción es evidente.

Si existía patrimonio público apto para oficinas, ¿por qué no se utilizó?

Si estaba ocupado, ¿por qué no se estudió otro inmueble administrativo?

¿Por qué no se acudió a un alquiler temporal?

¿Por qué se escogió una vivienda de lujo y no un espacio funcional?

No consta públicamente un estudio que comparase las alternativas. Tampoco una memoria económica que demostrase que comprar era más barato que alquilar.

En la gestión pública, la ausencia de comparación entre alternativas no es una cuestión menor. Es la diferencia entre administrar y disponer arbitrariamente de recursos ajenos.

Incluso aunque el ático se revenda por el mismo precio —o incluso con una eventual plusvalía—, la operación ya ha generado gastos que no se recuperarán.

La compra de un inmueble millonario puede producir impuestos, aranceles notariales y registrales, costes de gestoría, honorarios de intermediación, seguros, conservación y costes financieros derivados de mantener inmovilizados varios millones de euros.

La posterior venta generará nuevos gastos, eventuales comisiones, tributación local y el riesgo de que una comercialización precipitada obligue a aceptar un precio inferior.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas calcula, a título orientativo y utilizando una hipótesis de compra de seis millones de euros, que el quebranto podría superar ampliamente los 400.000 euros y aproximarse al millón, dependiendo de la carga tributaria, las comisiones y el precio final de venta. Se trata de una estimación que deberá verificarse mediante la contabilidad real de la sociedad.

Este es el núcleo jurídico del asunto.

El daño no consistiría necesariamente en el precio del inmueble, porque el bien entró en el patrimonio público. El posible menoscabo reside en los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no produjo utilidad alguna.

Comprar, no utilizar y vender tres meses después no es una política pública.

Es improvisación inmobiliaria sufragada por los contribuyentes.

Tras conocerse la polémica, el Gobierno regional anunció que la venta del ático y de los inmuebles de Gran Vía serviría para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

La ayuda a los damnificados es necesaria y debe ejecutarse con rapidez. Precisamente por respeto a quienes han perdido viviendas, negocios o explotaciones, su situación no debería utilizarse para blanquear una operación anterior que nada tenía que ver con los incendios.

La decisión de vender las oficinas de Gran Vía existía desde agosto de 2025. No nació como consecuencia de los incendios. Agrupar ahora esa venta frustrada con la reventa del ático bajo una cifra global de veinte o veintidós millones produce una imagen engañosa: presenta como respuesta extraordinaria una operación que, en su mayor parte, ya se intentaba realizar desde hacía casi un año.

Además, el dinero obtenido por Planifica Madrid pertenecería inicialmente a la propia sociedad. Para incorporarlo a los presupuestos autonómicos sería necesario articular el correspondiente mecanismo societario y presupuestario, como un dividendo, una reducción de capital o una devolución de aportaciones.

No basta con anunciar desde un incendio que el dinero se destinará a las víctimas. La Hacienda pública funciona mediante procedimientos, créditos y controles, no mediante declaraciones políticas improvisadas.

Será el Tribunal de Cuentas quien deba determinar si existió alcance o menoscabo de caudales públicos, quién aprobó la operación, qué informes existían y si concurrió dolo, culpa o negligencia grave.

Pero la responsabilidad política no necesita esperar años a una sentencia.

Una presidenta autonómica es políticamente responsable de que bajo su Gobierno una sociedad pública adscrita a la Consejería de Presidencia compre un ático de lujo para una finalidad relacionada directamente con Presidencia.

Es políticamente responsable de que la operación permanezca oculta.

Es políticamente responsable de que no se publique el precio.

Es políticamente responsable de que las explicaciones sean contradictorias.

Y es políticamente responsable de que el inmueble se ponga en venta inmediatamente después de ser descubierto por la prensa.

Isabel Díaz Ayuso no puede limitarse a decir que ella no se ha comprado nada. Formalmente, el inmueble pertenece a una sociedad pública. Pero precisamente por eso la cuestión es aún más grave: se pagó con fondos públicos y las consecuencias económicas recaen sobre el patrimonio de todos.

No se discute aquí la propiedad privada de la presidenta. Se discute la utilización del poder público para ejecutar una operación inexplicada, opaca y objetivamente ruinosa si se confirma que no tuvo uso alguno.

La Comunidad de Madrid debe publicar sin demora:

Hasta que esos documentos se conozcan, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que no está ante una decisión pública racional, sino ante una operación concebida desde el poder, ejecutada sin transparencia y rectificada únicamente cuando fue descubierta.

El dinero público no es del Gobierno de turno.

No es de la presidenta.

No es del consejero que dirige la sociedad.

Es de todos los madrileños.

Y quien compra un ático de lujo con el dinero de todos tiene la obligación política, jurídica y moral de explicar hasta el último euro.

Porque el verdadero escándalo no es solo haber comprado una vivienda millonaria sin finalidad pública acreditada. El verdadero escándalo es que quienes gobiernan Madrid parezcan considerar normal que las explicaciones se den únicamente cuando la prensa descubre aquello que el Gobierno decidió callar.

La gravedad política de este episodio se acentúa al confrontarlo con el discurso público de la propia presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez por, según sus palabras, “amparar la corrupción y el desastre”, y ha denunciado que España estaría gobernada por “minorías totalitarias”.

Todo dirigente democrático tiene derecho a exigir responsabilidades políticas al adversario. Pero ese derecho pierde credibilidad cuando no se aplica el mismo estándar a la gestión propia.

Quien reclama dimisiones por la mera proximidad política con actuaciones controvertidas no puede responder con victimismo, descalificaciones a la prensa o acusaciones de campañas de desprestigio cuando la operación cuestionada se produce en el núcleo mismo de su Gobierno, afecta directamente a la Consejería de Presidencia y tenía como destino inicialmente anunciado el uso de la propia Presidencia autonómica.

La responsabilidad política no puede funcionar como un arma reservada exclusivamente para el contrario. O constituye una regla general de ejemplaridad democrática o se convierte en simple propaganda partidista.

Si la presidenta considera que Pedro Sánchez debe dimitir por “amparar” conductas ajenas, con mayor razón debería ofrecer explicaciones exhaustivas sobre una operación inmobiliaria ejecutada por una sociedad pública integrada en su propia Administración, sufragada con dinero de los madrileños y vinculada institucionalmente a su Presidencia.

No se trata de equiparar supuestos jurídicos distintos ni de anticipar responsabilidades que deben ser investigadas. Se trata de aplicar una regla elemental de coherencia: quien exige transparencia, dimisiones y responsabilidades a los demás debe empezar por practicarlas en su propia casa.

Resulta especialmente paradójico llamar a la movilización ciudadana contra la supuesta degradación institucional del adversario mientras se mantiene oculto el precio de una vivienda millonaria adquirida con fondos públicos, no se exhibe la memoria que justificaría su necesidad y se modifica su destino tan pronto como la operación es descubierta.

La ejemplaridad no consiste en elevar el tono contra el Gobierno de España. Consiste en rendir cuentas cuando el dinero cuestionado procede del presupuesto propio.

Antes de presentarse como fiscal moral de la política española, Isabel Díaz Ayuso debería responder ante los madrileños a una pregunta mucho más sencilla: ¿por qué se compró aquel ático, quién tomó la decisión, por qué firmó un acuerdo de confidencialidad y pidió privacidad y discreción durante toda la operación a la inmobiliaria promotora que anunció el ático en venta?

La democracia no se defiende únicamente exigiendo dimisiones al contrario. También se defiende asumiendo responsabilidades cuando las explicaciones propias no resultan convincentes.

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Roberto Granizo Palomeque es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Hay crisis de las que no se sale nunca del todo ni se vuelve. Y Ayuso no va a salir del último ático de lujo. Está Pablo Casado y aquel "la cuestión es si es entendible que, en plena pandemia, se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas"; aquel "no me voy, me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta" de Cristina Cifuentes antes de las cremas, buena metáfora de la cabeza de caballo al despertar; o el “no he sido capaz de cumplir un encargo” de Alberto Ruiz Gallardón tras la retirada de la reforma del aborto. Hay sobrada hemeroteca de esa extraña manera de matar del PP. El polémico ático de lujo ha desplazado a Isabel Díaz Ayuso a una pantalla nueva de su tiempo político de difícil retorno. 

La gestión de la información está siendo tan reveladora como la propia compra. Desde ahí, los silencios permiten dejar abiertas las especulaciones. Las principales, si el ático de lujo iba a ser de uso y disfrute de de la presidenta, si compró esa mansión en diferido o el destino era una residencia oficial. Si hubiera una explicación digerible, se habría dado. Ahora sabemos que costó 6,3 millones de euros, según El País. El expediente de compra, aún desconocido, debe aclarar por qué era tan imprescindible ese piso que obligó a desembolsar solo 189.000 euros al vendedor, por qué se consideró necesaria una operación de esas características y qué criterios se utilizaron para justificarla. Por cada metro cuadrado de ese ático se pagaron unos 10.400 euros más que el tope de una vivienda protegida en la zona más cara de Madrid. Una administración que debe gestionar recursos públicos ante la mayor crisis de vivienda frente a una operación especulativa sin explicaciones comprensibles.

El Tribunal de Cuentas, tras la denuncia de un abogado, tendrá que analizar la operación y judicializarla si encuentra trazas de malversación, daño a los fondos públicos, prevaricación o si se utilizó una sociedad mercantil para evitar controles, publicidad o procedimientos que habría tenido la administración directa. En definitiva, determinar si los seis millones de dinero público se pagaron a una inmobiliaria de La Moraleja cumpliendo todos los controles exigibles y si la fórmula elegida fue la adecuada. 

Obsesionada con liderar el frente antisanchista, Ayuso ha menospreciado que el ciclo de desgaste de siete años en el Gobierno ha hecho mella. Lejos de reforzar el ejecutivo madrileño y los servicios públicos para llegar en condiciones a las elecciones de 2027, Ayuso ha dejado abiertas las vías de agua. Alberto González Amador, a través de su jefe de gabinete MAR, jugó demasiado fuerte para tumbar al fiscal general y dejaron sus miserias —ya se verá si corruptelas— a la intemperie.

La guerra cultural de Ayuso por conquistar el alma más ultra del PP —y de paso disputarle ese frente a Génova 13— ha servido de paraguas y cortina de humo para tapar capítulos mucho más opacos. No es cierto ni creíble que el ático de lujo se comprara como una buena inversión para el parque inmobiliario de Madrid. Entre otras razones, porque un gobierno no tiene entre sus funciones especular con áticos. Tampoco es cierto ni creíble que los viajes a EEUU y México costaran 400 y 600 euros. Ayuso decidió pagar con dinero público y no del partido su agenda en Miami para reforzar su alianza con Trump y unirse al escudo ultra latinoamericano en México contra Claudia Sheinbaum. Por eso los gastos publicados por la Comunidad de Madrid no están completos —ni pueden estarlo— y pueden acabar en el Tribunal de Cuentas junto a la operación del ático. 

A la presidenta de Madrid le van a perseguir este otoño las diligencias que afectan a tanto ático: una penal —el informe previsto de González Amador— y otra administrativa, el escándalo del casoplón en General Martínez Campos. La batalla política pasa por Ester Muñoz, la portavoz y mano derecha de Miguel Tellado, como ese PP que quiere ser Vox y una dirección nacional que gesticula apoyo en público mientras la deja caer.

Ayuso ha construido su liderazgo desde la confrontación con Sánchez, la batalla cultural y la sensación de que cada escándalo reforzaba su posición. El problema es que ahora las crisis son suyas. Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón no cayeron por un único episodio pero sí lo hicieron con un movimiento en seco. El fantasma de los juguetes rotos apunta ahora a Madrid.

Hay guerras que nadie declara y conflictos que nunca llegan a convertirse formalmente en una guerra. Entre ambos extremos se extiende un espacio cada vez más determinante en la geopolítica contemporánea: la denominada zona gris. Un terreno donde Estados y actores no estatales compiten mediante instrumentos híbridos con el objetivo de modificar el equilibrio estratégico sin cruzar el umbral de la confrontación militar abierta. Ciberataques, campañas de desinformación, coerción económica, sabotajes, presión diplomática o instrumentalización de los movimientos migratorios forman parte de un repertorio diseñado para explotar la ambigüedad. Las acciones existen, pero los responsables rara vez aparecen con claridad. Y esa incertidumbre dificulta enormemente cualquier respuesta política o jurídica.

La crisis vivida estos días en Ceuta constituye un ejemplo de esta nueva forma de competencia. No tanto porque pueda demostrarse una intervención deliberada de Marruecos —algo que exige prudencia analítica—, sino porque alrededor de la llegada masiva de personas migrantes se ha desplegado un complejo ecosistema de desinformación, polarización política y utilización geopolítica de los hechos. La difusión de rumores sobre supuestos cambios normativos, amplificados por redes sociales y aplicaciones de mensajería, evidencia hasta qué punto la desinformación actúa hoy como multiplicador de las dinámicas propias de la zona gris.

La experiencia de 2021 demostró que Rabat está dispuesto a utilizar la gestión de los flujos migratorios como instrumento de presión política cuando considera afectados sus intereses estratégicos. La apertura de la frontera tras la acogida en España del líder del Frente Polisario difícilmente admite otra interpretación. Sin embargo, convertir automáticamente cualquier incremento de la presión migratoria en una operación planificada por Marruecos simplifica un fenómeno mucho más complejo y alimenta precisamente la incertidumbre que caracteriza a la zona gris. La duda permanente forma parte de la estrategia.

Pero sería igualmente insuficiente interpretar la crisis únicamente desde la perspectiva migratoria. Ceuta ocupa uno de los espacios geográficos más sensibles del planeta. El estrecho de Gibraltar constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio marítimo mundial. Por él transitan cada año decenas de miles de buques que conectan el Atlántico con el Mediterráneo y, a través del canal de Suez, con Asia. Proyectar influencia sobre ese espacio significa adquirir una enorme relevancia estratégica.

En este contexto, Marruecos lleva años desarrollando una política exterior mucho más ambiciosa de lo que a menudo se percibe desde Europa. Bajo el liderazgo de Mohamed VI ha consolidado una relación privilegiada con Estados Unidos. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020, mantenido posteriormente por Washington, alteró el equilibrio regional. Los Acuerdos de Abraham reforzaron además la normalización con Israel, inaugurando una etapa de intensa cooperación política, tecnológica y militar.

Esa cooperación ha adquirido una dimensión estratégica difícil de ignorar. Marruecos ha incorporado tecnología israelí en vigilancia fronteriza, inteligencia, defensa antiaérea y sistemas de drones, incluidas municiones merodeadoras. La modernización acelerada de las Fuerzas Armadas Reales no responde únicamente al conflicto del Sáhara Occidental; refleja también la aspiración de Rabat de convertirse en la principal potencia militar del Magreb y en un socio indispensable para la arquitectura de seguridad occidental en el norte de África.

Esta evolución altera inevitablemente la posición relativa de España. Mientras Madrid continúa apostando por preservar una relación estable con Rabat, el margen de maniobra español se reduce a medida que Marruecos amplía su interlocución directa con Washington e Israel. A la tradicional asimetría diplomática comienza a añadirse una creciente asimetría estratégica.

El problema no reside únicamente en el fortalecimiento militar marroquí. También ha cambiado el contexto internacional. La competencia entre grandes potencias, la creciente militarización del Mediterráneo, la importancia de las rutas energéticas y el protagonismo creciente del norte de África convierten al estrecho de Gibraltar en un espacio de enorme valor geopolítico. Ceuta y Melilla dejan de ser únicamente dos ciudades autónomas para convertirse en piezas de un tablero mucho más amplio.

Precisamente por ello, la instrumentalización política de la crisis resulta especialmente preocupante. En España, los flujos migratorios se presentan como amenaza para la seguridad nacional. Desde algunos sectores se reclama incluso la declaración de una supuesta emergencia nacional, pese a que el ordenamiento jurídico español reserva esa figura para catástrofes naturales o accidentes de extraordinaria gravedad, no para movimientos migratorios. Se consolida así un marco que identifica movilidad humana e inseguridad, reforzando la lógica securitaria que desde hace años impregna las políticas migratorias europeas. Y todo ello a un año escaso de las elecciones generales.

Esta securitización beneficia a numerosos actores. Alimenta la polarización interna, fortalece los discursos construidos sobre el miedo y desplaza el debate desde la gestión racional de la migración hacia un marco de confrontación permanente. Pero también proyecta al exterior la imagen de una Unión Europea incapaz de gestionar colectivamente sus fronteras sin depender crecientemente de terceros países. La externalización del control migratorio constituye, de hecho, una de las principales vulnerabilidades estratégicas europeas. Durante años, Bruselas ha delegado buena parte de la gestión de sus fronteras en países vecinos mediante incentivos financieros, cooperación policial y acuerdos políticos. Ese modelo reduce los incentivos para construir una verdadera política común de inmigración y asilo y, al mismo tiempo, incrementa la capacidad de influencia de quienes ejercen como guardianes exteriores de Europa. Cuando la seguridad depende de decisiones adoptadas fuera de la Unión, la autonomía estratégica se convierte en un objetivo difícilmente alcanzable.

Ceuta simboliza esa contradicción. No es únicamente una frontera entre España y Marruecos. Es una frontera entre Europa y África, entre el Atlántico y el Mediterráneo, y entre distintas formas de ejercer el poder en un mundo crecientemente híbrido. Reducir lo sucedido estos días a un simple episodio migratorio equivale a ignorar la profundidad del cambio geopolítico que atraviesa nuestro entorno inmediato.

Mientras España y la Unión Europea reaccionan crisis tras crisis, Marruecos continúa acumulando activos estratégicos. Ha consolidado una relación privilegiada con Washington, se ha convertido en el principal socio regional de Israel tras los Acuerdos de Abraham y avanza en la modernización de sus capacidades militares y tecnológicas. Todo ello incrementa su capacidad de influencia sobre un espacio tan sensible como el estrecho de Gibraltar.

El verdadero problema para España no es únicamente la creciente fortaleza de Marruecos, sino la ausencia de una estrategia propia para un Mediterráneo que ha dejado de ser una periferia para convertirse en uno de los principales escenarios de la competencia geopolítica global. Durante demasiado tiempo se ha confiado en que la estabilidad podía garantizarse mediante cooperación policial y acuerdos migratorios. Sin embargo, la lógica de la zona gris demuestra que la estabilidad ya no depende únicamente de la buena voluntad de los vecinos, sino de la capacidad para reducir vulnerabilidades, reforzar la autonomía estratégica y comprender que la competencia geopolítica comienza mucho antes de que estalle una crisis visible.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Hay momentos en la historia política en los que los nombres dejan de servir. Las marcas se desgastan. Las siglas envejecen. Los liderazgos se consumen. Y las estructuras que ayer parecían imprescindibles se vuelven obstáculos para construir el mañana.

La izquierda española atraviesa uno de esos momentos.

Durante años ha vivido atrapada en una paradoja: mientras una parte creciente de la sociedad reclama respuestas progresistas ante problemas gigantescos —la desigualdad, la vivienda, la crisis climática, la precariedad laboral, la transformación tecnológica—, las fuerzas llamadas a representar esas inquietudes muestran una imagen de fragmentación, disputa interna y agotamiento. El ciudadano que busca una alternativa encuentra un mosaico de pequeños territorios políticos en vez de un horizonte común.

Frente a ese escenario, la derecha española ha entendido mejor una vieja lección de la política: el poder no pertenece a quien tiene más razones, sino a quien consigue construir una mayoría reconocible. La historia está llena de propuestas "sin contenido" que triunfaron por aunar una narrativa compartida: Trump es el último ejemplo.

No se trata de qué partido debe sobrevivir, sino qué proyecto puede nacer.

El error sería pensar que la solución consiste en sumar siglas, como agregando piezas de un puzle roto. La política no funciona así. Las coaliciones electorales sin alma son acuerdos administrativos destinados a gestionar una derrota.

La izquierda española necesita algo más ambicioso: una nueva identidad política capaz de superar el ciclo nacido hace una década. El tiempo de las pequeñas guerras culturales, de las marcas personales y de las organizaciones concebidas alrededor de dirigentes concretos debería dar paso a una etapa de reconstrucción.

Antonio Gramsci hablaba de la necesidad de construir una hegemonía cultural antes de alcanzar la hegemonía política. Una sociedad no cambia solo porque una mayoría vote una opción determinada; cambia cuando esa opción consigue explicar el mundo mejor que sus adversarios.

La izquierda necesita volver a contar una historia convincente sobre España.

No basta con defender derechos adquiridos. Hay que explicar cómo será la vida de una persona joven dentro de 20 años. No basta con denunciar la desigualdad. Hay que ofrecer un modelo de prosperidad compartida. No basta con responder a la nostalgia de otros. Hay que construir una idea atractiva de futuro.

En ese contexto aparece una figura singular: Gabriel Rufián.

Su eventual papel en una operación de convergencia tendría ventajas evidentes. Es un político con capacidad comunicativa, con experiencia parlamentaria, con una relación directa con sectores populares y con una imagen menos asociada al desgaste de las estructuras tradicionales de la izquierda estatal.

Pero también tendría límites. Una figura nacida de una tradición política territorial concreta difícilmente puede convertirse por sí sola en el punto de encuentro de sensibilidades tan diversas como las que conviven a la izquierda del PSOE. Para algunos sectores sería un puente; para otros, una frontera.

El problema no es Rufián. El problema es creer que la solución puede depender de una persona.

La izquierda española ha cometido demasiadas veces el error de buscar un nuevo mesías político. Primero fue la ilusión de creer que un liderazgo carismático resolvería las contradicciones internas. Luego la esperanza de que una nueva marca electoral solucionaría los problemas estructurales. La historia reciente demuestra que ningún dirigente, por brillante que sea, puede sustituir a un movimiento social amplio.

La alternativa debería ser inversa: construir primero el proyecto y después elegir a quienes puedan representarlo.

La mejor opción no sería resucitar Sumar ni crear otra plataforma electoral con fecha de caducidad. Sería fundar una nueva casa común. Una organización abierta, parecida en espíritu a los grandes movimientos políticos europeos que nacieron cuando las sociedades cambiaron de época. Una estructura donde convivan ecologistas, socialdemócratas desencantados, federalistas, movimientos por la vivienda, feministas, defensores de los servicios públicos y sectores progresistas que hoy no encuentran una representación clara.

No debería presentarse como "la izquierda contra la derecha", porque esa batalla ya no moviliza como antes, sino como una alternativa entre dos modelos de país.

Uno basado en la competición permanente entre ciudadanos, en la reducción de la política a identidad y conflicto, en la idea de que los problemas complejos tienen soluciones simples.

Otro basado en la cooperación, la modernización económica, la ciencia, la educación, la justicia social y una democracia más profunda.

La izquierda necesita recuperar algo que ha perdido: la capacidad de ilusionar.

Si el gran eje político del próximo ciclo puede ser la confrontación entre una visión cerrada de España y otra abierta, la izquierda comete un error cediendo el concepto de nación a sus adversarios.

Las naciones no son propiedad de una ideología.

La tradición progresista europea siempre defendió una idea de patria vinculada a la ciudadanía, no a la sangre; a los derechos, no a los privilegios; al futuro compartido, no a la nostalgia.

El escritor Albert Camus recordaba que la verdadera rebeldía no consiste en decir "no", sino en afirmar aquello que merece ser defendido. La izquierda necesita recuperar esa dimensión afirmativa.

No puede limitarse a advertir sobre los peligros de la extrema derecha. Tiene que explicar por qué su proyecto de sociedad es más deseable.

La próxima batalla electoral no será entre partidos, sino entre imaginarios.

La extrema derecha ha comprendido algo importante: la política moderna funciona con emociones, símbolos y relatos. La izquierda, demasiado concentrada a veces en la gestión y demasiado dividida en sus debates internos, ha olvidado que también necesita poesía.

Porque la política, en el fondo, es una forma de arquitectura. Construye edificios invisibles donde millones de personas colocan sus ladrillos de esperanza.

La derecha radical ofrece un edificio basado en el miedo: miedo al extranjero, miedo al cambio, miedo al futuro.

La izquierda debería ofrecer otro basado en la confianza: confianza en la inteligencia colectiva, en la innovación, en la convivencia, en la capacidad de una sociedad democrática para resolver problemas difíciles.

España no necesita otra guerra entre siglas progresistas. Necesita una generación política capaz de entender que las próximas décadas estarán marcadas por desafíos enormes: inteligencia artificial, envejecimiento, cambio climático, concentración económica, crisis de la democracia liberal.

Ante esos retos, las viejas fronteras internas de la izquierda parecen cada vez más… mezquinas.

Quizá el verdadero liderazgo no consista en ocupar la primera fila, sino en saber abrir una puerta por la que puedan entrar muchos.

Rufián podría participar en esa tarea. También otros dirigentes y movimientos. Pero nadie debería ser propietario de la nueva izquierda antes de que exista.

La oportunidad histórica consiste precisamente en lo contrario: crear un espacio donde nadie sea imprescindible porque todos son necesarios.

La izquierda española no pide a gritos una nueva marca electoral. Su SOS lleva años suplicando una visión “real” de España, dinámica, viva, con alma.

Solo esa visión, si llega a construirse, sería capaz de impedir que el futuro sea escrito por quienes han aprendido a manufacturar miedo en su propio beneficio.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

Esta vez la vida que no puede ser empieza en el agua de Ceuta y termina en el fondo de ese mismo mar, con una mujer que quería jugar al fútbol y no la dejaron llegar a la otra orilla.

Esta semana han muerto en Ceuta un centenar de personas, una cifra que sube cada vez que entre las chanclas de playa que flotan a la deriva aparece otro cuerpo inerte. Impresiona el pasmo con el que contemplamos muerte y verano, como si ya fueran la misma cosa o, más bien, como si la primera de unos fuera la condición del segundo para los otros; como si lo normal fuera el mucho miedo que da el poco dinero que traen unos bolsillos, al mismo tiempo que a nadie se le pasa por la cabeza hablar de invasión cuando en el puerto de Barcelona desembarcan en un solo día miles de turistas de crucero, eso sí, estos con los bolsillos llenos.

Esta serie hablaba de las rojas que no fueron, mujeres de la República a las que la dictadura no dejó ser. Con Ceuta no puedo usar el pasado, ya que lo de estas mujeres no es lo que no fue, es lo que no puede ser, ahora, mientras escribo. No eran rojas como Nita sino personas migrantes, negras, subsaharianas, y la frontera las mató igual. Son las rojas negras que no pueden ser y escribo esto para salir de ese pasmo, y reconocer nuestra parte de responsabilidad en todo ello.

Una de ellas (quizás una de las muertes de la que más se ha hablado en redes sociales, maldito el morbo y la nula capacidad que tenemos para empatizar con lo ajeno) se llamaba Faten Ben Amar El Azizi. Jugaba al fútbol en el Mogreb Atlético Tetuán y se ahogó esta semana intentando cruzar a nado a Ceuta. Su club la despidió recordando que su sueño terminó antes de empezar, que no buscaba fama ni aventura, solo una vida mejor al otro lado.

Leyéndolo me dio hasta vergüenza recordar que la semana pasada le inventé a Nita, otra futbolista, el gol que la dictadura no la dejó marcar, y avisé de que era mentira, porque, a los 90 años de muerta, la ficción ya no le hace daño a nadie.

A Faten no me atrevo a inventarle nada. Podría haber sido hoy una Nita, jugar, envejecer y marcar en algún campo; pero no es Nita, es Faten, y está en el fondo del mar. A Nita la imposibilidad de ser le vino por ser mujer en una España en blanco y negro. A Faten le viene por ser mujer, pero también por migrante y pobre, todo a la vez, una imposibilidad que se multiplica exponencialmente hasta terminar en muerte. Como para no hablar de interseccionalidad cuando representarla parece que, literalmente, mata. Lo mínimo para mostrar nuestro respeto ante estas muertes es, de nuevo, reconocer que las condiciones para que se dieran empezaron mucho antes de que Faten decidiera lanzarse al mar y tienen todo que ver con el pasado colonial de una Europa más preocupada hoy por recrudecer sus fronteras que por reparar el daño.

Con Marruecos, España tiene una deuda larga. Tuvo allí un Protectorado, gaseó a la población civil del Rif en los años 20 y, lejos de haberlo reconocido, hemos terminado por construir una relación más bien perversa y opuesta a esa lógica a la que apunta lo decolonial. España paga a Marruecos —y Europa con ella— para que le haga de guardia de fronteras, para que detenga en sus playas y en su desierto a quienes, de otro modo, llegarían hasta aquí.

Le hemos subcontratado el trabajo sucio, lo cual no vuelve inocente a Marruecos, que abre y cierra el grifo de la migración según le conviene, casualmente cada vez que España le molesta. Que el vecino sea cínico no nos exime de la parte que nos toca: haber levantado una frontera que mata y haber pagado para no verla. Y ni siquiera esto basta para comprender la magnitud de nuestra responsabilidad. Para salir de ese pasmo conviene hacer aún más memoria.

Porque la deuda no acaba en Marruecos: abarca todo el continente. Y por ello nunca, mientras no se haga justicia al respecto, se recordará lo suficiente que el Sáhara Occidental fue, entre 1958 y 1976, la provincia número 53 de España, con DNI, con funcionarios saharauis; tan provincia como cualquier otra, según el decreto. Y en 1975, con la Marcha Verde encima y Franco agonizando, España firmó unos acuerdos que repartían aquello entre Marruecos y Mauritania y se marchó, haciendo a sus habitantes dos cosas a la vez que siguen sin nombrarse: por un lado les quitó la nacionalidad que ella misma les había dado y, por otro, les robó el país propio que la descolonización les debía, el referéndum prometido que nunca se celebró.

La periodista saharaui Ebbaba Hameida lo dice sin rodeos: los saharauis son los refugiados de España. Y Laura Casielles, en Arena en los ojos, recuerda que la ley de memoria vigente, la que sí nombra las cunetas del franquismo, no menciona ni una sola vez el colonialismo en el Sáhara, ni en Marruecos ni en Guinea. Dice también Casielles que solo reconociendo lo que se hizo se puede imaginar otra manera de estar en el mundo. Por Faten, por todas, por estar cada vez más cerca de que esas vidas sean vivibles, voy a imaginarla.

En esta ucronía, Europa no se aferra a las colonias: las suelta de verdad. Se celebran referéndums y el Sáhara, entre otros, se convierte en un país, uno con bandera propia, fronteras propias y embajadas que contestan al teléfono. La República Árabe Saharaui Democrática, que en nuestro mundo existe solo a medias, sobre el papel y no sobre la tierra, en el otro mundo existe plenamente. Es un país y no va a ser el único que aparece en ese mapa, porque ese proceso de descolonización habría llenado el norte de África —el país de Faten incluido— de Estados que no llegaron a ser o llegaron rotos y expoliados, siendo esa la condición perfecta para que sus habitantes sigan muriendo ahogados.

En ese mapa, Faten es de algún sitio que no la expulsa. Mientras que a Nita el otro mundo le daba un estadio lleno, a Faten le da recursos, capacidad económica plena, un pasaporte que abre puertas en vez de cerrarlas y la posibilidad de cruzar el mar como lo cruzan quienes tienen papeles: enseñando uno y pasando. No sueña con Europa; no le hace falta. En ese mundo, Europa no es la salvación ni la tumba: es el vecino de enfrente y, si un día viene, viene de visita, de crucero si le da la gana —aunque tremenda horterada—, con una vida que tiene verano y no muerte.

Pero ese mundo no llegó, porque la deuda sigue sin pagarse. Europa hizo la colonia y ahora vigila la orilla para que aquellos a quienes empobreció no crucen. Y a esa cuenta pendiente la llama crisis migratoria, como si el muerto fuera un imprevisto y no el final previsible de un saqueo que nunca se saldó. Reconocer eso, salir del pasmo, es lo mínimo, aunque no baste.

Las rojas, las nadie, fueron aquellas mujeres a las que mató una dictadura que ya no está. No nos pueden resultar ajenas las que intentan tener otra vida hoy. Faten es una mujer a la que mata una frontera que seguramente sería completamente diferente si el mundo no estuviera ordenado por las necesidades y las ausencias de responsabilidad de una Europa racista y colonial. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.