Ahora, como candidata oficial de RN, la heredera del fundador del Frente Nacional aspira a ocupar el cargo más alto del Estado solicitando el voto de aquellas y aquellos a quienes ha engañado.

Con el corte de mangas que puede dedicar a la justicia desde que el tribunal de apelación ha levantado de facto la pena de inelegibilidad a la que la había condenado el tribunal correccional el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen muestra su verdadero rostro, que años de estrategia de “normalización” nunca han logrado ocultar: el de una política sin escrúpulos ni principios, dispuesta, al estilo trumpiano, a instrumentalizar el Estado de derecho con fines personales para imponerse al frente del Estado, garantizándose al mismo tiempo su impunidad.

Al recurrir en casación ejerce, sin duda, un derecho legítimo al agotar las vías de recurso a su disposición. Pero, a diferencia de cualquier otro justiciable, se aprovecha de su condición de candidata presidencial, algo que la justicia ya ha tenido en cuenta al acelerar el calendario judicial y, en el caso del Tribunal de Apelación, al redactar una resolución a medida.

“No estoy jugando contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, declaró Marine Le Pen el 8 de julio en La Flèche (Sarthe). En realidad, la justicia se ha plegado a sus ambiciones. Mientras que el tribunal correccional había declarado, en primera instancia, su inelegibilidad para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de sus actos, así como de los de su partido, el tribunal de apelación afirmó, por el contrario, querer respetar “la libertad de elección del elector, condición para la expresión del sufragio universal», a pesar de lo que se le puede reprochar.

Al negarse a reconocer la gravedad de los hechos, Marine Le Pen, con el fin de retrasar al máximo la ejecución de su condena y, en última instancia, alcanzar la “inmunidad” del Elíseo, le echa un pulso a la justicia, a riesgo de presionar las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales.

La líder de la extrema derecha quiere, de hecho, hacer todo lo posible para impedir que su destino judicial quede definitivamente sellado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 2 de mayo de 2027. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, insistió en TF1 el 7 de julio.

Tras haber tratado de acelerar el ritmo del proceso judicial, su partido pretende ahora ralentizarlo. Para ello, en una especie de maniobra obstruccionista, sus abogados pueden presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) y multiplicar las solicitudes en el marco del recurso de casación. En el caso de que el Tribunal de Casación anule la sentencia del Tribunal de Apelación, el caso de los asistentes parlamentarios europeos de RN podría ser juzgado de nuevo por otro tribunal, lo que le permitiría, una vez más, ganar tiempo.

En caso de desestimación del recurso o de los recursos, se aplicaría la sentencia del tribunal de apelación y la candidata podría, en teoría, verse obligada a llevar una pulsera electrónica, lo que limitaría sus desplazamientos. Pero sus abogados podrían entonces intentar negociar una modificación del arresto domiciliario con el juez de ejecución de penas.

En cualquier caso, la candidata de RN está decidida a ignorar cualquier principio de precaución, renegando de sus declaraciones de probidad, al presentarse a las elecciones presidenciales como condenada o en espera de una sentencia definitiva. Cabe recordar que el recurso de casación no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos.

De esta manera, Marine Le Pen toma como rehén al calendario judicial y la campaña electoral, vinculándolos a su destino personal, lo mismo que hace en la materia la internacional de extrema derecha, desde Donald Trump hasta Benyamin Netanyahu, por citar solo a algunos.

En una entrevista por vídeo concedida recientemente a Mediapart, el magistrado siciliano Roberto Scarpinato, figura destacada en la lucha contra la corrupción y actualmente senador de la República Italiana, alertaba sobre la “mafiosización del mundo”, subrayando que “el método mafioso no se reduce simplemente a una realidad criminal, sino que constituye también una antigua forma de ejercer el poder, recurriendo a una mezcla letal de poder legal e ilegal”.

El maltrato al Estado de derecho se traduce, de manera igualmente determinante, en la poca importancia que Marine Le Pen concede a una posible condena firme, incluso antes de las elecciones. Al enfrentar a los magistrados con el pueblo, afirma que los “franceses” serían entonces los únicos “jueces”. Del pueblo a la propia candidata solo hay un paso, que su entorno se encarga de dar. “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como declaró su fiel partidario Jean-Philippe Tanguy, diputado por la Somme, en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

Hay que comprender lo que está en juego tras este giro: la destrucción, una tras otra, de las instituciones de control que se supone que protegen a los ciudadanos de un poder autoritario.

Con motivo de unas elecciones presidenciales que ahora se han convertido en un referéndum “a favor de la pulsera electrónica o a favor de la inmunidad de Marine Le Pen”, los votantes tienen todo el derecho a preguntarse qué uso haría de las instituciones una candidata que, una vez en el Elíseo, podría verse tentada a autoamnistiar sus delitos.

Las advertencias recogidas en la sentencia del tribunal correccional parecen ya lejanas. Para justificar la condena, la presidenta Bénédicte de Perthuis había criticado duramente “la elusión de la democracia respecto a los electores y al Parlamento Europeo” que suponía el sistema de puestos de trabajo ficticios, antes de recordar que la pena de inelegibilidad —aprobada inicialmente por los representantes de la nación— “tiene por objeto imponerse cuando los políticos se vuelven culpables de atentados contra la probidad” y comprometen “las reglas del juego democrático”.

En cuanto a la ejecución provisional de la pena, la magistrada había considerado que “la propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida equivale a solicitar un privilegio o una inmunidad” para los candidatos. Le había llamado la atención que algunos acusados tuvieran “una construcción narrativa de la verdad” y había mencionado el “grave trastorno del orden público” que supondría la candidatura a las presidenciales o la elección de una persona condenada a una pena de inelegibilidad sin ejecución provisional.

Ante el riesgo de que una delincuente sea elegida presidenta de la República, la escasa reacción, incluso desde la izquierda, que ha suscitado la respuesta de la candidata de RN confirma la trágica ausencia de debate político sobre los atentados contra la probidad y los peligros que suponen para nuestra democracia.

Corresponde, por tanto, a la sociedad civil movilizarse para defender sus intereses, mediante artículos de opinión, caceroladas y otras formas de protesta por inventar, ya que, como cuerpo social, es la principal víctima de las agresiones infligidas al Estado de derecho.

“Todo se desmorona. El centro no puede aguantar. […] Los mejores ya no creen en nada, los peores se hinchan con el ardor de las bajas pasiones”. Hay que (re)leer estos versos del poeta irlandés William Butler Yeats para no caer en la resignación, luchar contra el agotamiento de la imaginación y mostrar vigilancia política.

Y también esta obra de teatro de Bertolt Brecht, El ascendente insuperable de Arturo Ui, para fomentar la acción colectiva:

“Pero, vosotros, levantad la vista, dejad de cotorrear / Aprended, pues, a ver, y actuad. / ¿El mundo gobernado por esta podredumbre? / Los pueblos lo han sometido pero, cuidado: / no os regocijéis demasiado pronto, la victoria no está asegurada — / ¡porque este caldo de cultivo putrefacto sigue siendo fértil!”.

El inquietante efecto de repetición que crea este texto de 1941 nos recuerda que es urgente no permitir que se privatice la campaña presidencial. Esa es la técnica de los poderes iliberales: ahogar a los ciudadanos en interminables procedimientos judiciales para sacar del debate público las cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida. No bastará con contrarrestar la narrativa de la extrema derecha. Se espera que los candidatos y candidatas al Elíseo se pronuncien sobre la emergencia climática, la discriminación y el racismo, las desigualdades sociales, el Estado redistributivo, el acceso a la vivienda y a la sanidad o incluso la fiscalidad de los ricos.

A esta lista incompleta hay que añadir necesariamente la exigencia de probidad de elegidos y gobernantes, ya que es un requisito previo para que la población confíe en quienes toman decisiones en su nombre.

Traducción de Miguel López

Para Cartier en Rusia, la historia llegó oficialmente a su fin el 3 de marzo de 2022. Pocos días después de la invasión a gran escala de Ucrania por el ejército ruso, los países de la Unión Europea y Suiza —donde tiene su sede el grupo Richemont, matriz de la marca francesa— impusieron sanciones drásticas que incluyen la prohibición de exportar artículos de lujo a Rusia.

La joyería y la relojería de lujo, dos especialidades de Cartier, se ven afectadas por estas sanciones. La tienda insignia del grupo en Moscú, en la calle Petrovka —más de mil metros cuadrados de anillos, relojes y alfombras rojas—, cierra sus puertas. Sus empleados son dados de baja temporalmente, trasladados a otros países o despedidos. Oficialmente, los acaudalados clientes rusos ya no pueden comprarse pulseras Love de oro blanco (8.700 euros), relojes Baignoire (9.400 euros) ni pulseras Panthère (hasta 421.000 euros en su versión más adornada con piedras preciosas).

Los datos aduaneros a los que ha tenido acceso Mediapart confirman, a primera vista, que se han terminado los flujos de joyería de Europa hacia Rusia: entre 2021 y 2023, las importaciones de mercancías registradas bajo el código aduanero 7113 (joyería de metales preciosos) con origen en Francia caen un 91 % (de 21 millones de dólares en 2021 a menos de 2 millones de dólares en 2023). Del mismo modo, las importaciones de joyas procedentes del Reino Unido se redujeron un 99,6 %, y las de Suiza, un 99,8 %.

Cartier no es una excepción. Según nuestros cálculos, basados en los mismos datos aduaneros, en 2021 se importaron a Rusia 50,6 millones de dólares en mercancías de la marca (de todos los países de origen), frente a solo 5.552 dólares en 2023; se trataba de piezas de recambio destinadas a reparaciones, según precisa la declaración. Oficialmente, pues, se ha cerrado el grifo.

El grupo Richemont, propietario de Cartier, se jacta de ser ejemplar en esta materia. En marzo de 2022, llegó incluso a dar portazo al Responsible Jewellery Council, la organización internacional que establece las normas éticas y medioambientales de la joyería, alegando que no había cortado todos sus vínculos con Rusia. “No se ajusta a los valores de Richemont formar parte de una organización cuyos miembros apoyan conflictos y guerras”, afirmó entonces el director general de Cartier, Cyrille Vigneron.

Pero la realidad es que las joyas de la marca siguen vendiéndose en Rusia, según revela nuestra investigación. Ahora pasan por Kazajistán, que forma parte de la Unión Económica Euroasiática (UEE), un vasto mercado común con Rusia en el que, una vez entrados, los productos circulan sin controles aduaneros.

Las declaraciones aduaneras obtenidas por Mediapart revelan la existencia de estos nuevos circuitos comerciales hacia Kazajistán (ver caja negra), que se desarrollaron precisamente en el momento en que los flujos hacia Rusia se estaban agotando. Según los datos que hemos podido analizar, las importaciones de productos del grupo Richemont a través de Kazajistán pasan así de 0 en 2021 a 23 millones de dólares en 2022, hasta alcanzar cerca de 47 millones en 2025 —es decir, casi las importaciones de mercancías de Cartier en Rusia antes de la guerra (50,6 millones de dólares en 2021) .

Al ser preguntada sobre estas exportaciones y sobre la posible elusión de sanciones que podrían suponer, la marca Cartier no ha querido responder. El grupo Richemont, al que también se ha dirigido Mediapart, afirma haber “cesado toda exportación, venta y distribución de sus productos a Rusia” desde marzo de 2022 y “refuta cualquier sugerencia de que el grupo eluda las sanciones aplicables”. Pero no dice nada sobre sus exportaciones a Kazajistán.

Cartier cuenta con un escaparate privilegiado en la ciudad más grande de Kazajistán, Almaty: una tienda que reabrió sus puertas en 2025 tras haber sido completamente renovada. Según nuestra información, sus ventas se han multiplicado prácticamente por diez desde 2019, hasta alcanzar unos 50 millones de euros en 2025. Las cifras de la tienda kazaja se acercan ya a las registradas por la tienda de Cartier en los Campos Elíseos, a pesar de que esta última es cuatro veces más grande y goza de una ubicación prestigiosa.

Un auge que no puede explicarse por un aumento repentino del nivel de vida en Kazajistán y, por tanto, del consumo de artículos de lujo y de gran lujo. Aunque el país experimenta un crecimiento relativo, el salario medio en la ciudad de Almaty era en 2025 de 1.100 euros al mes (601.126 tenges kazajos).

¿Es posible que Cartier y Richemont, grandes grupos con la mirada puesta en su volumen de negocio, no hayan detectado estos flujos anómalos, ni se hayan dado cuenta de que sus ventas en Kazajistán se han multiplicado casi por diez —a pesar de que las vías para eludir las sanciones a través de Kazajistán están ya ampliamente documentadas (incluso por Mediapart)?

Es aún más improbable si se tiene en cuenta que una de las figuras históricas de la marca trabaja ahora para la tienda de Almaty: Tatiana Torchilina, experta en joyería, que se presenta en Internet como “miembro del consejo presidencial de Cartier” (una institución desconocida para el público, sobre la que Cartier no nos ha dado más detalles) y, sobre todo, exdirectora de la gran boutique de Cartier de la calle Petrovka, en Moscú. Conoce a los clientes rusos de la marca mejor que nadie.

En una entrevista concedida a finales de 2025, Tatiana Torchilina explicaba que trabajaba en esa franquicia y agradecía a la marca su “increíble lealtad” —ella, que pensaba que su “aventura” con Cartier “iba a llegar a su fin” en la primavera de 2022, tras la imposición de sanciones a Rusia.

Sin embargo, las sanciones impuestas por la UE (a las que está sujeta la marca Cartier, cuya sede social se encuentra en Francia) y por Suiza (a las que está sujeto el grupo Richemont, con sede en el país) son claras: no solo prohíben la venta de artículos de lujo a Rusia, sino también "el transporte" y "el tránsito" de dichos artículos “para su uso en ese país”.

Y lo que es aún más sorprendente: según nuestra información, dos exempleadas de Cartier en Rusia siguen facilitando, a día de hoy, la venta de joyas de la marca a clientes rusos.

La primera, Yulia Goryachkina, que fue dependienta de la tienda de la calle Petrovka, ofrece ahora joyas de Cartier… a través de Telegram. En su canal, bajo el seudónimo de “Yulia Cartier”, se describe a sí misma como “la mayor experta en joyería y estilista de Moscú” y explica que “lleva más de veinte años vendiendo artículos Cartier”. Al parecer, las sanciones no han frenado su negocio.

El 8 de junio de 2025, Goryachkina ponía a la venta, a través de este canal de Telegram, un anillo Cartier “Coussin” “absolutamente suntuoso” por 8.255.000 rublos (93.000 euros). El 14 de julio siguiente, vendió un “collar vintage de Cartier” hecho de perlas de oro rosa engastadas con diamantes por 2 millones de rublos (22.000 euros). “Disponible en Moscú”, precisaba.

El día anterior, vendió un broche de nácar de la marca Van Cleef & Arpels (otra marca del grupo Richemont) por 4.780.000 rublos —también “disponible en Moscú”. En abril, avisó a sus clientes: “¡Cartier llevará pronto a cabo su subida anual de precios! Si queréis comprar algo, daos prisa en hacer el pedido y pagar. Escribidme». Al ser preguntada sobre estas ventas, Yulia Goryachkina no quiso responder. Pero unas horas después cerró su canal de Telegram y eliminó las menciones a Cartier de su biografía de Instagram.

Una vez más, a la marca le resultaba difícil ignorar estas actividades: “Yulia Cartier” utilizaba su nombre profusamente, incluso en el título de su canal, y grababa numerosos vídeos en tiendas situadas en Europa y Oriente Medio donde, según tenemos entendido, es imposible probar y grabar piezas que cuestan varias decenas de miles de euros sin autorización.

Tatiana Torchilina, la exdirectora de la tienda de Petrovka, que ahora trabaja para la franquicia de Cartier en Kazajistán, también sigue vendiendo joyas a clientes rusos. Ella misma explicó, en noviembre de 2025, que seguía viviendo en Moscú porque “todos [s]us clientes están aquí”. ¿Cómo lo consigue? Ella menciona “opciones de importación legales”, sin dar más detalles.

En una plataforma rusa de comercio de arte, vende, en calidad de “coleccionista”, joyas de Cartier, entre las que se incluyen un anillo Panthère de 20 millones de rublos (225.000 euros) o una pulsera de oro blanco y ónice de 17 millones de rublos (192.000 euros). No se especifica su origen.

Según nuestra información, Tatiana Torchilina también aprovecha los eventos organizados en la capital rusa (que oficialmente nunca son ventas, sino "cenas artísticas", conferencias sobre la historia de la marca o incluso “recepciones de mecenazgo”) para asegurar a su público que “no hay ningún problema” en conseguir las piezas que les interesen.

Al ser preguntada al respecto, tampoco quiso responder sobre esas ventas, limitándose a asegurar que “ya no es empleada de Richemont” desde hace “bastante tiempo”.

Hemos obtenido y analizado bases de datos aduaneras con la ayuda de un profesional del sector. Debido a la naturaleza de esas bases de datos (casos de declaraciones incompletas, ortografía de los nombres de las empresas transcritos del alfabeto cirílico que puede variar), las cifras proporcionadas en el artículo son una horquilla mínima.

Traducción de Miguel López

En tono grave, casi solemne, Jean-François Soussana, presidente del Alto Consejo para el Clima (HCC), afirmó desde el principio: “Nos encontramos en un momento un tanto trágico”, al presentar el octavo informe de la institución, en el que se analiza la acción climática de Francia en 2025. Dedicó el informe, publicado el jueves 9 de julio, a las 2.025 víctimas mortales registradas entre el 22 y el 28 de junio por Santé publique France a causa de la ola de calor extremo.

En una capital abrumada por el calor, los miembros del HCC —institución creada en 2018 para evaluar de forma independiente las políticas públicas en materia climática— no se anduvieron con rodeos a la hora de señalar la brecha que separa la trayectoria actual de Francia de la gravedad de las consecuencias del cambio climático.

Diez años después del Acuerdo de París sobre el clima, el calentamiento global provocado por las actividades humanas alcanza los 1,4 °C y en unos años se superará sin duda el umbral de 1,5 °C, según han reconocido estos expertos. A nivel mundial, y especialmente en Europa, donde el calentamiento es dos veces más rápido, “las condiciones climáticas se están volviendo cada vez más peligrosas para la salud, los ecosistemas, las infraestructuras y las actividades económicas”.

Aunque la reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa, los avances son “demasiado lentos y demasiado limitados”, resumió la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, que participó en este informe titulado “Peligros climáticos: Francia ante sus responsabilidades”. Mientras no se alcance la neutralidad en carbono, el calentamiento seguirá adelante, lo que acarreará consecuencias cada vez más catastróficas.

Si bien, a nivel mundial, se acelera la descarbonización del sector eléctrico y continúa la electrificación de los usos —el 25 % de los vehículos nuevos vendidos en el mundo en 2025 eran eléctricos, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE)—, “la transición del sistema alimentario sigue siendo el pariente pobre de la transición climática”, con un “consumo excesivo de proteínas animales en los países desarrollados” en particular.

Las emisiones de CO₂ del sector agrícola siguen aumentando a un ritmo de 1,6 puntos al año. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) representa, además, una nueva amenaza que aún debe evaluarse. En la Francia continental, donde el calentamiento alcanza una media de 2,2 °C desde 2016, el año 2025 es el cuarto año más cálido jamás registrado, por delante de 2024 pero por detrás de 2022 y 2023. El calentamiento continúa “a un ritmo rápido”, con episodios de calor más intensos y prolongados.

El HCC destaca, en este sentido, “la creciente gravedad de los impactos”, ya sea en la “perturbación de la escolarización de los niños, sobremortalidad relacionada con el calor, mayor propagación de enfermedades vectoriales, pérdidas agrícolas, tensiones en el suministro de agua, elevados costes de los daños relacionados con las inundaciones y la contracción-expansión de las arcillas, aumento del coste de los seguros, retroceso de la línea de costa”, o en “el deterioro de los bosques y el blanqueamiento de los corales”. Nuestras infraestructuras también se han “diseñado para un clima que ya no existe”.

“La adaptación que se está llevando a cabo actualmente en Francia es insuficiente para contener el rápido aumento de los riesgos climáticos”, afirma el informe. Por otra parte, aunque es urgente la adaptación al cambio climático, evidentemente no puede ser suficiente, insistió Jean-François Soussana. “La capacidad de adaptación de numerosos sistemas humanos y ecosistemas está alcanzando ya sus límites”, señala el informe. Si se mantiene la trayectoria actual de emisiones, Francia debe prepararse para hacer frente a “pérdidas de rendimiento agrícola”, a “racionamientos de agua en épocas de sequía” y a “condiciones de habitabilidad reducidas”.

El ritmo de reducción de las emisiones en Francia se ha ralentizado de nuevo, al igual que el año pasado, pasando del −3 % al −2,1 %. En 2025, Francia emitió 359 millones de toneladas equivalentes de CO₂ (MtCO₂eq), lo que supone una disminución de 7,6 MtCO₂eq con respecto a 2024. El sector del transporte sigue siendo el principal responsable, con un 34 % de las emisiones, seguido de la agricultura con un 21 %, la industria con un 16 % y la construcción con un 15 %.

En cuanto a la agricultura, la ganadería representa el 59 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector, es decir, 45,7 MtCO₂eq, principalmente en forma de metano, mientras que los cultivos representan el 27 % de las emisiones del sector, con 21,1 MtCO₂eq.

Por otra parte, la mitad de la reducción de las emisiones de GEI se debe a la disminución de la actividad industrial —y, por tanto, a las deslocalizaciones—, pero también a una reducción de la cabaña ganadera. Las emisiones importadas siguen representando la mayor parte de la huella de carbono de Francia. En el país, el estado de los sumideros de carbono, indispensables para alcanzar la neutralidad de carbono, se ha deteriorado como consecuencia del cambio climático.

Aunque el país se ha dotado, desde el Acuerdo de París, de “un marco jurídico climático cada vez más denso”, señala el informe, estructurado en torno a leyes como la “clima y resiliencia” de 2021, está lejos de cumplirlo. O, más exactamente, “las normas existen, pero su aplicación adolece de una falta de recursos administrativos y financieros, de numerosas excepciones y de una tendencia recurrente a rebajar la exigencia jurídica en cuanto esta se vuelve políticamente o económicamente sensible”. Una formulación diplomática, pero clara, para expresar hasta qué punto han sido sistemáticamente socavados a lo largo de los años los escasos avances de las políticas públicas.

Aunque Francia ha establecido el objetivo de la neutralidad en carbono para 2050, “persiste la brecha entre la ambición de las leyes y los resultados: emisiones insuficientemente reducidas y aplicación parcial”, como ocurre con el “cero artificialización neta”, incumplido por todas partes. Los miembros del HCC también han criticado duramente el proyecto de ley de emergencia agrícola, que acaba de ser aprobado en el Senado, por sus importantes retrocesos en materia de ecosistemas.

Aunque el HCC recuerda que acogió con satisfacción la aprobación del tercer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), subraya, no obstante, que “la puesta en marcha de las medidas del Pnacc sigue dependiendo de los recursos financieros y aún queda por demostrar su impacto tangible en la adaptación de Francia”. Estamos muy lejos del ejercicio de autocomplacencia del Gobierno sobre este tema. A mediados de junio, Monique Barbut, ministra de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza, afirmaba que el 80 % de las medidas del Pnacc estaban “en marcha”.

Para completar este sombrío panorama, el HCC señala que el cambio climático va acompañado de desigualdades crecientes, con una precariedad cada vez mayor en el ámbito energético, desde el acceso a la movilidad hasta la precariedad alimentaria. Los retrasos en materia de atenuación agravan las desigualdades sociales, ya que “la exposición al estrés térmico en viviendas, colegios, hospitales y lugares de trabajo (no adaptados) afecta en primer lugar a los hogares con menos recursos”. El HCC ha presentado una Francia acorralada y ha expresado su deseo de que las grandes decisiones que le esperan ante el cambio climático ocupen un lugar central en la campaña presidencial.

Traducción de Miguel López

Los turistas extranjeros que vayan a Japón este verano tienen motivos para alegrarse. Su poder adquisitivo local alcanzará niveles récord. De hecho, la caída del yen japonés parece no tener ya límites.

A principios de julio de 2026, la moneda japonesa se ha situado en niveles inéditos desde el 17 de diciembre de 1986. El 1 de julio se alcanzó un mínimo de 162,84 yenes por dólar en la sesión bursátil y, tras una ligera subida, una semana más tarde, el 8 de julio, la moneda nipona se situó en 162,71 yenes por dólar.

Hace casi cuarenta años que el dólar no había estado tan caro en el archipiélago. El mundo era entonces muy diferente: el yen se estaba fortaleciendo de forma inédita tras los acuerdos del Plaza de 1985, en los que las grandes potencias de la época se habían puesto de acuerdo para debilitar el dólar. Entre febrero de 1985 y diciembre de 1986, el yen se había apreciado casi un 38 % frente al dólar.

Hoy la tendencia es la contraria. Desde su mínimo de abril de 2025, el yen ha perdido un 13,5 % de su valor y, si se analiza una perspectiva más amplia, se observa una caída vertiginosa desde el máximo histórico del yen, alcanzado el 31 de octubre de 2011, de 75,72 yenes por dólar. La caída alcanza casi el 55 % y la tendencia a la baja parece inexorable.

Para comprender las fuerzas del mercado que arrastran al yen, hay que recordar que, a finales de abril, el banco central del país, el Banco de Japón (conocido por sus siglas en inglés, BoJ), intervino para respaldar su moneda, que había superado los 160 yenes por dólar.

Se habían utilizado nada menos que 11,7 billones de yenes —el equivalente actual a más de 63 mil millones de euros— durante un mes para situar el dólar en 143 yenes al 1 de abril. Pero, a pesar de esta cantidad récord, la tregua duró poco y el yen volvió a caer. El 1 de junio se volvió a superar el umbral de los 160 yenes, lo que puso de manifiesto el carácter temporal e infructuoso de esa intervención.

¿Cómo se explica este movimiento? En primer lugar, existen razones estructurales, lo que se conoce como el carry trade, que consiste en pedir dinero prestado en un país con tipos de interés muy bajos para invertirlo en otro con tipos muy altos. Japón es, desde hace varias décadas, el lugar de préstamo preferido por esos operadores, ya que el Banco de Japón (BoJ) aplica tipos muy bajos para intentar reactivar una economía estancada.

Esas operaciones favorecen una salida de yenes de Japón, ya que el dinero prestado se cambia a otra moneda más rentable. El carry trade ejerce, por tanto, presión a la baja sobre el valor del yen. Pero durante mucho tiempo este fenómeno se vio compensado por el superávit comercial del país y permitía garantizar entradas de divisas. A ello se sumaba la imagen de seguridad que el yen transmite en la región en caso de crisis.

Así, incluso cuando el BoJ redujo su tipo de interés de referencia al 0,1 % a partir de 2009, el yen siguió apreciándose, ya que los operadores buscaban protegerse frente a la crisis de las hipotecas subprime y, posteriormente, frente a la de la zona euro. No obstante, en 2015 el BoJ situó su tipo en terreno negativo, en −0,1 %, lo que aceleró la presión del carry trade. Los flujos de salida de yenes se aceleraron, al tiempo que las tensiones con China mermaban la imagen de seguridad del país.

A partir de marzo de 2024, el BoJ comenzó a subir sus  tipos y el tipo principal de refinanciación se sitúa actualmente en el 1 %. Pero este endurecimiento no ha frenado la salida de yenes, ya que este tipo sigue siendo el más bajo del mundo entre los principales bancos centrales. La diferencia con el tipo de referencia de la Fed, por ejemplo, es de 2,75 puntos porcentuales. Quien quiera realizar un carry trade sigue pues pidiendo prestados yenes y cambiándolos por dólares.

Pero este movimiento no explica por sí solo la actual debilidad del yen. También existen razones coyunturales, en particular el fortalecimiento general del dólar, que se ha apreciado un 2,12 % en seis meses frente a una cesta de seis divisas (euro, franco suizo, libra esterlina, dólar canadiense, yen y corona sueca), frente al 2,91 % del yen por sí solo. La burbuja de la inteligencia artificial (IA) y los tipos de interés relativamente altos atraen capitales hacia Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Japón se ha visto afectado por la guerra en Irán. La mayor parte del petróleo que el país necesita para el funcionamiento de su economía pasa por el estrecho de Ormuz, y el encarecimiento del oro negro ha tenido un impacto directo en la demanda de dólares procedente de Japón. Esto explica en gran medida la caída del yen en abril y, posteriormente, tras la intervención del Banco de Japón a principios de junio.

Pero el yen es fundamentalmente débil por otra razón. Japón se encuentra en una situación de crecimiento débil y elevada deuda. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de la década de los 90 (favorecida por la subida del yen descrita anteriormente), el país se enfrenta a un importante debilitamiento que se ha acelerado aún más desde la crisis de 2008 y la de 2020. Así, en el primer trimestre de 2026, el PIB en volumen era solo un 1,6 % superior al nivel del primer trimestre de 2019.

La política particularmente acomodaticia del BoJ no ha logrado frenar el estancamiento del país, sino todo lo contrario. Y la razón es que se trata de un problema estructural. Es cierto que Japón cuenta con un importante sector manufacturero, moderno y competitivo, fruto de su “milagro” de los años 1960-1980, pero, en la actualidad, los beneficios de este sector no son suficientes para garantizar el crecimiento y el empleo.

El archipiélago ha desarrollado, en paralelo a esta industria, un amplio sector de servicios muy poco productivo y muy poco rentable que mantiene los salarios bajo presión debido a la falta de ganancias por productividad. Esta lógica alimenta una tendencia subyacente a la deflación, ya que la dinámica salarial es inexistente y la rentabilidad global de la economía es baja.

En este contexto, los beneficios obtenidos por las exportaciones apenas se reinvierten en la economía japonesa, lo que agrava el problema. Además de los bajos tipos de interés, la otra forma de sostener la demanda interna es el gasto público: cualquier Gobierno japonés que se precie lleva más de diez años viéndose obligado a poner en marcha planes de reactivación a gran escala. Pero esos planes no logran corregir una situación agravada aún más por el descenso de la población, que reduce la demanda.

Cada vez más déficit y cada vez menos crecimiento: lógicamente, las cuentas públicas japonesas se han deteriorado considerablemente, lo que ha resultado aún más fácil dado que el BoJ compraba sin cesar esa deuda en los mercados. La ratio de deuda pública sobre el PIB, que era del 54,8 % en 1990, pasó al 153,4 % en 2005 y luego superó el 200 % en 2008. A finales de 2025 se situaba en el 204,4 %.

El país no corre riesgo de quiebra, ya que la deuda está denominada en su mayor parte en yenes y es propiedad del BoJ y de los ciudadanos japoneses. El país también presenta un superávit por cuenta corriente muy holgado. Sin embargo, el déficit público y los planes de reactivación contribuyen a la caída del yen. El Gobierno de Sanae Takaichi, reforzado por una amplia victoria electoral en febrero, anunció así a finales de junio un nuevo plan de reactivación de 3,7 billones de yenes, es decir, unos dos mil millones de euros, para los próximos catorce años.

Al mismo tiempo, el Gobierno se esfuerza por mantener el nivel de vida de los japoneses, que se encuentra bajo presión. Sanae Takaichi prometió reducir el IVA y mantuvo, en plena crisis iraní, las subvenciones a la gasolina. La medida permitió mantener bajo control la tasa de inflación e incluso hacer repuntar los salarios reales. Tras haber retrocedido constantemente desde 2021, los salarios registraron cinco meses de aumento entre enero y mayo. Sin embargo, este repunte de recuperación apenas se refleja en el gasto de los hogares.

Para garantizar la financiación a bajo coste de esta deuda, el Gobierno japonés podría verse tentado a mantener los tipos reales en mínimos y, por lo tanto, a frenar la política de “normalización” del BoJ. Es más: un yen débil garantiza una ventaja competitiva para las industrias exportadoras y, por tanto, para el crecimiento japonés. En junio, el índice Tankan del BoJ, que mide el clima empresarial en el sector manufacturero, mejoró hasta alcanzar su nivel más alto desde 2018.

Sanae Takaichi es conocida por haber defendido durante mucho tiempo una política de tipos bajos y su llegada al poder no ha ayudado al yen. En su hoja de ruta publicada a finales de junio, su Gobierno, que se ha fijado como misión reforzar el crecimiento, señaló que “es extremadamente importante una política monetaria adecuada que respalde la demanda privada mediante la estabilidad de los precios”.

Esas palabras provocaron una nueva caída del yen: si el BoJ no endurece su política, no se detendrá el flujo de salida de yenes. El propio ministro de Política Económica, Minoru Kiuchi, tuvo que intervenir una semana más tarde para asegurar que “no hay absolutamente nada de cierto en los artículos que sugieren que el Gobierno fomenta los tipos bajos”. Pero los mercados tienen tan poca confianza en el Gobierno japonés que, al día siguiente, el yen alcanzó su nivel más bajo en cuarenta años.

En realidad, la situación actual es un callejón sin salida. El yen débil lastra al sector no exportador y a los hogares al encarecer las importaciones de las que Japón depende en gran medida. En abril, el índice de confianza de los hogares se había desplomado casi siete puntos, pasando de 40 a 33,3, algo nunca visto desde la pandemia. Desde entonces, se ha mantenido cerca de ese nivel y en julio se situaba en 33,8.

Lo más preocupante es que las quiebras se han acelerado. Japón es el país de las empresas “zombis”, poco o nada rentables y que dependen de la deuda para sobrevivir. El aumento de los costes derivados de la debilidad del yen, que se suma al de los salarios y al endurecimiento de las condiciones de financiación, no ha podido sino llevar a declaraciones de quiebras. En el primer semestre de 2026, el número de quiebras en Japón fue así el más alto desde 2022, con un aumento del 30 % respecto al año anterior.

Al lado, la recuperación del sector manufacturero, que se beneficia especialmente de la burbuja de la IA, es modesta. En mayo, la producción industrial creció un 0,5 % interanual, un aumento menor de lo previsto que no permite compensar las pérdidas anteriores: en términos interanuales, el descenso es del 1,7 %.

La situación es, por tanto, difícil. El FMI prevé un crecimiento del 0,7 % para Japón este año y del 0,6 % el próximo, es decir, la mitad del modesto crecimiento del 1,2 % previsto para 2025. El yen débil no supone, por tanto, un apoyo para la economía, sino todo lo contrario. Es más, el escaso crecimiento reduce la demanda de moneda japonesa.

Por su parte, los mercados financieros internacionales y los economistas bancarios defienden una política radical a favor del capital financiero: austeridad presupuestaria y subida de los tipos de interés. Este jueves 9 de julio, el tipo de interés a diez años de los bonos del Estado japoneses alcanzó el 2,884 %, un nivel nunca visto desde julio de 1996. Se trata claramente de una presión de los mercados sobre Tokio para obligarle a modificar su política presupuestaria y permitir que el Banco de Japón endurezca los tipos.

Pero una política así sería catastrófica para un Japón que sigue marcado por una lógica deflacionista subyacente. Los dos pilares actuales del débil crecimiento, las exportaciones y la deuda, se verían debilitados, al tiempo que la demanda interna sufriría los efectos de la austeridad y las empresas “zombis” caerían de forma masiva. La clave sigue estando en las ganancias por productividad globales más que en las decisiones de política económica. Y ni los economistas de banca, ni el Gobierno, ni el BoJ disponen de soluciones para responder a este problema.

Mientras tanto, muchos esperan que el yen siga debilitándose bajo la presión de la política expansionista de Sanae Takaichi, la cautela del BoJ y las condiciones internacionales. Las opciones indican que los mercados estiman que hay un 15 % de probabilidades de que el dólar alcance los 180 yenes.

Si el yen siguiera retrocediendo, Tokio podría volver a intervenir, aunque quizá de forma más indirecta, pidiendo, en particular, a los fondos de pensiones y a las aseguradoras —grandes tenedores de títulos en dólares— que repatriaran una parte de ellos. La subida de los tipos de la deuda japonesa podría favorecer este movimiento, aunque el tipo a diez años de Estados Unidos sigue ofreciendo 1,67 puntos porcentuales más que su equivalente japonés.

Pase lo que pase, las intervenciones en el mercado de divisas suelen ser infructuosas cuando persisten las causas de la debilidad de la moneda. Es más, denotan impotencia y pánico, lo que incita a los operadores a vender sus yenes. En resumen, Japón no ha salido del atolladero.

Traducción de Miguel López

Marine Le Pen ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Casación con la misma naturalidad con la que los Men in Black apretarían el gatillo de su bolígrafo para borrar la memoria de testigos incómodos. De un solo golpe, su condena por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos dejaría de existir, a ojos de la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN).

Así fue cómo la líder de la extrema derecha francesa anunció en el telediario de las 20:00 horas de TF1, el martes 7 de julio, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Un poco antes ese mismo día, había sido declarada culpable, por segunda vez en un año, de haber supervisado un sistema creado para reducir las cargas del Frente Nacional (FN, que pasó a llamarse RN en 2018) mediante la remuneración de los empleados del partido a través de contratos ficticios como asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y condenada, en particular, a un año de prisión efectiva, que podrá cumplir en su domicilio y con una pulsera electrónica.

Aunque a las tropas lepenistas se les había prohibido hablar con la prensa antes de que su jefa se pronunciara, luego pudieron aparecer en todos los programas de radio y televisión para insistir en un argumento destinado a acallar cualquier crítica sobre la probidad de su candidata: al haberse presentado un recurso ante el Tribunal de Casación que suspende la pena dictada por el Tribunal de Apelación de París, Marine Le Pen vuelve a gozar de la presunción de inocencia. Se acabó la discusión.

La diputada de Pas-de-Calais tiene todas las razones para querer hacer olvidar esta resolución judicial. Es cierto que resulta sorprendentemente indulgente en cuanto a la pena impuesta, lo que vuelve a hacer a Marine Le Pen elegible en 2027. Pero es abrumadora en cuanto al fondo.

El Tribunal de Apelación ha insistido en la “especial gravedad” de la malversación de fondos europeos —2,8 millones de euros de dinero público— y ha considerado que este sistema fraudulento ocurrió “bajo el impulso determinante” de la expresidenta del FN y luego de RN y se prolongó “durante más de once años” (de 2004 a 2016). Y todo ello a costa de una “violación de la confianza en la que se basan los electores y que depositan en cada uno de sus representantes”.

El recurso de casación anunciado por Marine Le Pen “no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos”, consideró oportuno recordar Ludovic Friat, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), el sindicato mayoritario, el miércoles 8 de julio en la cadena BFMTV-RMC.

Pero con este recurso, la hija de Jean-Marie Le Pen gana un tiempo precioso que le permitiría eludir una posible condena definitiva antes de las elecciones presidenciales.

La apuesta es arriesgada. Sobre el papel, su destino judicial podría decidirse ya a principios de 2027. De hecho, un alto cargo del Tribunal de Casación asegura a Mediapart que el máximo órgano judicial se ha puesto ya en marcha para poder pronunciarse antes de la primera vuelta de las elecciones, el 18 de abril. Para ello, habrá que dar prioridad absoluta al examen de los recursos que presentará RN ante la Sala de lo Penal, cuyos plazos habituales suelen oscilar entre uno y dos años.

Si su recurso es desestimado a tiempo, la candidata se vería entonces obligada a llevar una pulsera electrónica y tendría restringidos sus desplazamientos durante los últimos meses de su campaña. No será fácil para el juez de ejecución de penas designado arriesgarse a imponer tales obligaciones a la líder de un partido a las puertas del poder, pero la sentencia del Tribunal de Apelación obliga a cumplir la parte firme de la pena de prisión bajo vigilancia electrónica.

El miércoles, los dirigentes del partido de Le Pen multiplicaron las señales indicando que RN haría todo lo posible para impedir tal escenario y retrasar el plazo más allá de la segunda vuelta. Con un plan en mente: si Marine Le Pen se instala en el Elíseo, estará protegida por su inmunidad presidencial.

“Si se desestimara el recurso, la decisión del Tribunal de Apelación de París pasaría a ser ejecutiva y, por lo tanto, se ejecutaría. Pero durante el mandato presidencial, quedará en cierto modo suspendida por la inmunidad presidencial y solo podrá ejecutarse una vez finalizado dicho mandato”, explicó el 8 de julio, en el plató de TF1, Marie-Suzanne Le Quéau, fiscal general adjunta del Tribunal de Apelación de París.

Las filas lepenistas quieren, por tanto, ganar tiempo. “En cuanto Marine Le Pen pueda presentarse, ya no habrá urgencia para que se pronuncie el Tribunal de Casación. Se entra en un procedimiento normal de casación”, opinó el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de RN, Louis Aliot, en BFMTV-RMC. “El caso que se plantea hoy no entra dentro de los procedimientos acelerados”, coincidió el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, en France Inter.

“Tiene un pie en el acelerador para las presidenciales, quiere llegar lo antes posible, y otro en el freno en lo judicial”, dijo a modo de ilustración Ludovic Friat en BFMTV-RMC. “Es probable que sus abogados presenten múltiples solicitudes en el marco de este recurso de casación.”

Para ralentizar el proceso, la candidata de RN podría, entre otras cosas, presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que tendría como efecto retrasar el examen de los recursos.

“No estoy jugando una contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, dijo Marine Le Pen el miércoles por la mañana en La Flèche (Sarthe), durante un acto destinado a demostrar la unidad del “binomio” que forma con su posible primer ministro, Jordan Bardella.

La líder ultra está hoy dispuesta a enzarzarse en un pulso con la justicia, aun a riesgo de ejercer presión sobre las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, afirmó el martes por la noche en TF1.

Para el mundo RN, “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como afirmó el diputado Jean-Philippe Tanguy en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

La que fuera número uno del partido, que en el pasado había hecho de su supuesta probidad un argumento de campaña, no considera en absoluto que una condena en apelación por malversación de fondos públicos la inhabilite para 2027. Enfrentando a los magistrados con el pueblo en una retórica trumpista, llega incluso a considerar que “los franceses” serían los únicos “jueces” si esta resolución judicial fuera confirmada como definitiva por el Tribunal de Casación antes de las presidenciales. Todo ello mientras se esfuerza por evitar la etiqueta de “candidata presidencial con antecedentes penales”.

Si Marine Le Pen quiere ganar tiempo, puede presentar en primer lugar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que retrasaría el examen de los recursos de casación. Si el Tribunal de Casación la considera admisible, la QPC se remite al Consejo Constitucional para su examen, lo que lleva varios meses. Los abogados de RN también pueden tomarse su tiempo para presentar sus escritos ante el Tribunal de Casación una vez interpuestos los recursos de casación. En ambos casos, se trata de una forma hábil de posponer una resolución judicial definitiva hasta después de las elecciones presidenciales y de eludir una posible condena penal.

Con o sin QPC, una vez que se le haya sometido el fondo del asunto, la Sala Penal del Tribunal de Casación puede dictar varios tipos de resoluciones. Si los recursos son admisibles, puede examinarlos y, a continuación, desestimarlos sin más. En tal caso, la resolución del Tribunal de Apelación se aplicaría de inmediato, lo que supondría que Marine Le Pen, definitivamente condenada, tendría que llevar una pulsera electrónica durante un período de varios meses a un año. Podría impugnar la ejecución de su pena, pero con posibilidades inciertas de éxito.

En caso contrario, aún quedan varias posibilidades. En caso de casación total con devolución, el expediente de los asistentes parlamentarios europeos de RN sería juzgado de nuevo por otro tribunal de apelación (o por el tribunal de apelación de París con una composición diferente), y todos los acusados gozarían de la presunción de inocencia (contrariamente a lo que se haya podido decir aquí o allá, no se volvería a la sentencia de primera instancia).

En su defecto, la Sala de lo Penal podría dictar una casación parcial, con o sin remisión a otro tribunal de apelación. En teoría, podría, por ejemplo, anular únicamente una disposición relativa a las penas impuestas si considera que carece de fundamento jurídico.

Dado que el Tribunal de Apelación de París se ha esmerado en redactar meticulosamente su sentencia, el escenario de una casación total o parcial no es el más probable. De hecho, el Tribunal de Casación solo juzga el derecho.

Traducción de Miguel López

En materia de seguridad vial, existe un fenómeno muy conocido: el efecto túnel. Se refiere a un estrechamiento del campo de percepción en situaciones de estrés, lo que conlleva el riesgo de volverse ciego ante el peligro, que ya no lo ves. Y, pum, el accidente.

El efecto túnel ha golpeado de lleno en las últimas horas a gran parte del mundo político y mediático, que en ocasiones parecían alimentarse mutuamente en una discusión digna de Catherine y Liliane (populares sketchs de humor satírico de dos secretarias que comentan la actualidad, ndt) en torno al caso de los puestos de trabajo ficticios de la Agrupación Nacional (RN). En un primer momento se centraron en la inelegibilidad de Marine Le Pen —había sido condenada a cinco años en primera instancia, lo que la inhabilitaba para presentarse a las elecciones de 2027— y, posteriormente, en el uso de la pulsera electrónica a la que finalmente ha sido condenada.

Ahora ya lo sabemos: a diferencia de la primera sentencia dictada en marzo de 2025, la líder de la extrema derecha se libra esta vez de una pena de inelegibilidad que le habría impedido presentarse a las próximas presidenciales, pero el tribunal confirma al mismo tiempo una pena de prisión que deberá cumplir en su domicilio y con vigilancia electrónica. Y, de repente, se arma el revuelo: la única pregunta que se ha planteado durante todo el día del juicio ha sido si podría hacer campaña con una pulsera. ¿Sí? ¿No?

Lo esencial ha quedado relegado a un segundo plano. Por segunda vez en un año, Marine Le Pen ha sido declarada culpable de haber supervisado un sistema de malversación de fondos públicos, que consistió en desviar 2,8 millones de euros de las arcas del Parlamento Europeo para financiar puestos de trabajo ficticios de asistentes parlamentarios.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, resumió someramente la situación en una pregunta que en realidad no lo era: “¿Se puede ser candidato a las presidenciales con una condena en firme por malversación de fondos públicos?”

No todos compartían la misma opinión, a juzgar, por ejemplo, por la declaración en X del exdiputado de RN y mediático abogado Gilbert Collard: “¡Marine Le Pen puede presentarse como candidata! ¡La pulsera electrónica no se lo debe impedir, todo lo contrario!”

Hubo que esperar a la intervención de la propia interesada en el telediario de las 20:00 horas de TF1 para conocer su decisión. Al anunciar que presentaría un recurso ante el Tribunal de Casación —lo que suspende la ejecución de su pena—, Marine Le Pen declaró que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales, a pesar de su condena en primera instancia y en apelación. Y a pesar de que el calendario judicial corre el riesgo de impactar violentamente en la campaña electoral.

Así que ahí estamos. El debate público parece tan degradado que no queda claro, en una parte del espacio mediático y político francés, pero también en el seno de RN, que el doble reconocimiento de culpabilidad de una responsable política de primer orden en un escándalo tan grave no sea, en sí mismo, sinónimo de inhabilitación para las elecciones más importantes.

De hecho, muchos comentaristas han preferido ver más bien una muestra de habilidad en la decisión del Tribunal de Apelación de París que, para no ser tachado de “República de los jueces”, ha devuelto la patata caliente al campo RN.

Pero hay otra forma de abordar la situación. ¿No sería eso ya una forma de renuncia de la justicia si llegara a delegar las consecuencias de lo que constata en el delincuente a quien condena? La cuestión se plantea aún con mayor razón cuando el Tribunal de Apelación ha explicado, en un comunicado enviado a la prensa, que la pena de inelegibilidad impuesta a Marine Le Pen se ha reducido drásticamente, en comparación con la sentencia de primera instancia, por respeto a “la libertad de candidaturas, pero también a la libertad de elección del votante”. En su sentencia de 341 páginas, el tribunal justifica la medida invocando la “condición esencial para una expresión verdaderamente democrática del sufragio universal”.

Cabe preguntarse entonces para qué sirve una pena de inelegibilidad, cuya función misma es obstaculizar la libertad de presentarse a unas elecciones, a fortiori al término de un caso que el propio tribunal de apelación ha considerado de “especial gravedad”.

Y es que la inelegibilidad no es un capricho de los magistrados, sino fruto de la voluntad de quienes elaboraron la ley (spoiler: los políticos) para poder neutralizar a quienes han utilizado su mandato para cometer delitos cuya víctima es toda la sociedad.

Eso es precisamente lo que el tribunal de primera instancia había estimado en su sentencia: “La propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida sobre una hipotética sanción en las urnas equivale a reivindicar un privilegio o una inmunidad que se derivaría de la condición de elegido o candidato, violando el principio de igualdad ante la ley.”

Pues el tribunal de apelación ha decidido lo contrario. Esto es válido para Marine Le Pen, que acapara toda la atención, pero también para su expareja, Louis Aliot, actual alcalde de Perpiñán, también declarado culpable, pero que podrá continuar con su vida como político como si nada hubiera pasado, ya que se le ha impuesto una pena de inelegibilidad condicional.

¿Qué tipo de delincuencia, aparte de la de los “cuellos blancos”, se beneficia de hecho de tal privilegio? Todos los días, en todos los tribunales de Francia, a las personas que se han aprovechado de su profesión para cometer delitos se les impide ejercerla, y eso no escandaliza a nadie.

Por el contrario, un político procesado tiene fácil acceso a los platós de televisión y radio para intentar hacer creer que los magistrados que juzgan a los políticos son jueces políticos. Y si estos jueces tienen el descaro de dictar penas de inelegibilidad, es una prueba fehaciente de que actúan en contra de la soberanía popular.

Es absurdo: juzgan a personas que podrían haber cometido un delito y utilizan los instrumentos que la ley (que ellos no votan) les ofrece para reprimir las infracciones constatadas. Pero resulta que en los casos de atentados contra la probidad cometidos en el ámbito político, no es raro que los sospechosos sean… políticos. ¡Vaya sorpresa!

A nadie se le ocurriría preguntarse si un juez que condena a un carnicero acusado de estafa es vegano. Entonces, ¿por qué se razona de forma tan estúpida cuando se trata de delitos de cuello blanco? Quizá porque, en estos casos, no se tienen en cuenta los hechos, sino cómo viven la sanción los encausados. La pasión sustituye a la razón.

Hoy en día resulta difícil no preguntarse si la aparente clemencia de la sentencia de apelación en el caso RN —y los motivos para no impedir que Marine Le Pen se presente como candidata— no es, al menos en parte, el resultado de la inmensa presión que se ejerció sobre los jueces tras la furia política y mediática que siguió a la sentencia de primera instancia.

Conviene recordar la increíble violencia contra los jueces que se desató en 2025, un año marcado también por la condena a Nicolas Sarkozy en el caso libio, lo que suscitó manifestaciones de preocupación por parte de los dos máximos magistrados del país.

Y hay que leer lo que se ha podido escribir aquí y allá estos últimos días a la espera de la sentencia sobre Le Pen. Le Journal du dimanche, propiedad del grupo Bolloré, por ejemplo, ha hablado de la “trampa judicial” tendida a RN, sin prestar mucha atención a los hechos juzgados.

Pero sin duda quien se llevó la palma fue el director del semanario Marianne, Frédéric Taddeï, que comenzó expresando su preocupación por el “poder que se ha conferido a esos jueces”. Antes de expresar su nostalgia por la época del general de Gaulle, cuando “esas famosas violaciones de la probidad se consideraban peccata minuta, aunque solo fuera porque nuestros políticos recurrían a ellas a menudo; pero luego se les ha rebautizado con nombres terribles: corrupción, tráfico de influencias, favoritismo, concusión, conflicto de intereses, asociación ilícita, estafa, malversación de fondos públicos…”.

Nada más lejos de la realidad. La corrupción ya figuraba en el Código Penal de 1810, al igual que la obtención ilícita de beneficios (bajo el nombre de “delito de injerencia”), la asociación ilícita, la estafa o la malversación de fondos públicos, esta última inspirada directamente en el derecho romano. En cuanto al tráfico de influencias, se creó en 1889 para colmar un vacío legal tras la dimisión del presidente Jules Grévy, arrastrado por un caso de tráfico de condecoraciones dos años antes. En la lista de Frédéric Taddeï, solo el favoritismo data de los años noventa.

¿Son peccata minuta las violaciones de la probidad? Leamos más bien al filósofo británico Thomas Paine, que logró la hazaña de ser a la vez una figura de la Revolución Americana de 1776 y diputado de la Convención Nacional en Francia, entre 1792 y 1795: “Es fácil ver que, allá donde faltan las virtudes republicanas, comienza la esclavitud”. Lo escribió en una obra titulada Common Sense (El sentido común). Justo lo que le falta al debate público francés sobre los “escándalos”.

Traducción de Miguel López

El enigma de los vínculos de dependencia entre la Agrupación Nacional (RN) del dúo Le Pen/Bardella y el sector más radical de la extrema derecha francesa se asemeja a la famosa máxima de El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Todo debe cambiar para que nada cambie.” En efecto, a pesar de las investigaciones judiciales en curso y de las declaraciones públicas sobre un supuesto distanciamiento, la RN sigue enriqueciendo, en condiciones sospechosas, a la denominada “GUD Connection”.

Mientras que la Fiscalía Europea llevó a cabo la semana pasada una oleada de registros en el marco de una investigación sobre las condiciones de adjudicación de contratos por parte del grupo parlamentario de la extrema derecha europea durante el periodo 2019-2024, un nuevo informe oficial del Parlamento Europeo, fechado a mediados de junio, al que ha tenido acceso Mediapart, señala posibles irregularidades financieras atribuibles a RN en un periodo más reciente (2024-2025).

Según nuestra información, este documento de 37 páginas, elaborado por la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, se encuentra actualmente en manos de la Comisión de Control Presupuestario, que debe emitir un dictamen el 14 de julio sobre las medidas que deben adoptarse al respecto. Estos nuevos elementos podrían por tanto ser remitidos a la justicia.

Al igual que en la investigación en curso, los hechos descubiertos por los servicios financieros del Parlamento Europeo se refieren a los contratos de comunicación adjudicados por RN, con fondos públicos, a una pléyade de empresas que tienen en común estar en manos de directivos que mantienen vínculos personales y políticos con la “GUD Connection”.

Esta denominación engloba una nebulosa vinculada a antiguos activistas del Grupo Unión Defensa (GUD, antiguo sindicato de estudiantes anticomunistas y de extrema derecha, ndt), entre los que se encuentra su emblemático líder en la década de 1990, Frédéric Chatillon, acusado de alimentar la nostalgia por el III Reich, de frecuentar cada vez más a figuras antisemitas y de defender una proximidad ideológica con dictaduras extranjeras, como la Siria de Bashar al-Assad o la Rusia de Vladímir Putin, por ejemplo.

Frédéric Chatillon, condenado por estafa en el caso de los kits de campaña del Frente Nacional (FN), es también amigo de la infancia de Marine Le Pen, mientras que una de sus hijas mantuvo una relación sentimental con Jordan Bardella.

Según este nuevo informe del Parlamento Europeo, cuyas conclusiones reveló Politico, los contratos firmados por el grupo Patriotas por Europa (PfE) —del que forma parte RN y que preside Jordan Bardella— con cinco empresas (e-Politic, Hermod Communication, Adhocrat, Recless y Citadelle Communication) plantean serias dudas sobre su legalidad.

Los investigadores señalan, entre otras cosas, “numerosas infracciones de la normativa aplicable”, ofertas que deberían haberse “considerado nulas”, empresas que no disponen de los medios “para cumplir el requisito mínimo de capacidad técnica” para la ejecución de los contratos en cuestión, así como pagos “que no se ajustan al contenido real de las facturas”. Estos investigadores expresan “serias preocupaciones en cuanto al cumplimiento del pliego de condiciones” presentado por el grupo parlamentario. Los importes considerados irregulares ascienden a 197.258,48 euros.

Al ser interrogado por los servicios del Parlamento, el grupo de los Patriotas por Europa (PfE) reconoció, en su respuesta del 20 de abril de 2026, la existencia de “incoherencias y lagunas procedimentales” en “la redacción y la firma de los contratos”. También admitió que la “coordinación y la verificación podrían haber sido, en algunos casos, más rigurosas”, aunque lo achacó a un “enfoque muy descentralizado”. No obstante, aseguró “que los contratos se habían elaborado de buena fe”.

Este argumento no ha convencido a los relatores, quienes consideran, por el contrario, que estas “numerosas irregularidades de carácter fundamental […] no pueden ser excusadas ni compensadas por la supuesta buena fe del grupo”. Contrariamente a lo que afirma este último, insisten, no se trata de “una simple diferencia de interpretación de las normas de contratación pública”, considerando que “las irregularidades se derivan, por el contrario, de violaciones de los principios fundamentales que rigen el derecho de la contratación pública”.

La atención de los servicios financieros del Parlamento Europeo se ha centrado, en particular, en el perfil de los directivos de varias de las empresas implicadas: Paul-Alexandre Martin (e-Politic), Mathieu Balavoine (Recless) y Nicolas Goury (Hermod Communication).

Paul-Alexandre Martin, cofundador de la empresa francesa e-Politic (recientemente rebautizada como e-nvictus) junto con Frédéric Chatillon, lleva casi quince años moviéndose entre RN y los grupúsculos de extrema derecha más radicales. Hoy al frente en solitario de la agencia de comunicación, el que fuera número dos del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) nunca ha ocultado su amistad con miembros del movimiento neofascista francés y europeo, a pesar de que se supone que debe encarnar una imagen más presentable de la extrema derecha.

En sus redes sociales, Paul-Alexandre Martin, de 36 años, exhibe su cercanía a su mentor y amigo Frédéric Chatillon, veintidós años mayor que él, figura tutelar de la “GUD Connection”. “Paul-Alexandre Martin es un Chatillon baby”, comenta a Mediapart un antiguo allegado de Marine Le Pen. “Se viste como él, se peina como él.”

El joven empresario, cuyas actividades se han ido extendiendo progresivamente a varias empresas en Francia y en el extranjero, también ha mantenido una relación muy estrecha con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes serán juzgados en septiembre por lo penal por el asesinato del jugador de rugby Federico Martín Aramburú en 2022. También comparte sus vacaciones con Logan Djian, exlíder del GUD condenado en múltiples ocasiones por actos violentos, que luce tatuajes neonazis.

Desde su creación en 2014, e-Politic se ha convertido en una pieza fundamental de la comunicación del FN y, posteriormente, de RN, tanto en el Parlamento Europeo como en las campañas electorales en Francia. La agencia también ha dado trabajo a jóvenes militantes del partido que han llegado a ocupar puestos de responsabilidad, como la eurodiputada Julie Rechagneux o François Paradol, actual jefe de gabinete de Jordan Bardella.

Según Le Monde, la empresa de comunicación también ha contratado a Paul-Alexis Husak, un dirigente de la nueva generación del GUD. Tras su paso por los Zouaves de París, el activista fue detenido en 2022 en el marco de la investigación sobre un intento de expedición punitiva en torno a un partido de fútbol entre Francia y Marruecos.

Los perfiles de Matthieu Balavoine y Nicolas Goury, que dirigen respectivamente las empresas Recless y Hermod, no están menos vinculados a ese entorno. El primero es una figura destacada del movimiento identitario de Ruán, portavoz de la Asociación de Apoyo a los Denunciantes (Asla), una organización fundada por dirigentes identitarios para apoyar a los activistas de extrema derecha que son objeto de acciones judiciales.

Balavoine fue condenado en apelación, el 23 de marzo de 2026, a ocho meses de prisión condicional por violencia colectiva tras el ataque a una sede de la asociación SOS Méditerranée en Marsella, en 2018 (condena que ha recurrido en casación). Está casado, además, desde 2025 con una de las hijas de Jildaz Mahé O’Chinal, uno de los amigos más cercanos de Frédéric Chatillon, estrechamente vinculado a los círculos neofascistas italianos.

Nicolas Goury, director de la empresa Hermod, también procede de los círculos identitarios normandos. Delegado departamental adjunto de RN en Sena Marítimo y exasistente parlamentario en la Asamblea Nacional, fue señalado en 2017 por realizar una "quenelle" —un gesto con connotaciones antisemitas popularizado por el cómico Dieudonné— frente a la sede de la CGT en Ruán, de la que había sido expulsado tras afiliarse al partido de extrema derecha.

Se añade que la última empresa contratada señalada por el servicio antifraude, Citadelle Communication, está dirigida por Christophe Boucher, amigo desde hace treinta años de Frédéric Chatillon, con quien había creado una empresa en 2003.

Al ser preguntados por Mediapart, Frédéric Chatillon, Paul-Alexandre Martin, Mathieu Balavoine, Christophe Boucher y Nicolas Goury no respondieron.

El nuevo informe del Parlamento Europeo sobre los años 2024-2025 menciona nada menos que sesenta veces a e-Politic, que facturó 146.444,41 euros durante ese periodo. A esta suma hay que añadir 1.653.012 euros correspondientes a los servicios prestados al grupo Identidad y Democracia (predecesor de Patriotas por Europa), del que formaba parte RN durante la legislatura anterior (2019-2024). En ambos casos, las autoridades de control consideran que no se han respetado las normas de “transparencia” y de “buena gestión financiera”.

En materia de licitaciones, las normas del Parlamento exigen, en particular, una competencia leal y la recepción de un número mínimo de ofertas de empresas. Pero el informe constata que, durante el período 2024-2025, “el grupo PfE no ha cumplido varios de estos requisitos y/o no los ha documentado correctamente”.

Por ejemplo, los relatores dicen haber observado que los proveedores habían facturado al grupo de extrema derecha incluso antes de que concluyeran los procesos de licitación y se adjudicaran los contratos. Lo cual “pone en tela de juicio la credibilidad de la selección de los operadores económicos” y “hace pensar en una distorsión de la competencia”.

Estos nuevos datos se suman a los ya conocidos que justificaron la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Europea tras la remisión de un informe anterior sobre sospechas de irregularidades que afectaban al grupo Identidad y Democracia.

Este primer informe de 32 páginas, revelado por Le Monde y al que Mediapart también ha tenido acceso, ya alertaba de los “graves problemas de cumplimiento” del contrato firmado con la empresa e-Politic. Su director, Paul-Alexandre Martin, fue además objeto de la serie de registros llevados a cabo el martes 30 de junio, en el marco de las investigaciones en curso por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Otra empresa francesa, denominada Unanime, también ha sido señalada por las autoridades europeas por un contrato de 1,4 millones durante el mismo periodo 2019-2024. Creada en París en 2011, esta empresa fue propiedad de Frédéric Chatillon hasta 2023, antes de que este transfiriera sus participaciones a su holding italiano denominado Edda (el mismo nombre que la hija mayor de Benito Mussolini).

Cuando trabajaba para el grupo de RN, la empresa estaba dirigida además por una tal Sighild Blanc, nieta de dos antiguos nazis franceses, que no es otra que la esposa de Frédéric Chatillon. Fue ella quien firmó, entre otras cosas, varios presupuestos con Identidad y Democracia.

En Bruselas, los servicios de Unanime se centraron en la elaboración (impresión, envío y franqueo) de dos “libros negros”, uno sobre la “gestión de la crisis del coronavirus por parte de la UE” y otro sobre la “calamitosa gestión de la estrategia de vacunación de la UE”, de los que Jordan Bardella se encargó de la promoción.

La empresa también recibió el encargo de la revista del grupo, Vu d’Europe, a pesar de que, según el servicio antifraude, “no disponía de las capacidades técnicas necesarias” para hacerlo por sí misma. Este último señala en su informe que la pequeña estructura francesa “no prestó la mayor parte de los servicios contratados y, por el contrario, recurrió a subcontrataciones en cascada”, sin que ello respondiera, a su juicio, a una “lógica económica”.

Esta cadena de subcontratación hizo que los precios de los servicios prestados se dispararan un 31 % de media. Incluso restando “generosamente” los “honorarios de agencia”, la diferencia sigue siendo superior al 18 %, insiste el informe, que considera que “ninguna de las explicaciones aportadas por el grupo Identidad y Democracia permite subsanar las graves deficiencias constatadas tanto en el procedimiento como en la ejecución del contrato”.

Contactados por Mediapart, Marine Le Pen y Jordan Bardella no han respondido.

El martes 30 de junio, el presidente de RN reaccionó a los registros en las oficinas de sus proveedores publicando en su cuenta de X un mensaje conspiranoico que relacionaba esta noticia judicial con las elecciones presidenciales del año que viene. “Como siempre, los procedimientos judiciales marcan el calendario electoral”, afirmó.

El líder de extrema derecha, sin embargo, no se pronunció sobre los motivos por los que RN mantiene su vínculo con el ámbito de la “GUD connection”, a pesar del riesgo jurídico y reputacional que supone esta asociación.

La investigación de la Fiscalía Europea, que dio lugar a registros en las oficinas de proveedores de la Agrupación Nacional el martes 30 de junio, se abrió por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Paralelamente, RN es objeto de varias investigaciones judiciales. La más lograda se refiere al caso de los puestos de trabajo ficticios en el Parlamento Europeo, que supuso la condena del partido y de varios de sus dirigentes, empezando por Marine Le Pen, en primera instancia. La triple candidata a las elecciones presidenciales fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firme, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inelegibilidad. La sentencia del Tribunal de Apelación de París se acaba de dictar y la considera culpable, condenándola a tres años de prisión, de los cuales uno en firme, y a llevar una pulsera electrónica durante un año.

El partido de extrema derecha también es objeto de una investigación judicial iniciada en París el 3 de julio de 2024 por sospechas de estafa en el marco de las campañas presidenciales y legislativas de 2022, así como de las europeas de 2024. Este asunto dio lugar a un registro de la sede de RN el 9 de julio de 2025. También está en curso otra investigación en Marsella, relativa a la financiación de candidatos del partido por parte del empresario Pierre-Édouard Stérin.

Por otra parte, según Le Canard enchaîné, la asociación Anticor ha presentado una denuncia, constituyéndose en parte civil, por malversación de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa en banda organizada contra Jordan Bardella, sospechoso de haber presentado una agenda falsa para justificar su actividad en el Parlamento Europeo.

Para terminar, desde 2016, la justicia investiga el dinero ruso del partido.

El informe del Parlamento Europeo señala asimismo que la empresa Hermod Communication firmó un contrato con el grupo de RN a pesar de que dicha empresa había presentado su oferta para la licitación fuera de plazo. Además, el contrato entró en vigor el 3 de octubre de 2024, mientras que se firmó a posteriori, el 23 de octubre de 2024.

Pero eso no es todo: el contrato no lo firmó el grupo de RN (ni su representante), sino el eurodiputado Gilles Pennelle, el mismo que, según Le Monde, habría presentado al director de Hermod como proveedor del grupo en el Parlamento Europeo. Cabe preguntarse si el eurodiputado (y exdirector general de RN) pudo acudir en ayuda del director de Hermod al firmar con su empresa un contrato derivado de una licitación que no había ganado.

Al ser preguntado al respecto, Gilles Pennelle asegura que firmó dicho contrato “tras la adjudicación del mismo”, y no “en nombre del grupo”, sino “para [su] comunicación personal como eurodiputado”. Sin embargo, el contrato, al que ha tenido acceso Mediapart, prevé efectivamente “prestar servicios de redes sociales al grupo PfE” y en él se “designa a Gilles Pennelle como el “grupo PfE’”. Al ser consultado, Nicolas Goury, director de Hermod, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Este lunes 6 de julio había mucha gente concentrada ante el juzgado de Niza. Los medios de comunicación y los seguidores habían tomado buena nota de la fecha del juicio contra los influencers Owen C. y Safine H., dos protagonistas del caso conocido como “JeanPormanove”, que toma su nombre del canal de streaming en el que trabajaban.

Esta historia, revelada por Mediapart en diciembre de 2024, adquirió relevancia nacional cuando Raphaël Graven, conocido como “JP”, falleció en directo en la noche del 17 al 18 de agosto de 2025, tras haber sido grabado ininterrumpidamente durante doce días. Era uno de los chivos expiatorios de un grupo apodado “Lokal”, que escenificaba actos de violencia y humillaciones para obtener donaciones de sus seguidores.

Esta muerte, aunque fue atribuida a un infarto y no a una paliza según los resultados de la autopsia, ha conmocionado a una opinión pública aún poco familiarizada con el mundo del streaming. Porque, mientras que YouTube y Twitch se consideran referentes en la difusión de vídeos en línea, existen nuevas plataformas menos conocidas y menos estrictas en materia de moderación que siguen pasando en gran medida desapercibidas. Es el caso de la plataforma australiana Kick, que alojaba el canal JeanPormanove y que hoy es objeto de una investigación independiente, abierta por la Fiscalía de París, en particular por prestación de servicios ilícitos.

Owen C. y Safine H. se han visto ante el juez este lunes 6 de julio por “violencia en grupo sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT contra menores de 15 años, violencia contra un menor de 15 años sin ITT, abuso de debilidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de discapacidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de orientación sexual, grabación y difusión de imágenes de violencia” (ITT, incapacidad, total o temporal, para realizar actos ordinarios de la vida diaria, ndt) y por “afrenta a una persona depositaria de la autoridad pública”, en relación con un comentario de Owen C. dirigido al alcalde de Drap (Alpes Marítimos), donde se encuentra el estudio de rodaje.

Esta vista es el resultado de una investigación preliminar de un año y medio, iniciada por el fiscal de Niza, Damien Martinelli, el 16 de diciembre de 2024, al día siguiente de la publicación de una investigación de Mediapart sobre el "negocio de la humillación" que se llevaba a cabo en el canal JeanPormanove.

En aquel momento, estos jóvenes streamers de Niza gozaban de una popularidad creciente: 160.000 suscriptores en Kick y miles de espectadores en directo cada noche. Aunque en un principio eran aficionados a los videojuegos, poco a poco fueron desarrollando conceptos —que podrían calificarse de discriminatorios— destinados a burlarse de las capacidades intelectuales de otros participantes, entre ellos Raphaël Graven y Stéphane, apodado “Coudoux”, un hombre con discapacidad bajo tutela.

Owen C., alias “Naruto”, y Safine H. también les infligen violencia física: estrangulamientos, chorros de agua y pintura, zancadillas, puñetazos y descargas eléctricas. Frente a sus pantallas, algunos espectadores les animan por escrito y se burlan de esos cabezas de turco, repitiendo al unísono un vocabulario violento, homófobo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Y aportan sumas de dinero que oscilan entre los 4 y los 50 euros para que se muestren mensajes en directo.

Raphaël Graven y "Coudoux", aunque en ocasiones amenazaron con abandonar el “Lokal”, siempre se mostraron de acuerdo con esos maltratos, ya fuera ante las cámaras o durante su interrogatorio por parte de las fuerzas del orden en enero de 2025. Aún hoy, Stéphane “Coudoux” se pone del lado de Owen C. y de otros streamers del grupo. “He conocido a un grupo de amigos que están ahí para mí y para ayudarme”, señala en un vídeo de Instagram del 30 de junio de 2026, en el que arremete contra una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart (ver último apartado).

Otros participantes también afirmaron haber dado su consentimiento: varios espectadores menores de edad que acudieron a visitar a sus ídolos a las instalaciones del canal en Niza. En un vídeo retransmitido en directo, los streamers adultos les preguntan su edad y, a continuación, les disparan con una pistola de paintball. Es por estas imágenes por las que se les acusa de violencia contra menores de 15 años.

Desde la muerte de Raphaël Graven, Safine y Naruto han tomado decisiones muy diferentes. El primero se ha retirado de la vida pública, tras confesar a RTL su “arrepentimiento” por “no haber sido un verdadero amigo” de “JP”, cuya salud era frágil, y por no “haberle obligado a ir al médico”.

Dispuesto a asumir parte de sus actos, Safine H. parece distanciarse de Owen C. y de otros miembros de “Lokal”, cuyas repetidas declaraciones en los últimos meses denotan más bien una gran incomprensión mezclada con ira, o incluso ganas de enzarzarse en una pelea. “Me he mantenido en silencio durante cuatro meses, hoy vuelvo y me cago en todos vosotros”, dijo enfurecido, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026.

Aún muy afectado por la muerte de Raphaël Graven, repite que él “formaba parte de la familia”. “Lo único trágico de esta historia es que hemos perdido a JP”, coincide su hermano mayor, Gwen C., en un vídeo del 1 de julio de 2026.

Aunque no figura entre los acusados juzgados el 6 de julio, Gwen C. ha participado en numerosos programas de “Lokal”; él hace, por ejemplo, de presentador en su programa satírico Question pour un golmon (Preguntas a un mongol, utilizando el modo vesre o inversión del orden de las letras, ndt). También fue él quien, dos meses después de la muerte de Raphaël Graven, intentó relanzar un “Lokal 2.0” en su canal de Twitch. Junto con un exparticipante apodado “3Cheveux” y otros nuevos streamers, volvió a escenificar actos de violencia en línea, lo que provocó la apertura de una nueva investigación por delito flagrante el 10 de octubre de 2025 por parte de la fiscalía de Niza, así como la incautación de todo el material informático.

Aunque el tribunal de Niza ha reservado su gran sala de lo penal para esta vista tan mediática, solo hay dos acusados y, hasta la fecha, Mediapart solo tiene constancia de una constitución de parte civil, en la persona de Stéphane “Coudoux”.

No obstante, los numerosos cargos reflejan el carácter polifacético del caso JeanPormanove, en el que se entremezclan varios “temas de sociedad”, confiesa una fuente judicial. Se abordan a la vez las relaciones de dominación entre ciudadanos, la compleja noción de consentimiento cuando se inscribe en un sistema neoliberal lucrativo, las violencias validistas que siguen invisibilizadas y los excesos de la sociedad del espectáculo. La ironía de la historia en este sentido es que ambos acusados llevan varios meses en contacto con productores que aspiran a vender su historia a grandes plataformas estadounidenses de streaming por suscripción.

Desde un punto de vista jurídico, por último, este juicio podría suponer una aportación interesante, ya que la jurisprudencia francesa aún es escasa en materia de responsabilidad de los influencers en la difusión de violencia en línea y la incitación al odio.

Uno de los pocos precedentes es el de Illan Magneron, que se hace llamar “Amine Mojito”. En noviembre de 2022 fue condenado por incitación a la discriminación, la violencia y el odio contra un grupo de personas por motivos de género. La Fundación de las Mujeres había presentado una denuncia seis años antes, cuando el videasta se había hecho famoso por difundir vídeos en Snapchat, en los que azotaba a mujeres.

El Tribunal de Primera Instancia de París consideró que de esos vídeos se desprendía “una impresión de humillación de la mujer, cosificada al estar bajo el dominio y el control del hombre que la golpea, y que además se ríe”, y ello a pesar de que ellas aparecieran en pantalla de forma voluntaria. La justicia también señaló el hecho de que el espectador presenciaba “actos de violencia no simulados, sino reales, ya que los golpes dejaban marcas en los cuerpos de estas mujeres, visibles en pantalla”, y que los hechos eran “graves, dada la violencia transmitida contra las mujeres y la repercusión que tuvieron en Internet”.

lllan Magneron fue condenado a pagar un euro simbólico y a realizar un curso de sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres por el tribunal, que tuvo en cuenta el hecho de que llevaba años sin realizar ninguna actividad de retransmisión en directo.

Desde el día en que Mediapart envió preguntas a los protagonistas del canal JeanPormanove, el periódico se ha convertido en un personaje más de sus directos. En una ocasión, Raphaël Graven sostiene un cartel que dice Fuck Mediapart. En otra ocasión, los streamers prometen “pedir perdón a Mediapart en directo” si se alcanza un mínimo de donaciones. Una vez más, un seguidor aparece en el canal y da a entender que ha intercambiado mensajes de voz con la cuenta de Instagram de Mediapart.

Desde la muerte de Raphaël Graven, una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart también se ha convertido en una diana. “Acuso a Marie Turcan de haberse ensañado mediáticamente y de haber inventado una historia morbosa, porque todo es falso, y de querer labrarse una carrera a nuestra costa”, espetó, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026, que ya ha sido visto 610.000 veces. Cada vez que un miembro de “Lokal” menciona a la periodista en un vídeo, decenas de seguidores se dedican a insultarla o amenazarla en redes, o intentan divulgar sus datos personales en un canal de Telegram seguido por 4.500 personas.

El 25 de junio de 2026 se publicó un episodio del podcast Les couilles sur la table (Los cojones sobre de la mesa) producido por Binge Audio, cuyo objetivo era cuestionar las relaciones de dominación machistas y validistas presentes en este grupo de streamers y entre sus seguidores, presentados como "buenos padres de familia". En respuesta, Gwen C. publicó un vídeo en YouTube titulado: “Mis cojones en tu frente”. Un perfecto juego de espejos de lo que precisamente se analiza en el podcast en cuestión.

Traducción de Miguel López

En abril de 2025, tras la condena de Marine Le Pen en primera instancia por malversación de fondos públicos, un allegado a la líder de Agrupación Nacional (RN) hizo suya una cita de El barbero de Sevilla: “Solo tenemos veinticuatro horas para maldecir a los jueces.” Una forma de justificar los virulentos ataques de sus seguidores contra la institución judicial, deseando al mismo tiempo que no duren demasiado.

Aunque se espera la sentencia del tribunal de apelación para el martes 7 de julio, la extrema derecha política y mediática ha reavivado su campaña contra los magistrados. El miércoles 1 de julio, en la cadena LCI, la propia Marine Le Pen recurrió a la teoría de la conspiración para comentar los nuevos registros que se habían llevado a cabo el día anterior en oficinas de proveedores del grupo RN en el Parlamento Europeo, en el marco de otro caso de malversación de fondos.

“Es curioso, esto siempre ocurre en el momento en que puede tener una influencia nefasta”, afirmó la tres veces candidata a la presidencia, cuya cuarta candidatura en 2027 depende de la sentencia del próximo martes. “A pocos días de la decisión del Tribunal de Apelación, el hecho de que se lleven a cabo estos registros no es una casualidad.”

El 10 de junio, el activista neofascista Jean-Eudes Gannat, que lleva años moviéndose entre la política —es concejal de la oposición en Segré (Maine-et-Loire)— y su compromiso con grupos marginales, fue condenado por el tribunal de Angers por injurias e incitación al odio. Poco después de que se dictara la sentencia, el interesado grabó un vídeo dirigido a sus seguidores, con la sentencia en la mano, en el que mencionaba los nombres de los jueces y del fiscal.

“Doy los nombres porque, cuando uno trabaja en la vida, si el trabajo está mal hecho o bien hecho, hay que rendir cuentas, y en Francia los magistrados rinden muy pocas cuentas… por ahora”, advirtió quien también es portavoz de la manifestación neofascista del C9M (Comité 9 de Mayo, un grupúsculo neonazi, ndt). En esa concentración parisina desfiló Gannat en 2025 junto a Marc de Cacqueray-Valménier, figura de la extrema derecha violenta, que luce en la pantorrilla un tatuaje en el que se representa a un juez ahorcado.

En los comentarios a su vídeo, publicado en varias redes sociales, decenas de activistas elogiaron su iniciativa de señalar a esos “jueces rojos”, considerando que “es algo que ahora debe ser sistemático”, mientras que otros difundieron fotos de los magistrados en cuestión.

El 18 de junio, el presidente de la publicación identitaria Frontières, Erik Tegnér, decidió grabarse a la salida del juzgado. Ese día, anunciaba —muy exaltado— a su comunidad su condena a seis meses de prisión condicional por haber divulgado información personal de abogados especializados en derecho de extranjería. “Una auténtica locura”, comentó, antes de exclamar “¡Qué vergüenza!” refiriéndose a los magistrados. El vídeo fue compartido incluso por Elon Musk, quien aviva en X el odio hacia los jueces por parte de toda la extrema derecha europea.

Unos minutos más tarde, Erik Tegnér lanzó una campaña de desprestigio contra uno de los magistrados que lo condenó, Youssef Badr. “Reivindica públicamente su ideología a través de tuits y entrevistas, […] estoy atónito”, dijo todo indignado el presidente de Frontières, refiriéndose también a “los izquierdistas [que] se han infiltrado en la magistratura y han creado un Estado profundo de la inmigración”. Ese fue el inicio de una ola de ciberacoso racista y amenazas contra el magistrado, alimentada por horas de emisión dedicadas al perfil de Youssef Badr en CNews, donde también trabaja Erik Tegnér.

Obligado a cancelar una conferencia ante estudiantes para “no exponerlos a ningún riesgo”, el magistrado presentó una denuncia. Para manifestar su “apoyo total y visceral”, los diputados de izquierdas de Seine-Saint-Denis han publicado un artículo de opinión en el que denuncian “un acto de terrorismo ideológico”. Youssef Badr también ha recibido el apoyo del ministro de Justicia. “Condeno firmemente los ataques racistas y las amenazas de las que es objeto un magistrado de Bobigny en las redes sociales”, escribió Gérald Darmanin en X. “En Francia, cuando no se está de acuerdo con una decisión, se recurre”.

El apoyo del ministro de Justicia no ha impedido que otro medio del grupo Bolloré mantuviera la presión sobre la judicatura. El 28 de junio, Le Journal du dimanche dedicó así su portada a un grupo de WhatsApp que reúne a cientos de magistrados y magistradas movilizados para impugnar los procedimientos disciplinarios iniciados tras el caso Lyhanna, publicando los mensajes que se intercambian y sin ocultar el número de teléfono de uno de los miembros del grupo. Al señalar “la exasperación de los franceses” frente a la institución judicial, el semanario de extrema derecha dedicó, como era de esperar, un artículo a Youssef Badr, “el juez que tuiteaba demasiado”.

Las críticas furiosas, la condena pública y las teorías conspirativas contra la justicia no son exclusivas de los activistas ultrarradicales ni de los medios de opinión. Los dirigentes de RN también se han especializado en ello desde el inicio de los procedimientos que les afectan.

Hace un año, tras la condena en primera instancia, los políticos de RN se plantaron y denunciaron en X “la dictadura de los jueces”, liderada por «tres mulás del derecho [que han] suprimido la democracia”. “Ante la dictadura, el pueblo tiene el deber de levantarse”, escribió el diputado Philippe Schreck, mientras que el eurodiputado André Rougé consideró que la fiscal y la presidenta del tribunal —de quienes dio los nombres— tendrían “que rendir cuentas ante la Historia de Francia” por haber “asesinado la democracia”.

Tras la condena, la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, fue objeto de una campaña de acoso, acusada por los dirigentes de RN de ser una “jueza política” que había decidido impedir que Marine Le Pen se presentara a las elecciones presidenciales. En redes sociales, los numerosos mensajes amenazantes dirigidos contra ella llevaron a la Fiscalía de París a abrir una investigación, que posteriormente se trasladó a Bobigny (Seine-Saint-Denis). Su domicilio quedó bajo protección policial. Contactada por Mediapart para conocer el estado de este procedimiento, la Fiscalía de Bobigny no ha respondido.

Poco antes del inicio de su juicio de apelación, Marine Le Pen volvió a la carga en las páginas de La Tribune dimanche : “La magistrada de primera instancia, Bénédicte de Perthuis, escribió que el objetivo es impedirme no solo presentarme, sino también ser elegida”, había acusado. “Hubo un tiempo en el que uno podía recibir una bala. Hoy en día, recibes una bala judicial. Eso significa tu muerte, en realidad.”

Antes de la decisión del 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París ha creado precisamente un puesto de portavoz, confiado a la magistrada Tania Jewczuk, encargada de realizar una labor pedagógica para intentar luchar contra la avalancha de ataques contra la justicia que se ha convertido ya en algo habitual. “El objetivo es anticiparnos al máximo”, explica a Mediapart. “Hay que preservar la seguridad de los jueces que van a dictar la sentencia y dar explicaciones sobre la resolución que se dicte. Sobre todo, no debemos volver a caer en lo que pudo ocurrirles a los magistrados en primera instancia”.

“Este ambiente es una auténtica locura”, comenta un magistrado, que ha preferido mantener el anonimato para no convertirse él mismo en una diana. “Estos acosos a los magistrados son métodos propios de la mafia, intimidación para que nos lo pensemos dos veces la próxima vez que juzguemos a alguien de ese bando político. Y funciona, de hecho están ganando”.

Traducción de Miguel López

Por un lado, están los discursos grandilocuentes de Europa sobre la “soberanía digital”, sobre la necesaria independencia del Viejo Continente respecto a Estados Unidos y las peroratas sobre el “momento gaullista de Europa”. Por otro lado, hay una capitulación tras otra y la integración silenciosa, pero indudable, de la Unión Europea (UE) en la arquitectura tecnológico-militar estadounidense.

Así, un año después de haber aceptado un acuerdo comercial desequilibrado con Washington, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo, Bruselas anunció, el jueves 25 de junio, la adhesión oficial de la UE a la iniciativa Pax Silica. Una firma que integra a los Veintisiete en un régimen de vasallaje avanzado.

Para entender por qué, hay que ver qué es la Pax Silica, una iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2025 por Washington y seis de sus aliados más cercanos (Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Australia) en forma de una simple declaración no vinculante destinada a “reforzar las cadenas de suministro” de las industrias digitales, sobre todo la de la inteligencia artificial (IA).

La declaración tiene como objetivo “mejorar la coordinación” entre países “aliados” y “de confianza”. En otras palabras: la iniciativa busca crear una red de confianza para garantizar el acceso a los recursos, las rutas comerciales y los mercados en el ámbito de la IA. En este sentido, no se trata realmente de una inocente declaración de intenciones.

Benjamin Bürbaumer, profesor titular de la facultad de Ciencias Políticas de Burdeos y autor de China/Estados Unidos, el capitalismo contra la globalización (edit. La Découverte, 2024), enmarca esta iniciativa en “una voluntad explícita de Estados Unidos de asegurar por completo la cadena de valor de la IA, desde las materias primas hasta la demanda solvente”. La Pax Silica pretende controlar la “materialidad de la IA”, señala, y, en este sentido, es “complementaria al plan sobre inteligencia artificial puesto en marcha por Washington el año pasado” con el fin de respaldar su capital tecnológico.

La propia expresión utilizada, Pax Silica, lo dice todo: se inspira evidentemente en la Pax Romana y designa una forma de paz imperial, fruto de la dominación de un centro sobre las periferias. Esta paz armada se sustenta, en esta ocasión, en el sílice, un componente fundamental para los semiconductores y, de manera más general, para la economía digital. La promesa de la Pax Silica es, por tanto, la estabilidad y la prosperidad basadas en el dominio conjunto de los actores privados del sector digital y del Estado federal estadounidense.

Antes de explicar las modalidades de este dominio, hay que insistir en este último punto: la era de la IA será una forma de “privatización” de la diplomacia estadounidense, que organiza la centralidad de su sector digital a nivel mundial, pero también de estatización de los grandes grupos digitales que necesitan la fuerza imperial estadounidense para tener acceso a los recursos y a los mercados. La habitual connivencia entre el capital tecnológico y el Estado federal se transforma en una especie de fusión de intereses y de acción. De hecho, este es uno de los puntos más llamativos —aunque implícito— defendidos por el manifiesto de uno de los principales actores de la IA estadounidense, Palantir.

Esta evolución es reveladora del nuevo capitalismo de Estado que se está instaurando en Occidente. Tampoco es casualidad que el hombre que impulsó esta iniciativa, Jacob Helberg, hoy subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, esté muy vinculado a los círculos de la IA, en particular a la “mafia de PayPal”, que controla, entre otros, al gigante Palantir.

El mismo Jacob Helberg, que fue empleado de Google, también fue asesor de Alex Karp, presidente de Palantir. Su marido, Keith Rabois, fue socio del Funders Fund de Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir. Su padrino de boda en 2018 no fue otro que Sam Altman, presidente de OpenAI. Es decir, Jacob Helberg es un representante de la industria de la IA y, en particular, de su corriente más radical.

Jacob Helberg resumió la visión en la que se basa la Pax Silica: “Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basará en la computación”. En otras palabras: quien controla la capacidad de utilizar los datos controla el mundo. Para Jacob Helberg, la IA es, por tanto, la base sobre la que se asienta el futuro poder político, militar y económico de un país. La Pax Silica pretende, pues, asegurar ese poder con una doble ambición: frenar el desarrollo de China en materia de IA e impedir la aparición de rivales en el propio bando occidental.

Jacob Helberg lo ha dejado muy claro: la Pax Silica se construye en contra del concepto de soberanía digital. Para él, y de manera muy significativa, tal soberanía conduce a una “mediocridad sincronizada”. A ello opone la “soberanía de la innovación”, en la que cada país desarrollaría su propia especialidad para mejorar el conjunto. Pero el conjunto está, sin lugar a dudas, dominado por un centro, el capital tecnológico estadounidense, en torno al cual debe organizarse esta “innovación”. La visión de Jacob Helberg es una síntesis de la evolución reciente del capitalismo: la competencia conduce a la mediocridad y al estancamiento, mientras que el monopolio conduce al poder y al beneficio.

En un análisis publicado por la Asociación de Washington para el Comercio Internacional (WITA), Uri Gabai explica que la iniciativa pretende organizar el control por parte de Estados Unidos de “puntos neurálgicos” que constituyen la base de la cadena de suministro de la IA. Su estructura es, por tanto, la de una red que se remonta hasta los gigantes estadounidenses de la IA y que tiene como objetivo, por un lado, garantizar la dependencia de los “socios” respecto al centro estadounidense y, por otro, debilitar al adversario chino mediante el control de los nodos estratégicos materiales de la industria.

“Teniendo en cuenta el efecto de escala propio de la IA, el control de estas trabas a la industria supone un obstáculo importante para China y una ventaja para Estados Unidos”, resume Benjamin Bürbaumer. Por ejemplo, la adhesión de Países Bajos, conseguida en junio a título individual, permite asegurar el monopolio crucial del uso de las máquinas de la empresa neerlandesa ASML, que son indispensables para la producción de semiconductores de última generación utilizados en la IA generativa. Pero la adhesión de Grecia, Kazajistán, Chile o Argentina también permite garantizar el acceso a los metales estratégicos para la industria.

China, por su parte, no se ha equivocado, como señala Benjamin Bürbaumer, quien recuerda que el último plan quinquenal de la República Popular tenía como objetivo “dominar las tecnologías clave fundamentales”. Con la Pax Silica, se confirma la lógica de bloques en torno a la IA y, dentro de esta lógica, hay que elegir bando. Eso es lo que pretende imponer Jacob Helberg.

Benjamin Bürbaumer insiste así en “la división del trabajo” interna de la iniciativa. Los veinticuatro países miembros tienen, de esta manera, una función concreta en la valorización del capital tecnológico estadounidense.

Se tienen en cuenta todas las dimensiones de la cadena de producción de la IA: la energía, con los productores de petróleo y gas, como los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Noruega o Canadá (actualmente observador no signatario); las materias primas, en particular los metales estratégicos para los semiconductores producidos en Suecia, Finlandia, Corea del Sur o Taiwán (también observador no signatario); los nodos logísticos o financieros de Panamá, Singapur, el Reino Unido o Filipinas; el software japonés o indio; la maquinaria holandesa, la tecnología militar israelí y los capitales de los Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Catar.

En definitiva, así controlan toda la cadena de valor. Y esta red permite controlar a los socios. Para convencernos de ello, tomemos un ejemplo ficticio. Si un país signatario intentara, por ejemplo, diversificar su clientela vendiendo semiconductores tanto a China como a Estados Unidos, ¿qué pasaría? En teoría, la declaración de Pax Silica no se lo impide, pero en la práctica Washington podría considerar que ese socio ya no es digno de confianza y, de facto, podría excluirlo de la cadena logística de la IA estadounidense, obligando a los demás socios que deseen conservar sus mercados en Estados Unidos a seguir su ejemplo. El país en cuestión no tendría entonces más remedio que abandonar el bloque o someterse.

Como resume el economista Evgeny Morozov en un artículo sobre esta iniciativa, “en un mundo monopolístico, la diversificación se asemeja a un suicidio y la única actuación racional es convertirse en un agente acreditado del titular del monopolio”. Con la Pax Silica, añade, “el objetivo de Washington no es exportar productos, sino dependencia”. El carácter no vinculante de la firma —que, al parecer, ha convencido a Francia para que retire su oposición en el seno de la UE— es, por tanto, mera ficción.

Y es que la Pax Silica también tiene una dimensión geopolítica. Al intentar frenar el desarrollo de la IA en China, precisamente cuando este país la convierte en su prioridad estratégica, Washington sabe que se expone a tensiones geopolíticas que resultan aún más evidentes teniendo en cuenta que uno de los nodos clave de la IA es Taiwán, donde se producen la casi totalidad de los semiconductores necesarios para la IA.

La Pax Silica tiene también una dimensión militar fundamental, que queda confirmada por la presencia, como miembro fundador, de Israel, país especializado en intercambios entre la industria militar y la tecnología. Esto confirma dos aspectos: en primer lugar, que la iniciativa defiende la militarización de la IA; en segundo lugar, que su propio desarrollo es la garantía de su propia seguridad como bloque. Una de las ambiciones de la Pax Silica es el refuerzo militar del bloque centrado en Estados Unidos a partir de la IA.

También por esta razón hay signatarios estratégicamente insignificantes para la industria, pero políticamente importantes, como El Salvador, cuyo presidente autoritario, Nayib Bukele, es una referencia política de la nueva extrema derecha proestadounidense de América Latina que acaba de ganar todas las elecciones en el subcontinente.

Queda un último pilar en el conjunto. El centro organiza una forma de competencia interna en su periferia. El concepto de “soberanía de la innovación” de Jacob Helberg refleja ese hecho: el bloque está jerarquizado en función del carácter estratégico de lo que ofrecen los socios de Washington. Países como Israel, Países Bajos o Singapur pueden pues presumir de niveles avanzados de desarrollo y hacerse con una porción mayor del pastel, aunque sigan dependiendo del centro estadounidense.

En cuanto a los demás, les toca a ellos hacerlo igual de bien. Evgeny Morozov considera así que la Pax Silica induce a “un nuevo ciclo de sumisión en el que los Estados compiten no por su independencia, sino por la proximidad” al centro. La competencia se desplaza, por tanto, del mercado mundial al interior mismo del bloque para ponerse al servicio del monopolio. La globalización no desaparece como tal, sino que cambia de naturaleza.

¿Y qué hay de Europa en todo esto? La Comisión Europea se escuda en su comunicado, bastante lacónico, tras el argumento de la “cooperación internacional” y el apoyo a la “competitividad” y a la “soberanía”. Todo ello no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza de la iniciativa. En realidad, la UE ha cedido ante Washington porque la Pax Silica conlleva un elevado coste por no participar que Bruselas no estaba dispuesta a aceptar. En el plano económico, la no participación amenaza con reducir el acceso a los servicios de IA estadounidenses que ahora se consideran críticos para las empresas. En el plano político, rompe un vínculo de confianza con Washington.

La UE necesita desesperadamente crecer. El colapso industrial alemán y la estabilización del crecimiento del PIB en torno al 1 % anual amenazan los sistemas sociales del Viejo Continente. La perspectiva de ver cómo se abren nuevos mercados en el marco de la Pax Silica y de quedar excluidos de ellos se estaba volviendo intolerable para el Consejo y la Comisión.

Ante las necesidades económicas, el precio a pagar —la dependencia— se considera relativamente bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de los discursos grandilocuentes, gran parte de los países de la UE son incapaces de alcanzar la autonomía respecto a Estados Unidos. El reflejo en materia de defensa, al igual que en materia económica, es intentar integrarse en la esfera de influencia estadounidense. El peligro para la seguridad que representa Rusia y el peso del segundo choque comercial con China no pueden sino reforzar este reflejo, que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca apenas ha modificado. La dependencia de la UE respecto a Estados Unidos no es, por tanto, ningún problema.

Es más, la estrategia de Washington ha consistido en debilitar a la UE centrándose no en una posición de la UE, sino en las posiciones de cada país. Esa es la lógica de la Pax Silica: dar prioridad a los nodos estratégicos y generar competencia dentro del bloque. Como hemos visto, Washington insistió mucho en conseguir la adhesión de Países Bajos. También se abordó individualmente a otros países europeos: los países nórdicos, Alemania y Grecia.

De hecho, para la UE, una firma conjunta se convertía en una cuestión de supervivencia para frenar esta lógica de fragmentación. Pero esta firma “no ha anulado” la de algunos países miembros, lo que refuerza lo que se ha señalado anteriormente: la jerarquización interna del conjunto. De hecho, esa “competencia por la proximidad” de la que habla Evgeny Morozov ya se ha puesto en marcha en Europa, donde cada uno sueña con hacerse con las migajas del monopolio estadounidense. Y ese ha sido un aspecto crucial de la firma conjunta de los Veintisiete.

Francia, por ejemplo, no podía resignarse a renunciar a las inversiones en IA prometidas durante las cumbres Choose France. Sin embargo, permanecer al margen de la Pax Silica significaba, para muchos actores, la posibilidad de trasladar esas inversiones a países “de confianza”. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, por ejemplo, busca ahora fabricar armas estadounidenses en su territorio y, en consecuencia, no le quedaba otra que llamar rápidamente a la puerta de la Pax Silica.

Para Benjamin Bürbaumer, “Europa siempre ha ocupado un lugar subordinado en el capitalismo liderado por Estados Unidos, pero con esta adhesión se hace explícita esa subordinación en el ámbito digital”. Y las consecuencias podrían ser importantes. La posición global de la UE en su conjunto es la de un mercado periférico y, como tal, tendrá que amoldarse a los deseos del centro.

Así es sobre todo en materia de regulación. Como subraya Uri Gabai, por naturaleza, “la Pax Silica presupone un entorno permisivo para el desarrollo de la IA”. Es lógico: la estructura tiene como objetivo garantizar un beneficio creciente para el capital tecnológico europeo. Para ello, no solo hay que garantizar una carrera tecnológica hacia adelante que asegure el dominio de la IA sobre los distintos sectores de la economía, sino también asegurarse de que dicho dominio no se vea limitado por la regulación. Aquí es donde la propia participación de la UE resulta fundamental para la Pax Silica; también es necesario controlar los mercados, no solo los recursos.

El año pasado, Donald Trump intentó integrar esta cuestión en las negociaciones sobre aranceles, pero no lo logró. Sin embargo, consiguió una revisión a la baja de la regulación de la IA en forma de “simplificación”, en gran parte gracias al apoyo de la presión ejercida por ciertos grupos como Meta. Pero el interés del capital estadounidense es, sin duda, ir más allá. Y eso es precisamente lo que permitirá la firma de la Pax Silica.

A partir de ahora, la UE tendrá que defender su posición de “socio de confianza” de Estados Unidos, pues depende, por ejemplo, en un 70 % de actores estadounidenses para sus servicios de almacenamiento de datos y va a entrar en una dinámica de dependencia cada vez mayor. Una vez más, en nombre de la estabilidad geopolítica (la “paz”), habrá que ceder en materia de regulación. No cabe duda de que los firmantes directos de la declaración, aquellos que están más integrados en el sistema (y que serán los que más tengan que perder en un enfrentamiento con su mandante estadounidense), se convertirán en los más fervientes defensores de la desregulación.

Lo que llama la atención es que esta firma entra en contradicción con la mayoría de los objetivos declarados de la UE: la autonomía en materia de defensa, la soberanía digital y la regulación de la IA. Los discursos progresistas y posneoliberales europeos se han disuelto ahora en una capitulación incondicional. La firma neerlandesa, impulsada por el primer ministro centrista Rob Jetten —que durante la campaña electoral de principios de año se presentó como un baluarte contra Trump—, es el símbolo de este desastre. La Pax Silica es la tumba concreta de los discursos vacíos de los dirigentes europeos.

Traducción de Miguel López

El 15 de junio, la Arcom (la autoridad reguladora francesa de la comunicación audiovisual y digital) llamó por fin al orden a CNews por la omnipresencia en su programación de sus obsesiones racistas sobre la inmigración y el islam, y le envió un requerimiento. La Arcom reprocha a la cadena que conceda un espacio desmesurado a una “corriente de pensamiento y opinión”, sin nombrar explícitamente a la extrema derecha. Si no cumple con las normas de pluralismo, CNews se arriesga a sufrir sanciones más severas. Las 28 amonestaciones anteriores, con un total de 631.001 euros en multas, no han surtido ningún efecto. Para Alexis Lévrier, historiador de los medios de comunicación, la Arcom no cuenta, sin embargo, ni con los medios ni con la independencia necesarios para regular un imperio mediático tan poderoso como el de Vincent Bolloré. Profesor titular de la Universidad de Reims (Marne), Lévrier es también uno de los coautores del libro El proceso Bolloré. Los medios del odio ante los tribunales, una obra colectiva del Fondo para una Prensa Libre publicada por la editorial Le Détour.

Mediapart: El jueves 25 de junio, Maxime Saada, presidente del consejo de administración de Canal+, alertó en Le Figaro de la “amenaza”, según él, de “un cierre” de CNews. ¿Es esto señal de cierto nerviosismo del imperio Bolloré ante la Arcom?

Alexis Lévrier: Maxime Saada defiende a su grupo, está cumpliendo con su función. Lo grave no es su artículo de opinión, sino la reacción de Gérard Larcher: el presidente del Senado, invitado en CNews junto a Laurence Ferrari, explica que está totalmente de acuerdo con dicho artículo y arremete contra la Arcom. Aunque afirma que la Arcom es independiente, considera que debería actuar contra Radio Nova y no contra CNews. Llega incluso a criticar la decisión del Consejo de Estado que, en 2024, instó a la Arcom a tener más en cuenta el pluralismo y a aplicar mejor la ley de 1986 [relativa a la libertad de comunicación].

En otras palabras, Gérard Larcher arremete en el mismo programa contra dos contrapoderes. Se trata de un discurso de extrema derecha, pronunciado por una figura clave del Estado, que, por otra parte, se supone que encarna a la derecha tradicional. En el ámbito mediático ya se ha producido la unión de las derechas; más exactamente, la adhesión de la derecha a la extrema derecha. Esta secuencia es prueba de ello.

En su requerimiento, la Arcom denuncia la ”sobrerrepresentación de una corriente de pensamiento y de opinión” sin nombrar claramente a la extrema derecha. ¿Por qué?

La Arcom es una autoridad históricamente bastante débil. Existe el peso del poder político y el de la extrema derecha mediática. Hoy en día, esta última desempeña en el debate público un papel sin precedentes desde la época de la colaboración. Tomemos como ejemplo Frontières: no tienen carné de prensa, es un grupúsculo fascista. Hay que llamar a las cosas por su nombre.

Porque a finales de enero de 2025 se colaron en las oficinas de la Arcom, coincidiendo con la llegada de Martin Ajdari, el nuevo presidente, para infundir miedo. Yo creo que la gente [de la Arcom] tiene miedo. La comisión de investigación sobre el sector audiovisual público se ha convertido en un alegato contra la Arcom. Durante la primera comparecencia de Martin Ajdari, llegaron incluso a atacar a su hijo, fue alucinante. Así que los dirigentes de la Arcom tienen miedo, y con razón. Pero se equivocan al ceder ante ese miedo.

¿Por qué tiene razón la Arcom al tener miedo?

Porque las presiones de la extrema derecha son enormes y porque la Arcom no cuenta con ningún apoyo por parte del poder político. Esto se ve claramente en el propio presidente, que nunca ha apoyado a las redacciones amenazadas por el imperio Bolloré, o en el presidente del Senado. Todo el Ejecutivo ha dado la espalda a la Arcom, que se encuentra sola, al igual que otros pocos contrapoderes que aún perduran: la justicia, el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado.

En este sentido, el macronismo es lo que podríamos llamar “el extremo centro”. No son gente de extrema derecha, sino personas que, con su debilidad, allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder.

En febrero de 2025, usted fue objeto de una campaña de ciberacoso y amenazas de muerte. En aquel momento, CNews había puesto su nombre en la picota en directo, porque usted la había criticado en una entrevista concedida a L’Opinion.

Lo que me hicieron a mí, lo hacen constantemente. Es su modus operandi. Lo que me preocupa, más allá de mi caso, es el efecto que esto tiene en la universidad. Tengo compañeros mucho más competentes que yo en estos temas, y cuando les daba a los periodistas sus datos de contacto, siempre volvían a recurrir a mí, porque esos compañeros ya no querían hablar. Ahora sé por qué: he hablado con ellos y han vivido exactamente lo mismo que yo. Y por eso estos compañeros, cuyos nombres no voy a revelar para protegerlos, han dejado de hablar de CNews.

Usted ha presentado una denuncia y ha conseguido que se levante el anonimato de sus acosadores en Internet. ¿Cuál es su perfil?

Son muy diferentes, pero tienen un punto en común: todos son hombres blancos. No son militantes de la RN, sino padres de familia que, tras una pantalla, se permiten este tipo de cosas. Esto me recuerda el final de La peste, de Camus: “El bacilo de la peste nunca muere ni desaparece”. Y ahí está, ha vuelto, y es este ecosistema mediático el que ha permitido su regreso.

¿Ha habido alguna vez, a lo largo de la historia, vínculos tan fuertes entre la extrema derecha y un imperio mediático?

La verdadera comparación no es histórica, sino geográfica: el modelo de Vincent Bolloré es Rupert Murdoch, de quien se dice que se pasó la vida ganando elecciones a las que ni siquiera se había presentado. Porque se trata de alguien que se mantenía al margen de sus medios de comunicación, pero que manipulaba el mundo político, que era capaz de lanzar campañas de prensa contra tal o cual personalidad utilizando, por ejemplo, sus medios sensacionalistas.

Murdoch ha desarrollado auténticos imperios —en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia— que tienen una capacidad para moldear la opinión pública muy comparable a la del imperio Bolloré, construido también con la idea de la concentración, horizontal pero sobre todo vertical. Un imperio tan desarrollado, con actividades tan complementarias entre sí y un proyecto ideológico tan manifiesto, es algo que nunca se ha visto en Francia.

¿Tiene la Arcom los medios para llevar a cabo sus misiones, sobre todo frente a CNews?

No, no lo creo. Sobre todo porque si esta autoridad se llama Arcom, y ya no CSA [Consejo Superior de lo Audiovisual], es porque el CSA se fusionó [en 2022] con la Hadopi [para dar lugar a la Arcom]. Con una plantilla que apenas ha aumentado, también debe gestionar la actividad en Internet. Su tarea es de una envergadura considerable. Y, en cualquier caso, el modo de nombramiento de sus dirigentes les impide actuar de verdad. Si se quiere una autoridad reguladora independiente, habría que cambiar el modo de designación.

¿Es un órgano político?

Con algunos dirigentes, entre ellos Roch-Olivier Maistre [presidente del CSA y posteriormente de la Arcom entre 2019 y 2025], se ha hecho un esfuerzo por la independencia, aunque sin duda insuficiente. Hoy en día se ve claramente que se están ejerciendo de nuevo enormes presiones sobre la autoridad reguladora. La novedad es que estas presiones provienen de la extrema derecha o de un poder político que, al igual que Gérard Larcher, quiere ganarse el favor de Vincent Bolloré.

Por eso, las próximas elecciones de 2027 serán una especie de prueba de resistencia para la democracia. Si sobrevivimos a estos innumerables ataques contra nuestro modelo democrático, habrá que retocarlo todo, reformar la ley sobre la concentración de los medios de comunicación de 1986 y refundar la Arcom sobre nuevas bases, dotándola de los medios financieros y, sobre todo, políticos necesarios para su independencia.

Pero, mientras tanto, ¿qué solución queda para contrarrestar la influencia de CNews? ¿Hay que “bloquear” ese canal?

¡Más que nunca! A finales de mayo, Le Monde reveló que, con Xenia Fedorova [la exdirectora del canal ruso RT France], el propio Bolloré está bajo la influencia rusa. [Ella] influye no solo en el tratamiento de la actualidad internacional, sino también en la composición de los platós. Ella es la que decide quién es invitado y quién no. Hay que recordar que Europa ha prohibido RT France y Sputnik, otro medio hostil a Francia.

Esto ya no es competencia de la Arcom: el imperio Bolloré es hoy una amenaza para la seguridad interior y para la propia vitalidad de lo que queda de democracia en Francia.

El partido entre la democracia y el imperio Bolloré se decidirá en los próximos meses, sin duda coincidiendo con las elecciones presidenciales de 2027. Y, llegado un momento, incluso lo que queda del bloque central se verá obligado a tomar una decisión. ¿Cómo salvar la democracia? Hay que empezar por votar y esperar que nuestros futuros dirigentes sean conscientes de lo que nos jugamos.

Traducción de Miguel López

Caracas (Venezuela).– “Nos plantamos delante de las excavadoras, subimos a las máquinas y les quitamos las llaves a los conductores…”. Karina Castro, de unos treinta años, lo perdió todo el miércoles por la noche con el derrumbe de su edificio. Junto con una decena de vecinos supervivientes, hartos de esperar ayuda, lo apostó todo el domingo por la tarde: “Veíamos pasar esas máquinas de camino al club de playa, donde están los ricos con sus yates. Era inaceptable que no nos ayudaran”.

Al final, consiguieron que los operarios de la maquinaria les echaran una mano. “Sabemos que ellos no tienen la culpa, pero los necesitábamos para mover una losa. A mano, era imposible”, añade. Los vecinos de este complejo de viviendas sociales, instalados en campamentos improvisados frente a las ruinas de su edificio, estuvieron retirando los escombros a mano durante cuatro días. Formaron cadenas humanas para rebuscar entre los escombros e intentar encontrar supervivientes. “Al final, llegaron grupos de rescatistas mexicanos, franceses y americanos, y nos dijeron que no debíamos volver allí, que era demasiado peligroso”, nos dice, agotada.

La joven está enfadada. “¡Durante cuatro días, cuatro!”, insiste, “no vimos a nadie del Gobierno, ni bomberos, ni Protección Civil, ni militares. Quizá con su ayuda hubiéramos podido salvar a mi prima, que está enterrada ahí abajo. O quizá no, nunca lo sabremos”. Con sus ojos clavados en las ruinas, queda en silencio.

Antes, ese mismo día, Karina Castro se había desplazado a la morgue improvisada al aire libre, en el puerto de La Guaira, a los pies de enormes silos de hormigón visibles a kilómetros de distancia. Allí se acumulan los cadáveres a la espera de ser identificados.

“La gente estaba tranquilamente en sus casas; obviamente, nadie llevaba el carnet de identidad en el bolsillo", dice la joven. "Así que tuve que entrar allí y mirarlos uno por uno hasta encontrar a mi prima. Los cadáveres están en el peor estado que te puedas imaginar”. Se le hace un nudo en la garganta: “El olor es horrible allí. ¿Lo hueles? Se me ha impregnado en la ropa”.

Su ira y su desesperación son compartidas por los damnificados de la región de La Guaira y de la capital. Frente a las ruinas de lo que era un hotel en Catia La Mar, hay dos mujeres sentadas en la acera. “No puedo irme”, cuenta Marisela, “mi hermana estaba aquí, trabajaba en la cocina”.

A Marisela le gustaría poder recuperar su cuerpo. “Han llegado unas miniexcavadoras; las ha pagado el dueño del hotel”, explica, “pero cuando pedimos que cavaran un poco más para encontrar a mi hermana, el conductor de la máquina me pidió 500 dólares”. Incapaz de desembolsar tal suma, Marisela tuvo que ver cómo se marchaba la máquina.

Desde entonces no se mueve de la acera, sin dejar de mirar los escombros: “Si alguna vez llega una excavadora para despejar los escombros, quiero ver si encuentran a mi hermana”. Una semana después del terremoto, Marisela no se hace ilusiones. Espera que saquen un cadáver, al que le gustaría enterrar en una “sepultura digna”.

Muchos cadáveres acabarán en fosas comunes. Su vecina, que le hace compañía, cuenta que entre su marido y ella sacaron los cuerpos de sus suegros. “Aquí hay que hacerlo todo uno mismo, no hay que esperar ayuda del Gobierno”, dice con amargura. Son sobre todo los vecinos y vecinas, personas particulares, quienes trabajan entre los escombros, sin equipo, con un simple trapo tapándose la boca.

Jesús es un joven que se considera un “topo”, por cómo se cuela por los huecos entre la chatarra y el hormigón. “Nunca había hecho esto antes, pero en seis días he adquirido experiencia; incluso he trabajado con los americanos”, dice con una risa un poco nerviosa. Un rescatista profesional que le acompaña comenta: “Aquí, en Venezuela, no tenemos material. La gente está frustrada porque hemos tardado en llegar, pero sin vehículos ni gasóleo, ¿qué queréis que hagamos?”.

Pasan los días y, mientras las posibilidades de encontrar supervivientes son ya prácticamente nulas, el cansancio y la frustración se acumulan y cada vez hay más altercados entre la población y las fuerzas del orden.

En redes sociales, los vídeos lo documentan. En un lugar, un padre desesperado que ha perdido a sus hijos le grita a un joven militar con la mirada perdida: “¡Suelta el arma, joder, y ven a ayudar!”. En otro, los equipos de rescate interpelan violentamente a un agente de policía que bloquea el paso en una carretera en mal estado.

La tensión va en aumento, en un clima de desconfianza frente a un Gobierno corrupto que gran parte de la población considera ilegítimo. “No voy a dar nada a los funcionarios, ni una prenda de ropa, ni una botella de agua”, exclama una joven en el centro de donaciones de la Universidad Central. “Esa gente son unos ladrones, no vamos a empezar a confiar en ellos ahora. Por eso he decidido donar aquí y no en un organismo gubernamental”.

Beat von Däniken, responsable de la cooperación suiza, considera, sin embargo, que “el Gobierno está haciendo esfuerzos, [y que] hay que evitar politizar la situación”. Este extrabajador humanitario, que ha intervenido en varias ocasiones en zonas afectadas por catástrofes naturales, ha podido mantener una conversación con el viceministro de Protección Civil, a quien le ha “sugerido algunas cosas” y ha sido “escuchado”.

“El Gobierno también ha facilitado la entrada de los equipos internacionales al territorio”, afirma. Más de 3.000 socorristas extranjeros están trabajando sin descanso entre las ruinas. “Ningún país está preparado para un desastre de esta magnitud. Suiza tampoco lo estaría”, añade Von Däniken.

Muchos venezolanos consideran no obstante que la catástrofe resulta más difícil de gestionar debido a que el Estado ya estaba debilitado. “Hace años que el hospital está desbordado. No hay camas suficientes, a veces faltan medicamentos, no hay personal suficiente”, confiesa Julia, enfermera de cuidados intensivos, que intenta llegar al pueblo de Naiguata, al este de la región de La Guaira, donde vive su madre con sus dos hijos pequeños.

Lo ha perdido todo en el terremoto, pero da las gracias “al cielo” por haber salvado a su hijo y a su hija, de 9 y 10 años. “Como enfermera de cuidados intensivos, gano 200 bolívares, es decir, 25 céntimos de dólar. ¿Te imaginas quién quiere seguir trabajando en estas condiciones? Yo lo hago por convicción, pero además trabajo con pacientes privados”.

El sistema sanitario público de Venezuela está en crisis. Más de la mitad de los quirófanos no funcionan y las infraestructuras están en mal estado. “Al principio de la catástrofe” —cuenta Julia—, “los heridos empezaron a llegar a los dos únicos hospitales de La Guaira. Pero, muy pronto, ya no fue posible acogerlos”.

En un hospital público de Caracas, donde se atiende a cientos de heridos, un traumatólogo explica a Mediapart que “necesita más equipos de radiología quirúrgica”. “Sin estos aparatos”, detalla, “no puedo operar a tantos pacientes como me gustaría. Nuestro hospital se ha renovado algo últimamente, pero partíamos de un punto tan bajo que aún queda mucho por hacer”.

Por último, surgen preguntas sobre la construcción de los edificios venidos abajo. “¿Cómo es posible que se hayan derrumbado como castillos de naipes?”, se pregunta una vecina, que busca el edificio de su hermana por las calles de Catia La Mar. Lanza una mirada horrorizada a los pequeños complejos de viviendas sociales de Playa Grande: “Mira cómo se han ido abajo. Parece que estuvieran construidos con poliestireno”.

Lleva años siendo cuestionada la calidad de las construcciones de la “Gran Misión Vivienda”, un programa social puesto en marcha en 2011 por Hugo Chávez para dar vivienda al mayor número posible de personas. Pero, en la región de La Guaira, la destrucción es total, mucho más allá de las viviendas sociales.

“No hay duda de que hay edificios, algunos de alto standing, que se han construido sobre terrenos inestables”, analiza un arquitecto de Caracas que prefiere mantener el anonimato. “Y desde luego sin cumplir las normas antisísmicas. Edificios así, de más de quince plantas, construidos sin ningún tipo de control, solo se han podido levantar a base de mordidas”.

Traducción de Miguel López

En el verano de 2019, BNP Paribas anunció su decisión de romper relaciones con un sector muy criticado en Estados Unidos: las empresas de gestión de prisiones privadas. El periódico belga De Standaard reveló entonces que varios bancos habían prestado 600 millones de dólares al grupo Geo, encargado por la Casa Blanca de la detención de migrantes sin papeles. BNP aportó 43 millones de dólares.

En aquel momento, el presidente Trump acababa de aplicar una cruel política de separación de familias, conocida como “de tolerancia cero”, que había generado un amplio movimiento de boicot, en el que se instaba a los grandes bancos a distanciarse de las prisiones del ICE (la policía federal de inmigración) y, por tanto, de los grupos Geo y Corecivic, acusados de mantener a los migrantes en condiciones de detención inhumanas.

En un comunicado, el mayor banco francés prometía, ya desde el primer mandato de Trump, “no comprometerse en nuevas líneas de financiación en este sector”.

Sin embargo, según la investigación de Mediapart, el BNP no mantuvo mucho tiempo esas buenas intenciones. Tras la elección de Trump, el mayor banco francés y otros inversores galos intentaron obtener beneficios en bolsa apostando masivamente por los resultados de Geo en 2025. Entre esos inversores se encontraba Capital Fund Management (CFM), uno de los principales fondos de inversión franceses. Entre BNP y CFM apostaron varios millones de dólares.

Estos inversores no son los únicos que han apostado por el 'efecto Trump'. En Wall Street, el valor de las acciones del grupo Geo se disparó más de un 40 % a finales de 2024, tras su reelección. Era de esperar: el candidato republicano había convertido la inmigración en el eje central de su última campaña presidencial. Pero, al final, las plusvalías no se materializaron en la medida esperada.

Por otra parte, según los datos presentados en Estados Unidos por el BNP y otros inversores franceses ante el “guardián” de la Bolsa, la Securities and Exchange Commission (SEC), el BNP también desempeñó en 2025 un papel de facilitador ante un importante acreedor del grupo Geo. El banco también prestó, de forma ocasional, dinero a Geo a través de bonos gestionados por una de sus filiales de gestión de activos.

Al ser consultados, ni BNP Paribas ni Capital Fund Management han querido comentar sus operaciones, aunque plantean interrogantes: BNP Paribas afirmaba públicamente en 2019 que quería “garantizar” una “concordancia” entre sus políticas internas y las “prácticas” de sus clientes.

Volvamos a finales de 2024. Para el grupo Geo, la llegada de Trump es una oportunidad de oro. Stephen Miller, influyente asesor de la Casa Blanca y artífice de la política anti inmigración del Gobierno, no lo oculta: pretende expulsar, a largo plazo, a un millón de extranjeros cada año. Necesita camas. George Zoley, director general de Geo, se felicita con cada nuevo contrato firmado: “Es una oportunidad sin precedentes para ayudar al Gobierno federal a alcanzar sus prioridades”.

Los primeros contratos no tardan en llegar. En febrero de 2025, apenas unos días después de la toma de posesión de Trump en Washington, Geo anuncia la reapertura del Delaney Hall (1.000 camas). Este centro de detención de Newark (Nueva Jersey) pretende ser un engranaje estratégico en la maquinaria del Gobierno: se supone que acogerá a los migrantes detenidos por el ICE en la región de Nueva York. De los 500.000 inmigrantes detenidos por el ICE en 2025, casi todos acabaron en un centro propiedad de Geo o de su principal competidor, Corecivic.

A pesar de las quejas recurrentes, Geo (que gestiona diecinueve centros de detención para el ICE) y Corecivic (que gestiona al menos una decena) registrarán una facturación colosal en 2025. Casi 5 mil millones de dólares (4,3 mil millones de euros) en total.

En la bolsa, los inversores no han pasado por alto estas apetecibles perspectivas financieras. BNP Paribas, por ejemplo. Justo tras la reelección de Trump, a finales de 2024, el banco francés compró un gran volumen de acciones de Geo (alrededor de cien mil). “La idea es comprar las acciones a un precio bajo y revenderlas a un precio alto”, resume Bianca Tylek, una exbanquera que ahora investiga sobre la industria penitenciaria estadounidense.

Para BNP y el resto de inversores, estos títulos pueden, en efecto, generar beneficios gracias a las plusvalías. También pueden dar lugar al pago de dividendos. Estas compras de títulos también podrían haber beneficiado a Geo, al aumentar su capitalización bursátil. Pero, finalmente, la cotización de la acción no dejará de bajar en 2025.

Si a principios de año rondaba los 30 dólares, a finales del tercer trimestre había caído a 20 dólares. BNP y CFM, el fondo francés, parecen, por tanto, tener prisa por vender. De las 350.000 acciones que poseía en el primer trimestre, el banco ya solo tenía 223.000 en el segundo, y luego ninguna en el tercero.

Por su parte, Capital Fund Management compró o gestionó 400.000 acciones de Geo al inicio de la presidencia de Trump, en un momento en que empezaban a dispararse las detenciones de inmigrantes (con o sin papeles). Tres meses más tarde, se produce de nuevo una reducción drástica: CFM vende prácticamente la mitad. A día de hoy ya no le queda ninguna.

En la actualidad, la participación de BNP Paribas en el capital de Geo se estima en algo menos de un millón de dólares (es decir, menos de 35.000 acciones). Los demás bancos franceses, Natixis y Crédit Agricole, poseen o gestionan relativamente pocas acciones en el sector, pero Crédit Agricole ha invertido más de 2 millones de dólares en la deuda del grupo Caci, un proveedor de servicios al que el ICE ha adjudicado recientemente contratos por valor de más de 69 millones de dólares para suministrarle sistemas de comunicación.

El Crédit Agricole precisa a Mediapart que no posee acciones de prisiones privadas “por cuenta propia”. “Amundi, filial del grupo”, añade, “ha excluido esos valores del universo de inversión de sus fondos de gestión activa y de sus ETF ESG [fondos cotizados de inversión socialmente responsable – ndr].”

BNP Paribas también ayudó a Geo a obtener financiación, tanto directa como indirectamente. De hecho, en 2025 recibió algo más de 266.000 dólares en comisiones por actuar como corredor de bolsa, es decir, por facilitar las transacciones de un fondo de inversión colectiva, el Lord Abbett Bond Debenture Fund, que posee —entre otros— 50 millones de dólares en bonos emitidos por Geo y Corecivic.

Para Lord Abbett, una gran sociedad de gestión de activos, esos 50 millones no son más que una gota de agua en una cartera diversificada de inversiones, pero para Geo y Corecivic, esos bonos (títulos representativos de una deuda) son esenciales: emitir deuda “permite obtener capital a un tipo de interés más bajo”, recuerda a Mediapart el profesor de finanzas Matthew Ross, de la Western Michigan University.

Además, al adquirir la gestora de activos AXA Investment Manager, el propio BNP Paribas ha adquirido deuda emitida por Geo. Las cantidades en cuestión, algo menos de 100.000 dólares, son insignificantes en comparación con los millones que se mueven en el sector. Pero también en este caso ponen en duda los compromisos reales de BNP Paribas. Sobre todo porque los datos de acceso público no permiten cuantificar el conjunto de las inversiones realizadas en Geo o Corecivic.

El grupo Geo indica, a través de un portavoz, que está “orgulloso del papel que ha desempeñado durante cuarenta años para apoyar la misión del ICE. […] Nuestros servicios de apoyo son supervisados por el ICE, incluido el personal de la agencia presente in situ”.

“Los servicios de apoyo [a los migrantes] prestados por Geo”, añade el portavoz, “incluyen acceso a atención médica veinticuatro horas, visitas […], acceso a bibliotecas generales y jurídicas, servicios de traducción, comidas supervisadas por un dietista (respetando las dietas religiosas y específicas), así como instalaciones de ocio y la posibilidad de practicar [su] religión.”

Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, Stephen Miller y la Administración Trump parecen haber cambiado de estrategia. Los políticos conservadores en campaña deben ahora evitar la expresión “expulsión masiva”. La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis ha marcado profundamente a la opinión pública.

La Administración persigue ahora a los migrantes de forma discreta, cortándoles el acceso a todo tipo de servicios federales: la asistencia sanitaria a través de clínicas públicas, el acceso a la vivienda, a los permisos de trabajo, etc. Por su parte, Geo y Corecivic están presionando al Congreso para que los bancos dejen de excluirlos. De hecho, algunos, como Wells Fargo, están volviendo a trabajar con ellos.

A principios de junio de 2026, en las celdas del Delaney Hall, varias decenas de migrantes detenidos realizaban una huelga de hambre para denunciar sus condiciones de detención. Era “horrible, horrible”, cuenta una ex inmigrante sin papeles que estuvo en una prisión gestionada por el grupo Geo.

También se acaba de nombrar a un nuevo director financiero en Geo. El agraciado, un tal Shayn March, recibió su ascenso en abril. Algunos lo conocen bien en París: Shayn March fue empleado de BNP Paribas.

Traducción de Miguel López

A la cuarta ha sido la vencida. Tras quedarse a las puertas del poder en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori ha sido finalmente elegida presidenta de Perú. La población peruana ha tenido que esperar tres semanas tras la votación para conocer los resultados oficiales. Según estos, Fujimori se impone finalmente con un 50,13 % frente al 49,86 % del candidato de izquierdas Roberto Sánchez, lo que supone una diferencia de solo 50.000 votos de un total de casi 20 millones de votantes.

La larga espera para conocer los resultados se ha convertido en norma en el país andino. En la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados no se proclamaron hasta más de cinco semanas después, el recuento ya había sumido a Perú en la incertidumbre.

Keiko Fujimori ha ganado por un estrecho margen como la candidata de la continuidad y el orden en un país fracturado por una profunda desconfianza, en el que se han sucedido ocho presidentes en una década y donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población.

Frente a ella, el candidato de izquierdas Roberto Sánchez se presentaba como heredero del maestro Pedro Castillo —elegido en 2021, destituido en 2022 y actualmente en prisión— y abogaba por una ruptura con el modelo económico liberal vigente desde la década de 1990. Falló por poco y ha dado a entender que no reconocerá los resultados.

Keiko Fujimori, licenciada en Administración en Estados Unidos, creció entre los bastidores del poder, asumiendo el papel de “primera dama” a los 19 años tras el divorcio de sus padres. De hecho, tanto para sus partidarios como para sus detractores, Fujimori sigue siendo inseparable de la figura de su padre.

Alberto Fujimori (1938-2024), presidente entre 1990 y 2000, es considerado por algunos sectores de la población como un héroe que derrotó a las guerrillas, controló la hiperinflación de los años noventa y modernizó el país. Otros, en cambio, recuerdan sobre todo sus condenas a ocho y veinticinco años de prisión, respectivamente por corrupción y crímenes contra la humanidad. Este controvertido legado le garantizaba, al mismo tiempo, una base electoral sólida y un profundo rechazo por parte de una parte del electorado.

“Estoy tan triste y decepcionada”, nos dice por teléfono Carolina Salazar, una joven activista de izquierdas. “Si los peruanos quieren esto, es la democracia, tendré que aceptarlo, pero me dan miedo estos cinco años que vienen y que ella se mantenga en el poder cada vez más tiempo.”

Su madre, que se llama igual, reacciona de forma opuesta: “Estoy muy contenta, por fin nos vamos a librar de los matones que siembran el terror. Mi hija no lo entiende, pero para mí, Fujimori es sinónimo de prosperidad y paz.” José Ángel, taxista de Lima, opina lo mismo: “Gracias a él hay tantos coches en Perú, nos hemos desarrollado, y estoy seguro de que Keiko hará lo mismo.”

En el sur andino, la victoria de Fujimori se siente de una manera especialmente dolorosa. Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, en la región de Puno —que agrupa a las familias de los manifestantes asesinados durante las protestas de 2023—, espera, junto con otros, poder impugnar lo que él califica como “unas elecciones robadas”. Se muestra consternado: “Keiko era lo peor que nos podía pasar.”

Para el politólogo Franck Renato, la llegada de Fujimori al poder puede interpretarse como “la consolidación electoral de una organización política que ha mantenido una presencia competitiva durante más de tres décadas”. De hecho, Fujimori fue diputada entre 2006 y 2010, y su partido, Fuerza Popular, siempre ha mantenido una fuerte presencia parlamentaria desde su creación en 2011.

Ideológicamente, esta victoria también marca el regreso del fujimorismo a las riendas del país, con especial énfasis en la cuestión de la seguridad. “Durante la campaña electoral, mantuvo un discurso típico, basado en el orden y los servicios sociales”, observa el politólogo Eduardo Dargent. Ella “se ha convertido en la candidata de la continuidad económica que tranquiliza al sector empresarial, sobre todo en la capital”, añade.

La nueva presidenta gobernará ante un Parlamento que ha vuelto a ser bicameral después de treinta años. Esto le permitirá evitar los enfrentamientos institucionales entre el Ejecutivo y el Parlamento, que han sido habituales durante la última década. Keiko Fujimori puede contar con 41 diputados y diputadas (de un total de 130) en la cámara baja y con 22 senadores y senadoras (de un total de 60) en la cámara alta. Al no disponer de mayoría absoluta, necesitará el apoyo de otras fuerzas políticas para gobernar.

Los retos son considerables: inseguridad, pobreza, conflictos sociales relacionados con la industria minera y los hidrocarburos, o incluso el anuncio de la llegada a la costa peruana de un episodio de El Niño especialmente intenso. La nueva presidenta tomará posesión de su cargo el 28 de julio, día de la fiesta nacional.

Traducción de Miguel López

Una cifra oficial y muchas preguntas. El sábado 27 de junio, diez días después del inicio de la ola de calor, la agencia nacional Salud Pública Francia (SPF) dio a conocer sus primeras estimaciones sobre el exceso de mortalidad provocado por esta ola de calor excepcional: desde el 24 de junio, según indica, se han registrado unas 1.000 muertes adicionales (ver despiece a pie de página) con respecto a lo habitual, principalmente en las regiones en alerta roja.

Se han alzado voces a lo largo de la semana criticando la falta de preparación del Gobierno y sus deficiencias en la lucha contra el calentamiento global. Críticas que Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu han tratado de desestimar: el primero, defendiendo su gestión y explicando que “no te adaptas a un pico que no tiene parangón”; el segundo, arremetiendo contra los “inspectores de obras terminadas” en una carta dirigida a los alcaldes.

Más allá de las meras batallas políticas, se multiplican las críticas, tanto a nivel estructural —la lucha contra el cambio climático y la adaptación de las infraestructuras— como desde el punto de vista de la gestión de la crisis en sí misma —prevención a la población, política colectiva de salud pública, transparencia… “No se ha aprendido nada de las olas de calor anteriores”, critica el doctor François Bourdillon, fundador y antiguo director de SPF, en declaraciones a Mediapart.

“No se previene, se reacciona, y, solo lo mínimo, en situación de crisis. Cuando ya desde [la crisis de] 2003, como mínimo, podríamos haber adaptado los hospitales, los centros educativos, el transporte público y las viviendas…”, continua François Bourdillon. El viernes 26 de junio, en el noveno día de la ola de calor, el sistema sanitario se encontraba sometido a una tensión muy intensa, especialmente en Île-de-France, donde los hospitales (la mitad de los cuales carecían de aire acondicionado) estaban saturados y los bomberos, abrumados por las llamadas.

De hecho, fue ese mismo viernes cuando el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminó por “aprobar” un pedido de “30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales”, a propuesta de la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. En los últimos días, mientras Francia ya atravesaba su segunda ola de calor del año, Lecornu también pidió a los ministros implicados que elaboraran diferentes escenarios para el futuro. “Van con retraso en todo, da la sensación de que se ven arrastrados por lo que está pasando”, confían desde el sector público.

En este contexto, opina François Bourdillon, las medidas de prohibición adoptadas por el Gobierno —como la relativa a la compra de alcohol o su consumo en la vía pública— tienen como objetivo “desvincularse de los problemas estructurales e individualizar la culpa”. Una crítica compartida por otros profesionales de la sanidad pública, que no dejan de establecer un paralelismo con la desastrosa gestión de la crisis del covid.

En una nota dirigida a Macron el 14 de abril de 2020, Jean-François Delfraissy, presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética y, en aquel momento, presidente del consejo científico dedicado a la pandemia del covid, invitó al jefe de Estado a involucrar urgentemente a la sociedad en la gestión de la crisis sanitaria para no alimentar “la crítica a una gestión autoritaria y desconectada de la vida de la gente”. No sirvió de nada, como todo el mundo recuerda.

El profesor recordaba entonces al presidente de la República que “incluso en una situación de emergencia, la adhesión de la población es una condición importante para el éxito de la respuesta”; que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una “experiencia” determinante, sobre todo gracias a su “excelente conocimiento de la diversidad de los entornos sociales”; y que “gran parte de las respuestas a la crisis son respuestas locales, que se basan en los impulsos de solidaridad y en el ingenio de las asociaciones”.

Seis años después, la gestión de la ola de calor despierta esos recuerdos: las autoridades insisten en las medidas individuales —no beber alcohol, no practicar deporte, no instalar piscinas en la vía pública, no hacer fiestas…— sin presentar ni el más mínimo esbozo de una respuesta solidaria que tenga en cuenta todas las necesidades de la sociedad. Hacen recaer sobre los hombros de cada uno la presión del sistema hospitalario.

“La ola de calor no es una fatalidad”, recuerda, sin embargo, una fuente prefectoral, que califica de “deplorable” el enfoque del Ejecutivo. Tras la ola de calor de 2003, el informe de la Asamblea Nacional sobre la “crisis sanitaria y social” recordaba así la importancia de una estrategia inclusiva. “Organizarse —escribía entonces el ponente Denis Jacquat—, significa difundir mensajes de prevención a nivel local, identificar de antemano a las personas más vulnerables, localizar entre su entorno a aquellas personas que puedan constituir redes locales de solidaridad, y localizar los lugares ‘frescos’ a los que se les pueda llevar para que se recuperen durante unas horas en caso de ola de calor”.

Evidentemente, se han llevado a cabo algunas medidas en los últimos veinte años, sobre todo por iniciativa de las administraciones locales, a las que, sin embargo, el primer ministro ha señalado con el dedo en los últimos días. Se han creado registros, de carácter voluntario, destinados a las personas vulnerables que deseen que se les contacte en caso de ola de calor, sobre todo para intentar romper el aislamiento social. Pero la gestión del Gobierno, por su parte, sigue siendo invariablemente vertical.

Entre los profesionales de la salud pública entrevistados por Mediapart, algunos lamentan también la falta de coordinación con el sector asociativo o la ausencia de mensajes políticos contundentes dirigidos a los jóvenes, que, sin embargo, se verán gravemente afectados por la ola de calor (enfermedades crónicas, riesgos psiquiátricos…). Pero, al igual que durante la pandemia del covid, en lugar de apoyarles en esta crisis, la mayoría de las declaraciones tienen como objetivo sancionarles o hacerles sentirse culpables.

El tema es tan delicado que el Ministerio del Interior ha impuesto una línea firme a sus equipos: los prefectos tienen prohibido hacer un recuento público del número de ahogamientos, según indicó la dirección de comunicación del ministerio durante una videoconferencia organizada con carácter de urgencia el jueves 25 de junio.

Según el acta de esa reunión, a la que Mediapart ha tenido acceso, el Gobierno aún no disponía en esa fecha —una semana después del inicio de una ola de calor anunciada con mucha antelación— de una estrategia nacional de prevención frente a los ahogamientos. Un riesgo que, sin embargo, aparece claramente en cada episodio de altas temperaturas.

“El Ministerio de Deportes está preparando una campaña nacional que se pondrá en marcha en los próximos días”, justificó un representante de Interior durante la videoconferencia. Mientras tanto, las prefecturas deben limitarse a difundir “mensajes de prevención difundidos por la agencia Vías Navegables de Francia”, mientras el número de tragedias no deja de aumentar.

Preguntados sobre la prohibición de comunicar el número de fallecidos, el gabinete del ministro del Interior dio marcha atrás y ofreció una interpretación totalmente diferente de sus instrucciones. “Hemos precisado que no es aconsejable realizar un recuento diario de ahogamientos, salvo en casos excepcionales. Pero la ola de calor es un caso excepcional”.

El sábado 27 de junio, según nuestra información, las autoridades registraron la muerte de 74 personas en todo el territorio desde el inicio de la ola de calor a causa de ahogamientos (lo que supera los niveles habituales). Es decir, 19 fallecidos más que dos días antes, en una fecha en la que la ministra de Deportes, Marina Ferrari, ya lamentaba un “balance dramático” en France Info.

Ya en 2025, mientras la Federación Francesa de Natación llevaba años dando la voz de alarma, SPF había señalado un "aumento notable" de las muertes por ahogamiento durante las olas de calor. Este año, a la vista de las previsiones meteorológicas, la agencia había decidido adelantar su vigilancia de los ahogamientos, a partir del 1 de mayo, para adaptarse al “contexto del cambio climático”. Sin embargo, en lo que respecta a la prevención, no se ha puesto en marcha ninguna medida.

Traducción de Miguel López

El hashtag “#Revolución del 26 de junio” lleva unas semanas circulando mucho en redes sociales, especialmente en los últimos días. Palestinos y palestinas, a menudo jóvenes, lanzan llamamientos a los habitantes de la Franja de Gaza, instándoles a manifestarse, a salir de entre las ruinas a la calle para protestar contra las condiciones de vida indignas y exigir el fin del genocidio, el acceso a la comida, al agua, a la higiene, a la sanidad, a la educación; en definitiva: a una vida digna.

El llamamiento no está centralizado, pero la mayoría de quienes se expresan viven hoy fuera de la Franja de Gaza. Aunque el mensaje común es “Ya no podemos más”, algunos apuntan directamente a Hamás. Otros se centran en el incumplimiento de los términos del alto el fuego por parte de Israel y en la apatía de la comunidad internacional.

No sería la primera vez que se celebran manifestaciones contra las condiciones de vida infernales en el enclave palestino. Bedna na’ich (queremos vivir), un movimiento informal, lleva organizándolas desde marzo de 2019. Cuando se creó, Hamás ya llevaba doce años gobernando en solitario la Franja de Gaza. Eran numerosas las quejas de una parte de la población respecto al gobierno islamista, aunque nadie en ese pequeño territorio perdía de vista que el estricto bloqueo israelí impedía cualquier desarrollo económico.

Moumen al-Natour, abogado de 30 años y miembro de Bedna na’ich, hoy refugiado en Italia, describe así a Mediapart el dominio del partido islamista antes del 7 de octubre: “Hamás lo gestionaba todo y lo controlaba todo, sobre todo el acceso al empleo en la administración. Si presentabas una solicitud, para tener alguna posibilidad de conseguir el puesto, necesitabas una recomendación del emir de tu mezquita. O conocer a alguien dentro de Hamás. Era un circuito cerrado”.

Todavía hoy, lo que queda de la administración de la Franja de Gaza está gestionado por Hamás. “Probablemente, la popularidad del movimiento nunca haya sido tan baja en el enclave, pero la gente soporta a su Gobierno porque no tiene otra opción”, explica un analista de Gaza que prefiere mantener el anonimato. “Lo necesitan para los certificados de nacimiento, los de defunción… para toda su vida, en realidad.”

Bassem Naïm, veterano de Hamás, exministro de Sanidad del Gobierno de Haniyeh tras las elecciones de 2006 ganadas por el movimiento islamista y miembro de su oficina política, asegura, sin embargo, que el partido no pide otra cosa que dejar el poder.

“En varias ocasiones, en 2014 y luego en 2017, propusimos formar un Gobierno de unión nacional, pero esos intentos fueron saboteados sistemáticamente por la Autoridad Palestina de Ramala, por los israelíes, los americanos y, lamentablemente, los europeos”, recuerda a Mediapart en las oficinas del movimiento en Estambul. “Igualmente, estamos dispuestos a ceder la gestión de la Franja de Gaza al comité administrativo tecnocrático [previsto en el plan de veinte puntos de Trump de octubre de 2025 para gestionar el territorio —ndr], incluyendo la seguridad, las fronteras y los pasos fronterizos.”

Pero el Comité Nacional para la Administración de Gaza (Cnag) sigue en El Cairo, al no haber recibido autorización para entrar en el enclave y comenzar su labor, y Hamás controla una parte del territorio, la que no está ocupada por el ejército israelí. Es decir, entre el 30% y el 40% de la pequeña franja costera.

Hamás asegura, pues, que ya no quiere asumir el gobierno. “Porque nos consideramos fundamentalmente un movimiento de resistencia. En este momento, no somos un movimiento en el poder”, añade Bassem Naïm. “Creemos que uno de los mayores errores de Oslo fue, como se dice en árabe, ‘poner la zanahoria delante del caballo’, es decir, establecer un sistema político bajo la ocupación. Primero hay que poner fin a la ocupación; después, que todos los palestinos puedan reunirse y formar su propio sistema político”.

Según él, la participación de Hamás en las elecciones de 2006 tenía como objetivo intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos desde dentro. Pero el fracaso del Gobierno de unidad nacional formado tras su victoria en las elecciones legislativas, y posteriormente del gabinete de Hamás —ambos frustrados por la negativa occidental a negociar con ellos—, les sirvió de lección.

Pero, añade Bassem Naïm, el movimiento no puede, en la situación actual, dejar un vacío de poder en Gaza. Sobre todo en materia de seguridad. Por ello, asegura, el despliegue de los hombres de Hamás en las calles, desde la firma del alto el fuego en octubre de 2025, no tiene otro objetivo que evitar el caos y, en particular, la actuación de las milicias financiadas y armadas por Tel Aviv. Esos grupos auxiliares, que hoy suman cinco, controlan todo el este del territorio —el ocupado por el ejército israelí— y llevan a cabo incursiones, secuestros y asesinatos, sobre todo de miembros de Hamás, en la parte occidental de la Franja de Gaza.

“Sin las fuerzas de Hamás, esto sería la jungla. Estas milicias, y quizá incluso las propias familias, se enfrentarían entre sí; habría robos y violaciones, pero las familias y las facciones políticas, en colaboración con Hamás, se esfuerzan por mantener la seguridad y velar por ella”, añade el responsable de Hamás, originario él mismo de Gaza.

El movimiento quiere ganarse el apoyo de esas grandes familias, que cuentan con miles de miembros y constituyen la columna vertebral de la sociedad gazatí, a las que Israel ha intentado a menudo integrar y con las que la convivencia es a veces turbulenta y sangrienta. Bassem Naïm tiene la prueba de ello, con las acciones de uno de los clanes más revoltosos del territorio, conocido por su implicación en la gran delincuencia: “Los Doghmoush mataron a mi hijo el pasado mes de octubre. Al día siguiente de la firma del acuerdo, intentaron sembrar el caos. Somos vecinos de la zona donde se encuentran, en Tal Al-Hawa. E intentaron tomar el control de la zona y matar a cualquiera que no obedeciera sus órdenes.”

Lo que Bassem Naïm se calla es la violencia desencadenada por Hamás tras el asesinato de su hijo. “Hamás reunió a toda la familia Doghmoush, incluidos los más jóvenes, y ejecutó sobre la marcha a unas nueve personas de la familia en lugares públicos, en represalia por el asesinato de su hijo”, relata el analista. “Hamás los acusó de ser colaboradores de Israel. Pero sabemos que, al menos algunos de ellos, no lo eran”. Las ejecuciones sumarias fueron grabadas y las imágenes difundidas por el propio Hamás, a modo de ejemplo.

Esta acusación de colaboración con el enemigo es fácil de utilizar, ya que efectivamente existen informadores, y se aplica ampliamente dentro del movimiento islamista. Contra cualquier persona que se oponga a su política y critique su línea. Bedna Na’ich ha organizado quince marchas de protesta en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. En cada ocasión, se ha esgrimido el argumento de la colaboración para desacreditarlas.

Los opositores que, a diferencia de Moumen al-Natour y algunos otros, no han logrado huir del territorio, corren un grave riesgo. “Hamás publica nuestro nombre en una web dedicada a ello en redes sociales, que se llama: ‘Se ha detenido a un colaborador’. Lo que, evidentemente, nos pone en peligro”, explica el abogado. Describe una maquinaria represiva: “El movimiento ha instalado centros de interrogatorio en varios hospitales. Allí trasladan a los detenidos, les dan una paliza y, después, o los echan a la calle con los huesos rotos, o los ejecutan en público”.

“Hamás controla Gaza, pero únicamente mediante la fuerza y el miedo”, prosigue el analista. “Pero se encuentra en una situación imposible, objetivamente hablando. En estos momentos no existe una posición única dentro de Hamás. Hay diferentes corrientes, y sigue en pleno apogeo la lucha por saber quién dirigirá el movimiento”.

Los resultados de las elecciones para renovar el comité político y sustituir a todos los que fueron asesinados debían haberse anunciado en febrero. Estamos a finales de junio y aún no se han proclamado. Responsables como Bassem Naïm atribuyen este retraso a las limitaciones geográficas y de seguridad.

“Hamás tiene tres componentes: una parte está afincada en la Franja de Gaza, otra en Cisjordania y una tercera en la diáspora. Cada uno de estos tres componentes elige a sus propios dirigentes y designa a una parte de la dirección común, así como a la alta dirección. Esta alta dirección expresa la posición definitiva de Hamás”, explica. “En este momento es difícil ponerse en contacto con todo el mundo, sobre todo en la Franja de Gaza. Las medidas de seguridad alargan mucho los plazos”.

También asegura que las divergencias de opinión y los debates son normales “en un movimiento democrático”.

Sin embargo, numerosos observadores afirman que se está librando una feroz batalla entre la línea de Khalil al-Hayya, originario de Gaza y actual líder del movimiento, y la de Khaled Mechaal, que ocupó el cargo de secretario general. “También influyen muchas dinámicas regionales, ya que los Estados de la región desean que haya alguien con quien dialogar”, explica el analista. “Porque Khalil al-Hayya se ha convertido, según la valoración de numerosos gobiernos, en alguien difícil de tratar. Su nombre está demasiado estrechamente asociado a los últimos tres años. Khaled Mechaal, por su parte, no estaba en el poder. Se le percibe más bien como una figura política capaz, tal vez, de replantear y redefinir la imagen de Hamás.”

Y es que el proyecto del movimiento parece haberse estancado con el 7 de octubre, que los responsables siguen defendiendo. Bassem Naïm se mantiene firme en esa línea. El 7 de octubre no fue un error, ni moral ni estratégicamente. “Creo que fue la decisión correcta en el momento adecuado”, afirma a Mediapart.

Naïm describe la operación que condujo a la masacre y a la toma de rehenes de civiles israelíes y extranjeros como un acto de legítima defensa. Cita el plan Smotrich de 2017, destinado a acabar con el movimiento nacional palestino y con toda posibilidad de un Estado mediante la anexión de todos los territorios palestinos, y afirma que ya se estaba llevando a cabo. Recuerda el bloqueo y la tentación de los Estados árabes de sumarse a los Acuerdos de Abraham.

Ni una palabra sobre las más de 70.000 personas fallecidas en la guerra genocida, los cientos de miles de heridos, a veces discapacitados de por vida, pero sí la certeza de haber logrado romper la imagen de Israel y el apoyo al Estado hebreo en todo el mundo.

El analista gazatí se atreve a afirmar, en voz baja: “De hecho, creo que en Gaza, Hamás oscila entre dos estados de ánimo. La supervivencia, en sentido político y concreto, pero también una tendencia al suicidio. Si nos fijamos en los líderes de Hamás que han sido asesinados recientemente, se observará que muchos fueron asesinados junto a sus familias. Lo que significa que salieron de su escondite y se quedaron con sus familias, sin ocultarse. Para mí, esto indica que algunos se han dado cuenta de que no hay salida. Porque, ¿adónde podrían ir? No tienen adónde ir, salvo hacia la muerte.”

Mediapart entrevistó a Bassem Naïm el 8 de junio en Estambul. Naïm, miembro del comité político de Hamás, está sujeto a sanciones estadounidenses.

Traducción de Miguel López

Vino a conquistar París, pero acabó convirtiéndose en el hazmerreír de la ciudad. Las imágenes del influencer estadounidense Clavicular, una de las figuras de la machosfera seguidor del looksmaxxing —un movimiento que promueve la optimización física extrema—, han inundado las redes sociales. Grabado en directo en las calles de la capital este fin de semana, va de terraza en terraza intentando ligar con mujeres, convencido de que su físico y su mandíbula —que se remodela, según explica él mismo, a martillazos— bastarán para que todas las parisinas caigan rendidas a sus pies. Al final, sufre una larga serie de rechazos, acaba declarando, incrédulo: “Todas deben de ser lesbianas”.

Aunque la derrota en directo de este manfluencer de 20 años, conocido por sus comentarios misóginos, pueda provocar una sonrisa, no debe ocultar un hecho: su ideología no deja de ganar terreno, también en Francia. Así lo constata el informe presentado el miércoles 24 de junio por la delegación de derechos de las mujeres del Senado. Titulado Masculinismo: la nueva ofensiva contra las mujeres, es fruto de siete meses de trabajo, un centenar de comparecencias y un análisis de contenidos en línea.

La primera conclusión de las ponentes es que el movimiento masculinista no se limita a una tendencia en redes sociales impulsada por unos pocos influencers, sino que constituye "un movimiento social y político que pretende acabar con los derechos de las mujeres y, en última instancia, desmantelar nuestros cimientos democráticos", estiman las senadoras. Y añaden: "Al atacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al intentar desacreditar constantemente la voz de las mujeres, al cuestionar derechos conquistados tras décadas de luchas y al exhibir una misoginia violenta y descarada, los movimientos masculinistas representan un riesgo real para nuestra democracia y nuestra cohesión social".

Las redes sociales son el principal altavoz de la machosfera. Sus discursos, por naturaleza muy polarizantes, son propensos a captar la atención y a ser amplificados por los algoritmos. Según un estudio de la Universidad de Dublín citado en el informe, un joven tardaría apenas 26 minutos en recibir recomendaciones de contenidos masculinistas en redes sociales.

"Entre el momento en que empezamos el informe y el momento en que lo entregamos, la proliferación se ha disparado. Teníamos la impresión de estar abordando un tema del mundo virtual y hoy es un asunto que forma parte de la vida de la gente", afirma a Mediapart la senadora socialista Laurence Rossignol, una de las ponentes del informe, junto con sus colegas Béatrice Gosselin, de Los Republicanos, y Olivia Richard, de la Unión Centrista.

"Lo que te cuentan las personas que tienen adolescentes es que un día su hijo les dijo que no iba a recoger la mesa porque no es una tarea de chicos. ¿Dónde ha oído eso? En las plataformas y en los vídeos de los influencers", señala la parlamentaria.

Apoyándose en los códigos del entretenimiento y de la cultura digital, los contenidos masculinistas —que pueden adoptar la forma de vídeos de musculación, piezas humorísticas o consejos de seducción— van modificando poco a poco la visión de las relaciones entre hombres y mujeres de quienes los consumen. Y se difunden progresivamente más allá de su esfera inicial de influencia, sin necesidad de una adhesión inmediata y total por parte de los jóvenes.

Un "veneno" que también entraña un riesgo de radicalización que puede desembocar en violencia. La amenaza terrorista masculinista es actualmente objeto de seguimiento por parte de los servicios de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que tiene en el punto de mira a "una decena de individuos susceptibles de radicalización violenta", según el informe. Todos ellos menores de 21 años.

En julio de 2025, se frustró un atentado en Saint-Étienne, en el departamento del Loira. La Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un joven de 18 años que se identificaba con el movimiento incel —el acrónimo de "celibato involuntario", una de las comunidades más radicales de la machosfera—, que proclamaba el odio hacia las mujeres, a las que responsabilizaba de la insatisfacción sentimental masculina.

Ante esta dinámica, las ponentes llaman a un "despertar de las conciencias" y formulan 24 recomendaciones. Entre ellas, la elaboración de una estrategia interministerial dirigida por una estructura única "encargada de la observación del masculinismo", cuya misión sería coordinar las "políticas públicas de prevención y lucha contra los movimientos masculinistas".

También piden "llevar al ámbito europeo la ambición de hacer frente al modelo económico de las plataformas y redes sociales", mediante una estrategia de desmonetización de los contenidos sexistas, misóginos y masculinistas, con el objetivo de privarlos de ingresos publicitarios. El informe recomienda, además, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida defendida por el Gobierno.

Para Laurence Rossignol, el auge de estos discursos de la machosfera no tiene nada de espontáneo, sino que responde a un proyecto político: "Antes del segundo mandato de Donald Trump, se podía reprochar a las plataformas su desinterés por la regulación. A partir del momento en que todo Silicon Valley se alineó políticamente con Trump, la situación cambió: las plataformas pusieron sus algoritmos al servicio de este tipo de movimientos".

Ese enfoque coordinado entre distintos actores para defender una agenda política también ocupa un lugar central en un informe de Amnistía Internacional Francia (AIF), publicado el jueves 25 de junio. El documento se centra en los movimientos antigénero —de los que el masculinismo es una de las facetas— y que tienen "una ambición clara: menoscabar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ mediante diversos tipos de estrategias y medios", explica a Mediapart Lola Schulmann, responsable de incidencia en justicia de género en AIF.

El informe documenta cómo los derechos de las mujeres y la igualdad de género son cuestionados por distintos actores con el objetivo de rehabilitar las normas patriarcales y reducir el alcance de las políticas públicas de igualdad.

Toma como ejemplo la educación. Para el inicio del curso escolar de 2025 se elaboró y puso en marcha un programa de educación para la vida afectiva, social y sexual (Evars), dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa "generó una fuerte oposición por parte de colectivos como SOS Educación y Padres Vigilantes, que presionaron al Gobierno redactor del programa hasta conseguir la supresión de términos como transfobia", precisa el informe. Padres Vigilantes es una rama de Reconquista, el partido de extrema derecha de Éric Zemmour.

AIF recuerda asimismo que algunos masculinistas intentaron saturar de llamadas la línea 3919, destinada a atender a mujeres víctimas de violencia machista. Estos movimientos antigénero multiplican, además, los actos de violencia e intimidación contra asociaciones de la comunidad LGTBQIA+.

En Lyon, en marzo de 2026, un centro LGTBI fue objeto de una infiltración llevada a cabo por el colectivo Eros, que dice querer "luchar contra las derivas ideológicas woke y LGTBI". En Rennes, en mayo de 2025, otro espacio de este colectivo fue blanco de actos vandálicos, con pintadas insultantes, al igual que un local en Le Mans, según precisa el informe.

Otra ofensiva de los movimientos antigénero es el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, "objeto de diversos ataques que combinan acciones locales, presiones políticas, campañas de desinformación y estrategias transnacionales".

En Estrasburgo, el centro de planificación familiar ha sufrido varios actos vandálicos, con la colocación de pegatinas hostiles contra los médicos que practican abortos. Durante los debates sobre la constitucionalización de este derecho, en mayo de 2023, se pegaron en bicicletas de París adhesivos con mensajes contra el aborto.

Todas estas acciones las llevan a cabo distintos grupos que comparten un mismo proyecto: cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. Además, cuentan con una financiación en constante aumento. El informe se apoya en cifras del Foro Parlamentario Europeo para señalar que Francia "sería el segundo país [europeo] con mayor financiación destinada a combatir la igualdad de género, con 165,7 millones de dólares, solo por detrás de Hungría, con 172 millones de dólares".

Uno de los principales actores en la financiación del movimiento antigénero, según AIF, es el multimillonario Pierre-Édouard Stérin, que "invierte masivamente en proyectos educativos, mediáticos y políticos —colegios no concertados, influencers católicos, medios conservadores— y en la formación de dirigentes políticos cercanos a la extrema derecha". Esto contribuye a "consolidar a largo plazo a las organizaciones contrarias a los derechos, permitiéndoles ocupar un espacio mediático cada vez mayor y coordinar sus mensajes".

"Es importante demostrar hasta qué punto estas organizaciones están sobrefinanciadas. Frente a esto, las autoridades públicas se están desentendiendo bastante", opina Lola Schulmann, que pide al Gobierno una condena clara de las declaraciones y acciones antigénero, una mayor protección legislativa para quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y una financiación acorde con las amenazas que pesan hoy sobre estos avances.

Esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ no se limita a Francia. En su informe, AIF detalla los múltiples intentos de cuestionamiento a escala internacional y las cooperaciones que existen entre actores estatales y no estatales.

El derecho al aborto está siendo cuestionado en Polonia, donde sigue prohibido, pero también en Eslovaquia, con "al menos 20 proyectos de ley contra el aborto presentados entre 2018 y 2021", detalla el informe.

Los derechos de las personas trans también están siendo cuestionados. En su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto que establecía como política oficial de Estados Unidos el reconocimiento exclusivo de "dos sexos, masculino y femenino". En el Reino Unido, el 16 de abril de 2025, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo establece que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

AIF detalla asimismo la cooperación entre Estados a escala internacional para restringir determinados derechos. Como ejemplo, cita la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, redactada durante el primer mandato de Donald Trump y contraria al derecho al aborto. Actualmente la han firmado 41 Estados de todo el mundo.

Traducción de Miguel López

El “efecto Mamdani” continúa en Nueva York. Un año después de dar la sorpresa al imponerse en las primarias demócratas para las elecciones municipales y de ganar en noviembre de 2025, el alcalde de la megalópolis americana vivió una nueva noche de triunfo el martes 23 de junio.

Los tres candidatos y candidatas a las primarias demócratas que Mamdani apoyaba han sido designados para las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026: Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, y Claire Valdez, de 36, dos activistas procedentes del mismo movimiento que Zohran Mamdani, los Socialistas Demócratas de América (DSA), y un aliado político, el exinterventor municipal Brad Lander, de 56 años.

La apuesta parecía arriesgada para algunos, que no veían con buenos ojos la voluntad del político de 34 años de seguir trastocando el orden político establecido.

La afro-latina Darializa Ávila Chevalier, rápidamente apodada DAC (en referencia a quien había iniciado su carrera política con una victoria en 2019, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC) y Brad Lander han derrotado a dos diputados salientes respaldados por la élite demócrata tradicional de la ciudad, representada por los principales sindicatos y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Brad Lander venció al titular Daniel Goldman, que se había enfrentado a Zohran Mamdani en las elecciones de 2025 y contaba con el apoyo de el lobby proisraelí AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Por su parte, Claire Valdez derrotó al candidato respaldado por la representante saliente, Nydia Velázquez, que se ha retirado de la política.

En un discurso para celebrar la victoria de DAC, Zohran Mamdani hizo elogios a una “campaña increíble” y se alegró de que los seguidores de la candidata hubieran “convertido un sueño en realidad”. Explicó que había apoyado a Darializa Avila Chevalier porque no ve a “nadie mejor que la hija de una trabajadora social, madre soltera, que lleva mucho tiempo luchando por la clase trabajadora, ha defendido a los neoyorquinos detenidos injustamente por la ICE y ha abogado por una política exterior destinada a que nazcan bebés en lugar de bombas”.

DAC, que se implicó en las movilizaciones por Gaza de la primavera de 2024 en la Universidad de Columbia, llevó a cabo una campaña centrada en cuestiones económicas y sociales, pero también en la denuncia de la guerra genocida de Israel. Se presentó en un distrito que abarca el norte de Manhattan y el Bronx, poblado mayoritariamente por inquilinos.

“Ha llegado nuestra hora”, afirmó Darializa, aunque, añadió, “no será fácil, porque el fascismo está ganando terreno”. El representante saliente, en el cargo desde 2017, Adriano Espaillat, influyente presidente del Caucus (grupo parlamentario) hispano del Congreso, fue barrido por una ola de cambio, simbolizada por Zohran Mamdani. Este último subrayó que su designación hace un año en las primarias “no fue una anomalía”. “No fue el final, fue el principio”, añadió.

La otra figura de este cambio generacional e ideológico es Claire Valdez, una sindicalista miembro de los DSA que ganó en el séptimo distrito de Nueva York, que abarca parte de Brooklyn y Queens y se ha convertido en un bastión de los DSA, hasta tal punto que se le ha apodado el Commie Corridor (el corredor comunista).

Estas victorias de los candidatos y candidatas apoyados por Mamdani confirman el auge de una izquierda más combativa, tanto en cuestiones sociales y económicas como en la oposición a Israel, dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio mandato y, más allá de estas, a las presidenciales de 2028. “Hemos demostrado que existe una nueva vía política para nuestra ciudad y para el país”, señaló Zohran Mamdani.

En un comunicado, uno de los responsables de los DSA en Nueva York, Gustavo Gordillo, destacó que su formación había reforzado su influencia en Nueva York durante los últimos diez años.

“Nuestro movimiento demuestra que los socialistas demócratas no se conforman con llevar a cabo campañas victoriosas: gobernamos con mayor competencia y cumplimos realmente nuestras promesas”, escribió. “Los neoyorquinos comprueban lo que los socialistas demócratas pueden hacer por ellos cuando ocupan cargos electivos, y los resultados son claros: quieren más líderes socialistas”.

La DSA ha optado por participar en las primarias demócratas. Su análisis es que la única solución es sacudir el partido desde dentro, en lugar de intentar abrirse paso como una tercera fuerza, algo que nunca ha tenido éxito en un sistema político binario dominado por dos partidos tradicionales.

Traducción de Miguel López

Con un bigote impecable y un polo gris por dentro del pantalón, Manuel Corchia trabaja alrededor del estrado para variar los ángulos de las tomas. Oculto tras el objetivo de su cámara, el joven se mimetiza perfectamente con el entorno, el 11 de febrero de 2026, en una de las salas de conferencias del hotel Hilton de Estrasburgo.

Ese día, este suizo de 25 años se desplazó hasta allí para encargarse de la cobertura fotográfica y de vídeo de una mesa redonda organizada por la Fundación Patriotas por Europa, el think tank del grupo de eurodiputados de extrema derecha en el que participan los representantes de la Agrupación Nacional (RN) en el Parlamento Europeo, que preside Jordan Bardella (y también otros partidos políticos ultras como Vox, ndt).

Unos días más tarde envió su factura a la sede de la fundación en París. En aquel momento, de hecho, y antes de un reciente cambio en la dirección, la estructura aún estaba gestionada por los franceses de la RN, Raphaël Audouard como director y la eurodiputada Mathilde Androuët como tesorera.

Poco después, el 25 de marzo, el think tank —financiado con fondos públicos procedentes de las cuotas de los eurodiputados de Patriotes por Europa y del Parlamento Europeo— realizó una transferencia de 2.648,45 euros a nombre de Manuel Corchia.

El 19 de febrero, el camarógrafo volvió a aparecer cámara en mano en Viena (Austria), esta vez para una conferencia de la fundación sobre la libertad de expresión.

Tras convertirse en proveedor de servicios de comunicación de uno de los grupos políticos más influyentes del Parlamento Europeo, Manuel Corchia tiene motivos para el regocijo. Hace tan solo unos años, este nativo de Zúrich —que no ha respondido a ninguna de las preguntas de Mediapart— solía aparecer encapuchado en las redes sociales, pues este hombre es una de las figuras más activas del movimiento neonazi en la Suiza germanófona.

Su trayectoria habla por sí sola. A principios de 2020, fundó la Eisenjugend (juventud de hierro), un grupúsculo “aceleracionista” —esta corriente manifiesta su voluntad de precipitar el estallido de una guerra racial apocalíptica a partir de la cual reconstruir una sociedad blanca—. En su canal de Telegram, el grupo comparte con sus miembros el manifiesto del terrorista neozelandés Brenton Tarrant, autor en 2019 del atentado de Christchurch (51 víctimas), así como escritos del neonazi estadounidense James Mason.

El 20 de abril de 2020, aniversario de Adolf Hitler, Manuel Corchia y un puñado de militantes muy jóvenes se colaron en una videoconferencia de la Universidad de las Artes de Zúrich, donde el líder de la Eisenjugend estudia ilustración científica. Allí se escucharon consignas como “¡Heil Hitler!” y “¡Sieg Heil!”, según informa la revista belga Le Vif.

Unos meses más tarde, en agosto de 2020, la policía registró el domicilio del estudiante, que entonces tenía 19 años y era además miembro de un club de tiro. Se incautaron varias armas de fuego. “Me enseñó su colección de armas. Un kaláshnikov, dos rifles, dos pistolas. También guarda munición en su casa”, confesó un amigo de la infancia de Manuel Corchia en una investigación del diario suizo Tages-Anzeiger publicada ese mismo año.

Según varios medios suizos, se trata, de hecho, del líder neonazi que aparece oculto bajo un pasamontañas negro, con un fusil de asalto en la mano y un chaleco militar, en un breve vídeo de propaganda difundido por la Eisenjugend en el momento de su creación. Al ser consultado por Mediapart sobre este punto, Manuel Corchia no respondió. En el mismo vídeo, miembros del grupúsculo quemaban la bandera de Israel y la de… la Unión Europea (UE).

Manuel Corchia, al igual que otros cuatro miembros de la Eisenjugend, fue condenado en 2021 a multas provisionales por discriminación racial, deterioro de bienes e infracción de la ley de armas. Según el semanario Die Wochenzeitung, poseía, entre otras cosas, un AK-47 sin autorización.

Oficialmente, el activista, imbuido de la teoría racista del “gran reemplazo”, ha expresado luego su arrepentimiento. En un vídeo publicado en 2022, dijo que lamentaba “un mal comienzo”, un “error”, y aseguraba que se había distanciado del nacionalsocialismo. “Nuestras acciones, así como nuestras reivindicaciones, se inscriben claramente en un marco democrático y conforme al Estado de derecho”, afirmó.

A finales de 2020, Manuel Corchia fundó, de hecho, un nuevo grupúsculo, bautizado como Junge Tat (acción joven), supuestamente más respetable que la Eisenjugend. Pero está bien lejos de haber renunciado a la glorificación del nazismo. Su logotipo, una runa Týr, remite al emblema utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por un batallón de las SS. Su vídeo de presentación, en el que se ve a los miembros de Junge Tat entrenándose en boxeo o posando encapuchados y con uniformes de camuflaje en el bosque, muestra además una obra del escritor nazi Kurt Eggers.

El grupúsculo, vigilado por los servicios de inteligencia suizos y por Europol según Le Temps, ha multiplicado las acciones de impacto en el país en los últimos años, por ejemplo, desplegando pancartas xenófobas o alterando concentraciones LGTBQIA+. Algunas de ellas provocaron que seis miembros del grupúsculo dirigido por Manuel Corchia fueran condenados mediante penalmente por la fiscalía de Zúrich en 2024.

El turbio historial del suizo no le ha impedido, al parecer, abrirse camino entre los proveedores de servicios de comunicación de la Fundación Patriotas por Europa.

Contactados por Mediapart, ni la RN, ni Raphaël Audouard ni la eurodiputada Mathilde Androuët han respondido a nuestras preguntas a pesar de nuestros insistentes intentos. El grupo de los Patriotas por Europa tampoco ha dado respuesta a nuestras solicitudes.

¿Recibió Manuel Corchia algún tipo de ayuda? En las dos conferencias de febrero que él mismo grabó y fotografió, intervino la eurodiputada austriaca del Partido de la Libertad (FPÖ) Petra Steger. Porque uno de sus asistentes parlamentarios parece ser miembro de Junge Tat, según varias fotos publicadas por el grupo neonazi en su canal de Telegram. Al ser preguntados también por Mediapart sobre su posible intervención a favor del joven, ni la diputada ni su colaborador han reaccionado.

El talento del líder de Junge Tat para crear vídeos de propaganda bastante bien producidos ha atraído a otros clientes dentro de la extrema derecha más radical. El 30 de mayo, este allegado al activista identitario austriaco Martin Sellner, principal impulsor del concepto de “remigración” —que designa un proyecto de expulsión masiva de extranjeros y ciudadanas de origen extranjero—, realizó algunos vídeos para la “Cumbre de la remigración”, organizada por la extrema derecha europea en Oporto (Portugal).

“Actualmente estamos siendo sustituidos”, argumentaba Manuel Corchia unas semanas antes en el canal de YouTube de Junge Tat. “Por lo tanto, el fundamento étnico de nuestra democracia, de nuestra sociedad, de nuestra civilización y de Europa en su conjunto está siendo destruido”. Y añadía: “No se trata solo de la expulsión de los inmigrantes ilegales y los delincuentes, tal y como ya prevé la ley. Se trata más bien de encontrar una solución global”.

Se suponía que el asunto estaba zanjado. Cuando, en la primavera de 2023, Frédéric Chatillon y Axel Loustau volvieron a prestar su apoyo a la marcha neonazi del Comité del 9 de Mayo (C9M), en París, la RN rompió oficialmente relaciones con los dos exdirigentes del GUD (sindicato de estudiantes ultraderechistas, ya disuelto, ndt), que durante mucho tiempo habían sido figuras imprescindibles en el mundillo de los proveedores de comunicación del partido. En concreto, ambos se vieron obligados a ceder a uno de sus allegados sus participaciones en la empresa e-Politic, que sigue siendo hoy en día el principal proveedor de servicios de comunicación de la RN.

Pero los nombres de estos dos amigos de la juventud de Marine Le Pen no dejan de reaparecer para entorpecer la campaña de “desdemonización” de la formación de extrema derecha. Mediapart ha obtenido nuevos documentos que demuestran que Frédéric Chatillon ha seguido beneficiándose discretamente de fondos públicos de la Fundación Patriotas por Europa.

La agencia de viajes Dreamwell, que Frédéric Chatillon cofundó en 2010 a través de su empresa Riwal, recibió de hecho varios miles de euros en concepto de servicios, al menos hasta hace unos meses. En 2024, por ejemplo, facturó 3.807 euros por un viaje a Hungría con motivo del CPAC, el gran encuentro ultraconservador.

En la mayoría de los casos, la empresa recibió pagos porque la agencia de comunicación e-Politic recurrió a sus servicios para los desplazamientos realizados en el marco de rodajes encargados por la fundación del grupo Patriotas presidido por Jordan Bardella. Dreamwell, que, por cierto, tiene su domicilio social en la misma dirección que e-Politic, pudo así facturar 630 euros en noviembre de 2025 y, posteriormente, 646 euros al mes siguiente.

Según los últimos movimientos registrados en el capital de Dreamwell, Frédéric Chatillon aún poseía el 70 % de las participaciones a través de su holding italiano a 31 de diciembre de 2024. ¿Ha cambiado luego la distribución? Al ser contactados, ni el exmiembro de la RN ni la directora y accionista al 30 % de la agencia respondieron a las preguntas de Mediapart. La RN tampoco ha dado ninguna respuesta.

Traducción de Miguel López

En 2050, el mundo respira con tranquilidad. La temperatura ambiente no supera los 25 °C gracias a una gigantesca cúpula refrigerante construida por los magnates de la exploración minera en Marte. Han respondido al llamamiento de Elon Musk para crear un gigantesco sistema de aire acondicionado. En el firmamento, los extraterrestres sobrevuelan un antiguo planeta azul que se ha vuelto gris bajo su cielo artificial. “Ah, estos humanos, siempre con alguna nueva locura”.

¿Una locura? No más que la idea de que vamos a aliviar el sufrimiento causado por las olas de calor climatizando todo y en todas partes. “EL aire acondicionado es LA solución”, declaró el viernes 19 de junio el diputado de la Agrupación Nacional (RN) Franck Allisio. Ese mismo día, Marine Le Pen reafirmó ante los periodistas su voluntad de aplicar un “gran plan climático” si fuera elegida presidenta de la República. En los canales de noticias 24h, el tema del aire acondicionado se repitió hasta la saciedad durante todo el fin de semana.

Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Del derecho al frescor y a unas temperaturas que no pongan en peligro la salud física y mental? ¿De diversas técnicas para refrescar los espacios de vida y de trabajo? ¿O de la instalación, tan simple como perjudicial, de aparatos eléctricos para generar frío en casa?

Esta última opción no tiene nada de indigno en sí misma: nadie puede soportar durante mucho tiempo vivir en una vivienda donde la temperatura no baja de los 30 °C. Sería injusto reprochar a las personas que sufren tales condiciones que intenten evitarlas. Las viviendas de hormigón construidas masivamente en Francia desde el siglo XX son incompatibles con el confort mínimo de vida en una situación de calentamiento global, a menos que se renueven por completo, algo que los especialistas llevan décadas explicando, pero que los sucesivos gobiernos apenas han puesto en práctica.

Pero pretender resolver el problema de la adaptación a los trastornos climáticos generalizando el aire acondicionado individual es tan absurdo como peligroso. Se trata de un pensamiento mágico y de simplismo tecnológico.

En primer lugar, porque nunca será posible climatizarlo todo. ¿Y qué pasa con las calles, las vías férreas, los establos, los campos donde trabajan los agricultores, y las obras de construcción?

Por otra parte, climatizar las viviendas con un alto consumo energético supone garantizar un aumento vertiginoso del consumo eléctrico de quienes viven en ellas y, por tanto, de su factura. Un regalo que parece bueno, pero que en realidad no lo es, para los hogares en situación de precariedad.

En la ciudad, las bombas de calor denominadas “reversibles” —porque también generan frío—, cuando son eficaces y están bien reguladas, pueden aliviar el sufrimiento que causan las temperaturas extremas en el interior de la vivienda, ya que son más eficaces que los aparatos que solo refrigeran. Se trata de aparatos costosos, que funcionan de manera óptima en edificios que no son “coladores energéticos”.

Resultado: los aparatos de aire acondicionado rudimentarios y baratos que se venden cada vez más en Francia enfrían las viviendas calentando el aire de las ciudades, lo que a su vez calienta las viviendas, que suben el aire acondicionado, lo que hace que la temperatura vuelva a subir. El círculo vicioso de la "maladaptación" funciona a pleno rendimiento. Y para quienes sufren las olas de calor actuales y futuras, es una triple pena: pasar demasiado calor en casa, fuera de ella y agotar su presupuesto en facturas de electricidad.

Entonces, ¿a qué se debe tanta presión a favor de la climatización? Se trata de un atractivo mercado emergente en Francia para la industria. Es una aparente varita mágica para resolver de un plumazo un problema complejo.

Los especialistas en clima y transición energética hablan de “maladaptación” para describir las falsas soluciones a los trastornos climáticos: captura y almacenamiento de carbono, megabalsas, coches eléctricos como única vía para la descarbonización del transporte, etc.

El “todo por el clima” es un ejemplo típico de mala argumentación. Ocupa el lugar de un debate mucho más urgente, ya que es sistémico: la creación de un verdadero servicio público de enfriamiento, al igual que se necesitaría un verdadero servicio público de rehabilitación o de confort térmico.

Porque, para que todo el mundo tenga acceso al fresco, existen alternativas al aire acondicionado: las redes de aire fresco subterráneas en la ciudad, la vegetación, la eliminación del asfalto en los espacios que lo permitan —por ejemplo, los patios de los colegios—, la generalización de las contraventanas, la pintura reflectante en los tejados y la ventilación. Pero también la apertura gratuita de museos y salas de conciertos.

Regular la circulación de los coches para que circulen el menor número posible por la ciudad durante las olas de calor, teniendo en cuenta su efecto de calentamiento; dejar de construir con hormigón para no seguir encerrando a la gente en futuras viviendas que tienen el doble inconveniente de ser demasiado calurosas durante el día para sus ocupantes y de liberar por la noche aún más calor al aire (es el fenómeno de las islas de calor urbanas); reducir la jornada laboral y desplazar las actividades a los momentos del día en los que el sol no pega fuerte.

El aire acondicionado no es un enemigo demoníaco contra el que luchar. Con el aumento de las temperaturas, se volverá necesario para mantener habitables edificios diseñados para otro clima: colegios, administraciones, consultas médicas, residencias para personas vulnerables, salas de urgencias, transporte público.

¿Colegios, universidades, administraciones, hospitales, transporte público? Los lugares que más sufren ante las temperaturas extremas son los del servicio público. Allí donde se aplican las políticas puestas en marcha por la comunidad en nombre del interés general y del lema republicano “libertad, igualdad, fraternidad”, al que sin duda sería muy útil añadir el objetivo de la habitabilidad, tal y como proponen el jurista Laurent Neyret y el filósofo Baptiste Morizot.

Así pues, si las palabras tienen sentido —y la de “aire acondicionado” no tiene más que las demás—, la mejor manera de refrescar a un pueblo agobiado por el peso de la ola de calor es salvar y reforzar los servicios públicos, los lugares de protección, de atención, de solidaridad y de cuidado de la colectividad.

Y, de paso, se ven claramente los límites de las políticas del “todo eléctrico” y del “todo nuclear”. Por mucho que Francia sea el país más nuclearizado de Europa, también es aquel cuya capital es la más mortífera para la población en épocas de ola de calor.

Al final de este razonamiento hay una buena noticia: es posible otro tipo de aire acondicionado, sin mentiras ni promesas vacías de la extrema derecha.

Este artículo se modificó el 23 de junio, hacia las 7:35, para corregir la descripción de las bombas de calor reversibles. Gracias a las lectoras y lectores por su atención.

Traducción de Miguel López

Decir que la concesión de una parte del dominio público marítimo de la bahía de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) al gigante español Iberdrola, para construir allí un gigantesco parque de 62 aerogeneradores gigantes, inaugurado en 2024, ha desatado críticas desde hace tiempo, es quedarse corto. Porque el grupo tiene mala reputación; porque la empresa había perdido la licitación y, a pesar de ello, se le concedió la concesión en 2012; porque los pescadores se han visto muy perjudicados; porque la fauna y la flora marinas están amenazadas; y porque se trata de la apropiación de un bien común que debería ser inalienable.

Pero, mes tras mes, las polémicas se fueron atenuando, pues el grupo Iberdrola se comprometió desde el principio a crear un gran número de puestos de trabajo. El 17 de abril de 2012, durante la presentación del proyecto, Jean-Christophe Chomette, entonces director para Francia del grupo eléctrico español, anunció la creación de 2.000 puestos de trabajo directos, tal y como informó Les Échos.

Y en 2016, el diario Ouest-France detallaba los compromisos adquiridos por Iberdrola en el expediente presentado en el marco de la investigación pública sobre las repercusiones económicas y sociales para Saint-Quay-Portrieux, elegido para convertirse en el futuro puerto de mantenimiento: en él se indicaba que se crearían 140 puestos de trabajo, sin contar los indirectos, derivados del sector del alojamiento y los servicios de proximidad.

De esta manera, los partidarios del proyecto —entre los que se encuentran los sucesivos gobiernos de François Hollande y, posteriormente, de Emmanuel Macron, los dirigentes socialistas de la región de Bretaña, pero también los líderes de Europa Ecología-Los Verdes— se han burlado durante mucho tiempo de las críticas formuladas por quienes se oponen al proyecto. Y estos opositores, liderados por una asociación ecologista muy combativa llamada “Gardez les caps” (Mantened los rumbos), se han visto a menudo muy aislados.

En retrospectiva, queda claro que la promesa de Iberdrola no era más que un engaño. Y es que la multinacional española y su filial para la bahía de Saint-Brieuc, denominada Ailes Marines, se han visto infladas de subvenciones públicas, lo que les ha permitido obtener beneficios considerables. Pero los puestos de trabajo anunciados se han esfumado.

Y aún peor, según nuestra información, que confirma la de la web GreenUnivers, Iberdrola Francia acaba de elaborar, de forma muy discreta, un plan de salvaguarda del empleo (PSE), del que Mediapart ha podido obtener una copia a través de los servicios del Estado.

Este documento de 39 páginas, remitido con fecha del 16 de junio de 2026 a la Dirección Regional de Empresas, Competencia, Consumo, Trabajo y Empleo (Drieets), es el acuerdo mayoritario alcanzado entre la delegación sindical y los directivos de la unión económica y social (UES) de Iberdrola, que agrupa las tres estructuras francesas de la empresa: Iberdrola Énergie France, Iberdrola France y Ailes Marines.

En él aparecen, en estos términos, los planes de la dirección: “Iberdrola Énergie France: 15 supresiones de puestos de trabajo que podrían dar lugar a 15 rescisiones de contratos de trabajo por causa económica. Iberdrola France: 17 supresiones de puestos de trabajo que podrían dar lugar a 10 rescisiones de contratos de trabajo por causa económica”. En total, se están preparando 25 despidos en estas dos entidades, cuya plantilla actual es de 15 y 93 personas, respectivamente, lo que suma un total de 108 empleados.

El documento detalla los puestos afectados por estos recortes drásticos: se encuentran en la sede central, en La Défense (Hauts-de-Seine), y no en el parque ni en Saint-Quay-Portrieux.

Cabe señalar que, en el caso de la tercera entidad, Ailes Marines, no se ha anunciado ningún despido por una razón que no es baladí: esta filial, que es de hecho la “máquina de hacer dinero” del grupo en Francia, no tiene empleados —pronto se entenderá el motivo— y utiliza a tiempo completo personal cedido por Iberdrola France.

“Las notificaciones de despido podrían producirse a lo largo del mes de agosto de 2026”, precisa el documento. En la mayoría de los casos, se prevén despidos forzosos, pero el proyecto prevé “limitar el recurso a los despidos económicos forzosos permitiendo que los empleados no afectados por las supresiones de puestos previstas en el PSE se presenten voluntarios para una salida externa, con la condición expresa de que su salida permita la reincorporación efectiva de un empleado inicialmente afectado por un procedimiento de despido económico”.

Apenas dos años después de la puesta en marcha del parque eólico de la bahía de Saint-Brieuc, este plan de despidos pone de manifiesto la destructiva política social de Iberdrola. Y es que el grupo ha limitado en la medida de lo posible las contrataciones, recurriendo al máximo a la subcontratación. Por ejemplo, el conglomerado alemán Siemens es el que se encarga del mantenimiento de los aerogeneradores.

Otro ejemplo: la naviera noruega Edda Wind ha fletado el Goelo Enabler (recién rebautizado como Grampian Goelo), un barco-hotel de 85 metros de eslora que realiza el trayecto entre Saint-Malo y el parque para trasladar a los técnicos de mantenimiento. A bordo, el mando es francés, pero toda la tripulación, con salarios más bajos, procede de Bulgaria o de Estonia.

Y, si dejamos de lado los puestos de trabajo directos generados por la subcontratación, el balance de la UES Iberdrola, en lo que respecta a sus propias actividades, también es muy sombrío. Y es que, según nuestra información, en los últimos meses, a los 25 despidos del plan de ajuste hay que sumar cerca de 50 bajas, de las cuales 25 son traslados y 25 rescisiones de contrato. Según los numerosos testimonios anónimos que hemos podido recabar, muchos empleados cansados, desocupados, desmoralizados o víctimas de sufrimiento laboral han preferido abandonar la empresa.

Porque, entre 2023 y 2026, el grupo solo ha realizado 35 contrataciones. La conclusión es implacable: en Francia, el grupo Iberdrola ha suprimido muchos más puestos de trabajo de los que ha creado.

La preocupación entre los equipos de Iberdrola es aún mayor pues el grupo ha vendido la totalidad de sus actividades en el sector eólico terrestre en Francia, y en el marino solo cuenta con el parque de la bahía de Saint-Brieuc. Por lo tanto, cada vez es menos probable que se presente a la décima licitación de energía eólica marina (AO10) que el Gobierno lanzó el 12 de junio. Y en el caso de que Iberdrola renuncie a participar, un rumor persistente dentro del grupo sugiere que se barajaría entonces un segundo plan de despidos.

Esta situación se vive con especial malestar en la plantilla, sobre todo porque el grupo obtiene unos beneficios que no dejan de aumentar y que alcanzarán nuevas cotas en los próximos años. Ya en 2024, primer ejercicio real de explotación, Ailes Marines —que se queda pues con todos los beneficios— obtuvo un resultado neto de 54,3 millones de euros. Y este resultado debería registrar un fuerte aumento en 2025, al igual que los resultados mundiales del grupo, que arrojan un beneficio neto impresionante de 6,2 mil millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 12 %.

Entonces, ¿cómo entender, en un contexto así, que el grupo proceda a realizar despidos en Francia? Esto se vive con especial malestar en las entidades francesas, ya que el conglomerado español ha ideado un mecanismo para no compartir los beneficios que obtiene: como la filial Ailes Marines, que los recauda, no tiene empleados, elude las obligaciones legales en materia de participación y reparto de beneficios.

Pero lo más impactante para muchos empleados es que estos beneficios provienen en gran parte de las colosales subvenciones públicas de las que se beneficia el grupo. Estas subvenciones se derivan, en su mayor parte, de las tarifas de compra de electricidad excesivamente favorables de las que Iberdrola se ha beneficiado desde el principio gracias al apoyo personal de Emmanuel Macron, quien acudió al cabo de Fréhel, a poca distancia del parque eólico, para anunciar la buena nueva a la empresa.

Según los mejores especialistas, el precio de compra garantizado a Iberdrola por la Red de Transporte de Electricidad (RTE) ya era muy elevado en 2018, ya que alcanzaba los 155 euros por megavatio-hora (MWh). Sin embargo, esta tarifa garantizada pasó en enero de 2024, para la bahía de Saint-Brieuc, a 196,35 euros/MWh, lo que convierte a este parque en el más rentable de Francia.

Esta tarifa excesivamente favorable concedida al parque de Saint-Brieuc está engrosando las arcas de Iberdrola en unas proporciones que la Dirección General de Energía y Clima (DGEC) llegó incluso a cuantificar, cuando la tarifa de compra era de 155 euros/MWh.

Este organismo del Ministerio de Ecología había estimado que esta tarifa, mantenida durante los veinte años de duración de la concesión, equivaldría a una “ayuda pública” de 4.700 millones de euros, es decir, una media de 235 millones de euros al año. Pero, dado que la tarifa de compra es ahora más de un 20 % superior a los datos utilizados para esa evaluación, se puede fácilmente estimar que el “apoyo público” ronda ahora los 300 millones de euros al año, si no más. Un experto del sector asegura incluso que el apoyo ascendería ahora a 350 millones de euros al año.

Esta cifra de 4.700 millones de euros de apoyo público para Saint-Brieuc ya figuraba, en la página 7, en un documento de la Comisión Europea de 2019. En él se precisaba que dicho importe era “igual a la diferencia entre el nivel de tarifa concedido al proyecto y el precio de mercado o el coste evitado”.

Así se comprende la indignación de los detractores de este proyecto fuera de lo común, que ha estado salpicado de numerosas irregularidades y que tiene efectos devastadores para la fauna y la flora marinas, tal y como acaba de subrayar en un comunicado la asociación Gardez les caps.

Pero como el grupo Iberdrola está forrado, ha tenido la habilidad de repartir generosas donaciones a las administraciones locales vecinas y asociaciones de la bahía de Saint-Brieuc. Un solo ejemplo: el comité departamental de vela de Côtes-d’Armor (CDV 22) recibió de Ailes Marines una generosa donación de 17.960 euros al año durante más de diez años. Esto ha llevado a dicho comité a organizar, los días 20 y 21 de junio, una regata excepcional alrededor del parque eólico, que reunió a numerosos invitados, entre ellos muchos políticos locales.

El resultado es evidente: en toda la zona, por el momento solo se habla del evento deportivo patrocinado por Iberdrola. Pero del plan de despidos, del egoísmo social del grupo español y del capitalismo depredador que simboliza, nadie ha dicho ni una palabra. Al menos hasta ahora.

Poco después de la publicación de este artículo, la empresa Iberdrola, a la que se había consultado previamente, comunicó que no deseaba hacer ningún comentario.

Traducción de Miguel López

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella ha confirmado el impulso que le había situado hace tres semanas como ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, al imponerse en la segunda vuelta, celebrada el domingo 21 de junio, frente a su rival de izquierda, Iván Cepeda, con una ventaja de unos 250.000 votos (el 49,7% de los votos frente al 48,7%). “Es el comienzo de una nueva historia para la nación, de una nueva era”, declaró el abogado de 47 años en Barranquilla, en la costa caribeña de este país sudamericano, tras unos cristales antibalas y ante miles de sus seguidores.

Siguiendo los pasos de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y José Antonio Kast en Chile, Abelardo de la Espriella, apodado “El Tigre”, ha ganado apoyándose en un discurso antisistema, ultrapolicial y religioso en un país profundamente dividido y asolado por la violencia. El domingo por la noche, Abelardo de la Espriella, todavía vestido con la camiseta de la selección nacional masculina de fútbol, lanzó, sin embargo, un llamamiento a la unidad nacional.

“No habrá vencedores ni vencidos, no habrá represalias ni persecuciones. Voy a gobernar para todos los colombianos”, afirmó, prometiendo “una Colombia de todos para todos”.

No obstante, dirigiéndose al presidente saliente, Gustavo Petro —quien ha puesto en duda los resultados a la espera de las cifras definitivas— y a Iván Cepeda, les instó a reconocer su victoria y a no provocar un “incendio social”. “El Tigre puede morder aún más fuerte de lo que lo ha hecho en las urnas”, declaró el presidente electo dirigiéndose a su adversario derrotado.

También prometió perseguir “sin tregua a los delincuentes, en el marco de la Constitución y las leyes de la República”. “Ninguna organización estará por encima de la Constitución y la ley”, subrayó. “A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionadores, a los corruptos que desvían los recursos del pueblo, les anuncio esta noche que Colombia vuelve a tener un Gobierno y un Estado”.

Iván Cepeda, que no ha podido remontar su desventaja a pesar de la movilización de su bando, ha declarado que solo reconocerá los resultados del recuento oficial. Ha anunciado que su equipo impugnará los resultados de 33.000 mesas electorales de todo el país. “Consideramos que el recuento preliminar realizado esta noche es un dato no oficial. […] Una vez que se haya proclamado el resultado final del recuento y se hayan llevado a cabo las verificaciones necesarias, reconoceremos el resultado oficial de este proceso”, declaró el candidato ante sus seguidores reunidos en Bogotá.

Gustavo Petro ha pedido calma a sus seguidores tras los incidentes ocurridos en Cali. Iván Cepeda había esperado ocho días para aceptar los resultados de la primera vuelta, en los que la extrema derecha ya había quedado en cabeza.

En su discurso, el senador de izquierdas, de 63 años, no mencionó en ningún momento a Abelardo de la Espriella, a quien había acusado en las últimas semanas de tener vínculos con los paramilitares. Afirmó estar orgulloso de “no haber recurrido a un gobierno extranjero para que se entrometiera políticamente en nuestras elecciones”. “No hemos caído en la política del espectáculo. Hemos salido a la calle para llamar al pueblo colombiano a la movilización política”, prosiguió.

El candidato de izquierdas advirtió al futuro presidente de que su bando defendería los “logros sociales” del Gobierno de Gustavo Petro. “No daremos marcha atrás en materia de derechos”, afirmó, aunque explicó que está dispuesto al “diálogo y la concertación, siempre que sean auténticos y respetuosos y se traduzcan en actos políticos”.

Los resultados de la segunda vuelta, marcada por una participación récord (el 63,6%, es decir, 26,3 millones de votantes), han confirmado la polarización entre una izquierda en el poder y una alianza de la derecha y la extrema derecha. Estos resultados dibujan un panorama electoral similar al que se dio en el referéndum de 2016 sobre el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): las regiones costeras y fronterizas se decantaron por el candidato de izquierdas, mientras que el centro andino y el este lo hicieron por De la Espriella.

El domingo por la noche, al referirse a la política internacional, Abelardo de la Espriella aseguró que, bajo su presidencia, a partir del 7 de agosto, Colombia será “un socio serio” y que va a “recuperar su lugar entre las naciones libres”. Se asegurará sobre todo un lugar en el seno de la internacional reaccionaria bajo la égida de Donald Trump, quien le llamó para felicitarle.

En la red social X, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se mostró encantado con una futura colaboración “en materia de seguridad” para, en particular, “poner fin a la inmigración clandestina hacia Estados Unidos”. “Los mejores días de Colombia aún están por llegar”, escribió. Pero no es seguro que esta profecía se cumpla.

Traducción de Miguel López

Ya se notaba en Washington a principios de junio. Ni siquiera los republicanos más cercanos al Gobierno, que defendían la guerra contra Irán cuando estalló, encontraban ya argumentos para justificar los cambios de rumbo de Donald Trump sobre los objetivos de la guerra, sus declaraciones contradictorias (“Nunca prometí no iniciar nuevas guerras”) o absurdas (“Me encanta la inflación”). Tampoco había nadie que desmintiera que Irán dispone ahora de un medio de disuasión masivo gracias a su control del Estrecho de Ormuz.

Estos últimos días han vuelto a poner de manifiesto los peores defectos del presidente. Trump ha calificado de “completo” el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, cuando en realidad se trata únicamente de 14 puntos de un “acuerdo marco” (memorando de entendimiento). Aunque fue firmado el miércoles 17 de junio por la noche por los presidentes de ambos países, queda todo por negociar en los próximos 60 días.

No se ha alcanzado ninguno de los objetivos de guerra esgrimidos sucesivamente por Washington. Esto equivale, para Estados Unidos, a una derrota estratégica. Tras tres meses de guerra a costa de decenas de miles de millones de dólares y de la desestabilización de la economía mundial, el texto se limita a restablecer el statu quo ante, siendo la única garantía real la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Irán reitera lo que siempre ha dicho (que no tiene intención de desarrollar armas nucleares), sin asumir el más mínimo compromiso sobre sus reservas de uranio enriquecido. Tampoco hay ni una palabra sobre los derechos de paso por Ormuz, sobre las capacidades balísticas o sus grupos aliados regionales, ni —evidentemente— sobre el propio régimen. Por no hablar de las exigencias de Donald Trump de una “rendición incondicional”. Estamos muy lejos de eso.

A cambio de esta simple reiteración, Irán obtiene el levantamiento inmediato del bloqueo naval, el fin de las sanciones que le permiten volver a vender su petróleo y un plan de reconstrucción de al menos 300.000 millones de dólares financiado desde el extranjero. Por parte de los demócratas, el senador Chris Murphy resume sin rodeos la postura de los suyos: Irán consigue prácticamente todo lo que quería, y el acuerdo es “un desastre, pero probablemente un desastre necesario”.

Los demócratas del Congreso deseaban, de hecho, el fin de las operaciones, tras haber intentado en tres ocasiones, en la Cámara de Representantes, bloquear cualquier acción militar futura en virtud de la ley sobre los poderes de guerra. Por parte de los republicanos, el senador Bill Cassidy, recientemente derrotado en las primarias por un rival respaldado por el presidente, no se anduvo con rodeos y calificó la guerra de “el peor error de política exterior en décadas”.

En cualquier caso, se trata de un texto que, salvo en un escenario ideal, ni siquiera augura una versión revisada del acuerdo que Barack Obama negoció en 2015 y que Trump calificó en su momento como “la negociación más incompetente de toda la historia”. Obama declaró el sábado 13 de junio que dudaba de que un acuerdo negociado por la Administración Trump fuera “significativamente diferente” del que él que había logrado y del que Trump retiró a Estados Unidos en 2018.

Trump no se ha tomado bien la pulla y ha estado dándole vueltas una y otra vez todo el fin de semana a su obsesión contra su predecesor demócrata. La perspectiva de obtener peores resultados que Obama es, sin duda, su peor pesadilla, sobre todo tras tres meses de una guerra muy impopular, incluso entre su base más fiel. Las elecciones de medio mandato, en noviembre, se perfilan aún más desastrosas para el bando republicano, que ahora teme una “ola azul” y la pérdida del Senado.

La prueba más clara de que el rey va desnudo no proviene, por cierto, de sus adversarios, sino de dentro de su propio bando. El propio director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió a Trump de que los servicios secretos dudaban de la voluntad iraní de ceder en nada en materia nuclear. Entre los responsables de seguridad nacional, solo el vicepresidente, J. D. Vance, apoya el acuerdo marco, mientras que Marco Rubio (secretario de Estado) y Pete Hegseth (secretario de Defensa) comparten la desconfianza de John Ratcliffe.

Las críticas también afloran por parte de los halcones republicanos que habían aplaudido la guerra, lo que abre un nuevo frente en las disensiones sobre la política exterior. El conservador Marc Thiessen, que había alentado el conflicto, compara el acuerdo con un “Plan Marshall ofrecido a Alemania mientras los nazis aún estuvieran en el poder”.

Muchos evitan atacar directamente a Trump y apuntan más bien a su artífice declarado, Vance, a quien el senador republicano Lindsey Graham —que había sido el partidario más entusiasta del presidente en el Congreso respecto a esta guerra— ha instado a comparecer ante el Senado para dar explicaciones. Thiessen se refiere ahora al “acuerdo de Vance” (the Vance peace deal).

J. D. Vance, posible heredero del trumpismo para 2028, es el único que asume el riesgo político de este fin de la guerra, que se había mostrado especialmente reacio a iniciar. Hasta tal punto que muchos en Washington ven en ello una trampa orquestada por sus adversarios para hundir su futuro político. Trump, por su parte, busca sobre todo cubrirse las espaldas: “Si esto fracasa, le echaré la culpa a J. D.”, afirmó claramente el miércoles 17 de junio.

También se puede ver en esta postura un punto a favor de Vance, frente a un bando republicano cada vez más aislacionista y decepcionado por el cambio de rumbo de un presidente que había prometido pasar página a las intervenciones militares en Oriente Medio.

No hay que subestimar la magnitud del descontento en Estados Unidos, ante un conflicto que Trump y su administración nunca se han molestado en defender ante la opinión pública, y sobre todo ante sus consecuencias económicas, con el repunte de la inflación en los precios de la gasolina y los alimentos —ejes sobre los que Trump había centrado —y ganado— su campaña presidencial de 2024.

Cobra cada vez más fuerza la idea de que se trataba únicamente de una “guerra por Israel”. Ahora bien, este es otro tema sobre el que J. D. Vance se ha posicionado desde hace unos meses, al estar del lado de quienes denuncian la influencia de Netanyahu en la política exterior de Estados Unidos.

La presión máxima, es decir, “el arte de negociar” de Trump, se ha topado con el mismo obstáculo que en el caso de la guerra comercial con China. El método ha llevado al adversario a identificar y utilizar su palanca de resistencia más eficaz contra el poder de Washington. Una ironía enorme para un presidente que quería redibujar el mapa geoestratégico mundial y se ve ahora acelerando el aprendizaje de sus rivales.

Pekín disponía desde hacía tiempo de un cuasi-monopolio sobre las tierras raras, esos metales críticos indispensables para la economía digital, desde los semiconductores hasta la inteligencia artificial. Pero la guerra arancelaria de Donald Trump fue la que le empujó a transformar esa palanca teórica en un arma de negociación efectiva.

Teherán, del mismo modo, ya controlaba, por su geografía, el Estrecho de Ormuz. Pero el ataque israelí-estadounidense fue lo que lo llevó a demostrar, de forma muy concreta, su capacidad para cerrar una de las vías marítimas más estratégicas del mundo, incluso sin una fuerza naval significativa, ya que esta había sido destruida en los primeros bombardeos.

China ha aprendido a manejar su monopolio sobre los recursos críticos como un arma de negociación permanente, mientras que Irán ha aprendido a convertir el Estrecho de Ormuz, y los bombardeos en el Golfo, en una garantía contra cualquier nueva aventura militar estadounidense. Ambas potencias han salido reforzadas de su enfrentamiento con Trump. En ambos casos, el resultado ha sido idéntico y desastroso para Estados Unidos, con adversarios que se han vuelto más fuertes o, al menos, dotados de una mayor capacidad de disuasión.

En Europa aún no ha ocurrido nada parecido, a pesar de que Groenlandia ha sido amenazada con la anexión territorial. El martes 16 de junio, el Parlamento Europeo incluso aprobó la parte arancelaria de un acuerdo con Estados Unidos que supondrá un auténtico chantaje a los Estados miembros de la Unión Europea, con pocas garantías de que el chantaje se detenga ahí. En resumen, la presión de Trump enseña a sus enemigos a defenderse, pero aún no ha enseñado a sus aliados a valerse por sí mismos.

Maya Kandel, investigadora independiente vinculada a la Universidad París III-Sorbona-Nueva (laboratorio Crew), lleva desde octubre de 2022 analizando para Mediapart la evolución de la derecha estadounidense. Viajó a Washington para realizar entrevistas del 1 al 5 de junio de 2026.

Traducción de Miguel López

Casi tres años antes del asesinato de Lyhanna, el problema estructural de la violencia sexual contra menores había sido evaluada y analizada minuciosamente, y se habían presentado al Ejecutivo, a petición propia, soluciones para combatirla y prevenirla. ¿Qué han hecho al respecto Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos? No mucho, a pesar de los repetidos llamamientos de expertos y activistas, según revela la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise) en un informe entregado el lunes 15 de junio a los ministros de Justicia y Sanidad, al que Mediapart ha tenido acceso.

La creación de esta institución en enero de 2021, anunciada con gran pompa por el jefe del Estado tras la conmoción provocada por la publicación del libro La familia grande (editorial Seuil), de Camille Kouchner, y por el movimiento #MeTooInceste que surgió a raíz de aquello, había despertado una enorme esperanza. Una esperanza que se desvaneció con la destitución del magistrado Édouard Durand, que copresidía la comisión, seguida de las dimisiones en cadena de los expertos que la integraban.

Esperanza que se desvaneció, también, debido a la escasa atención que se prestó después de su extenso informe, entregado antes de su salida. Aquel texto de 756 páginas, presentado en noviembre de 2023, permitió estimar el número de víctimas —160.000 menores al año, es decir, 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos durante la infancia— y el coste de esta violencia para la sociedad —9.700 millones de euros de gasto público anual—. Sobre todo, proponía 82 medidas para combatir y prevenir esta violencia masiva y sistémica que exigía un fuerte compromiso político.

Dos años y medio después, la "Ciivise 2" vuelve a reclamar, en este nuevo balance provisional, "pasar a la velocidad superior".

El documento, que analiza el avance de las 82 recomendaciones del informe inicial, revela en primer lugar que, a día de hoy, solo están "totalmente operativas" tres de las 17 medidas identificadas como prioritarias en febrero de 2025, es decir, menos del 18%.

La tasa global de medidas plenamente efectivas "sigue siendo insatisfactoria: un 28%, es decir, solo 23 recomendaciones realmente aplicadas en más de dos años", señala también el informe. "De las 82 recomendaciones formuladas por la comisión, 62 medidas —es decir, el 75%— son actualmente objeto de una aplicación efectiva o de una puesta en marcha", aunque en grados muy diversos, añade la Ciivise.

La comisión aboga por "un cambio sistémico profundo" y "pide al Gobierno que acelere el proceso mediante medidas de alcance nacional y medios adecuados, antes de que finalice el mandato presidencial". También reclama "una decisión rápida sobre las medidas legislativas aún en debate para convertir los proyectos y las promesas en realidades duraderas y beneficiosas para las víctimas".

En concreto, es sobre todo el ámbito judicial el que falla, una institución en el centro del fiasco que condujo al asesinato de la pequeña Lyhanna, de 11 años, en el departamento de Gers.

La comisión señala "una brecha persistente entre los retos de la protección de la infancia y la respuesta judicial" y afirma que sigue "indignada por la respuesta penal en los casos de violencia sexual contra menores que llegan a los tribunales: solo el 3% de los agresores son condenados —el 1% en los casos de incesto— y más de seis de cada diez denuncias se archivan sin más trámite".

"Esta enorme distancia entre la magnitud de la violencia y la debilidad de la respuesta penal, e incluso civil, es intolerable y pone de manifiesto un mal funcionamiento sistémico de nuestro aparato judicial", escriben los miembros de la comisión en su informe.

En conjunto, el eje dedicado al tratamiento judicial presenta un "retraso notable": el 34% de las recomendaciones, es decir, 14 de 41, siguen pendientes de decisión política o no se han aplicado.

La Ciivise lamenta, por otra parte, que el número de investigadores especializados siga siendo "claramente insuficiente", aunque "aumente" el uso de un nuevo protocolo para interrogar a los menores víctimas.

La comisión identifica "puntos de bloqueo" en medidas cruciales. En particular, denuncia "la protección insuficiente de los menores víctimas, que siguen expuestos a su agresor". A su vez, los progenitores —en su mayoría madres— que intentan protegerlos pueden verse perseguidos por no entregar o presentar al menor, a pesar de que se ha reforzado el marco jurídico.

La comisión subraya que el incesto sigue sin reconocerse como un delito específico y pide, una vez más, que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, una medida a la que el ministro Gérald Darmanin se ha mostrado favorable.

"Ocho recomendaciones clave, entre ellas la inmunidad disciplinaria para los profesionales que denuncien, siguen a la espera de una decisión clara del Gobierno", añade.

"Es urgente que el Gobierno aplique las 41 medidas relativas al tratamiento judicial, así como las nueve relativas a la reparación, incluida la atención a las víctimas, e incorpore de manera más global la prevención y la lucha contra la violencia sexual contra menores y el incesto en una verdadera política pública al servicio del interés superior del niño, que debe volver a ser el principio rector de la acción gubernamental", insiste la comisión.

Los expertos lamentan así que "aún no esté garantizada" la atención integral de las víctimas "mediante itinerarios especializados cubiertos por la solidaridad nacional".

La Ciivise celebra, no obstante, algunos avances "significativos" en la detección y la prevención, como el refuerzo de los recursos de salud escolar o el aumento de los controles en los centros que acogen a menores. En materia de sensibilización, la comisión destaca la "difusión" de herramientas como el kit de formación Lilia en el ámbito deportivo y la comunicación en torno al número 119, que, sin embargo, también acusa la falta de recursos.

Traducción de Miguel López

Su nombre aparece en letras rojas en la camiseta del París Saint-Germain y en letras blancas en la de Marruecos. Está por todas partes, en la espalda de nuestros niños junto al campo o en la de los aficionados en las zonas de aficionados del Mundial. Achraf Hakimi goza de una enorme popularidad en el ámbito deportivo y popular.

Sin embargo, lleva tres años siendo investigado por la justicia francesa por violación. El futbolista parisino, elegido mejor jugador africano en 2025 y sexto en la clasificación del Balón de Oro ese mismo año, parece gozar de una especie de escudo de inmunidad ante la opinión pública. También en su deporte.

Su club siempre lo ha apoyado, sin reserva alguna: “Cuento con el apoyo total de mi club porque saben cómo soy”, había declarado Hakimi ya durante su detención policial el 2 de marzo de 2023. El lateral desfiló triunfalmente por París con motivo del segundo título europeo del PSG el 30 de mayo. Tampoco se le ha cuestionado en la selección nacional. Y pudo entrar en Estados Unidos para participar en el Mundial, porque un jugador de Ghana, acusado de violaciones en el Reino Unido, no tuvo la misma suerte y se le impidió viajar a Canadá.

En Francia, la justicia sigue su curso. Hakimi se enfrenta a un posible juicio: con la presunción de inocencia, ha recurrido el auto de imputación ante un tribunal penal de Hauts-de-Seine, dictada en febrero por un juez de instrucción de Nanterre. Este 19 de junio el Tribunal de Apelación ha rechazado su recurso y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Mediapart se ha sumergido en este caso a la vez común y extraordinario. Común a la vista de los hechos relatados: una violación con los dedos durante una cita en el domicilio del jugador en pleno invierno de 2023. Extraordinario por la (relativa) rapidez de la justicia, la delirante cobertura mediática sin consentimiento de la denunciante y por el espejo que le pone al fútbol profesional.

Jeanne* es una “joven alta y pulcra”, según las palabras de una de las psicólogas que la evaluó, y que muestra un “cierto control emocional”. A sus 27 años, se muestra muy serena, sentada en el despacho parisino de su abogada, Rachel-Flore Pardo. Se retuerce ligeramente las manos, su rostro está un poco tenso por el estrés, pero se mantiene erguida y habla con claridad.

Unos días antes, París se desbordó de alegría colectiva gracias a la victoria del PSG en la Liga de Campeones. La joven nunca se había sentido tan “desesperada”, según su abogada. Antes, habría animado a “su” ciudad. Esta vez, no vio el partido, trabajó y se tomó una copa en casa de una amiga. En el metro de vuelta, vio “a mujeres con la camiseta de Hakimi” y a una multitud feliz. “Había tantísimos aficionados. Me dije: ‘Imagina por un segundo que supieran que eres tú...”

Algunos días, cuenta a Mediapart, Jeanne tiene miedo de salir a pasear a su perro, sale menos que antes, se ha “encerrado en sí misma”.

Se siente “muy sola”. Lo repite y lo subraya durante nuestra entrevista. “Me siento sola, sin apoyo, incomprendida.” También dice: “Me ven con muy malos ojos. Me ha mancillado tanto...”. La causa: los mensajes en las redes sociales y la defensa del futbolista, que niega los hechos que se le imputan y se considera víctima de un “montaje” y de “manipulaciones”.

En la noche del 24 al 25 de febrero de 2023, Hakimi y Jeanne se reunieron en el domicilio del jugador, situado al oeste de París. Él se había mudado allí una semana antes tras separarse de su esposa (con la que tiene dos hijos pequeños). Hacía ya unas semanas que los dos jóvenes se comunicaban a través de Instagram, después de que él la hubiera descubierto en esa plataforma. Los mensajes, incorporados al expediente judicial, son ligeros y corteses: no se puede hablar de seducción, apenas de coqueteo.

Es sobre todo él quien vuelve a la carga e insiste en quedar con ella. Esa misma tarde, Hakimi ya había recibido a otra mujer en su casa; ella no quiso mantener relaciones sexuales y se despidieron sin problemas. Intenta una segunda cita con Jeanne. Le sigue el juego: ella misma había roto recientemente con su primer amor y sus amigas la animaban a distraerse. Los dos, solteros de 24 años, acaban acordando una cita, a última hora de la noche.

Sus relatos coinciden al principio: charlan un rato, se besan varias veces. Pero luego las versiones difieren. Jeanne afirma haberle explicado que no deseaba mantener relaciones sexuales —ya se lo había dejado claro por mensaje antes de llegar—, pero que Hakimi no habría respetado su consentimiento al acariciarla y, finalmente, sentarla a horcajadas sobre él e introducirle los dedos en la vagina, de forma furtiva, “unos segundos […] quizá treinta segundos”, dijo Jeanne al juez de instrucción. “Para, para, quítalos, quítalos”, habría repetido.

El jugador lo niega. “Lo único que le toqué fue la espalda”, explicó en la declaración, respondiendo a cada pregunta sobre el relato de Jeanne: “Eso es falso, es mentira”.

Poco después, Jeanne se va del piso: había llamado a una amiga para que fuera a recogerla. Las imágenes de las cámaras de seguridad la muestran sola en la calle, esperando el coche; aunque Hakimi había indicado inicialmente a los investigadores que la había acompañado hasta fuera.

Esta amiga, Claire*, desempeña un papel fundamental en el caso. Durante toda la noche, las dos jóvenes se intercambiaron mensajes. Tanto antes de que Jeanne llegara a casa de Hakimi como mientras estaba allí. Su lectura ofrece una versión de los hechos casi en tiempo real.

Diez minutos después de su llegada, Jeanne le escribe a Claire: “Me ha agarrado… La boca… Me voy”. Son las 1:27. 1:31: “Es un violador”, "Le he dicho que yo no soy así”. 1:50: “Es muy grave”. Claire intenta entenderlo, sin obtener respuesta. 2:18: “Vuelvo a casa", “Es muy grave”. Luego, Jeanne a Claire, que sale a buscarla: “Te lo ruego… Date prisa… Por favor”. 2:19: "Es muy grave”, “Me está violando”, "Por mi madre que me ha violado”, “Me ha metido los dedos”, “A la fuerza”. 2:20: “Por favor, ven, me va a dar algo.”

A juicio de los jueces que han examinado el caso, estos mensajes son abrumadores para el futbolista parisino.

Otros mensajes que se intercambiaron antes son, por el contrario, una de las principales armas de la defensa para desacreditar a Jeanne y respaldar la tesis de la conspiración. La mayoría los escribió Claire: aconseja a su amiga que escuche “À l’abri” de Fresh la Peufra —la canción empieza con “no tuve más remedio / que correr este riesgo / para poner a la miff [la familia —ndr] a salvo”. Luego, a las 0:49: “Llegas en plan mujer fatal”. Y, sobre todo, a las 0:58: “Intenta conseguir los códigos y todo eso… Vamos a desplumarlo… Somos chicas de la calle”.

Jeanne apenas responde: ”Jajaja, dios mío, estoy nerviosa”. A la 1:15, al llegar, escribe: “Me lo voy a follar” [je vais le baiser – ndr]”.

Para la parte civil, el tono del intercambio de mensajes es el de una broma entre dos amigas antes de una cita. “Es solo una broma, de verdad”, dirá Jeanne al juez que la interroga sobre los códigos de acceso. “Era para decir, tipo ‘lo voy a matar’, porque tardaba demasiado en llegar”, en referencia al “me lo voy a follar”.

Esos mensajes se filtraron en L’Équipe, en 2025. “¿Ha caído el futbolista, tal y como él está convencido, en una trampa?”, se preguntaba entonces el diario deportivo. Al leer el artículo, no cabe duda. “Un intento de extorsión”, había explicado su abogada, Fanny Colin, ya en marzo de 2023.

“Es un montaje”, explicó su cliente ante el juez. “Para mí, es una manipulación que ellas han preparado”. ¿Con qué fin? “Sé muy bien que quieren destrozar mi vida.” ¿Por qué? “Porque estoy en un momento álgido de mi carrera, porque gano mucho dinero y porque varios compañeros futbolistas ya han pasado por la misma situación.” Pero, ¿qué quieren Jeanne y Claire? “No sé si quieren destrozar mi vida, hacerse famosas o conseguir dinero. O todo a la vez.”

A Achraf Hakimi, esta hipótesis del “chantaje” le resulta más plausible, ya que le parece algo habitual en su entorno. “Sé muy bien que este tipo de hechos ya han ocurrido con futbolistas”, declaró durante su detención preventiva. “De hecho, todo el mundo conoce casos confirmados de futbolistas que han aceptado —o no— pagar importantes sumas de dinero a mujeres bajo la amenaza de presentar una denuncia por supuestos hechos de violencia sexual”, explica a Mediapart su abogada, Fanny Colin (ver caja negra).

En nuestros archivos encontramos constancia del caso de Cristiano Ronaldo, quien firmó un acuerdo económico tras una acusación de violación en Estados Unidos. Pero eso no implica que haya mentido sobre los hechos: una investigación de la revista alemana Der Spiegel reveló que la estrella portuguesa reconoció en su momento, ante sus propios abogados, que la víctima le había pedido que detuviera el acto sexual.

También está el caso del delantero brasileño Neymar: en Brasil fue archivada una denuncia por violación —él denunció una "trampa"— y en Estados Unidos una acusación de agresión sexual —la marca deportiva Nike consideró entonces que eso justificaba la rescisión de su contrato—. Por su parte, otro brasileño, Dani Alves, fue condenado en primera instancia y encarcelado tras proponer un acuerdo económico, antes de ser absuelto en apelación. Ambos también jugaron en el PSG.

En Francia, los antecedentes públicos no saltan a la vista: sí, parece frecuente la práctica de la extorsión y el chantaje, pero por motivos distintos a la violencia sexual. Así ocurre con el caso de Paul Pogba, con una investigación de L’Équipe sobre el entorno de N’Golo Kanté, con el caso del vídeo sexual de Mathieu Valbuena o incluso con la amenazante petición de una “ayuda económica” para la ETA dirigida a Bixente Lizarazu en el año 2000.

Da igual: los futbolistas y sus amigos se mantienen alerta. En la investigación sobre Hakimi, el “mejor amigo” del lateral explica: “En el pasado ha habido varios casos de acusaciones de violación contra futbolistas, así que era un tema muy presente entre nosotros, el temor a que algún día nos pudiera pasar a nosotros; nos tomábamos muy en serio la prevención. […] Sabemos que este tipo de historias pueden destruir una carrera.”

Otra persona cercana, al ser preguntada, afirma: “Le había dicho que tuviera cuidado con las mujeres en Francia, porque conozco el comportamiento de las mujeres en las discotecas con los futbolistas.” Cita el caso de Dani Alves, “que acababa de ser encarcelado por violación”: “Hay tantas historias también de falsas acusaciones de violación contra futbolistas que todos tienen miedo”.

“Es un tema que sacamos a colación con frecuencia y con el que estamos muy atentos”, confirmó la estrella francesa Kylian Mbappé, muy cercano a Hakimi. “En primer lugar, no somos unos salvajes. Y, además, estamos preparados para esto desde el inicio de nuestra carrera.”

Jeanne lleva tres años soportando esa sospecha. “Puedo entender a los futbolistas”, dice a Mediapart. “Sé que no todo el mundo es bueno en este mundo. Pero yo no soy para nada ese tipo de chica. Nunca le he pedido dinero a nadie. Nunca me he aprovechado del dinero de nadie.”

Ella, afirma, “nunca habría hecho eso por dinero”. “Ni siquiera por miles de millones de euros. No se lo deseo a nadie”.

Cuando denunció los hechos ese mismo día, presentó una denuncia preliminar, pero se negó a presentar una denuncia formal. Sin embargo, según Fanny Colin, la abogada de Hakimi, “el medio de presión del intento de chantaje, cuando existe en este tipo de casos, suele ser la amenaza de presentar una denuncia (o la de convertir en denuncia formal un aviso de infracción que, hasta entonces, se suponía debía permanecer confidencial y no dar lugar a la intervención de la autoridad judicial)”.

Jeanne lo explica ya en su primera declaración, el 25 de febrero de 2023 a las 17:00 horas: “Solo quería que esto no les pasara a otras chicas”. Además, ella no lo vivió como “una pesadilla”. Pero “esto no es normal”. En declaraciones a Mediapart, añade: “En realidad, estamos en 2026. Basta ya, ¿no?”. Jeanne es feminista por naturaleza, pero sin hacer alarde de ello. “No es el tema”.

Además de la ausencia inicial de denuncia, la defensa de Hakimi alega, en particular, “la falta de cooperación de su acusadora para esclarecer la verdad”. Jeanne “se negó a someterse a los exámenes médicos y psicológicos” en dos ocasiones. Nunca había acudido al ginecólogo, explica la joven, que, en cambio, acabó siendo tratada dos veces por una psicóloga. Se negó a que su teléfono quedara precintado. Toda su vida y su intimidad están ahí, argumenta.

Hasta la fecha, ninguno de los magistrados a cargo del caso ha dado crédito a la hipótesis del chantaje.

Pero Jeanne “a veces se arrepiente” de su denuncia. “Me han traicionado mucho”, afirma. Que la justicia la haya creído hasta ahora no basta para contener su amargura, su “trauma”. El de, según ella, haberse visto envuelta en cuestión de horas, bajo la presión de la prensa, en un procedimiento que en un principio no había deseado.

Porque su declaración se filtró el lunes en Le Parisien sin su consentimiento. Sin que ni siquiera la hubieran avisado. Hakimi no tiene nada que ver con ello; unas horas más tarde debía asistir a una gala. Pero a él el PSG le avisa antes de la publicación. Jeanne lo descubre en Internet. “Es el mayor trauma de mi vida”, afirma. A la agente de policía que la interroga el 1 de marzo, Jeanne le dice: “Cuando los hechos se hicieron públicos en los medios, tuve que tomar un ansiolítico, me entró pánico, lloré”. “Lo que más me duele es el tratamiento mediático, más que el acto en sí mismo”, añade.

La prensa se ha convertido en su pesadilla. Su número de móvil figura en el atestado policial y circula por varias redacciones. “Me han contactado un montón de veces. Han contactado a mi familia. Han contactado a mis amigos”. Ya el martes, un periodista llamó al timbre de su casa. Fue un familiar quien abrió la puerta. “No entendía por qué un periodista me buscaba. Le explicó: Veo que usted no está al corriente, pero [Jeanne] ha presentado una denuncia por violación contra Achraf Hakimi”.

Entonces, ¿de verdad quiere que ese juicio pueda llegar a celebrarse? Jeanne duda, le cuesta decirlo. Finalmente, tras más de una hora de entrevista, ya no se detiene: quiere “un juicio para defenderme, para que me escuchen”, tiene “ganas de hablar con los magistrados, de responder a sus preguntas”, sueña “con que la gente lo entienda”. “Quiero dar explicaciones. Quiero que me crean”.

Mientras tanto, el sábado no verá la tele: en la noche del viernes al sábado, Marruecos se enfrenta a Escocia en su segundo partido de un Mundial en el que el equipo liderado por Achraf Hakimi tiene grandes ambiciones.

Los hechos que se le imputan a Achraf Hakimi se remontan a la noche del 24 al 25 de febrero de 2023. Ese mismo día, Jeanne* acude a la comisaría para presentar una denuncia previa, aunque se niega a presentar una denuncia formal. Su denuncia previa se filtra en Le Parisien el lunes 27 de febrero. Se abre una investigación preliminar. El 1 de marzo, Jeanne es interrogada de nuevo y presenta una denuncia formal, acompañada esta vez por su abogada, Rachel-Flore Pardo. Al día siguiente, el lateral parisino fue detenido y lo negó todo. Se abrió una investigación judicial y fue imputado por violación el 2 de marzo de 2023.

Desde entonces, varios jueces sucesivos han llevado a cabo la investigación, tomando declaración a testigos y realizando peritajes psicológicos a ambas partes. Al término de esta instrucción, el 26 de febrero de 2026 se dictó un auto de procesamiento ante el Tribunal Penal de Hauts-de-Seine.

A pesar de la ausencia de un informe médico y del apoyo de los allegados del jugador, la jueza tuvo en cuenta varios elementos “en contra”: la acusación reiterada “de forma constante y detallada” por parte de Jeanne; los mensajes intercambiados con una amiga la noche de autos; una frase de la declaración de Kylian Mbappé que, al apoyar a su amigo Achraf Hakimi, parece contradecirlo en lo relativo a las “caricias en las partes íntimas” que él niega; “el contexto en el que se revelaron los hechos”, que tiende a descartar cualquier tipo de extorsión; la moderación en la expresión de Jeanne y un discurso “que parece sincero y auténtico”; los testimonios de sus allegados.

Achraf Hakimi, asistido por su abogada Fanny Colin, ha recurrido el auto de procesamiento. A finales de mayo de 2026 se celebró una vista, en la que el fiscal general también defendió llevar al deportista ante un tribunal. Este viernes 19 de junio, el Tribunal de Apelación ha rechazado su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

En cualquier caso, Achraf Hakimi goza, como cualquier persona implicada en un proceso penal, de la presunción de inocencia.

Traducción de Miguel López

Todavía no se trata de un acuerdo definitivo, sino de un memorando de entendimiento. En cuanto a la forma, el texto validado por Teherán y Washington, que se supone pone fin a más de tres meses de guerra, sigue el modelo de anteriores documentos diplomáticos elaborados por la Administración Trump: es un texto breve, en forma de lista, con formulaciones a menudo vagas y, en ocasiones, contradictorias.

En cuanto al fondo, el presidente estadounidense ha intentado venderlo como una victoria deslumbrante. Es evidente que estamos a años luz de ello. Donald Trump, que a principios de marzo exigía una “rendición incondicional” de Teherán, ha tenido que hacer importantes concesiones a los dirigentes iraníes a los que, sin embargo, aseguraba que había aplastado, todo ello a cambio de compromisos por parte de estos que siguen siendo muy inciertos.

El documento, firmado electrónicamente el 15 de junio, fue difundido oficialmente el 18 de junio y será rubricado presencialmente por las partes este viernes en Suiza.

De acuerdo con lo ya anunciado por los mediadores pakistaníes, ambos Estados se comprometen a poner fin a la guerra en “todos los frentes”, incluido el Líbano. Una revés para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que siempre ha querido que el destino del país del cedro se tratara por separado.

La segunda gran medida, también anunciada previamente, es la reapertura del Estrecho de Ormuz. El bloqueo de este corredor marítimo por parte de Irán desde el inicio de la guerra ha disparado los precios mundiales del petróleo y del gas. El texto prevé que el tráfico vuelva a la normalidad en un plazo de “30 días”.

El plazo parece difícil de cumplir y, a decir verdad, no dependerá únicamente de la buena voluntad de los dos Estados firmantes. Más allá del reto que supone el desminado del estrecho, “harán falta varias semanas para restablecer el funcionamiento de todas las instalaciones petroleras, incluso meses en el caso de Irak, el segundo productor de la OPEP”, señala una nota del departamento de estudios económicos de BNP Paribas publicada el 16 de junio, tras el anuncio de la reapertura del corredor marítimo.

Poco importa. Para lograr esta reapertura tan esperada —y prometida en numerosas ocasiones—, Estados Unidos ha tenido que hacer concesiones espectaculares. Washington se compromete, en primer lugar, a levantar todas las sanciones contra Irán: “el conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tanto primarias como secundarias”, así como “las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica” (punto 7).

¿En qué plazo? El memorando remite la decisión a un “acuerdo definitivo” que debería firmarse en un plazo de “60 días”, prorrogable “de común acuerdo”. Los negociadores americanos se valen de esta ambigüedad para asegurar que no han capitulado y que solo levantarán las sanciones si Teherán cumple con su parte del acuerdo.

Pero las sanciones sobre el petróleo iraní sí se levantan con efecto inmediato, sin esperar a ese hipotético “acuerdo definitivo”, según precisa también el texto (punto 10). Un “incentivo financiero” necesario para convencer a Teherán de que permanezca en la mesa de negociaciones, según argumentan fuentes cercanas a las negociaciones entrevistadas por The Wall Street Journal. Una medida posiblemente ilegal, según otros expertos.

En virtud de una ley de 2015, el presidente de Estados Unidos debe, en efecto, presentar al Congreso cualquier acuerdo relativo al programa nuclear iraní en los cinco días siguientes a su firma. Mientras el Congreso no haya terminado de examinar el texto, la Casa Blanca no puede hacer uso de su “facultad de exención” —y, por lo tanto, a levantar sanciones o embargos—, señala James Acton, codirector del programa de política nuclear de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, un think tank estadounidense especializado en política exterior.

Además de los ingresos petroleros inmediatos y de un eventual levantamiento total de las sanciones contra Irán, Washington se compromete, “junto con sus socios regionales”, a crear un fondo para la “rehabilitación y el desarrollo económico” de Irán, dotado con “al menos 300.000 millones de dólares”. Tras haber gastado al menos 30.000 millones de dólares en atacar a la República Islámica, con resultados desastrosos y cometiendo probablemente crímenes de guerra, Estados Unidos se dispondría así a desembolsar cientos de miles de millones de dólares para reparar lo que ha destruido.

Para añadir cacofonía a la tragedia, Donald Trump aseguró unas horas después de que el memorando se publicara en la prensa que no tenía previsto crear ningún fondo de reconstrucción. La publicación, pocas horas más tarde, de una versión del documento avalada por su propia Administración vino a contradecirlo.

Si dicho fondo llegara a existir, también plantearía problemas jurídicos en los que los negociadores estadounidenses no han pensado, o han fingido ignorar. Desde al menos 2019, Estados Unidos considera oficialmente que el sector de la construcción iraní está controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La Administración se lo comunicó al Congreso en 2020 y posteriormente en 2025. El mismo Congreso que deberá ratificar el memorando.

“¿Afirmará la Administración ante el Congreso que el CGRI se ha retirado del sector de la construcción iraní de la noche a la mañana? ¿O revocará la designación del CGRI como organización terrorista extranjera para allanar el camino?”, se pregunta Miad Maleki, exalto cargo del Departamento del Tesoro estadounidense encargado de aplicar las sanciones contra Irán.

A cambio de estas concesiones, Washington considera que ha obtenido dos victorias importantes. Además de la reapertura del Estrecho de Ormuz, Irán “reitera que nunca fabricará armas nucleares”, según el protocolo difundido por Bloomberg, e incluso que “no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”, según una versión difundida unas horas más tarde por la Administración Trump.

El compromiso habría sido notable si no estuviera ya recogido en un acuerdo anterior, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPoA), firmado por Barack Obama en 2015 y abandonado por Donald Trump en 2018. “Irán reafirma que en ningún caso tratará de diseñar, desarrollar o adquirir armas nucleares”, decía ya aquel texto.

El memorando de entendimiento prácticamente no dice nada sobre qué pasará con el uranio enriquecido iraní, que Trump prometió en varias ocasiones en el pasado “desenterrar” estuviera donde estuviera. Simplemente precisa (según el New York Times, ya que estos detalles no figuran en el texto difundido por Bloomberg) que su destino se “resolverá” en una fecha posterior y que podría ser “diluido in situ” (se desconoce en qué lugar) “bajo la supervisión” de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

Todas las demás decisiones relativas al programa nuclear iraní se remiten al famoso y muy hipotético “acuerdo final” entre Washington y Teherán.

Ante la oleada de críticas que suscita el texto, incluso dentro del campo neoconservador —pese a que este era partidario de una guerra contra Irán—, los equipos de Trump han cambiado inesperadamente de argumento. Ahora aseguran que no hay que tomarse el acuerdo al pie de la letra: lo importante sería su simbolismo, más que su contenido estricto.

“No hay que dar demasiada importancia a la redacción del memorando”, afirmaba el miércoles 17 de junio una fuente de la Administración Trump a la corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, aludiendo a un documento esencialmente “político”.

“Si no respetan el acuerdo, los estrechos permanecerán abiertos; en cualquier caso, habremos asestado un golpe terrible a su programa nuclear y, ya sabes, podremos seguir viviendo nuestra vida como país”, afirmó el vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

“Es un memorando de entendimiento y, si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en plena cabeza”, declaró por su parte el presidente de Estados Unidos —y aún candidato declarado al Premio Nobel de la Paz— en vísperas de la reunión en la que se supone que firmará este texto histórico.

Este es el texto íntegro del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que ambos han firmado electrónicamente este miércoles y que ratificarán este viernes en Suiza. 

1. La República Islámica de Irán y Estados Unidos, así como sus aliados en la guerra en curso, declaran, desde la firma del presente Memorando de Entendimiento (MdE), el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen, a partir de ahora, a no emprender más acciones hostiles entre sí y a abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza entre sí. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones del presente artículo y de los artículos restantes.

2. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a respetar sus respectivas soberanías e integridades territoriales y a abstenerse de injerencias en sus respectivos asuntos internos.

3. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable de común acuerdo.

4. Desde la firma del presente MdE, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y se abstendrá de cualquier injerencia u obstrucción respecto a la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico en toda su capacidad en un plazo máximo de 30 días; el tráfico marítimo deberá ser proporcional al volumen de tráfico anterior a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos se compromete asimismo a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en los 30 días siguientes al acuerdo definitivo.

5. Tras la firma del presente MdE, la República Islámica de Irán adoptará inmediatamente medidas para garantizar que el tráfico de buques mercantes desde el Golfo Pérsico hacia el mar de Omán, y viceversa, se reanude al nivel anterior a la guerra en un plazo de treinta días, teniendo en cuenta la necesidad de que Irán elimine los obstáculos técnicos y neutralice las minas.

6. Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan global aprobado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando al mismo tiempo una financiación de al menos 300.000 millones de dólares. El mecanismo de aplicación de este plan, que formará parte del acuerdo definitivo, se definirá en un plazo de sesenta días.

7. Estados Unidos se compromete a levantar, según un calendario que se acordará en el marco del acuerdo definitivo, todos los tipos de sanciones a las que se enfrenta actualmente la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), así como el conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tanto primarias como secundarias.

8. La República Islámica de Irán reitera que nunca fabricará armas nucleares. La República Islámica de Irán y Estados Unidos han acordado que el destino de las materias enriquecidas y el de todas las demás cuestiones de carácter nuclear acordadas mutuamente, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo definitivo; el acuerdo definitivo confirmará las disposiciones del presente artículo.

9. La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, a la espera de un acuerdo definitivo, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo relativo a su programa nuclear, y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

10. Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma del presente MdE, y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos conceda exenciones para las exportaciones de crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como para todos los servicios relacionados, incluidos los servicios bancarios, de seguros, de transporte y de otro tipo.

11. Estados Unidos se compromete a que, a la luz de los avances en las negociaciones hacia un acuerdo definitivo, los fondos y activos congelados o sujetos a restricciones de la República Islámica de Irán sean liberados y puestos a su plena disposición. Dichos fondos, ya se mantengan en la cuenta principal o se transfieran, se utilizarán para cualquier pago al beneficiario final determinado por el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios a tal efecto.

12. La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de aplicación para supervisar la correcta aplicación y el compromiso futuro con el acuerdo definitivo.

13. Tras la firma del presente MdE, tan pronto como se reciban las garantías relativas al inicio de la aplicación de los artículos 4, 5, 10 y 11 del presente memorándum de entendimiento, así como a la continuación de su aplicación, la República Islámica de Irán y Estados Unidos iniciarán negociaciones con vistas a un acuerdo definitivo que se refiera exclusivamente a los artículos restantes.

14. El acuerdo definitivo será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Traducción de Miguel López