Diciembre de 2025. El ambiente en la sala de prensa es tenso. La invitada de hoy es la periodista Shiori Itō, que viene a presentar su película Black Box Diaries. Tras publicar un libro, la joven narra en la gran pantalla el calvario que supuso reconocer que había sido violada en el marco del juicio contra su agresor, el periodista Noriyuki Yamaguchi, cercano al ex primer ministro Shinzō Abe (asesinado en 2022).

La trayectoria de Shiori Itō es única en la historia del archipiélago, donde presentar este tipo de acusaciones a cara descubierta es algo muy poco habitual. Se necesita un valor extraordinario para plantar cara y hacer valer sus derechos en un contexto social y político así: “Solo quería decir la verdad”, afirma Shiori Itō en su película.

Su historia, su valentía y su tenacidad —ampliamente respaldadas por las feministas que llevan décadas luchando por una mejor protección de las víctimas de violencia sexual— darán lugar a una modificación de la ley en 2017 (ver último apartado). Shiori Itō consigue que Noriyuki Yamaguchi sea condenado en un juicio civil que tuvo gran repercusión mediática.

En 2018, las mujeres salieron a la calle para denunciar la violencia sexual que habían sufrido, con una flor en la mano: las Flower Demo (manifestaciones de las flores) fueron un momento de intensa catarsis y sumamente conmovedor, tanto en Tokio como en el resto de Japón. Muchas mujeres se atrevieron entonces a hablar de su violación por primera vez. El movimiento #MeToo en Japón parecía haberse puesto en marcha. “En Japón, #MeToo se convirtió en WithYou para hacer hincapié en el colectivo”, destaca la historiadora Chelsea Szendi Schieder.

Pero nueve años después, ¿en qué punto nos encontramos realmente? En la época de Shiori Itō, la justicia exigía a la víctima que demostrara que había sido agredida, que demostrara que no había dado su consentimiento y que justificara por qué no había podido resistirse. En 2017, la ley se modificó por primera vez desde 1907, redefiniendo los conceptos de violación y agresión sexual, y ofreciendo una mayor protección a las menores. Pero, según una encuesta gubernamental de 2020, una de cada catorce japonesas sigue declarando haber sufrido alguna vez una relación sexual forzada.

Abrumadas por la vergüenza y desanimadas por el proceso judicial, muchas mujeres no presentan denuncia. Los casos judiciales difundidos por los medios de comunicación también les dan la impresión de que la denuncia puede no servir de nada.

En diciembre de 2024, un juez del tribunal de Osaka absolvió a dos estudiantes de medicina que habían violado a una compañera de clase: el juez consideró que las imágenes de la violación, que había sido grabada y en las que se veía a la joven decir “No”, “Parad, por favor” y “No puedo respirar”, no constituían pruebas suficientes de la expresión de su falta de consentimiento. “¿Qué más hace falta?”, gritaron al unísono las activistas feministas, que se movilizaron de inmediato bajo la pancarta “No Means No” (no significa no).

Las activistas insisten en otro problema importante relacionado con este caso: la cultura de la violación está tan arraigada que llega incluso a los tribunales. En este caso, el dolor de las mujeres, el grito de una mujer que dice “no”, es considerado por algunos hombres como un factor de excitación. De hecho, el término yamete (basta) se utiliza mucho en la pornografía japonesa, especialmente propensa a difundir la cultura de la violación. En el vídeo del delito, los agresores de la joven, de 27 y 28 años, llegan incluso a afirmar: “Se supone que a las mujeres les gusta el dolor” y “A los hombres les gusta más cuando les dicen que no lo hagan”.

El 29 de mayo, una mujer presentó una denuncia contra un fiscal del tribunal de Tokio, alegando que su estado psíquico se había deteriorado después de que se le acusara de haber realizado declaraciones falsas durante una vista celebrada en 2023, según una solicitud facilitada a la AFP. En su declaración, la denunciante, cuya identidad no se ha revelado, afirmó que el fiscal le había dicho que el acto se había cometido “simplemente con el dedo y en la boca” y que ella “no había mantenido relaciones sexuales”. Eso hizo caer a la víctima en un estado de enorme desesperación.

Tanto los tribunales como los servicios policiales siguen fallando a la hora de ayudar a las mujeres víctimas de violencia. En diciembre de 2024, una joven murió en Kawasaki a manos de su expareja, tras haber denunciado a la policía nueve episodios de acoso en quince días. “Su familia tenía registro de las llamadas”, explica Elif Erdogan, feminista turca que dirige la web Japan Femicide Tracker junto a Kazuna Yamamoto y otras activistas japonesas. “La policía no podía decir que no lo sabía.”

Al día siguiente de este feminicidio, la policía puso en marcha un sistema de vigilancia para las mujeres que quisieran denunciar acoso, “pero aún no es eficaz”, lamenta Elif Erdogan, quien añade: “Desde entonces se ha producido el feminicidio del Pokémon Center, y la policía, aunque acudió en ayuda de la víctima, no pudo impedir el asesinato”. En marzo, una joven empleada del Pokémon Center de Tokio fue apuñalada hasta la muerte por su exnovio, quien se suicidó tras el asesinato. Tenía unos veinte años y se encontraba bajo protección policial.

“Hoy en día, Japón debe afrontar seriamente el tema de los feminicidios, por eso pedimos que se proteja más a las mujeres de la violencia en la Constitución”, explica Elif Erdogan. Sus datos recogen 122 feminicidios en 2024, 141 en 2023, 122 en 2022 y 151 en 2021. En el 55,6% de los casos se trata de un feminicidio cometido por una expareja. “Se ha producido un claro aumento desde la época del covid-19”, observa. Una violencia rampante contra las mujeres ante la cual a Japón le cuesta abrir los ojos.

Hoy en día no existen datos ni estadísticas oficiales sobre los feminicidios. Los medios de comunicación califican algunos casos de asesinatos misóginos, es cierto, pero sin establecer realmente un vínculo con la violencia sistémica. En 2021, el atentado en la línea Odakyū sumió a Japón en el pánico: un hombre de 36 años, Yusuke Tsushima, apuñaló a varias mujeres en el metro porque “parecían felices”. Unas jóvenes feministas querían denunciar la violencia sistémica de género, pero ninguna mujer murió a causa de sus heridas en el metro ese día, a pesar de que utilizaron el término “feminicidio”. Por este motivo, "se ignoraron sus voces. Sin embargo, habían puesto el dedo en la llaga de algo fundamental", observa Elif Erdogan.

“Japón no cambia. Siguen produciéndose las mismas discriminaciones”. A finales de la década de 1990, fue un feminicidio lo que inspiró Monstruoso, el thriller de la famosa escritora Natsuo Kirino. Estamos en 1997 y la novelista quedó marcada por el asesinato de Yasuko Watanabe, de 39 años, directiva de Tepco. El caso conmociona a todo el archipiélago: licenciada por una prestigiosa universidad, Yasuko Watanabe consigue un puesto directivo en una gran empresa. “Era una ‘mujer de carrera’, un perfil poco habitual en aquella época. Se implicaba mucho en su empresa, hasta el punto de ponerse enferma. Pero, por ser mujer, a menudo se le asignaban tareas que no le correspondían, como encargarse de los bentos”.

Una noche, la encontraron muerta en una calle. “Nunca se supo quién la había asesinado. Pero se supo que por las noches, tras su jornada laboral, se dedicaba a la prostitución.” La percepción que se tiene de ella cambia por completo y borra sus dificultades profesionales. Natsuo Kirino continúa: “La cuestión del acoso se ha tomado en serio, pero las leyes contra el acoso no protegen lo suficiente a las mujeres en el ejercicio de sus funciones”, una vez más, “no se tiene suficientemente en cuenta la cuestión de género, cuando son las mujeres las que más lo sufren”.

Aunque el acoso sexual está prohibido en la empresa, se sancionan los comportamientos de los hombres que utilizan un lenguaje o adoptan conductas de carácter sexual no deseadas. Pero no se sanciona la presión para aumentar el rendimiento, por ejemplo, subraya la investigadora Swee-Lin Ho en un artículo titulado “La nueva ley japonesa contra el acoso y la paradójica legitimación del acoso laboral hacia las mujeres ejecutivas”, publicado en 2024.

“Las activistas japonesas se han movilizado mucho en torno al #MeToo y también han hecho todo lo posible en estas cuestiones”, añade Natsuo Kirino. “La joven periodista Shiori Itō también ha luchado mucho. [Pero] en Japón, los grupos de activistas se fragmentan cuando están divididos y no se ponen de acuerdo en un tema: esto ya se observó en la década de 1970, y no solo en los círculos feministas, sino en todos los grupos activistas”.

Volvemos a la sala de prensa de Shiori Itō. Black Box Diaries, nominado a los Óscar en 2025, un reconocimiento sin precedentes para un documental japonés, causa sensación. La sala está llena, pero no por las razones que uno imagina. La polémica está en pleno apogeo y la película de Shiori Itō divide a la opinión pública. El uso de imágenes sin autorización previa ha alcanzado tales proporciones que ha ahuyentado a los distribuidores, ha retrasado el estreno en Japón más de un año y ha llevado a antiguas aliadas a volverse contra la joven periodista, acusándola de falta de ética. “Antes de juzgar, me gustaría que vieran esta película”, implora la directora, mientras le llueven críticas.

“Siento un profundo respeto por la lucha que ha librado Shiori Itō, siempre la he apoyado, pero no hay que olvidar que muchas activistas han luchado a su lado”, explica Akiko Matsuo, activista y editora feminista. Durante su juicio tuvo lugar la revisión del Código Penal, pero también fue, sobre todo, fruto de la lucha de numerosas activistas que se han movilizado durante años, incluso décadas. “No se las ha tenido en cuenta. Esta película también habría sido una bonita forma de poner un poco más de relieve la perspectiva interseccional de la lucha feminista japonesa. Es triste que hayamos llegado a esto.”

Hay mucha división en torno a esta película. Otros temas han sido especialmente polémicos en los últimos años, como el trabajo sexual y el tema de la inclusión de las personas transgénero. Se ha extendido el discurso de odio hacia las mujeres transgénero. Los círculos feministas también se enfrentan al regreso al poder de la política impulsada por Shinzō Abe, de la que Sanae Takaichi se erige en heredera. La primera ministra no hará de los derechos de las mujeres su prioridad.

Y a pesar de su política abiertamente belicosa, muchas jóvenes japonesas ven en su elección y su acceso al cargo de primera ministra una victoria sobre el sistema patriarcal. Según una encuesta de la Nippon Foundation realizada a finales de 2025, el 44,4% de las adolescentes japonesas encuestadas expresaron sus nuevas esperanzas respecto a la elección de Sanae Takaichi. Esta les promete seguridad, manejando los hilos del femonacionalismo con su política excluyente, especialmente en lo que respecta a la inmigración y a las comunidades LGTBIQA+.

En 2025, Japón ocupaba el puesto 118 de 148 países en materia de igualdad de género, según el informe anual del Foro Económico Mundial. El último puesto entre los países del G7.

El Código Penal fue revisado parcialmente mediante la Ley 72/2017. Se trataba de la primera revisión en este ámbito en 110 años: las feministas habían luchado durante décadas para conseguirla, una movilización que se aceleró al salir a la luz las deficiencias del Código Penal en el marco del mediático juicio a Itō. La modificación permitió redefinir la violación como una relación sexual forzada, ampliar su definición e incluir la penetración anal y oral (hasta entonces solo se reconocía la violación por penetración vaginal).

La revisión también elevó la pena mínima prevista por la ley e introdujo nuevos delitos de atentado contra el pudor y de relaciones sexuales cometidas por una persona que tiene la custodia de una víctima menor de 18 años. Las relaciones sexuales forzadas y el atentado contra el pudor por coacción pasaron a ser delitos perseguibles de oficio.

En 2023, el delito de “relaciones sexuales forzadas” se modificó por el de “relaciones sexuales no consentidas”. La edad legal de consentimiento, es decir, la edad por debajo de la cual cualquier relación sexual constituye un delito, se elevó de 13 a 16 años. También en 2023 se modificaron los requisitos para que se consideren agresión la intimidación y la incapacidad para resistirse: ahora se considera que la falta de consentimiento puede expresarse de otras formas.

Traducción de Miguel López

Esta es la polémica del momento en Estados Unidos y tiene que ver con una de las asesoras más cercanas a Donald Trump, Natalie Harp. Esta mujer de 35 años, que encaja en el ideal de belleza que defiende el movimiento ultraconservador Maga (Make America Great Again), lleva varias semanas siendo objeto de rumores y, en ocasiones, de ataques misóginos, debido a la importancia que ha adquirido junto a Donald Trump.

El 16 de agosto, durante un mitin para su reelección como senador por Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff arremetió contra el inquilino de la Casa Blanca, de 80 años, a quien calificó de «”estafador”, y contra su colaboradora Natalie Harp, dando a entender que ambos mantenían una relación sentimental. “No quiere hacer su trabajo”, afirmó en Atlanta. “Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie a bordo de su palacio volador —aparentemente sin defensa— regalado por el emir de Catar.”

El político aludió al escándalo que mantuvo en vilo al mundo político y mediático durante parte del verano. Todo partió de un artículo del Washington Post publicado el 10 de agosto. El diario de la capital relataba cómo, al término de la cumbre de la OTAN en Turquía, el 8 de julio, Donald Trump había sido evacuado discretamente de su antiguo avión presidencial, sin que lo supieran las personas a bordo, entre las que se encontraban miembros de su equipo y periodistas.

Se había embarcado en otra aeronave, una C-32A. Durante una escala en el Reino Unido, Trump volvió a subir a bordo del nuevo Air Force One, regalo de Catar, que le esperaba en la capital británica y de allí voló hacia Washington. La maniobra se debió a las amenazas iraníes, según informaron los medios de comunicación.

Pero otro elemento de esta rocambolesca historia ha alimentado las conversaciones y ha puesto en el punto de mira a una persona que hasta entonces se había mantenido bastante discreta: Natalie Harp. Ella figuraba entre las pocas personas que habían sido informadas del traslado y que pudieron acompañar a Donald Trump desde Turquía hasta el Reino Unido. De ahí los rumores sobre una posible relación, alimentados por la ausencia durante varias semanas de su esposa, Melania Trump, de la escena pública.

Como explicó su hermano Preston Harp a la CNN, Natalie Harp “es la fan número uno de Donald Trump”. Esta treintañera está convencida de que el presidente estadounidense le salvó la vida. Se la conoce como la “impresora humana”, ya que, según el New York Times, “sigue al presidente equipada con una impresora portátil, lo que le permite entregarle información en papel”.

Para los dos periodistas del diario que cubren la Casa Blanca, Shawn McCreesh y Maggie Haberman, Natalie Harp también proporciona al presidente estadounidense “contenido que descubre en los recovecos de las redes sociales (como el vídeo que publicó en el que se representaba a los Obama como monos) y le ofrece un punto de vista ajeno a los círculos oficiales de Washington, de los que siempre ha desconfiado”.

Como destaca David B. Cohen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Akron, citado por la CNN, “ha demostrado ser una asesora y colaboradora de lealtad absoluta, siempre muy zalamera con él”. “A Trump eso le encanta, no le gusta que le cuestionen. Le gusta que le adoren, y eso es, evidentemente, lo que ella hace”, prosiguió.

Natalie Harp se hizo popular dentro del movimiento MAGA en 2020 durante la convención republicana. Explicó que Trump le había salvado la vida gracias a la aprobación, durante su primer mandato, de la ley Right to Try (Derecho a intentarlo), que le permitió beneficiarse de un tratamiento médico experimental para curar su cáncer de huesos.

Tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, Harp fue contratada por la cadena conservadora One America News Network (OAN), donde se dio a conocer por su defensa de la “gran mentira”, según la cual las elecciones habrían sido amañadas. En 2022, abandonó la cadena para incorporarse a la campaña presidencial del candidato republicano.

Los medios de comunicación estadounidenses no han dejado de publicar revelaciones sobre Natalie Harp, lo que ha enfurecido a la Casa Blanca. En la CNN, su hermano Preston Harp explicó que su madre los había criado en el culto al “excepcionalismo estadounidense”, en el que la esclavitud se consideraba algo normal. “Por desgracia, mi hermana no ha roto con esa locura en la que nuestra madre nos crió”, señaló. Y añadió: “Trump se parece a todo aquello que mi madre nos enseñó a respetar. De ahí viene su entusiasmo por Trump”.

Algunos medios estadounidenses llegaron incluso a atribuir la dimisión de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a su imposibilidad de trabajar junto a Natalie Harp.

El círculo más cercano de Donald Trump reaccionó con virulencia a los comentarios de Jon Ossoff. Una periodista de la CNN, Kristen Holmes, que intentó obtener una reacción del propio Trump, fue bruscamente zanjada: “Cállese, cállese, cállese. Falta usted al respeto de forma atroz”, le dijo, antes de desacreditarla por su pertenencia a la cadena de televisión a la que el presidente califica sistemáticamente de fake news. “Es usted una persona ruidosa y alborotadora”, dijo, impidiéndole formular más preguntas.

Posteriormente, en sus redes sociales, la Casa Blanca se dirigió directamente a Kristen Holmes: “Algún día, tus hijos se encontrarán con tu pregunta ignominiosa e inhumana. Se sentirán asqueados y avergonzados de tener una madre tan insensible y rencorosa. Es realmente preocupante.” En CBS News, la corresponsal encargada de la Casa Blanca, Nancy Cordes, consideró que “las palabras de Ossoff se les [a los asesores de la Casa Blanca] han quedado como un nudo en la garganta”. “Parece casi una advertencia dirigida a cualquier político o periodista que se atreva a abordar este tema en el futuro”, añadió.

El senador republicano Bernie Moreno denunció unos comentarios “extremadamente misóginos”. “En realidad, es una persona con mucho talento”, dijo. “Destaca en lo que hace. Ayuda al presidente a gestionar su comunicación. Y el hecho es que, si se tratara de un hombre, nadie diría eso.”

Aunque algunas críticas parecen claramente misóginas, resulta indecente ver cómo el clan MAGA reivindica la causa del feminismo para defender a Natalie Harp. En The Guardian, la columnista Arwa Mahdawi ironiza: “Jon Ossoff es un auténtico hacedor de milagros. Puede que el senador demócrata no sea capaz de convertir el agua en vino, pero ha logrado transformar a conservadores propensos a las lamentaciones en apasionados feministas.”

Y a todas aquellas y aquellos del clan trumpista que se declaran indignados por unos ataques que consideran misóginos, les recomienda que centren su atención en un presidente declarado culpable de agresión sexual. Una auténtica demostración de “feminismo” de geometría variable.

El movimiento MAGA sigue alimentándose de ideas patriarcales y supremacistas. En este universo, tal y como afirmó Trump al inicio de su segundo mandato, solo existen “dos géneros: masculino y femenino”. La mujer es, ante todo, una colaboradora entregada, como Natalie Harp, y una esposa fiel que cuida de los hijos.

La web Daily Beast publicó las cartas que Natalie Harp envió a Donald Trump antes de su regreso a la Casa Blanca, en las que muestra su total dedicación y que firma con un “De todo mi corazón, Natalie”. En 2023, escribe: “No quiero traerte nunca nada más que alegría. Siento haber perdido el hilo. Tú lo eres todo para mí. No quiero decepcionarte nunca. Gracias por ser mi guardián y mi protector en esta vida”.

Donald Trump obtuvo un respiro el martes 25 de agosto, a las puertas de las elecciones de medio mandato, con la victoria de dos de sus protegidos en las primarias de Carolina del Sur y Oklahoma, lo que puso fin a una racha de derrotas de otros candidatos respaldados por el presidente estadounidense.

En Carolina del Sur, Darline Graham, senadora saliente que había sustituido a su hermano Lindsey tras su muerte en julio, un político cercano a Donald Trump, se hizo con la candidatura republicana para la renovación de su escaño frente al diputado ultraconservador Ralph Norman. En Oklahoma, otro favorito del presidente, Mike Mazzei, venció por los pelos a su rival en las primarias para el cargo de gobernador.

Estas victorias suponen un respiro para el presidente, cuyo control sobre el partido se ve sacudido por unos índices de popularidad a la baja y unas encuestas que pronostican una derrota republicana en las elecciones de principios de noviembre.

Traducción de Miguel López

El lunes 24 de agosto, ataques aéreos y disparos israelíes mataron a siete personas en la Franja de Gaza, entre ellas un niño pequeño y una niña. Hassan al-Hafi, de 4 años, murió cuando su casa, situada en el campo de refugiados de Al-Bureij, fue blanco de un ataque. Amal Nash’at Abu Khater, cuya edad no se ha precisado, falleció a causa de las heridas provocadas por disparos israelíes en la zona de Jan Yunis. Los adultos fallecieron en distintos ataques israelíes y en diversos lugares: unas tiendas de campaña cerca del hospital Nasser, en Deir al-Balah, en el centro del enclave; una mezquita, también en Deir al-Balah; una planta desalinizadora de agua; y un almacén de suministros humanitarios.

El día anterior, el domingo 23 de agosto, el ejército israelí había matado a otras tres personas. El 19 de agosto, el objetivo fue la sede de la policía, en la ciudad de Gaza. Nueve muertos, entre ellos la jefa de la policía femenina.

Todo ello en un territorio donde el espacio que se deja a la población palestina se ha reducido a lo estrictamente necesario, ya que el ejército israelí ocupa hoy entre el 60 % y el 70 % del mismo, donde el agua potable, los alimentos básicos y la asistencia sanitaria son un lujo. Un territorio que, en teoría, debería beneficiarse de un alto el fuego y de la apertura de los pasos fronterizos a los cargamentos humanitarios desde octubre de 2025.

Pero se han reanudado las órdenes de “evacuación” forzosa. Cuatro, solo durante la jornada del lunes. “Todos en Gaza esperamos un aumento de los ataques hasta las elecciones legislativas israelíes y el nombramiento de un nuevo primer ministro, ya que las autoridades militares y políticas israelíes intentarán matar al máximo número de personas que figuran en sus listas de personas buscadas”, asegura a Mediapart Eyad Amawi, miembro del comité de socorro de Gaza, desde el enclave palestino. Netanyahu y sus aliados quieren complacer a su base electoral.”

También con fines electorales —continúa Eyad Amawi— el primer ministro israelí y su ministro de Defensa amenazaron, en un comunicado conjunto publicado el 23 de agosto, con intensificar los ataques sobre la Franja de Gaza si se siguen lanzando “drones, globos y cometas” desde el enclave costero hacia Israel. Las elecciones legislativas están previstas para el 27 de octubre.

Según las autoridades israelíes, cuatro cometas aterrizaron en el lado israelí de la valla hermética y altamente protegida, lo que ha causado revuelo en Israel, reavivando el recuerdo de las cometas incendiarias lanzadas en el verano de 2018. Y el de los drones y los parapentes durante el ataque del 7 de octubre. El Gobierno ha aprovechado el incidente para calificarlo de “provocación” de Hamás y garantizar que hará todo lo posible para evitar un nuevo 7 de octubre. Aunque los informes sobre el 7 de octubre no mencionan ninguna cometa y aunque ninguna de las cuatro cometas en cuestión llevaba carga explosiva.

Para la población de la Franja de Gaza, el Gobierno israelí ha aprovechado un pretexto más para bombardear aún más. Los niños del enclave costero fabrican tradicionalmente, cada verano, cometas que llenan el cielo de Gaza. “Desde hace unas horas circula un chiste entre los gazatíes”, comenta Eyad Amawi. “Dice así: ‘No dejéis que vuestros hijos jueguen con cometas, porque si no, volverán a venir a jugar con sus F-16’, refiriéndose a los aviones de combate israelíes”. Los testimonios recabados por periodistas palestinos —las autoridades israelíes siguen prohibiendo la entrada de periodistas extranjeros en la Franja— confirman que los padres están siguiendo la consigna.

“Netanyahu pone de relieve su firmeza frente a Hamás, que se mantiene firme ante los israelíes en las negociaciones, y su capacidad para responder a la más mínima provocación”, analiza Thomas Vescovi, investigador en historia contemporánea especializado en Israel y Palestina, adscrito a la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y a la Universidad Libre de Bélgica. El primer ministro israelí ha rechazado de plano la hoja de ruta presentada por el Consejo de Paz, organismo creado por Donald Trump, y no ha cedido nada ante Jared Kushner, el enviado especial del presidente estadounidense, enviado para salvar lo que queda de su plan. Envía a la caballería contra los cometas. En resumen, está mostrando su fuerza.

“En el marco de las elecciones, Netanyahu será atacado por lo ocurrido el 7 de octubre. Pero, aunque reconozca la tragedia, destacará su postura como hombre que supo plantarle cara al mundo entero, a pesar de las condenas. Que impide que Hamás vuelva a afianzarse en la Franja de Gaza y sigue bloqueándola por completo”, añade Thomas Vescovi. “Se presentará como aquel que no cede en nada, para hacer que la oposición parezca débil. No deja, por ejemplo, de atacar a su principal adversario, Gadi Eisenkot, sobre este tema. Se burla de sus intervenciones públicas y asegura que, en consecuencia, lo dejarán en ridículo en la escena internacional. Aquí también hay un aspecto muy viril”.

La coalición gubernamental apuesta por la escalada ante una posición delicada en las encuestas de opinión. Tanto para seducir a su base y consolidarla, como para crear el máximo número de hechos consumados sobre el terreno. Pero nadie se deja engañar: “Encuesta tras encuesta, la mayoría de los encuestados comparte la opinión de que las motivaciones del primer ministro, ya sea en lo que respecta a Irán o a Gaza, son ante todo políticas y no se basan en consideraciones de fondo”, escribe Ofer Shelah, director del programa “Política de Seguridad Nacional de Israel” del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) israelí y exdiputado, en el diario de centroizquierda Haaretz.

En otras palabras, todos los medios son válidos y se ponen al servicio de las ambiciones electorales de Benjamín Netanyahu y sus aliados.

La carrera por los votos se une a la ideología expansionista. En el Gobierno, los representantes de los colonos, en particular Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, insisten a toda costa en que se lleve a cabo la construcción del bloque de asentamientos “E1”, un viejo sueño de los partidarios de la colonización. Al unir los asentamientos de Cisjordania con Jerusalén, dividirá Cisjordania en dos, completará la transformación del territorio ocupado en 1967 en una sucesión de bantustanes y pondrá el último clavo en el ataúd de un posible Estado palestino.

La licitación publicada el 18 de agosto es tan precipitada que incumple la normativa israelí, según reveló Haaretz el 24 de agosto, además de ser contraria al derecho internacional. “El calendario permitirá anunciar el nombre del licitador seleccionado antes de la jornada electoral —el 27 de octubre— y de la formación del próximo Gobierno. Para entonces, ya se habrán sentado las bases jurídicas y administrativas del proyecto E1, aunque aún no haya comenzado ninguna obra de construcción”, escribe el periódico.

Al mismo tiempo, son incesantes las redadas del ejército israelí contra los pueblos y ciudades palestinos de Cisjordania, a pesar de que los grupos armados palestinos llevan meses desmantelados y en algunos de los campos de refugiados ya no hay nadie.

Dima Mohammed Amin, una ginecóloga y obstetra de 55 años residente en Ramala, fue detenida en su domicilio durante una violenta redada de soldados el 18 de agosto, a causa de unas publicaciones en las redes sociales. Su familia estuvo treinta y seis horas sin saber nada de ella, hasta que, el 23 de agosto, se enteró de que un tribunal militar había prolongado su detención a pesar de que había sufrido problemas cardíacos que requerían hospitalización. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), es la última víctima hasta la fecha de una campaña dirigida contra el personal sanitario palestino.

Durante una redada en la localidad de Qabatiya, al norte de Cisjordania, el 17 de agosto, unos militares grabaron números en la piel de los hombres considerados sospechosos e interrogados. Aunque esta práctica no es nueva, este episodio ha agravado aún más la tensión. Esos hombres recibieron la orden, por parte del ejército, de no oponerse a los colonos si estos llegaban a invadir el pueblo.

“No fueron los colonos quienes hicieron esto. Fue el ejército, nuestros soldados, quienes lo hicieron, en el pueblo de Qabatiya, en Cisjordania. Detienen a la gente, los ponen en fila, les vendan los ojos y les marcan con números. No tienen nombre, ni humanidad, no son más que números. Insistimos en que esto también forma parte del sistema electoral”, dice indignado en X Alon-Lee Green, del grupo israelí judeo-árabe Standing Together.

Los supremacistas multiplican sus declaraciones y acciones incendiarias. Itamar Ben Gvir, jefe de la policía, está desatado: un día anuncia la construcción de la horca para las ejecuciones, ahora posibles, pero únicamente para los palestinos, y su retransmisión pública. “Cumplimos nuestras promesas”, exclama con jactancia. Otro día considera que habría que matar a “entre 30 y 40” palestinos cada noche en la Franja de Gaza.

“Ni Ben Gvir ni Smotrich han ocultado nunca su deseo de agudizar el conflicto en Cisjordania, de empujar a los palestinos a la revuelta. Porque, en su opinión, eso les permitirá acelerar mucho más las expulsiones, la apropiación de tierras y los desplazamientos de población. Y creen que tienen dos meses por delante, hasta las elecciones, para hacer avanzar su proyecto”, analiza Thomas Vescovi. “Porque, ¿quién sabe cuál será la actitud del próximo Gobierno hacia estos colonos si, tras el 27 de octubre, Ben Gvir ya no es ministro de Seguridad y Netanyahu ya no es primer ministro?”

Los colonos, que no paran de hacer incursiones en Cisjordania, protegidos por el ejército israelí, también forman parte de este juego electoral. Son el brazo armado de los supremacistas de la mayoría gubernamental y desafían a la oposición a que los condene, ya que nadie, en su seno, aboga por el fin de la colonización. “También quieren aumentar la tensión y aprovechar el miedo a la inseguridad que inspiran los palestinos y, de este modo, presionar a la oposición”, añade el investigador. “De hecho, le dicen: ‘Si realmente apoyáis la colonización, como afirmáis, no podéis condenarnos, porque eso es lo que hacemos: apoderarnos de tierras’”

Jugar con el miedo, demostrar su fuerza: viejas recetas de época electoral. Pero al servicio de una guerra genocida y de una limpieza étnica. Una vez más, Benjamín Netanyahu espera que los votos de los electores se decanten por él, quien, según cree, está en vías de reestructurar Oriente Medio y convertir a Israel en la única superpotencia regional.

El bombardeo del aeropuerto militar sirio de Abu al-Duhur, el 18 de agosto, constituyó ante todo una advertencia a Turquía, considerada como la nueva rival.

Un cartel electoral del Likud, el partido de Netanyahu, muestra los rostros poco afables del iraní Mojtaba Jamenei, del neoyorquino Zohran Mamdani, del libanés de Hezbolá Naïm Qassem y del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Su eslogan reza: “Quieren que Netanyahu pierda, no les dejemos ganar”.

Traducción de Miguel López

Están desorientados. Todo había empezado tan bien. La “unión de la derecha” que tanto deseaban y en la que trabajaban con ahínco estaba en marcha. Tenían a su candidato, cuyo programa económico esperaban redactar tras haberle inculcado “la pedagogía de los negocios”, que reforzaría sus intereses.

Dicho candidato incluso había empezado a respaldar sus reivindicaciones, especialmente en materia de pensiones, lo que provocó fuertes tensiones en el seno de su partido. Su popularidad en las encuestas iba en aumento, preparando a la opinión pública para un desenlace inevitable en la primera vuelta de las presidenciales.

Y entonces llegó el 7 de julio. La justicia condenó a Marine Le Pen en el marco del caso de los asistentes parlamentarios de Agrupación Nacional (RN), pero sin impedirle presentarse a las elecciones presidenciales. En las horas posteriores a la sentencia del Tribunal de Apelación, la expresidenta de RN confirmó su candidatura, dejando de lado sin más a Jordan Bardella, ese candidato por el que parte de la patronal había apostado todo.

Una decisión judicial de "gran perversidad", según un allegado al Medef (Movimiento de Empresas de Francia). “Los círculos empresariales no habían previsto esta situación”, reconoce uno de sus asesores de confianza. “Pensaban que la justicia confirmaría la condena de Marine Le Pen en apelación y dejaría el campo libre a Bardella”.

“La moraleja de la historia es que RN es ‘inoperable’. Es una empresa familiar al servicio exclusivo de los Le Pen. Todos los que han intentado hacerse con el partido han fracasado y han sido expulsados. La patronal debería haberlo sabido. Pero carece por completo de cultura política”, analiza un observador familiarizado con los círculos de poder en un tono falsamente contrito.

¿Qué hacer ahora? Con cierta inquietud, algunos esperan las jornadas de verano del Medef, los días 26 y 27 de agosto, momento de gran comunión entre la patronal y una parte de la clase política. Se trata de ver cómo se reposicionarán los círculos empresariales antes de la campaña presidencial, pero también qué dirá el presidente Patrick Martin, de quien se espera que haga de nexo entre todas las corrientes patronales.

“Nos da igual la misa mayor del Medef: no es eso lo que esperamos de la patronal”, responde sin rodeos el director de una pyme. “Se ha olvidado por completo de su papel”, continúa, preocupado “por la desaparición de nuestros grandes grupos, las deslocalizaciones y la desindustrialización del país”. “Hoy en día, los problemas de las empresas son los costes energéticos, el acceso al crédito, la competencia desleal —incluso dentro de Europa— y la dificultad para encontrar mano de obra cualificada, sobre todo en los sectores científicos y técnicos desde las reformas de Blanquer… Pero el Medef no dice ni una palabra al respecto. Prefiere sus jueguecitos políticos”.

Las críticas hacia la organización patronal no son de ahora. Llevan más de cuarenta años existiendo. Pero en los últimos años no ha dejado de ampliarse la brecha entre la institución oficial y la realidad sobre el terreno. Para muchos, el Medef está “completamente a la deriva” y ha dejado de asumir su papel de socio económico y social. “Desde la presidencia de Geoffroy Roux de Bézieux [de 2018 a 2023 —ndr], no es más que un órgano de presión política al servicio de unos pocos grandes intereses privados”, afirma un observador cercano a este ámbito.

Al considerar inútil luchar contra una instancia que solo se representaba a sí misma y que no les concernía, una parte de los dirigentes decidió ignorar esa evolución. Sin embargo, el reconocimiento público de RN —que puso fin a décadas de exclusión de la extrema derecha por parte de los círculos empresariales— y su apoyo poco disimulado a la candidatura de Jordan Bardella les han impulsado a romper su silencio. Pocas veces las críticas hacia el Medef han sido tan numerosas y virulentas.

Pocas personas se han atrevido a expresarse públicamente. Excepciones como Stéphane Boujnah, director general de Euronext, denuncian “la falta de ética” que supone aliarse con la extrema derecha. En privado, algunos se desahogan y dicen estar “asqueados” por “el colapso moral y democrático de la patronal”. “No se pacta con la extrema derecha. ¡Nunca!”, exclama un miembro influyente del Medef. “La patronal vuelve a sus raíces: las de la colaboración”, lamenta con sarcasmo un exdirector de un gran grupo empresarial ya jubilado.

“Las críticas contra la patronal siempre han existido. No es un colectivo homogéneo. Hay corrientes, como en el PS”, matiza un responsable patronal. “Pero me parece un poco injusto el juicio que se le está haciendo a Patrick Martin. Hereda una tarea muy complicada. Lo que se le podría reprochar es no haber marcado un rumbo, estar siempre a la defensiva”.

Estos “disidentes” acogieron con malicia el fracaso en directo de la candidatura de Jordan Bardella, lo que viene a confirmar sus alertas sobre el supuesto cambio de naturaleza de RN. Repiten una y otra vez la advertencia de Alain Minc, el incombustible asesor de los círculos empresariales parisinos, que denuncia la ilusión de la patronal de querer ser el “titiritero de Jordan Bardella”. Los hechos acaban de darles la razón, según ellos. RN sigue siendo el partido de extrema derecha que siempre ha sido, a pesar de sus intentos de normalización. Y a la menor oscilación, la familia Le Pen vuelve a tomar el control.

Pero incluso entre los partidarios de la “unión de la derecha”, que reclaman un gobierno autoritario “para las reformas que el país necesita”, algunos cuestionan la pertinencia de la decisión empresarial de alinearse con Jordan Bardella.

“Marine [Le Pen] lo ha descartado, pero, de todos modos, no creo que hubiera aguantado el tipo. No da la talla necesaria para liderar una campaña presidencial, y mucho menos para estar en el Elíseo”, afirma un empresario. “Yo, por mi parte, nunca habría votado a Bardella”, admite un empresario que, sin embargo, reivindica sus vínculos con la extrema derecha. “No tiene ni 30 años”, explica. “Carece de experiencia, no tiene estudios y da la impresión de no tener ninguna base política ni económica sólida. Es un animal de la comunicación que solo sirve para hacerse selfies”.

En un intento por recomponer las piezas de un mundo empresarial dividido y, sobre todo, por borrar el fracaso de la candidatura de Bardella, algunos intentan reescribir la historia. “No fueron el Medef ni los empresarios quienes fueron a buscar a Jordan Bardella. Fue él quien envió señales de apertura. Consideraron que había que aceptar su mano tendida y entablar el diálogo. No se puede ignorar a un partido político que obtiene un tercio de los votos y está a las puertas del poder”, afirma una eminencia gris del capitalismo francés. “En realidad, no ha habido un alineamiento de la patronal con Jordan Bardella. Todo esto forma parte de la política de normalización de RN”, añade otro dirigente.

“No estoy al tanto de los entresijos, pero no es ese el recuerdo que tengo”, cuenta un observador bien informado. “Fue a instancias de ciertas federaciones, entre ellas la de la UIMM [Unión de Industrias y Oficios Metalúrgicos —ndr] y de ciertos grupos de presión patronales, por lo que se decidió entablar relaciones con Jordan Bardella y darle protagonismo”.

En cualquier caso, desde hace más de un año, tanto los dirigentes del CAC 40 como los círculos financieros solicitan reunirse con él. Ha habido muchos almuerzos y citas más o menos discretas con el número dos del RN, que les parecía mucho más prometedor y atento que Marine Le Pen.

Pero, a partir de ahora, la patronal ya no tiene otra opción: tiene que lidiar con Marine Le Pen. “Basta con ver CNews para darse cuenta de la confusión. La cadena era el estandarte de la unión de la derecha, con Bardella al frente, tal y como quería Bolloré. Hoy en día, ya no sabe qué línea seguir”, ironiza una persona cercana a los círculos de poder.

Vincent Bolloré, que marca la pauta en una parte de los círculos empresariales, no oculta sus desacuerdos con la presidenta del grupo RN en la Asamblea Nacional. Para él, una “socialista”. Volver a situar la edad de jubilación en los 60 años, tal y como ella se ha comprometido, es un tema espinoso tanto para el presidente de Vivendi como para muchos de sus homólogos. Al igual que sus posturas sobre Europa. “Marine Le Pen se apoya en un electorado popular. Está claro que no va a desmantelar el gasto público ni la protección social, y que solo modificará las pensiones de forma marginal”, opina un directivo.

Para otros, no son más que promesas de campaña sobre las que RN se replanteará rápidamente su postura. En primavera, la asociación Entreprises et Cités, fundada por Claude Bébéar en la década de 1990 —y de la que Bernard Arnault (LVMH) y Vincent Bolloré son miembros desde sus inicios—, organizó un encuentro que reunió a la flor y nata del CAC 40, con Bernard Arnault y Patrick Pouyanné (TotalEnergies) a la cabeza, en torno a Marine Le Pen. “No tiene contactos con los círculos económicos. Debemos hacerle comprender las urgencias del país”, se justifica en el entorno de uno de los participantes.

Al considerar que RN está “mal preparada” para asumir el poder, algunos empresarios parecen ya dispuestos a brindarles su apoyo para que dominen “la gramática de los negocios”. Entre bastidores, se intensifican los contactos discretos, sobre todo con Sébastien Chenu y Jean-Philippe Tanguy, a quienes consideran los más perspicaces en materia económica y a quienes Marine Le Pen presta atención.

Jordan Bardella, por su parte, parece haber sido "zapeado" [apartado], según la expresión de un miembro de la patronal. Aunque Marine Le Pen asegura que lo nombrará primer ministro si llega al Elíseo, los círculos empresariales no se lo creen. Para ellos, Bardella ya no les sirve de nada: ha perdido.

Ahora, todos se preparan discretamente para la llegada de RN al poder, que consideran inevitable. Algunos incluso parecen desearlo. “Puesto que los franceses quieren RN, probemos la experiencia. Al cabo de seis meses, será una catástrofe. Después darán un giro radical, como hicieron los socialistas en la época de Mitterrand”, pronostica un dirigente. “¡Todo esto es irresponsable!”, se queja un directivo de una pyme que no se resigna a esa posibilidad. "Ya se sabe lo que cuesta el aventurerismo político. A Estados Unidos le llevará años reparar los daños causados por las locuras de Donald Trump”.

En el letargo del verano, asesores y think tanks empresariales intentan elaborar escenarios para mantener el control venga lo que venga. Y para volver a poner en marcha esa famosa “unión de la derecha”, capaz de llevar a cabo las “reformas radicales” que han incluido en su programa.

Algunos especulan sobre las verdaderas intenciones de Marine Le Pen. Al fin y al cabo, ¿de verdad quiere llegar hasta el final, alcanzar el poder? ¿No prefiere más bien mantenerse en ese papel de copiloto, que le permite prosperar política y económicamente, dictar la agenda política, imponer sus ideas —sobre todo en materia de inmigración y seguridad— sin tener que asumir el día a día de la gobernanza ni las consecuencias de esas decisiones? Todo ello podría abrir el camino a posibles alianzas.

La partida, según ellos, no se decide únicamente en las dos vueltas de las presidenciales, sino también en las dos vueltas de las legislativas que vendrán a continuación para “salir del bloqueo político en el que se encuentra el país desde 2024”.

En el marco de la campaña presidencial, lo ideal sería reproducir el esquema de las presidenciales de 2017 y 2022: contar con un candidato de derechas frente a Marine Le Pen en la segunda vuelta que reavive el voto republicano, lo que permitió en ambas ocasiones que ganara Emmanuel Macron.

Y para las elecciones legislativas, forjar una alianza —al menos tácita— con RN, prometiéndole asumir parte de sus propuestas, o incluso concederle algunas carteras ministeriales para garantizar una coalición mayoritaria en la Asamblea. Pero, ¿qué candidato de derechas podría cumplir tal misión? Esa es la pregunta que se plantean en estos momentos los círculos empresariales parisinos.

Traducción de Miguel López

Le Temple, 27 de julio. Se supone que esta localidad girondina ha sido evacuada, y el incendio que se inició en el pueblo vecino de Saumos cinco días antes sigue representando una amenaza. Pero algunos vecinos ya han regresado. Alrededor de una mesa, en casa de una silvicultora que ha perdido todos sus pinos, media docena de personas charlan sobre la situación. Se habla de las pérdidas económicas y de algunas tragedias personales. Se cuestiona la estrategia de los bomberos y la falta de medios aéreos. Se critica al Estado y a los representantes políticos. Y se especula. “Ah, y ahora que todo se ha quemado, ya podrán hacer sus campos de captación”, dice un hombre mayor.

Se refiere al proyecto de captación de aguas subterráneas de dos de los municipios más devastados por el incendio, Le Temple y Saumos, para abastecer a Burdeos: catorce perforaciones que se supone que suministrarán agua a 900.000 personas. Los silvicultores han luchado contra este proyecto impulsado por la empresa de aguas de Bordeaux Métropole, cuyo impacto en las capas freáticas causar temor. “Pero ahora —continúa el mismo—, tienen vía libre”. Él no cree en una conspiración, pero se pregunta por esta “curiosa coincidencia”. Y no es el único que se plantea este tipo de preguntas.

Allí no es raro oír comentarios que hablan de “una extraña coincidencia”, al referirse a este proyecto de campos de captación, a las ambiciones de los promotores inmobiliarios o incluso a un proyecto de un gran huerto solar —que ya existe y que cuenta con el apoyo de Engie, entre otros, pero en un municipio, Saucats, que se ha librado de los incendios—.

Se habla de ello a medias palabras, sin certezas pero con auténticas dudas. En el municipio de Le Porge, parcialmente devastado por las llamas (183 viviendas destruidas según el ayuntamiento), predomina sobre todo la sensación de haber sido "sacrificados" en beneficio de los “ricachones” de la península de Cap-Ferret, “a quienes había que defender a toda costa”. Un colectivo que agrupa a más de 700 afectados tiene la intención de emprender acciones legales.

En una entrevista concedida a La Tribune Dimanche el 2 de agosto, el primer ministro, Sébastien Lecornu, desmintió esas acusaciones, mostrándose indignado al ver que el “dolor” de los afectados “era instrumentalizado por conspiracionistas en las redes sociales”.

Mientras el fuego continuaba avanzando desenfrenadamente, en lugar de establecer la relación con el cambio climático, en Internet se difundían teorías descabelladas. En un vídeo con 90.000 visualizaciones, un youtuber, D1ST1, establecía un vínculo directo entre el proyecto de paneles solares y el incendio.

En X, el ex eurodiputado Florian Philippot también dejaba entrever la duda. “Se necesitan investigaciones serias sobre los pirómanos: hay oportunistas que tienen en mente sus proyectos inmobiliarios, energéticos, etc.”, escribía el 25 de julio.

Otra teoría conspiranoica, cercana a la de las "chemtrails", defendía la idea descabellada de que el incendio que se inició en Saumos había sido provocado por productos químicos vertidos desde el cielo por aviones: se trataba de arrasar el bosque para promover tal o cual megaproyecto. Algunos, citando a Elon Musk y Jeffrey Epstein, hablaban de un episodio que formaba parte de una conspiración mundial destinada supuestamente a provocar despoblación.

Para Julien Giry, investigador en ciencias políticas de la Universidad de Tours y especialista en teorías de la conspiración, no se puede meter todo en el mismo saco. “Cada catástrofe de este tipo —un tsunami, un vertido de petróleo— trae consigo su cuota de teorías conspirativas en cuanto recibe cobertura mediática”, explica. “Pero hay que diferenciar entre quienes desarrollan estas tesis porque tienen una agenda política —y que a menudo son personas ajenas a la catástrofe— y quienes se ven directamente afectados y, por su parte, se plantean preguntas legítimas”.

Las víctimas, prosigue, “necesitan comprender y encontrar una explicación plausible” a su desgracia. Si pueden dejarse seducir por teorías conspirativas, es sobre todo porque necesitan “dar sentido” a lo que les está pasando.

A nivel local, estas teorías se ven a veces favorecidas por la falta de consulta sobre ciertos proyectos, o por la opacidad de las autoridades: una comunicación torpe, o incluso mentiras. La estrategia adoptada ante el incendio originado en Saumos y la insuficiencia de los medios aéreos han sido criticadas por los vecinos e incluso por los propios bomberos. La retirada de los bomberos cuando Le Porge, aún no totalmente evacuado, se veía amenazado por las llamas, suscitó un desconcierto que sigue vivo un mes después.

Y las dificultades a las que se enfrentaron los agricultores para colaborar con los equipos de rescate —que algunos atribuyeron a las reticencias o incluso a los obstáculos impuestos por la prefectura— provocaron tensiones y alimentaron las teorías conspiranoicas. “¿Por qué los agricultores con maquinaria no pueden ir?”, preguntaba una publicación anónima en X a finales de julio, antes de acusar: “Vidas humanas destruidas, tierra quemada, fauna devastada, aire contaminado… todo eso les deja totalmente indiferentes [a las autoridades – ndr], ¡porque hay jugosos contratos en juego!”

Este tipo de excesos no son exclusivos de la Gironda. En los pueblos de Ribaute y Tournissan, en el departamento de Aude, devastados por los incendios en 2025, algunos establecieron rápidamente la relación entre el incendio y los proyectos de huertos solares. Cuando se declaró un incendio en Charente en agosto de 2025, un internauta afirmaba en X: “¡Y adivinen qué! Al igual que en los incendios anteriores… hay un proyecto de huerto solar en el municipio de Saint-Vallier, en Charente”.

Ni tampoco es algo exclusivo de Francia. El incendio que arrasó Andalucía el pasado mes de julio y que se cobró la vida de trece personas también trajo consigo su cuota de teorías conspiranoicas. “Las autoridades dicen que el incendio se declaró tras la caída de un cable eléctrico. No les creo. En Los Gallardos se rumorea que el incendio fue provocado intencionadamente para dejar espacio a los huertos solares”, explicaba entonces a Mediapart Cristóbal, un vecino de Bédar, un pueblo devastado. “Todo esto forma parte de la Agenda 2030”, afirmaba otro vecino, un hombre de unos cincuenta años. “Es un programa de la Unión Europea que nos impide desbrozar”.

La Agenda 2030 no es un programa de la Unión Europea, sino una iniciativa de las Naciones Unidas. Adoptada en septiembre de 2015, establece diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que deben alcanzarse de aquí a 2030 —sin carácter obligatorio—. Pero también se encuentra en el centro de numerosas teorías de la conspiración difundidas por diversos representantes de la extrema derecha mundial, y en particular por el partido Vox en España (que gobierna en coalición en Andalucía), y que convergen en la idea de que la ONU pretende sustituir a los Estados-nación por un “gobierno mundial”.

En 2023, cuando los incendios acababan de asolar Hawái y Canadá, algunos internautas afirmaban que dichos incendios habían sido provocados por un “arma de energía dirigida” —una especie de láser accionado desde el cielo—. Por su parte, el incendio forestal de Fontainebleau (Sena y Marne) habría sido provocado “mediante ingeniería social” para “poner de rodillas a Francia”, afirmaba en julio Franck Pengam, un youtuber con 474.000 suscriptores en su canal titulado “Géopolitique profonde”. Es “el nuevo Notre-Dame”, aseguraba en un vídeo visto 42.000 veces: “Todo lo que simboliza a Francia debe arder”.

Estas teorías no se limitan a los incendios. Las olas de calor recurrentes y, en general, el cambio climático, también están en el punto de mira de los conspiranoicos de todo tipo. A principios de verano, algunos internautas sacaron a relucir una declaración de la exministra Agnès Pannier-Runacher, quien cometió la torpeza, en 2025 durante una rueda de prensa, de hablar de una ola de calor “desencadenada”. Un lapsus inevitablemente revelador para los conspiranoicos: la prueba de que las “élites” están detrás del cambio climático.

Son exactamente las mismas teorías que circulan en la extrema derecha. En un grupo de WhatsApp de activistas cercanos a la Agrupación Nacional (RN) al que Mediapart ha tenido acceso, los intercambios sobre que las olas de calor son un “invento” van a buen ritmo. En él se pueden encontrar vídeos que explican que estas olas de calor no tienen nada de natural.

La red X difunde ampliamente contenidos sobre cómo “fabricar una ola de calor”, y en particular las explicaciones del físico Jean-Pierre Petit, cercano a la Unión Popular Republicana (UPR) de François Asselineau. Petit afirma que las olas de calor pueden desencadenarse artificialmente en territorios seleccionados, gracias a una tecnología del programa militar estadounidense HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program, Programa de Investigación Activa sobre las Auroras de Alta Frecuencia), puesto en marcha en la década de 1990 para estudiar la capa superior de la atmósfera.

“Es curioso que Europa se encuentre justo en la zona más calurosa y que Estados Unidos disfrute de temperaturas más benignas”, señala un miembro del grupo, mientras que otro le responde con un esquema en el que se ven aviones lanzando partículas de aluminio que, supuestamente, provocan cúpulas de calor. “Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Nos están haciendo una guerra climática que persigue varios objetivos: acabar con los más vulnerables, quemar los cultivos y decirnos pronto que nos falta agua”, afirma otro.

Por su parte, el youtuber Guillaume Capin explica que se pone en “estado de conciencia modificada” para comprender qué se esconde detrás de esta ola de calor “no necesariamente natural”. “El objetivo” —afirma frente a la cámara y con los ojos cerrados en un vídeo publicado el 6 de julio y visto más de 8.000 veces— es privar a Francia de su soberanía energética […]. No es natural, es estratégico […]. ¡Para su nuevo orden mundial, quieren poner a los pueblos de rodillas!” Por eso Francia y Europa Occidental se ven envueltas este verano “en una especie de cúpula o invernadero”, afirma, antes de mencionar la teoría de las chemtrails y el proyecto HAARP.

Estas delirantes teorías conspiranoicas son un potente combustible para la extrema derecha. “Numerosos estudios demuestran que existen afinidades entre los conspiracionistas y la extrema derecha”, sostiene Julien Giry. “En estas teorías casi siempre se encuentran los mismos objetivos: las minorías étnicas, sexuales y religiosas, así como las élites.” Un discurso “antisistema”, pero también “racista”, que no era raro escuchar en Gironda cuando el incendio aún no estaba controlado.

En Le Porge, mientras un colaborador de la prefecta, que acababa de hacer una visita relámpago, era interpelado por los vecinos el 27 de julio, un agricultor se enfadaba solo a pocos metros de allí: “Estos tecnócratas quieren explicarnos cómo hacerlo, pero no conocen esta tierra. ¡Nosotros sí!” Y denunciaba, junto con otros hombres que se habían quedado en el lugar para combatir el incendio, el “desprecio del Estado”, e incluso “de los bomberos venidos de la ciudad que no conocen los métodos adecuados y se creen que lo saben todo”. Mientras el pueblo aún hacía balance de los damnificados, se repetía el eterno antagonismo entre rurales y urbanitas, en el que se apoya la extrema derecha desde hace años.

En una zona históricamente socialista, pero cada vez más inclinada hacia la RN —especialmente en Le Temple y Le Porge—, también se profirieron comentarios racistas. Muchas personas que se habían negado a abandonar sus casas a pesar de la orden de evacuación explicaron a Mediapart que temían los robos, y muchas de ellas añadían con total naturalidad: “Los gitanos andan por aquí.”

En un vídeo que circuló por las redes sociales el 30 de julio, unos hombres que se habían apoderado de un micrófono de la cadena BFMTV acusaban a “los negros y los árabes”. Ante la cámara, uno de ellos explicaba, antes de que la periodista recuperara el micrófono: “Bueno, lo que estamos diciendo es que, en cuanto a los incendios, podéis iros, no hay ni un negro, ni un árabe. Ni uno solo” La cadena de televisión, denunciando “comentarios racistas”, anunció su intención de presentar una denuncia.

Es demasiado pronto para afirmar que los repetidos incendios de este verano (algunos de los cuales se declararon en territorios donde RN ya obtiene buenos resultados, como en Var o en Aude) tendrán repercusión en las elecciones presidenciales de 2027. Pero, según Julien Giry, hay un precedente que demuestra que no hay que descartarlo “aunque no se pueda establecer un vínculo directo”.

En 2001, los habitantes de la Somme, una región históricamente de izquierdas, sufrieron una importante riada. Cerca de tres mil hogares quedaron inundados. En torno a esta catástrofe se extendió el rumor de que la crecida había sido provocada por las autoridades, y en particular por el Gobierno de Lionel Jospin, con el fin de proteger la ciudad de París. Unos meses más tarde, el candidato socialista obtuvo un resultado muy pobre en la primera vuelta de las presidenciales, muy por debajo de los resultados habituales de la izquierda en ese departamento.

Traducción de Miguel López

El asunto ha tenido ocupados a algunos dirigentes del movimiento, con la ayuda de los buscadores y la inteligencia artificial. Y estuvieron indagando, medio en bromas medio en serio, en los precedentes históricos. ¿La reunión de comienzo del curso político 2011 del Partido Socialista en La Rochelle, a pocos meses del regreso de la izquierda al poder? ¿Las grandes concentraciones de la derecha posgaullista en la cima de su gloria? Esas están superadas, si nos atenemos a los recuentos de La Francia Insumisa.

Con una asistencia declarada de 10.000 personas en el mitin final de Jean-Luc Mélenchon el domingo 23 de agosto, La Francia Insumisa (LFI) se jacta de haber organizado las universidades de verano más grandes jamás vistas en el país. No tiene sentido enzarzarse en una costosa batalla de cifras, ya que no cambiaría nada en lo esencial: a ocho meses de las elecciones presidenciales, el inicio del curso político del movimiento “insumiso” se ha convertido en una nueva demostración de fuerza.

Durante cuatro días, del 20 al 23 de agosto, la décima edición de los “Amfis” —nombre con el que se conocen las jornadas de inicio de curso que organiza cada año LFI en esta misma época— se caracterizó por su gran variedad. Había de todo y en abundancia: gente, jóvenes, ponentes, debates, conferencias y camisetas de la selección francesa de fútbol con el lema “Mélenchon 27”.

Dirigentes y parlamentarios, por supuesto, y también alcaldes, entre ellos el de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Bally Bagayoko, recibido como un héroe. También hubo invitados externos destacados, empezando por el empresario Matthieu Pigasse y la presidenta del grupo ecologista en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain, quienes mostraron tales puntos en común con Jean-Luc Mélenchon que cuesta imaginar que no se sumen a su campaña de aquí a abril.

Todo ello ha alegrado, como es lógico, a los dirigentes de LFI que competían por encontrar los adjetivos más elocuentes para describir el momento. “Es histórico”, susurraba, por ejemplo, el sábado, sentado a orillas del lago de Aiguille, el diputado Éric Coquerel. A sus 67 años, el diputado por Seine-Saint-Denis contempla todo esto recordando los primeros pasos de la aventura mélenchoniana, hace dieciocho años, incluso antes de que naciera LFI: “Hoy nos damos cuenta de que hemos creado un movimiento de masas”.

Más aún que el número, la característica más llamativa de estas jornadas en el departamento de Drôme radicaba, para el movimiento, en algo relativamente difícil de definir. Un sentimiento difuso, contagioso entre los simpatizantes insumisos, vertiginoso también porque es inédito: el de que la victoria está al alcance de la mano, más que nunca.

“Escuchad a la gente: hemos pasado de ‘Resistencia’ a ‘Vamos a ganar’”, señala Manuel Bompard, el director de campaña. “La gente tiene la sensación de que se han alineado los astros”. Pero ¿no es ese el fervor natural del inicio de la carrera, el que marca cada comienzo de campaña? “No, en 2022 fue diferente”, responde Éric Coquerel. “En aquel momento, nos decíamos: ‘Hay un resquicio, no es imposible’. Ahora estamos varios peldaños más arriba”.

Jean-Luc Mélenchon no hizo nada, en su discurso de clausura del domingo, para frenar este optimismo creciente. «Sí, señoras y señores que nos estáis escuchando: ahora, para nosotros, no solo como un objetivo, sino ya como una expectativa impaciente, la victoria es posible”, afirmó el candidato. “Está llegando a su fin el reino neoliberal del cada cual a lo suyo y de la irresponsabilidad ecológica. Por eso, la responsabilidad de esta posible victoria nos obliga a actuar.”

Las brasas de la esperanza sobre las que sopla Jean-Luc Mélenchon no provienen ni de un ímpetu descontrolado ni de la embriagadora camaradería que genera un regreso exitoso a la política. Para el candidato "insumiso", el optimismo que surge en sus filas reviste un doble interés estratégico. Por un lado, permite captar nuevos votantes, ampliando la base social en la primera vuelta. “La fuerza atrae a la fuerza”, repite a menudo Mélenchon. En otras palabras, cuanto más impulso toma la dinámica, más posible se hace la victoria; cuanto más posible parece la victoria, más se decide el electorado indeciso a votar a Mélenchon… alimentando así la dinámica.

Por otro lado, en un plano más táctico, afianzar en la mente de la gente la idea de que el voto “insumiso” es la única alternativa progresista capaz de llegar a la segunda vuelta contribuye a desestabilizar a las demás formaciones de izquierda, que ya se encuentran en muy mal estado. “Ya está en la mente de todos: Jean-Luc Mélenchon es el candidato de la izquierda”, resume Paul Vannier, diputado de LFI y responsable electoral del movimiento.

Es precisamente porque la campaña de Jean-Luc Mélenchon arranca con tal impulso por lo que se está intensificando la presión en Los Ecologistas para empujar a Marine Tondelier a retirar su candidatura, según estiman los estrategas de LFI. El segundo objetivo es “completar el banquillo”, según uno de ellos, con los aspirantes procedentes de la izquierda socialista, incluso antes de octubre y de la designación formal de uno de ellos.

La estrategia está funcionando bien, a juzgar por la parálisis en la que parecen estar sumidos socialistas y ecologistas. A modo de símbolo, el editorial de Le Monde instaba el viernes a “los ecologistas y los socialdemócratas a recuperarse urgentemente para ofrecer una alternativa de izquierdas”, mientras que el de La Tribune dimanche se mostraba aún más explícito: “¿Quién va a parar a Mélenchon?” En la derecha, Gérald Darmanin metió la pata en La Voix du Nord a principios de semana: “Creo que el señor Mélenchon superará el 20 % en la primera vuelta”, pronosticó el ministro de Justicia.

Los “insumisos”, habituales outsiders, se encuentran en una posición tan favorable que casi resulta traicionera. “No hay que cometer, sobre todo, el error de Alain Juppé y otros, es decir, hacer una campaña de segunda vuelta antes de haber pasado la primera”, advirtió Manuel Bompard durante una conferencia. Y, al mismo tiempo, la ecuación no es exactamente la misma de siempre: ahora se trata, aunque los dirigentes de LFI no lo digan abiertamente, de evitar polémicas y ataques, y de dejar que el éxito de los grandes actos surta efecto.

Por eso Jean-Luc Mélenchon hizo en Châteauneuf-sur-Isère lo mismo que había hecho en Saint-Denis, a principios de junio: un Mélenchon que sigue el guión al pie de la letra, fiel a la línea que defiende desde hace años, pero sin florituras, sin excesos, sin deslices ni frases efectistas que pudieran eclipsar al resto y acaparar por sí solas horas de emisión en los canales de noticias 24 horas. El líder de LFI leyó fielmente su texto, como hace ya en cada uno de sus mítines.

De su discurso hay que destacar lo que Éric Coquerel denomina “la necesidad de aunar la radicalidad y la capacidad de gobernar”. En cuanto al fondo, LFI sigue denunciando “la colusión total” entre el bando presidencial y la extrema derecha, critica las propuestas de Gabriel Attal sobre los "nómadas" y las de Édouard Philippe sobre la inmigración en Mayotte, arremete contra la ley “Duplomb-veneno” y exclama: “¡Que se vayan todos!”

Pero el tono es más moderado, se han dejado de lado algunos temas espinosos y se ha puesto el énfasis en demostrar que La Francia Insumisa estará dispuesta a aplicar sus propuestas. Durante el fin de semana, Clémence Guetté, coordinadora del programa, habló extensamente ante la prensa sobre el papel de los “frigios”, esos 80 altos funcionarios que preparan en secreto el posible ejercicio del poder por parte de LFI.

En el escenario, Jean-Luc Mélenchon criticó la intención de Gabriel Attal de importar a Francia el spoil system estadounidense —es decir, la sustitución de los directores de las Administraciones por cuadros más alineados políticamente con el poder del momento—. En su lugar, Mélenchon, exministro de Lionel Jospin, rindió un inesperado homenaje a la alta función pública, al “Estado republicano, su deber y el honor de servirlo”.

Del mismo modo, la parte del discurso dedicada a la transición ecológica, con la que se inauguró la intervención, dejó de lado los grandes principios para centrarse en las medidas concretas. La creación de las ecorregiones, su delimitación a partir de la “cuenca hidrográfica de los ríos”, sus amplias prerrogativas —desde el agua hasta los bosques, pasando por el aire, los suelos y la salud medioambiental— y su posible poder normativo, suponen un paso considerable en el camino hacia la descentralización. “El cambio climático abre una era totalmente nueva para la civilización humana”, argumentó Mélenchon, prometiendo en consecuencia “cambiar la naturaleza del Estado”.

La esperada adhesión de los Ecologistas a su campaña podría suponer un hito importante en la batalla por el liderazgo de la izquierda. Los discursos de LFI intentan ya imponer en el panorama político el relato de un duelo entre la izquierda rupturista y la extrema derecha, reduciendo a los sucesores de Emmanuel Macron y a los últimos socialdemócratas al papel de árbitros, cuando no de meros figurantes.

“Francia, entre la espada y la pared, en cada colegio electoral, en cada conciencia, hará Historia, la gran Historia”, predijo Jean-Luc Mélenchon al concluir su intervención. “¿Qué principio de acción la impulsará? ¿Cada uno por su cuenta o todos juntos? ¿El supremacismo racista o el colectivismo? Respondamos a la llamada de esta gran lucha.”

Traducción de Miguel López

Zohran Mamdani ha logrado un pequeño milagro: enseñar a los neoyorquinos una nueva palabra francesa (que en español sería "domicilio secundario", ndt). El martes 18 de agosto, unos 30 seguidores del alcalde se concentraron frente al ayuntamiento para mostrar su apoyo al proyecto de Pied-à-Terre Tax, un impuesto adicional destinado a las segundas residencias de lujo.

En medio del bochorno estival, la pequeña concentración tuvo lugar con ocasión de un pleno del ayuntamiento dedicado a su puesta en marcha. Entre los asistentes se encontraban miembros de los Socialistas Demócratas (DSA), la principal organización socialista de Estados Unidos, a la que pertenece Zohran Mamdani, pero también de la asociación de ayuda a los migrantes Make the Road, así como representantes locales progresistas.

Todos insistieron en la urgencia de que los más acomodados contribuyan en mayor medida, ante la pauperización de las clases medias neoyorquinas y los recortes del Gobierno de Trump en los programas de ayuda alimentaria, de sanidad y de vivienda.

“Los ultrarricos ganan más dinero que nunca, pero las desigualdades de ingresos en nuestra ciudad nunca han sido tan grandes”, denuncia un organizador, flanqueado por pancartas con los lemas “Gravad a los ricos” y “Invertid en Nueva York”. “Tienen poder. Mucho poder. Pero el movimiento que estamos construyendo es aún más poderoso”, quiere creer.

La medida, ya anunciada oficialmente el 15 de abril por Zohran Mamdani y por la gobernadora, Kathy Hochul, consiste en aplicar un recargo progresivo —del 0,8% al 1,3%— a las segundas residencias cuyo valor supere los 5 millones de dólares y cuyos propietarios no residan principalmente en Nueva York. El Ayuntamiento estima que esta medida podría reportar unos 500 millones de dólares al año.

El día del anuncio, Zohran Mamdani aprovechó una conferencia en la universidad pública CUNY, junto a los economistas Joseph Stiglitz y Gabriel Zucman, para desmontar el “mito” de una fuga masiva de millonarios y multimillonarios sometidos a impuestos adicionales. Recordó que las anteriores subidas de impuestos en el Estado de Nueva York no habían tenido un efecto disuasorio significativo.

“¡Lo que observamos es que ahora tenemos más millonarios!”, afirmaba. “Frente a todo el debate sobre el éxodo imaginario de los más ricos, debemos hacer frente a un éxodo muy real en esta ciudad: el de las clases populares.”

Como era de esperar, en un municipio que cuenta con 123 multimillonarios, la reacción fue inmediata. El alcalde presentó su medida en un vídeo grabado frente a un edificio de Central Park donde se encuentra el ático de 238 millones de dólares propiedad de Ken Griffin, fundador del fondo Citadel y residente en Miami. Este multimillonario se ha convertido, en el mensaje de Mamdani, en el símbolo de un “sistema injusto”. El interesado respondió amenazando con renunciar a un proyecto de rascacielos de gran envergadura en Manhattan.

La aplicación del recargo también suscitó rápidamente polémica. El 11 de agosto, un juez de Staten Island, el único distrito republicano de Nueva York, ordenó su suspensión tras recibir una demanda de varios propietarios que impugnaban, entre otras cosas, la publicación de datos relativos a más de 900.000 inmuebles que podrían verse afectados. Algunos denunciaron una vulneración de su privacidad.

Es el caso de Scott Galloway, un profesor de la Universidad de Nueva York muy mediático y, sin embargo, partidario de Zohran Mamdani, que se indignó al ver que su nombre y la dirección de una de sus propiedades aparecían en esos datos. “El alcalde Mamdani toma una fuente legítima de ingresos fiscales y la convierte en una especie de orden de búsqueda”, afirmó en un podcast.

Otra de las quejas planteadas en la demanda es el envío de cartas a 17.000 propietarios que el ayuntamiento supone sujetos al recargo. Algunos afirman haber recibido estas notificaciones por error y deben presentar justificantes para demostrar que realmente viven en su vivienda. De lo contrario, podrían verse obligados a pagar el recargo.

La decisión del juez de Staten Island ha sido suspendida posteriormente por un tribunal de apelación, lo que permite al ayuntamiento seguir adelante con la aplicación de la medida. Pero el litigio no ha terminado ni mucho menos: el ayuntamiento y los indignados propietarios volverán a verse las caras en los tribunales el 31 de agosto.

El martes 18 de agosto, el Pleno municipal examinó las condiciones de aplicación del recargo. La administración de Mamdani no intervino, alegando los procesos judiciales en curso. Una ausencia criticada por la presidenta del consejo municipal, Julie Menin. Pero para los defensores del impuesto reunidos frente al ayuntamiento, este pleno del consejo constituye sobre todo un intento político de desacreditar una medida fiscal controvertida.

“Es legítimo organizar un pleno y preguntarse cómo mejorar este dispositivo”, afirma Brian Romero, candidato demócrata a la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York por el oeste de Queens, un distrito multicultural y popular. “Lo que no apoyo es intentar utilizar todo tipo de maniobras para retrasar la aplicación de este impuesto, cuando los neoyorquinos están sufriendo y necesitan tanto esos recursos.”

En su circunscripción, cita las colas cada vez más largas ante los bancos de alimentos, el acceso reducido a la asistencia sanitaria y el aumento del número de personas sin hogar para ilustrar las consecuencias del aumento vertiginoso del coste de la vida y de los recortes federales. Sin embargo, reconoce que los 500 millones de dólares que se espera recaudar gracias al Pied-à-Terre Tax no bastarán para resolver estos “problemas sistémicos”.

De ahí la necesidad, según él, de ir más allá e instaurar un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios o aumentar los impuestos a las grandes empresas. El problema es que el alcalde de Nueva York no tiene competencias en materia fiscal. El Estado de Nueva York, en cambio, sí las tiene. Pero la idea no entusiasma mucho a Kathy Hochul, una demócrata moderada que aspira a ser reelegida gobernadora en noviembre.

Traducción de Miguel López

“La tensión es constante… Estoy en medio de la guerra… Quiero volver a casa”. Las palabras de Ravi (nombre ficticio) se ven interrumpidas por los cortes de conexión, constantes a bordo del petrolero en el que lleva varios meses trabajando sin descanso, a la entrada del estrecho de Ormuz. Contactado por Mediapart por teléfono el 13 de agosto, este indio de 45 años, originario de Calcuta, es uno de los seis mil marinos que se encuentran actualmente bloqueados en este paso estratégico controlado por Teherán.

“Estas cifras se han elaborado a partir de las peticiones de ayuda de los marinos que se ponen en contacto con los sindicatos”, precisa Mohamed Arrachedi, coordinador de la red del mundo árabe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). “Pero algunas tripulaciones no tienen conexión y están aisladas del mundo exterior”. En otras palabras, el número de marinos bloqueados en el estrecho es probablemente mayor.

La ITF es la mayor organización mundial del sector del transporte y representa a más de un millón de marinos en todo el mundo. Al inicio de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, según la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, se encontraban bloqueados en el estrecho unos 20.000 marinos.

Desde entonces, la ITF ha recibido más de 3.200 peticiones de ayuda de marinos bloqueados en este canal situado en el golfo Pérsico. Cada llamada suele referirse a varios marinos de la misma nacionalidad, precisa Mohamed Arrachedi. Se desconoce a cuántas nacionalidades pertenecen los marinos retenidos en el estrecho. Es probable que la mayoría sean indios, pero también hay filipinos, etíopes, sirios, indonesios y esrilanqueses.

En los últimos seis meses, las tripulaciones han visto en varias ocasiones cómo se desvanecían sus esperanzas de regresar a casa. Por el momento, todos los anuncios de alto el fuego y de acuerdos de paz han fracasado.

Tras la firma, el 17 de junio, de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, parte de los buques pudo abandonar el estrecho, pero apenas tres semanas después se reanudaron los intercambios de disparos. El plazo de sesenta días establecido por el protocolo de acuerdo expiró el 17 de agosto.

La guerra no es la única responsable de la pesadilla que viven estos marinos, que siguen bloqueados en el estrecho. “Hay barcos que no han podido cruzar porque no han conseguido los permisos necesarios. Pero también hay armadores sin escrúpulos que se niegan a repatriar a sus marinos”, denuncia Mohamed Arrachedi. Y lo que es peor: varios buques han seguido llegando al estrecho tras el inicio de la guerra, impulsados por armadores ávidos de beneficios.

Es el caso del petrolero en el que trabaja Ravi. Tras varios intentos infructuosos de contacto, contó a Mediapart, en un mensaje de voz, que había embarcado el 4 de febrero de 2026 desde el puerto de Galle, en el sureste de Sri Lanka, con destino a la isla de Kharg, en Irán.

Una vez cargado de petróleo, el petrolero descargó parte de la mercancía en Singapur, antes de poner rumbo a Hong Kong. “Durante el viaje, el capitán del barco nos preguntó si estábamos de acuerdo en volver a Irán. La guerra ya había comenzado. La mayoría de los marineros nos negamos”, afirma.

Una parte de la tripulación, todos ellos indios, pudieron desembarcar durante una escala en Sri Lanka y ser repatriados a sus hogares. Los demás, que llevaban meses sin cobrar, no tuvieron más remedio que zarpar de nuevo hacia un destino desconocido. Hace un mes, el capitán le prometió a Ravi que podría desembarcar durante una escala en los Emiratos Árabes Unidos y volver por fin a casa. Pero eso no ocurrió.

A pesar de sus súplicas y de una carta dirigida a la agencia india de manning (una empresa especializada en la contratación y dotación de marinos a bordo de buques), a la que ha tenido acceso Mediapart, en la que explica que no “quiere navegar en una zona de guerra”, el armador aún no ha organizado su repatriación. El motivo es que “quiere ganar cada vez más dinero.”

Para algunos armadores sin escrúpulos, el cálculo es sencillo: es mejor mantener al marino a bordo y obligarle a trabajar que gastar el dinero necesario para su repatriación u organizar su relevo, una operación costosa y complicada, sobre todo en tiempos de guerra.

En teoría, explica Mohamed Arrachedi, el armador tiene la obligación de hacerse cargo de la repatriación de los marineros que se nieguen a trabajar en zonas de guerra. En colaboración con las autoridades portuarias y los armadores, el sindicato ha organizado la repatriación de más de setecientos marineros desde el inicio del conflicto.

Si los marinos aceptan trabajar en zonas de guerra, el armador normalmente debe pagarles una prima de riesgo. No solo es raro que se paguen estas primas, sino que muchos armadores deducen ilegalmente de los salarios de los marinos los gastos necesarios para su repatriación. “Los armadores también deben garantizar el abastecimiento y el relevo de las tripulaciones, cuyos contratos no pueden superar los once meses consecutivos”, detalla además Mohamed Arrachedi.

Pero las tripulaciones bloqueadas en Ormuz denuncian contratos prolongados, salarios impagados desde hace meses y falta de víveres. “La comida no es buena. No puedo dormir bien. Mi salud se resiente. Ya no puedo trabajar. Ayudadme”, implora un marino etíope en un mensaje enviado al sindicato.

En otro mensaje al que ha tenido acceso Mediapart, un marino de la misma nacionalidad, pero que trabaja en otro buque, afirma que el capitán le ha privado de comida como represalia por sus peticiones de repatriación: “¿Cómo voy a sobrevivir a bordo sin comida?”, se pregunta preocupado.

Ravi confiesa que tiene miedo a trabajar en plena zona de guerra. De hecho, al menos dieciocho marinos han perecido en Ormuz a causa de los ataques. La mayoría son indios. La última víctima se remonta al 18 de agosto: un ingeniero murió en un ataque a un buque frente a las costas de Omán, según un comunicado en X de United Kingdom Maritime Trade Operations. Su nacionalidad e identidad no se conocen.

“Debemos tener presente que se trata de personas inocentes formadas para ejercer su profesión y no para luchar”, declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, el 26 de julio, precisando que “los buques no están equipados para defenderse de misiles o drones”.

Para Mohamed Arrachedi, los conflictos “proporcionan a los armadores un pretexto perfecto para no asumir sus responsabilidades”. En este sector opaco y desregulado son muy habituales los abusos. Antes de la guerra en Irán, el teléfono del sindicalista ya sonaba día y noche, saturado de llamadas de marinos en apuros.

Cada año, ante la indiferencia general, son abandonados en todo el planeta cientos de buques con sus tripulaciones a bordo. Se trata de un fenómeno en fuerte aumento, especialmente desde la pandemia del covid-19. En 2025, la Organización Internacional del Trabajo registró 6.223 marineros abandonados, frente a los 4.726 de 2024 y los 1.983 de 2023.

Un barco se considera abandonado cuando el armador ya no puede o no quiere pagar a la tripulación, las provisiones o las reparaciones necesarias para la seguridad del carguero. A veces desaparece literalmente tras una sociedad pantalla y deja de contestar al teléfono.

En ocasiones, los marineros quedan atrapados a bordo de auténticas bombas flotantes que transportan cargamentos peligrosos. Cabe recordar que la tripulación del Rhosus, que transportaba el nitrato de amonio responsable de la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, permaneció atrapada a bordo durante casi un año, con esa carga explosiva.

Desde el inicio del conflicto en Irán, la ITF ha organizado la repatriación de cinco tripulaciones consideradas abandonadas en el estrecho. La impunidad que rodea a estos abusos se explica en parte por el sistema del “pabellón de conveniencia”: armadores que optan por enarbolar el pabellón de países con normativas muy laxas en materia de derecho laboral.

Ese es el caso de la mayoría de los buques actualmente bloqueados en Ormuz, “pero también hay buques que enarbolan pabellones nacionales que han ratificado el convenio de la OMI”, precisa Mohamed Arrachedi.

La OMI actualiza cada año una “lista negra” de los peores pabellones. El barco en el que se encuentra Ravi enarbola el pabellón de Curazao, utilizado con frecuencia por flotas fantasma para eludir las normativas medioambientales y las sanciones internacionales.

Uno de los casos más delicados que gestiona actualmente la ITF en Ormuz se refiere a una tripulación cuyos marinos, en su mayoría etíopes, llevan quince meses sin cobrar y cuyo buque habría sido alcanzado por un ataque. Mediapart no ha podido verificar esta información.

“El barco se incendió, pero, gracias a Dios, sobrevivimos. Al comienzo de la guerra, todos los tripulantes iraníes regresaron a casa. Ya solo quedamos tres a bordo. Después de Dios, usted es la única persona que nos queda”, escribió uno de ellos al sindicato a principios de agosto.

La lista de tripulaciones abandonadas puede consultarse en esta base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Traducción de Miguel López

Cuando recibió su segunda Palma de Oro en mayo, el director Cristian Mungiu expresó su preocupación por el estado de nuestras “sociedades fracturadas y radicalizadas”, y por la brecha cada vez mayor entre conservadores y progresistas, que, según él, se han vuelto incapaces de dialogar y ponerse de acuerdo.

Desde su presentación en Cannes, Fjord, que se estrena ahora en cines, parece que provoca exactamente el efecto contrario al que se había fijado como objetivo: suscita reacciones muy polarizadas, ya que el cineasta rumano de 58 años expone en ella, de forma incómoda, las zonas grises de un tema ultrasensible, la protección de la infancia en Europa.

Unos días antes de recibir la Palma de Oro, Mungiu, originario del este de Rumanía, muy cerca de Moldavia, había precisado el rumbo demiúrgico que marcaba a su cine, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter: “Las películas se han vuelto demasiado políticas en los últimos diez o quince años, limitándose a confirmar los ‘buenos valores’ [progresistas —ndr]. Debemos contrarrestarlo con películas que nos permitan expresar dudas sobre los valores contemporáneos. Es una forma de cultivar la democracia”.

¿Consigue Fjord "cultivar la democracia”? ¿O se trata, bajo el pretexto de una agenda política ultraambiciosa, de una simple "Palma de la derecha" como sugieren algunas voces?

La película narra el asentamiento de una familia binacional (padre rumano, madre noruega) y numerosa (cinco hijos), los Gheorghiu, en un pueblo situado a los pies de un fiordo nevado de Noruega. Cuando una profesora observa moratones en el cuerpo de la mayor, los niños son colocados en familias de acogida.

Se abre una investigación de los servicios sociales, lo que allana el camino para un juicio. Los Gheorghiu se encuentran con que van a ser juzgados por las autoridades, no por sus actos, sino por sus convicciones religiosas ultraconservadoras. Sin desvelar el espectacular final, el padre también se enfrenta a una pena de prisión, en un segundo juicio que, por el momento, es solo hipotético.

Mungiu afirma haber realizado una síntesis de varios casos mediáticos ocurridos a lo largo de la década de 2010, todos ellos situados en los países escandinavos, desde una familia polaca en conflicto con las autoridades danesas hasta una familia india en conflicto con el Estado sueco. Pero se inspiró sobre todo en el caso de Ruth y Marius Bodnariu, en Noruega en 2015: a la pareja (marido rumano, esposa noruega) se le retiró la custodia de sus cinco hijos tras una primera denuncia.

El caso había suscitado una ola de indignación por parte de colectivos de extrema derecha, que denunciaron “secuestros” de niños. Se celebraron manifestaciones en varios continentes, organizadas por activistas convencidos de que eran los valores de los Bodnariu, cristianos evangélicos, los que estaban en el punto de mira de un Estado, Noruega, conocido por su progresismo.

El cineasta rumano, que ya se alzó con el oro en Cannes en 2007 (Cuatro meses, tres semanas y dos días, una historia sobre un aborto ilegal a finales de la era Ceaușescu), dice que eligió Noruega como escenario por motivos de claridad: “La historia podría tener lugar en cualquier otro país nórdico”, afirma en el dossier de prensa. “Vistos desde la distancia, los países nórdicos parecen estar a la vanguardia de los valores progresistas, por lo que resultaría más fácil comprender lo que está en juego en el conflicto si estallara en esta región del mundo".

En Cannes, parte de la prensa anglosajona criticó la mala elección del momento por parte del presidente del jurado, el surcoreano Park Chan-wook, quien, en estos tiempos de trumpismo y auge de la extrema derecha, habría actuado de forma muy poco acertada al otorgar la Palma de Oro a una película que examina las debilidades de las democracias liberales. Algunos críticos estadounidenses incluso habían expresado su incomodidad ante una “película MAGA”, en referencia al movimiento ultrarreaccionario de apoyo a Donald Trump.

Otros vieron en ella un largometraje manipulador que, bajo la apariencia de un himno a la complejidad y los matices, cae en un relativismo dudoso entre el progresismo y el conservadurismo. En resumen, un tema inflamable propicio para que lo aproveche la derecha más radical. “El verdadero juicio al que lleva la película, lejos de reflejar ningún tipo de equilibrio, no es más que el desmontaje sistemático de la sociedad woke”, se lee en los Cahiers du cinéma. “Fjord se mantiene lo suficientemente ambiguo de principio a fin como para prestarse finalmente a una instrumentalización por parte de la extrema derecha”, añade Libération.

Por el contrario, y sin que sea ninguna sorpresa, los medios de derechas, desde Le Figaro hasta Le Point, pasando por Valeurs actuelles, han elogiado la última obra de Mungiu, que, según ellos, hace gala de infinitas sutilezas para “desentrañar las fracturas ideológicas de Occidente”.

¿Qué pasa exactamente en la pantalla? Es difícil negar que el cineasta rumano demuestra empatía a la hora de filmar el drama que atraviesan los Gheorghiu. Aunque solo sea porque las estrellas internacionales de la película —Sebastian Stan y Renate Reinsve, muy convincentes en una especie de angustia sobria— encarnan a la pareja ultraconservadora. Cuando la policía arranca una confesión al padre, se muestra a la familia como víctima de una justicia noruega poco preocupada por los derechos de defensa.

Por el contrario, los dos papeles femeninos que reflejan los entresijos del modelo noruego —la profesora que presentó la denuncia y la investigadora del Barnevernet, los servicios de protección de la infancia noruegos— parecen mucho más insulsos y monolíticos.

Y cuando los defensores de los Gheorghiu se indignan, al considerar que Noruega defiende mejor los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de los saami, que los derechos de las minorías religiosas, a veces da la impresión de que es el propio cineasta rumano quien se expresa directamente, por la insistencia con la que se repite este argumento a lo largo de toda la película.

Pero Fjord también logra tejer otras tramas subyacentes, empezando por la relación incipiente entre las hijas de ambas familias, que alejan el largometraje de las aguas de una película tipo tesis, para adentrarse en los terrenos de un cine más conmovedor.

En el fondo, Mungiu da, sin embargo, la impresión de cultivar la vaguedad, más que la complejidad, al describir los entresijos del sistema de protección de la infancia en Noruega, que no es más que un telón de fondo sobre el que el cineasta proyecta un conflicto de valores. Aquí es donde la cosa se complica: a veces faltan escenas mejor documentadas para formular una crítica convincente del sistema.

Pero es aún más frustrante si se tiene en cuenta que las controversias suscitadas por el modelo noruego, que se esbozan en Fjord, constituyen un tema de debate apasionante, sobre todo si se compara con la situación en Francia, donde la cuestión de las “acogidas abusivas” y las deficiencias de la asistencia social a la infancia vuelven a surgir con regularidad en el debate público.

A grandes rasgos, los sistemas de protección de la infancia de ambos países comparten numerosos puntos en común. En particular, el hecho de que los servicios sociales intervengan en las familias en cuanto se denuncian casos de maltrato a las autoridades. Pero, a diferencia de Francia, Noruega nunca ha sido condenada por permitir que un niño muriera a manos de sus padres.

Aunque se acepta que el modelo noruego ha logrado prevenir mejor la violencia intrafamiliar, el país ha sido condenado en más de veinte ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar de los justiciables. “En Noruega existe una especie de omnipotencia de los servicios sociales, o al menos un exceso de poder y de medios”, opina el abogado Grégory Thuan Dit Dieudonné, del Colegio de Abogados de Estrasburgo.

Este abogado ha conseguido que el TEDH condene en varias ocasiones tanto a Francia como a Noruega en asuntos relacionados con la protección de la infancia. “En Noruega, las decisiones de acogida son opacas y extremadamente complicadas de impugnar”, prosigue, lamentando una “influencia excesiva de los servicios sociales sobre los jueces”, que se supone deben controlar la regularidad del procedimiento.

“Es importante señalar que, en la mayoría de estos casos, el TEDH no consideró injustificada la decisión inicial de acogida —es decir, la retirada del menor en sí misma”, matiza Marit Skivenes, jurista y profesora de la Universidad de Bergen, en Noruega. “Las críticas se centraban esencialmente en los acontecimientos posteriores a dicha decisión: el régimen de visitas, los esfuerzos de reunificación familiar y la falta de motivación o justificación por parte del tribunal".

Grégory Thuan Dit Dieudonné, protagonista de uno de los grandes casos que conmocionó al país, subraya, sin embargo, que el sistema noruego ofrece “pocas posibilidades a los padres de restablecer un vínculo de calidad con su hijo”, una vez ordenada la acogida. Además, el país ha sido condenado por tratar injustamente a familias migrantes, cuyos principios educativos se consideraban incompatibles con las normas de la sociedad.

Y es sin duda ahí donde Fjord revela su verdadera carencia. Una vez transcurridas las casi dos horas y media, no sabes casi nada de lo que piensan los hijos de la familia Gheorghiu sobre las condiciones de su acogida. A los menores se les sigue tratando aquí como objetos, situados en el centro de un procedimiento judicial que, al igual que en el guion, apenas se les pide su opinión. Hasta tal punto que el público nunca les oirá comentar la educación estricta a la que están sometidos.

Sin embargo, la película conserva algunas escenas en las que los adolescentes logran eludir el conflicto político que libran los adultos: unos raros momentos de ternura que el propio director parece haber olvidado durante su estruendosa campaña promocional.

Hemos intercambiado correos electrónicos con Marit Skivenes durante la primera quincena de agosto de 2026.

Traducción de Miguel López

En tiempos más normales, el incidente habría acaparado toda la atención del mundo financiero. Ver cómo un hedge fund —un fondo especulativo que busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier circunstancia— se hunde en dos días tras haber perdido más de 30.000 millones de dólares en un mes, incluso en Wall Street, donde ya solo se cuenta en miles de millones, no es algo anecdótico. Sin embargo, la caída del fondo Situational Awareness, creado hace apenas dos años por Leopold Aschenbrenner —presentado en su momento como un gurú de la inteligencia artificial—, apenas ha dado que hablar en el mundo financiero.

Es cierto que el rescate relámpago organizado por Citadel permitió evitar una catástrofe. Citadel recompró con carácter de urgencia una gran parte de la cartera de Situational Awareness a precio de saldo. Los financieros, aliviados, aplaudieron la iniciativa y compraron masivamente acciones de Citadel, que subieron un 6% en un solo día, para agradecerle su intervención. Había mucho en juego.

Todo está tan inextricablemente entrelazado en estos mercados financieros, convertidos en una especie de casinos permanentes que alimentan sin cesar la burbuja cada vez más gigantesca de la IA, que todos dependen de todos. Situational Awareness es un ejemplo perfecto.

Su cartera se concentraba en un número bastante reducido de empresas del sector de la IA. Había construido sus posiciones con un apalancamiento considerable, gracias a montañas de dinero prestado por fondos de crédito privado, que, a su vez, se habían endeudado fuertemente con los grandes bancos y con los bonos del Tesoro estadounidense como garantía de toda esta estructura de deuda.

Tranquilizados por esa solución, todos han vuelto a sus costumbres. El pequeño mundo de Wall Street ya solo tiene un tema de conversación: la próxima salida a bolsa de Anthropic, la empresa más destacada del sector tras el lanzamiento al mercado de su potentísimo modelo Mythos, hasta el punto de asustar a su creador y a sus usuarios.

Banqueros, operadores bursátiles y gestores de fondos ya se frotan las manos. Se prevé que la operación sea aún más gigantesca que la de SpaceX en primavera: podría alcanzar entre 1,7 y 2 billones de dólares.

Pero OpenAI, el competidor de Anthropic, también está en esa carrera. El creador de ChatGPT lleva mucho tiempo preparando su salida a bolsa. Está reestructurando toda su organización y apartando a los últimos responsables —¿demasiado rebeldes?— que participaron en sus inicios. Su director, Sam Altman, y sus banqueros apuntan alto para su salida a bolsa. Al menos tanto como Anthropic, si no más.

¿Quién se impondrá, Anthropic u OpenAI? La contienda apasiona a los financieros y todos empiezan a hacer sus apuestas. Curiosamente, casi nadie parece cuestionar las valoraciones anunciadas, superiores al PIB de tres cuartas partes de los países del mundo. Nadie se pregunta si los mercados financieros, ya saturados de deuda, pueden absorber cantidades tan colosales.

Pero no han faltado las alertas en las últimas semanas, tanto de los bancos centrales como de los economistas y de los propios mercados financieros, advirtiendo sobre esta burbuja de la IA que supera con creces todos los precedentes históricos. Los índices bursátiles estadounidenses han perdido más del 20% respecto a su máximo histórico. La Bolsa de Seúl, arrastrada de lleno por este frenesí en torno a la inteligencia artificial, se ha desplomado más de un 40% en una semana. Pero todo parece volver a la normalidad.

“Mientras la orquesta siga tocando, hay que seguir bailando”, explicaban algunos financieros al inicio de la crisis financiera de 2008. Los actores financieros parecen aferrarse de nuevo a ese dicho. Para la gran mayoría de ellos, la debacle que afectó al sector de la IA a principios de verano no fue más que un simple tropiezo. Otros no quieren perderse bajo ningún concepto la oportunidad de obtener ganancias fáciles, aunque sea por última vez, convencidos de que sabrán retirarse a tiempo si las cosas se tuercen.

Los propios grandes actores financieros alimentan esta creencia. Esta semana, Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs y KKR —es decir, algunos de los mayores grupos financieros estadounidenses— han anunciado la creación de un nuevo vehículo dotado con 500.000 millones de dólares junto con el fabricante de chips Nvidia, para ayudar a las empresas de IA a adquirir los superchips, de precio desorbitado, diseñados por el grupo de semiconductores.

En los mercados, las apuestas concentradas en un número muy reducido de valores son más descabelladas que nunca. El volumen de transacciones de los fondos cotizados en bolsa (en inglés exchange-traded fund, ETF) —que se han convertido en las herramientas preferidas para la especulación sobre la IA gracias a un fuerte efecto palanca— asciende ahora a 64.000 millones de dólares al día, frente a los 24.000 millones de principios de 2025, según los cálculos de Bloomberg. “Todo esto es insostenible”, predicen los analistas financieros.

El economista estadounidense Charles Kindleberger, especialista en las crisis del capitalismo occidental, ha documentado exhaustivamente, sobre todo en su libro Manias, Panics and crashes (2011), las crisis a lo largo de los siglos, basándose en los trabajos de Hyman Minsky. Desde la locura de los tulipanes en Ámsterdam en el siglo XVII hasta la crisis financiera de 2008, el mecanismo es siempre el mismo. Al no obedecer a ninguna racionalidad, contrariamente a lo que sostiene la economía clásica, los mercados bursátiles alternan entre la euforia extrema, que alimenta las burbujas, y el pánico, que provoca las crisis.

Pero hay un momento concreto en este ciclo. Tras alcanzar su máximo, los mercados financieros comienzan a bajar y luego se detienen un momento: entre quienes piensan que lo peor ya ha pasado, que la corrección ha puesto los contadores a cero y que todo volverá a ser como antes, y quienes empiezan a asustarse, las fuerzas se equilibran durante un breve lapso de tiempo, antes de que la burbuja estalle de verdad.

Quizá sea este breve momento de respiro el que están viviendo actualmente los mercados bursátiles.

De hecho, tras la aparente calma en la superficie, en las profundidades hay fuertes turbulencias. Los analistas, incluso en los bancos más importantes como JPMorgan, llaman a la prudencia. La volatilidad en los mercados, motor de la especulación, ha caído a sus niveles más bajos, señalan. Pero, en lugar de verlo como una vuelta a la normalidad, interpretan este descenso como la señal de salida de los inversores, que se marchan de puntillas.

En los mercados de deuda se acumulan las tensiones. Los fondos de crédito privado que han alimentado la especulación se enfrentan a solicitudes de retirada difíciles de reembolsar. Cada vez son más los que se alejan de la alta tecnología para volver a la “vieja economía”. Está repuntando rápidamente  la tasa de impago de los créditos concedidos a las empresas —supera el 11%— y muchas deudas pasan a la categoría de junk bonds (bonos basura).

Entre muchos inversores parece cundir el malestar, como ha señalado esta semana Nicolai Tangen, director del fondo soberano noruego. Sin embargo, el directivo tenía todos los motivos para estar satisfecho: su fondo, uno de los más grandes del planeta con 2,3 billones de dólares en activos, acababa de registrar los mejores resultados de su historia: 150.000 millones de dólares de beneficios en el primer semestre. Pero en lugar de alegrarse expresó más bien sus temores por el futuro debido a “la extrema concentración” de su cartera en unas pocas grandes empresas, a la IA y a las “valoraciones” del sector.

Unas valoraciones que han alcanzado niveles sin precedentes. Aunque el sector de la alta tecnología y el digital cayó un 20% a principios de verano, los indicadores bursátiles más utilizados, empezando por el PER (price earning ratio, obtenido al dividir el precio de cotización por el beneficio neto por acción), han alcanzado cifras históricas. Hoy en día, se sitúan de media en 41,2. A modo de comparación, alcanzaban los 25 en el punto álgido de la burbuja de Internet en el año 2000.

Pero esta vez es diferente, explican algunos financieros. Para ellos, el momento actual se asemeja más a la revolución del ferrocarril o de la electricidad que a la burbuja de Internet. La IA es portadora de las mismas transformaciones —quizá incluso más profundas— que las revoluciones industriales anteriores. A diferencia de la burbuja de Internet, añaden, las inversiones en IA se basan en activos reales: infraestructuras, centros de datos y centros de producción de energía. Todas ellas son inversiones físicas que permanecerán pase lo que pase. Basándose en este razonamiento, el fondo Situationnal Awareness llevó a cabo toda su estrategia hasta el colapso.

Desde hace unos meses, algunos observadores, escépticos ante las promesas de los gigantes digitales, han empezado a hacer cuentas. La escalada de inversiones en centros de datos, producción de energía y otros ámbitos solo puede conducir a la creación de un exceso de capacidad y a gastos imposibles de amortizar. Según el semanario The Economist, el sector debería alcanzar al menos una facturación acumulada de 2,3 billones de dólares al año para obtener un retorno de la inversión.

Pero existen numerosos obstáculos para rentabilizar la IA. En primer lugar, los primeros usuarios se han acostumbrado a que las herramientas de inteligencia artificial sean gratuitas y se muestran reacios a pagar. En segundo lugar, una vez superados los primeros momentos de descubrimiento y asombro, el uso de las herramientas de inteligencia artificial se estanca o incluso disminuye en muchas empresas.

Además, los gigantes digitales deben hacer frente ahora a una competencia china que no habían previsto. En contraposición a sus modelos propietarios y de pago, los grupos chinos ofrecen herramientas casi igual de eficaces y gratuitas. Un argumento de peso para muchas empresas, sobre todo en los países emergentes, pero no solo allí.

Un tanto desconcertados por estos argumentos, los inversores han acogido con entusiasmo los últimos resultados de OpenAI y de Anthropic, que siguen al alza. Para ellos, esto es la prueba de que los gigantes digitales son capaces, tal y como no han dejado de proclamar, de obtener beneficios cada vez más sustanciales gracias a la IA.

Más allá de estos argumentos, los inversores que apuestan por la IA tienen una convicción muy arraigada: los gigantes digitales, gracias a su avance tecnológico, su poderío financiero y su cuasimonopolio mundial, no pueden hundirse. Ningún viento en contra puede hacerlos zozobrar, ni siquiera sacudirlos.

El futuro dirá si estos titanes de la IA, más allá de los cambios tecnológicos, económicos e incluso civilizatorios que anuncian, también pueden reescribir los ciclos financieros y romper con la sucesión de burbujas y crisis bursátiles. Si es que esta vez es realmente diferente.

Traducción de Miguel López

Precisamente frente a un lugar conmemorativo dedicado a las víctimas del terrorista Mohammed Merah fue donde cuatro personas decidieron hacer saludos nazis. La noche del sábado 8 de agosto, el grupo fue visto cerca de una sinagoga de Sarcelles (Val-d’Oise), frente a una placa que conmemora a las víctimas del atentado contra la escuela judía Ozar Hatorah de Toulouse, el 19 de marzo de 2012.

Dos jóvenes de 19 años, un franco-ucraniano y un ruso, fueron detenidos y posteriormente juzgados el martes 11 de agosto en Pontoise por apología del terrorismo. Ambos reconocieron haber realizado esos gestos: uno fue condenado a seis meses de prisión adaptada, y el otro a ocho meses de prisión efectiva, con mantenimiento en prisión preventiva hasta su expulsión del territorio francés.

El suceso se produce pocos días después de un incidente ocurrido en el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon, donde dos personas realizaron el mismo gesto, el lunes 3 de agosto, ante la bandera del Tercer Reich. El museo ha registrado cuatro casos en 2024, cinco en 2025 y ya doce este año. “Cada vez que se comprueban los hechos, se presenta una denuncia, ya se trate de personas mayores de edad o menores”, señala Christine Werthe, adjunta a la Ciudadela, que gestiona el museo.

Por parte del ministerio público, Isabelle Rollet, vicefiscal de la República en Besançon, confirma que los hechos denunciados en el museo dan lugar sistemáticamente a una investigación. Los dos implicados fueron interrogados por los hechos más recientes a principios de agosto. El expediente debe remitirse ahora a la fiscalía, que decidirá las medidas a adoptar en función del perfil de los implicados.

Según las circunstancias, el saludo nazi puede dar lugar a un proceso por apología de crímenes contra la humanidad o incitación al odio racial, con penas que pueden alcanzar los cinco años de prisión y una multa de 45.000 euros. A pesar de este marco penal, el gesto reaparece con regularidad en los espacios públicos e incluso parece estar normalizándose.

Para Stéphane François, historiador de las ideas y especialista en extrema derecha, esta banalización va de la mano de “un racismo y un antisemitismo sin complejos” que ocupan un lugar cada vez mayor en el espacio público. Las reacciones suscitadas recientemente por la llegada de varios miles de exiliados marroquíes a Ceuta constituyen un nuevo ejemplo de ello.

El 31 de julio, en Madrid, la activista de extrema derecha Isabel Peralta realizó un saludo nazi durante una concentración frente a la embajada de Marruecos. Coreó “Muerte al invasor”, y fue grabada, con el brazo extendido, entre los aplausos de sus seguidores. Luego, ella misma difundió el vídeo en las redes sociales, unos días después de que se confirmara su condena a un año de prisión por incitación al odio durante manifestaciones anteriores.

Sin ningún tipo de reparo, el saludo nazi y los comentarios racistas también se hacen patentes fuera de las concentraciones de la extrema derecha. En abril, durante un banquete del “Canon français” en Caen, que reunió a más de 4.000 personas, un periodista de France Inter presente en el lugar informó de comentarios racistas, entre los que se encontraba el eslogan “El cerdo hace huir”, en referencia a los musulmanes, así como un gesto similar al saludo nazi.

La referencia al nazismo ya no se limita necesariamente al exterminio de los judíos. Tras la guerra, las corrientes neonazis ampliaron progresivamente esta visión a la defensa de una supuesta “raza blanca” y, con ella, a la denuncia de la inmigración. “Ahora, el objetivo también son los árabes y los negros”, explica Stéphane François, autor de El ocultismo nazi (ediciones CNRS, 2020).

En Guiche, en los Pirineos Atlánticos, este cambio de enfoque se puso de manifiesto en los hechos ocurridos durante la noche del 14 al 15 de marzo, en una fiesta organizada con motivo del partido Francia-Inglaterra. Dos hombres que llevaban camisetas con la inscripción “Gendarmería” se grabaron a sí mismos alardeando de haber “atrapado a tres moros”, y uno de ellos terminó el vídeo haciendo un saludo nazi ante la cámara.

Mariel Garrigos, fiscal de la República en el tribunal judicial de Bayona, indicó a Mediapart que se había identificado a los dos hombres. Serán juzgados el 8 de septiembre ante el tribunal correccional de Bayona por incitación pública al odio o a la violencia y por llevar ilegalmente un uniforme.

Nicolas Lebourg, investigador y autor del libro ¿Han sobrevivido los nazis? (editorial Seuil, 2019), también constata que el gesto “se está poniendo de moda”. Un punto de inflexión fue el gesto realizado por Elon Musk el 20 de enero de 2025, durante la concentración organizada con motivo de la segunda toma de posesión de Donald Trump. Por mucho que Musk haya negado cualquier intención nazi y haya hablado de un gesto malinterpretado, resulta difícil separarlo del resto de sus posturas, él que, en particular, ha multiplicado las declaraciones a favor de la “raza blanca”.

En noviembre de 2023, el CEO de Tesla ya había respondido “Has dicho la pura verdad” a un mensaje antisemita publicado en su red social X, que acusaba a la población judía de favorecer la llegada de “hordas de minorías” para sustituir a la población blanca occidental. Unos meses más tarde, a finales de diciembre de 2024, rebautizó su cuenta de X como “Kekius Maximus” y adoptó como foto de perfil una versión de Pepe the Frog, que luego se ha convertido en un símbolo de la derecha alternativa (alt-right) estadounidense.

Emmanuel Casajus, investigador de la Universidad Paris-Cité y especialista en los códigos de los movimientos nacionalistas, ve en Musk una mezcla de “tecnofuturismo”, “supremacismo blanco” y “cultura troll”, a lo que se suma un lado “ultramegalómano”. El saludo de enero de 2025 se inscribe, según él, en “toda una ideología de la cultura geek”. El gesto no tardó en difundirse por Internet y convertirse en un meme (contenido ampliamente difundido y adaptado en la red), con imágenes generadas por inteligencia artificial, referencias a la Antigüedad romana o incluso guiños a 4chan, un foro estadounidense muy visitado por la extrema derecha.

Para Nicolas Lebourg, es precisamente esta posibilidad de jugar con el significado del gesto lo que alimenta la ambigüedad. “Se puede hacer un saludo nazi y decir que quien diga que es un saludo nazi es un imbécil”, explica el historiador. Antes de la aparición de estas culturas en las redes, las referencias se asumían de forma más directa y eran más difíciles de utilizar en contra de quien las denunciaba.

“Hay que entender que, para ellos, todo eso es una broma”, explica Emmanuel Casajus. “Pero no hay que olvidar que el humor es la mejor forma de banalizar”. Una defensa que recuerda a la ya esgrimida en torno a la “quenelle”, un gesto popularizado por el humorista Dieudonné M’Bala M’Bala.

Aunque sus simpatizantes lo presentan como un simple gesto humorístico o provocador, la justicia lo ha sancionado constantemente por su connotación antisemita cuando se realizaba ante lugares o símbolos vinculados a la comunidad judía.

Por su parte, el historiador Stéphane François se niega a considerar el saludo nazi como un gesto desprovisto de significado político. No faltan ejemplos. En febrero de 2025, durante la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Washington, Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, concluyó su discurso con un saludo nazi. En el mismo estrado, el actor y activista mexicano de extrema derecha Eduardo Verástegui también reprodujo el gesto.

En Francia, Anthony Thoma, antiguo compañero de candidatura del partido Reconquista en las elecciones municipales de Mulhouse, fue condenado el 30 de julio a tres meses de prisión condicional por un saludo nazi realizado el 8 de marzo durante una manifestación por los derechos de las mujeres. Negó haber querido hacer ese gesto, a pesar de que se encontraron en su teléfono y en su ordenador varias imágenes relacionadas con la Alemania nazi. En Finisterre, Jean-Yves Queinnec, que fue candidato del Frente Nacional, abandonó por su parte una conferencia de la Liga de los Derechos Humanos en mayo de 2024 haciendo un saludo nazi y gritando Heil Hitler, tras pronunciar un discurso dirigido contra los inmigrantes.

El legado del nazismo no solo se refleja en los gestos y los símbolos, sino también en los discursos. Se manifiesta, en particular, a través de una reescritura de la historia, como cuando Elon Musk volvió a recordar el domingo 9 de agosto que Hitler habría sido un "socialista de extrema izquierda". Y esta batalla no se libra únicamente en el terreno histórico: también afecta a la forma en que concebimos la economía y el poder. A medida que los fracasos del neoliberalismo alimentan las críticas, una parte del capital busca ahora en la extrema derecha una respuesta alternativa, aunque ello suponga retomar ciertos resortes de la economía fascista.

Traducción de Miguel López

Seudónimo: “ZeroBytes”. Motivación: “El dinero y la búsqueda del poder”. Dos piratas informáticos que se identifican como franceses revelaron, el miércoles 12 de agosto, que en el mes de junio se habían hecho con cientos de miles de datos fiscales de particulares y empresas sustraídos a la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP) francesa, y que ahora los tenían en venta. Al parecer, ya se habría producido una transacción con “dos compradores” por “varios miles de euros”, según indicó ZeroBytes a la AFP el lunes 17 de agosto. Los hackers precisan que “los datos siguen en venta”.

Tal y como confirmó el 14 de agosto un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas francés, en total se extrajeron los datos de 678.000 particulares y empresas para su reventa. “De los cerca de 700.000 […] afectados por este robo de datos, casi la mitad son particulares”, precisa además el ministerio a Mediapart.

A partir de ahora, todas estas personas y entidades serán informadas por la DGFIP, cuyo contacto debe comenzar “lo antes posible”, según indicó el primer ministro, Sébastien Lecornu, al término de una reunión del comité interministerial de crisis, convocada el lunes 17 de agosto por la tarde. Durante esta reunión, Matignon (sede de la oficina del primer ministro, ndt) también solicitó “una auditoría exhaustiva” a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi) y “la aceleración del plan de seguridad de los sistemas de información del Estado”, ya anunciado a finales de abril.

Además de estos datos fiscales, el dúo ZeroBytes, que en el pasado reivindicó ataques contra Intermarché y la Federación Francesa de Balonmano, afirmó el 15 de agosto en la web French Breaches (especializada en documentar fugas de datos en Francia) haber pirateado, en julio, el servidor profesional de datos catastrales que recoge información sobre los bienes inmuebles de la población francesa. Al parecer, se habrían sustraído los datos de más de dos millones de propietarios. En su comunicado, el Ministerio de Finanzas confirma “la consulta de datos catastrales”, pero no la cifra mencionada por los piratas informáticos.

El sábado 15 de agosto, la Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación por “extracción fraudulenta de datos” y “asociación ilícita” y, al día siguiente, los senadores socialistas han exigido una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer este ataque informático a gran escala, que afecta a datos especialmente sensibles.

Por parte de los funcionarios de la DGFIP, “está creciendo una enorme indignación”, precisa a Mediapart Solidaires Finances publiques, el principal sindicato de la DGFIP. Este último ya había alertado a la dirección, en junio, sobre los riesgos de “piratería informática, suplantación de identidad o phishing dirigido”. Pero no sirvió de nada.

¿Qué datos se han robado y cómo? ¿Cuándo se informó a la Administración y qué advertencias se formularon antes de que se revelara el ataque informático masivo? Mediapart hace un repaso de lo que los senadores socialistas califican hoy como “el ciberataque más grave de nuestro país”.

Se trata de datos fiscales “como la base imponible de referencia, el coeficiente familiar o el tipo de retención en origen”, indica Finanzas. En el caso de las empresas, se trata de “su razón social o su SIREN [sistema de identificación del registro de empresas – ndr]”. El Ministerio de Finanzas asegura, por su parte, que los espacios personales de la web oficial “no se han visto comprometidos”, ya que no han conseguido las contraseñas ni los datos de acceso.

En cuanto a los datos catastrales, Finanzas hace referencia a “datos relativos a las direcciones y las superficies de los bienes inmuebles”, calificando, según Libération, su “grado de sensibilidad inferior” al de los datos fiscales. “¡Es increíble que digan eso!”, reacciona Sandra Demarcq, secretaria general de Solidaires Finances publiques, contactada por Mediapart. “El catastro es un enorme fichero que recoge información relacionada con el patrimonio de las personas: quién es propietario de qué, cuántos metros cuadrados tiene, pero también la dirección. ¡No son datos menos sensibles!”

Sandra Demarcq identifica “dos tipos de amenazas” tanto para los particulares como para las empresas. “Si te ves afectado, corres el riesgo de recibir correos electrónicos falsos o llamadas falsas haciéndose pasar por la Dirección General de Finanzas Públicas. La información será tan precisa —con tu renta fiscal de referencia, por ejemplo— que podrá parecer creíble.” Y añade: “Podrían pedirte que actualices tu IBAN o anunciarte una devolución para así conseguir tus datos bancarios”, advierte la sindicalista.

Su compañero Benjamin Gandouin, secretario nacional de Solidaires Finances publiques responsable de cuestiones informáticas, advierte también sobre un cruce de datos, procedentes de otras filtraciones “como datos médicos”, que da lugar a “una selección muy precisa y personalizada” de los intentos de estafa. También teme que haya amenazas “de chantaje o extorsión” por parte de personas con acceso a los ingresos fiscales de referencia y a las direcciones postales de los contribuyentes acomodados.

Estas preocupaciones las comparte la CGT de Finanzas Públicas, la segunda fuerza sindical de la DGFIP, que se hace muchas preguntas. “Como funcionarios de Finanzas, estamos sometidos a un estricto control y vigilancia —lo cual es normal— y disponemos de medios de acceso a los datos muy limitados”, comenta Fanny de Coster, secretaria general del sindicato. “Un funcionario no puede consultar cualquier perfil fiscal sin arriesgarse a una sanción disciplinaria. ¿Y los piratas informáticos han podido acceder a los expedientes? Eso nos cabrea mucho.”

Según ha admitido el propio ministerio, los ciberdelincuentes tuvieron acceso al sistema de información de la Dirección General de Finanzas Públicas en junio y julio a raíz de “la suplantación de las credenciales de un funcionario de la DGFIP y de un tercero autorizado”. Estas intrusiones, subraya el comunicado oficial, se detectaron en su momento y la DGFIP asegura haber tomado las medidas necesarias: “interrumpió inmediatamente el acceso a todas las cuentas utilizadas en los incidentes identificados”, precisa el Ministerio.

El problema es que, al parecer, nadie se percató entonces de que se habían sustraído cientos de miles de datos de particulares y empresas. “Los controles de acceso realizados en esa ocasión no permitieron detectar que estas intrusiones habían dado lugar a robos de datos, debido a la sofisticación del ataque”, justifica el ministerio.

“En el mejor de los casos, es una mentira; en el peor, ¡es incompetencia total!”, alega un funcionario de la DGFIP que prefiere permanecer en el anonimato. “¡Preferiría que fuera una mentira!”, reacciona Fanny de Coster, de la CGT de Finanzas Públicas. “¡Porque sería realmente muy preocupante que no se hubieran enterado de nada!”, dice toda alarmada, y lamenta además que tanto los sindicatos como el conjunto de empleados hayan sido informados de este ataque informático… a través de la prensa, después de que ZeroBytes reivindicara el ataque.

“Estamos convencidos de que la dirección estaba al corriente del robo de datos y no informó al público, a pesar de que la ley le obliga a hacerlo en caso de fuga de datos personales”, afirma por su parte Sandra Demarcq, secretaria general de Solidaires Finanzas Públicas. De hecho, se debe notificar a la CNIL en un plazo de setenta y dos horas cuando se detecta una violación. “Si el ataque informático no se hubiera reivindicado el 12 de agosto, ¡nadie se habría enterado! ¡Ni los usuarios ni los funcionarios!”, se indigna la sindicalista. Al ser consultado por Mediapart, el Ministerio lo desmiente rotundamente: “Es inexacto afirmar que la administración conocía desde hacía dos meses la existencia de estos robos de datos sin comunicarlo”.

En el sindicato Solidaires Finances publiques están muy indignados porque sus miembros alertaron, ya el 18 de junio, a la Dirección General de Finanzas Públicas sobre los riesgos “a muy corto plazo” de filtraciones tras violaciones de datos ya sensibles. A principios de junio, “Tchap”, el servicio de mensajería segura del Estado, fue pirateado antes de que se produjera una filtración de datos en el portal France Services, reivindicada a mediados de junio. “En nuestra opinión, los piratas informáticos obtuvieron las identidades de los funcionarios públicos en Tchap y, a partir de ellas, pudieron infiltrarse en France Services”, explica Benjamin Gandouin, secretario nacional del sindicato. “Alertamos de que esas dos filtraciones estaban sin duda relacionadas y de otras posibles violaciones”, añade.

El correo dirigido a la Dirección de Finanzas al que ha tenido acceso Mediapart indica, en efecto, que es probable que se vean afectados funcionarios de la DGFIP y que la filtración del portal France Services “podría facilitar intentos de piratería, suplantación de identidad o phishing selectivo”.

Sandra Demarcq insiste: “Era una alerta grave sobre lo que podía suceder, pero en julio recibimos una respuesta lacónica en la que se nos decía que todo estaba bajo control y que no se había producido ninguna filtración de datos importante”. Y añade, con amargura: “La Dirección General de Finanzas Públicas siempre nos trata con condescendencia y nos acusa de querer generar ‘polémica sindical’. Nunca se toma en serio nuestras reivindicaciones ni nuestras alertas sobre nuestra seguridad informática”.

La pasada primavera, la DGFIP detectó además una importante filtración de datos en el fichero Ficoba, que recoge todas las cuentas bancarias abiertas en entidades francesas, con el resultado de 1,2 millones de cuentas afectadas. “Ya fue una suplantación de identidad lo que provocó esta violación”, precisa Benjamin Gandouin. “¡Hubo una gran crisis y un plan de acción con medidas de seguridad supuestamente reforzadas! Así que realmente no entendemos cómo se ha llegado a esto. ¡Es algo sin precedentes, esta vez es una crisis monumental!”, concluye.

En un mensaje publicado en X el sábado 15 de agosto, David Amiel, ministro de Acción y Cuentas Públicas, indica que la DGFIP “al igual que muchos servicios públicos”, repele a diario numerosos ataques. Pero reconoce que se han producido fallos en materia de protección. “En este punto, debemos ser sinceros: el Estado arrastra ciertas ‘deudas técnicas’ durante décadas, y nuestras directrices deben actualizarse con mucha mayor rapidez”.

El asunto está adquiriendo ahora un cariz político. Thierry Cozic, senador socialista por Sarthe y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, reclama, en Le Figaro, una comisión de investigación parlamentaria en cuanto comience el curso político “para aclarar las numerosas zonas de sombra que sin duda aparecerán próximamente sobre lo que parece un saqueo sistemático del colador digital en que se ha convertido Francia”. También lamenta que la administración tributaria haya “esperado a que el pirata reivindicara públicamente la filtración para informar”.

El partido Agrupación Nacional sigue la misma línea: “¿Por qué el Gobierno no informó a finales de junio? ¿Por qué hubo que esperar a la reivindicación malintencionada del 12 de agosto?”, pregunta en la red social X su diputado Jean-Philippe Tanguy. Bruno Retailleau, el candidato presidencial del partido Los Republicanos, promete por su parte construir “una auténtica fortaleza digital” para “proteger los datos de los franceses”.

En la DGFIP, el sindicato Solidaires estará atento: “Es impensable que, a raíz de esta crisis, se busquen responsabilidades individuales”, advierte Sandra Demarcq, preocupada por que se culpe a los funcionarios tras esta fuga masiva de datos. “Esta crisis se debe a la falta de medios y a los recortes presupuestarios. Todo esto es culpa de los sucesivos gobiernos, en particular desde la llegada al poder de Emmanuel Macron. El único presupuesto que han destinado ha sido para desarrollar la inteligencia artificial”.

La CGT de Finanzas Públicas concuerda: “Sabemos muy bien que el riesgo cero no existe”, subraya Fanny de Coster. “Incluso con más recursos, siempre sería posible que se produjeran fugas. Pero no vamos a dejar de lado todas las decisiones presupuestarias y políticas tomadas en los últimos años”.

Traducción de Miguel López

“Mucha gente se pregunta: ¿por qué Lula quiere otro mandato más? Pues os lo voy a decir: ¡mientras siga vivo, no voy a dejar de luchar!”, afirma el presidente en ejercicio, de pie en medio de una multitud congregada en el estadio de São Bernardo do Campo, en el corazón del antiguo triángulo industrial paulista.

Tras una infancia marcada por la miseria en el noreste del país, Lula creció aquí. Aunque en una época se desinteresó por la política, luego se sumergió en ella para el resto de su vida. Bajo un sol abrasador, repasa sus años de juventud, rinde homenaje a los compañeros y compañeras asesinados y recuerda sus políticas pasadas.

Cinco décadas antes, siendo un joven sindicalista encaramado a una mesa, arengaba en este mismo estadio a los huelguistas sublevados contra la dictadura militar. La escena, inmortalizada en una foto icónica, marcó el inicio de su lento ascenso al poder. Al lanzar aquí su última campaña, Lula quiere recordar este legado a los votantes: “Debo evitar exponer mi cabeza al sol por motivos de salud, pero quiero quitarme el sombrero ante vosotros, que me acompañáis desde hace tanto tiempo.”

Bajo ese sombrero que no se quita desde que padeció un cáncer de piel, su cabello canoso se ha vuelto más escaso, mientras que su voz ya no tiene el alcance de antaño. Da igual, el viaje al pasado cautiva a Reinaldo, presente en la asamblea de los huelguistas. “Había más barro, menos estructura, pero la lucha continúa hoy. Tras todos los retrocesos, hace falta un cuarto mandato. No pensaba que tuviera que volver a votar por él, pero es el único que queda en la izquierda.”

Sus planes para el futuro quedan un poco relegados a la nostalgia, pero Lula esboza de todos modos un programa, en el que aboga por invertir en educación, en la explotación de las tierras raras y en la lucha contra la inseguridad. Insiste en este último tema, esencial para intentar recuperar terreno frente a la extrema derecha. Pero, como es habitual en él, enseguida abandona el teleprompter y se va por las ramas para deleite de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que han venido desde lejos para el acto.

El partido ha dado la voz de reunión; se trata de mostrar fuerza en este inicio de campaña. “Hay que motivar a los nuestros, queremos al Lula luchador, no la versión peace and love; va a ser una campaña en la calle, dice entusiasmado Igor, un antiguo afiliado siempre dispuesto a plantar cara. “Solo hay que reorientar el discurso para unir fuerzas en la segunda vuelta.” En estas elecciones que se anuncian reñidas, volver a movilizar a su base también permitiría al partido reducir la abstención, tradicionalmente más alta entre los seguidores de Lula.

A sus 80 años, Lula quiere, en cualquier caso, demostrar que aún sabe luchar. Enérgico en el escenario, dramatiza y domina el espacio. Sabe que su actuación es objeto de un minucioso examen. Desde hace varios meses, su equipo hace todo lo posible para evitar que su edad sea un tema de debate, temiendo el “efecto Biden” y multiplicando los vídeos en los que aparece haciendo deporte para contrarrestarlo. “Es su último baile, está al final de su carrera, pero sigue estando en muy buena forma”, dice admirado Berenildo, venido desde São Paulo.

Pero el desgaste del poder es evidente, y el cansancio de verle participar en su séptima campaña presidencial afecta a una parte del país. El antipetismo, ese sentimiento de rechazo hacia el PT que nació al mismo tiempo que su partido, ha crecido a raíz de diversas crisis, pasando de las élites a contagiar a una parte importante de la sociedad.

“Es un odio auténtico, un sentimiento visceral; detestan a este Gobierno, haga lo que haga”, resume Francisco Fonseca, profesor de la PUC (Universidad Pontificia Católica) y de la FGV (Fundación Getulio Vargas) de São Paulo. Más allá de ese electorado irrecuperable, el tercer mandato de Lula no ha entusiasmado a nadie y está lejos de los picos de popularidad alcanzados en el pasado.

“En 2022, los innumerables errores de Jair Bolsonaro [el expresidente de extrema derecha, condenado por intento de golpe de Estado —ndr] le permitieron conquistar la mayoría de un electorado que, sin embargo, se había desplazado en gran medida hacia la derecha desde 2018”, analiza Creomar De Souza, director de Dharma Politics. “Ahora que lleva cuatro años en el poder, se le juzgará por su mandato. Tiene cosas que demostrar, pero hay una desilusión generalizada en el país.”

Estos cuatro años han estado marcados por algunos escándalos de corrupción —su hijo, en particular, es sospechoso de tráfico de influencias—, tensiones con un Congreso cada vez más voraz, ávido de desmantelar la legislación medioambiental, y luchas en el seno de su Gobierno.

Lula también ha cometido errores estratégicos, como un impuesto muy impopular sobre las importaciones de productos de bajo precio, mientras que el endeudamiento crónico de los hogares ha obstaculizado uno de los pilares de su modelo de desarrollo, que apuesta por el acceso al crédito de los más pobres para que participen en la sociedad de consumo. No obstante, se ha puesto en marcha un programa específico de renegociación de la deuda que podría servir para recuperar a algunas de las personas decepcionadas.

Aunque tiene un talento natural para comunicarse con las clases populares, Lula está, a pesar de todo, cada vez más desfasado, sobre todo en lo que respecta a las redes sociales y a los cambios en el mundo laboral, reconoce Vivianne, presente en el estadio: “La izquierda va muy a la zaga en Internet. Seguimos contando con la movilización en las calles y con los jóvenes en las universidades. Pero tenemos en frente a una extrema derecha que propone un modelo que seduce a muchos jóvenes de los barrios populares.”

Entre el fuerte rechazo hacia Lula y el que se siente hacia el clan Bolsonaro, un pequeño porcentaje de indecisos va a decidir el resultado de estas elecciones. Desde este punto de vista, la campaña descontrolada de su adversario favorece al presidente saliente. “La mejor forma de ganarse a los indecisos es hacer lo menos posible y dejar que a Flávio Bolsonaro se le crucen los cables”, opina Creomar De Souza.

El equipo de campaña del PT ha anunciado, además, una agenda por el momento mucho menos cargada que en 2022. Sin haber perdido a los evangélicos, fieles seguidores de Jair, los deslices del hijo han enfriado su entusiasmo y sus líderes, muy atentos a su base, están mucho menos comprometidos con el clan. Aunque Lula no supo acercarse a ellos durante su mandato, puede esperar beneficiarse de estos vínculos ahora más distendidos.

Pero el candidato del PT tampoco está a salvo de meteduras de pata. También tendrá que resistir las ofensivas del bando contrario, que podrían reavivar el pánico moral avivado por el padre de Bolsonaro. La extrema derecha, partidaria de las noticias falsas, ahora potenciadas por la IA, que ya ponen en duda la legitimidad de las futuras elecciones, sigue siendo dominante y pionera en el ámbito digital, y podría exacerbar las tensiones o incluso fomentar nuevos actos de violencia.

En la escena política, Lula sigue defendiendo sus argumentos. Ha sabido enderezar el rumbo del país tras los desvaríos golpistas de los años bolsonaristas, ha frenado la deforestación en la Amazonía, no tiene nada de qué avergonzarse en su balance económico y cuenta con algunas reformas en su haber, entre ellas una rebaja de impuestos para las clases medias. Sin embargo, carece de un mensaje lo suficientemente contundente para impulsar su campaña, sin tener que recurrir constantemente a su mejor baza: la exaltación de sus mandatos anteriores.

La aparente reconciliación con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y la aprobación en mayo en la Cámara de Diputados de una reforma histórica para la reducción de la jornada laboral, podrían ayudarle a poner de relieve un proyecto muy popular, mucho más allá de su base. Sobre todo, el acercamiento de este líder político y varios de sus colegas envía una señal clara: para los expertos en política, aunque la campaña se perfila muy reñida, Lula sigue siendo el favorito.

Con siete partidos en su coalición, frente a los diez de 2022, ha sabido unir a toda la izquierda frente a una derecha muy dividida, y es el único que cuenta con un vicepresidente, Geraldo Alckmin, procedente de otro movimiento político. De este modo, disfruta de un mayor tiempo de propaganda televisiva que sus adversarios, una baza importante para llegar a los votantes menos interesados.

A pesar de todo, el hombre ha cambiado desde la década de 2000: más aislado, menos afable; Creomar De Souza ha percibido en él “un cambio tras su encarcelamiento. Se muestra mucho menos dispuesto a confiar en los demás y mucho menos abierto a un diálogo amplio”. Sus asesores más cercanos se cuentan con los dedos de una mano. Y dos de ellos han tenido que distanciarse recientemente, a raíz de las sospechas sobre su implicación en varios casos.

La sombra de Donald Trump, con sus sospechas de injerencia, también se cierne sobre estas elecciones, mientras el jefe de Estado del gigante sudamericano dirige uno de los últimos gobiernos progresistas de la región. La negativa brasileña a conceder visados a dos miembros del Departamento de Estado estadounidense, sospechosos de venir a preparar un expediente acusatorio contra el sistema electoral brasileño, las tensiones en torno al reciente nombramiento de un embajador del mundo MAGA y la imposición de aranceles aduaneros han exacerbado las tensiones.

Según Francisco Fonseca, “Lula está logrando, por el momento, sacar partido de estas presiones, denunciando las incursiones del clan Bolsonaro en el bando trumpista. La defensa de la soberanía es un eje importante de su estrategia”. En un país donde los presidentes salientes suelen tener ventajas, el PT, creado para conquistar la presidencia, cuenta, por última vez, con su figura tutelar e indestronable para alzarse con la victoria.

Traducción de Miguel López

En este verano de 2026, el panorama político de América Latina ha adquirido un matiz aún más azul —si consideramos que ese es el color de los conservadores—, con la toma de posesión de dos presidentes de extrema derecha: Keiko Fujimori en Perú el 28 de julio y, diez días después en Colombia, Abelardo de la Espriella, un abogado sin experiencia en política, apodado 'El Tigre'.

La ceremonia de toma de posesión del colombiano, celebrada el viernes 7 de agosto en Cali, puso de manifiesto hasta qué punto responde al estilo trumpista, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, exhibe una imagen y un estilo caracterizados por la exuberancia, el mal gusto y el espectáculo. En cuanto al fondo, reproduce —adaptándolo a las condiciones locales— un modelo estadounidense que propicia el triunfo de un nacionalismo cristiano abiertamente hostil a los derechos universales y al multilateralismo.

Abelardo de la Espriella, recién convertido al catolicismo, reúne a su alrededor a católicos conservadores y a evangélicos. Se trata de la misma coalición que, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe (jefe de Estado de 2002 a 2010), había propiciado el rechazo del referéndum sobre los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el argumento de que defendían una “ideología de género”, una terminología conservadora para referirse a los estudios de género.

Incluso antes de tomar posesión de su cargo, De la Espriella invitó a los miembros de su futuro Gobierno a un “retiro espiritual” a las afueras de la ciudad de Barranquilla, en la costa del Caribe, donde se encuentra su gabinete y donde tiene previsto instalarse para gobernar.

Abelardo de la Espriella y sus ministros rezaron mucho, vieron escenas de la vida de Jesús recreadas mediante inteligencia artificial y escucharon a un sacerdote y a un pastor. Se repartieron Biblias. “Para construir una gran nación, hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, declaró el presidente electo, de 48 años, al final de la jornada, a pesar de que Colombia es un Estado laico. La Constitución de 1991 derogó la de 1886, que establecía el catolicismo como religión de Estado, en favor de una separación oficial entre Iglesia y Estado.

Para dejar bien clara su voluntad de ruptura, De la Espriella organizó su toma de posesión fuera de la capital, Bogotá, un bastión tradicional de la izquierda. Así pues, fue en Cali, en el suroeste, donde convocó al Congreso y recibió a invitados de todo el mundo, entre los que se encontraban el rey Felipe VI de España y el representante de Trump, el fiscal general Todd Blanche.

Allí se pudo ver a las figuras latinoamericanas de esta ola reaccionaria: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña. Una ausencia destacada fue la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, una de las fuentes de inspiración de la Espriella, quien envió a su número dos, Félix Ulloa, que explicó a los medios colombianos que “el presidente Bukele viaja muy poco porque está centrado en los asuntos internos de El Salvador”.

Pero, aunque Bukele no estuviera presente, su influencia no por ello es menos real. De la Espriella ha hecho suyo el discurso de seguridad del “caudillo” salvadoreño. Dice que quiere construir “megacárceles”, diez en total, para luchar contra los “bandidos”, precisamente cuando, el domingo 9 de agosto, recomenzaron los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas disidentes de las FARC, especialmente en el Cauca, cerca de Cali.

Cuenta con el apoyo militar de Estados Unidos, aliado tradicional de Colombia, y de Israel, país con el que ha restablecido las relaciones diplomáticas, que habían sido rotas por su predecesor de izquierdas Gustavo Petro tras la ofensiva militar israelí en Gaza.

El proyecto inicial de Abelardo de la Espriella para su ceremonia de investidura consistía precisamente en prestar juramento en un cuartel, con el fin de mostrar su voluntad de restablecer el orden en un país devastado por la violencia de los grupos guerrilleros y paramilitares, en un contexto de narcotráfico. Pero Gustavo Petro, que en ese momento aún era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se opuso a ello.

Abelardo de la Espriella logró eludir esta prohibición e impuso en el último momento al programa previsto una secuencia de “invocaciones y alabanzas”, que situó justo después de la entrega de la banda presidencial por parte del presidente del Congreso. Apagaron las luces para dar paso a ese momento de fe extrema, marcado por la intervención de un rabino, un pastor y un obispo. Abelardo de la Espriella aprovechó para retirarse y dirigirse a los militares para pronunciar su discurso. Una intervención culminada con un “¡Viva Cristo Rey!”.

Abelardo de la Espriella también podría haber alabado en su discurso al “rey Trump”, pues su llegada al poder coincide, de hecho, con la voluntad de Washington de recuperar el control del subcontinente. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reactivado la “doctrina Monroe” y ha dejado clara su voluntad de controlar el “patio trasero” latinoamericano, ya sea a través de aliados como De la Espriella o imponiendo su voluntad a gobiernos hostiles.

Esto se ha podido observar de forma espectacular en Venezuela desde principios de año. Desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Nueva York, acusado de tráfico de drogas, se ha establecido un “protectorado”. Gracias a la ayuda de la presidenta Delcy Rodríguez, Washington gestiona el petróleo, las finanzas y el comercio exterior. Una especie de “Maga-chavismo” totalmente sorprendente.

“Es una auténtica novedad político-militar que, sin embargo, no deja de suscitar interrogantes sobre la nueva política económica de apertura, la dinámica de un Gobierno tutelado, el papel de las Fuerzas Armadas y del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), así como el de la boliburguesía [burguesía bolivariana, los que se han enriquecido con el régimen chavista —ndr]. Un equilibrio manifiestamente inestable e incierto”, escribía en marzo en la web Nueva Sociedad el economista venezolano Manuel Sutherland.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, descendiente de una familia cubana e hispanohablante, es la pieza clave de la estrategia de Trump en el subcontinente. El presidente incluso había sugerido a principios de año que podría enviarlo a Caracas para gobernar el país. Su entorno había aclarado de inmediato que se trataba de una broma. Pero, de facto, tal y como ha destacado el New York Times, el secretario de Estado ya gobierna Venezuela desde Washington.

Para el “virrey” Rubio, sin embargo, el panorama no estará completo si Cuba no sigue el mismo destino. Evidentemente, por razones personales, ya que su familia es originaria de la isla, pero también para vengarse de la afrenta que supuso la victoria de la revolución castrista en enero de 1959. Para ello, a Washington le gustaría replicar la experiencia venezolana, pero eso no parece tan sencillo.

El viernes 7 de agosto, el New York Times señalaba la dificultad que tiene la administración de Trump para encontrar, dentro del poder cubano, líderes tan conciliadores como Delcy Rodríguez. La situación, añadía el diario, se asemeja más a la de Irán, donde quienes podrían sustituir a los actuales dirigentes no se caracterizan precisamente por su voluntad de conciliación.

El NYT reveló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, había creado un grupo de trabajo dedicado a Cuba, “una señal de que la Administración Trump ha puesto en marcha medidas destinadas a llevar a cabo una campaña de presión más concertada contra el Gobierno cubano con el fin de obligarlo a realizar los cambios exigidos por el presidente Trump”.

Dado que las negociaciones celebradas entre febrero y mayo no dieron ningún fruto, Estados Unidos intensificó su presión, además del bloqueo impuesto a la isla, sobre los suministros de petróleo. Impusieron sanciones a Gaesa, un consorcio controlado por los militares. Creado en la década de 1990, sus actividades abarcan el turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas. Raúl Castro, de 95 años, hermano de Fidel Castro (1926-2016), quien dirigió Cuba hasta 2018, fue imputado en mayo por un tribunal de Miami.

Los únicos países que se resisten a este torbellino reaccionario y que no están incluidos en la recién creada coalición de Trump, The Shields of the Americas (El Escudo de las Américas), son México, Uruguay y Brasil. En este último se celebrarán elecciones en octubre de este año. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño saliente y candidato a la reelección, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

Pero el apoyo de Trump, a quien Flávio Bolsonaro visitó en junio, podría resultar contraproducente debido a los nuevos aranceles estadounidenses anunciados en julio y a las amenazas de Washington contra el popular método de pago Pix (que elude los sistemas Visa y Mastercard). Si, a sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a ganar, Brasil seguirá siendo un punto rojo rodeado de azul en el mapa del subcontinente.

Traducción de Miguel López

“Nací en Jerusalén y crecí en Gaza. […] Como creo que todos sabéis, la población de Gaza lleva seis meses sufriendo un genocidio brutal. Y la población de Palestina lleva setenta y cinco años sufriendo una ocupación brutal”.

El 13 de abril de 2024, Saint Levant, alias Marwan Abdelhamid, electriza el codiciado festival californiano de Coachella. Tras unos diez minutos de concierto, el cantante se dirige al público reunido bajo la carpa Gobi, en medio del desierto al este de Los Ángeles (Estados Unidos). “No soy solo yo quien está en el escenario, es todo el mundo árabe”. Ante él, las banderas palestinas ondean sobre las cabezas, algunas cubiertas con una kufiya, y resuenan los vítores. “Nosotros, los palestinos, sabemos bien lo que es la resiliencia: volveremos y reconstruiremos”. Y la música vuelve a sonar.

Saint Levant es hoy “un símbolo de la resistencia palestina”, señala el diario libanés L’Orient-Le Jour, que destaca cómo la violencia de la represión israelí tras el 7 de octubre cambió brutalmente el estatus de quien hasta entonces era considerado un lover boy de moda. Ahora aprovecha todo el espacio mediático a su alcance para defender su tierra natal, que abandonó en 2007, cuando solo tenía 7 años.

“Su música se ha convertido en un grito de guerra para los defensores de la causa palestina”, insiste Cyril Sauvageot en su crónica La BO du monde en France Inter. “A medida que la guerra en Gaza se recrudecía, su discurso se endureció y sus intervenciones se volvieron más apasionadas. [… ] Políglota, es capaz de alternar en una misma canción el inglés, el francés y el árabe, lo que confiere a su música una dimensión universal”.

Tras un segundo EP titulado From Gaza with Love (2023), Saint Levant lanzó su primer álbum en la primavera de 2024, Deira, que toma su nombre del famoso hotel construido por su padre en Gaza, a orillas del mar. Las bombas del Ejército de Israel acababan de destruir el establecimiento, muy conocido entre los enviados especiales internacionales. El disco se abre con On This Land, a dúo con el grupo gazatí Sol Band.

“No hemos elegido vivir esta vida en el extranjero”, dice Saint Levant en inglés, y concluye, desafiante, su estrofa: “¿Creéis que podéis censurarnos?”. Sobre una melodía cautivadora de laúd, Sol Band añade en árabe: “Nunca olvidaremos a nuestros mártires y en mi patria siempre me encontrarás / Aunque bloqueen la plaza, aunque nos roben nuestro hogar, la tierra sagrada de Jerusalén”.

Saint Levant no es ni mucho menos el único artista exiliado que lleva la voz de Palestina por todo el mundo. En Deira, por ejemplo, invita al jovencísimo MC Abdul, que se dio a conocer ya en 2019, con 11 años, con su rap en inglés inspirado en Eminem. “Palestina lleva décadas ocupada / Es nuestro hogar desde hace siglos […]. Mis abuelos fueron expulsados y obligados a marcharse al campo de refugiados de Gaza / Nada ha cambiado. Nunca han podido volver”, clama en su freestyle Palestina, grabado en la primavera de 2021 entre las ruinas, consecuencia de los recientes bombardeos israelíes. Ahora afincado en Los Ángeles, sigue narrando las penurias y los sueños de Gaza.

Poco después del 7 de octubre de 2023, la cantante palestino-chilena Elyanna publicó en sus redes sociales Olive Branch, una balada pacifista dirigida en árabe a la tierra de su infancia: “Me faltan las palabras, ¿qué más puedo decir? / Mis lágrimas se han secado, mi corazón está destrozado / Estoy lejos, pero rezo por ti / Te envío paz, como una rama de olivo”.

En sus cuentas de TikTok e Instagram, cada una con más de un millón de seguidores, sus publicaciones están salpicadas de emojis de sandía —símbolo de resistencia a la ocupación de los territorios palestinos—, así como de palomas, ramas de olivo y corazones blancos. A quien apodan la “Rihanna árabe” por su voz, utiliza el término “Palestina” cuando se refiere a Nazaret, ciudad del norte de Israel donde nació en 2002, en el seno de una familia cristiana.

Para los palestinos y palestinas, la resistencia musical en el exilio comenzó ya con la Nakba, la “catástrofe” de 1948. Más de la mitad de quienes vivían en el territorio de Palestina bajo mandato británico abandonaron entonces sus tierras, voluntariamente o por la fuerza.

Al año siguiente, el Estado de Israel ocupó el 78% de la Palestina bajo mandato británico, mientras que Egipto tomó el control de la Franja de Gaza y Jordania el de Jerusalén Este y Cisjordania. “Al no poder ya acceder a sus propios territorios, el Gobierno palestino se trasladó íntegramente a El Cairo a finales de octubre de 1948 y se convirtió en un Gobierno en el exilio, desprovisto de base territorial”, resume el artículo de Wikipedia.

Palestina se erigió desde entonces como un elemento central del panarabismo en pleno auge, símbolo de la necesaria lucha contra el colonialismo y la ocupación extranjera. “En nombre de nuestra unión, levántate, oh lucha, y dile a los sionistas agresores que la bandera del mundo árabe ha encontrado sus estrellas desde el año 1948”, proclama, por ejemplo, la famosa canción Sawt al-Gamâhîr, escrita por el egipcio Hussein El Sayed, mientras que sus compatriotas cantantes, Mohammed Abdel Wahab y Abdelhalim Hafez, exaltan el espíritu nacionalista. Desde Beirut, la maronita Fairuz canta Volvemos con una orquestación de los hermanos Rahbani.

La tendencia cobra aún más fuerza durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, que provoca una nueva ola de éxodo. “Las ocupaciones de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza por parte del ejército israelí, vividas como auténticas tragedias, serán una nueva fuente de inspiración”, subraya el investigador y activista Emmanuel Dror. Fairuz dedica un álbum a la ciudad santa (Jerusalem in My Heart), que se abre con La flor de las ciudades, una sublime endecha que evoca sus mezquitas, iglesias y sinagogas. El disco se cierra con Algún día volveremos: el regreso se menciona ahora en futuro, señal de que esa perspectiva se aleja.

En El Cairo, la derrota de los ejércitos árabes sienta mal y se alzan algunas voces disidentes para criticar a Nasser y apoyar a los “hermanos” palestinos. “Oh, palestinos, quiero ir y estar con vosotros, con las armas en la mano”, exclama el cantante Cheikh Imam, acompañado de su laúd árabe, en Oh, palestinos. “La canción se hizo tan popular que, cuando el joven Yasser Arafat visitó El Cairo en agosto de 1968, insistió en reunirse con el jeque, que se la cantó”, cuenta el historiador palestino-estadounidense Joseph Massad.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creada en 1964, se impone entonces y deja su huella en la resistencia cultural —y, por tanto, musical— que acompaña a su lucha armada. La OLP, expulsada de Jordania tras el sangriento Septiembre Negro de 1970, se instaló en el sur del Líbano, y fue allí donde se produjo el primer videoclip palestino, rodado por el pintor Ismaïl Shammout, su director del departamento de artes y cultura nacional. La joven cantante Zeinab Shaath, de 17 años, interpreta con una simple guitarra y una kufiya al cuello, The Urgent Call of Palestine, una balada al estilo de Joan Baez.

Es el sencillo del único disco (un EP) publicado por el departamento cultural de la OLP. Los poetas Mou’in Bsissou, Mahmoud Darwich y Abd al-Wahhab al-Bayati escribieron las letras de los otros tres temas (Resist, I Am an Arab, Take Me Back to Palestine). Cantar en inglés, en un estilo folk de moda en Occidente, tenía como objetivo, por supuesto, dar visibilidad a la lucha más allá del mundo árabe y de los países socialistas, que eran entonces los dos principales apoyos y altavoces de la OLP.

Tras la guerra de Yom Kippur se acelera el reconocimiento internacional de la OLP: la organización es admitida por las Naciones Unidas como miembro observador en 1974 y designada “única y legítima representante del pueblo palestino”. Ese mismo año, el sello estadounidense Folkways —fundado por un judío asquenazí en Nueva York— publica así la recopilación Palestine Lives! Songs from the Struggle of the People of Palestine (1974).

“Lo que se escucha en este disco es un eco —el eco de una fase crucial de la larga lucha del pueblo palestino”, se puede leer en el libreto. Este disco reúne canciones revolucionarias de la OLP, popularizadas por las emisoras móviles que recorrían Jordania y las emisoras de propaganda instaladas en El Cairo, el Líbano, Irak y Siria. “[Estas canciones] se dirigían tanto a los palestinos de la diáspora como a los que vivían bajo la ocupación”, precisa Joseph Massad.

En este disco figura, entre otras, Beladi (Mi patria), el nuevo himno de Palestina, atribuido a los miembros de Fatah en Amán. “El pueblo ha decidido liberarte / De las manos de los opresores […] / Aunque el camino sea largo y difícil / La victoria es nuestro único destino / Marcharemos bajo las balas / No temeremos a la muerte”.

A lo largo de la década de 1970 se publicaron otros discos del grupo de la OLP en sellos discográficos activistas de Europa Occidental, que también editaban a artistas comprometidos de renombre como Mustafa al-Kurd. En cambio, Abu Arab, a pesar de ser considerado el “poeta de la revolución palestina” y de estar muy vinculado a la OLP, nunca consiguió que se publicara nada suyo fuera del mundo árabe, a pesar de haber grabado más de 300 canciones a lo largo de seis décadas de una carrera desarrollada íntegramente en el exilio, después de ser expulsado junto a los suyos durante la Nakba.

En las ciudades de la Cisjordania ocupada, surge una pequeña tendencia rockera a finales de los años 60 y principios de los 70. Estos grupos cantan sobre todo en inglés, para imitar a sus ídolos. Pocos nombres han pasado a la historia, al no haber podido grabar discos: no había ni estudios ni discográficas, y ese repertorio occidental no contaba con el favor de la OLP como para poder grabar con sus aliados.

Los Al-Bara’em (los brotes) son una excepción, con su rock melancólico de influencias orientales y tintes psicodélicos. Una especie de prefiguración del sonido palestino “moderno”, híbrido, que florecerá durante la década siguiente. “Tras el Septiembre Negro de 1970, parece que Al-Bara’em se dedicó por completo a la interpretación de composiciones originales en árabe”, relata Sama’an Ashrawi, hijo de uno de los miembros, quien les dedicó un documental.

Este giro quizá les salvó del olvido, antes de que la aventura llegara a su fin en 1976, tras una década de actividad, cuando casi todo el grupo se marchó a Estados Unidos, agotado por el acoso de las autoridades israelíes. Sama’an Ashrawi ha rescatado cuatro canciones de Al-Bara’em, que ha publicado en YouTube. Títulos con nombres evocadores: Camino, Paz, Revolucionario, Amanecer.

Una vez en Estados Unidos, solo un miembro de Al-Bara’em siguió haciéndose oír, mientras trabajaba en el taller de zapatería que su hermano había abierto en Míchigan. Acompañado de una guitarra o un laúd árabe, George Kirmiz se convirtió en una de las voces palestinas más escuchadas por los suyos gracias a las copias y recopias piratas de sus casetes.

Su canción Mi nombre es el pueblo palestino (1981) se escuchó por todas partes, desde los campos de refugiados hasta las manifestaciones, a lo largo de los años 80, y en YouTube se pueden encontrar multitud de versiones y reinterpretaciones. Su adaptación del poema Carné de identidad de Mahmoud Darwish también ha pasado a la historia, como evocación de la opresión impuesta por Israel a los árabes que viven en su territorio. Los cinco álbumes autoproducidos de este siriaco nacido en el barrio armenio de Jerusalén son otros tantos ejemplos de un llamamiento al sumud (resistencia).

En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para erradicar el “Fatah Land” de la OLP, con el apoyo de milicias cristianas. Esta guerra sangrienta conmocionó a los palestinos, pero también a la opinión pública internacional. El grupo Sabreen (los pacientes), con sede en Jerusalén Este, lo evoca en su segundo álbum La Fumée des volcans, que sale a la venta en casete. Aunque este soporte barato y reproducible hasta el infinito libera algo la producción musical palestina, su audiencia apenas traspasa los territorios ocupados e Israel.

Nada que ver con la repercusión alcanzada por los artistas libaneses, con Marcel Khalifé y Ahmed Kabour (con su éxito Ounadikom) a la cabeza, que abogan por la causa del pueblo palestino frente a Israel, cuyo ejército también ocupa su país, sumido en una guerra civil. Sus canciones dan la vuelta al mundo y su estilo, que combina influencias orientales y occidentales, inspira el repertorio palestino.

Desde Beirut, Julia Boutros, cristiana maronita como Marcel Khalifé, reaviva la llama del panarabismo a finales de 1987 con ¿Dónde han ido a parar los millones?, acompañada por la siria Amal Arafa y la tunecina Sawsan Hammami.

“Dios está con nosotros, él es el más fuerte / Es más grande que los hijos de Sión […] / El fuego de la revolución se hace más fuerte / Somos los vencedores”. La letra recuerda el ímpetu nacionalista de los años 50 y se convierte en la banda sonora de la primera Intifada, que partió de la Franja de Gaza. He aquí una versión de este gran éxito difundida en su momento por la televisión iraquí.

En Jerusalén Este, Sabreen lanza el precioso álbum La muerte del profeta. Es el comienzo del reconocimiento internacional, que permitirá al grupo financiar la creación de un centro homónimo en el barrio de Sheikh Jarrah. El estudio Sabreen rápidamente se convirtió en un lugar imprescindible para los músicos palestinos de todo Oriente Próximo. Cerrado en 2022, el espacio ha reabierto y hoy intenta sobrevivir.

El grupo Al-Fajr ("el amanecer"), exiliado en Kuwait, sigue los pasos de Sabreen. “Por un lado, estaban las cosas autorizadas por la OLP, que eran ultranacionalistas y defendían abiertamente la revolución y la resistencia”, recuerda el guitarrista Bashar Shammout. “Por otro lado, había grupos como el nuestro y Sabreen que tenían un enfoque diferente. Nos preguntábamos: ‘¿Cómo transmitir de manera sutil nuestro mensaje de afirmación de la identidad palestina?’”.

Durante la primera Intifada, Israel persiguió a las voces palestinas disidentes. Como la de Riad Awwad, un joven electricista que grabó en su casa, junto a sus hermanas, una cinta titulada Intifada 87, en la que expresaba su deseo de libertad sobre geniales bases musicales improvisadas con el sintetizador. “En las calles, en las granjas, en las fábricas, lucharé, lucharé, lucharé, lucharé para liberar a mi pueblo y mi tierra”, canta en Soy de Jerusalén.

La policía confiscó rápidamente las 3.000 copias que sacó y Riad acabó en la cárcel, tal y como cuenta la reedición del sello Ma’Jazz Project. En aquella época, el famoso compositor palestino Suhail Khoury también fue encarcelado durante seis meses, después de haber sido torturado.

“Tras la primera Guerra del Golfo y los acuerdos de Oslo de 1993, el ‘proceso de paz’ anuncia una nueva era”, prosigue Emmanuel Dror. Como muchos, Sabreen cree que la paz es posible, tal y como narra su disco Les Colombes approchent (Se acercan las palomas, 1994). En 1996 y luego en 1998, una veintena de artistas se reunieron para cantar juntos El sueño árabe, un proyecto financiado por el acaudalado príncipe saudí Al-Walid ben Talal al-Saoud, siguiendo el modelo de lo que el Egipto de Nasser producía anteriormente para ensalzar la unidad árabe.

“Aunque la noche sea larga, el amanecer acabará llegando”, profetiza el tema que suena sin cesar en los países árabes durante la segunda Intifada… Como para conjurar el mal de ojo, mientras Oriente Próximo vuelve a sumirse en el caos. La represión armada de Israel se endurece, Ariel Sharon comienza la construcción de un inmenso muro de separación con Cisjordania y la colonización se acelera. En cuanto a los palestinos, se dividen entre partidarios de Fatah y de Hamás.

En este contexto sombrío, el rap se impone como el nuevo repertorio contestatario de la juventud palestina, revelador de los cambios culturales de una Palestina que ahora mira hacia el mundo entero. “Somos los negros de Israel […]. Vivimos bajo una ocupación física y mental”, proclama en 2005 Tamer Nafar, del grupo pionero de esta vigorosa escena, DAM, acrónimo de Da Arabian MC’s.

DAM, originario de Lod, un barrio pobre y cosmopolita de Tel Aviv, rapea sobre la rebelión en árabe y en hebreo —”para informar al otro bando”—, proclamando su vinculación tanto con la resistencia de antaño como con el rap “consciente” americano. En 2001, un amigo difundió sin su conocimiento su tema ¿Quién es el terrorista? en el ya desaparecido foro arabrap.net. Un mes después, el archivo MP3 se había descargado un millón de veces: los medios internacionales calificaron al grupo de “portavoz de una generación sacrificada”.

Sus letras son, en efecto, explícitas: “¿Cómo voy a ser yo el terrorista si vosotros me habéis quitado mi tierra? […] Nos matáis como matasteis a nuestros antepasados / Sois el testigo, el abogado y el juez / Si sois mis jueces, seré condenado a muerte / […] Me haces callar y gritas: “¿Pero dejáis que los niños lancen piedras?” […] Oprimís, matáis, nosotros enterramos […] / Y seguiré defendiéndome, / aunque me llaméis terrorista”.

Un cuarto de siglo después, DAM sigue siendo imprescindible, pero sufre de lleno las consecuencias de la guerra en Gaza. “Antes daba unos 160 conciertos al año. Desde el 7 de octubre, solo he dado dos”, se lamentaba Tamer Nafar en otoño de 2025, aunque su grupo nunca ha podido actuar en el enclave. Hoy en día, la polifacética escena del rap palestino está presente en todas partes, tanto en los territorios ocupados como en Israel. Gracias a Internet, su audiencia traspasa con creces las fronteras de Oriente Próximo.

En la primavera de 2021, los MC Daboor (de Jerusalén Este) y Shabjdeed (de Ramala) compusieron el himno de la Intifada de la unidad, Il est temps (Ya es hora), que arrasó en YouTube, acumulando rápidamente varias decenas de millones de visualizaciones. Aún hoy, este tema con su letra y su ritmo frenético, sigue enardeciendo a la juventud palestina allá donde se encuentre.

La diáspora tampoco se queda atrás, desde la península arábiga hasta Estados Unidos, pasando por Europa. “Pueden quitarnos nuestras tierras, pero nunca nos quitarán nuestra voz”, denuncia, por ejemplo, Shadia Mansour. Afincada en Londres, la “primera dama del hip-hop árabe” lleva mucho tiempo luchando contra la ocupación de Palestina. A principios de la década de 2010, su éxito Al-kufiyyeh 3arabeyyeh, que destaca el kufiya como símbolo de la lucha contra el imperialismo, hizo vibrar a los círculos pro-palestinos.

Pero no solo está el kufiya: el dabke es el otro pilar de la identidad y la resistencia de Palestina. Tras la Guerra de los Seis Días, la OLP convirtió este baile colectivo levantino en una valiosa herramienta de su propaganda cultural. “Cuando golpeamos el suelo con los pies [al bailar el dabke], estamos diciendo que, por mucho que nos hayan dispersado, Palestina siempre permanecerá bajo nuestros pies”, confesaba hace unos años el folclorista Abou Hani.

“El dabke es nuestro pogo”, compara por su parte 47Soul. Este colectivo formado en Amán, que reúne a palestinos de diferentes lugares, lo ha convertido en la base de su “shamstep”, contracción de “dubstep” y “al-Sham” (el Levante, en árabe). Una fusión que se asemeja al estilo del sirio Omar Souleyman.

“Queremos contar la historia de la división de Palestina, de la Nakba de 1948 y de la diáspora, centrándonos especialmente en el Levante”, precisan sus miembros, que cantan en inglés y en árabe. El número 47 también es simbólico: en aquella época, Palestina aún existía y “en 1947, uno podía coger el coche y circular libremente de Damasco a Jerusalén, a Beirut y a Amán”.

“Mientras el resto del mundo se muestra indeciso, los palestinos no tienen más remedio que continuar la lucha… y componer canciones”, concluye Emmanuel Dror. Como la superestrella Mohammed Assaf, ganador de la edición de 2013 de Arab Idol, que creció en un campo de refugiados de Jan Yunis: “Levanta la cabeza […], Gaza llama, ¿y quién la oye? […] Tomad mi sangre y traedme la libertad […]. Aunque la injusticia se intensifique, protegemos su tierra”, exclama en enero de 2024 en Gaza la orgullosa.

Poco después del 7 de octubre de 2023, el cantante pop israelí Elkana Marziano reinterpretó irónicamente en hebreo uno de los mayores éxitos de Mohammed Assaf, Mi sangre es palestina. Toda una afrenta para los palestinos, ya que esta canción se convirtió, desde su lanzamiento en 2015, en “un himno de la resistencia”, que “sigue sonando por los altavoces en las manifestaciones de todo el mundo y ha servido de banda sonora a cientos de miles de vídeos de TikTok”, recuerda The New Arab.

Se desató una tormenta en las redes sociales, en la que se denunciaba la apropiación de este símbolo. “Primero nuestra tierra, ahora nuestra música”, comenta, por ejemplo, Hamzah, un gamer palestino-estadounidense con 10 millones de seguidores. Sin embargo, unos meses antes, esta canción había desaparecido temporalmente de todas las grandes plataformas de streaming. Las sospechas se centraron en la presión ejercida por el grupo sionista We Believe in Israel, muy activo ante los gobiernos y las empresas occidentales contra “el antisemitismo”.

En cambio, Infierno y caos, la canción belicista del dúo israelí de drill Ness & Stilla, nunca ha sido objeto de ninguna medida a pesar de su letra extremadamente violenta. “Todas las unidades de las FDI se preparan para desatar el infierno y el caos sobre vosotros / ¡Uno, dos, fuego!”, dice el estribillo. Se identifican objetivos concretos: los líderes de Hamás, Hezbolá y las Brigadas Al-Qassam —todos ellos asesinados desde su lanzamiento a mediados de noviembre de 2023—, así como Bella Hadid, Dua Lipa y Mia Khalifa.

Ambos raperos prometen además destruir “a los hijos de Amalek”, una referencia bíblica que originalmente designaba a los enemigos de los judíos, pero que la derecha radical israelí utiliza para referirse a los partidarios de Hamás y, por extensión, a todos los palestinos y palestinas (así como a quienes les apoyan). Esta canción, que tuvo una gran acogida, fue número uno en todas las listas de éxitos de Israel en 2024. En el mundo árabe, numerosos medios de comunicación la calificaron de "genocida".

“La letra puede parecer dura. Se hace eco del sentimiento de una parte de la juventud israelí, señala Cyril Sauvageot, en France Inter. “Una generación que aún no había nacido cuando se firmaron los acuerdos de Oslo y que no ha conocido más que a Benjamin Netanyahu en el poder”. De hecho, han pasado más de tres décadas y las palomas de la paz que evocaba entonces el grupo palestino Sabreen no han dejado de alejarse a medida que las crisis se han agravado y se han acumulado las muertes.

Con motivo del 70º aniversario de la Nakba, Fairuz se lamentaba en ¿Hasta cuándo, Señor?. Pero la tendencia no se ha invertido, sino al contrario. A pesar de las desilusiones, algunos artistas se niegan a tirar la toalla. Como los raperos de DAM: “La música no puede detener una máquina de guerra, pero tiene un papel, por pequeño que sea”.

Traducción de Miguel López

Las dos casas se encuentran alejadas del pueblo de Qusra, encaramadas en lo alto de una colina de laderas algo escarpadas, según se aprecia en las imágenes grabadas por un periodista palestino desde lo alto al otro lado de un pequeño valle. Una de ellas se parece a la mayoría de las casas de Cisjordania, de cemento gris y tejado plano.

La otra es lujosa y espaciosa, como muchas de las residencias construidas por familias palestinas que han vivido y trabajado durante años en el extranjero y que luego se han construido la villa de sus sueños con su relativa fortuna. De hecho, pertenece a un palestino con nacionalidad estadounidense.

Las vistas hacia el norte de Cisjordania desde allí son, sin duda, impresionantes. Las vistas de los asentamientos, construidos en forma de arco alrededor de Qusra y de las localidades palestinas circundantes, son, sin lugar a dudas, menos agradables para los habitantes de la pequeña localidad. Saben desde hace mucho tiempo que estos asentamientos y la ideología expansionista suponen un peligro para sus parcelas y sus hogares. Ya se han producido agresiones, sin que tuvieran repercusión más allá de Cisjordania y de los círculos activistas.

Pero esta vez el ataque de los colonos está despertando interés fuera de allí. Hay que decir que, incluso a la luz de la limpieza étnica que se está llevando a cabo en Cisjordania, este caso es excepcional. Desde el domingo 9 de agosto, varias decenas de colonos sionistas religiosos están sitiando las dos casas, aislando a sus habitantes del mundo exterior. Han instalado un puesto avanzado bajo un toldo frente a la verja de la vivienda más grande, en la carretera que la une al pueblo, cortando todo el tráfico.

Allí rezan y duermen. Intentan por todos los medios ahuyentar a las familias cortando el agua y la electricidad, impidiendo el abastecimiento de víveres e instaurando un clima de terror. Pero estas saben perfectamente lo que ocurriría si se van: nunca podrán volver, algo que ocurre con frecuencia.

Desde octubre de 2023, “Israel ha desplazado por la fuerza a 64 comunidades palestinas en su totalidad y, parcialmente, a otras 15 más, lo que supone más de 4.800 personas, entre ellas más de 2.300 menores”, subraya la organización israelí de defensa de los derechos humanos B’Tselem.

La organización ha recogido el testimonio de Aïcha Abou Rida, que vive en una de las dos casas: “Estamos rodeados por los colonos, pero aguantamos. Con la ayuda de Dios, no abandonaremos nuestras casas, pase lo que pase. Aunque nos corten el agua y la electricidad, aguantaremos […]. A pesar de sus repetidos ataques, que tienen como objetivo expulsarnos, si Dios quiere, nos quedaremos en nuestras casas, aunque tengamos que perder la vida”, afirma.

Este intento de los colonos de expulsar a familias palestinas de sus hogares para erigir un puesto avanzado tan ilegal como los propios asentamientos se ha convertido en algo habitual en Cisjordania. Pero en este caso, varios sucesos han atraído cierta atención internacional, aunque muy escasa.

Varios periodistas israelíes del diario Haaretz fueron agredidos por los colonos cuando intentaban llegar a las propiedades asediadas. Atacar a los profesionales de los medios de comunicación se ha convertido en algo bastante habitual por parte de los colonos o del ejército israelí, pero hay que reconocer que estas violaciones del derecho a informar tienen más repercusión cuando se trata de compañeros israelíes.

Además, los vídeos grabados por los dos periodistas israelíes y por otras personas, entre ellas periodistas extranjeros y activistas, han demostrado una vez más la connivencia entre una parte del ejército israelí y los colonos. El más impactante muestra a militares rezando junto a los agresores a los que se suponía que debían expulsar. Al tratarse de una zona declarada militar, esto permite a los soldados impedir el acceso a periodistas, activistas y otros observadores, pero también debería prohibir la presencia de colonos.

Pero la nacionalidad estadounidense de una de las personas asediadas permitió interpelar a la Casa Blanca y acusar a la embajada en Jerusalén (durante el primer mandato de Donald Trump, la embajada americana se trasladó desde Tel Aviv, sede de la inmensa mayoría de las representaciones diplomáticas, a Jerusalén) de incumplir su obligación de defender a un conciudadano y sus bienes.

Bastante molesto, el embajador Mike Huckabee, a pesar de ser un ferviente partidario de la política de anexión de los territorios palestinos y de apoyar al movimiento de los colonos, se vio obligado a reaccionar. Negó ser indiferente a los acontecimientos de Qusra e incluso calificó a los agresores de “terroristas israelíes” y sus actos de “criminales”.

El jueves 13 de agosto, a última hora de la mañana, según testigos presenciales entrevistados por Mediapart, el ejército desplegó 1.200 soldados en la localidad de Qusra. Allí confiscó dieciséis viviendas para convertirlas en puestos militares provisionales y hizo referencia en X a unas “misiones de defensa” para “mantener la seguridad y proteger la zona”. Contactado el ejército israelí, en el momento de publicar este artículo no ha respondido a las peticiones de aclaración de Mediapart.

Los residentes palestinos temen no poder regresar a sus hogares. Y con razón: unos días antes, en presencia de varios miembros del Gobierno de Netanyahu, el ejército israelí expulsó a la familia Hamad de su vivienda en la localidad de Arraba, cerca de Jenín, para instalar allí a soldados con vistas a la inauguración de un nuevo asentamiento.

“El ejército israelí tiene los medios para imponer un bloqueo a pueblos palestinos enteros, e incluso a ciudades, para demoler decenas de casas, arrancar cientos de olivos y desplazar por la fuerza a decenas de miles de personas. ¿Cómo es posible que el simple hecho de impedir que unas pocas decenas de colonos asedien a una familia palestina en un pueblo en el que los israelíes ni siquiera están autorizados a estar resulte una tarea tan imposible para el ejército?”, se pregunta, con falsa ingenuidad, la organización Breaking the Silence, que vigila la actuación del ejército israelí.

La indignación del embajador americano, al igual que la de las cancillerías occidentales, no es más que de fachada. Porque todo el mundo conoce la respuesta a la pregunta de Breaking the Silence. Ya ha quedado demostrada en numerosos informes, como el de Haaretz de diciembre de 2025 o el de Amnistía Internacional de junio de 2026.

Así lo resume Yair Dvir, portavoz de B’Tselem: “La violencia de los colonos es una violencia de Estado. Es responsabilidad del Estado, está armada por el Estado. Cuenta con el apoyo del ejército. Se trata de una política de Estado que observamos bajo muchas formas diferentes”, explica a Mediapart. “La mayor parte de la violencia es, en realidad, obra del ejército, y no de las milicias. A menudo vemos al ejército participar en los ataques o proteger a los colonos, y disparar contra los palestinos que intentan defenderse.”

Y añade: "Avi Bluth, el comandante en jefe de Cisjordania, se jacta de los vínculos que mantiene con los colonos y de la magnitud de las ‘reparaciones’", según sus propias palabras. “Estamos matando a palestinos en Cisjordania como no lo habíamos hecho desde el inicio de la ocupación en el 67”, afirma. “Se jacta de la coordinación entre el ejército y los colonos para la construcción de cientos de granjas por toda Cisjordania. No se trata, por tanto, de la ideología de una persona u otra, sino del sistema y del objetivo del mismo, que es la limpieza étnica y el desmantelamiento de la sociedad palestina”.

A finales de julio, el mismo Avi Bluth firmó 15 órdenes de expropiación de tierras palestinas en la zona A, que se supone que está bajo el control total de la Autoridad Palestina. El objetivo era permitir la continuidad entre dos asentamientos israelíes.

Las protestas de un puñado de reservistas, que están firmando estos días una “Carta de reservistas contra el terrorismo judío”, parecen bastante minoritarias, incluso insignificantes.

Por toda Cisjordania se repite el mismo patrón, día tras día, noche tras noche. En los últimos días, el pueblo de Taybeh ha sido principalmente el blanco de esas acciones. También ha sido declarado zona militar y también allí, al amparo de esta orden, el ejército israelí impide el acceso a periodistas y activistas. Como si el objetivo fuera evitar que haya testigos. Además, allí los colonos atacan y siembran el terror. Y también allí, los habitantes palestinos, desprovistos de toda protección, se las arreglan como pueden.

Aunque el ejército israelí acabe desalojando a los colonos de Qusra y levante el asedio, no quedará nada resuelto y el macabro juego de la limpieza étnica se reanudará en cuanto se desvanezca la atención internacional.

“Conocemos este patrón desde hace años. Se repite sin cesar”, prosigue Yair Dvir. “En cuanto hay algo de presión internacional, Israel intenta hacer creer que está actuando. Pero la mayoría de las veces, y probablemente esto se repetirá también aquí, en cuanto el ejército se retire, los colonos volverán a instalarse”. Sin temor alguno.

Los colonos, que tienen una fuerte presencia en todos los niveles de la administración civil y militar israelí, tienen en sus manos el destino de la coalición de Benjamín Netanyahu. Más allá de eso, ningún partido político capaz de obtener o formar una mayoría tras las elecciones legislativas de octubre de 2026 les planta cara.

Traducción de Miguel López

Knyholav era una editorial próspera. Fundada en 2016 por Svitlana Paveletska, una madre harta de encontrar tan poca literatura infantil en ucraniano para su hijo, la empresa se benefició de su posición de pionera. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, se disparó el interés del público por los libros en ucraniano.

Esta intrépida pequeña editorial, que solo publicaba en ucraniano, vio cómo su facturación prácticamente se duplicaba cada año. Su catálogo se ha diversificado y ampliado, y el número de nuevos títulos publicados cada año ha pasado de unos 20 a 90 en 2025. “Este año teníamos previsto publicar 110 títulos nuevos”, señala el director general, Maksym Prazdnikov, desde su oficina en un centro de negocios de Kiev.

Una salva de misiles balísticos rusos ha hecho añicos esa ambición. En la noche del 18 al 19 de julio, un inmenso almacén situado en Bilohorodka, al oeste de la capital, quedó completamente destruido por un ataque. Knyholav alquilaba una parte de los 120.000 metros cuadrados para albergar su stock. Quedaron reducidos a cenizas unos 200.000 ejemplares.

Esa misma noche, también resultó afectada una planta de la imprenta Konvi, una de las tres más grandes del país. Los daños son considerables: resultaron dañados unos 350.000 libros y desaparecieron uno 250.000 libros de texto recién salidos de las rotativas.

Ese día sombrío para el mundo editorial no es el primero desde 2022. En 2024, un ataque devastó la imprenta Factor-Druk, con sede en Járkov, causando la muerte de siete empleados e hiriendo a otros 21. Allí ardieron decenas de miles de libros. En junio de 2025 quedaron destruidos por un bombardeo el almacén y las oficinas de la editorial Ukrainskyi Priorytet.

Pero desde principios de este verano se ha multiplicado por diez la intensidad de estos ataques y el balance es enorme: Rusia ha destruido cerca de diez millones de libros ucranianos en seis semanas. Estas destrucciones masivas son una de las manifestaciones de una nueva fase de la guerra, a veces apodada “guerra de los almacenes”, un duelo de ataques de largo alcance entre Ucrania y Rusia. Una violenta escalada muy lejos del frente, que apenas se mueve.

Moscú nunca ha dudado en atacar objetivos civiles al bombardear instalaciones de almacenamiento o medios de transporte. Pero Kiev dispone ahora de los medios para hacer lo mismo en territorio ruso, gracias a su producción nacional de drones.

Al tiempo que siguen debilitando la industria petrolera rusa —cuya capacidad de refinado se ha reducido en más de un tercio—, las fuerzas ucranianas multiplican desde mediados de julio las operaciones contra Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. En la noche del lunes 10 al martes 11 de agosto, unos artefactos explosivos ucranianos volvieron a dañar un almacén de esa empresa en la región de Vorónezh. En total, han sido alcanzadas más de una veintena de instalaciones del gigante del comercio electrónico.

Kiev espera así asestar golpes a la economía rusa. El Gobierno ucraniano acusa además a Wildberries de ayudar al régimen a eludir las sanciones internacionales. Por su parte, Moscú se ha lanzado a una campaña de ataques indiscriminados contra la retaguardia, lanzando un número sin precedentes de misiles balísticos, más difíciles de interceptar. Esta campaña está resultando bastante exitosa dado que Ucrania se enfrenta a una escasez de munición para los Patriot, los únicos sistemas de defensa antiaérea eficaces.

El sector editorial de Ucrania sufre los efectos de forma muy directa. En la noche del 2 de julio, BookChef perdió 800.000 libros en la destrucción de un gigantesco almacén propiedad de la empresa Denka Logistics, al oeste de la capital. “Era casi la totalidad de nuestras reservas”, señala Yevhen Shyrynos, responsable editorial.

En otro ataque desaparecieron casi 100.000 ejemplares. “Unos 900.000 libros en total. Todo nuestro inventario. Ya no nos quedan libros en nuestros almacenes”, lamenta Yevhen Shyrynos, quien se declara “devastado”: “Todo ese trabajo realizado a lo largo de los años se ha reducido a cenizas en tan solo unas horas”.

BookChef, fundada en 2017, publica obras de ficción y no ficción tanto ucranianas como extranjeras. Entre otras cosas, ha publicado traducciones de la novelista francesa Valérie Perrin, del escritor Jean-Christophe Grangé o de Jean-Paul Sartre. Las pérdidas directas relacionadas con los ataques ascienden a 125 millones de hryvnias (unos 2,5 millones de euros), frente a una facturación anual de 370 millones de hryvnias (7,15 millones de euros) en 2025.

El 1 de agosto fue el día más negro. Un centro logístico del grupo RNK-Ranok, en Járkov, quedó devastado por un incendio provocado por la explosión de varios drones del tipo Shahed. Quedaron carbonizados aproximadamente ocho millones de libros, entre ellos libros de texto. La dirección de este gigante del sector denunció “un ataque deliberado contra un almacén de libros”. “Hitler estaría celoso”, exclamó furioso su director, Viktor Kruhlov, en un mensaje publicado en las redes sociales.

Knyholav perdió varios miles de ejemplares almacenados allí. En total, la editorial, cuyo nombre es una contracción de “libros” y “amor”, calcula que se han convertido en humo unos 220.000 libros; le quedan 170.000. Su director, Maksym Prazdnikov, elogia la solidaridad mostrada por sus socios comerciales. Algunas imprentas se han ofrecido a darle prioridad para que la empresa pueda reponer sus existencias, pero, a pesar de todo, tendrá que rebajar sus expectativas. Solo se prevé que salgan al mercado 85 nuevos títulos este año.

“El impacto será muy fuerte, pero no tenemos más remedio que seguir trabajando”, confiesa Maksym Prazdnikov. “El problema es encontrar un lugar donde almacenar nuestros libros con total seguridad”, añade Yevhen Shyrynos, de BookChef. “El oeste de Ucrania es más seguro, pero carece de almacenes adecuados”.

Más allá de su coste económico, hay voces que señalan el significado político de esta campaña de ataques rusos. “Una editorial es una institución que contribuye directamente al desarrollo de la cultura y la identidad”, recuerda Dmytro Kuleba, que fue ministro de Asuntos Exteriores durante los primeros años de la invasión y que publica en Knyholav. Rusia no reconoce la identidad ucraniana, ataca monumentos y destruye libros. […] Todo esto debe considerarse parte de una estrategia, de una limpieza cultural”.

A finales de julio, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Kyrylo Budanov, denunció “un genocidio cultural” que perpetúa persecuciones que se remontan a varios siglos: “Fue precisamente en julio de 1863 cuando el Imperio ruso publicó la circular Valuev, que prohibía la publicación de la mayoría de las obras en lengua ucraniana. 13 años más tarde, el ukase de Ems estuvo a punto de aniquilar la edición ucraniana. El objetivo siempre ha sido el mismo: privar a los ucranianos de su lengua, su cultura, su educación y su memoria histórica”.

Maksym Eristavi, autor del exitoso libro Russian Colonialism 101 (edit. IST Publishing), añade a esta genealogía la década de los 90, cuando el mercado ucraniano se vio inundado de libros rusos, mientras que los elevados impuestos aplicados a la edición en Ucrania hacían que los precios de esas obras fueran prohibitivos. “Para mí, que crecí en una Ucrania independiente, encontrar un libro en ucraniano en una librería o una biblioteca era toda una misión. Pero el mayor reto era poder permitírmelo”, escribió en un artículo publicado a principios de agosto.

Esta “vieja estrategia del Imperio ruso y de la Unión Soviética” no solo va dirigida contra Ucrania, añade Yevhen Shyrynos: “Moscú ha intentado acabar con las identidades de sus vecinos en los países bálticos, en Asia Central y en el Cáucaso […]. No es un problema exclusivo de Ucrania”.

Traducción de Miguel López

Mientras Francia atraviesa su tercera ola de calor de 2026, este verano abrasador en Europa occidental nos obliga a plantearnos cómo se está gestionando actualmente la catástrofe ecológica. Desde que esta se hizo evidente a principios de la década de 1990, la respuesta aportada por los Estados, las empresas y la mayoría de los actores del ámbito político se ha basado en el concepto de “transición ecológica”.

Esta estrategia es producto de su época; se trata de una respuesta económica a un problema físico. Basándose en las teorías económicas de moda, predice que la innovación en las “energías limpias”, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, acabará imponiendo una nueva norma gracias a una bajada relativa de los precios de las energías “verdes” frente a las energías “marrones” basadas en hidrocarburos. Para acelerar el proceso, incluso se puede fijar un precio al carbono.

Esto provocará la sustitución de lo “marrón” por lo “verde”, según el esquema clásico de la destrucción creadora, concepto teorizado por el economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950). Así, las inversiones en las denominadas energías renovables deben conducir inevitablemente a una reducción del uso de hidrocarburos y a la disminución de las emisiones.

Esta lógica es la que rige el conjunto de las políticas aplicadas y respaldadas desde hace tres décadas, incluidas las promovidas por las COP a nivel internacional. Se aplica incluso a otros aspectos de la catástrofe ecológica, como el de la biodiversidad.

Es cierto que el esfuerzo en materia de energías renovables es insuficiente, pero no por ello se ha dejado de seguir al pie de la letra esta hoja de ruta. En 1990, las energías renovables representaban el 3,13% de la producción total de energía primaria. En 2025, esta proporción ha aumentado hasta el 8,59%, es decir, 2,75 veces más que 35 años antes.

Algunos casos, como el de China, son impresionantes: la cuota de las energías renovables durante ese mismo periodo se ha multiplicado por 5,5 pasando del 1,66% al 9,19%. Esta cifra supera ya la media de los países de renta alta, que se sitúa en el 8%.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la cuota de las energías renovables en el mix energético mundial ha aumentado en 2,5 puntos entre 2000 y 2023, mientras que la de los hidrocarburos ha disminuido en 0,4 puntos. Ante estos resultados, cabría esperar un efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, siguiendo la lógica de la sustitución. Sin embargo, estas alcanzan cada año nuevos récords.

En 2024 se emitieron a la atmósfera 38.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, 1,7 veces más que en 1990. En 2030, el nivel de estas emisiones será previsiblemente casi el doble del necesario para limitar el calentamiento global a +1,5 °C con respecto a la era preindustrial (1850-1900), tal y como prevén los acuerdos internacionales.

Pero, más allá incluso de estas cifras, se constata que se han superado siete de los nueve límites planetarios, sin perspectivas de una recuperación rápida. Y, como todo el mundo puede comprobar, la lógica de la catástrofe ecológica parece extenderse y acelerarse.

Esta paradoja entre la aplicación de la estrategia de transición ecológica y la aceleración del caos climático es el tema de un artículo de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el pasado 24 de julio.

Es importante destacar que esa institución internacional cuenta con una sección de investigación bastante interesante, que no duda en entrar en conflicto con las propias prácticas del FMI. Ya en 2016, investigadores del FMI cuestionaban el mito del éxito de las reformas neoliberales, y en 2022, un artículo echaba por tierra uno de los pilares de las políticas económicas: el “ciclo precios-salarios”. Por otra parte, estos trabajos no suelen tener ningún impacto en la actuación real del Fondo.

En el caso que nos ocupa, el artículo, redactado por tres investigadores franceses —William Oman, Étienne Espagne y Jean-Baptiste Fressoz—, pone en tela de juicio la solidez del consenso que se apoya en la “transición ecológica”. Retomando en gran parte la tesis desarrollada por el tercer autor en Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie (Sin transición. Una nueva historia de la energía, edit. Seuil, 2024), el texto cuestiona la idea de una sustitución de las energías.

Basándose en los hechos, el historiador de la tecnología ha demostrado que las nuevas tecnologías energéticas, aunque más eficientes, no conducen a una dinámica de sustitución, sino a una dinámica de acumulación del consumo de recursos.

El uso de la madera ha seguido aumentando tras la llegada del carbón como principal fuente de energía, y el uso de este último no ha disminuido tras la irrupción del petróleo. La lógica es, por tanto, una suma de fuentes de energía más que una sustitución. Y eso es lo que parece seguir observándose durante el primer cuarto del siglo XXI. “Las pruebas históricas muestran una fuerte relación positiva entre la eficiencia energética y material y la huella energética y material global”, explica el artículo.

En otras palabras: cuanto menos recursos requiere el proceso de producción, más se produce, lo que conduce a un aumento absoluto del uso de recursos. Se trata del “efecto rebote” o “efecto Jevons”, llamado así por el economista británico Stanley Jevons (1835-1882), quien, en 1865, fue el primero en identificar lo que a él le parecía una paradoja. La lógica de las cuotas de mercado oculta, por tanto, la realidad que importa para la crisis energética: la del uso global y absoluto de los recursos.

Pero a esto se suma un segundo elemento: lo que los autores del artículo denominan “la expansión tecnológica” (technological sprawl). “Las mejoras en la eficiencia no solo conducen a un mayor uso de la tecnología, sino también a su aplicación a otras tecnologías, lo que permite la creación de nuevos productos”, resumen los autores.

Como prueba de ello citan el motor eléctrico, cuyo uso, a principios del siglo XX, se había impuesto frente al motor de vapor y que, progresivamente, ha ido sustituyéndolo en todas partes gracias a la miniaturización y al desarrollo de las baterías. Los autores estiman que, a principios de la década de 2010, representaban el 45% de la electricidad consumida, lo que generaba el doble de emisiones de dióxido de carbono que cuando los industriales utilizaban motores de vapor. La tecnología eficiente se ha extendido y ha aumentado el consumo global de recursos.

Esto nos lleva a un aspecto importante del artículo: el carácter “integrado” de las emisiones de carbono en el seno mismo de la producción de bienes y servicios. Las cadenas de producción y las interdependencias logísticas refuerzan así la necesidad de energía y de productos emisores de carbono.

Y es que muchos sectores tienen unas emisiones de carbono que, desde el punto de vista tecnológico, es “difícil de reducir”: el acero, el plástico, los fertilizantes, el cemento, el hierro o el armamento —productos y materiales que se encuentran en todas partes.

Esta lógica pone directamente en tela de juicio el concepto de transición. Ciertamente, las energías renovables emiten mucho menos dióxido de carbono, pero las infraestructuras necesarias para la descarbonización y las producciones que utilizarán esa electricidad seguirán consumiendo cada vez más carbono. Por lo tanto, el consumo de carbono podría seguir creciendo.

Un ejemplo de este efecto son los coches eléctricos. Directamente, estos vehículos emiten menos carbono, pero su fabricación requiere acero, metales, vidrio, plástico y diversos materiales que hay que extraer, lo que implica un uso masivo de cemento y otros recursos.

Sobre todo porque las necesidades de producción suelen superar la oferta de energías renovables. Por ello, estas se complementan a menudo con formas de producción de energía “marrón”: se venden más coches híbridos que vehículos puramente eléctricos y, con frecuencia, los generadores diésel sirven de respaldo a las formas de producción renovable. A mayor escala, es de destacar que las nuevas necesidades derivadas de la inteligencia artificial se satisfacen en Asia mediante un repunte del uso del carbón.

En resumen, “si en las próximas décadas la electricidad con bajas emisiones de carbono alimenta una estructura productiva caracterizada por una producción y un consumo crecientes y a gran escala de automóviles, acero, plástico y agricultura industrial, como ocurre actualmente, las emisiones globales, en el mejor de los casos, se estancarán y el calentamiento global, en el mejor de los casos, se ralentizará, pero no se reducirá”, resumen los autores.

Estos elementos permiten descartar la hipótesis de la transición ecológica que, al igual que su origen (el pensamiento económico ortodoxo), es una quimera que ignora los hechos. Pero es que esta lógica, al ignorar el efecto Jevons, la expansión tecnológica y el carácter interdependiente de las producciones, contribuye a acelerar el desastre en curso.

Los autores del artículo proponen, en cambio, un concepto alternativo que permite abordar mejor la situación: el de la “paradoja de Jevons generalizada” (Generalized Jevons Paradox, GJP). Este se diferencia del efecto Jevons clásico, que es principalmente microeconómico, en que, a nivel macroeconómico, integra una “simbiosis energética”, es decir, que tiene en cuenta las interdependencias entre la energía y las estructuras materiales de la economía.

Este GJP permite así comprender “los efectos directos e indirectos de la demanda de energía y las interdependencias energéticas y materiales a largo plazo” y, por tanto, modificar la visión clásica de la paradoja de Jevons al integrar las propias condiciones de producción, tanto institucionales como sociales. En este sentido, los autores intentan describir brevemente una “economía política” de este efecto rebote global.

Al centrarse en los factores determinantes de la inversión, hay tres actores destacables que favorecen el desarrollo de esta GJP: las grandes multinacionales, los Estados y los principales actores financieros.

Para los autores, la necesidad de las multinacionales de mantener un alto nivel de rentabilidad favorece el mantenimiento de actividades basadas en las energías fósiles. En primer lugar, porque existe una “asimetría entre la rentabilidad relativa de los sectores, que está negativamente relacionada con su papel potencial en la descarbonización”.

En otras palabras, los sectores que emiten carbono serían más maduros y, por lo tanto, más rentables que los demás. Estos últimos estarían, así, más inclinados a generar rentas y posiciones de dominio en los mercados, dada la escasez de recursos y la concentración en dichos sectores.

El segundo actor del GJP sería el Estado, que respaldaría la rentabilidad de sus propias multinacionales, así como las inversiones de sus ciudadanos, y sería, por tanto, el motor del mantenimiento de las industrias emisoras de carbono, ya sea a través de la legislación, de los acuerdos comerciales internacionales o del rearme.

Por último, el mundo de las finanzas desempeña un papel esencial en este panorama, ya que participa en las decisiones estratégicas de inversión, en la financiación de la economía y, en general, en la gestión de las empresas. Al exigir importantes rendimientos de la inversión y realizar arbitrajes sectoriales, las finanzas —y los bancos centrales— contribuyen a transformar las ganancias de eficiencia en un exceso de consumo de recursos.

El último punto del artículo, quizás el menos convincente, señala que existe la capacidad de modificar el efecto de esta paradoja de Jevons generalizada. “Las políticas públicas pueden —y a menudo deberían— desempeñar un papel central en la construcción y la modificación de los determinantes institucionales de la GJP”, explican los autores.

Para ellos, “parece factible una vía de desarrollo con bajas emisiones de carbono”, sobre todo gracias a la política de electrificación masiva llevada a cabo en China desde hace unos años. Según los autores, es “notable” que “las emisiones en China parecen haber alcanzado una meseta desde hace 18 meses”. Esto permitiría considerar a la República Popular como un “polo de descarbonización” que arrastraría en su estela a numerosas economías en desarrollo.

No obstante, este optimismo sigue siendo moderado, teniendo en cuenta el “alto nivel de emisiones de carbono” actual de la economía china y el hecho de que un proceso de este tipo llevaría décadas. En realidad, esta perspectiva no parece razonable, precisamente porque esta transformación de la economía china forma parte de un proyecto de control de una gran parte de la economía mundial que tiene como objetivo garantizar el crecimiento y la rentabilidad de las empresas de su país.

La lógica de la descarbonización china se basa, además, en una sobreproducción material destinada a imponer los productos y las normas chinas al resto de la economía. Todo ocurre, en cierto modo, como si Pekín utilizara la paradoja de Jevons generalizada para imponer una forma de renta que, en última instancia, no podría conducir a una reducción suficiente de las emisiones.

Siguiendo la propia teoría de los autores, no hay ningún indicio de que el Estado chino no sea un actor más de esta paradoja generalizada que busca garantizar, y si es necesario por las armas, el acceso de sus empresas a las rentas. Y aunque estas rentas estén descarbonizadas en apariencia, siempre conducirán a reforzar la producción de bienes y servicios con altas emisiones de carbono.

En este punto, los autores no parecen llevar su concepto hasta el final. Es comprensible, ya que cuestionar los fundamentos de la transición ecológica —es decir, del “crecimiento verde”— es ya de por sí una tarea hercúlea en un contexto como el del FMI. Y es una tarea que han llevado a buen término.

Pero es que la dinámica de este concepto tan útil de la paradoja de Jevons generalizada no puede limitarse a los tres actores identificados en el artículo. La fuerza que rige esta paradoja es la de la acumulación de capital. Es ella la que genera una insatisfacción permanente, ya que siempre debe añadirse una nueva mercancía a las demás para crear plusvalía.

Los pluses de eficiencia no son, por tanto, más que medios para aumentar la rentabilidad del capital y conducen inevitablemente a un aumento del consumo energético y material. La verdadera trampa en la que se encuentra hoy encerrada la humanidad es esta: una contradicción radical entre la necesidad cada vez mayor de mercancías y la necesidad física de mantenerse dentro de los límites del planeta.

Pero en la sociedad capitalista, las relaciones sociales están mediadas por el capital e impiden cualquier resolución de esta contradicción al rechazar toda reflexión global sobre las necesidades. Si la lucha contra el caos ecológico no es rentable —y no puede serlo porque supone una auténtica sobriedad material—, entonces el capital no podrá hacerse cargo de ella.

Los autores del artículo lo confirman indirectamente al recordar que los dos únicos límites planetarios que no se han superado todavía —el ozono estratosférico y la presencia de aerosoles en la atmósfera— son los únicos para los que existen soluciones rentables. Esto demuestra que la acumulación de capital determina nuestra relación con el medio ambiente. En contra de nuestro propio interés.

En este contexto, la única respuesta razonable es un cambio antropológico en el que el capital deje de ser la fuerza social central; es decir, como mencionan brevemente los autores, una “modificación del modo de vida y una sobriedad de la demanda”.

El término inglés sufficency, utilizado aquí y traducido como “sobriedad”, describe en realidad un proceso mediante el cual cada uno tendría lo suficiente para vivir con dignidad, es decir, un aumento de lo que es insuficiente y una reducción de lo que sobra. En definitiva, se trata de la idea de que es necesario reajustarse las necesidades.

Este artículo del FMI, aunque no vaya a cambiar las políticas del propio Fondo, reviste sin embargo una gran importancia, ya que sitúa estas cuestiones en el seno mismo de una organización internacional, extrae consecuencias en materia de política económica y acaba con las ilusiones de la transición ecológica y el tecnosolucionismo.

En un momento en el que la inteligencia artificial amenaza con agravar aún más la situación y en el que la negación persiste en forma de una simple exhortación a la adaptación, la aportación de este texto es considerable.

Se han añadido dos frases para precisar el impacto de los artículos de investigación en la política del FMI (12/8/2026)

Traducción de Miguel López

“Los hombres que se ponen faldas y se mutilan no son mujeres. ¡Una mujer nace mujer, y punto! ¡Que os den!” Encaramada a un camión coronado por enormes altavoces que escupen decibelios, una oradora arenga a las cerca de 400 personas reunidas para la primera “Marcha por el lugar de las mujeres” en la avenida Paulista, en el corazón de São Paulo, a finales de mayo de 2026.

Lejos de las grandes concentraciones bolsonaristas del pasado, las filas están poco nutridas, pero han acudido figuras destacadas, entre parlamentarios y blogueros del bando conservador. Lo más importante es retransmitir el acto en las redes sociales.

Para guardar las apariencias, se invita a “un travesti de derechas” a tomar la palabra. Los oradores se suceden ante el micrófono; algunos abuchean profusamente a Erika Hilton, diputada federal trans que concentra todas las iras desde que fue elegida en marzo presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Cámara de Diputados.

“Por miedo a ser estigmatizadas, hemos guardado silencio durante demasiado tiempo, hasta llegar a este tipo de situaciones absurdas, ¡pero se acabó! No estoy en contra de las personas trans, pero que busquen su propio espacio, ¡no tienen por qué robarnos el nuestro!”, vocifera Valéria Bolsonaro, diputada del Estado de São Paulo y prima política del expresidente Jair Bolsonaro. Como el resto de manifestantes, considera a las mujeres trans como hombres y se refiere a ellas en masculino. “Las personas trans son menos del 2% de la población, nosotras somos el 50%, ¡tienen que respetarnos!”

El bando conservador, ya muy movilizado en torno a este asunto, se ha sumado a la ofensiva contra Erika Hilton lanzada por un presentador de televisión muy influyente. “No es una mujer, es una trans. Una mujer, para ser mujer, debe tener útero, debe ponerse insoportable tres o cuatro días a la semana”, soltó en directo a mediados de marzo.

El tono quedó marcado y la derecha aprovechó enseguida la ocasión. Una diputada del Estado de São Paulo llegó a hacer blackface, una práctica racista que consiste en pintarse la cara de negro, en plena sesión plenaria, y preguntó: “Ahora que soy negra, ¿por qué no podría presidir la comisión antirracista?”

Las demás reacciones de los diputados siguen el mismo tono y la tensión es palpable durante la primera sesión de la comisión. Las reacciones virulentas en las redes sociales alimentan los algoritmos, que amplifican los cruces de acusaciones más acalorados.

La extrema derecha ve en ello una oportunidad para llegar a un nuevo público, sobre todo al electorado femenino, ligeramente más numeroso pero tradicionalmente menos afín al bolsonarismo, reconoce Barbara Hannelore, organizadora de la marcha celebrada a finales de mayo: “Es una oportunidad para unirnos. Yo voy a votar a Flávio Bolsonaro [el hijo mayor de Jair y candidato a las presidenciales de octubre de 2026], pero esta historia ha conmovido a la población, tanto a hombres como a mujeres, tanto de la derecha como de la izquierda”.

Además de tratar de ampliar su base, el movimiento aprovecha para estrechar los lazos con el mundo evangélico antes de las elecciones. William Douglas, un juez federal evangélico que en su momento fue considerado por Jair Bolsonaro para el Tribunal Supremo Federal, destaca la diversidad de doctrinas, pero resume: “Para el fiel, dios creó al hombre y a la mujer. Por eso le cuesta aceptar la ideología de género [término conservador para referirse a los estudios de género]. Sobre todo porque el wokismo no busca la igualdad, sino imponer sus normas por la fuerza. Y eso genera reacciones”.

Las preocupaciones en torno a las cuestiones LGTBI+ ya habían motivado la entrada de los evangélicos en la política en la década de 1980, y el expresidente Bolsonaro logró forjarse una base fiel entre ellos acercándose a sus líderes desde principios de la década de 2010. Esos vínculos persisten y esta lucha también moviliza a los católicos.

En uno de sus vídeos, un influyente bloguero bolsonarista explica, en medio de una amalgama de teorías y conspiraciones, que, en el marco de la guerra cultural, la cuestión de la identidad transgénero es estratégica para la izquierda y tiene como objetivo traspasar los límites de lo aceptable: “Si aceptas que un hombre sea una mujer, puedes aceptar cualquier verdad que te impongan”.

En definita, las personas trans, en su mayoría aisladas, pobres y mal representadas, son el chivo expiatorio ideal, admite Dani Balbi, diputada del Estado de Río de Janeiro por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), con quien se reunió Mediapart mientras un aguacero la obligaba a hacer una breve pausa en su campaña para la reelección.

“En épocas de estabilidad económica, la sociedad tiende a aceptar la ampliación de los derechos a grupos históricamente marginados. Pero con la recesión, crece el resentimiento y, con él, el rechazo hacia cualquier grupo que pueda competir por unos recursos cada vez más escasos”, explica.

Sobre todo porque los prejuicios tránsfobos están profundamente arraigados en la sociedad y constituyen una base común. “Entre la población predomina la incomprensión y la ignorancia, pero nuestro papel es hacer sofisticado el debate. Aunque sea difícil, no podemos eludirlo”.

Todo esto responde también a cálculos políticos, asegura. “Desde el punto de vista electoral, la extrema derecha necesita identificar una amenaza común para movilizar a sus militantes. Alimentar el pánico moral funciona muy bien. La transfobia resulta, por tanto, rentable”.

Para Marco Prado, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y autor de un estudio sobre la ofensiva antigénero durante el mandato de Jair Bolsonaro, aquellos cuatro años han dejado huella. “Se produjo tanto el desmantelamiento de las escasas políticas existentes como una nueva forma de considerar los derechos de las minorías”, explica.

Y añade que, en lugar de la supresión brutal, se ha optado por una estrategia de erosión gradual: “Una ley escandalosa puede dar lugar a una fuerte movilización. Cambiar una resolución menor es más discreto. Además, es más rápido y resulta imposible impugnarlo todo ante el Tribunal Supremo. Hoy en día es un rompecabezas burocrático que hay que desenmarañar.”

En el ámbito nacional, todos los avances en los derechos de las personas trans han sido garantizados por el poder judicial, nunca por el poder legislativo. El Tribunal Supremo, la jurisprudencia internacional y la labor del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) —encargado de controlar la aplicación de las leyes— han suplido la falta de acción del legislador, que prefiere ignorar el tema. William Douglas sostiene que esta ausencia de textos normativos importantes es intencionada por parte de la representación nacional y denuncia un “activismo judicial que pretende imponer la tiranía de la minoría”.

Pero desde que está en la oposición, el bolsonarismo ha convertido el tema en una prioridad de su agenda legislativa, aunque centrándose en el ámbito local. El diario brasileño Folha de S. Paulo contabilizó en 2024 77 leyes antitrans en 18 estados, de las cuales un tercio entró en vigor en 2023. La escalada continúa desde entonces.

Aprovechando la actualidad reciente, una alcaldesa ha prohibido el uso de los aseos femeninos a las mujeres trans. Con esta nueva lógica, la extrema derecha también ha desarrollado un discurso más moderado. Al igual que en la manifestación de São Paulo, la mayoría de sus políticos evitan demonizar abiertamente a las personas trans, pero defienden una especie de derecho separado.

En el caso de los aseos, la ley permite a las mujeres trans utilizar los de mujeres. Ellos proponen una tercera categoría. “Es más sencillo responder a posiciones extremas que escandalizan a la sociedad. Pero en este caso, la frontera es más difusa para una parte de la población”, explica Marco Prado. Esa ambigüedad hace que esta discriminación resulte más aceptable para la mayoría.

El bando conservador y reaccionario también se adapta a la evolución de la legislación. Tras los ataques contra Benny Briolly, concejala de Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro, un diputado local fue condenado por primera vez, en 2024, en aplicación de una nueva ley contra la violencia de género en la política. Aunque su defensa intentó, sin éxito, alegar que no se trataba de una mujer, la ley se aplica efectivamente a todas las mujeres, tanto cisgénero como transgénero.

“La justicia considera ahora estos ataques una forma de obstaculizar la acción política y la víctima ya ni siquiera tiene que iniciar el procedimiento judicial, ahora es una obligación del Estado”, explica la fiscal del Ministerio Público Federal Raquel Branquinho, coordinadora del grupo de prevención y lucha contra la violencia de género.

“Hoy en día, ciertos discursos ya no son admisibles. No es que haya necesariamente menos violencia, pero se apoya más a las víctimas. Tanto los parlamentarios que son víctimas como los que son agresores son conscientes de ello”, precisa, aunque lamenta que la ley haya llegado tarde en comparación con los países vecinos.

Y es que esta violencia política también consume la energía de las víctimas, que pierden tiempo desmintiendo la desinformación, invierten dinero en iniciar acciones judiciales y ven su integridad física puesta en peligro por las amenazas de muerte. “La multiplicación de las fuentes de agresiones también obliga a elegir las batallas”, insiste Raquel Branquinho.

Por ejemplo, el peso de la ley suele caer sobre los adversarios políticos, que, por lo tanto, se vuelven más cautelosos. En cambio, la masa de odio sigue vertiendo sus horrores. “No es perfecto, pero es una buena base para actuar. Aún así, hay que hacerlo. No siempre es fácil en nuestro inmenso país y sus numerosas jurisdicciones”, concluye la fiscal.

Mientras tanto, persiste la transfobia en la política y los ataques son brutales. Según un estudio de la asociación VoteLGBT, es en el ámbito municipal donde los golpes son más duros. Benny Briolly, en el punto de mira constante de sus colegas, recibió más de 800 amenazas de muerte y tuvo que huir del país durante un tiempo.

Traducción de Miguel López

Se ha celebrado una cumbre tripartita en La Meca que ha reunido a Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. En paralelo, se ha firmado un acuerdo sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz entre Irán y el Sultanato de Omán. Pero también han hundido un buque indio en el mar Rojo y se ha recrudecido el conflicto entre los hutíes (aliados de Irán, que controlan Saná) y Arabia Saudí: dos petroleros saudíes han sido blanco de misiles balísticos, uno en el mar Rojo y otro en el golfo de Adén.

El tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz ha disminuido con respecto a la semana anterior. Mientras, el presidente estadounidense anuncia, por enésima vez, el fin “muy próximo” de la guerra entre su país e Irán. Ya nadie le cree.

Esta primera semana de agosto de 2026 ofrece por sí sola un panorama de las turbulencias de Oriente Próximo y Medio Oriente, así como de los intentos de los Estados de la región por salir de ellas. A pesar de sus intereses dispares, estos Estados intentan esbozar la arquitectura de un nuevo sistema de seguridad regional capaz de restablecer la estabilidad indispensable para sus economías, altamente dependientes de las exportaciones de hidrocarburos.

Estas potencias regionales sufren directamente las repercusiones del ataque lanzado contra Irán por Washington y Tel Aviv hace unos meses. Y ven frustrados sus proyectos de desarrollo, basados en la captación de inversiones masivas.

Desde el 28 de febrero de 2026, el caos en materia de seguridad ha sustituido, de hecho, a una estabilidad construida gracias al paraguas americano y a los acuerdos de defensa —en algunos casos muy antiguos— entre los Estados de la península Arábiga y Estados Unidos, y mantenida, según creen los inversores, por regímenes autocráticos reacios a cualquier tipo de contestación.

Las represalias de Irán contra los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, previsibles, afectaron en primer lugar a los países de la Península Arábiga. Lejos de calmarse tras la firma del protocolo de acuerdo del 17 de junio, que se suponía que abriría el camino a la resolución del conflicto, los ataques se han extendido tras el fracaso de las negociaciones posteriores.

Jordania, que alberga instalaciones militares estadounidenses, fue atacada en varias ocasiones durante el mes de julio. Egipto evitó por los pelos una catástrofe de grandes proporciones cuando un dron de procedencia no establecida oficialmente atacó dos buques de transporte de gas en el puerto de Damieta, en el mar Rojo, el 29 de julio.

Estados Unidos ha pasado, pues, de ser garante de la seguridad a fuente de inestabilidad. Sobre todo porque no suele consultar a sus aliados árabes antes de atacar. La Administración estadounidense, y Donald Trump en primer lugar, es considerada por los dirigentes de Oriente Medio como poco fiable y excesivamente alineada con los intereses israelíes. Así, Teherán sabe perfectamente cómo abrir brechas en la histórica alianza entre los Estados del Golfo y Estados Unidos.

“El cálculo iraní consiste precisamente en presentar la alianza con Estados Unidos como portadora de amenazas y en que el establecimiento de bases militares estadounidenses, junto con importantes acuerdos, ya no se perciba en absoluto como una póliza de seguro. Los dirigentes iraníes han logrado demostrar que, con un dron de unos pocos miles de euros, es posible desestabilizar acuerdos de defensa que cuestan miles de millones”, analiza Hasni Abidi, especialista en Oriente Medio y director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe y el Mediterráneo (Cernam) de Ginebra.

“La cuestión es que no existe una alternativa inmediata a esta alianza para los países del Golfo. Necesitan tiempo para construir un nuevo sistema de seguridad”, añade.

La guerra de febrero ha reforzado en los países árabes la idea de que Irán es también un factor de desestabilización. Pero ahora están convencidos de que no es el único. La presidencia de Trump lo es igualmente. Y también Israel, que no deja de estar en guerra desde el 7 de octubre. “A excepción de los Emiratos Árabes Unidos, que han ido muy lejos en su normalización con Israel, y de Baréin, por cuestiones confesionales, los Estados del Golfo consideran a Israel un agente desestabilizador”, añade Hasni Abidi. “Son las consecuencias del 7 de octubre, con la voluntad manifiesta de Benjamín Netanyahu de remodelar Oriente Medio, tal y como él mismo ha dicho, los ataques israelíes en Siria y el Líbano, y la continuación de la maquinaria bélica israelí en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de Sharm el-Sheikh de octubre de 2025. Los países del Golfo se han visto obligados a plantearse un nuevo diseño de la seguridad regional”.

La recomposición del orden regional se lleva a cabo poco a poco y de forma fragmentada. En lugar de un nuevo eje de seguridad, se están forjando alianzas múltiples y diversas. En primer lugar, porque no existe una línea política única, ni siquiera entre los aliados de Estados Unidos y del Consejo de Cooperación del Golfo.

Así, los Emiratos Árabes Unidos miran hacia Washington, Tel Aviv y Nueva Delhi. Una elección establecida desde hace tiempo, reafirmada por su adhesión a los Acuerdos de Abraham —que oficializan y profundizan la normalización con el Estado hebreo— y reforzada por su ruptura con Arabia Saudí, antes aliada.

De hecho, prescindir de Estados Unidos supone todo un reto. Sobre todo, subraya de nuevo Hasni Abidi, porque “se desconoce el desenlace del conflicto contra Irán, que ha puesto al descubierto el sistema internacional y regional. Seguimos siendo testigos de este pulso entre Irán y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz”.

Riad, potencia militar y económica de la región, desempeña más que nunca un papel fundamental en este inicio de la reestructuración de Oriente Medio. Refuerza su alianza con Pakistán, el único Estado musulmán que posee armas nucleares y con el que mantiene vínculos políticos, económicos y militares antiguos y sólidos.

El papel de mediador de Islamabad, respaldado por Donald Trump, en el conflicto entre Estados Unidos e Irán le confiere un papel fundamental en la reconfiguración en curso. Turquía, por su parte, también ha recuperado en la región una importancia que había perdido en cierta medida. Como mediadora junto a Catar entre Hamás e Israel, actor de primer orden en la nueva Siria y miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), resulta indispensable en el marco de una diversificación de las alianzas.

Estos tres países se reunieron el viernes 7 de agosto en La Meca, la ciudad más sagrada del islam, para firmar un nuevo acuerdo de defensa trilateral, que se suma al que vincula a Islamabad y Riad desde septiembre de 2025. El nivel de las delegaciones pone de manifiesto la importancia de esta cumbre: Recep Tayyip Erdoğan, presidente turco, y Shahbaz Sharif, primer ministro pakistaní, se desplazaron hasta allí para firmar este pacto de defensa mutua junto a Mohamed bin Salmán, heredero del trono saudí y gobernante de facto del reino.

El comunicado publicado al término de la cumbre precisa: “Este acuerdo tiene por objeto reforzar la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres Estados se considerará un ataque contra el conjunto de dichos Estados”.

Ya había allanado el camino la coalición entre Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Pakistán, que se viene gestando desde hace varios meses y que se oficializó mediante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Islamabad el 26 de abril de 2026. El pacto de hoy transforma una iniciativa diplomática en un acuerdo militar y de seguridad. Por el momento no está claro si el acuerdo de Yedá está destinado, en un futuro próximo, a ampliarse a Egipto u otros países, o si está concebido para seguir siendo un pacto trilateral.

Riad también quiere situarse a la vanguardia para garantizar la seguridad del comercio y las rutas marítimas. Hay que decir que Arabia Saudí se encuentra ahora en primera línea por partida doble: al cierre del Estrecho de Ormuz, en su flanco oriental, se sumó, el 21 de julio, la entrada en escena de los hutíes de Yemen, que han decretado un bloqueo marítimo del reino. La ruta alternativa para los petroleros saudíes, la que pasa por los puertos del mar Rojo y el canal de Suez, se ve también amenazada.

Uno de los buques afectados el miércoles 5 de agosto fue, además, atacado frente a las costas de Yanbu, terminal saudí de un oleoducto que transporta hidrocarburos desde los yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, atravesando todo el reino.

Riad reaccionó una semana después de que los hutíes impusieran el bloqueo creando una nueva coalición internacional. Esta tiene como objetivo garantizar la seguridad de las rutas marítimas comerciales en el golfo de Adén —el estrecho de Bab al-Mandeb, entre la península Arábiga y el Cuerno de África, y el mar Rojo, hasta el canal de Suez—.

Esta coalición tiene su sede en Riad y el comandante de sus fuerzas militares es un contralmirante saudí. Este se felicitó, el jueves 6 de agosto, ante la agencia oficial de noticias saudí, por la presencia de 43 Estados en la conferencia de lanzamiento de la iniciativa. Por el momento, 14 de ellos, entre los que se encuentran Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania, se han adherido formalmente a la misma.

Esta reestructuración solo está en sus comienzos y no es seguro que Estados Unidos vaya a perder su papel preponderante. “Más bien han consolidado su posición en la región”, prosigue Hasni Abidi. “Ahí radica la gran paradoja de esta guerra. Irán, que pretendía presentar las alianzas militares con Washington como amenazas para los países del Golfo, en realidad los ha convencido de que Irán es un Estado conquistador, con ambiciones expansionistas peligrosas para ellos. Por lo tanto, buscan diversificar sus alianzas pero sin prescindir de los americanos”.

Por su parte, Washington quiere dar garantías a sus aliados de Oriente Medio, que se han visto muy afectados por la guerra que desencadenó sin siquiera consultarles. El martes 4 de agosto firmó con Ammán un acuerdo bilateral sobre una ayuda por valor de 306,7 millones de euros a lo largo de cuatro años, que se suman a los 1.250 millones de euros de una alianza estratégica de siete años que se extiende hasta 2029.

Unos días antes, el 22 de julio, Estados Unidos y Arabia Saudí habían puesto en marcha una alianza para facilitar la adquisición, por parte del reino, de un programa nuclear civil —una antigua reivindicación saudí—. Pero esta iniciativa se vio empañada por el cambio de postura de Donald Trump unos días más tarde, quien añadió requisitos más que restrictivos tras la reacción muy negativa de su aliado Netanyahu.

Este episodio lo que hizo fue convencer a Riad y al resto de países de Oriente Medio de la necesidad de forjar nuevas alianzas.

Traducción de Miguel López

De un rincón del aparcamiento sumido en la oscuridad surgen dos siluetas, con la mirada baja para evitar que la luz cegadora de los focos del puesto de control de Kalandia, a las afueras de Jerusalén, les dé de lleno en la cara. Son más de las diez de la noche; unos pocos peatones aceleran el paso por las escaleras y luego por el puente de hormigón que domina el paso para vehículos, custodiado por soldados y agentes de seguridad israelíes fuertemente armados.

Los dos hombres empujan un pesado torniquete de acero a la salida del puente. Son palestinos y regresan a sus hogares tras una jornada de trabajo al otro lado del muro. Pasan una tarjeta electrónica por un lector colgado en la pared. “Si no lo hacemos, mañana nos revocarán el permiso de trabajo”, comenta uno de ellos.

Estos trabajadores son de pocas palabras. Forman parte de los pocos palestinos que cuentan con un permiso para trabajar en Israel —el salario mínimo allí es cuatro veces superior al de Cisjordania—. Su permiso solo es válido durante su jornada laboral, y únicamente para la colonia israelí de Atarot, la mayor zona industrial de Jerusalén, ilegal para el derecho internacional.

“No tengo derecho a pasar de la segunda rotonda después del puesto de control [de Kalandia]”, precisa el más hablador de los dos. “No puedo acercarme a la Ciudad Vieja de Jerusalén ni a la mezquita de Al-Aqsa”, a media hora en coche de allí. Las siluetas pasan por un último torniquete de acero, se despiden con un gesto de la mano y desaparecen en uno de los minibuses que esperan a los pies del puesto de control.

“Antes de octubre de 2023, cerca de 200.000 palestinos trabajaban en Israel y en los asentamientos, frente a los 44.000 actuales, de los cuales solo unos 14.000 tienen permiso”, señalaba un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado en mayo. La mayoría de ellos trabajaba en la construcción; el Gobierno israelí ha puesto en marcha una amplia campaña para contratar en su lugar a trabajadores migrantes, de la India o de Camboya, entre otros.

Muchos palestinos siguen cruzando ilegalmente ante la falta de perspectivas en Cisjordania. Han sido asesinados más de 50 desde el 7 de octubre al intentar llegar al otro lado, "hacia el interior", como dicen para referirse a Israel.

El 31 de mayo, Imad Ishtayeh fue abatido por un soldado israelí en la escalera por la que bajaba para cruzar el muro, en las afueras de Jerusalén. Otros palestinos acudieron en su ayuda, pero el disparo en el muslo le resultó mortal. El joven, originario de un pueblo cercano a Nablus, en el norte de Cisjordania, regentaba una carnicería antes de la guerra, pero se había visto obligado a cerrarla debido a las dificultades económicas. Tenía 27 años.

Israel ha puesto en marcha en los últimos tres años una serie de medidas que asfixian poco a poco el territorio palestino que ocupa ilegalmente desde 1967. La apropiación ilegal de tierras por parte de Israel y la expulsión forzosa de más de 40.000 palestinos desde el 7 de octubre, ya sea a causa de la violencia de los colonos o durante operaciones militares, han privado a numerosas familias de sus medios de subsistencia, sobre todo al impedirles el acceso a sus terrenos y campos.

A esto se suma el aislamiento de las comunidades palestinas, desde las grandes ciudades de Cisjordania hasta las aldeas más pequeñas. Se han cortado las carreteras, lo que obliga a muchos trabajadores a realizar costosos desvíos y deja las calles comerciales sin clientes. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU contabilizó más de 900 obstáculos a la libre circulación de los palestinos en la primavera de 2026.

Pero, sobre todo, Israel ya no transfiere los aranceles que el Estado recauda en nombre de la Autoridad Palestina, ya que esta última no tiene control sobre las fronteras. El ministro de Hacienda palestino, Estephan Salameh, hacía balance en una entrevista en junio: “El importe acumulado de las deducciones israelíes y de la congelación de nuestros ingresos asciende ya a 5.700 millones de dólares (4.900 millones de euros), lo que representa casi el importe de nuestro presupuesto anual.”

Quien está detrás de todo esto es su homólogo israelí, el supremacista judío Bezalel Smotrich. En septiembre de 2025, afirmaba en la red social X que quería actuar “utilizando todos los medios a su disposición para impedir el peligro que representa un Estado palestino, en particular provocando el colapso de la Autoridad Palestina” mediante “un estrangulamiento económico”.

Las instituciones palestinas están muy endeudadas y ya no pueden pagar a sus proveedores. Desde principios de 2026 se han pospuesto más de 11.000 intervenciones quirúrgicas y algunos medicamentos ya no están disponibles, en particular los tratamientos contra el cáncer. Los cerca de 100.000 funcionarios de Cisjordania —y 90.000 en Gaza— solo reciben la mitad de su sueldo desde hace meses.

En el jardín de los Hassan, en Qusra, en el centro de Cisjordania, las gallinas corretean a la sombra, huyendo del calor sofocante del mediodía. “¡Menos mal que tenemos las gallinas, al menos comemos huevos frescos todos los días!”, sonríe con amargura Maysoun, la madre. Esta enfermera de 40 años cobra algo más de 180 dólares al mes (156 euros). “Pago 20 shekels por trayecto para ir al centro médico donde trabajo, en Beita [una ciudad vecina al sur de Nablus – ndr]. Ida y vuelta, 40 shekels (unos 11 euros)”, explica. Esta profesional sanitaria, madre de cuatro hijos varones, ya solo va a trabajar dos días a la semana.

Su marido, Iyad, es profesor de geografía. Desde que empezaron las vacaciones escolares se ha ido de casa a recoger frutas y verduras en el valle del Jordán. Un trabajo agotador bajo el calor sofocante de los invernaderos de esta región donde las temperaturas se disparan en verano, todo ello por poco menos de treinta euros al día. “¡Y lo peor es que muchos soñarían con poder trabajar como yo!”, nos dice al teléfono. Hace más de cinco años que su sueldo de profesor es irregular.

Desde hace un año, solo cobra el 50 %, es decir, algo más de 620 euros al mes, y ya no consigue cubrir las necesidades de la familia; su hijo mayor, que está en la universidad, trabaja al mismo tiempo para pagarse los estudios. “Nos compramos fruta cuando recibimos el sueldo o cuando hay rebajas. La carne roja es muy difícil de conseguir, solo la comemos en ocasiones especiales. Ya no salimos”, resume este padre de 46 años.

Él ya solo va al instituto tres días a la semana. El año pasado, el Gobierno incluso se vio obligado a retrasar el inicio del curso escolar. “Por desgracia, la educación se está deteriorando”, constata el profesor, cuando este ámbito era motivo de orgullo para los palestinos, cuya tasa de alfabetización es una de las más altas del mundo.

Entre 2023 y 2024, la pobreza a corto plazo en Cisjordania pasó del 12 % al 28 %, según un informe del Banco Mundial. “Estamos muriendo poco a poco”, prosigue Iyad Hassan. “Por desgracia, se trata de una política cuidadosamente estudiada: el objetivo es empujarnos a emigrar”. La familia poseía campos en Qusra, algo más de una hectárea de olivos que les reportaban entre 30.000 y 40.000 shekels al año. “Lo hemos perdido todo. Los colonos se apoderaron de ellos. Y en la primavera de 2026 me enteré de que lo habían arrancado todo y habían plantado viñedos en su lugar”, añade el profesor.

Esta pobreza galopante “no es tan visible” a primera vista, señala Joost Hiltermann, director del programa de Oriente Medio del International Crisis Group (ICG), que ha investigado el tema en Cisjordania. Los comerciantes “importaban ropa de buena calidad y ahora piden los productos más baratos porque la gente no puede permitirse” pagar el resto, dice, o “las familias posponen ciertas compras”…

Pero ante las sanciones israelíes y “mientras Smotrich esté en el poder”, constata el analista, la Autoridad Palestina apenas tiene soluciones. “La economía palestina se ha vuelto casi totalmente dependiente del shekel”, por lo que está sometida a las decisiones económicas y a las políticas israelíes.

Desde los acuerdos de Oslo, explica Taher Labadi, investigador en economía política y profesor de la Universidad de Bir Zeit, en Cisjordania, “en lugar de reconocer que nos encontramos en una situación colonial y que hay que intentar crear márgenes de autonomía” para los palestinos, “todas las políticas defendidas por el Banco Mundial, por los donantes —europeos o de otro tipo— y adoptadas por la Autoridad Palestina han ido, por el contrario, en la dirección de reforzar la integración con la economía israelí. Cuantos más trabajadores palestinos hubiera trabajando en Israel, mejor; cuanto más se importara y exportara desde y hacia Israel, mejor”.

El apogeo de estas políticas se alcanzó, en particular, durante el mandato del primer ministro Salam Fayyad, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional entre 2007 y 2013.

Sin embargo, la economía palestina resiste los ataques israelíes —por el momento—. “Hay gente acomodada en Cisjordania y esa riqueza se redistribuye entre familias extensas”, lo que permite cierta resiliencia, observa Joost Hiltermann, del ICG. Sobre todo, la Autoridad Palestina intenta presionar a sus socios internacionales —y, en particular, a la Unión Europea, su principal donante— esgrimiendo la amenaza de su posible colapso, prosigue el analista.

Nadie puede predecir las consecuencias de la desaparición del poder en Ramala, pero todos —"el aparato de seguridad israelí", Estados Unidos o Europa— “quieren mantener un poco de estabilidad en Cisjordania”, señala. Sin embargo, “por muchas palancas de que dispongan los europeos, no las utilizan”, añade.

Al margen de la Autoridad Palestina, existen en Cisjordania iniciativas que ponen en práctica propuestas para salir de la dependencia económica del ocupante israelí, recuerda Taher Labadi. Pero “los israelíes hacen todo lo posible por impedir” tales modelos, afirma el investigador, y “cada vez hay menos espacio y margen de maniobra en Cisjordania”.

Israel, por el contrario, intenta últimamente establecer relaciones económicas sin la Autoridad Palestina. Según el investigador, las autoridades israelíes han vuelto así a acercarse directamente a empresarios y a las grandes familias de Hebrón.

Traducción de Miguel López

Tras una serie de victorias en los últimos meses en bastiones demócratas como Nueva York y Denver, la izquierda progresista ha vuelto a asestar un nuevo golpe. Ha ganado una de las primarias más reñidas para un escaño en el Senado por Míchigan, un Estado considerado “morado” (que puede inclinarse tanto hacia el “rojo” republicano como hacia el “azul” demócrata).

Tras la jornada electoral celebrada el martes 4 de agosto, fueron necesarias varias horas para determinar quién se imponía en las primarias demócratas más caras de la historia, con un coste de unos 60 millones de dólares. Sin embargo, el vencedor para suceder al senador demócrata Gary Peters —que decidió retirarse tras tres mandatos— fue precisamente el candidato que menos dinero recaudó: Abdul El-Sayed.

Este epidemiólogo y podcaster, hijo de inmigrantes egipcios y musulmán, ganó por un estrecho margen el derecho a disputar el escaño en el Senado este otoño frente al republicano Mike Rogers en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará un tercio de la Cámara Alta. Lo que está en juego es importante para el Partido Demócrata, que tiene la oportunidad de recuperar el control del Senado.

Su rival derrotada, Haley Stevens, diputada reelegida en tres ocasiones y respaldada tanto por el líder de la minoría demócrata en el Senado como por el senador saliente, representa el ala más centrista del Partido Demócrata y una visión antagónica.

Abdul El-Sayed, respaldado por Bernie Sanders, senador por Vermont, defiende, frente al trumpismo, una política económica favorable a los trabajadores y menos beneficiosa para las grandes empresas y los multimillonarios, una sanidad pública universal y, sobre todo, el fin del apoyo estadounidense a Israel por el genocidio en Gaza. Haley Stevens, por su parte, recibió unos 30,6 millones de dólares de grupos vinculados a la AIPAC, el poderoso lobby proisraelí, al que sus detractores acusan habitualmente de comprar la influencia de los políticos a los que apoya.

Mucho antes de que se conociera el resultado, Abdul El-Sayed se dirigió a sus seguidores en Detroit con un llamamiento a la unidad del Partido Demócrata. “Independientemente de cómo nos sintamos tras la campaña que acabamos de terminar, quiero que entendáis que no es nada comparada con el cinismo, el corporativismo y las mentiras que Mike Rogers y Donald Trump van a propagar”, afirmó. “Mañana empezaremos a recomponer las piezas”, añadió.

En un comunicado, Haley Stevens aseguró estar “orgullosa de brindar su apoyo” a Abdul El-Sayed. “Donald Trump y Mike Rogers quieren que salgamos de estas primarias agotados y divididos para que sus seguidores multimillonarios puedan intervenir y permitir que Mike Rogers se haga con este escaño en el Senado”, escribió.

La izquierda progresista también logró dos victorias en la carrera por la Cámara de Representantes. En el séptimo distrito de Míchigan, con sede en Lansing, al noroeste de Detroit, ganó el activista ecologista William Lawrence, respaldado por Abdul El-Sayed, Bernie Sanders y el Working Families Party (Partido de las Familias Trabajadoras). En otoño se enfrentará al congresista republicano Tom Barrett, elegido en 2024 al calor de la ola pro-Trump, pero que podría perder el escaño en noviembre. Aunque William Lawrence fue militante de los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA), no era el candidato oficial de esa organización.

William Lawrence, de 35 años, cofundador del Sunrise Movement, una organización que lucha contra el cambio climático, ha centrado su campaña en los mismos temas que han permitido recientemente a la izquierda progresista imponerse en la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York o en Denver: una mayor fiscalidad para los multimillonarios y el fin del envío de armas a Israel.

Pero también se ha distinguido por el énfasis puesto en la oposición a los centros de datos (data centers). Míchigan es uno de los lugares donde proliferan los proyectos de centros de datos. En una entrevista, explicó que no esperaba tener que hablar de ello cuando se lanzó a la campaña hace casi un año, pero, justo después, se presentaron cuatro proyectos en su distrito. Señaló que asistió a varias reuniones informativas para escuchar la opinión de la población, lo que le llevó a la convicción de que se trata de un “abuso de poder que se aprovecha de comunidades que no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente”.

Se ha declarado a favor de una moratoria nacional sobre la construcción de centros de datos, y este fue el primer tema de su primer vídeo de campaña, en el que explica, grabado en medio de un campo, que “los multimillonarios de la tecnología quieren convertir esta finca en un centro de datos gigantesco que encarecerá [las] facturas de energía y arruinará el valor de [sus] casas”.

William Lawrence también es partidario del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde), un proyecto de economía descarbonizada impulsado por el Sunrise Movement y respaldado, entre otros, por Alexandria Ocasio-Cortez en la Cámara de Representantes. Al obtener más del 43% de los votos, William Lawrence contó con la presencia de dos rivales demócratas moderados, Bridget Brink, exembajadora de Estados Unidos en Ucrania, y Matt Maasdam, un exmilitar y asesor de Barack Obama, que obtuvieron respectivamente el 28,8% y el 27,6% de los votos.

En un comunicado, William Lawrence consideró que los votantes “han enviado un mensaje claro: están hartos de que los multimillonarios de Silicon Valley y la élite de Washington decidan el futuro de sus ciudades y de su país”. “Quieren un representante independiente, que no tenga miedo de plantar cara a los líderes de ambos partidos y de luchar por los trabajadores”, añadió.

En una entrevista con el New York Times antes de las elecciones, el activista recomendaba a quienes, dentro de su propio partido, mostraban preocupación por su candidatura que “salieran a hacer campaña puerta a puerta”. Y añadía: “Lo que oirán es que la gente está cabreada con los centros de datos. Los votantes de Trump le están dando la espalda por lo de Irán. Nadie puede permitirse comprar productos de primera necesidad. Están hartos de los políticos financiados por las grandes empresas. Por eso hemos conseguido generar este impulso”.

En el decimotercer distrito, un bastión demócrata que incluye Detroit y parte de sus suburbios, el candidato respaldado por la DSA Donavan McKinney logró desbancar al congresista demócrata Shri Thanedar un acaudalado empresario. Tras la victoria de este último en 2022, Detroit se había quedado sin representación negra en el Congreso por primera vez desde principios de la década de 1950.

No obstante, los progresistas también sufrieron un revés en las elecciones del martes. En Misuri, otra representante de la DSA, Cori Bush, no logró regresar al Congreso. La defensora de la causa palestina fue derrotada por el congresista demócrata Wesley Bell en la región de San Luis. Hace dos años, Bell ya había derrotado a Bush. En esta ocasión volvió a contar con el apoyo financiero de grupos proisraelíes. Se trata del segundo revés consecutivo para una figura destacada del ala progresista.

Traducción de Miguel López

Un sistema de vigilancia masiva al estilo Gran Hermano, reservado oficialmente a los servicios policiales y de inteligencia, está ahora a disposición de las empresas francesas. Esta herramienta, denominada Webloc, permite geolocalizar en un tiempo récord y a lo largo de varios años, cientos de millones de teléfonos móviles. Se comercializa en Francia para empresas desde 2025, según revela Mediapart, basándose en testimonios y documentos.

Lanzado en 2020, Webloc fue desarrollado por la empresa israelí Cobwebs Technologies, fundada por tres exagentes de unidades especiales o de inteligencia del ejército israelí, y adquirida en 2023 por la empresa estadounidense Penlink.

Este sistema de gran potencia se basa en la explotación masiva —denominada Advertising Intelligence o “Adint”— de datos sobre los usuarios de teléfonos móviles, incluida la geolocalización, recopilados inicialmente con fines publicitarios, tal y como detalla un informe publicado en abril de 2026 por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto (Canadá), especializado en el estudio de las tecnologías de vigilancia.

Los usuarios de Webloc identificados en este informe eran exclusivamente servicios policiales o de inteligencia, sobre todo en Estados Unidos. Los responsables de Penlink respondieron, además, al Citizen Lab que Webloc solo se vendía a entidades estatales y que “no se ponía a disposición de las empresas”.

Sin embargo, según los nuevos datos recabados por Mediapart, el sistema de espionaje se ofrece en Francia, desde 2025, a actores privados. Este es, en particular, el caso de la empresa Moët Hennessy, la división de “vinos y licores” del líder mundial del lujo, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

La filial de LVMH se enfrentaba entonces a una serie de robos de mercancía en uno de sus almacenes de Châteaubernard, en las cercanías de Cognac (Charente), sin conseguir identificar a los autores, a pesar de haber presentado una denuncia.

En concreto, el servicio prestado a Moët Hennessy se llevó a cabo en febrero de 2025. En esa ocasión, Webloc identificó los teléfonos móviles que se habían conectado, a horas inusuales, en las inmediaciones del almacén donde se produjeron los robos y, a continuación, siguió su rastro. Uno de los móviles identificados abandonó el área metropolitana de Cognac por la carretera nacional N141 y luego se dirigió hacia La Rochelle por la autopista A837: el rastreo fue de una precisión quirúrgica. Otro teléfono se detuvo en un municipio situado a unos 20 kilómetros de los almacenes de Moët Hennessy.

LVMH ha confirmado a Mediapart que, “en el marco de las investigaciones posteriores a este robo, un proveedor propuso una nueva tecnología, desconocida para Moët Hennessy, a uno de [sus] consultores externos, experto en seguridad”. Según la información de este medio, este subcontratista es la empresa de inteligencia privada Amarante, uno de los principales actores europeos del sector.

Contactado por Mediapart, el presidente de Amarante, Alexandre Hollander, explica que su empresa simplemente actuó “en el marco de intercambios informales entre personas cualificadas del mismo sector”, negando que comercialice Webloc en Francia. El CEO de Amarante explica que los famosos datos recopilados gracias al programa israelí procederían de una “persona que conocen y en la que confían”, sin revelar su identidad ni su cargo. Penlink, la empresa propietaria de Webloc, a la que también se le preguntó al respecto, no respondió a las preguntas de este medio sobre sus intermediarios en Francia.

En un folleto comercial de 2021, Cobwebs indicaba que podía rastrear, durante tres años, las ubicaciones de 500 millones de teléfonos móviles registrados en todo el mundo. No se han facilitado cifras más recientes.

El software no proporciona los nombres de los usuarios, sino su “identificador publicitario” único. Según el informe del Citizen Lab ya citado, en realidad es fácil descubrir la identidad de los “objetivos” cruzando los datos publicitarios disponibles (franja de edad, intereses…) con las ubicaciones del teléfono. Por ejemplo, Webloc permite, con solo dos clics, aislar franjas horarias, lo que permite localizar los lugares recurrentes donde los teléfonos permanecen fijos y, por lo tanto, los lugares de trabajo y los domicilios.

Otra funcionalidad es el cruce de teléfonos. La herramienta permite vincular hasta siete dispositivos simultáneamente para saber si han estado en el mismo lugar y, de este modo, trazar un mapa de las relaciones en los últimos tres años.

La interfaz también es muy intuitiva: se puede trazar un perímetro en un mapa para identificar rápidamente todos los dispositivos al mismo tiempo, configurar una alerta cuando el objetivo se pone en movimiento, superponer la imagen con Google Street View, etc.

Consultados por Mediapart, en LVMH indican que se trataba únicamente de una “prueba”, a la que el grupo finalmente no dio continuidad tras consultar con un “experto en seguridad”. “Moët Hennessy nunca tuvo acceso al informe de esa prueba”, afirman además en LVMH, señalando también que “nunca han utilizado, compartido ni almacenado datos procedentes de la tecnología Webloc” (véase respuesta completa en los anexos a este artículo).

Una fuente interna explica que el líder del sector del lujo, que había pagado una multa de 10 millones de euros en 2021 para evitar un juicio por el espionaje al periódico Fakir de François Ruffin, prefirió renunciar a la herramienta tras descubrir, durante la fase experimental, sus extraordinarias capacidades y las cuestiones legales que plantean en cuanto a la explotación de datos y el respeto a la privacidad.

De hecho, la recopilación y la reventa masiva de datos personales recabados con fines publicitarios comerciales se han considerado ilegales en varios casos en Estados Unidos. Según varias ONG, su uso con fines de vigilancia infringiría el “principio de limitación de la finalidad”, piedra angular de la normativa de la Unión Europea (UE) en materia de protección de datos personales.

Pero Webloc se ha ofrecido a grandes grupos franceses para localizar a los autores de robos, como en el caso de Moët Hennessy, y también para investigar a la competencia o identificar el origen de filtraciones de información. En este último caso, una simple búsqueda que relacione los teléfonos de un periodista y de un empleado permite, por ejemplo, confirmar las sospechas.

Al ser interrogado al respecto, Amarante niega ser el distribuidor del programa en Francia. Para todas las cuestiones legales y de conservación de datos, la empresa ha remitido a Mediapart al “proveedor del servicio”. Contactada en varias ocasiones por este medio, la empresa estadounidense Penlink no ha respondido a las preguntas, en particular sobre el suministro de Webloc a las empresas.

Los investigadores del Citizen Lab han estimado que hay 219 servidores activos utilizados por Cobwebs en todo el mundo, dos de los cuales se encuentran en Francia. La empresa presentó su tecnología en Francia en 2023, durante la feria Milipol (el gran encuentro internacional sobre seguridad), pero se desconoce si alguna entidad vinculada al Estado francés utiliza Webloc. Al ser consultado por el Citizen Lab, el Gobierno no respondió a esta cuestión.

Por su parte, la empresa respondió en abril al laboratorio canadiense “que respeta las leyes y normativas aplicables”: “Penlink comprende la sensibilidad y la complejidad de la protección de datos y opera respetando rigurosamente las normas de cumplimiento, diligencia debida y uso responsable. Nuestros clientes están obligados a cumplir con sus respectivas obligaciones legales y procedimientos internos, especialmente en lo que se refiere a la elección de los servicios que desean adquirir y al uso de las herramientas”.

Antes de entrar en el mercado francés, Cobwebs/Penlink se había labrado una sólida cartera de clientes en el extranjero, desplegando un “sistema de inteligencia” para las autoridades israelíes o para la agencia federal de inmigración de Estados Unidos, el ICE, transformada por Donald Trump en una fuerza paramilitar. El servicio también lo utiliza el Estado de Texas para la vigilancia de la frontera con México, así como en El Salvador y Hungría.

Su comercialización en Francia entre las empresas ha suscitado una ola de entusiasmo —o de inquietud, según qué caso— entre los profesionales del sector. “Todas las agencias de inteligencia están pendientes de esto, es muy potente y actúan de forma encubierta”, comenta un testigo a Mediapart. Un segundo lo corrobora: “Las capacidades son increíbles, hay que impedir que esta herramienta entre en acción”.

La herramienta de vigilancia Webloc funciona gracias a una realidad alarmante pero poco conocida: la recopilación y reventa de enormes volúmenes de datos personales recogidos con fines publicitarios, tal y como reveló, entre otros, una investigación del programa de televisión Cash Investigation. Estos datos son recopilados por las aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos y, en ocasiones, se revenden en tiempo real.

Otra técnica se basa en la subasta de espacios publicitarios visibles en páginas web y aplicaciones: durante estas subastas, que tienen lugar miles de millones de veces al día, se difunden datos personales anonimizados sobre la persona que va a ver el anuncio (entre los que suele figurar su ubicación) a empresas que actúan en nombre de los anunciantes. Un informe de una ONG irlandesa indica que, en Francia, la información sobre cada individuo se difunde de este modo una media de más de 300 veces al día.

Estos datos son adquiridos por intermediarios de datos, los data brokers, que luego los revenden al mejor postor, normalmente con fines publicitarios, pero también a empresas especializadas en herramientas de inteligencia. A pesar de la normativa europea sobre protección de datos, este negocio sigue estando mal regulado y, en gran medida, fuera de control. Y a los particulares les resulta difícil protegerse de ello, aunque es posible configurar las aplicaciones del teléfono para impedir que transmitan los datos de localización..

Tras contactar con LVMH y Amarante por correo electrónico, enviaron sus respuestas por escrito a Mediapart.

El miércoles 28 de julio este medio envió preguntas detalladas a Penlink. Al no haber recibido respuesta, volvimos a ponernos en contacto con la empresa, que acusó recibo de las preguntas en la noche del miércoles al jueves y nos pidió un plazo adicional, sin precisar hasta cuándo. Mediapart aceptó y concedió un nuevo plazo hasta el viernes por la mañana. Penlink no ha dado respuesta. Se incluirán las respuestas de la empresa en este artículo si llegan tras su publicación.

Traducción de Miguel López

Bancos de arena hasta donde alcanza la vista, barcos varados sobre lodo agrietado, un olor pestilente a cieno seco. Este verano, los paisajes del “hermoso Danubio azul” no invitan precisamente a soñar, sino que provocan más bien sudores fríos tanto a sus habitantes como a quienes lo recorren por motivos de trabajo o de vacaciones. En Budapest (Hungría), los muelles, que suelen estar abarrotados de cruceros, están vacíos, lo que simboliza que la navegación está prácticamente paralizada debido a la falta de profundidad suficiente en numerosos tramos.

“En Europa, el verano de 2026 se caracteriza hasta ahora por un calor excepcional y una sequía generalizada”, confirma un estudio reciente de World Weather Attribution. Esta red de científicos lleva algo más de una década analizando las consecuencias del cambio climático y señala las responsabilidades en la crítica situación que atraviesa hoy el Danubio a lo largo de todo su curso, que recorre Europa de oeste a este a lo largo de casi 3.000 kilómetros.

“Todo lo que cultivo en mi huerto se ha secado este año. Absolutamente todo”, se lamenta una anciana del sur de la República Checa, entrevistada por la web Seznam Zprávy. Al igual que ella, los agricultores de todas partes temen cosechas mínimas: algunas estimaciones apuntan a una posible caída de los rendimientos a la mitad. “La situación es crítica”, advirtió ya en mayo Jozef Šumichrast, uno de sus representantes en Eslovaquia.

En estos momentos ya no es posible regar en varias zonas de Rumanía debido a que la presión es demasiado baja para los sistemas de bombeo. En toda la cuenca hidrográfica del Danubio, que se extiende desde el sur de Polonia hasta el norte de Albania, se están imponiendo poco a poco restricciones tanto a particulares como a profesionales, y algunos países están barajando la posibilidad de aplicar cortes temporales.

A pesar de la aportación de los dos principales afluentes del gran río, el Tisza y el Sava, Serbia no corre mejor suerte. Dejan Vladiković, del Instituto Meteorológico Nacional, indica a Radio Slobodna Evropa que “la situación hidrológica actual es muy desfavorable, y especialmente acusada a lo largo de todo el curso del Danubio”. “No se espera ninguna mejora de aquí a septiembre”, añade.

En cuanto a los marinos entrevistados por los distintos medios de comunicación de Europa central y los Balcanes, todos insisten en la excepcional intensidad de la sequía, mientras se baten uno tras otro los récords de bajos caudales. Algunos incluso lo han sufrido en carne propia: un crucero de la compañía suiza Viking encalló en un banco de arena entre Bulgaria y Rumanía y hasta el momento no han logrado reflotarlo. En la zona, el caudal del Danubio apenas alcanza los 1.700 metros cúbicos por segundo (m3/s), apenas un tercio de lo habitual.

Para limitar su calado e intentar mantener sus rotaciones, los buques de mercancías han reducido sus cargas. Estas medidas ya están afectando al transporte de determinados productos, como los cereales o el combustible. “Las barcazas solo pueden transportar entre el 30% y el 40% de su capacidad total”, ha precisado la ministra de Energía serbia, lo que contribuye a encarecer aún más los precios, ya de por sí muy elevados, en las gasolineras.

Porque el Danubio se ha convertido en una vía comercial estratégica en Europa desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya que conecta el mar Negro con el mar del Norte, y los meses de verano marcan la temporada alta de las exportaciones de cereales de Rumanía, uno de los principales productores de la UE.

Mientras tanto, los silos se van llenando y nadie sabe aún dónde se podrán almacenar las cosechas de maíz y girasol dentro de unas semanas… Bueno, lo que quede de ellas, ya que estos dos cultivos son especialmente sensibles al estrés hídrico y, por lo tanto, están amenazados por la sequía, agravada por las olas de calor consecutivas.

Mientras Bulgaria se plantea detener por completo la actividad de su única central nuclear, en Kozloduy, a orillas del Danubio, debido a la falta de agua para refrigerar sus instalaciones, Hungría ha anunciado el cierre de la suya el domingo 2 de agosto y Rumanía se ha visto obligada a paralizar de forma preventiva algunos reactores por motivos de seguridad. La producción de las centrales hidroeléctricas también se ve, evidentemente, muy afectada: la de la inmensa doble presa serbio-rumana de las Puertas de Hierro se ha reducido a un tercio de su capacidad, tras haber registrado en primavera la producción más baja de su historia.

Las autoridades han sido pilladas sorpresa, tienen dificultades para reaccionar y se les acusa de no haber hecho nada para anticiparse a tal escenario. Pero la crisis actual era previsible, por no decir temida, desde hacía muchos meses: este invierno, las temperaturas han sido muy suaves, lo que ha limitado la acumulación de nieve, mientras que, desde la primavera, todos los meses han sido históricamente secos, a excepción de junio.

Ya en los primeros días de mayo algunos hidrólogos dieron la voz de alarma, como la veterana eslovaca Jana Poórová: “Los niveles de agua y los caudales de los manantiales son inferiores al 20% de lo normal”. En otras palabras, incluso las aguas subterráneas se encuentran en su nivel más bajo.

En la vecina República Checa, el observatorio de sequías InterSucho, dirigido por un equipo de científicos, señala, a través de las palabras de su coordinador, Miroslav Trnka, que “la mayoría de las proyecciones climáticas para Europa Central indican que los episodios de sequía serán más frecuentes, más prolongados y afectarán esencialmente a todo nuestro territorio, pero también a los territorios situados al este y al sureste”.

Los datos actuales ya le dan la razón. Según la Unión Europea, Croacia se encuentra entre los Estados miembros más vulnerables al cambio climático, hasta el punto de que el país “ha registrado el mayor número de muertes relacionadas con el calor en la UE en los últimos años”. “Las necesidades anuales de inversión para la adaptación al cambio climático se estiman en alrededor del 0,8 % del PIB, un porcentaje superior a la media de la UE (0,5%)”, añade el informe. Sin embargo, no se dispone de datos sobre las inversiones del Estado croata.

En Hungría la situación es similar, con un calentamiento un 20% más rápido que la media europea. En las últimas décadas se ha triplicado el número de días con temperaturas superiores a los 30 °C. Y, sin embargo, durante los cuatro mandatos consecutivos de Viktor Orbán, el país no ha tenido ministro de Medio Ambiente. Finalmente, tras 16 años de vacío, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, nombró a László Gajdos en primavera. Tras decretar el estado de emergencia el 28 de julio, ha hecho un llamamiento a todos los países ribereños del Danubio para que intensifiquen la cooperación en la gestión conjunta de los recursos hídricos.

Muchos esperan que la crisis actual sirva de lección y permita, por fin, superar los egoísmos nacionales que persisten a lo largo del río más grande de la UE. Pero las declaraciones contradictorias de László Gajdos son motivo de preocupación, pues fue él mismo quien afirmó: “No hay que dejar que el agua fluya libremente a través de Hungría; es imprescindible retenerla de una forma u otra.”

Traducción de Miguel López

“No se tiene suficientemente en cuenta que la violencia de género no desaparece con la edad”. Élisabeth Liotard, directora de la asociación Viffil-SOS Femmes, constata a diario hasta qué punto este fenómeno sigue siendo, en gran medida, invisible.

Los estudios dedicados a este tema son escasos y se han llevado a cabo, sobre todo, en las regiones francesas de La Reunión y en Nueva Aquitania. “Las grandes encuestas nacionales sobre la violencia han excluido a las mujeres mayores de sus muestras”, subraya Lucie Richard-Bergereau, responsable del proyecto para personas mayores en el Centro de Información sobre los Derechos de las Mujeres y las Familias (CIDFF) de París, que actualmente lleva a cabo un estudio sobre esta cuestión.

La mayoría de ellas pasan desapercibidas para las asociaciones, el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras sociales. “En el CIDFF de París, solo representan el 4% de las personas que atendemos”, añade Richard-Bergereau.

Pero las mujeres mayores también sufren violencia física, psicológica y sexual, así como violencia económica, o incluso son víctimas de feminicidios. Mediapart ha recopilado los testimonios de Josy y Geneviève, ambas de 76 años, que ilustran hasta qué punto la edad añade numerosos obstáculos.

En primer lugar, porque la violencia suele prolongarse durante décadas. “Tenía 18 años y acababa de dar a luz a una niña que falleció poco después de nacer cuando recibí mi primera bofetada”, cuenta Josy. “Tuve dos hijos más. La violencia psicológica se intensificó: no servía para nada, todo era culpa mía. Luego, mi marido empezó a ser violento físicamente conmigo y con mi hijo”.

“Después de que los niños se fueron, él se negaba a que vinieran a casa, así que los veía en un aparcamiento. Ya de mayor, llegó a morderme hasta hacerme sangrar”, confiesa. A los 60 años, acabó “sumergiéndose en el voluntariado para huir de casa y de la violencia”.

Geneviève, por su parte, comprendió muy pronto que no sería feliz con su marido, a quien conoció a los 32 años. “En poco tiempo, nos aisló de mi familia. No quería ni salir ni viajar. Cuando se fue nuestra hija, dio un giro radical. Ya no quería que cocinara porque era ‘asqueroso’. Dejó de hacer cualquier actividad conmigo y puso la casa patas arriba. Me menosprecia constantemente, me amenaza y me grita. Me ha hecho perder las ganas de vivir”.

Cuando se sufre violencia durante 30 o 40 años, “se vuelve muy difícil identificarla”, explica Élisabeth Liotard, de Viffil-SOS Femmes. “Acaban pareciéndoles normales. De tanto ser menospreciadas, estas mujeres ya no confían en su propio criterio”.

El estudio realizado en La Reunión muestra la magnitud de las consecuencias de la violencia prolongada: el 53% de las víctimas padecen depresión y el 75%, síndrome de estrés postraumático.

Estas mujeres pertenecen a una generación que más ha interiorizado las relaciones de dominación como algo normal. “Me decía a mí misma que la vida en pareja era eso”, recuerda Josy. “Ni en casa ni con nuestra hija hizo mi marido nunca nada. Para él, él era el hombre y yo solo existía para servirle. A mí me educaron con la idea del deber, de que había que respetar las normas”, cuenta Geneviève.

“A algunas mujeres mayores les cuesta concebir el divorcio”, recuerda Pauline Georges, coordinadora de Solidarité Femmes 72. “Han interiorizado que el cabeza de familia lo decidía todo. Así que marcharse…”.

Geneviève coincide: “No tengo confianza en mí misma, me da miedo hacer cualquier cosa por mi cuenta. Siempre he sentido la necesidad de tener a un hombre que me protegiera”. Y Josy añade: “Mis amigas, mis hijos y mi médico me dijeron que tenía que marcharme. Ya no tenía ganas de comer, ni de vivir, pero me negaba a aceptarlo”.

“Algunas barreras provenían de mi educación”, cuenta Josy. “Nos inculcaron que nos casábamos para lo bueno y para lo malo. Por eso acabamos encontrando aceptable lo malo”. También menciona la influencia de la religión. “Como me quedé embarazada antes de casarme, pensaba que debía ser castigada. Los golpes eran como una forma de redimirme”.

El aislamiento constituye otro obstáculo importante. “La jubilación o la marcha de los hijos son momentos especialmente delicados”, explica Richard-Bergereau, del CIDFF de París. “Las mujeres pasan más tiempo a solas con su cónyuge violento. Como muchas de ellas tienen menos familiaridad con las herramientas digitales, también disponen de menos interacciones sociales para hablar o pedir ayuda”.

Tanto para Josy como para Geneviève, fue al participar en grupos de apoyo cuando comprendieron lo que estaban viviendo. “Ahí fue donde empecé a rebelarme”, afirma Josy.

Geneviève añade que “para su generación”, pedir ayuda no es nada fácil. “No hay que molestar a los demás”. Y, además, los profesionales no siempre están preparados para plantear la cuestión de la violencia. “Existe demasiada cautela en preguntar a las mujeres mayores”, observa Richard-Bergereau. “¿Es por pudor? Algunos profesionales sanitarios nos dicen que temen que una paciente, al darse cuenta de repente de que lleva 40 años sufriendo violencia, se hunda psicológicamente”.

Las asociaciones reconocen que deben adaptar sus prácticas. “Nos comunicamos mucho a través de Instagram y de otras redes sociales”, señala Richard-Bergereau. En Sarthe, Pauline Georges da ahora prioridad a las entrevistas en la prensa local y a las acciones en el medio rural, “en contacto con mujeres que tienen dificultades de movilidad”.

Incluso para las mujeres que logran hablar y ser escuchadas, encontrar los medios materiales para separarse de un marido violento suele ser difícil. “Se trata de una generación de mujeres que han trabajado poco, por lo que sus derechos de jubilación son escasos”, señala Richard-Bergereau. “Por lo general, los bienes adquiridos están a nombre de los maridos y, si la violencia se prolonga desde hace años, es posible que se les haya privado del acceso a su propio dinero”.

Mientras se planteaba el divorcio, Josy se preguntaba cómo iba a pagar el alquiler, con “menos de 1.000 euros de pensión al mes”. El miedo a la soledad y a la opinión de la familia o los allegados son otros obstáculos para marcharse. “A los 75 años, dejar a tu marido significa dejar tu casa, tus recuerdos, todas tus costumbres”, añade Pauline Georges. “Es perder todo un mundo y la propia identidad”.

A veces, la fuerza de los valores interiorizados, junto con esa obligación de estar “al servicio de”, también impide que las mujeres víctimas de violencia se marchen, incluso cuando tienen cierta independencia económica, como es el caso de Geneviève, propietaria de la vivienda de la pareja y con una cuenta bancaria personal: “He iniciado un proceso de divorcio y me he puesto en contacto con trabajadores sociales para saber cómo podrá vivir mi marido, porque me siento culpable ante la idea de dejarlo en la calle”.

La culpa también agobia a las mujeres cuidadoras víctimas de violencia, que se preocupan por el futuro de su marido, sobre todo si no tienen medios para pagar una plaza en una institución. Otras se preguntan si realmente merece la pena marcharse.

Reconstruir una vida social no es tan fácil a los 70 años como a los 30, señalan Pauline Georges y Élisabeth Liotard. “Las mujeres más jóvenes que han sido víctimas a veces se imaginan una nueva vida en pareja”, dice Geneviève. “Yo, a mi edad, quiero quedarme sola y tranquila”.

Según Pauline Georges, “es fundamental acompañar a las mujeres mayores que deciden marcharse”. La historia de Josy le da la razón: “El día en que me fui, tenía preparadas unas maletas y las había escondido. Cuando mi marido nos vio, nos amenazó con unas tijeras. Mi nieta llamó a la policía; ellos ya estaban al corriente. Me habían advertido de que ese día sería peligroso. Vinieron ocho agentes”.

Para que una mujer mayor víctima de violencia de género se atreva a marcharse, parece decisiva la ayuda de una tercera persona. “Mi médico me dijo que había que dejar de pensarlo, que había que pasar a la acción”, cuenta Geneviève, que siempre se ha sentido apoyada por los asistentes con los que ha tratado.

Pero “no siempre es así”, señala Pauline Georges, quien considera que “hay que realizar una verdadera labor de formación entre los trabajadores sociales”, sobre todo porque las mujeres mayores tienen mucho contacto con ellos. Los cuidadores a domicilio, los responsables de los expedientes de jubilación o los audioprotesistas son profesionales que podrían detectar la violencia, siempre que reciban la formación adecuada.

Las mujeres que han decidido marcharse destacan la importancia de sus amigas, hijos y asociaciones. “He conseguido superar mi miedo gracias a mis hijos, mis nietos, el trabajo personal, mi grupo de apoyo, mis amigos y una trabajadora social”, enumera Josy. “No creía que fuera posible otra vida. Y entonces conocí a alguien. Yo creía que ya era demasiado tarde, pero hoy tengo ganas de vivir”.

“Algunos hijos, normalmente las hijas de las mujeres víctimas, harán todo lo posible por proteger a su madre, igual que las madres protectoras hacen con sus hijos víctimas de incesto”, señala Lucie Richard-Bergereau. “Pero los profesionales pueden responder: ‘Tu madre es mayor de edad, no podemos hacer gran cosa’”.

Otra dificultad más: nadie está en condiciones de ofrecer un alojamiento aceptable a estas mujeres. “Hemos constatado cómo los centros colectivos de acogida de emergencia resultaban inadecuados para su edad y sus dificultades físicas”, relata Pauline Georges.

Por último, queda una cuestión crucial: ¿qué hacer con los hombres mayores violentos? Josy, por ejemplo, no quiere “enviar” a su exmarido a la cárcel. “Si este hombre ingresa en una residencia de mayores, corre el riesgo de causar nuevas víctimas allí”, señala Lucie Richard-Bergereau. “Y, por parte de la policía y la justicia, nos dicen que es difícil detenerlos y iniciar un procesamiento. Aquí se ve claramente que se trata de un auténtico problema social”.

Los testimonios de las mujeres víctimas se han recopilado gracias a la mediación de Solidarité Femmes y la asociación AIEM.

Traducción de Miguel López

Comunicados, vídeos publicados en redes sociales o incluso copias de cartas enviadas al Gobierno: durante todo el fin de semana del 1 y 2 de agosto, así como el lunes 3 de agosto, la derecha y la extrema derecha francesas se han volcado en alimentar el fantasma de una avalancha migratoria. No han dejado de desplegar su discurso xenófobo sobre un fondo de imágenes difundidas ad nauseam de jóvenes “inundando” las playas, de fuerzas del orden “desbordadas” y de habitantes de Ceuta “indignados” por la presencia de jóvenes marroquíes.

Días antes, el jueves 30 de julio, varias decenas de miles de personas habían logrado entrar en el enclave español. Apenas 48 horas después, España expulsó a la mayoría de estos exiliados y anunció una “vuelta a la normalidad”. ¿El culpable de lo ocurrido? La “laxitud” del Gobierno socialista español, que en abril puso en marcha un plan de regularización de los indocumentados en la península, según sostienen la derecha y la extrema derecha francesas.

Como era de esperar, fue Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional (RN), quien publicó el mayor número de tuits en X —media docena solo el viernes— para denunciar los acuerdos de Schengen y exigir una “reunión de urgencia del Parlamento Europeo en sesión plenaria extraordinaria”.

“Al regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales, […] Pedro Sánchez ha abierto las puertas de Europa a todo tipo de peligros. El resultado está a la vista: desde hace varios días, miles de migrantes acuden en masa al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, en contra de la voluntad del pueblo francés”, fantaseó el eurodiputado ya el jueves. Jean-Luc Mélenchon le contestó inmediatamente.

“El señor Bardella debería abstenerse de comentar temas que no comprende. Repetir los argumentos de Trump es ridículo. La afluencia tiene lugar a mil kilómetros de nuestra frontera. Ceuta está en África. Las personas que se encuentran en el enclave de Ceuta no pueden cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y no tienen ninguna otra posibilidad”, respondió el líder de La Francia Insumisa.

Con dos tuits, Marine Le Pen, presidenta del grupo RN en la Asamblea Nacional, pidió por su parte que Francia refuerce “sin demora” sus controles fronterizos. “En 2027 pondremos fin a esta locura reservando la libre circulación de Schengen a los ciudadanos de la UE “, prometió, sin explicar cómo lo llevaría a cabo, en sintonía con su aliado Éric Ciotti, alcalde de Niza, quien también aseguró que “las imágenes de Ceuta serán mañana las de Francia si no se hace nada”.

Como si las imágenes le hubieran despertado, Éric Zemmour volvió a mostrarse especialmente agitado estos últimos días. Sin escatimar superlativos, el ensayista se declaró alarmado ante una “marea de migrantes que se abalanza sobre Ceuta” para “asaltar” la frontera española. “Lo que nuestras élites denominan cobardemente ‘flujos migratorios’, los pueblos europeos pueden verlo como lo que es: una invasión. Es hora de restablecer nuestras fronteras y poner en marcha la remigración; de lo contrario, nuestros pueblos serán arrasados por ese tsunami”, declaró el experiodista de Le Figaro, condenado en múltiples ocasiones por incitación al odio y por racismo.

Siempre dispuesto a ir un paso más allá que la extrema derecha, el exministro del Interior de Emmanuel Macron —y actual candidato a las presidenciales—, Bruno Retailleau, también se apresuró a sumarse al coro xenófobo del fin de semana. “Hoy España, mañana Europa […]. Las normas de Schengen con España ya no son sostenibles. Hay que enviar una señal clara y aplicar sin demora el reglamento de retorno para dejar de sufrir por fin”, declaró el líder del partido Los Republicanos (LR), sin ocultar su orgullo por haber propuesto “excluir a España” de la Unión Europea ya en primavera.

Una idea retomada en los últimos días por la neofascista italiana Giorgia Meloni, respaldad por Dinamarca y Finlandia, pero imposible de aplicar y rechazada de plano en Bruselas, según la Agencia France-Presse.

En LR, sin embargo, predominaba la exigencia de aplicar “sin demora” la directiva de retorno, aprobada en junio por el Parlamento Europeo. Una medida que contempla, entre otras cuestiones, crear centros para migrantes en los países fronterizos de la UE, como han reclamado el ex primer ministro Michel Barnier y Éric Ciotti, quien ha escrito en este sentido al primer ministro, Sébastien Lecornu, para pedirle que haga frente a la “avalancha migratoria”.

Otro ex primer ministro de Emmanuel Macron que reclama la creación de estos hubs —considerados inhumanos por la izquierda y cuestionados por el propio presidente de la República en nombre de los “valores de la UE”— es Édouard Philippe, quien también intervino el viernes en el debate migratorio.

En una extensa publicación, el candidato a la presidencia, inmerso en una pugna soterrada con Bruno Retailleau por hacerse con el electorado de LR, sostuvo que “los países de origen y de tránsito deben asumir sus responsabilidades” y que “no es aceptable que un país pueda decidir por sí solo sobre regularizaciones masivas que crean un efecto llamada para todo el continente”. “Quiero acabar con una forma de impotencia migratoria”, insistió el líder del partido Horizontes, al que algunos siguen viendo como la “derecha limpia” e incluso como una alternativa “aceptable” en 2027 para una parte de la izquierda.

Su texto provocó inmediatamente la reacción de Marine Le Pen: “Recordatorio: este mensaje de gran firmeza lo publica un primer ministro que ha concedido cada año un 30% más de permisos de residencia y un 60% más de estatutos de refugiado que el socialista François Hollande. Se acabó la broma”, ironizó. Sintiéndose aludido, el alcalde de Le Havre respondió que, como primer ministro, había demostrado “firmeza” con las órdenes de abandono del territorio francés (OQTF), había reducido la concesión de solicitudes de asilo “a pesar del aumento vertiginoso de las peticiones” y había impulsado la aprobación de la ley de asilo e inmigración de 2018. A cada cual sus victorias.

En cuanto a los medios conservadores franceses, no han lamentado las más de 70 muertes contabilizadas hasta el momento por las autoridades españolas. Más bien se han alarmado ante una supuesta amenaza de “invasión” a las puertas de Francia.

En la mañana del 3 de agosto, el debate continuó en el plató de CNews, donde pudo escucharse al presentador de L’heure des pros comparar al presidente del Gobierno español con un “bombero pirómano”, pedir un referéndum para derogar los acuerdos de Schengen o mencionar a los “2.000 menores” que siguen en Ceuta, entre los que —sugirió— podría haber incluso “terroristas infiltrados”.

La cadena de Vincent Bolloré tampoco dejó pasar la oportunidad de hacerse eco de las declaraciones conspirativas del presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei: “Pedro Sánchez utiliza a estos migrantes para naturalizarlos y hacer que voten por él con el fin, digamos, de perpetuar su tiranía”. “Tiene toda la razón, la inmigración es una fuente de votos para algunos partidos de la izquierda del espectro político”, aplaudió Sabrina Medjebeur, presentada como “ensayista y socióloga”, cuando en realidad es una propagandista de extrema derecha.

Traducción de Miguel López