La Unión Europea apenas cuenta con yacimientos de petróleo y gas, excepto los offshore del Mar del Norte y algunos en Rumanía; el holandés de Groninga, el mayor del continente, acaba de ser clausurado. Por ese motivo, se ha convertido en el mayor importador de gas natural del mundo: necesita comprar fuera el 83% del que utiliza. En 2023 trajo en barco un total de 120.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado; el resto, hasta los 400.000 millones que consumen los Veintisiete, le fue suministrado a través de gasoductos. El 21% de la electricidad y el 38% de la calefacción, tanto doméstica como industrial, se genera y funciona con gas.

Europeas son también algunas de las mayores petroleras y gasistas del mundo, cuyo negocio de extracción se extiende por África, Asia y América. Entre ellas se cuentan las españolas Repsol y Cepsa. La compañía presidida por Antonio Brufau es una de las 20 mayores compañías del sector. En 2022, además, encabezó el Íbex 35 en facturación –34.809 millones de euros–, espoleada por la guerra de Ucrania. La casi centenaria Cepsa, hoy propiedad de Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dabi, y del fondo de inversión estadounidense The Carlyle Group, presume de ser la mayor petrolera europea que no cotiza en Bolsa.

Ambas compañías explotan yacimientos en Argelia, de donde procede el 5% del gas que compra Europa y el 42% del que adquiere España. Repsol posee también pozos en Libia y hasta 2021 los tuvo en Irak. En marzo de 2023 Cepsa vendió a la francesa TotalEnergies su negocio en Abu Dabi. Por lo que su negocio en la zona que comprende África del Norte y Oriente Próximo se limita ahora a sus cuatro yacimientos en el desierto argelino.

Es más, las dos españolas trabajan juntas, asociadas con la italiana ENI, la estadounidense Occidental Petroleum y la indonesia Pertamina, para extraer crudo en Ourhoud, el segundo mayor yacimiento de Argelia. Además, Repsol explota desde 2017 junto a la alemana Wintershall el yacimiento de gas Reggane Norte, así como los de Menzel Ledjmet Nord y El Merk junto con la indonesia Pertamina.

A su vez, Cepsa opera en solitario otros tres campos en medio del desierto: Rhoude El Khrouf, Bir El M’Sana y Timimoun II. En los yacimientos argelinos, las españolas comparten el negocio con la estatal Sonatrach, porque en el país norteafricano los hidrocarburos son propiedad del Estado, que licita y adjudica los contratos.

Sonatrach, un auténtico gigante del sector, figura como la undécima petrolera más grande del mundo y como la principal empresa de Argelia: de su actividad depende el 26% del PIB del país. También es la compañía que más gas ha quemado en sus yacimientos durante la última década. Una práctica que en inglés se llama flaring y que proporciona a los pozos de petróleo y gas esas características llamaradas constantes que adornan las antorchas en altura donde se produce la combustión. Se trata de un mecanismo utilizado como sistema de seguridad –aunque no únicamente por ese motivo– para aliviar la presión en las explotaciones. No sólo en los pozos donde se extraen tanto el crudo como el gas, también en las refinerías o en las plantas de regasificación, por ejemplo.

La quema en antorcha es muy contaminante. El gas natural –metano– debe salir del circuito, y puede hacerlo tal cual, directamente a la atmósfera, lo que se denomina venteo. Como se sabe, el metano es el principal gas de efecto invernadero: atrapa 84 veces más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono (CO₂) durante 20 años. También puede quemarse, transformándolo en su mayor parte en CO₂. En ese caso se emite mucho menos metano, pero la combustión produce óxido nitroso, hollín, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles… todos ellos contaminantes perjudiciales para la salud humana –pueden provocar problemas respiratorios, cáncer y hasta partos prematuros–, la flora y la fauna.

De 2012 a 2022, Sonatrach quemó 97,26 billones de metros cúbicos de gas (bcm), lo que se tradujo en unas emisiones de 235 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente o CO₂e [el CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono]. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, Burning Skies ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 infraestructuras petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

Esas cantidades convierten a Sonatrach en la primera empresa contaminante del norte de África y Oriente Próximo, incluso por delante de otros grandes como BP, ENI y Exxon. Daraj, socio de EIC en esta investigación, ha preguntado a Sonatrach por estas cifras, pero el gigante argelino no ha querido hacer ningún comentario.

A su vez, Argelia es el sexto país del mundo y el segundo país de la región donde más gas se quema en antorcha, con un total de 102,19 billones de metros cúbicos, que se convirtieron en 260,6 millones de toneladas de CO₂e en la última década. Representan el 20% de las emisiones de toda la región. En la zona sólo le gana Irak, con 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 400,4 millones de toneladas de CO₂e, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies.

Los números son aún más sangrantes si se tiene en cuenta que en Argelia la ley prohíbe la combustión rutinaria de gas en antorcha desde 2019, aunque ya en 2005 se habían aplicado restricciones, también al venteo. En teoría, sólo se puede quemar gas previa autorización, en determinados casos y con límites temporales. Desde 2019, además, se gravan con impuestos ambas prácticas: unos 90 dólares por cada 1.000 metros cúbicos quemados o venteados. La ley incluso prevé sanciones en caso de incumplimiento –750 dólares diarios–, pero no se sabe de que se haya impuesto nunca ninguna.

De esas cifras récord de gas quemado, una parte es responsabilidad de Repsol y Cepsa. En Argelia, las dos empresas españolas han emitido 2,7 millones de toneladas de CO₂e, tras arder 1,02 bcm de gas desde 2012 hasta 2022, según los análisis de EIC. En concreto, Repsol ha quemado 0,12 bcm, que se convirtieron en 0,3 millones de toneladas de CO₂e. Las cantidades de Cepsa son superiores: 0,94 bcm de gas combustionado y 2,4 millones de toneladas de CO₂e emitidas. Repsol comenzó a quemar en Ourhoud y Reggane Norte sólo en 2017.  Curiosamente, el año en que más gas quemaron ambas compañías fue el último, 2022: los yacimientos de Cepsa doblaron combustión y emisiones respecto al año anterior, mientras que los de Repsol las multiplicaron por 28. Para hacerse una idea del volumen de gas que se vierte a la atmósfera, desperdiciando el recurso y contaminando el entorno, bastan un par de comparaciones. Los 0,2 billones de metros cúbicos de gas que ambas compañías quemaron en 2022 en Argelia equivalen al consumo de luz y calefacción de las viviendas de toda la provincia de Bizkaia en un año, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en Bizkaia hay 563.000 viviendas.

Si las comparaciones se aplican a las cifras de toda la década, el billón de metros cúbicos de gas que Cepsa y Repsol quemaron en Argelia habría sido suficiente para cubrir durante un año el consumo de luz y calefacción de 2,5 millones de hogares españoles, a razón de una media de 400 metros cúbicos por vivienda. Ese es el número de hogares de toda la Comunidad de Madrid, según el censo de 2021 del Instituto de Estadística madrileño.

Finalmente, si lo que se comparan son las emisiones contaminantes, los 2,7 millones de toneladas de CO₂e expulsadas por Cepsa y Repsol en la última década en Argelia equivalen a las producidas por la industria y la construcción de toda España en un solo año, 2022, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus Cuentas Ambientales. Pero también se acercan a las emisiones conjuntas anuales de las ciudades de Alicante y Castellón, que suman más de medio millón de habitantes, según los respectivos inventarios municipales de emisiones de gases de efecto invernadero. Y superan la cantidad de CO₂ generada por Sevilla y Zaragoza, que rozan, cada una, los 700.000 habitantes.

En España, Cepsa y Repsol también queman gas en antorcha. En sus refinerías. La decena de las que funcionan en el país emitieron en 2022 un total de 9,6 millones de toneladas de CO₂e, un 6% más que el año anterior, tal y como recoge la última edición del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Transición Ecológica. El informe otorga a estas emisiones una “relevancia significativa”.

Del total expulsado por las refinerías, 3,9 millones son “emisiones fugitivas”, generadas en la extracción o procesamiento del petróleo y el gas y que no se aprovechan. Estas han crecido nada menos que un 203% desde 1990, debido a que las refinerías procesan cada vez más crudo. De esos 3,9 millones de toneladas de CO₂e, el 7%, 0,27 millones, procedió de la quema en antorcha, según el inventario de Transición Ecológica. Es decir, todas las refinerías de España emiten casi la misma cantidad de CO₂e que Repsol desde las antorchas de sus dos yacimientos de Argelia. Repsol es la propietaria de cuatro de ellas y una quinta –Tarragona– la comparte al 50% con Cepsa, que a su vez posee otras tres. BP tiene una más, en Castellón.

Ambas petroleras –también la estatal Sonatrach– están adheridas a la iniciativa del Banco Mundial Zero Routine Flaring by 2030, que tiene como objetivo suprimir la quema de gas en antorcha para ese año. Por tanto, informan de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los informes de gestión que publican cada año, y de la parte de éstas que atribuyen tanto a la combustión de gas como al venteo.

En el informe de 2023, Repsol reconoce unas emisiones de 0,7 millones de toneladas de CO₂e procedentes de las antorchas de sus explotaciones en todo el mundo, cuatro veces más de las que produce mediante venteo. También cifra en 0,38 millones de toneladas la cantidad de gas que quemó ese año. Da más detalles en sus respuestas al cuestionario del Carbon Disclosure Project (CDP), que mide el impacto ambiental de las mayores empresas del mundo y que la compañía cuelga en su página web. Dice que la combustión en antorcha representa el 4% de sus emisiones de alcance 1 –las que se producen directamente en la actividad normal de la empresa–. Y que el 43% de ellas procede de los yacimientos de petróleo y gas, 0,24 millones de toneladas; el resto, de las refinerías.

Pero no desglosa sus emisiones por regiones. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones de EIF y EIC, sólo en Argelia las antorchas de los yacimientos en los que participa Repsol emitieron en 2022 casi una tercera parte de las producidas en todos los campos y refinerías que tiene repartidos por el mundo, si ésa fuera la cifra real de sus emisiones.

En el caso de Cepsa, su último informe anual reconoce unas emisiones mundiales de 0,07 millones de toneladas de CO₂e en 2022, muy lejos de las 0,3 millones de toneladas sólo en Argelia que resultan de las estimaciones de EIF y EIC. En 2023, la cifra es aún menor: 0,04 millones. En sus repuestas al cuestionario de CPD, Cepsa asegura que su quema de antorcha no es “relevante”, por lo que carece de un “objetivo cuantitativo específico” para reducir esa práctica industrial. Aun así, cifra en un 2,2% –la mitad que Repsol– la cuota que el flaring tiene en su cómputo total de emisiones de alcance 1 –directas– y 2 –las indirectas, generadas por la energía suministrada a la compañía–. Cepsa reconoce que en 2023 han aumentado precisamente esas emisiones porque ha crecido la actividad de sus refinerías. En las españolas, sus emisiones de alcance 1 el año pasado sumaron más de tres millones de toneladas de CO₂e, a las que añade 733.097 toneladas de sus plantas petroquímicas de Palos de la Frontera (Huelva) y Puente Mayorga (Cádiz).

A diferencia de Repsol, Cepsa sí desglosa sus emisiones por territorios. En Argelia sólo reconoce unas emisiones globales de alcance 1 de 84.800 toneladas de CO₂e y de 25.861 toneladas de alcance 2. Un total de 110.661 toneladas de CO₂e que proceden tanto de las antorchas como de fugas.

Las estimaciones realizadas por EIF y EIC, por tanto, confirman que las cifras de emisiones que facilitan las petroleras están infraestimadas.

Así, la BBC publicó en septiembre de 2022 una investigación basada en datos del Banco Mundial, que utiliza satélites para monitorizar las emisiones de gases de efecto invernadero de los pozos petrolíferos y de gas. Según sus indagaciones, las empresas no habían declarado casi 20 millones de toneladas de CO₂e procedentes de la quema de gas en antorchas en 2021. Las mismas emisiones, destacaba la televisión británica, que producen 4,4 millones de vehículos en un año.

Otra investigación, realizada por Environmental Defense Fund (EDF), una organización estadounidense de defensa del medio ambiente, reveló en 2021 que las empresas emiten 3,5 veces más metano de lo que comunican a la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de EEUU (EPA). Al menos las que trabajan en la Cuenca Pérmica, “el mayor campo petrolífero del mundo”, 222.739 kilómetros cuadrados entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México. Para llegar a esa conclusión, utilizaron satélites y helicópteros con cámaras de infrarrojos. Y descubrieron que el 11% de las antorchas funcionaba mal: el 5% estaban apagadas y el resto no quemaban correctamente el gas. Casi el 60% fallaba más de una vez a la semana.

Es más, aunque las petroleras declaran que las antorchas queman el 98% del metano con el que se las alimenta, la investigación de EDF desveló que, en realidad, no ardía más que el 91%. Y no es una diferencia pequeña: una reducción de sólo un punto porcentual en la eficiencia de las teas se traduce en un aumento del 50% de las emisiones resultantes, asegura el Banco Mundial.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficientes, queman por debajo del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza, investigador de EDF y de la Universidad de Utrecht. La industria, explica, asume ese 98% de eliminación del metano, pero si, además, “las teas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de las incidencias, las emisiones reales son altísimas”.

infoLibre ha preguntado a Cepsa y Repsol por la discrepancia entre las cifras publicadas en sus informes anuales y los resultados de Burning Skies. Cepsa dice que no puede analizar los datos de la investigación de EIC, porque “desconoce” cuáles son sus fuentes –pese a que se le especificaron–. La empresa no ha respondido a las preguntas sobre cuestiones específicas que se le ha enviado y que se reproducen al final de esta información. Se limita a afirmar que cumple “con toda la normativa y regulaciones vigentes en los países que opera”. Y, en Argelia, en concreto, cumple con la ley relativa a actividades de hidrocarburos.

“Todas nuestras instalaciones cuentan con el preceptivo estudio de impacto ambiental conforme a los requerimientos legales exigidos por la normativa vigente de los respectivos países”, añade la petrolera. Cepsa sólo ofrece una explicación genérica de lo que eso significa: ”Identifica y caracteriza los valores naturales” de las zonas afectadas por la actividad de sus instalaciones, evalúa los potenciales impactos ambientales y establece “medidas preventivas y correctoras”.

Repsol, por su parte, sólo incluye en sus cálculos de emisiones los yacimientos en los que es operador, pero no aquéllos en los que tiene una participación accionarial. Ese “criterio operacional”, explica, “no es un cómputo de Repsol”, sino “una metodología reconocida por el GHG Protocol [elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible] y ampliamente utilizada en el sector del petróleo y el gas”. De esta forma, excluye de su cómputo los yacimientos de Argelia –Reggane Norte, Menzel Ledjmet Nord, El Merk y Ourhoud– y Libia –El Sharara– en cuya propiedad participa junto con otras compañías públicas y privadas. Como aduce que su participación accionarial es minoritaria, Repsol argumenta que “es el operador el que tiene el control y, por tanto, el poder de decisión” sobre las medidas que deben tomarse para reducir la quema de gas en antorcha y las emisiones contaminantes. Eso sí, la petrolera declara su “compromiso” para “tratar de influir en las decisiones” de sus socios en los yacimientos donde no es el operador.

Sin embargo, en su página web Repsol publicita ampliamente su larga presencia en Argelia, un país que considera “estratégico”, así como los “proyectos de explotación” en los que “participa” la compañía: “La producción media de Repsol en Argelia en 2023 es de más de 60.000 barriles/día (el 2% de la producción neta global del grupo), de los que cerca del 60% es gas”.

De hecho, la petrolera española posee el 36% de Groupement Reggane Nord, el operador de Reggane Nord; el 35% de Ourhoud y el 32% de Akakus Oil Operations, operador del bloque NC-186 en El Sharara, en Libia, según aparece en su página web.

La extracción de petróleo y gas en el norte de África es sólo una pequeña parte del negocio tanto de Repsol y Cepsa. En la década que ha analizado EIC, la compañía de Brufau también ha explotado yacimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Noruega –en el mar del Norte – Bolivia y Perú. En 2022 vendió los de Canadá y Ecuador, en 2021 los de Vietnam, Malasia e Irak. Según los datos de emisiones del Banco Mundial, donde más gas ha quemado Repsol en esa década ha sido en Malasia –1,7 bcm–, tal y como reconoce además en sus respuestas al cuestionario de CDP, seguido de sus pozos en aguas británicas del Mar del Norte –1,6 bcm–. Finalmente, entre 2012 y 2018, quemó 0,03 bcm de gas en Casablanca, la única plataforma petrolífera de España, situada en la costa de Tarragona.

Cepsa también tiene yacimientos en Malasia, donde quemó 0,8 bcm de gas en la década, además de Tailandia, según recoge la estadística del Banco Mundial. A partir de 2022 ha vendido explotaciones en Abu Dabi, Colombia y Perú.

Pese a las iniciativas internacionales y las promesas de los gobiernos y las compañías adheridos a ellas, la quema de gas en antorcha no se ha reducido de forma significativa en los últimos 10 años, tal y como reconoce IOGP (International Association of Oil & Gas Producers), la asociación que reúne a las principales petroleras del mundo. De hecho, en 2023 el flaring creció un 7% respecto al año anterior, alcanzando los 148 billones de metros cúbicos, de acuerdo con los cálculos del Banco Mundial publicados en su más reciente informe de seguimiento. Además, se trata del mayor volumen de los últimos cinco años. Lo que se traduce en unas emisiones contaminantes de 381 millones de toneladas de CO₂e. El Banco Mundial también admite que la reducción de la quema en antorcha “se ha estancado en la última década”.

Sin embargo, empresas como Repsol prometen reducir esta práctica contaminante –y antieconómica– en un 50% en 2025 respecto a 2018 y suprimirla por completo en 2030. La IOGP culpa a “la falta de infraestructuras, la distancia a los mercados, las limitaciones de la inversión de capital y la ausencia de un marco reglamentario eficaz y efectivo” del escaso brío con que las petroleras se dedican a acabar con las antorchas y a aprovechar el gas que ahora se despilfarra.

Por el contrario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), sostiene que el 40% de las emisiones de metano podría evitarse “sin ningún coste neto”, porque el coste de las medidas de reducción es inferior al valor de mercado del gas natural. En precios máximos, además, desde la invasión rusa de Ucrania. Según sus cálculos, harían falta 100.000 millones de dólares hasta 2030 para recortar las emisiones de metano, menos del 3% de los ingresos netos obtenidos por la industria del petróleo y el gas en 2022.

Porque la tecnología para acabar con la quema en antorcha existe, explican a infoLibre los expertos consultados. Aun así, la reutilización del gas que ahora arde en las teas “no es sencilla”, precisa José Antonio García Fernández, profesor de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. “El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no resulta manejable, hace falta un caudal constante para su aprovechamiento energético, para producir electricidad o para su consumo”, explica. De forma que habría que cambiar los procesos para reducir las emisiones variables de gases combustibles. Tratándose de un mecanismo de seguridad, apunta, “si hay un problema en la planta, la única forma sencilla de solucionarlo es enviar el gas a la antorcha”.

No sólo es lo más fácil. Ocurre también que el gas asociado a la extracción de petróleo es un recurso que no interesa –sólo interesa el crudo– y se quema. Fue lo que desveló la investigación emprendida en 2022 por el equipo de Luis Guanter, catedrático de Física Aplicada en la Universitat Politècnica de València y experto en el uso de satélites para detectar y medir las emisiones de metano. Descubrieron que la estatal Pemex quemaba sistemáticamente el gas en una plataforma de la costa de Campeche, en el Golfo de México, a razón de 100 toneladas por hora.

La combustión rutinaria de gas quedó al descubierto gracias al apagón que sufrieron las antorchas de ese yacimiento durante 17 días en diciembre de 2021. Los satélites detectaron entonces las emisiones de metano que se liberaban directamente a la atmósfera desde las teas, inactivas quizá por una avería en las instalaciones. La cantidad de gas fue tal que, sólo en esos 17 días, se expulsó a la atmósfera el equivalente al 3% de las emisiones anuales de México.

En su informe anual, Repsol dice que está “buscando soluciones viables técnica y económicamente para minimizar la quema rutinaria de gas cuanto antes”. Pero en la encuesta de CDP explica que la reducción conseguida en el último año se debe, principalmente, a que ha vendido los yacimientos más intensivos en flaring, en Malasia y Ecuador. Es decir, ya no están en su inventario… pero siguen contaminando en el de la malaya Hibiscus Petroleum y la canadiense New Stratus Energy.

Este periódico ha preguntado a ambas petroleras por las medidas que están adoptando para reducir la quema de gas en antorcha. Repsol asegura que ya ha alcanzado, antes de la fecha prevista –2025–, la reducción prometida de flaring en un 50% respecto a 2018. Y, a fin de llegar al nivel cero de emisiones para 2030, dice que buscará “soluciones para medir de forma más precisa” las emisiones –con drones y avionetas– y separar las quemas rutinarias de las que no lo son. También para reutilizar el gas y generar calor o electricidad en el propio campo, reinyectarlo o darle una salida comercial. La petrolera no contestó a infoLibre qué porcentaje de sus quemas son rutinarias, pero según las estadísticas del Banco Mundial, éstas superan el 57%. Una cifra muy alejada del 1,7% declarado por BP o del 17,5% de TotalEnergies.

Pese a sus buenas intenciones sobre el papel, la petrolera española fue multada en diciembre de 2023 por la North Sea Transition Authority (NSTA) con la mayor sanción que el organismo había impuesto hasta ese momento, 160.000 libras –191.530 euros–, por quemar y ventear 73 toneladas de gas sin permiso en Fulmar, en el Mar del Norte.

Por lo que respecta a sus refinerías en España, Repsol dice haber instalado “uno o más compresores de recuperación de gas para reutilizarlo como combustible”. Y Cepsa menciona que tiene tres proyectos para “maximizar la recuperación de energía y minimizar la cantidad de gas que se quema”, pero no precisa más. También asegura que ha reducido 15.000 toneladas de CO₂ por refinería con las medidas que ha puesto en marcha.

En otros países, como en Congo, se está reconduciendo el gas asociado a la extracción del petróleo para alimentar centrales eléctricas, asegura la IOGP, mientras Petronas captura ahora el gas que antes ardía en sus campos offshore en Indonesia. En Argelia, el Banco Mundial elogia la reducción del 5% conseguida en 2023, la mayor de todos los países, y que atribuye a los proyectos de recuperación de gas puestos en marcha en el campo de Hassi Messaoud, el mayor del país, así como en otros de Tiguentourine, Ohanet y Tin-Fouye-Tabankart.  

El enfoque de Noruega es distinto. Desde los años 90 grava con impuestos a las empresas que operan en el mar del Norte y queman o ventean gas: 65,35 euros por tonelada de CO₂ quemada y 1,17 euros por metro cúbico venteado o emitido. Con semejante desincentivo económico, la quema en antorcha de gas de Noruega equivale ahora al 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las plataformas del Mar del Norte, mientras que la del Reino Unido en la misma zona representa el 25%, según denuncia el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Cinco veces más, por tanto, pese a que los campos offshore británicos producen la mitad de barriles de petróleo que los noruegos.

En noviembre de 2023, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron un reglamento de emisiones de metano en el sector energético que prohíbe tanto la quema como el venteo rutinarios de gas desde el mismo momento en que entre en vigor. Pero no prohíbe las importaciones de gas o petróleo que se hayan producido superando determinados límites de emisiones. Sí que establece que, a partir de enero de 2027, sólo se puedan firmar contratos de suministro si el combustible fósil se ha extraído fuera de la UE cumpliendo los mismos requisitos de medición y control de emisiones impuestos a las empresas europeas.

El problema es que el reglamento no fija ningun límite de emisiones ni de intensidad de metano en la producción del gas y el petróleo. La Comisión lo hará más adelante y las empresas no tendrán que cumplirlo hasta 2030. Estados Unidos, en cambio, sí lo ha hecho ya, recuerda Daniel Zavala-Araiza, y ese límite, apunta, puede servir de referencia para la UE.

“Es insuficiente”, critica el reglamento Marina Gros, de Ecologistas en Acción. No sólo porque no fije un objetivo concreto de reducción de emisiones, añade, sino porque tampoco contempla una estrategia para el abandono de los combustibles fósiles. Es más, Gros advierte de que establece plazos demasiado dilatados: hasta 2026 no habrá una base de datos común sobre emisiones, hasta 2028 las empresas no estarán obligadas a informar de la intensidad de metano de su producción y hasta 2030 no tendrán que demostrar que cumplen con ese límite de emisiones.

Ecologistas en Acción también considera “débiles” las sanciones a las petroleras incumplidoras, que se dejan a la elección de los Estados miembros. Sólo se especifica que las multas deberán ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Y censura que el reglamento no amplíe a las importaciones las medidas que sí deben cumplir las empresas en la UE sobre la quema en antorcha y el venteno, así como sobre detección y reparación de fugas.

Zavala-Araiza, en cambio, defiende un “sano escepticismo” sobre la eficacia del reglamento. “Por primera vez habrá datos reales, recogidos de forma independiente, gracias a los satélites y no proporcionados por la industria, que permitirán poner metas claras de reducción de emisiones”, asegura el investigador. A su juicio, se trata de una “revolución de datos”, necesaria para abordar la emergencia climática.

El investigador de EDF elogia que la UE esté “demostrando liderazgo” y “mandando señales” a otros mercados, como el asiático, al utilizar su poder de compra como primer importador mundial: “Es un cambio de paradigma”.

Al tiempo, alaba los impuestos disuasorios aprobados por Estados Unidos y Noruega. “Supone un cambio de mentalidad: los productores [de petróleo y gas] ya no miden en metros cúbicos, sino en dólares o coronas”.

Fadel y Fátima padecen una misteriosa enfermedad. A Ruqayya le han extirpado un riñón. La familia Al-Safi ha perdido a cinco de sus miembros. Raghad espera que sus cinco hijas tengan una vida próspera, pese a los innumerables gastos a los que le obliga el cáncer del que se está tratando. Khattar perdió a su primera esposa y lucha por conservar la segunda. Muchos ya han pedido responsabilidades a las compañías petroleras en los tribunales.

Todos son vecinos de la ciudad de Basora, en el sur de Irak, concretamente de las zonas residenciales próximas a los yacimientos de Rumaila, Zubair, Majnoon, West Qurna… cuyas antorchas registran las tasas de combustión de gas –flaring en inglés– más elevadas del mundo. Sus historias son una buena muestra de la alarmante crisis sanitaria que padece la zona.

Este reportaje forma parte de Burning Skies, una investigación del Environmental Investigative Forum (EIF) y la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, junto con la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica). El proyecto examina las emisiones de gas producto de la quema en antorcha en 18 países de África y Oriente Próximo. El equipo al cargo de la investigación ha cruzado los datos de emisiones de gas de la ONG medioambiental Skytruth con mapas de concesiones de petróleo y gas para calcular las emisiones anuales de gas quemado en cada activo –yacimientos de petróleo y gas, refinerías, plantas de GNL– en esos países entre 2012 y 2022.

Hassan Abdul Amir tiene 40 años y jamás pensó que los campos petrolíferos próximos a su barrio podían convertirse en una fuente de devastación para él y su familia. Vive en Al-Sharsh, al sur del distrito de Al-Qurna, que está rodeado por tres grandes yacimientos.

Por el contrario, Hassan esperaba que los pozos le proporcionaran prosperidad y una vida cómoda para él, su familia y sus vecinos. Sin embargo, sus sueños se han convertido en una pesadilla. Los gases emitidos por las antorchas que no se apagan ni de día ni de noche han afectado de lleno a la salud de sus hijos. Fadel y Fátima sufren una enfermedad misteriosa que les oscurece la piel y les cubre el cuerpo de ampollas y llagas, los médicos han sido incapaces de diagnosticar y cuyo tratamiento su padre no puede pagar.

Pero Hassan, ya jubilado por razones médicas, culpa a las emisiones de los campos de Qurna, y a los vertederos y fábricas de cemento y asfalto, del destino de sus dos hijos. Los medicamentos que toman, se queja desesperado, son inútiles y sólo les proporcionan un alivio temporal.

Aunque Irak se encuentra entre los firmantes de la iniciativa Zero Routine Flaring (ZRF) del Banco Mundial, que se compromete a poner fin a la quema rutinaria de gas para 2030, las estimaciones de Burning Skies indican que el volumen total de quema en Irak aumentó de 10.900 millones de metros cúbicos en 2012 a 15.800 millones de metros cúbicos en 2022, alcanzando un máximo de 16.000 millones en 2021. Esta escalada ha provocado también un alza de las emisiones de CO₂e, que ha pasado de 28,2 millones de toneladas en 2012 a 40,8 millones en 2022.

Irak, de hecho, es el país donde más gas arde y más CO₂e se emite de los 18 países analizados: 158,63 bcm de gas quemado y unas emisiones de 403,7 millones de toneladas de CO₂e en la década estudiada, según las estimaciones de la investigación. De acuerdo con las cifras que publica el Banco Mundial, no hay duda: Irak es el país del mundo donde más gas se quema.

Burning Skies revela que los siguientes yacimientos iraquíes han quemado gas en antorcha durante una década de forma rutinaria:

Como se ve, la mayoría de las empresas responsables son europeas. Y queman gas en sus antorchas en Irak pese a que están obligadas por leyes estrictas en sus países, se adhieren a normativas y procedimientos relacionados con la sostenibilidad y están comprometidas con la iniciativa del Banco Mundial. Pero es que, además, en Irak no existe regulación alguna sobre la combustión de gas en las explotaciones petrolíferas.

Uno de los yacimientos iraquíes con más antorchas activas es el de Halfaya, a 200 kilómetros de Basora, donde la empresa francesa Total Energies tiene una participación del 22,5%. Halfaya no sólo es el campo que más quema de Irak, sino también el más contaminante de todos los que es propietario Total.

En una entrevista concedida a Al-Mirbad y Daraj, Kazem Dinar, que vive en el pueblo de Al-Mu’ayal, cerca de Halafaya, cuenta que su hijo Jalal desarrolló un cáncer de tiroides y tuvieron que extirparle la glándula. “Los médicos”, añade, “sugieren que la causa probable es la contaminación atmosférica debida a la quema de gas”.

EIC preguntó a TotalEnergies por las emisiones de Halfaya y sus efectos sobre las poblaciones cercanas. La compañía francesa se limitó a declarar: “Señalamos que CNPC [la empresa estatal China National Petroleum Corporation] es el operador”.

Abu Ali es otro vecino del campo de Qurna. Perdió a su hijo mayor, Ali, por un cáncer e interpuso una demanda contra BP, uno de los operadores de Rumaila, que es el mayor yacimiento petrolífero de Irak. Aún está esperando que la justicia se pronuncie.

“BP nunca ha sido ni será el operador del yacimiento petrolífero de Rumaila, ni tenemos intereses o derechos de propiedad sobre el yacimiento o sobre el petróleo que produce”, responde la petrolera británica a preguntas de EIC. “Sin embargo”, matiza a continuación, “como accionista del principal contratista [Basrah Energy Company Limited (BECL)] seguimos apoyando los esfuerzos para minimizar la quema en antorcha y las emisiones en Rumaila, en cooperación con el operador del campo petrolífero, Rumaila Operating Organisation (ROO)”. Rumaila incluye “instalaciones de petróleo y gas operadas por terceros, en las que BP no está involucrada y cuyas antorchas también queman gas”. La compañía tiene “la intención de seguir apoyando a BECL y ROO en estas acciones, en colaboración con el Gobierno iraquí y otras partes interesadas”, concluye.

EIC también ha preguntado a la italiana ENI por el yacimiento de Zubair, otro de los más contaminantes. Su respuesta se ajusta a la que dan otras grandes petroleras: son propietarios, pero no operadores y se atienen a la legislación del país en que trabajan. Por tanto, eluden cualquier responsabilidad en lo que se refiere a los efectos de la contaminación en las poblaciones cercanas: “ENI Iraq es contratista desde 2010 en virtud de un Contrato de Servicios Técnicos (CST), por lo que ENI ni posee ni explota Zubair. Basra Oil Company (BOC), como primera parte, es propietaria del yacimiento de Zubair y de sus activos, concretamente tanto de la totalidad del crudo como del gas asociado producido. La estrategia de desarrollo, incluida la contención de las emisiones, sigue siendo competencia de BOC”.

Además, la petrolera italiana asegura que el campo de Zubair está gestionado por una entidad sin ánimo de lucro, denominada Zubair Field Operating Division (ZFOD), que “carece de poder de decisión”. En todo caso, dice que ENI Iraq, “en su papel técnico y con un enfoque proactivo, colabora con BOC para reducir y minimizar la quema de gas y aumentar el valor del gas asociado mediante proyectos destinados a mejorar la gestión de los volúmenes de gas entregados a Basra Gas Company”. También lleva a cabo “controles y seguimientos continuos de las principales matrices medioambientales en la zona del yacimiento de Zubair: agua, suelo, aire, radiactividad natural”. Según destaca, sus resultados “se ajustan a la legislación iraquí y a las normas internacionales”. Incluso hace “encuestas de higiene industrial y estudios de evaluación de riesgos para la salud” de forma periódica.

La italiana dice que ha invertido 32 millones de dólares en atención sanitaria en Basora. En concreto, en “iniciativas dedicadas al diagnóstico oncológico, la atención pediátrica y una moderna unidad de tomografía por emisión de positrones”.

A Ruqaiya, una niña de nueve años antes alegre y vital, le extirparon un riñón. Sus padres viven con el temor constante de que se le dañe el otro, por lo que recibe cuidados especiales. El primer riñón lo perdió por un cáncer que terminó devorándole el órgano. Sus padres aseguran que el tumor lo provocó el gas emitido por los campos petrolíferos cercanos. Ra’ed, el progenitor de Ruqaya, expresa su frustración por no haber recibido ninguna ayuda pública, para sufragar los gastos médicos.

Otro residente de la zona, Wujud Al-Safi, ha perdido a cinco miembros de su familia y otros tres padecen cáncer. “¿Cómo es posible que el Ministerio del Petróleo pague sólo 300.000 dinares [205 euros] al año, que apenas alcanzan para comprar medicamentos para unos días?”, se pregunta. “¿Dónde están las parcelas de tierra que nos prometió el Gobierno? No queremos vivir en esas tierras. ¡Queremos venderlas para comprar medicamentos con ellas!”.

Al-Safi también reprocha a las autoridades de Basora que no hayan construido un hospital en Al-Qurna donde se pueda tratar a los enfermos, lo que obliga a la gente a desplazarse decenas de kilómetros hasta el centro médico más cercano, en la ciudad de Basora, para recibir la quimioterapia necesaria.

El hombre se deshace en preguntas retóricas: “¿Por qué hay advertencias contra el humo de los cigarrillos, pero ninguna contra los llamaradas de petróleo cerca de nuestros barrios? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no reconoce la contaminación causada por la industria petrolera? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?”.

El proyecto de ley federal de petróleo y gas presentado en 2011 no fue aprobado por el Parlamento iraquí pero, aun así, el Gobierno se ha fijado el objetivo de eliminar la quema rutinaria en los yacimientos, como parte de la iniciativa del Banco Mundial para 2030.

Según la Constitución y las leyes iraquíes, los ciudadanos tienen derecho a residir en un entorno seguro y limpio, libre de contaminantes. Los habitantes de zonas próximas a los campos petrolíferos viven en las tierras que heredaron de sus padres y abuelos, y no pueden abandonarlas: la bendición que esperaban de las petroleras se ha terminado convirtiendo en una maldición insoportable.

En diciembre de 2021, el ministro de Petróleo iraquí se comprometió a reducir la quema de gas en un 90% para 2024. Pero Burning Skies pone al descubierto que sigue habiendo unos elevadísimos volúmenes de combustión, buena parte de ellos responsabilidad de operadores europeos.

El exministro iraquí de Medio Ambiente Jassim Al-Fallahi reconoció en su día que la contaminación derivada de la extracción de petróleo es la principal causa de las elevadas tasas locales de cáncer, y citó en concreto la quema de gas como un factor que contribuye significativamente al aumento del riesgo de leucemia en las comunidades cercanas a los yacimientos petrolíferos de Basora.

De hecho, un informe filtrado del Ministerio de Sanidad iraquí atribuye el crecimiento del 20% en los casos de cáncer en Basora entre 2015 y 2018 a la contaminación del aire, también las emisiones procedentes de la quema de gas.

Además, estudios e investigaciones, incluida una de la BBC, han encontrado altos niveles de benceno y sustancias químicas cancerígenas en el aire alrededor de los campos petrolíferos y en muestras de orina de quienes viven cerca, lo que sugiere una fuerte correlación entre la quema de gas y el aumento de las tasas de cáncer.

En el distrito de Al-Deir, al norte de Basora, donde se encuentra el yacimiento petrolífero de Nahran Bin Omar, vive Raghad Jassem, funcionario del Ministerio del Interior y padre de cinco hijas. Le extirparon el apéndice tras diagnosticarle una apendicitis, pero sus dolores no desaparecieron. Cuando volvió al médico, le descubrieron un cáncer de colon. Tuvo que someterse a una segunda operación para extirparle 83 centímetros de intestino.

En ese momento comenzó el periplo de Raghad por el sufrimiento, la enfermedad y el dolor, viajando entre Irak, Irán y Líbano desde 2021 en busca de tratamiento o una dosis de quimioterapia. Además de tener que afrontar gastos inasumibles: cada dosis de quimioterapia le cuesta 2,1 millones de dinares –1.438 euros– , pero también tiene que pagar análisis de sangre, resonancias magnéticas y endoscopias.

Cuando en 2023 reapareció el dolor, Raghad viajó a Irán de nuevo para repetir las pruebas necesarias, que mostraron una obstrucción y dos tumores. Así que está pasando por un nuevo ciclo de quimioterapia, con la esperanza de recuperarse totalmente para cuidar de sus cinco hijas y darles la vida raghida (próspera) con la que sueña.

Desde Nahr Omran, en el distrito de Al-Qurna, al norte de Basora, hasta Zubair, en el oeste de la ciudad, se suceden los campos petrolíferos. En la zona de Shuaiba vive Hadi Khattar, cerca de los pozos. Hadi perdió a su primera esposa, madre de seis hijos, a causa de un cáncer. Después se casó con otra mujer que también desarrolló un cáncer de mama y sigue aún bajo tratamiento. Hadi, un hombre tranquilo y sencillo, sólo reclama tratamiento médico.

Esta investigación ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe

Queman el cielo, el medio ambiente y la salud humana. Las grandes petroleras europeas occidentales, como BP, ENI, TotalEnergies y Shell, figuran entre los 10 empresas que más contaminan quemando gas en las antorchas de los yacimientos que explotan en África y Oriente Próximo. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica).

La quema de gas en antorcha –flaring en inglés–, una práctica habitual de las petroleras, que prenden fuego al exceso de gas natural de sus yacimientos de hidrocarburos, depósitos y refinerías, tiene costes demoledores para la población y la biosfera, además de ser uno de los principales productores de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de los combustibles fósiles, con graves repercusiones en el cambio climático.

Según el último informe anual del Banco Mundial, la quema de gas en antorcha emitió 381 millones de toneladas de CO₂e en todo el mundo en 2023. El CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono. Esta enorme cantidad representa el 1% de las emisiones globales, más que las emisiones anuales de un país como Francia –315 millones– para el mismo año, según la Base de Datos Europea de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global.

Pese a su volumen, las llamas tóxicas de las grandes petroleras no han sido visibles hasta ahora, debido a la falta de transparencia de las empresas. Los datos disponibles sólo ofrecen las emisiones totales por países. Algunas petroleras que se han adherido a las iniciativas del Banco Mundial y del Carbon Disclosure Project (CDP), sí declaran sus cifras de combustión en todo el mundo, pero no dan más detalles.

Por primera vez, la investigación Burning Skies revela las responsabilidades individuales de las grandes petroleras que están detrás de esta perniciosa práctica.

Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, este proyecto ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 instalaciones petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

En estas dos regiones, se ha asignado un volumen estimado de emisiones totales de 1.370 millones de toneladas de CO₂e durante esta década a las petroleras que las producen. Las europeas son las que más contaminan, con un 33% de las emisiones, por delante de las empresas de Oriente Próximo (31%) y Norteamérica (14%).

Cinco grandes petroleras europeas figuran entre las 10 más contaminan con sus antorchas, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies: la británica BP ocupa la segunda posición con 133 millones de toneladas de CO₂e  emitidas entre 2012 y 2022, seguida de la italiana ENI –121 millones–. La francesa TotalEnergies es la quinta –63,4 millones–, la franco-británica Perenco es la sexta –50 millones– y la holandesa-británica Shell es la séptima –47 millones–.

El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil ocupa el cuarto puesto, con 90 millones de toneladas de CO₂e . Pero el mayor contaminador con diferencia en estos 18 países es la empresa estatal argelina Sonatrach: su quema de gas en antorcha emitió 235 millones de toneladas de CO₂e  en una década, casi cuatro veces más que TotalEnergies.

Contactada por Daraj, Sonatrach no ha hecho ningún comentario sobre estos resultados. Por su parte, TotalEnergies indicó a Mediapart que la utilización de “imágenes por satélite”, como se ha hecho en Burning Skies, es “muy poco precisa en comparación con las mediciones in situ” y puede dar lugar a “sobreestimaciones”, pero la empresa no ha facilitado sus propias estimaciones para cada uno de los yacimientos que explota.

En los yacimientos de petróleo y gas, pero también en las infraestructuras donde se almacenan hidrocarburos, se acumula un exceso de gas natural, compuesto sobre todo por metano, que precisa ser liberado. En algunos casos, por motivos de seguridad, para evitar explosiones. La primera solución es liberarlo al aire, una práctica llamada venteo –venting en inglés–, que es devastadora, ya que el metano atrapa 84 veces más calor que el CO₂ durante 20 años.

Como alternativa, la quema en antorcha consiste en prender fuego al metano, lo que se considera mejor para el clima, al convertir la mayor parte del gas en CO₂. Sin embargo, la antorcha sigue generando enormes niveles de emisiones, además de producir un cóctel tóxico de compuestos volátiles, óxidos de nitrógeno y partículas finas, conocido por sus funestos efectos: no sólo contaminan el aire, sino también el suelo y el agua. Además, ponen en peligro la salud de millones de personas que viven cerca de las zonas de combustión, provocando enfermedades respiratorias y cutáneas, cánceres y nacimientos prematuros. Según un estudio publicado en el Journal of Public Economics, las patologías empiezan a aumentar incluso en poblaciones situadas a 90 kilómetros de las llamaradas.

Las redacciones asociadas en esta investigación Daraj, NRC Handelsblad, SourceMaterial, Oxpeckers y la plataforma estadounidense Mongabay visitaron siete países distintos –Irak, Kurdistán, Egipto, Túnez, Argelia, Nigeria y Angola– para informar sobre el destructivo impacto de la quema de gas en las poblaciones locales, con zonas residenciales enteras expuestas a sólo 10 kilómetros de las teas tóxicas operadas por grandes petroleras como BP, ENI, Shell o TotalEnergies.

Sin embargo, algunas de estas compañías señalan a las propias poblaciones. A preguntas del periódico holandés NRC Handelsblad sobre la exposición de quienes residen cerca de sus yacimientos en Nigeria, Shell declaró que su “derecho de paso” había sido “invadido” por las comunidades locales. “Muchas de nuestras instalaciones de producción de petróleo y gas no estaban situadas originalmente en zonas densamente pobladas”, indicó Shell. “Seguimos trabajando con los gobiernos estatales y otras partes interesadas para disuadir a las comunidades de invadir las zonas operativas”.

A pesar de las promesas de gobiernos y petroleras, la lucha contra la quema de gas en antorcha ha sido hasta ahora un fracaso. Según el Banco Mundial, las emisiones de las teas aumentaron un 7% en 2023 con respecto al año anterior, y no se ha producido ningún descenso desde 2010. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la quema de gas en el mundo “no va por buen camino” para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Es “urgente” tomar medidas, insta el último informe del Banco Mundial, publicado en junio de 2024: “Lo que hace recaer en los operadores la responsabilidad de garantizar que el petróleo y el gas se produzcan de la forma más limpia posible durante la transición energética”.

Pero el problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que las antorchas son, además, un gran despilfarro: se quema gas para nada, pese a que ya existe una tecnología madura para recuperar el metano y utilizarlo en la generación de electricidad. Un recurso muy necesario en los países de África y Oriente Próximo estudiados en esta investigación, que sufren una gran escasez de electricidad. Según el Banco Mundial, el volumen de metano quemado alcanzaría para “abastecer de electricidad a toda el África subsahariana”.

Según el Banco Mundial y la AIE, bastarían inversiones por valor de 200.000 millones de dólares para reducir las emisiones de metano bruto y poner fin a la quema rutinaria. Una cifra que equivale sólo al 5% de los beneficios de explotación anuales del sector de los combustibles fósiles (cuatro billones de dólares en 2022).

Las grandes petroleras han introducido sistemas para reducir la quema en algunos de sus yacimientos, pero siguen mostrándose reacias a invertir a gran escala. Porque quemar en antorcha es más barato, y la recuperación del metano puede afectar a la producción de petróleo.

“El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no es gestionable. Se necesita un caudal constante para producir electricidad”, explica José Antonio García Fernández, catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. “Cuando investigamos el flaring en Irak con la BBC, un ingeniero nos dijo que, debido a estos problemas de presión, para recuperar más gas hay que reducir la producción de petróleo, pero las petroleras optan por preservar la producción», explica Aidan Farrow, científico senior de la unidad científica internacional de Greenpeace.

Según Farrow, la principal razón de que haya fracasado la reducción de las emisiones de gas quemado es la “falta de una legislación que realmente tenga fuerza y consecuencias”. Así lo confirma también Burning Skies.

Los datos de esta investigación revelan que, durante la última década, las compañías petroleras emitieron un volumen estimado de 451 millones de toneladas de CO₂e  en nueve países africanos donde la quema está prohibida por ley o autorizada sólo excepcionalmente, desde hace pocos años: República del Congo, Angola, Camerún, Gabón Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Argelia. Más de la mitad de estos volúmenes –263 millones de toneladas– han sido emitidos por grandes petroleras occidentales como TotalEnergies y BP.

Se demuestra así que estos países en desarrollo son bastante indulgentes con las petroleras, contraviniendo el espíritu de sus propias leyes, para maximizar los ingresos y la producción. La situación no es mejor en los países donde la quema en antorcha no está regulada o lo está de forma deficiente, como Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, la Unión Europea, que es el mayor importador de hidrocarburos del mundo, lleva mucho tiempo haciendo la vista gorda. El pasado 13 de junio entró en vigor un nuevo reglamento comunitario destinado a atajar las emisiones de metano del sector energético, que los activistas medioambientales consideran decepcionante.

El reglamento prohíbe tanto el venteo como la quema en antorcha en el territorio de la UE, salvo excepcionalmente por razones de seguridad. Pero el texto es mucho más laxo con las importaciones. Se prohibirá vender en Europa petróleo y gas cuya intensidad de metano sea demasiado alta, aunque sólo a partir de agosto de 2030, y la intensidad máxima de metano no se definirá hasta 2029. En resumen, no hay garantías de que la UE vaya a imponer que los hidrocarburos importados sean tan limpios como los producidos en su territorio.

En la actualidad, la lucha contra la quema se basa en gran medida en iniciativas internacionales voluntarias activadas por el Banco Mundial, cuya eficacia es muy cuestionable.

La Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas (GFMR por sus siglas en inglés), lanzada en 2023, está compuesta por gobiernos, organizaciones multilaterales y compañías petroleras, que se comprometieron a aportar 255 millones de dólares en “nuevas subvenciones”. Pero se trata de una fracción ínfima de los 100.000 millones de dólares necesarios, según el propio Banco Mundial, para acabar con la quema rutinaria, es decir, la combustión continua de gas y no sólo por razones de seguridad.

El programa insignia del Banco Mundial, denominado Iniciativa Quema Rutinaria Cero (ZRF, por sus siglas en inglés), se puso en marcha en 2015. Ha sido respaldado por gobiernos y empresas petroleras, incluidos los principales operadores de quema que aparecen en esta investigación, excepto la francesa Perenco. Todos ellos se comprometieron a poner fin a la quema rutinaria para 2030.

Pero en sus declaraciones al Banco Mundial las siete petroleras europeas –BP, ENI Equinor, Repsol, Shell, TotalEnergies y Wintershall– revelan que, por término medio, sólo el 32% de su quema es “rutinaria”. Es decir, que, aun respetando su compromiso, la gran mayoría de sus emisiones seguirán en el aire.

Las diferencias entre las cifras sobre quema rutinaria que publican las empresas son tan grandes que ponen en duda la exactitud de su metodología. A pesar del enorme nivel de emisiones, BP considera que sólo el 1,7% de sus quemas son ordinarias, y TotalEnergies sólo el 17,5%, mientras que ENI y Repsol declaran al Banco Mundial que superan el 50%.

Estos números también parecen contradecirse con un estudio publicado por la AIE, que afirma que el 66% de las quemas en todo el mundo son rutinarias. Preguntado por EIC, Tomás de Oliveira Bredariol, analista de política energética y medioambiental de la AIE, explica que el estudio define la combustión rutinaria como las antorchas “que funcionan más del 85% del tiempo”. “Las empresas”, precisa, “pueden considerar una definición diferente”.

Zubin Bamji, director de Global Flaring and Methane Reduction (GFMR), calcula que la quema rutinaria representa una media de “aproximadamente el 70% de la quema” en todo el mundo. Según Bamji, se han declarado tasas de hasta el 100% en Níger y Camerún, pero del 0% en Dinamarca o Arabia Saudí.

Lo cierto es que, a día de hoy, no existe ni una definición común ni una verificación independiente de los volúmenes de quema rutinaria. Una carencia muy conveniente para las grandes petroleras.

“Lo que necesitamos es hacer un seguimiento de la quema con mediciones y controles directos, y ya tenemos ahora todas las herramientas para hacerlo”, comenta Daniel Zavala-Araiza, investigador de la ONG Environmental Defense Fund (EDF) la Universidad de Utrecht. “Y más allá de este problema de definición de la combustión rutinaria, es la quema en su conjunto lo que hay que reducir de forma significativa”.

Las compañías petroleras también tienden a subestimar su responsabilidad. Todas las grandes empresas europeas declaran únicamente los volúmenes de emisión de los activos que operan, sin incluir los yacimientos en los que son socios minoritarios, a pesar de que obtienen beneficios de ellos.

Uno de los ejemplos más llamativos es Rumaila, en el sur de Irak, el yacimiento petrolífero más contaminante de esta investigación, con más de 105 millones de toneladas de CO₂e quemadas entre 2012 y 2022. El gigante petrolero británico BP considera que no tiene ninguna responsabilidad, aunque posee el 47,63% de Rumaila y figura como operador en el registro petrolero iraquí durante este periodo.

Incluso teniendo en cuenta sólo los activos operados, también observamos discrepancias entre los resultados de Burning Skies y las declaraciones de algunas grandes petroleras europeas, lo que sugiere que infradeclaran sus emisiones.

En el caso de las cifras de emisiones de BP, estimamos que, sólo en los 18 países analizados, las emisiones atribuidas a la empresa duplican las declaradas por BP en todo el mundo. La petrolera británica explicó a SourceMaterial que está “trabajando para gestionar y reducir la quema en antorcha” en los activos que explota, pero rechazó comentar esta discrepancia. En el caso de ENI, Burning Skies estima unas emisiones de CO₂e 2,8 veces superiores a las emisiones mundiales declaradas por la empresa. Contactada por Domani, ENI informó al cabo de 10 días de que los datos originales que Burning Skies había utilizado “no permiten identificar individualmente los activos y asociarlos al operador correspondiente” y pidió revisar la lista de yacimientos que la investigación había tenido en cuenta. Tras facilitársela, la empresa italiana respondió que “algunos activos no están explotados o se encuentran fuera del perímetro de ENI”, pero no especificó cuáles.

Por si fuera poco, dos estudios científicos recientes consideran que las estimaciones de emisiones de la quema en antorcha, medidas en CO₂ equivalente, podrían ser en realidad mucho más altas de lo que se pensaba. Los estándares científicos utilizados por el Banco Mundial –que también se utilizan en esta investigación–, consideran que el 98% del metano enviado a la antorcha se quema, lo que se denomina “eficiencia de combustión”.

Los cambios en esos índices de eficiencia pueden tener un gran impacto en los cálculos: si se quema menos gas, las emisiones de metano serán mayores y hay que recordar que el metano tiene un efecto en el calentamiento global mucho mayor que el CO₂. Para el Banco Mundial, una eficiencia de combustión del 92% implica un 30% más de emisiones equivalentes de CO₂.

Así, un primer estudio, realizado en 2021 por la ONG Environmental Defense Fund (EDF), midió la eficiencia de combustión en condiciones reales en la Cuenca Pérmica, la mayor zona de producción petrolífera de Estados Unidos, utilizando satélites y helicópteros con cámaras infrarrojas. El estudio reveló que las empresas emiten 3,5 veces más metano del que declaran a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU.

Un segundo estudio, publicado en 2022 en la revista académica Science y realizado en tres regiones petrolíferas de EEUU, confirmó estos resultados y descubrió que se quema el 91% del metano, en lugar del 98%. Lo que sugiere una “subestimación sustancial” de las emisiones reales de las antorchas.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficaces, ya que queman menos del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza. “Además, ocurre que si las antorchas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de los incidentes, las emisiones reales son altísimas”, añade.

Otro factor agravante es la producción de hollín por la quema de gas. Estas finas partículas, también conocidas como carbono negro, se consideran 1.500 veces más potentes que el CO₂e y proceden de la combustión incompleta de combustibles fósiles. La Unión Europea de Geociencias considera que se puede atribuir a la combustión en antorcha puede el 40% de los depósitos anuales de carbono negro en el Ártico, que se cree se liberarán durante el deshielo en un futuro próximo. Sin embargo, debido a la falta de datos sobre la eficiencia de las antorchas en todo el mundo, el carbono negro no se tiene en cuenta en las actuales normas de información sobre combustión de gas en los yacimientos petrolíferos.

“Es importante reducir la quema en antorcha y las fugas de metano, pero dudo que el problema pueda resolverse sólo con inversiones y tecnología”, critica Aidan Farrow, el científico de Greenpeace. “Deberíamos tener una visión más amplia. El problema de la combustión en antorcha demuestra que debemos abandonar el uso de combustibles fósiles”, zanja.

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Esta investigación forma parte de la serie Burning Skies: Behind Big Oil's toxic flames, llevada a cabo por el consorcio mundial de periodistas de investigación medioambiental EIF, en colaboración con la red European Investigative Collaborations, a la que pertenece infoLibre, y sus socios Daraj, SourceMaterial y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism. Esta serie ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe.