En una soleada tarde de abril, Markus Klatte sube la escalera al tejado de su fábrica de reciclaje químico. Desde lo alto, contempla el polígono industrial situado al oeste de Fráncfort (Alemania), donde Höchst AG impulsó en su día la producción germana de plásticos. Hoy, Klatte quiere que su compañía se ocupe de su legado: las enormes cantidades de plástico que aún se queman en plantas incineradoras de toda Europa.

Desde hace unos meses, la empresa de Klatte, Arcus Greencycling, explota una de las primeras plantas de pirólisis de tamaño industrial de Alemania. La planta convierte el plástico de aluminio en aceite que luego se envía al Grupo BASF para que vuelva a producir plástico. "Podemos ayudar donde el reciclaje convencional no puede", se entusiasma Klatte mientras pasa junto a las bolsas de las que su máquina extrae el plástico usado. Es un material que las plantas convencionales no pueden reciclar. "Los índices de reciclaje son bajos", añade. "Queremos contribuir a ello. Necesitamos reciclaje químico".

La Unión Europea ha hecho del reciclaje una prioridad en su Pacto Verde. La futura economía circular, donde los residuos plásticos se convertirán en plástico nuevo, también se construirá sobre esta base. El objetivo es "cerrar el círculo", explicó el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans en 2015 al presentar el Plan de Acción de Economía Circular. La Alianza de Plásticos Circulares le siguió en 2018 y de nuevo fue Timmermans quien presentó la iniciativa, declarando que Europa estaba "a la cabeza" con sus esfuerzos en favor de la economía circular.

Pero la UE está lejos de alcanzar sus objetivos. Mientras que los recicladores cuentan desde hace tiempo con procesos eficientes para crear nuevos productos a partir de chatarra y vidrio, lo tienen más difícil con el plástico. El problema es que no todos los plásticos son iguales. Bajo el término plástico se agrupan diferentes polímeros con distintas propiedades. Y los fabricantes de plástico unen cada vez más los distintos materiales para fabricar envases multicapa. Pero los recicladores convencionales no pueden procesar este tipo de envases. Alrededor del 60% de los residuos de envases de plástico de Europa sigue sin reciclarse, y gran parte se envía a plantas incineradoras.

Esto es lo que empresas como BASF, socio comercial de Klatte, afirman ahora que pueden solucionar. Asociaciones industriales de Bruselas como el Consejo Europeo de la Industria Química y Plastics Europe promueven enérgicamente la nueva tecnología. "Podemos cerrar el círculo", aseguró un lobista a la Comisión de la UE en 2019, según las actas de la reunión obtenidas por Investigate Europe e infoLibre, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa (puedes leer aquí todos los reportajes de nuestra investigación).

Zero Waste Europe ha rastreado durante años cómo las corporaciones utilizan su poder para presionar a las instituciones de la UE. "El concepto de reciclaje químico no es nuevo", afirma Janek Vähk, de la ONG. "La industria lleva décadas promoviéndolo".

A principios del milenio, BASF puso en marcha una planta de pirólisis que convertía los residuos plásticos en aceite. Pero ésta y otras plantas similares desaparecieron pronto. El aceite producido no podía competir con el crudo barato de la época. Pero las empresas químicas han renovado la esperanza desde que la UE lanzó sus planes de economía circular.

En otra reunión, la industria química se declaró partidaria de "la necesidad de ser ambiciosos en términos de circularidad", y señaló a la Comisión que el proceso es complementario de los métodos existentes. También anunció inversiones masivas en el futuro. Se prevé que la industria invierta 7.200 millones de euros en 2030 en reciclaje químico en Europa, con 44 proyectos previstos en 13 países de la UE. Para entonces, las plantas deberían producir 3,4 millones de toneladas de plástico reciclado. En la actualidad, sólo hay un puñado de plantas de reciclaje químico operativas en Europa, pero los planes de nuevas instalaciones en Alemania, Polonia, Reino Unido y España apuntan a un interés creciente.

En un informe sobre el reciclaje químico en España, encargado por la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique), se indica que con este sistema “se tratan más de 11.500 toneladas de residuos plásticos”. Prácticamente la totalidad se recicla en dos instalaciones de la empresa Plastic Energy en Sevilla y Almería.

Es una cantidad testimonial, pero la industria “estima que las inversiones anunciadas en España permitirán multiplicar por 40 la capacidad de tratamiento de residuos mediante reciclaje químico, alcanzando casi medio millón de toneladas en 2025”. Entre las nuevas plantas previstas o en construcción hay varias controladas por las multinacionales Repsol y Sacyr. En total, Feique relaciona hasta doce proyectos en España.

En ese informe se admite que “las tecnologías asociadas al reciclaje químico son incipientes”, aunque en los próximos años “se espera una mayor escalabilidad” que permita tener “más datos sobre la viabilidad técnico-económica real”. De momento, se estima que sólo el 0,2% de los residuos de plástico post-consumo recogidos en Europa “son valorizados mediante procesos de reciclaje químico”.

En la actualidad, los recicladores mecánicos tradicionales no sólo son incapaces de tratar los envases multicapa, sino también los residuos plásticos demasiado sucios para seguir procesándolos. El Centro Común de Investigación de la UE concluyó en un estudio que los sistemas de gestión de residuos en los países de la UE son "deficientes". Según Eurostat, el año pasado sólo se recicló el 38% de los envases de plástico.

Pero algunos expertos del sector dudan de que el reciclaje químico sea la solución. "Hay una correlación entre la calidad de los residuos que entran en el proceso y el aceite con el que acaban", explica un experto en residuos que no quiere ser nombrado. "Hay un desfase entre el aceite de pirólisis y las especificaciones que la industria química necesita en sus plantas para plásticos vírgenes". Cuanto más pura sea la materia prima, mejor será el resultado. Pero los recicladores convencionales también necesitan lo mismo.

"Hay que evitar la competencia con las tecnologías de reciclaje existentes", defiende Julia Vogel, de la UBA, la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania. "Todavía hay muchas preguntas sin respuesta", destaca. Para Vogel, no está ni mucho menos demostrado que las plantas de pirólisis puedan procesar plástico muy contaminado. La UBA inició en 2020 un proyecto de investigación de cuatro años sobre la nueva tecnología para, con suerte, aclarar esas incertidumbres. "Sin embargo, debido a la precaria situación de los datos", admitió en su informe inicial, "una evaluación de los procesos de reciclaje químico es actualmente todavía difícil". Vähk, de Zero Waste Europe, está de acuerdo: "Hasta ahora no está nada claro hasta qué punto es sostenible la pirólisis".

Las empresas químicas se apresuran a descartar estas preocupaciones. Sus páginas web están llenas de campos verdes y océanos azules y promesas de una nueva tecnología que puede salvar el planeta: menos incineración, menos importaciones de petróleo, menos emisiones de CO2. Y es que las plantas de reciclaje químico no sólo producen aceite de pirólisis, sino también otros materiales que más tarde pueden utilizarse como combustible.

Las empresas van a invertir miles de millones de euros en esta nueva tecnología en los próximos años, por lo que los grupos de presión exigen a la Comisión Europea que garantice la "seguridad de la inversión". Para la industria química, esto significaría que la UE permita que el aceite y otros materiales generados durante el proceso se contabilicen como materiales reciclables, además de los plásticos reciclados propiamente dichos. A este modelo lo llaman "asignación libre".

Durante la pirólisis, aproximadamente entre el 30% y el 40% del material de entrada acabará convirtiéndose de nuevo en plástico. Las pérdidas de material son del 5% al 10%, mientras que los materiales restantes también pueden ser utilizados por las empresas químicas para volver a producir combustible. Si la UE aprueba este planteamiento de asignación libre, no sólo podría contabilizarse como material reciclado lo que vuelve a convertirse en plástico, sino casi todo lo demás.

Sin embargo, sin el respaldo de la Comisión, es poco probable que las empresas impulsen el reciclaje químico por una sencilla razón: no es rentable. El petróleo crudo es demasiado barato, los costes energéticos son demasiado elevados y la tecnología es demasiado cara en comparación con la producción de plástico virgen y el reciclaje tradicional. Según el estudio del Centro Común de investigación, el reciclaje químico por pirólisis sólo alcanzará el umbral de rentabilidad en 2033 en condiciones favorables y tras la innovación tecnológica.

Pero con la UE ansiosa por alcanzar sus objetivos de economía circular y una nueva normativa que obligará a que todos los envases alimentarios contengan al menos un 10% de plásticos reciclados para 2030, plantas como la de Markus Klatte en Alemania podrían ser cada vez más comunes en toda Europa. Si merecerán la pena o no, aún no se sabe.

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Edición: Chris Matthews

En la ciudad polaca de Wschowa, no lejos de la frontera alemana, el negocio de extracción de arena de un empresario llamó la atención de las autoridades después de que los vecinos se quejaran del fuerte olor proveniente de aquellos terrenos. Los documentos judiciales demuestran que Zbigniew T. no hizo su fortuna vendiendo arena, sino enterrando miles de toneladas de residuos ilegales procedentes de Alemania y Polonia occidental. Los pozos de arena y grava que explotaba su empresa tenían varios cientos de metros de profundidad y, según la Fiscalía, se llenaron con casi medio millón de metros cúbicos de residuos, suficientes para llenar unos 5.000 camiones grandes.

"Hay plásticos (fragmentos de película de diversos tamaños), fragmentos de envases de queso, tapones, envases vacíos de cosméticos", declaró un inspector medioambiental que tomó una muestra del vertedero subterráneo. Entre los residuos había facturas de transporte de una empresa de Alemania que demostraban que enviaba a Polonia plástico mezclado con escombros con el código 170504, correspondiente a “suelo y tierra”.

El caso en el que están implicados Zbigniew T. y otras 22 personas, entre ellas un inspector de medio ambiente que presuntamente cooperó con la banda, sigue su curso. Pero es uno de los pocos que llegan a los tribunales.

Con el aumento de la producción de residuos plásticos –los europeos produjeron una media de casi 35 kilos cada uno en 2020, un 23% más que en 2010­– y el cierre de las rutas internacionales de eliminación de basura, la delincuencia relacionada con los residuos en Europa es un problema creciente. Los Estados de la Unión Europea (UE) carecen de recursos para perseguir a los delincuentes, mientras que los sistemas y la recogida de datos a escala comunitaria son a menudo ineficaces.

El precio que pagan por tonelada de residuos ilegales quienes quieren deshacerse de ellos en Europa occidental oscila entre 30 y 50 euros en Polonia. Esta cantidad es mucho más pequeña que los 300 euros por tonelada que llega a valer la utilización de rutas legítimas de reciclaje en Alemania. Depositar los residuos en un vertedero en el Reino Unido puede costar 113 euros por tonelada, más del doble que en Polonia, Rumanía, Bulgaria o Croacia, donde abundan los vertederos ilegales. Italia y el Reino Unido se han visto obligados recientemente a retirar la basura encontrada en vertederos ilegales en Polonia, mientras que la empresa alemana implicada en el caso de Zbigniew T. no ha tenido que hacer frente a tales exigencias.

Entre 2017 y 2018, Europa del Este se convirtió en un punto caliente de vertido ilegal de residuos, en muchos casos literalmente. Solo en 2018 ardieron más de 130 vertederos en Polonia. Hasta la fecha, en toda Polonia, menos de 10 personas han sido condenadas por incendios provocados.

"Todo empezó en 2018, cuando China cerró su mercado. Otros países, como Malasia, Filipinas, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Túnez, Turquía, Marruecos y Egipto se vieron de repente presionados para aceptar más residuos", explica Piotr Barczak, experto en economía circular de la Asociación Residuos Cero de Polonia.

Públicamente, las autoridades polacas presumen de que cada año se realizan cientos de inspecciones de traslados de residuos. Pero sólo una mínima parte llega a los tribunales. Los inspectores de medio ambiente de Varsovia o los de Lisboa o Atenas tienen clara la razón: a los fiscales no les gustan los asuntos de residuos. Los casos son arduos, los recursos limitados y las condenas bajas. Las penas máximas de prisión en Europa rara vez superan los cinco años. La máxima en España es de dos años. Una excepción es Eslovenia, que tiene una de las legislaciones más duras: el contrabando y el vertido ilegal de residuos se castigan con hasta 12 años de cárcel.

La incapacidad de Europa para atajar el comercio ilegal de residuos se debe en parte a la incoherencia de la legislación acordada en Bruselas. Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea que trabajó durante décadas en temas de residuos, sostiene que "la legislación europea sobre delitos medioambientales es muy indulgente con los infractores, a los que considera 'agentes económicos'. Los delitos contra el medio ambiente se consideran menores. En la mayoría de los casos, los procedimientos contra ellos no prosperan en los tribunales porque la ley dificulta la prueba de los delitos".

Piotr Barczak está de acuerdo: "Lo peor es que hay penas pequeñas para estos delitos de residuos. Ahora el Ministerio polaco promete 10 años de cárcel por transporte ilegal de residuos”. En todo caso, considera que “las penas no disuadirán a los delincuentes de actuar".

El escaso impacto de la legislación se describe en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, que ofrece una evaluación negativa de la eficacia del actual Reglamento sobre traslados de residuos:

Muchos países carecen de personal suficiente para realizar inspecciones y, cuando éstas se llevan a cabo, suelen centrarse en las drogas o el alcohol, según un experto en traslados de residuos de IMPEL, red de inspectores nacionales de medio ambiente de Europa dirigida por voluntarios.

Sólo 22 personas trabajan en el departamento de traslados transfronterizos de residuos de Polonia. El Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos (MITECO) de España tiene seis empleados dedicados a estas cuestiones. En Noruega, la Dirección de Medio Ambiente tiene cuatro empleados que trabajan en los certificados de exportación de residuos y 30 como inspectores, encargados de supervisar nueve leyes con un total de 22 reglamentos. Dieciocho empleados se encargan de supervisar los traslados de residuos de Francia.

La Inspección General de Portugal abarca los delitos medioambientales, pero también el control de la agricultura, la gestión marítima y la ordenación del territorio, consecuencia de una revisión de la Comisión Europea (junto con el FMI y el BCE) del rescate financiero del país tras la crisis de deuda de 2011 que llevó a fusionar varios organismos de inspección. Ahora solo 30 inspectores trabajan en temas medioambientales. Los salarios también son bajos en comparación con otros funcionarios. En Portugal, los altos funcionarios ganan menos de 3 800 euros al mes. El mismo problema existe en Polonia, donde los inspectores se marchan a buscar trabajos mejor pagados en el sector privado.

"La escasez de personal es un problema general y extendido. No tenemos personal suficiente para realizar más inspecciones cuantitativas y cualitativas", lamenta el funcionario de IMPEL.

Las inspecciones cualitativas son más difíciles porque la mayor parte del comercio de residuos se basa en documentos en papel. No existe una única base de datos electrónica de residuos para Europa y algunos Estados siguen sin publicar sus registros de permisos de gestión de residuos.

A menudo varias instituciones se encargan de controlar los traslados de residuos al mismo tiempo: inspectores de medio ambiente, policía, funcionarios de Hacienda y autoridades aduaneras y de transporte. Un informe de Interpol de 2020 advertía de que "debido a las limitaciones en las competencias de investigación, las investigaciones sobre delitos relacionados con los residuos pueden estar dispersas entre distintas autoridades".

La comunicación entre los Estados de la UE en materia de residuos no es fácil, pues no existe un sistema común que permita cruzar los datos de varios países. El Reino Unido utiliza un sistema llamado IWS Online para controlar los traslados de residuos, mientras que el MITECO español –al igual que Portugal o Polonia– tiene un sistema vinculado a las aduanas. "La falta de trazabilidad internacional dificulta los esfuerzos por identificar el origen, el destinatario y otras pistas de investigación", añade el informe de Interpol.

Para mejorar esta situación, la UE ha creado IMSOC, un sistema de gestión de la información procedente de las inspecciones oficiales. Ya contiene bases de datos sobre alimentos y piensos inseguros y sobre enfermedades animales. Sin embargo, la introducción del sistema IMSOC para el control de residuos va despacio. Su uso no es obligatorio, pero lo será tras la introducción del nuevo Reglamento de la UE sobre traslados de residuos.

La Comisión Europea afirma que "los sistemas de control/inspección divergentes y la falta de criterios de inspección armonizados, en particular la frecuencia y la calidad de las inspecciones, socavan la aplicación uniforme del Reglamento" comunitario, indicando que "una de las principales razones de la persistencia de los traslados ilegales de residuos es la falta de aplicación uniforme de la ley en toda la UE".

Desde 2016, la Unión Europea ha financiado al menos tres proyectos para combatir el traslado ilegal de residuos. En gran medida, son una colección de kits de herramientas de capacitación, información normativa y tendencias actuales sobre residuos ilegales. Sin embargo, SWEAP –Proyecto de Acciones de Cumplimiento de Traslado de Residuos por sus siglas en inglés– podría proporcionar a los inspectores un valioso apoyo digital, ya que planea lanzar una herramienta de seguimiento de residuos basada en GPS.

"Hasta ahora hemos elaborado un manual para las autoridades sobre cómo utilizar los rastreadores, y para algunos países hemos encargado y entregado rastreadores", afirma un portavoz. "Todavía no se han empleado, así que de momento no tenemos resultados".

El nuevo Reglamento sobre traslado de residuos está sobre la mesa legislativa desde diciembre de 2022. Podría entrar en vigor a principios de 2025, con sanciones más fuertes y medidas para abordar las diferencias de interpretación y aplicación en toda Europa.

Para los inspectores de medio ambiente sobre el terreno en Polonia, sin embargo, localizar operaciones ilegales de residuos sigue siendo un reto. "A veces nos llama la policía medioambiental", comenta un inspector. "Pero somos un órgano administrativo, llevamos a cabo procedimientos administrativos, no investigaciones penales. Lo primero que nos suelen decir los abogados de las empresas inspeccionadas es que no tenemos base legal para acudir a la inspección. Si se demuestra que abusamos de nuestros poderes, todos nuestros hallazgos carecen de validez. La normativa es débil".

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Editor: Chris Matthews

Es cada vez más difícil encontrar a ciudadanos que públicamente se muestren contra el reciclaje, como cada vez son menos los que niegan el cambio climático. Pero, tras las declaraciones de principios, políticamente correctas, siguen operando potentes intereses. ¿Por qué en España no se implanta un sistema de reciclaje de plástico para devolver botellas de plástico o latas que ya funciona en numerosos países de Europa? ¿Quién hace negocio con la recogida y el tratamiento de nuestros residuos? ¿Es Ecoembes una ONG o un poderoso lobby del plástico?

Hablamos con Manuel Rico, que lidera en España la investigación sobre el plástico y el reciclaje junto a periodistas de la alianza periodística internacional Investigate Europe.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas.

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Uno de los hechos más preocupantes y menos conocidos de la crisis energética del pasado otoño fue una medida de emergencia valorada por el Gobierno alemán. Permitía que las incineradoras funcionaran sin filtros, debido a la inminente escasez de los productos químicos necesarios. Esa pesadilla se evitó, pero puso de manifiesto la vulnerabilidad de un sistema de eliminación de residuos que muchos defienden como la solución de oro.

La preocupación medioambiental por la incineración de residuos, que en los años noventa era una de las principales pancartas de protesta en toda Europa, ha ido desapareciendo a medida que los sistemas modernos reducían los temores a la contaminación. Continúan existiendo protestas, pero suelen reunir solo a las personas que viven cerca de una planta o a activistas muy concienciados, como ocurrió por ejemplo el pasado 16 de abril en una concentración frente al Ayuntamiento de Madrid para reclamar el cierre de la incineradora de Valdemingómez.

Lo cierto es que buena parte de los 30 millones de toneladas de residuos plásticos que se generan cada año en Europa se incineran, y la mayoría de los países queman más plásticos ahora que hace una década. Esta cifra aumentará a medida que se abandonen los vertederos y entren en funcionamiento decenas de nuevas plantas proyectadas en Polonia y la República Checa.

La producción de energía y calor se considera un beneficio concreto para las comunidades locales, aunque las cantidades son relativamente pequeñas: el 2,5% de la energía de Europa procede de las incineradoras. Cuando se incineran, los plásticos son peores asesinos climáticos que el carbón, ya que emiten 2,9 toneladas de CO2 por tonelada frente a 2,7 toneladas de C02 por tonelada de carbón.

Y los expertos advierten de que sigue habiendo otras preocupaciones ecológicas. "Lo que sé es que hay que vigilar muy de cerca a los operadores de las incineradoras de residuos", afirma Günter Dehoust, investigador principal del Öko-Institut de Alemania, donde se encuentra una quinta parte de las cerca de 500 incineradoras de residuos de Europa.

En su investigación sobre la amenaza que el plástico supone en Europa, el consorcio periodístico Investigate Europe descubrió tres lagunas importantes que pueden facilitar que la contaminación de las incineradoras permanezca oculta. infoLibre es el único medio español que participa en este proyecto internacional [puedes leer aquí todos los artículos que se van publicando de esta serie de investigación].

La primera laguna está vinculada a la forma de medir la contaminación de las incineradoras: en la mayoría de los casos en condiciones estables, rara vez durante los arranques y paradas, a pesar de que está ampliamente documentado que estos son los momentos en los que se puede emitir más contaminación. Cuando en 2019 se revisaron por última vez las directrices para la incineración de residuos en toda la UE, ocurrió algo notable.

"En nuestro grupo de trabajo, luchamos para que las emisiones de dioxinas y furanos se midieran continuamente en toda Europa", confiesa una fuente presente en las discusiones. "Los gobiernos francés y belga también lo apoyaron. La Agencia Federal de Medio Ambiente alemana acabó bloqueándolo", añade.

Las dioxinas y los furanos son probables carcinógenos que se emiten principalmente cuando se incineran plásticos que contienen cloro, como el PVC. Cuando se les suministran los productos químicos adecuados, los filtros modernos capturan la mayoría de las dioxinas, lo que supone una gran mejora con respecto a los resultados del pasado. Marcus Gleis, jefe de la delegación alemana, afirma que los representantes franceses compartieron tarde los datos pertinentes. "No hubo tiempo de examinarlos", afirma.

"La industria intenta medir durante las paradas", afirma Abel Arkenbout, toxicólogo jefe de la Fundación ToxicoWatch, con sede en los Países Bajos. "Pero cuando las condiciones no son normales, los instrumentos no son capaces de medir. Es irresponsable presentar a la gente una falsa percepción de seguridad cuando ésta se basa en mediciones y métodos de medición imperfectos, que no funcionan correctamente en los momentos clave de los procesos de combustión incompleta".

Ella Stengler, directora general de la organización europea que agrupa a las incineradoras (CEWEP), sostiene en cambio que la contaminación se mide adecuadamente: “Estamos muy orgullosos de los resultados medioambientales de las plantas de conversión de residuos en energía en Europa”. 

En segundo lugar, sólo se controlan unos pocos contaminantes clorados. No se miden las PFAS, agentes potencialmente tóxicos que contienen flúor, también conocidos como “sustancias químicas eternas” porque no se descomponen. Y ello a pesar de que las incineradoras figuran entre los presuntos lugares contaminados por PFAS. "Muchos de los productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana contienen PFAS y, cuando estos productos se convierten en residuos, no hay muchas vías de tratamiento disponibles que eviten la dispersión de estas sustancias", admite Stengler, quien no obstante añade que "todavía no existe un método de medición certificado para los PFAS".

En tercer lugar, la normativa no obliga a vigilar los efectos de la contaminación de las incineradoras en los organismos vivos de su entorno, ni en productos como la leche y los huevos. Sólo se realizan pruebas para detectar la liberación de una gama limitada de sustancias químicas en el medio ambiente. Esto podría subestimar ampliamente los efectos reales de los cócteles tóxicos que se acumulan en las células a lo largo del tiempo.

Mediante biomonitorización de huevos de gallinas, musgo y agujas de pino en los alrededores de incineradoras de varios países europeos, Abel Arkenbout detectó una importante contaminación y huevos con exceso de dioxinas. "Cuando se encuentran dioxinas en los alrededores de una planta incineradora no hay correlación con las emisiones de la planta", mantiene Stengler, señalando un informe de la industria que detalla muchas otras fuentes de dioxinas. 

No todos los trabajos de Arkenbout han sido revisados por pares. Pero el toxicólogo jefe en la fundación ToxicoWatch responde a las críticas invitando a que más gente se centre en estos temas: "Creo que no debemos ser los únicos, tiene que haber más gente, más gobiernos que estudien la contaminación en torno a las incineradoras".

Los activistas luchan por el acceso a los datos

Ella Stengler afirma que el sector está comprometido con la transparencia: "Los operadores están legalmente obligados a comunicar los datos a su autoridad competente para que evalúe el cumplimiento. A su vez, las autoridades competentes están legalmente obligadas a poner los datos pertinentes a disposición del público, por lo que son de libre acceso" Sin embargo, los activistas se han enfrentado a numerosas batallas legales en toda Europa tratando de acceder a esos datos.

Un ejemplo es Volos, ciudad portuaria a los pies del mítico monte Pelión, en la Grecia central. Una frondosa colina separa la encantadora ciudad de una centenaria fábrica de cemento, gestionada ahora por Lafarge/Holcim, que utiliza 185.000 toneladas de residuos como combustible cada año. Este proceso de alimentar la producción con residuos se denomina coincineración.

Las autoridades llevan años restando importancia a los problemas de contaminación a pesar de que en Volos se registran cuatro veces más accidentes cerebrovasculares, sobre todo entre las mujeres, y 2,5 veces más casos de cáncer de hígado que en la media nacional. Las investigaciones han revelado fuertes aumentos de los ingresos hospitalarios en los momentos exactos en que la contaminación por partículas era elevada.

"Han intentado presentarnos a todos como locos", afirma el cardiólogo Matthaios Dramitinos, ex director del hospital municipal de Volos. Hay otras fuentes de contaminación en la ciudad (tubos de escape de coches, chimeneas, otras fábricas), y la contribución exacta de la cementera a los problemas de salud de la ciudad es un tema muy discutido.

Después de tres grandes protestas, una de las cuales se saldó con la muerte de un activista (varios otros se enfrentan a procesos judiciales por desobediencia civil), la empresa accedió a publicar en Internet los datos sobre contaminación. Pero no incluyó información sobre el mercurio u otros metales pesados, a pesar de que el mercurio es uno de los principales problemas de contaminación en las cementeras. En cuanto a las dioxinas, subproductos de la incineración de plástico, la empresa sí comparte abiertamente las medias de las mediciones diarias. Sin embargo, la planta ha obtenido permiso para pasar a quemar gas natural en lugar de residuos plásticos cuando, una vez al año, una empresa certificada realiza las lecturas de dioxinas.

"El uso de combustibles alternativos es claramente una opción medioambiental segura y técnicamente la mejor práctica, que cambia el panorama en el sector, acelerando significativamente el camino de Europa hacia la neutralidad climática", declaró un portavoz de Lafarge/Holcim.

Stelios Limnios, ingeniero jubilado y activista, afirma que los datos deben recopilarse de forma independiente. "Las autoridades provinciales han prometido hacer sus propias mediciones desde 2016", afirma. "Lo están retrasando intencionadamente, porque el problema se hará evidente". La oficina de medio ambiente regional declinó dar explicaciones, remitiendo las preguntas de los periodistas a la jefa de la administración local, Dorothea Kolyndrini, que no estaba disponible.

"Se suponía que íbamos a supervisar el funcionamiento de la planta a través de un comité local de control", añade Limnios. "El comité nunca se formó y, en 2019, en uno de los últimos actos de del Gobierno saliente de Syriza, el acuerdo para su establecimiento se desechó en silencio". 

La supervisión es necesaria para controlar los tipos de residuos quemados. Pero en Francia no se informó a un comité local de supervisión cuando, en enero de 2023, una planta municipal de residuos de Niza gestionada por Veolia incineró residuos radiactivos. La empresa dijo que había sido un accidente, pero el riesgo de que residuos peligrosos acaben en incineradoras normales siempre está ahí.

Europol advierte de que existe una economía sumergida importante basada en el comercio con residuos ilegales. El problema ha crecido desde 2018. Fue entonces cuando China, hasta entonces el vertedero de todo el planeta, prohibió la importación de la mayoría de tipos de residuos problemáticos. Cuando se combina con un control laxo de las emisiones, la incineración es una forma atractiva de deshacerse de los residuos problemáticos a un coste muy inferior al de un tratamiento adecuado. También es rentable para las plantas que queman los residuos. Cuando el fiscal rumano Teodor Nita preguntó a un político por qué no se tomaban medidas serias contra los contrabandistas de residuos, recibió una respuesta sorprendente. "No podemos hacerlo porque enfadaría a los fabricantes de cemento y ellos tienen un fuerte grupo de presión", le dijo a Nita, según una investigación de Deutsche Welle.

Pero la incineración en sí también produce residuos problemáticos. Por cada tonelada de residuos incinerados se producen unos 300 kilos de cenizas de fondo o escorias, cargadas de sustancias tóxicas. "En Alemania está permitido utilizar las cenizas de fondo de las incineradoras en la construcción de carreteras, bajo el asfalto. Me revuelve el estómago", denuncia Peter Gebhardt, uno de los mayores expertos alemanes en incineración. "El agua de lluvia puede filtrarse y los contaminantes tóxicos pueden llegar al medio ambiente", añade. El temor de Gebhardt se ve confirmado por un informe holandés que detalla la contaminación cuando las escorias entran en contacto con el agua.

La industria afirma que la incineración forma parte de la economía circular y señala que muy pocos plásticos pueden reciclarse realmente. Argumentan que es la mejor manera de reducir la montaña de plásticos, al tiempo que se recuperan materiales como los metales incrustados en diferentes tipos de residuos, todo ello produciendo cantidades limitadas de calor y electricidad. Sea lo que sea, un círculo o una línea recta, deja una firma distintiva y potencialmente tóxica. Una que mucha gente prefiere no buscar, por miedo a que las alternativas sean peores.   

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Edición: Chris Matthews

Kenneth Bruvik lleva años recogiendo residuos plásticos en la costa occidental noruega. De pie en la orilla, una fría mañana de abril, recuerda la primera vez que llegó a la pequeña playa de las afueras de Bergen. "Lloré", dice, recordando la visión de toneladas de botellas, bolsas y otros plásticos de un solo uso amontonados entre las rocas. Montones de ellos convertidos en trozos tan pequeños que se pegaban como purpurina a sus zapatos.

Irónicamente, en su mayor parte no son residuos noruegos, donde el sistema de recogida de plásticos funciona bien, pero eso no sirve de mucho si otros siguen contaminando. Una parte del plástico procede de Asia, otra de Norteamérica. Pero la mayoría procede de Europa. "A todos los que producen estas botellas de un solo uso: ¡basta ya!", insta, de pie sobre un montón de basura de botellas de plástico.

Unos miles de kilómetros más al sur, en una planta de recuperación de residuos al norte de Atenas, los trabajadores se afanan en abrir contenedores de basura. Los residuos plásticos que hace tres años iban en cargamentos amarillos por Alemania afloran ahora en Grecia (antes se enviaban a Turquía para su reciclaje). Treinta y siete contenedores llevan atascados en el puerto del Pireo desde finales de 2021, tras los intentos fallidos de Turquía de enviarlos a Vietnam. "Es basura imposible de reciclar", afirma Yannis Polychronopoulos, propietario de la empresa que se encargó de vaciar los contenedores.

Europa se muestra incapaz de hacer frente al creciente problema del plástico. Los océanos y las costas están contaminados, abundan los vertederos ilegales y las incineradoras peligrosas. Mientras por las instituciones comunitarias en Bruselas y los consejos de administración de las multinacionales circulan las promesas de reciclaje y reutilización, la investigación realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe revela cómo los planes de Europa para el plástico están fallando y su economía circular está haciendo agua. infoLibre es el único medio español que participa en este proyecto internacional [puedes leer aquí todos los artículos que se van publicando de esta serie de investigación].

Desde las tarrinas de yogur y los cartones de leche hasta los botes de champú y los tubos de dentífrico, los europeos producen una media de 35 kilos de residuos de envases de plástico al año. Y la tendencia va en aumento. Según la OCDE, el consumo de plástico se triplicará de aquí a 2060. En contra de lo que muchos suponen, la mayoría de los envases no se reciclan. En su lugar, acaban en vertederos o en incineradoras potencialmente tóxicas. Se calcula que como mucho se recicla el 40% de los envases de plástico que se generan en Europa.

"Tenemos que acabar con la ilusión de que estas cosas se reciclan", afirma Nusa Urbancic, directora de campañas de la fundación internacional Changing Markets. "Es una sensación muy diferente cuando sabes que el plástico en el que has comprado cosas no se recicla, sino que acaba en un vertedero o siendo incinerado".

Dadas las limitaciones y la falta de reciclaje, sigue habiendo una enorme demanda de plástico virgen (no reciclado), lo que acarrea consecuencias dramáticas. El plástico se fabrica con petróleo y gas, combustibles fósiles que impulsan la crisis climática. Investigadores de Estados Unidos predicen que la producción y eliminación de plástico causará el 15% de las emisiones mundiales de CO2 en 2050. Se está acelerando así una catástrofe medioambiental sin precedentes. Estudios europeos y estadounidenses han calculado recientemente que cada año llegan a los océanos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. En 2030 podría ser el doble, si los políticos, las empresas y los ciudadanos no actúan.

Ya en 2015, la UE presentó un plan de acción para una economía circular. El entonces vicepresidente de la Comisión y ahora comisario de Acción por el Clima, Frans Timmermans, se comprometió a "cerrar el círculo". En el futuro, materias primas como el plástico deberían circular sin fin. De la fábrica al supermercado, luego a la mesa, al cubo de la basura y de nuevo a la planta de reciclaje. La última de una serie de iniciativas de la UE para frenar nuestra locura por el plástico era la más audaz hasta la fecha.

Pero, tal y como demuestra la investigación de Investigate Europe e infoLibre, los esfuerzos por construir una economía circular están fracasando. Los periodistas, que han visitado plantas de reciclaje, incineradoras y vertederos desde Portugal a Francia pasando por Grecia o Polonia, han descubierto lo siguiente:

Durante mucho tiempo, los países europeos gestionaron sus residuos plásticos lejos de la vista, oficialmente para ser reciclados. Pero desde que países asiáticos, sobre todo China, prohibieron esas importaciones en 2018, ahora viaja por Europa mucho más plástico usado. A pesar de las lagunas en los datos oficiales, los países de la UE enviaron 2,5 millones de toneladas de residuos plásticos de un lado a otro en 2021. Estos residuos a menudo no terminan en plantas de reciclaje, sino en vertederos ilegales.

Polonia, descrita por algunos como el "vertedero de Europa", es un punto especialmente conflictivo. En la ciudad de Wschowa, no lejos de la frontera alemana, el negocio de extracción de arena de un empresario llamó la atención de las autoridades después de que los vecinos se quejaran del fuerte olor que salía de aquellos terrenos. Los documentos judiciales muestran que Zbigniew T. (no se puede utilizar su nombre completo), no hizo su fortuna vendiendo arena, sino enterrando miles de toneladas de residuos ilegales procedentes de Alemania y Polonia occidental. Sus beneficios ascendieron a millones de zlotys (no gravados por Hacienda).

Los pozos de arena y grava explotados por su empresa tenían varios cientos de metros de profundidad, y los fiscales sostienen que estaban repletos de casi medio millón de metros cúbicos de residuos, suficientes para llenar unos 5.000 camiones grandes.

Uno de los mayores juicios por vertidos ilegales de Polonia sigue su curso, pero la empresa alemana cuyos residuos se descubrieron allí no ha sido visitada hasta ahora por los inspectores. El Reino Unido sí se vio obligado en 2020 a retirar cientos de toneladas de residuos que se habían enviado ilegalmente a Polonia. Italia, también un hervidero del comercio ilegal de residuos, se ha enfrentado a demandas similares.

El precio recibido por tonelada de residuos ilegales procedentes de Occidente fluctúa entre 30 y 50 euros en Polonia, mucho más barato que seguir rutas legítimas hacia instalaciones de reciclaje en Alemania, que pueden tener un coste de 300 euros por tonelada. Depositar los residuos en un vertedero del Reino Unido puede costar 113 euros por tonelada, más del doble que en Polonia, Rumanía, Bulgaria o Croacia, donde han surgido vertederos ilegales en los últimos años.

El caso de Zbigniew T. es de los pocos que terminan en los tribunales. Las autoridades dan publicidad a cientos de inspecciones, pero sólo unas pocas docenas de casos relacionados con los residuos llegan cada año a las fiscalías de Polonia, un país de 38 millones de habitantes.

Las investigaciones son con frecuencia esfuerzos ingratos y costosos. Las sanciones son pequeñas y las posibilidades de atrapar a los verdaderos responsables, escasas. La lista de problemas a los que se enfrentan los inspectores es larga: los Estados miembros de la UE clasifican los residuos de forma diferente, no hay estándares de inspección, faltan datos fiables y no existe un intercambio electrónico centralizado de información.

Las autoridades de inspección suelen carecer de personal suficiente. Portugal sólo cuenta con 30 inspectores encargados de investigar los delitos ambientales en el país. Cubren todo el territorio, visitan los centros de producción, comprueban los vertederos y controlan las fronteras nacionales. Sus sueldos son bajos en comparación con los de otros funcionarios, y los altos cargos cobran menos de 3.800 euros al mes. El mismo problema existe en Polonia, donde los inspectores se marchan a buscar empleos mejor pagados en el sector privado.

Para intercambiar información clave, la UE quiere utilizar el Sistema de Gestión de la Información para Controles Oficiales (IMSOC). Ahora ya contiene información sobre alimentos o piensos no seguros, pero lo utilizan pocos países. La Comisión Europea quiere endurecer las normas para impedir el comercio ilegal de residuos entre Estados, con un Reglamento revisado sobre traslados de residuos, cuya aprobación está prevista para 2025.

En los últimos años, la UE ha financiado varios programas para ayudar a los Estados miembros a gestionar los residuos, pero el impacto ha sido mínimo. Mientras tanto, la Operación Demeter, que persigue todo tipo de residuos peligrosos ilegales a escala mundial con acciones ad hoc también en la UE, decomisó casi 4.000 toneladas de residuos durante su última campaña en octubre.

Mientras las operaciones ilegales quedan en gran medida sin control, los productores y envasadores siguen contribuyendo a agravar el problema de los residuos plásticos en Europa. Las marcas que envuelven sus productos en plástico desempeñan un papel fundamental en el proceso de gestión de residuos. Pero no tienen ningún incentivo poderoso para reducir el uso de plástico virgen.

Y ello a pesar de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), un mecanismo que supuestamente hace pagar a los contaminadores por todo el ciclo de vida del producto, desde la producción al consumo, la recogida y el reciclaje en materia prima para fabricar nuevos plásticos.

Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos pusieron en práctica este noble principio a finales de la década de los noventa del siglo pasado, pero se centraron en la parte correspondiente al final de la vida útil. Cuando la Comisión Europea retomó el concepto de la RAP en su Directiva de Residuos de 2008, también instó a los gobiernos a "mejorar el diseño de los productos para reducir su impacto ambiental": el 80% de la reciclabilidad de los envases se produce en la fase de diseño.

Pero no había objetivos obligatorios ni sanciones para quienes utilizaran diferentes plásticos en un mismo envase, haciéndolo así imposible de reciclar. "Durante 20 años han faltado acciones para prevenir los residuos. En su lugar, nos hemos concentrado totalmente en el reciclaje", afirma Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de economía circular de la Comisión Europea.

La principal organización noruega de productores premia a las empresas que reducen voluntariamente los envases. Pero esta no es la pauta general europea.

Las organizaciones que gestionan la responsabilidad ampliada del productor, a menudo entidades sin ánimo de lucro controladas por la industria y conocidas en el sector como SCRAP (sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor), son las teóricas encargadas de que el sistema funcione. Los fabricantes de envases y las marcas que utilizan envases de plástico forman parte de estas organizaciones. Los miembros pagan una cantidad por el material que ponen en el mercado. Estratégicamente situadas entre los municipios que recogen los residuos y las empresas de reciclaje, son poderosos agentes en los sistemas de residuos plásticos. En España ese papel lo desempeña Ecoembes, cuyas actuaciones más polémicas desgranamos en este reportaje.

"Desde el punto de vista de la eficiencia, lo lógico sería tener un único lugar donde recopilar datos, cumplir los objetivos de reciclaje y gestionar las incineradoras", explica Janine Röling, de la ONG neerlandesa Recycling Netwerk. "Pero en realidad, los SCRAP se han convertido en grupos de presión que representan los intereses de los productores".

Las tarifas que pagan se calculan a partir de la cantidad de envases que ponen en el mercado al vender agua embotellada, refrescos o golosinas. El dinero se supone que financia la recogida municipal de residuos y ayuda a acelerar los procesos de reciclaje. Como los SCRAP suelen ser monopolios, tienen las de ganar en las negociaciones. Los ayuntamientos de toda Europa afirman que no se les compensa lo suficiente, lo que hace que los contribuyentes paguen parte de la factura [puedes leer aquí nuestro artículo sobre los SCRAP].

Citeo, la principal asociación de productores de Francia, cuenta entre sus miembros con los gigantes Coca-Cola, Danone, L'Oréal y Carrefour. El gobierno le obliga a sufragar el 80% de los costes de recogida y reciclaje que corren a cargo de las autoridades. Sin embargo, los ayuntamientos no suelen estar de acuerdo con el cálculo. Amorce, una asociación nacional de corporaciones locales, asegura que Citeo reembolsa como mucho el 40% de sus costes, lo que supone un déficit de financiación de 1.000 millones de euros anuales.

Los municipios noruegos también se quejan: "Pagamos más de mil millones de coronas noruegas [unos 88,6 millones de euros] al año por gestionar residuos de envases de plástico que deberían haber financiado los productores", denuncia Svein Kamfjord, director de Samfunnsbedriftene, organización que agrupa a las empresas públicas de residuos. Plastretur, la mayor empresa de residuos de Noruega, defiende en cambio que la compensación es correcta por ahora y "fruto de los acuerdos con los municipios". Sin embargo, Plastretur apoya la petición de los ayuntamientos de que las autoridades definan claramente cómo debe interpretarse en Noruega la nueva normativa de la UE sobre quién pagará qué, indica su director general, Karl Johan Ingvaldsen.

"El frade es un problema enorme", denuncia Joaquim Quoden, director general de Expra, la organización europea que aglutina a los diferentes SCRAP nacionales. "En algunos países es del 5% al 10%, en otros llega al 50%". En España, Ecoembes calcula que el fraude alcanza el 15%, aunque en el caso del plástico se eleva hasta el 20%.

Cuanto más plástico producen los fabricantes, más residuos hay que eliminar. Aunque la capacidad de reciclaje está aumentando, los residuos plásticos se envían cada vez más a plantas incineradoras. Esto se debe en gran parte al consumo cada vez mayor. Pero también es consecuencia de la prohibición de importar residuos plásticos impuesta por China en 2018. En los dos años siguientes, la cantidad de residuos incinerados en la UE aumentó un 39%.

"Aquí habrá un poco de olor", advierte al periodista el director de la única incineradora de Hungría, Tamás Jászay, abriendo una puerta del llamado búnker de residuos: de varios pisos de altura, es el vertedero de la basura de Budapest, de la que picotean las palomas antes de ser engullida por hornos de hormigón que arden a casi mil grados. Los cuatro hornos queman una media de 1.000 toneladas de plástico y otros residuos al día. Al final no queda más que la escoria que se llevan los camiones y el dióxido de carbono que sube silenciosamente por la chimenea.

El impacto ecológico de la incineración ha sido analizado recientemente por el toxicólogo holandés Abel Arkenbout, a quien varias ONG encargaron que investigara la posible contaminación en los alrededores de plantas de Francia, España, Lituania y la República Checa. El estudio de diciembre concluyó: "También se encontraron mayores cantidades de contaminantes orgánicos persistentes peligrosos en la vegetación cercana a las incineradoras".

Cerca de 500 plantas de toda Europa quemaron residuos domésticos en 2020, según la asociación del sector CEWEP. Las instalaciones emiten 300 kilogramos de residuos por tonelada de basura incinerada. Estas cenizas son a veces tóxicas.

En Alemania, las empresas de construcción reutilizan los residuos de la incineración para pavimentar nuevas carreteras. "Las cenizas de incineración de residuos no están bien allí", avisa el ingeniero medioambiental Peter Gebhardt. "No sólo en las carreteras, sino también en los vertederos, las empresas de eliminación vierten parte de los residuos. Contrariamente a lo que se suele afirmar, las incineradoras no suponen la eliminación de los vertederos".

Y cada vez son más. Hay planes para construir 39 nuevas incineradoras en Polonia. Hasta ahora, el país cuenta con 10. Podrían ser cofinanciadas por el Banco Europeo de Inversiones, que ha destinado 1.300 millones de euros a la construcción de nuevas incineradoras. En la República Checa se construirán cinco nuevas plantas.

La vida media de una incineradora es de unos 25 años, y algunos municipios que ya las tienen están obligados a suministrar una cantidad fija de residuos o se enfrentan a elevadas sanciones. En esos casos, la consecuencia es que los ayuntamientos tienen pocos incentivos para clasificar y reciclar los residuos de forma más exhaustiva. "Imagínese que separan obedientemente sus residuos y acaban siendo demandados", afirma Janek Vähk, que estudia estos temas para la ONG Zero Waste Europe.

Sin embargo, el negocio de la incineración amenaza con dejar de ser lucrativo a partir de 2028. La UE incluirá entonces las plantas en el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, obligándolas a pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las incineradoras seguirán quemando plástico en el futuro. Una de las razones es el propio envase.

En el límite sur del Parque Natural de Westhavelland, a una hora en coche de Berlín, Michael Stechert saca una bolsa de la compra de una bala de plástico de tamaño humano en el patio de la planta de reciclaje de Vogt. En la paca hay envases de gambas, botellas de Schweppes y envoltorios de caramelos.

Su empresa importa residuos de Francia, Países Bajos, Suiza y Noruega. El año pasado, 10.500 toneladas, casi el 10% de los residuos plásticos que recicla su planta, procedían de Noruega. "Este material es básicamente más limpio", dice Stechert. "A partir de ahí, intentamos reciclar tantas fracciones de residuos como sea posible".

La razón por la que a menudo sólo se puede reciclar una parte del plástico en plantas como ésta es el diseño. Una botella de ketchup o de champú, por ejemplo, puede estar compuesta por tres o cuatro tipos de plástico distintos. No pueden fundirse juntos, ya que tienen puntos de fusión diferentes. En consecuencia, sólo pueden incinerarse o enviarse a un vertedero.

Para “cerrar el ciclo” de verdad, hay que cambiar la composición de los envases. Pero hasta ahora está ocurriendo lo contrario. "La industria ha aumentado la cantidad de plásticos baratos flexibles y de varias capas", denunció la consultora Changing Markets en un informe reciente. En una carta abierta, varias ONG, entre ellas la Oficina Europea del Medio Ambiente y Zero Waste Europe, reclamaron "un diseño verdaderamente circular que prepare los plásticos para su reutilización y reciclaje".

La industria protesta por los objetivos obligatorios al respecto que propone la Comisión Europea. Pero aunque las medidas se impongan, eso no basta, afirma Helmut Maurer, antiguo experto en plásticos de la Comisión Europea. En su opinión, hay que aumentar el precio de los envases para reflejar su impacto climático y medioambiental, incentivando así a la gente a "producir la menor cantidad posible de residuos".

Maurer, y muchos como él, consideran que en última instancia el bucle de residuos soñado por la UE debe reducirse: "La verdadera respuesta debe ser evitar los residuos plásticos".

Ese sería el inicio del camino hacia una economía circular más pequeña, con menos producción y en la que se desperdiciaría menos plástico. Entonces, los trabajadores portuarios griegos no tendrían que deshacerse de cargamentos ilegales procedentes de Alemania, y Kenneth Bruvik podría pasear por la costa noruega sin tener que esquivar restos de plástico.

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Edición: Ingeborg Eliassen, Chris Matthews y Elisa Simantke.

"El plástico no es necesariamente un monstruo", afirma Helmut Maurer, antiguo funcionario de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea. Barato, versátil y práctico, es difícil imaginar la vida sin él. "Pero lo que es un monstruo", añade, "es la forma en que hacemos uso del plástico de vida corta. Y esto es lo que causa también la mala imagen y lo que provoca la contaminación".

Los envases representan una parte importante de la producción de plástico (44% en todo el mundo, 40% en la UE) y, además, la industria produce mucho plástico de usar y tirar.

"La contaminación por plástico no es un problema de residuos. Es un problema de producción. Es un problema de sobreproducción", afirma Delphine Lévi Alvarès, de la ONG Break Free from Plastic. Desde los años 50 se han fabricado en todo el mundo casi 10.000 millones de toneladas de plástico, dos tercios de ellas en las dos décadas posteriores al año 2000.

La OCDE prevé que este crecimiento exponencial continúe a menos que algo cambie. Y esto tiene un alto coste medioambiental: en 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción, uso y eliminación de plásticos podrían representar el 15% de las emisiones permitidas.

Según Plastics Europe, patronal europea del sector, un tercio de todos los plásticos se produjeron en China en 2022. La cuota europea está disminuyendo, con un 15% producido en el continente el año pasado.

Europa está por encima de la media mundial en la proporción de plástico reciclado, pero incluso aquí sigue siendo sólo de alrededor del 10%. A nivel mundial, la tasa es mucho peor, del 6%.

Mientras que la cantidad de plástico reciclado aumenta, la de plástico virgen lo hace aún más. También estamos muy lejos de los objetivos de reciclaje de la UE, y aún más lejos de los sueños de economía circular del Pacto Verde Europeo. "La cuestión es que los plásticos nunca serán circulares", añade Maurer. "Los plásticos son productos petroquímicos, y por naturaleza se degradan fácilmente por oxidación. Cuando quieres reutilizar residuos plásticos, tienes que añadir aditivos, tienes que añadir material virgen y tienes que potenciar el material degradado".

Therese Karlsson, investigadora de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, está de acuerdo: "Tenemos que reducir la cantidad de plásticos que utilizamos, porque con las cantidades que usamos hoy no hay forma de gestionarlo de manera sostenible". Pero en lugar de eso, estamos dejando un montón de residuos cada vez mayor. La producción de residuos plásticos en la UE se ha duplicado, pasando de 9,5 millones de toneladas en 2004 a 19 millones en 2020.

Por término medio, un ciudadano de la UE produce anualmente 42,6 kg de residuos de plástico, un belga más del doble y los italianos no se quedan atrás. Sin embargo, esta cantidad sólo representa la cantidad de residuos plásticos recogidos por separado, e incluso podríamos alabar a belgas e italianos por su disciplina en la recuperación, a pesar de que producen muchos residuos plásticos.

Los residuos domésticos se producen a una escala mucho mayor: eran 180 millones de toneladas en 2004 y 203 millones en 2020. Una parte importante también es de plástico, principalmente envases. Las pruebas de laboratorio realizadas por una incineradora de Budapest revelaron que alrededor del 15% de los residuos domésticos mezclados son de plástico. Las cifras pueden variar mucho de un país a otro, pero es casi seguro que esos plásticos no se reciclan.

No es de extrañar, pues, que en Europa sólo se recicle, en el mejor de los casos, el 32,5% de los plásticos. Múltiples ONG y estudios han demostrado que gran parte del plástico que se envía para reciclar acaba en vertederos o se quema, ya que los datos sólo recogen los plásticos "enviados o preparados para reciclar".

Las tasas de reciclaje de residuos de envases de plástico son un poco mejores, pero en la mayoría de los países están muy por debajo de los objetivos de la UE para 2025 y 2030. De hecho, los residuos de envases de plástico generados en la UE aumentaron en tres millones de toneladas entre 2012 y 2021.

Aunque la cantidad de residuos de envases de plástico reciclados por ciudadano aumentó en 3,2 kilos entre 2010 y 2020, la cantidad generada fue de 20 kilos más por persona, lo que supone un nuevo descenso de la tasa de reciclaje.

En 2020, el ciudadano medio de la UE generó casi 35 kilos de residuos de envases de plástico. Esto equivale a 1.070 botellas, tomando como base el peso medio de una botella de plástico PET de medio litro. Los húngaros son los que más envases de plástico utilizan per cápita, mientras que los croatas son los que menos.

"Tenemos que acabar con la ilusión de que estas cosas se reciclan. Si compras cosas de plástico y crees que van a ser recicladas cuando las tires, es una sensación muy diferente a cuando sabes que van a acabar en un vertedero o incineradas", argumenta Nusa Urbancic, directora de campañas de Changing Markets.

La estimación más optimista es que alrededor del 39% de los envases de plástico desechados se reciclan. Otro 39% se incinera y el resto se envía a vertederos.

Cada año se generan en la UE unos 30 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales alrededor del 3% se exporta al exterior. Esta cifra era más del doble en la década de 2010, cuando hasta el 10% de los residuos plásticos europeos se enviaban al extranjero.

En 2012, la UE envió más de 1,5 millones de toneladas a China, pero esta cifra se redujo drásticamente tras la entrada en vigor de una prohibición de las importaciones en 2018. Solo 705 toneladas llegaron a puertos chinos en 2021.

Los residuos plásticos se han desviado a nuevas rutas: algunos países del sudeste asiático están tratando de llenar el vacío dejado por China, y Turquía representa ahora casi el 40% de las exportaciones de residuos plásticos de la UE. Pero el vacío dejado por la prohibición de China permanece. Esto provocó consecuencias no deseadas: desde 2018, la cantidad de residuos plásticos incinerados en Europa aumentó un 39%.

Al mismo tiempo, los flujos intracomunitarios de residuos aumentaron, pero es imposible saber en qué medida. Las reexportaciones no se tratan por separado en las estadísticas, es decir, los residuos se incluyen en ellas tantas veces como se reexportan. Según varios expertos, la cantidad de residuos plásticos que se mueven dentro de la UE cada año podría ser entre un 10% y un 20% inferior, es decir, entre 2 y 2,5 millones de toneladas.

Y, como muestran las estadísticas de exportaciones e importaciones intracomunitarias, los residuos plásticos se dirigen sobre todo a Alemania, Países Bajos y Bélgica, países con grandes puertos. Estos países también figuran entre los exportadores extracomunitarios, por lo que cabe suponer que no están (sólo) en la lista por sus propias exportaciones de residuos plásticos.

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Gráficos: Marta Portocarrero

Edición: Chris Matthews

Ubicada en el mismo edificio parisino que la lujosa tienda Galerie Lafayette y frente a un teatro de ópera, resulta un escenario poco previsible para una empresa sin ánimo de lucro que se ocupa de los residuos cotidianos. Citeo es un poderoso SCRAP, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, entidades encargadas de planificar el final de la vida útil de los envases, cuando se convierten en residuos. Definidas por leyes europeas y estatales, los SCRAP suelen ser organizaciones sin ánimo de lucro, pero están controladas por productores que mueven miles de millones de euros. Coca-Cola, Unilever y Nestlé figuran entre los accionistas de Citeo. En España, Ecoembes es el SCRAP para envases ligeros.

Estas entidades se financian mayoritariamente con la cuotas de sus miembros, que se calculan a partir de la cantidad de envases que se ponen en el mercado al vender agua embotellada, refrescos o golosinas. El dinero se supone que sirve para financiar la recogida local de residuos y ayuda a acelerar los procesos de reciclaje. Pero los esfuerzos de la UE por reciclar no avanzan y los SCRAP son cada vez más criticados.

La mayoría de los países está muy por debajo de los objetivos de reciclaje de la Unión Europea, donde se producen ahora más residuos de envases de plástico que hace una década, y el 60% sigue sin reciclarse.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa, analizaron el funcionamiento de los SCRAP (puedes leer aquí todos los reportajes de nuestra investigación).

Entre las críticas que reciben los SCRAP destacan las de no pagar lo suficiente a los ayuntamientos que gestionan sus residuos y declarar cantidades de puesta en el mercado de envases inferiores a las reales, mientras que miles de toneladas de plástico siguen sin contabilizarse en los sistemas gestionados por estas empresas.

"El problema", destaca Flore Berlingen, ex directora de Residuos Cero Francia, "es que hemos privatizado las políticas de gestión de residuos entregándolas a estas organizaciones. Lo que debería ser una cuestión de opciones y debates de política pública se ha ido delegando poco a poco".

Los SCRAP se encargan de que los contaminadores paguen un precio por producir o vender artículos de plástico. Esta idea de política preventiva se remonta a los años noventa del siglo pasado y se denomina Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

La Comisión Europea amplió el concepto en su directiva sobre residuos de 2008, en la que pedía centrarse en el diseño de los productos "para reducir su impacto ambiental". Pero no se fijaron objetivos obligatorios. "Hace 20 años que faltan medidas para prevenir los residuos", afirma Helmut Maurer, antiguo experto de la Dirección de Economía Circular de la Comisión Europea. "En lugar de eso, nos hemos concentrado totalmente en el reciclaje".

En muchos países, los SCRAP también gestionan el negocio del reciclaje de plásticos y envían el material no reciclable a incineradoras o vertederos. Estas organizaciones suelen decidir cuánto pagan los productores y pueden operar como cuasi monopolios, dictando cuánto se paga a las autoridades, a las plantas de clasificación y a las empresas de reciclaje.

En Francia, Citeo recauda tasas de Danone y otras multinacionales antes de distribuir la mayor parte a las autoridades locales que supervisan la recogida y el reciclaje de residuos. Sin embargo, los municipios se quejan de que los fondos no son suficientes, y las ONG acusan a los gobiernos de permitir que los productores "hagan recaer sobre los contribuyentes los costes de recogida de los plásticos".

"Si comparamos los 1.600 millones de euros de costes netos con los aproximadamente 644 millones que las corporaciones locales recibieron de Citeo en 2021, nos encontramos con que aún les quedan 1.000 millones por pagar", afirma un portavoz de Amorce, el principal sindicato de entidades locales de Francia. Citeo indicó que no puede hacer comentarios sobre el caso, pero añadió que en 2021 apoyó a las autoridades locales con 847 millones de euros. Un portavoz añadió: "A través de estas eco-contribuciones de los comercializadores, Citeo financia el 73% de los costes brutos de referencia de la recogida, clasificación y tratamiento de los envases domésticos."

Los municipios noruegos no están mucho más contentos. "Pagamos más de mil millones de coronas noruegas [unos 88,6 millones de euros] al año por gestionar residuos de envases de plástico que deberían haber financiado los productores", denuncia Svein Kamfjord, director de Samfunnsbedriftene, organización que agrupa a las empresas públicas de residuos. Plastretur, la mayor empresa de residuos de Noruega, defiende en cambio que la compensación es correcta por ahora y "fruto de los acuerdos con los municipios". Sin embargo, Plastretur apoya la petición de los ayuntamientos de que las autoridades definan claramente cómo debe interpretarse en Noruega la nueva normativa de la UE sobre quién pagará qué, indica su director general, Karl Johan Ingvaldsen.

En Italia también se critica al principal SCRAP, Conai, y a su filial de plásticos, Corepla. Un responsable de residuos de una gran ciudad italiana afirma que "los costes de recogida de plástico son 2,5 veces superiores a la contribución recibida de Corepla".

Por su parte, un empleado de Anci, la asociación de municipios italianos, critica que Conai rechazó su petición de destinar los fondos locales a campañas de prevención de residuos. En su lugar, todo el dinero recibido debe destinarse a campañas de reciclaje.

Mientras las ayudas económicas a los ayuntamientos parecen deficientes, los asociaciones de productores mantienen bajas las tarifas para sus miembros. Conai dice estar orgullosa de tener los precios más bajos de Europa. Pero su dominio se ha visto amenazado recientemente. Se centraba en el plástico PET, que es el más fácil de reciclar y se encuentra en la mayoría de las casi 14 millones de botellas de agua que se venden en Italia cada año. En 2022, los productores pagaban a Conai 150 euros por tonelada de plástico PET. Un año después bajó a 20 euros. Ahora, un competidor, Coripet, se dirige a los miembros de Conai ofreciendo precios de 16 euros por tonelada.

Es poco probable que unos costes tan bajos animen a los productores a fabricar menos plástico. Aunque el plástico reciclado ha aumentado enormemente en la UE, el 93% de todo producido en el mundo sigue siendo virgen, que es mucho más barato.

Otro asunto polémico tiene que ver con el hecho de que algunos SCRAP, como organismos responsables de los datos sobre el volumen de plástico puesto en el mercado, ayudan a calcular las estadísticas nacionales de reciclaje.

Si la cifra comunicada es inferior a la real, la tasa de reciclaje aumenta automáticamente, ya que mide cuánto material se recupera de la cantidad total puesta en el mercado. En el caso de los plásticos, a partir de 2021, la tasa también determina el importe del impuesto europeo sobre el plástico que los Estados pagan al presupuesto comunitario.

En Portugal, Rui Berkemeir, especialista en residuos de la ONG Zero, encontró discrepancias entre las tasas de reciclaje y las toneladas de plástico puestas en el mercado. Al final, "la tasa de reciclaje de envases de plástico en los residuos municipales era del 15% y no del 44,3%, como anunciaba el Estado", afirma Berkemeir. "Los distintos gobiernos y la APA [la agencia estatal que supervisa los residuos] hacen la vista gorda ante la infradeclaración de envases", añade.

En España la sospecha sobre la veracidad de los datos facilitados por Ecoembes también es una constante de los últimos años [en este reportaje de nuestra serie puedes leer una explicación detallada sobre este tema].

Los SCRAP deberían encargarse de garantizar que todos los productores y minoristas de plástico se adhieran a los sistemas. Puede ser un reto difícil cuando algunas empresas de plásticos operan cerca o dentro del mercado negro.

"El frade es un problema enorme", denuncia Joaquim Quoden, director general de Expra, la organización europea que aglutina a los diferentes SCRAP nacionales. "En algunos países es del 5% al 10%, en otros llega al 50%".

Grønt Punkt, con sede en Oslo (Noruega), informó de que casi 80.000 toneladas de envases de plástico domésticos fueron puestas en el mercado por sus miembros en 2022. La empresa calcula que otras 60.000 toneladas no se declararon ni se pagaron. 

La española Ecoembes, por su parte, calcula que el fraude alcanza el 15%.

La Conai italiana, que también es un SCRAP para otros productos, informó recientemente de que recuperó 20 millones de euros en por el cobro de tarifas no declaradas en 2021. El grupo afirmó haber recaudado 1.500 millones de euros en todos los sectores.

La máquina del lobby

Una parte del dinero que reciben los SCRAP se destina a fiscalizar las normativas de la UE destinadas a abordar el creciente problema de los residuos plásticos.

"Desde el punto de vista de la eficiencia, lo lógico sería tener un único lugar donde recopilar datos, cumplir los objetivos de reciclaje y gestionar las incineradoras", explica Janine Röling, de la ONG neerlandesa Recycling Netwerk. "En realidad, los SCRAP se han convertido en grupos de presión que representan los intereses de los productores".

Citeo gasta anualmente hasta 200.000 euros para tareas de cabildeo en Bruselas, Ecoembes hasta 300.000 y Expra hasta 400.000. Citeo y Expra firmaron en 2018 una declaración junto a importantes nombres de la industria para intentar diluir la Directiva de la UE sobre plástico de un solo uso.

Por su parte, Conai está realizando una campaña activa contra el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de botellas de plástico propuesto en el Reglamento de envases que se está debatiendo ahora en las instituciones comunitarias, calificándolo de "duplicación innecesaria de costes económicos y medioambientales".

A pesar de todos estos problemas, la mayoría de los gobiernos parecen contentos con los actuales SCRAP. Sin embargo, las cosas podrían cambiar en los próximos años. La Directiva europea de residuos de 2018 establece que, para finales de 2024, todos los Estados miembros tendrán que establecer sistemas que cubran "todos los costes necesarios de recogida, clasificación y reciclaje", incluido el conocido como littering o basura dispersa, lo que supondría unos costes adicionales no deseados para el sector. En España, la normativa estatal ya está aprobada y entrará en vigor a principios del próximo año.

Janine Röling opina que el sistema debería reformarse desde la raíz: "Los SCRAP deben modificarse drásticamente para incluir a todas las partes interesadas, municipios, representantes del gobierno, empresas de reciclaje, expertos en ecodiseño".

En Bruselas se esperaba una reforma de la RAP para la próxima Directiva sobre residuos, que la Comisión presentará en primavera. Pero ahora es poco probable que salga adelante. Con un Reglamento sobre envases ya sobre la mesa, los responsables políticos y los productores de envases ya estarán más que ocupados.

Es muy difícil encontrar en España una empresa que tenga unos accionistas más poderosos que Ecoembes SA. Ahí están todas las grandes multinacionales del consumo, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus socios). Y también es inusual que siendo una empresa con dueños tan poderosos, exista un desconocimiento generalizado sobre qué intereses defiende y a quién representa. “Ecoembes, esos son los del reciclaje, ¿no?”, es quizá la respuesta más común.

Que más de media España piense que “los de Ecoembes” son una especie de organización ecologista y no uno de los lobbies más poderosos del país es, sin duda, un éxito que hay que anotar en el haber de la propia compañía. Es cierto que también ayuda la simbiosis entre su política de comunicación y lo que se publica en muchos medios.

Ecoembes es la compañía que montaron las principales empresas del sector consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa, analizaron el funcionamiento de Ecoembes y de sus entidades homólogas europeas (puedes leer aquí el artículo centrado en Europa y aquí el resto de reportajes de nuestra investigación).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

El primer asunto clave en torno a Ecoembes es la fiabilidad de sus datos. Y lo es porque esos datos no son una mera cuestión interna, sino que sirven para calcular la tasa oficial de reclaje de envases que España declara ante la Unión Europea o para determinar si en España hay que implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para la recogida selectiva de botellas de plástico (puedes leer aquí, aquí y aquí las informaciones que hemos publicado sobre el SDDR).

Una de las principales polémicas se refiere a las cifras sobre producto puesto en el mercado, es decir, cuántas unidades pone en España a la venta Coca-Cola o cualquier otra empresa. La compañía productora o envasadora tiene que pagar a Ecoembes según sea ese volumen y, a su vez, Ecoembes debe retribuir a los ayuntamientos por recoger y transportar los residuos de envases. Además, el “denominador” de la tasa de reciclaje es el número de envases puestos en el mercado.

Por tanto, si la cifra de envases puestos en el mercado fuese menor que la real, eso produciría tres efectos directos: las empresas pagarían menos a Ecoembes al no declarar parte de sus envases, Ecoembes abonaría menos dinero a los ayuntamientos del que debería y la tasa de reciclaje aumentaría al dividirse la cifra de material reciclado por un denominador más bajo del real. Y también habría un efecto indirecto: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

Ese potencial fraude puede tener dos orígenes: que las empresas adheridas a Ecoembes –12.890 en 2021– declarasen menos de lo que realmente venden o que existan compañías que ponen en el mercado envases sujetos a la RAP pero que no forman parte del sistema y por tanto no pagan nada a Ecoembes. Esta última práctica se conoce en el sector por el término inglés free-riders (gorrón, que va por libre).

Respecto a la primera opción, Ecoembes descarta que se produzca básicamente porque las declaraciones de las empresas están auditadas. “El 93% de las toneladas adheridas a Ecoembes están controladas a través de las auditorías de las empresas”, explican sus portavoces. No es que Ecoembes envíe personal propio a las multinacionales, sino que “existen procedimientos acordados, de forma que la firma de auditoría que controla las cuentas de una compañía tiene que revisar que es correcta la declaración sobre productos puestos en el mercado que ha enviado a Ecoembes. Es decir, tendría que falsear sus cuentas para engañarnos y eso no tiene sentido para una multinacional o un gran grupo”. Además, Ecoembes asegura que “realiza análisis de razonabilidad sobre los datos que recibe”. En cuanto al 7% restante, producido por empresas más pequeñas que no tienen la obligación legal de tener sus cuentas auditadas, Ecoembes sostiene que realiza “controles aleatorios” para controlar la calidad de los datos.

Respecto al segundo problema, los free-riders, Ecoembes sí admite que existe y le pone cifras por primera vez en público: “Durante los últimos cuatro años hemos trabajado en dimensionar este incumplimiento a través de dos aproximaciones distintas e independientes entre sí: el Instituto Cerdá (Observatorio de innovación en gran consumo) estimó una tasa de incumplimiento del 15,2% utilizando datos de puesta en el mercado, mientras que el grupo de trabajo constituido en 2020 por Ecoembes y que actualmente cuenta con representantes de siete CC.AA. (Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja) calculó un 15,4% a partir de los resultados de estudios de composición de residuos. En el caso de los envases de plástico llega al 20,6%”.

Los resultados de ese grupo de trabajo, que en Ecoembes conocen internamente como el G7, “encajan con lo que ocurre en otros lugares. En Bélgica es un 10% y en otros países también está en torno al 15%”.

¿Y quiénes son esos free-riders? Ecoembes explica que tanto el estudio del G7 como el del Instituto Cerdá coinciden en señalar como principales “nichos de incumplimiento de la norma” al pequeño comercio, por los envases tipo bolsas; al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) por los envases para llevar; al comercio online, y a las importaciones. Sus portavoces ponen especial énfasis en distinguir entre “fraude consciente” e “incumplimiento involuntario”, y atribuyen este último a muchos pequeños comercios “que desconocen” que deben cumplir con la responsabilidad ampliada del productor.

Ecoembes asegura que cuando detecta casos de “fraude” los denuncia a las comunidades autónomas. A preguntas de los periodistas, señala que en 2022 tramitó en total 326 denuncias, de ellas 68 en Madrid, 51 en Cataluña, 44 en Canarias, 34 en Andalucía, 27 en la Comunidad Valenciana y 21 en Galicia.

“Llevamos años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica la creación de un órgano público y oficial con capacidad observadora, controladora y sancionadora que permita minimizar el riesgo de incumplimiento y fraude al sistema”, se queja Ecoembes, que en todo caso confía en que la obligación de crear un Registro de Productores a partir de este año “facilitará el conocimiento y cumplimiento de la ley en este aspecto”.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera encargó a la consultora ENT, quizá la más prestigiosa en el sector de los residuos, un informe sobre el nivel de fraude existente. A preguntas de infoLibre e Investigate Europe, una portavoz del Ministerio indicó que “el estudio elaborado por ENT finalizó en diciembre de 2022, estando pendiente su publicación. La conclusión más importante del mismo es que a partir de los datos recopilados no es posible realizar una estimación del fraude para 2019 a escala estatal que cumpla estándares mínimos de representatividad estadística en los envases sujetos a RAP a través de caracterizaciones”. Por ello, añade la portavoz, “en los próximos meses se va encargar la realización de un nuevo Plan de caracterización de residuos a escala estatal, que actualice el realizado por este Ministerio en 2012”.

Sin embargo, el fraude atribuible a quienes están fuera del sistema no da completa respuesta a las dudas que existen entre expertos en el sector de los residuos. Esas dudas se llegaron a plasmar en un estudio encargado por el Gobierno de Baleares para contrastar con la realidad los datos que le facilitaba Ecoembes. La conclusión del informe era que en 2016 las empresas declararon que se habían puesto en el mercado 49.385 toneladas de envases ligeros en dicha comunidad, mientras que el análisis de los flujos de envases a lo largo de toda la cadena de valor situaba esa cifra en 91.965 toneladas. Es decir, el fraude se situaría en el 86%. 

Ecoembes defiende que ese estudio tiene “dos sesgos muy importantes”. El primero sería que no incorpora “la corrección por suciedad y humedad” a la caracterización que se realizó de la basura en las islas, que puede llegar a ser hasta el 30% del peso del producto. El segundo sería “que no diferencia los residuos domésticos, que son los adheridos a Ecoembes, de los residuos comerciales e industriales”. También atribuye la discrepancia en los datos a “los pocos muestreos que se hicieron” y mantiene que estudios posteriores desmintieron los datos de ese estudio del Gobierno balear.

La encargada de realizar el informe fue precisamente la consultora ENT. Uno de los autores del estudio fue Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales, que explica así aquel trabajo: “Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ecoembes no dispone de datos de puesta en el mercado por comunidades autónomas, sólo el agregado a nivel estatal, y utiliza los datos de la consultora Nielsen. Por tanto, el propio dato de Ecoembes es una estimación. ¿Nosotros qué hicimos en Baleares? Ir a la basura y contar y pesar residuos, analizar las caracterizaciones de residuos municipales disponibles y calcular a partir de ella cuántos envases estaban sujetos a RAP”. Sastre sostiene que trabajaron “con los datos oficiales del Gobierno balear y eran los mejores datos disponibles en ese momento”.

En todo caso, destaca Sastre, “el factor central respecto a los datos de Ecoembes es el siguiente: da igual las caracterizaciones que hagas, da igual que en la metodología descuentes la humedad o los impropios de los materiales, en la fracción resto siempre nos encontramos más envases de los que debería haber si los datos de Ecoembes reflejasen la realidad de la puesta en el mercado de envases sujetos a RAP”.

Vicenç Vidal, ahora senador por la coalición Més per Mallorca, era el consejero de Medio Ambiente cuando decidió encargar el informe para contrastar los datos de Ecoembes y no tiene dudas sobre a quién creer: “Yo siempre le decía a Ecoembes que no estaban pagando lo que debían de acuerdo con la responsabilidad ampliada del productor. Y que, en consecuencia, los costes que no pagaba Ecoembes, lo pagaban los ciudadanos. El informe del Govern balear sobre los productos puestos en el mercado demuestra que Ecoembes nos estaba engañando con ese dato. Los datos que da Ecoembes son imposibles. No son en absoluto creíbles”.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, compara de forma sistemática los datos que ofrece Ecoembes con los de otras fuentes como Administraciones Públicas y asociaciones sectoriales. Y sus resultados suelen discrepar abismalmente de los de Ecoembes. Por ejemplo, Peula sostiene que en 2021 la producción de residuos de envases plásticos fue de 1.566.966 toneladas, en vez de las 775.454 declaradas oficialmente.

Pero, ¿por qué deberíamos creer sus datos? Peula responde: “Porque las cifras de Ecoembes no concuerdan con lo que se percibe a diario en las instalaciones de tratamiento de residuos. Tanto mi experiencia personal, de más de 25 años trabajando en gestión de residuos municipales, como los comentarios de compañeros del sector, cuando nos encontramos en congresos y conferencias relacionadas con los residuos municipales, van en la misma dirección: la cantidad de residuos de envases que gestionan las entidades locales es muy superior a la que admite Ecoembes como envases adheridos”.

El gran poder de Ecoembes no se deriva solo del hecho de quiénes son sus accionistas, sino de la posición dominante que tiene en los cuatro momentos de la cadena de reciclaje donde hay dinero en juego.

En primer lugar, Ecoembes fija las llamadas “tarifas del punto verde”, ese logotipo que encontramos en los envases y que lo único que indica es que está adherido al sistema. Como los accionistas de Ecoembes son los grandes productores, son ellos mismos los que deciden cuánto van a pagar por los envases que ponen en el mercado.

Después, está la negociación con las Administraciones. Los residuos son en España una competencia municipal. Ecoembes tiene la obligación de encargarse de los envases cuando se convierten en residuos, pero son los ayuntamientos quienes disponen de las infraestructuras de transporte y recogida de la basura. Por tanto, Ecoembes firma convenios con las distintas Administraciones por ese trabajo que realizan para la empresa: recoger los envases de la basura y llevarlos a las plantas de selección. Los convenios se renuevan cada cinco años. Personas que han participado en esas negociaciones explican que “como Ecoembes es un monopolio, tiene un enorme poder para decidir cuánto paga a cada Administración, lo que incluye tratar mejor a quienes protestan menos”. En 2021, Ecoembes abonó 560 millones a las diferentes Administraciones.

En las plantas de selección se separan las fracciones recuperables de los diferentes residuos para luego compactarlos y enviarlos a las plantas de reciclaje. Ecoembes ofrece dos tipos de acuerdo a esas plantas: pagarles por el trabajo que hacen para recuperar el material, o quedarse además con el propio material (lo que en el argot se llama “retoma”). De las 97 plantas que recuperan envases procedentes del contenedor amarillo, prácticamente en todas se produce la retoma por parte de Ecoembes, mientras que en las 96 que trabajan con la llamada “fracción resto” de la basura (lo que no se recoge de forma separada), se queda con el material en aproximadamente el 60%. Hay una parte significativa de envases que se siguen depositando en la fracción resto y no en el contenedor amarillo

Por último, Ecoembes vende el material adquirido a las empresas que se dedican al reciclaje. Para Ecoembes es la segunda principal vía de ingresos (104 millones en 2021), aunque lejos de lo que percibe por las tarifas del punto verde (650 millones en 2021). Pero, lógicamente, para muchas empresas de reciclaje es fundamental que Ecoembes les adjudique material ya que es la materia prima que necesitan para funcionar. “Si tienes una empresa de reciclaje, y Ecoembes no te da materia prima, pues puedes ir cerrando”, resume una persona conocedora del proceso.

Las prácticas de Ecoembes con las subastas de material le han costado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenia (CNMC), presentada por la sociedad PET Compañía para su Reciclado. La CNMC inició un proceso de información reservada, que incluyó inspeccionar la sede de Ecoembes y requerir información a diferentes operadores del mercado, y concluyó que había indicios suficientes para abrirle un expediente sancionador “por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio”.

La CNMC investiga si, al menos desde 2004, existió en Ecoembes “un procedimiento de susbastas ejecutado de forma arbitaria, que no garantizaba su transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas”. Además, intenta averiguar si se establecieron “barreras de acceso para participar y resultar adjudicatario en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas, medioambientales o económicas”.

Ecoembes niega, lógicamente, cualquier práctica irregular, pero admite que los procedimientos eran mejorables: “Estamos ya en proceso de implementar un nuevo sistema de adjudicación digital de los materiales para aportar al proceso una mayor transparencia y flexibilidad”. Es decir, hasta ahora Ecoembes recibía las ofertas para la subasta a la vieja usanza, en un sobre cerrado.

En cuanto al cuadro general, a su posición dominante en esos cuatro momentos donde hay negociación económica por medio, Ecoembes prefiere utilizar otra terminología: “Es verdad que tenemos un papel importante en la cadena de la gestión de los residuos, pero más que como poder Ecoembes lo ve como una responsabilidad. Responsabilidad compartida con otros agentes en la cadena, con el único objetivo de mejorar el reciclaje”. Y rechaza expresamente que tenga la capacidad de imponer a las Administraciones las condiciones de los convenios. “Existe mucha colaboración entre Ecoembes y las Administraciones”, resaltan sus portavoces.

Julio Barea, director de campañas de Greenpeace, no tiene ninguna duda sobre el cabildeo que practica Ecoembes. “Para concluir que Ecoembes es un lobby sólo hace falta ver quiénes son sus asociados: todas las grandes empresas productoras y envasadoras de este país. Lógicamente, Ecoembes lo que va a buscar es lo que genere más beneficio para sus miembros. Eso se traduce en que sus asociados paguen lo menos posible por las tarifas del punto verde y por la gestión de los residuos. Los socios de Ecoembes no quieren hacerse cargo del coste completo de sus residuos y hacen cualquier cosa para lograr ese objetivo”. Además, añade el ecologista, “tienen un aparato de propaganda tremendo. Pueden gastar hasta dos millones y medio de euros al mes en campañas de marketing y publicidad. Solo hace falta ver qué se publica sobre Ecoembes en la mayoría de los medios”.

El monopolio de Ecoembes, sobre el papel, podría terminar pronto. Una empresa denominada Procircular está en proceso de conseguir las autorizaciones necesarias para operar, algo que espera poder hacer a lo largo de 2024. Cuando llegue ese momento, cualquier empresa sujeta a RAP podrá elegir si se adhiere a Ecoembes o a Procircular. Esta última pertenece al grupo alemán Reclay, que opera en diversos países europeos. La presidenta de Procircular, Carmen Sánchez, sostiene que su modelo se basará “en la transparencia y la participación de todos los productores, independientemente de su tamaño”, una indirecta clara al poder que ejercen las grandes multinacionales en Ecoembes. Y es que, a priori, parece claro que el campo para crecer de Procircular serán las empresas más pequeñas.

Ecoembes defiende que paga lo que debe, ya que cumple escrupulosamente con la ley. Puede ser. Pero lo que no tiene duda es que, en su caso, no se cumple estrictamente el principio de que “quien contamina, paga”.

En todo caso, merece la pena fijarse un momento en la legislación, efectivamente. La Ley de Envases que estuvo vigente hasta el año pasado fue aprobada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar, con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente. Y era una ley especialmente considerada con los grandes productores y envasadores, de forma que sólo debían pagar “la diferencia de coste” entre el sistema ordinario de recogida de basura y el de recogida separada de determinados envases que se implantaba en esa norma. Eso sirvió a Ecoembes, que curiosamente se había constituido antes incluso de la aprobación de la ley, para defender que sólo debía pagar por la gestión de los envases depositados en el contenedor amarillo. En otro términos: si la botella de Coca-Cola estaba en el contenedor amarillo, Ecoembes entendía que ese coste corría de su cuenta, pero si el mismo envase aparecía en la fracción resto de un cubo o en un parque, consideraba que no era su responsabilidad.

La realidad es que muchos envases se tiran en los cubos de la fracción resto o se abandonan en un parque o en la playa, así que productores y envasadores se han ahorrado bastante dinero todos los años gracias a la ley del Gobierno Aznar, que no reformó ninguno de los posteriores hasta el actual. Con la nueva norma aprobada por el Gobierno de coalición, las empresas deberán abonar a partir de 2024 parcialmente los gastos asociados a la recuperación de envases de la fracción resto, de la limpieza viaria y de parques y playas, y los de sensibilización e información a los ciudadanos. Ese “parcialmente” va ligado a la obtención de determinados objetivos de reciclaje, que si no se alcanzan les obligarían a pagar la factura completa.

Un estudio de Rethinking y Greenpeace sobre los “costes ocultos” de la mala gestión de los residuos cifró en 1.033 millones lo que Ecoembes se ahorra cada año por el reciclaje de envases ligeros que se depositan en la fracción resto. O, planteado desde otro punto de vista, 1.033 millones que los contribuyentes pagan de más vía ayuntamientos. Ecoembes afirma que esa cifra “está muy alejada de la realidad”, pero ante la pregunta de los periodistas de qué cantidad es la que manejan ellos, la respuesta es que no dispone de un cálculo alternativo. Tampoco lo tiene de lo que se incrementarán los costes que tendrán que abonar a partir de 2024, para cumplir con la nueva ley: “Ecoembes está trabajando en una propuesta de pagos que presentará en un mes a las comunidades autónomas y con la que se iniciará el diálogo entre ambas partes para establecer el coste final”.

En 2021, Ecoembes pagó en total a 560 millones a las Administraciones públicas, a través de 58 convenios de ámbito autonómico o municipal. A petición de los reporteros, la empresa facilitó la distribución por comunidades, que se reproduce en el gráfico que figura más arriba. Las cuatro comunidades que percibieron más fondos fueron Cataluña (103,6 millones), Andalucía (101,6 millones), Madrid (70,5 millones) y Comunidad Valenciana (52,9 millones). Un experto al que infoLibre e Investigate Europe pidió que analizase las cifras globales concluyó que los “datos de unas comunidades con otras son congruentes atendiendo a los envases que recogen”.

Un año interesante, sin duda, el que espera a Ecoembes. Tiene que renegociar todos los convenios con las Administraciones, es probable que la CNMC decida si sanciona a la empresa por abuso de posición dominante, después de 25 años quizá tenga un competidor por pequeño que sea y en la batalla por la fiabilidad de los datos el círculo se estrechará un poco más cuando el Ministerio realice después de una década un nuevo plan de caracterización de residuos.

"Esto confirma lo que de alguna forma es conocido: es un sistema de SDDR fraudulento que pretende contrarrestar uno verdadero". Quien habla es Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción, y se refiere de este modo a Reciclos, un sistema de reciclaje proyecto de Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases ligeros en España. Según ha desvelado infoLibre este jueves en una investigación liderada por el consorcio Investigate Europe sobre la amenaza del plástico en Europa, se trata de un sistema ilógico y abierto al fraude. Vendido como una "iniciativa tencológica pionera", permite contabilizar el mismo envase reciclado hasta el infinito y, al mismo tiempo, limita a 25 el número de botellas y latas que se pueden reciclar a la semana. La exclusiva ha hecho que organizaciones ecologistas carguen contra la empresa. "No nos sorprende para nada. Ya conocemos a Ecoembes", critica con ironía Julio Barea, director de Campañas de Greenpeace.

Para entender la polémica, lo primero es conocer exactamente qué es Reciclos. Presentado por sus defensores como un “nuevo modelo de reciclaje”, funciona a través de una app que hay que descargarse en el móvil: el usuario debe escanear el código QR de la botella de plástico o lata antes de llevarla a un contenedor amarillo, donde tiene que escanear otro código QR. Cada envase escaneado se recompensa con un “punto Reciclos”, que luego se pueden canjear por participaciones en sorteos o donarlos a proyectos sociales o medioambientales. Es una forma, sostiene Ecoembes, “de captar a través de incentivos, no a los convencidos del reciclaje, sino a quienes necesitan un plus para reciclar”.

Ecoembes bautizó el proyecto como Sistema de Devolución y Recompensa (SDR), un nombre no escogido al azar. "Se ha elegido la palabra para añadir confusión y que la gente que está un poco concienciada piense que es lo mismo que SDDR, aunque no lo es. Yo creo que es algo que han hecho a propósito", critica Arribas. ¿Por qué dice esto? Las siglas de SDDR corresponden a Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, y se trata de un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). Es un sistema que funciona con éxito en 13 países europeos y que Ecoembes rechaza para España.

"Es por la acción de lobby que está haciendo Ecoembes, que no quiere perder su monopolio", explica Barea. La diferencia fundamental es que el sistema SDDR sí funciona, y hay datos que lo avalan en Europa. Es el único sistema conocido que logra de media tasas de recogida selectiva de botellas de plástico superiores al 90%, llegando en países como Alemania o Noruega a cifras superiores al 95%. El modelo SDR, en cambio, no tiene datos. La "falta de transparencia", como critica Arribas, es una constante en la empresa, que está siendo investigada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) por "supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio".

Pero es que además los agujeros de la aplicación que permiten escanear el mismo envase una y otra vez dificulta la elaboración de datos. Que nadie pueda controlar qué se deposita en los contenedores —ya que los "puntos Reciclos" se otorgan sin comprobar si la botella o lata se deposita en el contenedor—, tampoco ayuda a la tarea. Y eso, según los ecologistas consultados, hace que surja la duda sobre el resto de datos ofrecidos por la empresa sobre reciclaje. "Si el sistema tiene tantos agujeros, no nos podemos fiar de los datos que ofrezca Ecoembes. Tendrían que darnos resultados. No sabemos ni la eficiencia que ha tenido Reciclos en el reciclaje ni en el presupuesto", critica Arribas. "Inflan sus cifras. Tienen acaparado el reciclaje en el país", añade Barea.

Como publica infoLibre, en España, Ecoembes asegura que en 2021 la tasa de recogida separada de botellas de plástico fue del 71,1%. Esa cifra ya supera el objetivo del 70% marcado en la ley para 2023, pero está veinte puntos porcentuales por debajo de la mayoría de países con SDDR.

A finales de 2022, Reciclos contaba con 35.900 contenedores amarillos y 267 máquinas de devolución en 107 municipios. La cifra de contenedores equivale a algo más del 9% de los existentes en toda España, pero llama la atención el bajísimo número de máquinas, que son la base de los sistemas SDDR y que en Reciclos sólo constituyen el 0,7% de los puntos de recogida de envases.

Tanto Barea como Arribas se muestran partidarios de implantar ya el sistema SDDR. Hace un año se aprobó la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases pero las patronales y multinacionales del sector quisieron evitar a toda costa que se estableciera la obligación legal de implantar en España el SDDR. Así que firmaron una declaración de apoyo al sistema Reciclos. Por ahora, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Arribas se muestra preocupado, concretamente, por la ley valenciana. "Le da el visto bueno a implantar 10.000 máquinas de Reciclos a 31 de diciembre de 2024", critica, lo que torpedea, añade, la implantación de verdaderos SDDR.

Hay un modelo de reciclaje que está abriéndose paso en Europa de manera inexorable. Y España, pionera en otras cuestiones de transición energética, se está quedando en el lado torpe de la historia.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país.

El SDDR se implantó por primera vez en Suecia en 1984. Otros países nórdicos siguieron su ejemplo ya en el siglo pasado: Islandia, Finlandia y Noruega. Y al comienzo del nuevo milenio se extendió por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Estonia y Croacia. Este último país lo inauguró en 2006, año que marcó un parón que duró tres lustros. Desde entonces hasta 2021 sólo un nuevo socio se añadió al selecto club: Lituania en 2016. Pero Europa vive ahora una explosión de países que se suman al SDDR: en 2022 comenzó a funcionar en Eslovaquia, Letonia y Malta y otros seis Estados han aprobado su implantación antes de que finalice 2025: Portugal, Rumanía, Irlanda, Hungría, Reino Unido y Austria.

En 2025, por tanto, habrá un SDDR operativo en 19 países europeos –16 de ellos de la UE–, pero España no estará en ese grupo. Quedará descolgada junto a las otras dos grandes economías del sur de Europa, Francia e Italia.

El SDDR volvió con fuerza a la agenda europea a raíz de la Directiva sobre plásticos de un solo uso (conocida como Directiva SUP por sus siglas en inglés), aprobada por las instituciones comunitarias en 2019. Entre otras medidas para reducir el consumo de plásticos fija un objetivo de recogida selectiva de botellas de plástico del 77 % para 2025 y del 90 % para 2029.

La fijación de la UE con el plástico tiene su razón de ser. Contrariamente a lo que muchos suponen, la mayoría de los envases de plástico no se reciclan, sino que acaban en vertederos o en incineradoras potencialmente tóxicas. Se calcula que como máximo se recicla el 40% de los envases de plástico generados en Europa. Diversos estudios han calculado recientemente que cada año llegan a los océanos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. En 2030 podrían ser el doble si no se actúa con contundencia.

El SDDR es el único sistema conocido que logra de media tasas de recogida selectiva de botellas de plástico superiores al 90%, llegando en países como Alemania o Noruega a cifras superiores al 95%. Ese es el motivo por el que los políticos de muchos Estados europeos están apostando por el sistema de retorno para las bebidas que se consumen en botellas de plástico y latas. Pero no en España.

El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobó el año pasado dos normas que contienen múltiples avances en la protección medioambiental: la Ley de residuos y el Real decreto de envases. Sin embargo, en lo referente al SDDR, apostaron por una normativa que en la práctica supone dilatar su implantación como mínimo hasta el final de la década.

Ambas normas fijan unos objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico del 70% en 2023 y del 85% en 2027 y establecen que, si no se logran, será obligatorio implantar un SDDR en España en un plazo máximo de dos años desde la fecha de incumplimiento. El problema está en la letra pequeña: ¿quién cuenta y quién controla los datos?

El monopolio de los datos lo tiene hasta ahora Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores del país, desde Coca-Cola a Mercadona pasando por El Corte Inglés, Danone, Nestlé o Colgate Palmolive (puedes consultar aquí quienes son todos sus accionistas). Y resulta que Ecoembes lleva más de una década oponiéndose frontalmente a la puesta en marcha de un SDDR en España, un sistema cuya implantación podría costar cientos de millones anuales a sus accionistas, según un estudio realizado por la empresa pública Tragsatec en 2021.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), analizaron el funcionamiento y la situación del SDDR en los países de la UE. Entre otras cuestiones preguntaron a Ecoembes cuáles eran los últimos datos que tenía sobre recogida selectiva de botellas de plástico y cuál era su previsión para este 2023, primer año en el que la ley fija un requisito de cumplimiento. Según Ecoembes, España logró en 2021 una recogida selectiva del 71,1%.

En otras palabras: España ya habría logrado en 2021 el porcentaje que la ley fijó en 2022 como un objetivo a conseguir en 2023.

Con ese dato en la mano, los empresarios del gran consumo son optimistas y están convencidos de que esquivarán el SDDR obligatorio a corto plazo. “Ecoembes, teniendo en cuenta que el dato de recogida separada ya fue del 71,1% en 2021, prevé que se supere el objetivo fijado para 2023”, reconocen sus portavoces a los periodistas.

Los datos que facilita Ecoembes son cuestionados por ecologistas y expertos en el sector. Greenpeace lleva tiempo quejándose de ese monopolio estadístico. “El propio Ministerio de Transición Ecológica no tiene capacidad para hacerles frente. Nosotros le decimos a los funcionarios del Ministerio: “¿Cómo es posible que dejéis en manos de Ecoembes todo el tema de los datos, que aceptéis como buenos los datos que os dan ellos? No responden, pero es evidente que están en sus manos, que el Ministerio no tiene capacidad para verificar de forma independiente los datos de Ecoembes”, denuncia Julio Barea, director de campañas de Greenpeace.

Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking y con amplia experiencia laboral como técnico en el servicio de tratamiento de residuos de la Diputación de Granada, tampoco se cree los datos oficiales. Peula monitorea de forma sistemática en su consultora los datos de reciclaje y calcula que la recogida selectiva de botellas de plástico en España se situó en el 32,8% en 2021, menos de la mitad de lo que sostiene Ecoembes. 

En la Ley de Residuos se dan algunos pasos para cambiar ese monopolio. Por ejemplo, se crea un Registro de Productores donde las empresas tendrán que aportar diversa información, incluido un dato que es clave a la hora de calcular las tasas de reciclaje: cuántos productos han puesto en el mercado. Es cierto que seguirá siendo una autodeclaración de las empresas, pero expertos en el sector lo valoran positivamente. “No es lo mismo para una empresa defraudar con los datos a Ecoembes que al Ministerio. El incentivo para declarar bien es mayor y eso disminuirá el fraude”, sostiene Sergio Sastre, doctor en Ciencias Ambientales que trabaja en ENT, quizá la consultora con mayor prestigio en el ámbito de los residuos.

El ejemplo paradigmático del buen funcionamiento de un SSDR es Noruega. "Aquí tenemos unos hábitos de devolución muy arraigados. La inmensa mayoría de la gente devuelve sus botellas, y si te sientas en un parque y la dejas tirada o en una papelera, viene alguien y la recoge. Eso es lo bueno de este sistema. Si no tienes un depósito en las botellas, nadie se molestará en recogerlas. Sólo hay que ir a Inglaterra o Francia o cualquier país donde no tengan un SDDR y comprobarlo". Quien habla es Kjell Olav Maldum, consejero delegado de Infinitum, la empresa que gestiona el sistema en Noruega.

Italia es uno de los lugares donde no existe el SDDR para la recogida de envases de un solo uso. Pero contrariamente a lo que piensa Maldum, y al igual que ocurre en España, la mayoría de los productores y envasadores italianos consideran que no lo necesitan. Conai, el consorcio nacional de envases, advierte de que la introducción de un SDDR en su país constituiría "una duplicación innecesaria de costes económicos y medioambientales".

Podría parecer que en Noruega prima la conciencia medioambiental, mientras que en Italia sólo están más preocupados por el coste económico. Pero no es tan sencillo porque los productores italianos también afirman que son capaces de alcanzar altas tasas de reciclaje combinando la recogida tradicional a través de contenedores con un sistema de recogida selectiva, "que cuesta diez veces menos" que un SDDR, según Conai.

La clave del modelo noruego está en un impuesto que se aprobó junto a la implantación del SDDR. Para evitar que las latas y las botellas de plástico no se reciclen, las autoridades del país nórdico establecieron en 1999 un elevado impuesto medioambiental sobre los envases de bebidas. La tasa disminuye en función de la proporción de envases recogidos. En 2023, el impuesto para las botellas de PET –el plástico utilizado en envases para bebidas– es de 3,91 coronas noruegas (0,34 euros) por unidad, mientras que para el vidrio y el metal alcanza las 6,46 coronas noruegas (0,57 euros). Pero la industria no paga hoy esta tasa. La tasa de recogida supera el 95%, que es el requisito para que se suprima el impuesto. Para 2022, la cifra de botellas y latas recogidas se acercaba al 99%, según los datos de Infinitum.

Kjell Olav Maldum, el jefe en Infinitum, destaca por qué esa combinación del impuesto elevado con el SDDR es tan importante: "Las tiendas de comestibles y los fabricantes de Noruega recibieron un incentivo económico. Siéntase libre de vender botellas de plástico, pero si luego no las recogen, deberán pagar. Este es el tesoro más maravilloso: te costará la camisa, a menos de que hagas un buen trabajo, en este caso te saldrá más barato". Hacerlo bien en Noruega en 2023 significa la recogida separada del 95% de las botellas, mientras que hacerlo bien en España equivale a conformarse con el 70% fijado por el Gobierno y celebrado por Ecoembes.

La mayor tasa de recogida selectiva de envases es una de las principales ventajas de un SDDR. Sin embargo, aunque el debate suele centrarse en ese porcentaje, hay otras cuatro poderosas razones que respaldan este modelo.

En primer lugar, un SDDR conlleva una reducción sustancial del littering o basura dispersa, las botellas y latas que se abandonan en parques o en la playas y que muchas veces terminan contaminando los mares. La razón es obvia: los ciudadanos tienen un claro incentivo económico para retornarlos. Incluso si son abandonados por el consumidor inicial, el depósito actúa como aliciente para que otra persona los recoja y los devuelva para reclamar el dinero. Diferentes estudios sobre el impacto del SDDR en lugares de Europa, Estados Unidos, Canada y Australia donde está operativo mostraron una reducción del 70-80% en el littering de envases de bebidas y del 30-40% en la basura dispersa total. Una parte importante de esta contaminación acaba en los océanos.

En una pequeña playa a pocos kilómetros de Bergen (Noruega) nos encontramos con Kenneth Bruvik. Lleva muchos años recogiendo basura y residuos plásticos a lo largo de la costa occidental de su país, procedentes sobre todo de Reino Unido, Portugal y España, tres Estados donde no existe SDDR aunque en los dos primeros ya está aprobada su puesta en marcha. La corriente oceánica hace que el plástico que se arroja en esos países llegue flotando hasta las costas noruegas. Bruvik ha decidido pasar el resto de su vida luchando contra la contaminación por plástico. Primer objetivo: conseguir que se introduzca en toda Europa un sistema de retorno de botellas de plástico. "Aquí hay botellas rotas en trocitos muy, muy pequeños. No podemos seguir así. A todos los que fabricáis estas botellas desechables: ¡basta ya! Establezcan un SDDR. El plástico debe tener un valor para que no se desperdicie. No puede acabar en la naturaleza y destruirla", reclama Bruvik.

En segundo lugar, la introducción de un SDDR aumenta la pureza del material recogido y, por tanto, la calidad de lo que se recupera. La pureza es clave para alcanzar el objetivo de circularidad del plástico establecido en las normas comunitarias.

En tercer lugar, existe una ventaja en términos de reducción de emisiones de CO2. En Portugal, la entidad que aspira a gestionar el SDDR estima que el sistema evitará la emisión anual de más de 217.000 toneladas de CO2 equivalente, ya que será necesario producir menos envases nuevos y ello significa menos plástico virgen, que se produce a partir del petróleo o del gas natural (puedes leer aquí nuestro reportaje sobre cómo Coca-Cola, Mercadona y Día impulsan en Portugal un sistema que rechazan en España).

Y, en cuarto lugar, el SDDR crea más puestos de trabajo que el reciclaje tradicional a través de los contenedores. "La razón principal es que al maximizarse las tasas de recuperación se garantiza que un mayor volumen de envases pase por cada etapa del proceso de reciclaje (recogida, transporte, selección) y se generen los puestos de trabajo asociados", explica un documento de Reloop, una ONG activa en temas relacionados con la economía circular.

Por supuesto, un SDDR no sólo tiene beneficios. También tiene costes, debidos principalmente a la creación de la infraestructura de recogida y al funcionamiento del sistema. El primero incluye la compra o el alquiler de máquinas de devolución, mientras que el segundo debe cubrir, entre otros, la mano de obra de la recogida y el transporte.

Mario Grosso, profesor de Gestión de Residuos de la Universidad Politécnica de Milán (Italia), señala otro aspecto crítico del SDDR: "No pretende evitar la producción de plástico. Se corre el riesgo de transmitir el mensaje de que el plástico es bueno si se recicla. El SDDR no es más que un seguro de vida para los plásticos".

Conai en Italia y Ecoembes en España agrupan a la industria del gran consumo para cumplir con lo que se llama “responsabilidad ampliada del productor” (RAP), que es una manifestación del principio “quien contamina, paga”. La idea de la RAP es que quien hace negocio vendiendo un producto no es solo responsable de lo que ocurra hasta que lo compra el consumidor, sino que esa responsabilidad se amplía hasta la fase en que se convierte en residuo. Por eso, tiene que encargarse de la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado. Lo podrían hacer individualmente, pero la inmensa mayoría de las empresas prefieren hacerlo colectivamente, y así es como surgen Conai en Italia o Ecoembes en España.

Por tanto, esa industria del gran consumo es la que tiene la obligación de asumir los costes por la gestión de residuos que ponen en el mercado. Y como el SDDR es una forma mucho más cara para esas empresas de cumplir con la RAP, su propio interés les lleva a preferir sistemas que les salgan más baratos, como la recogida a través de contenedores.

Por supuesto, ni Conai ni Ecoembes se presentan ante la opinión pública admitiendo que rechazan un SDDR porque les costaría más dinero. Eso las convertiría en organizaciones ciertamente antipáticas a los ojos de la gente: grandes multinacionales con enormes beneficios que prefieren enriquecerse un poco más aún a costa de convertir los océanos en mares de plástico. Para ganar el debate público, utilizan otra estrategia: hablar sólo de objetivos de recogida selectiva –no de littering, ni de emisiones contaminantes, ni de puestos de trabajo, ni de calidad del material recogido– y argumentar que se pueden alcanzar sin un SDDR y a un coste económico menor. Si se pueden lograr los mismos objetivos gastando diez veces menos, como argumenta la italiana Conai, ¿quién va a ser tan descerebrado como para optar por la opción cara?

Por supuesto, los mismos objetivos no se logran ni siquiera en el terreno de las tasas de recogida separada de botellas de plástico. Y un ciudadano italiano o español puede preguntarse razonadamente: ¿por qué tenemos que conformarnos con el objetivo marcado por la UE del 77% en 2025 y no apostar por el 99% que tienen ya los noruegos o los alemanes?

Después de más de una década de oposición frontal a un SDDR, Ecoembes ha cambiado de discurso. Tras la aprobación en 2022 de las nuevas normas estatales sobre residuos y sobre envases, que condicionan la puesta en marcha de un SDDR al incumplimiento de objetivos de recogida separada de envases, la industria entiende que “la guerra de modelos” está superada. “Creemos que se trata de una decisión correcta en la medida en que el marco normativo antepone el cumplimiento de objetivos por encima de una confrontación de sistemas que en realidad no existe, zanjando un debate artificial en el que parecía que era más importante la lucha de modelos (contenedores vs. depósito) que las metas ambientales a alcanzar. Nuestra obligación por lo tanto es cumplir con los objetivos y trabajamos mano a mano con las Administraciones para conseguirlo”, sostiene Ecoembes.

Unos objetivos que Ecoembes está seguro de poder conseguir “con un sistema de reciclaje de participación voluntaria como el que tenemos en España, que se basa en un “símbolo muy reconocible como es el contenedor amarillo”, potenciado por “modelos de incentivación apoyados por la tecnología móvil”, en referencia a Reciclos (puedes leer aquí nuestra investigación sobre este sistema de reciclaje, con un diseño ilógico y abierto al fraude).

Los portavoces de Ecoembes respondieron a todas las preguntas planteadas por los periodistas de infoLibre y de Investigate Europe. Pero fue imposible que admitieran las ventajas que, según todos los estudios internacionales, tiene el SDDR en el tema del littering, la calidad del material o la creación de puestos de trabajo. A todas las preguntas sobre si conocían esos hechos respaldados por una amplia evidencia científica, la respuesta fue siempre la misma: “No lo sabemos”.

¿Puede la misma empresa deshacerse en elogios hacia un sistema de reciclaje en Portugal y rechazarlo al mismo tiempo en España? Sí puede. De hecho, Coca-Cola, Mercadona y Dia lo hacen. ¿Puede una patronal oponerse en España a un modelo de reciclaje y al mismo tiempo pertenecer a una organización europea que lo defiende como la mejor opción? Sí puede. De hecho, las patronales de bebidas refrescantes y de aguas minerales están en esa situación.

Las multinacionales hacen negocios en diferentes países, lo que las obliga a adaptarse a marcos regulatorios y condiciones de mercado diferentes. Pero es difícil encontrar que la misma compañía defienda posiciones tan opuestas en dos países vecinos como ocurre con el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 países europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

En España ha existido en la última década una oposición frontal al SDDR liderada por Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (aquí puedes consultar quiénes son los dueños de Ecoembes). Entre ellos están cuatro compañías –Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl– que son también socias de la entidad SDR Portugal, que impulsa en este país el modelo de retorno de envases.

En Portugal el SDDR se denomina Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), de ahí el nombre de la compañía lusa. Constituida en septiembre de 2021 como una asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es “crear y gestionar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas de un solo uso”. En Portugal se aprobó por ley la implantación de un SDDR, que debería haber empezado a funcionar en enero de 2022, pero el Gobierno luso aún está pendiente de decidir quién se encargará de gestionarlo. Los principales productores y envasadores portugueses crearon la asociación para hacerlo ellos.

La página web de SDR Portugal recoge de forma sucinta y clara las principales ventajas que tiene un sistema de retorno. Lo que se relata coincide, por cierto, con las conclusiones de decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia.

El SDDR, sostiene la asociación, “permitirá a Portugal reciclar y reutilizar más y mejor las decenas de millones de envases de bebidas no reutilizables”, con tasas de reciclaje previstas en torno al 90%. Es una “alternativa sustancialmente más sostenible y eficiente” para el reciclaje y la reutilización, puesto que “garantizará muy eficazmente” la reincorporación de los envases “al circuito de producción y, con ello, a un verdadero sistema de economía circular”.

Con el SDDR, afirman los productores y envasadores lusos, se conseguirá “que los envases de bebidas no reutilizables sean considerados como una materia prima y no como un residuo, como ocurre en la actualidad” y tendrá “enormes beneficios medioambientales”.

La entidad pone cifras a ese impacto medioambiental favorable: el aumento de las cantidades recuperadas de envases “permitirá evitar la emisión anual de 108.000 toneladas equivalentes de CO2 en la producción de nuevos envases”; la mejora de la calidad del material recogido, al ser utilizado en la producción de nuevos productos, “evitará la emisión anual de 109.000 toneladas equivalente de CO2”; se reducirá el littering (basura dispersa abandonada en parques o playas) “entre un 30 y un 40% en total, y entre un 70 y un 90% en el littering de envases de bebida; habrá una “reducción de la basura marina” y también una “reducción de contaminantes (entre el 18 y el 26%)”.

El SDDR también tendrá importantes efectos positivos en la economía. Para empezar, la industria y distribución del gran consumo calcula que se crearán más de 1.500 puestos de trabajo. Además, como está previsto que se duplique “con creces” la cantidad de envases de PET –el plástico que se utiliza en las botellas– recuperados de alta calidad, ello “brindará la oportunidad de invertir en la duplicación de las capacidades nacionales de reciclado de PET”.

Todas estas explicaciones constan en una página web que está presidida por los logos de las 24 empresas que forman parte de SDR Portugal, que en conjunto controlan el 90% del mercado de bebidas refrescantes y el 80% del comercio minorista de alimentación.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza que suponen los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), plantearon a Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl una serie de preguntas para saber qué razones explican que mantengan “dos posturas aparentemente contradictorias sobre el SDDR en Portugal y en España”. En el primer país impulsan ese sistema de recogida de residuos, que pretenden gestionar y cuyos beneficios difunden públicamente, mientras que en España forman parte de Ecoembes y de otras patronales sectoriales que llevan años oponiéndose a la implantación de un SDDR.

Coca-Cola ofreció la siguiente explicación: “En España, nuestra posición respecto al SDDR está estrictamente alineada con la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que está trabajando con el resto de la industria para implantar la mejor solución para cumplir con los plazos marcados por la normativa aprobada recientemente en nuestro país". Anfabra, como parte de Ecoembes y también de la patronal de Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone a la puesta en marcha de un SDDR en España.

Al mismo tiempo, en su respuesta, Coca-Cola admite que “los sistemas SDDR han demostrado ser la forma más eficiente de garantizar una alta tasa de recogida en los países en los que se han implantado”.

En otras palabras: Coca-Cola no apuesta en España por el sistema que sabe que es más eficaz para la recogida de botellas de plástico y se escuda detrás de la posición de la asociación de bebidas refrescantes, donde es probablemente la compañía con más poder a la hora de tomar decisiones y fijar postura.

Mercadona ha sido especialmente activa en la lucha contra el SDDR, sobre todo cuando el Gobierno de Ximo Puig lo intentó implantar en la Comunidad Valenciana. El proyecto al final no salió adelante y su gran defensor, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Alvaro, fue destituido a principios de 2018.

Una portavoz de la multinacional que preside Juan Roig explica así su postura: “En Mercadona siempre hemos entendido que hay que trabajar por una solución global para todos los envases, no solo botellas y latas de bebidas. El SDDR da respuesta a una parte mínima de los residuos de envases que se generan en nuestro país, y a un coste muy elevado (coste que finalmente acabará pagando el consumidor). Somos de la opinión de que esa inversión debería ir destinada a mejorar la gestión de todos los residuos de envases”.

Es más, dicha portavoz entiende que “la postura de Mercadona es la misma en España y en Portugal”. Algo que sostiene en el hecho de que en ambos países respeta la legalidad: “Portugal aprobó en 2018 la implantación por ley de un SDDR, y desde la compañía se respeta esa decisión (como no puede ser de otra manera), mientras que en España se ha condicionado su implantación al incumplimiento de los objetivos”. Efectivamente, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Dia, por su parte, respondió con una declaración genérica sobre su compromiso “con el medio ambiente y con la implementación de las medidas necesarias para cumplir y superar los objetivos que marca la normativa vigente, ya sea optimizando los sistemas actualmente existentes o implementando otros que resulten técnica y económicamente viables”. Al igual que Mercadona, su portavoz también hace referencia a la situación legal en el país vecino: el SDDR es allí “obligatorio, razón por la que en 2022 Dia se asoció a SDR Portugal con el objetivo de dar cumplimiento a la norma y avanzar en la implementación de las obligaciones que se establecen”. 

Hay que señalar que infoLibre e Investigate Europe no preguntaron a ninguna de las cuatro multinacionales si tenían previsto respetar la legalidad, sino si consideraban que los argumentos que utilizan para defender el SDDR en Portugal (tasas de recogida del 90%, mayor calidad de los envases recogidos, menores emisiones, creación de puestos de trabajo…) también son aplicables en España. Ni Coca-Cola, ni Mercadona, ni Dia respondieron a esa sencilla pregunta.

Quien sí lo hizo, con todo tipo de detalle, fue Lidl. En su caso, los periodistas incluyeron en sus preguntas referencias al hecho de que la cadena de supermercados no solo defiende el sistema de retorno en Portugal, sino que en Alemania presume de la eficiencia y los beneficios del SDDR propio implantado en sus tiendas, y también lo ha apoyado públicamente en Austria y Reino Unido.

“Gracias a nuestra experiencia internacional e implementación en otros países como en Alemania, sabemos que el SDDR para plásticos de un solo uso sería una de las mejores opciones para contribuir de forma positiva al medio ambiente. En efecto, en Alemania el reciclaje de materiales de un solo uso alcanza ya el 98,5%, y a su vez, gracias a la recogida separada, proporciona más materiales reutilizables de alta calidad. Es decir, a través de este sistema se permite el reciclaje de botella a botella o lo que es lo mismo, que una botella vuelva a ser otra botella tras su proceso de reciclaje”, indica el portavoz de Lidl en España.

Por otro lado, añade dicho portavoz, “también nos encontramos con una ventaja desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2. Su sistema de compresión [de las máquinas del SDDR] supone ahorrar espacio a la hora de transportar las distintas botellas para reciclar. Con ello, y según se desprende del estudio Ifeu realizado en Alemania, se lograría compactar en un solo camión todo el material para el que hasta ahora serían necesarios 26 camiones”. Ifeu son las siglas del Instituto de Investigación Energética y Medioambiental de la ciudad alemana de Heidelberg.

“En definitiva, contamos con datos que avalan el éxito de este sistema y por tanto siempre y cuando se logre el consenso entre todos los actores partícipes en España, desde Lidl apoyaremos la implementación de este sistema de reciclaje”, concluye la cadena de supermercados alemana.

Las dos principales patronales del sector de las bebidas también tienen posturas diferentes sobre el SDDR según dónde firmen los comunicados. En Europa piden cosas a las que en España se oponen.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) forma parte de Unesda, la patronal europea del sector, mientras que la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) está integrada en Natural Mineral Water Europe (NMWE, antes denominada EFBW).

Pues bien, en septiembre de 2020, las dos patronales europeas firmaron una declaración conjunta en la que solicitaban “un amplio despliegue de sistemas SDDR bien diseñados en los países de la UE” (puedes ver aquí el comunicado conjunto en inglés).

"Tanto Unesda como la EFBW consideran que un SDDR bien diseñado es un sistema de recuperación eficaz para alcanzar los objetivos europeos de recogida de botellas de bebidas y para salvaguardar la calidad del PET reciclado que necesitan nuestras industrias. Además, también puede contribuir a los objetivos climáticos de la UE, por ejemplo, al requerir el uso de menos materiales vírgenes gracias al reciclado en circuito cerrado, lo que se traducirá en una menor huella de CO2. Por este motivo, cada vez son más los Estados miembros de la UE que se plantean la introducción del SDDR”, se lee en la declaración conjunta.

Anfabra y Aneabe no solo son accionistas de Ecoembes, punta de lanza contra el SDDR en España, sino que su gran apuesta es Reciclos, un falso sucedáneo de SDDR. Como ha desvelado la investigación de infoLibre e Investigate Europe, Reciclos es un sistema abierto al fraude y con un diseño completamente ilógico, que dice pretender fomentar el reciclaje estableciendo límites a las botellas y latas que se pueden reciclar (puedes leer aquí el artículo sobre Reciclos).

En febrero de 2021, Anfabra y Aneabe (a través de la Federación España de Industrias de Alimentación y Bebidas) firmaron junto a otras patronales del sector del gran consumo una declaración en Barcelona mostrando su apoyo a Reciclos, iniciativa que calificaban como “pionera en Europa” y en la que realizaban afirmaciones sin ningún tipo de evidencia científica o fáctica, como que Reciclos “puede contribuir a frenar” el littering.

Es decir, las dos patronales reclamaron en septiembre de 2020 en Bruselas "un amplio despliegue" de los SDDR en la UE y cinco meses después respaldaron públicamente en Barcelona la estrategia de Ecoembes para evitar la implantación del SDDR en España.

infoLibre e Investigate Europe plantearon a Anfabra y Aneabe una serie de cuestiones para aclarar esa contradicción. En concreto, preguntaron si estaban de acuerdo con que un SDDR es la mejor forma de recoger más envases y de mayor calidad y de contribuir a los objetivos climáticos, tal y como se afirma en la declaración europea, y también si comparten la conclusión de los estudios internacionales que sostienen que un SDDR reduce de forma considerable el littering.

Ambas organizaciones respondieron a los periodistas, pero con afirmaciones genéricas que no abordan las cuestiones planteadas.

Anfabra asegura que “el SDDR es una realidad impuesta normativamente que implicará nuevas dinámicas, tiempos de preparación y puesta en marcha, así como grandes inversiones por parte de toda la cadena de valor”. Esto en realidad no es cierto, ya que el SDDR no se ha “impuesto” en España, sino que la ley “condiciona” su puesta en marcha a que se incumplan unos objetivos determinados de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. Si se logran esos objetivos, no es necesario implantar un SDDR.

La breve respuesta de Anfabra se completa con la siguiente afirmación: “En línea con nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y circularidad de los envases, nuestro sector seguirá avanzando para encontrar las soluciones que mejor encajen con la realidad y las particularidades del mercado y los consumidores en España, en colaboración con toda la cadena de valor, otros sectores y, en particular, nuestros clientes del retail”.

Aneabe, aunque sin responder tampoco a las cuestiones concretas, transmite una posición más matizada. “Nuestra prioridad es continuar trabajando, junto a nuestras empresas asociadas, para alcanzar la plena circularidad de nuestros envases, que es uno de los retos del sector”, asegura la patronal de aguas minerales, que añade lo siguiente: “Por este motivo, estamos centrando nuestros esfuerzos y nuestra atención en la tramitación del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases, porque creemos, firmemente, que la nueva normativa es una oportunidad única para lograr la circularidad completa para los envases de bebidas, acompañando a las empresas en este viaje con las condiciones y herramientas más adecuadas”.

El Reglamento Europeo que menciona Aneabe está ahora en fase de negociación en las instituciones comunitarias. El primer borrador difundido, en octubre del año pasado, establece la obligación de implantar un SDDR salvo que un Estado logre una recogida selectiva del 90% de botellas de plástico en 2026 y 2027. Pero, lógicamente, nadie puede saber si se aprobará finalmente dicho Reglamento y cómo quedará redactado.

“Desde Aneabe queremos seguir impulsando, como hasta ahora, la recogida de botellas de bebidas de PET, de la manera más eficiente y sostenible posible. En la actualidad, en España, se recoge ya, de forma separada, un 71% de las botellas de bebidas de menos de tres litros, según los últimos datos de Ecoembes”, destaca también esta asociación.

Por último, infoLibre e Investigate Europe recabaron la opinión sobre el SDDR a la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). No existen en su caso posturas contradictorias, pero es una voz autorizada en el sector ya que representa tanto a los grandes distribuidores como a los pequeños supermercados. “El debate de ‘SDDR sí o SDDR no’ está superado, hay otros objetivos para la cadena con un gran poder transformador, como la ecomodulación, las medidas de prevención en su conjunto o el porcentaje de plástico reciclado en envases de PET”, señala María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

No obstante, la directiva de Asedas pone el énfasis en alguno de los posibles inconvenientes de un SDDR. “Tenemos que decir que el almacenamiento en tienda es complicado por las propias características del supermercado de proximidad, situado en zonas urbanas y basado en la rotación de productos, por lo que tiene muy poco espacio”, explica, en referencia a aquellas tiendas más pequeñas que optasen por recoger los envases devueltos de forma manual y no a través de máquinas.

“En nuestra opinión, tenemos que abordar el debate desde un punto de vista amplio y centrado en objetivos. El mayor desafío es que un envase no se convierta en desperdicio y, para ello, es necesario que todo ciudadano, empresa y administración haga sus deberes y asuma su responsabilidad”, concluye Martínez-Herrera.

“Las organizaciones que integran a la industria y la distribución del gran consumo declaran su apoyo al SDR de Reciclos, una iniciativa tecnológica pionera en Europa que incentiva al consumidor que recicla sus latas y botellas de plástico de bebidas”. La lista de abajo firmantes de esa declaración de apoyo la verdad es que impresiona. Hasta siete patronales que entre sus asociados tienen a Coca-Cola, Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Alcampo, Lidl, Dia, Ikea, FNAC, MediaMarkt, Leroy Merlín, Norauto, ToysRUs, Colgate-Palmolive, Henkel, Johnson’s Wax, Unilever…

Las siete patronales que firmaron esa declaración el 2 de marzo de 2021 en Barcelona llevaban razón en una cosa: Reciclos es una iniciativa “pionera”. Pero se quedaron cortas al señalar “Europa” como ámbito geográfico: no se conocen precedentes en ningún país del mundo de alguna de sus innovaciones. Por ejemplo: es un sistema para fomentar el reciclaje… ¡que limita el número de envases que se pueden reciclar!

Pero, ¿qué es Reciclos?

Se trata de un proyecto de Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (la inmensa mayoría de los abajo firmantes de la declaración de Barcelona). Presentado por sus defensores como un “nuevo modelo de reciclaje”, funciona a través de una app que hay que descargarse en el móvil: el usuario debe escanear el código QR de la botella de plástico o lata antes de llevarla a un contenedor amarillo, donde tiene que escanear otro código QR. Cada envase escaneado se recompensa con un “punto Reciclos”, que luego se pueden canjear por participaciones en sorteos o donarlos a proyectos sociales o medioambientales. Es una forma, sostiene Ecoembes, “de captar a través de incentivos, no a los convencidos del reciclaje, sino a quienes necesitan un plus para reciclar”.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza de los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), analizaron el funcionamiento de ese proyecto que las grandes empresas defienden como “una herramienta clave para contribuir a que España cumpla los objetivos en materia de reciclaje”. El resultado es que no dispone de controles eficaces para evitar el fraude, impone unas limitaciones ilógicas al reciclaje y carece de las principales ventajas de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Hay que destacar que Ecoembes colaboró en todo momento a la hora de facilitar su versión. No solo respondió a las 55 preguntas escritas enviadas por infoLibre e Investigate Europe sobre el funcionamiento de la empresa –una veintena de ellas sobre Reciclos–, sino que tres de sus directivos mantuvieron una larga reunión presencial con un periodista para aclarar todas las dudas pendientes.

El primer gran agujero detectado por los reporteros es quizá el más grave: la misma botella o lata se puede escanear las veces que uno quiera y el sistema sigue otorgando “puntos Reciclos” sin descanso. Los periodistas hicieron pruebas en ciudades y días diferentes y el resultado fue siempre idéntico: el mismo envase se puede escanear hasta el infinito. A veces es necesario dejar pasar un par de segundos entre escaneos o apartar un momento la botella del móvil. Tras ese mínimo descanso, el contador continúa sumando. Los reporteros grabaron una prueba para difundirla como parte de esta investigación periodística.

Cuando se escanea el envase, los “puntos Reciclos” pasan a estar “disponibles” porque falta el segundo paso para recibirlos definitivamente: escanear el código QR del contenedor amarillo. Si en este punto existiera algún control, el fraude potencial del escaneo infinito del mismo envase se podría detectar. Pero tampoco lo hay. De hecho, cuando uno escanea ese código QR del contenedor amarillo, el sistema ya le otorga al usuario definitivamente sus “puntos Reciclos”, sin necesidad de depositar realmente la lata o la botella en la basura. Ahí está por tanto el segundo gran agujero: nadie controla qué se deposita en el contenedor.

Esta falta absoluta de control pone en la diana precisamente uno de los elementos que lleva años bajo sospecha en la gestión de Ecoembes: la veracidad de los datos que ofrece.

Los periodistas plantearon expresamente a Ecoembes las dos siguientes preguntas: “¿Cómo controla que un usuario no escanea dos o más veces la misma botella? ¿Cómo controla que una botella que se ha escaneado realmente se deposita en el contenedor?”. La respuesta literal de la empresa fue la siguiente: “Para evitar dobles escaneos de una misma botella y controlar que las botellas escaneadas entran en el contenedor o la máquina, hemos desarrollado sistemas de Inteligencia Artificial que mediante el análisis de imagen y algoritmia de datos nos permiten identificar mediante diversos factores las situaciones potencialmente anómalas y los usos fraudulentos de la aplicación, garantizando así que se use y funcione de forma correcta”.

Parece indiscutible que algo falla en esa algoritmia…

Cuando el usuario de Reciclos realiza el segundo escaneo en el contenedor amarillo, para recibir sus puntos, aparece un mensaje sorprendente en la pantalla de su móvil: sólo puede escanear un máximo de seis envases del mismo tipo (botella o lata) al día y un máximo de 25 a la semana.

La lógica indica que un sistema que pretende fomentar el reciclaje, lo único que a priori no puede hacer es limitar el número de envases que se reciclan. Por ello, los reporteros plantearon a la empresa estas dos cuestiones: “¿No cree Ecoembes que limitar el número de envases que se pueden canjear por puntos Reciclos choca directamente contra la lógica de fomentar el reciclaje? ¿Conoce Ecoembes algún otro sistema de reciclaje en el mundo que limite el número de envases que se pueden reciclar?”.

El motivo para fijar límites, sostiene Ecoembes, "es muy simple: eliminar el riesgo de que Reciclos pueda fomentar el consumo de bebidas. Como se pueden obtener premios, queremos evitar que alguien compre con el único objetivo de obtener más puntos Reciclos. Quizá pecamos de un exceso de prudencia. Es un riesgo que habíamos identificado de forma teórica, pero que quizá en la práctica no se manifieste como algo real”.

Por supuesto, el riesgo de generar adicción a los puntos Reciclos parte de la idea de que el sistema funciona correctamente y no se puede escanear la misma botella una y otra vez. Quien descubra ese agujero ya no necesita comprar botellas o latas para tener más posibilidades de ganar alguno de los premios de Reciclos. En las últimas semanas, Ecoembes ha sorteado “cinco packs de seis botellas de aceite ecológico”, “cinco maletas de cabina”, “cinco packs de cosmética natural” o “cinco fantásticos packs de accesorios para bicicleta”, entre otros premios.

En cuanto a la existencia de algún precedente mundial de modelo de reciclaje que limite el reciclaje, la respuesta fue esta: "No conocemos otro sistema en el que exista esta limitación”.

El posible escaneo infinito y la limitación al reciclaje son las dos debilidades más evidentes de Reciclos. Pero hay, al menos, otras dos cuestiones polémicas.

La primera es que, al basarse en una aplicación que requiere utilizar un móvil inteligente, excluye a quienes no tienen recursos económicos suficientes para tener ese tipo de terminales y dificulta su utilización a una parte de las personas mayores que no están tan familiarizadas con su manejo. En Ecoembes dicen ser conscientes de ello: “A pesar de que la implantación y uso del teléfono móvil está presente en la práctica totalidad de la población, somos conscientes del desafío que representa este proyecto entre personas mayores o con menos recursos económicos. Por ello estamos llevando a cabo diferentes iniciativas para dar servicio a todos los nichos de población”.

La segunda puede convertirse en más problemática para la empresa por sus posibles implicaciones legales. Ecoembes sostiene que los menores de 14 años no pueden darse de alta en la aplicación: “Se establece esa limitación porque es la edad mínima necesaria por ley para otorgar el consentimiento por sí mismo para la utilización de sus datos personales”. Los periodistas se interesaron por saber cómo controla Ecoembes la edad de los usuarios y la respuesta fue la siguiente: “A pesar de la enorme dificultad para garantizar el cumplimiento de esta condición (una dificultad que comparten la inmensa mayoría de apps, webs, etc, para cuyo uso no exigen DNI), si encontráramos algún caso de incumplimiento iniciaríamos las medidas legales oportunas para corregirlo”.

Ecoembes no aclara cómo piensa “encontrar” casos de incumplimiento. Pero el asunto es peor que eso. Los reporteros de infoLibre e Investigate Europe realizaron media docena de pruebas con móviles diferentes: en el proceso de registro, la aplicación ni siquiera tiene un campo donde pida introducir el dato de la edad del usuario (sí pide el nombre, la localidad donde piensa reciclar o qué cubos tiene en casa). El descontrol llega a tal punto que este miércoles, en la tienda de aplicaciones de Apple, Ecoembes indicaba que Reciclos era para mayores "de 12 años".

A la pregunta de si en algún momento ha vendido datos a terceros, Ecoembes responde tajante: “Bajo ningún concepto se venden datos a terceros”.

La declaración de Barcelona de la industria y la distribución del gran consumo en apoyo de Reciclos se produjo en un momento clave. En febrero de 2021 se estaba debatiendo la elaboración de dos normas estatales que finalmente serían aprobadas un año más tarde –la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases– y las patronales y multinacionales del sector querían evitar a toda costa que se estableciera la obligación legal de implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Se trata de un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 Estados europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas. El depósito que se paga oscila entre 10 y 25 céntimos dependiendo del país (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

Ecoembes ha sido la punta de lanza en España contra el SDDR durante la última década. Argumenta que se pueden lograr los objetivos marcados por la UE –una recogida separada de botellas de plástico del 77% en 2025 y del 90% en 2029– a través de la mejora del sistema actual de contenedores amarillos. Y en ese marco de guerra total contra el SDDR es cuando surge la puesta en marcha de Reciclos.

Greenpeace, muy crítica con Ecoembes, no tiene duda sobre sus motivaciones para poner en marcha Reciclos. "Es una trampa de Ecoembes para dinamitar de nuevo la posibilidad de que se implante un SDDR. Un greenwashing brutal para frenar el SDDR en las comunidades autónomas donde había más posibilidades de ponerlo en marcha por los Gobiernos que tenían, como Cataluña y la Comunidad Valenciana", denuncia Julio Barea, director de campañas de la ONG ecologista.

Es llamativo el nombre con el que Ecoembes bautiza su proyecto: un Sistema de Devolución y Recompensa (SDR). Parece claro que, salvo para los ciudadanos más informados sobre el tema, esas siglas pueden generar confusión con las del SDDR.

Más allá del nombre, son pocas la similitudes entre Reciclos y un SDDR. Existen decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios y los costes de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia. Y de su lectura se deduce que tienen cinco grandes ventajas: la tasa de recogida de envases se sitúa en general por encima del 90%; la calidad del material que se recoge es mayor al no estar mezcladas las botellas o latas con otros residuos; contribuye a reducir las emisiones de CO2 ya que es necesario fabricar menos envases nuevos; reduce de forma significativa el littering (la basura dispersa abandonada en parques o playas), y crea mayor número de puestos de trabajo.

En España, Ecoembes asegura que en 2021 la tasa de recogida separada de botellas de plástico fue del 71,1%. Esa cifra ya supera el objetivo del 70% marcado en la ley para 2023, pero está veinte puntos porcentuales por debajo de la mayoría de países con SDDR.

A finales de 2022, Reciclos contaba con 35.900 contenedores amarillos y 267 máquinas de devolución en 107 municipios. La cifra de contenedores equivale a algo más del 9% de los existentes en toda España, pero llama la atención el bajísimo número de máquinas, que son la base de los sistemas SDDR y que en Reciclos sólo constituyen el 0,7% de los puntos de recogida de envases. Es cierto que tener funcionando todos los días una máquina es mucho más caro que estampar un código QR en un contenedor.

En todo caso, con las cifras de Ecoembes en la mano, la pureza del material recogido sólo ha podido mejorar en el 0,7% de los puntos de recogida donde hay una máquina de devolución de Reciclos.

Estos dos beneficios de los SDDR –la mayor tasa de recogida de envases y la mayor pureza del material– determinan otras dos de sus ventajas: la reducción de las emisiones de CO2 y la creación de más puestos de trabajo. Ello se explica, respectivamente, porque es necesario fabricar menos envases nuevos de plástico (producto que es un derivado del petróleo o del gas natural) y porque se mueven muchos más envases en toda la cadena de gestión de los residuos (recogida, transporte, selección).

En cuanto a la reducción del littering, está ligada al valor económico que tiene el envase en un SDDR: son muchos menos los consumidores que dejan abandonadas botellas o latas que les cuestan diez, quince o veinte céntimos cada una y, si lo hacen, es muy probable que otra persona recoja esos envases para recuperar el dinero del depósito.

No se puede descartar que en los cuatro años de funcionamiento de Reciclos alguna persona haya recogido un día una botella abandonada en un parque o en una playa para ganar un “punto Reciclos”, pero sí se puede afirmar con seguridad que no es una práctica extendida de momento entre la población.

Hay que destacar que las patronales firmantes de la declaración de Barcelona llegaron a poner por escrito que Reciclos “puede contribuir a frenar el littering”, pese a carecer de cualquier evidencia científica o fáctica para sustentar dicha afirmación.

Las explicaciones de Ecoembes se vuelven más nebulosas cuando se trata de medir el coste y la eficacia de Reciclos.

A finales de 2022, según Ecoembes, 350.000 personas se habían bajado la aplicación, pero solo 216.000 habían canjeado puntos por incentivos durante ese año (el 61% de los registrados).

En cuanto al número de envases escaneados, Ecoembes “calcula” que desde que se puso en marcha en la primavera de 2019 hasta finales de 2022 “se han realizado más de 17 millones de escaneos de latas y botellas a través de Reciclos”. En todo caso, la compañía pide que se tome este dato “como una aproximación. Nos consta que han podido ser más pero que no han sido contabilizados por diferentes motivos”.

¿Cómo se traducen esas cifras en la evolución de las tasas de reciclaje? Ecoembes “estima” que está teniendo una influencia positiva: “Desde su puesta en marcha hasta el cierre de 2022 hemos identificado en los municipios con Reciclos un incremento medio de la recogida selectiva de botellas de plástico de un 18,4% y de un 20,27% de latas de aluminio”. Y cuál ha sido el incremento en los municipios sin Reciclos, preguntan los periodistas. La respuesta no puede ser más sorprendente: “No tenemos esa información”.

La nebulosa se convierte directamente en oscuridad cuando llega la hora de hablar del coste económico que Reciclos tiene para Ecoembes. “Entenderás que en esta fase beta en que se encuentra la fase experimental de este proyecto preferimos no dar cifras económicas”, responde la compañía ante la pregunta sobre cuánto dinero ha dedicado a las diferentes partidas de gasto. Lo único que ofrece son porcentajes: el 47,72% corresponde a implantación y operaciones, el 26,99% a campañas de comunicación y el 25,28% al coste del canje de puntos.

Lo que está fuera de toda duda es que Reciclos le cuesta a los empresarios una cantidad insignificante en comparación con lo que deberían abonar por un SDDR. La empresa pública Tragsatec realizó en 2021 un estudio sobre la viabilidad de la implantación de un SDDR en España, en el que concluyó que “las empresas productoras e importadoras tendrían que aportar entre 440,9 y 617,8 millones de euros”.

Ante las preguntas de infoLibre e Investigate Europe, los portavoces de Ecoembes no pueden ser más cautelosos a la hora de hablar sobre Reciclos: “estamos hablando de un proyecto piloto en fase experimental”, “en esta fase beta del proyecto”, “es un proyecto en pruebas”…

Una prudencia que contrasta con la euforia que mostraron en 2021 las siete patronales de la declaración de Barcelona, cuando presentaron a Reciclos como “una herramienta para contribuir a que España cumpla los objetivos europeos en materia de reciclaje”, “un paso más en el avance hacia la economía circular en el ámbito de los envases”, “un sistema que contribuye al desarrollo de ciudades inteligentes”, “un sistema ideal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proteger la naturaleza”…

Cómo ha logrado transformar Ecoembes un modelo bendecido con tantas perfecciones en 2021 en un proyecto piloto en fase experimental en 2023 es ciertamente un misterio. Pero lo que resulta indudable es que la descripción actual se ajusta a la realidad bastante más que la propagada hace dos años por los abajo firmantes de la declaración de Barcelona.