Una red negra se extiende sobre el manzanal que bordea el campo donde Günther Wallnöfer lleva a sus vacas de vuelta al establo todas las tardes. "Sirve para proteger las manzanas, pero también para evitar la deriva de los pesticidas", explica Wallnöfer, ganadero de leche ecológica y cultivador de hortalizas en el municipio italiano de Malles Venosta. A pesar de las redes, Wallnöfer siempre se pone nervioso cuando analiza muestras de alimentos cultivados junto a los manzanales. Las sustancias venenosas acaban en los prados, en el agua, en las cumbres de las montañas circundantes, como ha constatado un estudio realizado por la Universidad de Milán-Bicocca.

Malles Venosta es un municipio de 5.200 habitantes en la provincia autónoma italiana de Bolzano, en Tirol del Sur, una región en la que se recogen cada año unas 950.000 toneladas de manzanas, el 50% de la producción total de Italia y el 10% de la de Europa. La provincia ostenta desde hace tiempo el récord italiano de uso de productos químicos en la agricultura.

Aunque no se dispone de muchos datos sobre el uso exacto de plaguicidas, estudios como el realizado por la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio Ambiente apuntan a un uso de pesticidas por hectárea decenas de veces superior a la media italiana. En 71 parques infantiles analizados se encontraron residuos de doce plaguicidas, según un estudio realizado por la Red de Acción contra los Plaguicidas de Europa (PAN).

En 2014, tres cuartas partes de los habitantes de Malles Venosta votaron en un referéndum local a favor de prohibir el uso de fertilizantes y pesticidas en su municipio. Se produjo un acalorado debate y se inició también una disputa legal. Cientos de agricultores de la zona recurrieron la votación de Malles Venosta, argumentando que no era competencia del municipio celebrar dicho referéndum. El tribunal administrativo local suspendió la prohibición un mes después de la votación. La decisión se encuentra ahora pendiente del Consejo de Estado, que debe dictar la sentencia definitiva, un fallo que probablemente llegará a finales de año.

Este reportaje forma parte de una amplia investigación sobre el tema de los plaguicidas realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

Mientras tanto, el debate continúa en el palacio provincial de Bolzano. Arnold Schuler, consejero de agricultura, silvicultura, turismo y protección civil del Partido Popular del Tirol del Sur (SVP, por sus siglas en alemán), afirma: "Nos enfrentamos a retos que queremos abordar. La cuestión es sólo con qué estrategias". A principios de septiembre, durante las jornadas de sostenibilidad del Tirol del Sur, se presentará un plan de acción para encontrar soluciones para los sectores de la leche, el vino y la fruta en la región. “Uno de los pasos más importantes será la recopilación de nuevos datos y herramientas para un amplio diálogo con los habitantes", asegura Schuler, quien también recolecta manzanas. En 8,5 hectáreas utiliza un enfoque integral y en 3,5 hectáreas cosecha manzanas ecológicas.

“Malles Venosta ha llevado el tema de los pesticidas a lo más alto de la agenda", afirma Hanspeter Staffler, concejal del Partido Verde de Bolzano, quien destaca que el referéndum ha atraído la atención de los científicos, haciendo hincapié en la cuestión del medio ambiente y de la salud de las personas. Su partido está trabajando en tres temas principales: un aumento del apoyo a la agricultura ecológica, la introducción de normas de distancia entre las zonas en las que se utilizan pesticidas y las explotaciones ecológicas o las áreas especialmente protegidas, y el cumplimiento de los objetivos en las zonas de compensación ecológica, como los setos, los grandes árboles o las tierras no cultivadas. Para Staffler, el argumento de la necesidad de recopilar datos es válido, pero también se utiliza como excusa para retrasar reformas muy necesarias: “Trabajé en una propuesta detallada para el control sistemático de los plaguicidas, pero fue rechazada por el SVP en comisión", explica.

La Comisión Europea acaba de proponer un Reglamento que obligará a reducir el uso de pesticidas a la mitad para 2030. Los productores de manzanas del Tirol del Sur se preguntan cómo se puede conseguir esto sin reducir la producción. "Ya estamos en un nivel en el que será difícil para la mayoría de los agricultores si se prohíbe otro 50% de las sustancias. En los últimos años, muchas sustancias ya se han quedado sin autorización y tenemos una oferta limitada de productos fitosanitarios", explica Harald Weis, presidente de la cooperativa Roen, que cuenta con 660 socios y 54 millones de kilos de manzanas recolectadas en 2021. La aplicación de la propuesta de la Comisión tendría un impacto negativo en los volúmenes de producción, explica Weis, quien cree que hay demasiado alarmismo sobre los plaguicidas porque ahora, gracias a la tecnología, se puede contener la dispersión de plaguicidas en el campo: "Lo que es un residuo en la hierba a pocos metros del árbol no es nada que deba preocupar a la gente. El glifosato es un producto que casi no tiene efectos negativos en el suelo. Afecta al cáncer de las personas, pero en el suelo es el producto ideal". Además del cultivo tradicional de manzanas, la cooperativa Roen también comercializa manzanas ecológicas (el 10% de la producción). "Pero los costes de la producción ecológica son más altos y el mercado es limitado", sostiene Weis.

El problema de la escasa demanda también lo aborda Martina Hellrigl, de la cooperativa social Vinterra, también en Malles Venosta. En Vinterra cultivan hortalizas y cereales en 4,5 hectáreas y gestionan un restaurante. Donde sus tierras lindan con un manzanal tradicional, plantan sobre todo espelta y hortalizas que crecen bajo tierra. "Vender nuestras verduras es difícil porque tenemos que acostumbrar a la gente a redescubrir la calidad de los alimentos sanos. Sería más fácil vender cerca de una ciudad más grande. Pero estamos notando que la demanda aumenta".

Raimund Prugger cultiva manzanas ecológicas en una pequeña parcela rodeada de campos donde crecen manzanas de forma convencional. Antes, utilizaba pesticidas en su explotación agrícola, pero una de sus hijas, que estudió agricultura ecológica en Viena, convenció a sus hermanas y al resto de la familia para que se pasaran a la agricultura ecológica. Raimund Prugger no se arrepiente de su elección, y está convencido de que en el futuro "la producción ecológica puede ser un argumento de venta adicional". Lo que lamenta es que, a pesar de que los agricultores del Tirol del Sur están dispuestos a considerar la agricultura ecológica, el movimiento es lento. "Esto se debe a que no hay ningún empuje por parte de los compradores de las manzanas (las cooperativas) para destinar un mayor porcentaje al cultivo ecológico, sino que la iniciativa sólo proviene del pensamiento de agricultores que están cansados de envenenar sus tierras”.

Aunque el referéndum sobre los plaguicidas en Malles Venosta fuera declarado inválido en última instancia, sus impulsores ya han conseguido importantes logros. La acción de Malles Venosta marcó la pauta para otros referendos en las cercanías, que, aunque no apoyaron la prohibición, llevaron el tema de los pesticidas al centro del debate público. Tal fue el caso de la consulta celebrada en Suiza en junio de 2021, en el que casi el 61% de los ciudadanos rechazaron dos iniciativas que habrían impuesto una prohibición a nivel estatal de los plaguicidas en un plazo de 10 años y prohibido la importación de alimentos producidos con esas sustancias. Pero también el referéndum sobre la creación de un biodistrito en Trentino, celebrado en septiembre de 2021, cuyo objetivo, según explicó el portavoz del comité promotor, Fabio Giuliani, "era elevar el cultivo ecológico en la región de Trentino hasta el 50% de las tierras agrícolas, frente al 6% actual y a una media italiana del 15%". “Lamentablemente, en parte por culpa de Covid, no pudimos implicar plenamente a la población y alcanzar así el quórum necesario para que el referéndum fuera válido", indica Giuliani.

Para Malles Venosta, el referéndum generó en la comunidad una fuerte conciencia sobre la necesidad de ir hacia una forma diferente de producir alimentos, como la de la cooperativa Vinterra y otras iniciativas similares en el municipio, experimentando con métodos alternativos a los pesticidas. Por otro lado, se han frenado los cambios estructurales. "Antes del referéndum, los recolectores de manzanas de fuera del municipio mostraban cada vez más interés por las zonas aún disponibles en Malles Venosta, que ahora se destinan a la ganadería", destaca Wallnöfer.

Los pequeños agricultores y ganaderos perdían cada vez más tierras porque no podían pagar tanto por ellas como los grandes productores de manzanas (unos 700.000 euros por hectárea). Pero con el referéndum y la incertidumbre sobre la posibilidad de utilizar pesticidas, este proceso se ha paralizado, añade. “Mis abuelos ya tenían vacas y queremos seguir así", indica Wallnöfer, mientras conduce sus 20 vacas hacia el establo.

Entonces, señala unas mariposas que descansan en las flores del prado. "Hace cuatro o cinco años sólo las teníamos a mayor altura. Ahora están volviendo a bajar", señala. No existen investigaciones definitivas sobre el motivo por el que las mariposas han regresado, pero Wallnöfer tiene la esperanza de que efectivamente se ha reducido la exposición a los pesticidas: “Nuestro trabajo está empezando a dar sus frutos. El regreso de las mariposas a los prados, el apoyo desde otras regiones, incluso los debates en Bruselas... todo esto es un incentivo para continuar".

La agricultura actual depende en gran medida de los pesticidas. Esto conducirá a un colapso ecológico, advierten los científicos. La ciencia demuestra que ya hemos entrado en una fase de extinción masiva de determinadas especies animales que sólo podrá detenerse si el mundo se vuelve más ecológico y encuentra formas más sostenibles de alimentar a la población. Los políticos europeos se pelean ahora por lo estrictas que deben ser las nuevas normas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español. Busca dar respuesta a las preguntas clave sobre el uso de pesticidas, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y el poder de los grupos de presión.

Las plantas alimenticias siempre han necesitado estar protegidas contra las enfermedades, las plagas y los organismos nocivos: insectos, malas hierbas, hongos, bacterias y otros. Históricamente, los agricultores utilizaban ingredientes naturales para combatirlos. Pero con el crecimiento de la población mundial y el auge de la agricultura a escala industrial, las sustancias que podían repeler las plagas, regular el crecimiento y producir altos rendimientos se hicieron cada vez más indispensables. Los pesticidas químicos y sintéticos ofrecían una solución fácil.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), entre el 20% y el 40% de los cultivos se pierden cada año por culpa de las malas hierbas, las plagas y las enfermedades de las plantas. Los gigantes de la industria afirman que sin productos fitosanitarios –plaguicidas– sería "el doble".

En 20 años, el mercado internacional de plaguicidas agrícolas se ha duplicado, hasta alcanzar unos 52.000 millones de euros en 2019. Los 12.000 millones de euros de ventas de plaguicidas en Europa ese mismo año suponen casi una cuarta parte. A medida que las plantas y las plagas desarrollan resistencia a los plaguicidas, muchos agricultores aumentan su uso para asegurar la misma producción. Presionados por los precios industriales y las subvenciones agrícolas de la UE diseñadas para la producción en masa, muchos de ellos dependen de los herbicidas, insecticidas, rodenticidas y fungicidas. Se encuentran atrapados, como explica la organización Foodwatch en su reciente informe sobre cómo el actual sistema agrícola mantiene a los agricultores en patrones económica y ambientalmente insostenibles.

Sufrimos una crisis de biodiversidad. Las especies se extinguen a un ritmo alarmante, más rápido de lo que lo han hecho en 65 millones de años, desde que el meteorito acabó con los dinosaurios. El sistema alimentario mundial tiene una parte de la culpa. Este sistema promueve los monocultivos y depende de los fertilizantes y pesticidas, que contaminan el suelo, la vegetación y pueden permanecer en las fuentes de agua durante mucho tiempo o para siempre.

Además de matar insectos, malas hierbas y roedores, los pesticidas pueden ser tóxicos para muchos organismos huéspedes, como los insectos polinizadores y del suelo, las aves y los peces. Sin polinizadores, advierten los científicos, la agricultura moderna es extremadamente vulnerable a la crisis climática. Hasta el 75% de los 115 principales cultivos alimentarios dependen de la polinización animal, incluidos los alimentos ricos en nutrientes. El círculo vicioso continúa, ya que la agricultura intensiva es en sí misma una fuente importante de emisiones contaminantes del clima, ya que representa un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

También existe una controversia permanente sobre los peligros que los plaguicidas suponen para la salud humana, ejemplificada sobre todo por el caso de un herbicida llamado glifosato. Este herbicida, uno de los más utilizados en Europa y en todo el mundo, ha sido declarado "probablemente" cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta conclusión la rechazan tanto la industria como diversas agencias de la Unión Europea.

Los plaguicidas están diseñados para ser tóxicos para todos los organismos que no sean el cultivo, incluidos los insectos y polinizadores. Un estudio publicado en 2017 sobre áreas protegidas en Alemania documentó una pérdida del 75% en la población de insectos en 27 años. En el Reino Unido, los cálculos estiman  un 58% de disminución en 17 años.

Las abejas, al recoger el néctar o el polen y el agua, pueden absorber residuos de pesticidas. Los apicultores han observado pérdidas masivas de colmenas y un debilitamiento inusual del número de abejas en los últimos 15 años, especialmente en los países de Europa Occidental: Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) cita la agricultura intensiva y el uso de plaguicidas como dos probables factores causantes de este hecho.

El uso de insecticidas también afecta a las poblaciones de aves de toda Europa, alterando sus cadenas alimentarias y su capacidad para alimentar a las crías. Las aves de tierras agrícolas son las que más están disminuyendo. Las poblaciones de aves de granja en la UE disminuyeron un 17,4% entre 2005 y 2020. Las mismas especies se encuentran mucho mejor cuando viven en las ciudades, explicó a Investigate Europe Ariel Brunner, de Bird Life International. "Esto nos demuestra que es indiscutible que son nuestros sistemas agrícolas los que las matan. Las tierras agrícolas se están convirtiendo en páramos ecológicos".

La respuesta no es blanco o negro. Algunos estudios (en parte financiados por la industria) predicen una reducción significativa del rendimiento de los cultivos –entre un 10 y un 20%– tras la reducción en el uso de plaguicidas prevista por la UE para 2030. Llevan a la conclusión de que la producción de alimentos no puede arriesgarse a tales reformas.

Pero muchos otros actores subrayan que la capacidad de producción agrícola y ganadera ya está al límite, y sólo empeora debido a la resistencia a las plagas, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. A largo plazo, los pesticidas parecen poner en peligro la seguridad alimentaria, en lugar de garantizarla.

Científicos y ecologistas piden que se eliminen los plaguicidas por completo o al menos en un 80% en los próximos años. La propuesta de Reglamento de la UE no consiste en abolir totalmente los pesticidas, sino en reducir su uso en un 50% para 2030. En dos estudios diferentes (los puedes consultar aquí y aquí), científicos franceses han descubierto que es completamente posible reducir drásticamente la pulverización química de los cultivos sin perder rendimiento.

Además, según explica Dave Goulson, de la británica Universidad de Sussex, "cultivamos tres veces más calorías, aproximadamente, de las que necesitamos para alimentar a todo el planeta. Pero un tercio de esos alimentos se desperdicia, y otro tercio se destina a los animales". Por tanto, no se trata tanto de un problema de cantidad y de cultivos disponibles, como de la cuestión del comportamiento de los consumidores, del precio y de la distribución, Problemas que existen en Europa, pero también en otras regiones del mundo más vulnerables a la escasez de alimentos.

De hecho, la agricultura industrial como tal nunca ha garantizado el acceso a alimentos para todos a nivel mundial. Aunque la producción de los principales cultivos se ha triplicado con creces desde la década de 1960 –en parte gracias a los pesticidas y fertilizantes–, una de cada nueve personas pasó hambre en 2019. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en emergencias de salud pública en muchos países. Casi 40 millones de niños menores de cinco años declararon tener sobrepeso ese mismo año.

5) ¿Cuál es el debate en la política europea sobre el problema de pesticidas?

El 22 de junio de 2022, la Comisión de la UE presentó una esperada propuesta de Reglamento –una norma vinculante– para reducir el uso de plaguicidas en un 50% para 2030. Es conocida como SUR, siglas en inglés de "Sustainable Use of pesticide Regulation" (la denominación en español es Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios). Sin embargo, es sólo una propuesta, que corre el riesgo de chocar contra un muro de rechazo cuando los 27 Gobiernos estatales y los eurodiputados debatan sobre ella en los próximos meses.

Esta propuesta legal es continuación de una decisión relacionada con los pesticidas, adoptada el pasado 2 de junio y que fue un verdadero logro político: los Gobiernos de la UE acordaron comenzar a registrar e informar públicamente sobre el uso real de plaguicidas en Europa mediante un sistema de estadísticas sobre insumos y producción agrícola (llamado SAIO, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, no existe un sistema armonizado para ello, ni la posibilidad de medir realmente si el uso disminuye o aumenta. Ahora, por primera vez en la UE, será obligatorio que los Estados presenten datos sobre el uso de plaguicidas. Pero la propuesta original se ha suavizado. Las estadísticas sólo se publicarán a partir de 2028, no mucho antes de la fecha límite de reducción fijada por la UE para 2030.

El primer intento comunitario de abordar los riesgos e impactos del uso de plaguicidas se remonta a 2009, cuando se aprobó la directiva sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (SUD). No tuvo éxito porque no era vinculante y porque carecía de herramientas para medir el impacto.

La nueva estrategia de la Comisión Europea para hacer más ecológica la agricultura europea (llamada De la granja a la mesa), y las nuevas normas buscan romper el estancamiento. La presentación del Reglamento estaba prevista inicialmente para el pasado 23 de marzo. Pero para entonces, la invasión rusa de Ucrania había cambiado el escenario. Ante el aumento de los precios y la guerra entre dos de los principales proveedores de trigo del mundo, el lobby de la agroindustria pudo replantear la cuestión y presentar el Reglamento como una amenaza para la seguridad alimentaria. Muchos políticos siguieron su ejemplo.

La propia Comisión Europea ha tenido problemas internos para lograr una posición unitaria sobre el objetivo de reducción de pesticidas. El vicepresidente encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, presionó para que se reduzcan considerablemente los plaguicidas. En una entrevista con Investigate Europe, Timmermans calificó los problemas para transportar el grano ucraniano a los mercados como "consideraciones a corto plazo" que no deben utilizarse para cancelar el programa De la granja a la mesa, que busca "la salud y la supervivencia a largo plazo” del sector agrícola.

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, tiene una opinión diferente. Sostiene que, si bien hoy no existe una amenaza para la seguridad alimentaria en Europa, nadie sabe cómo evolucionará la situación, por lo que es importante producir más alimentos ahora.

Al menos 15 Gobiernos de la UE han expresado públicamente su oposición a los objetivos vinculantes de reducción, basándose en diferentes intereses nacionales, los logros anteriores, el riesgo de que se reduzcan los rendimientos agrícolas y el temor a la competencia desleal provocada por las importaciones de países con normas menos estrictas. Si uno de los mayores países agrícolas –Francia, España o Italia– se une a este rechazo, el texto propuesto no sobrevivirá.

 En la UE no, pero es muy probable que la guerra afecte a otras regiones del mundo.

Ya antes de la guerra, los precios internacionales de los alimentos habían alcanzado un máximo histórico. Esto se debía sobre todo a las condiciones del mercado, pero también a los altos precios de la energía, los fertilizantes y otros servicios agrícolas. La invasión rusa de Ucrania no hizo sino agravar una situación ya difícil.

Los dos países se encuentran entre los tres primeros exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y aceite de girasol. Rusia es también uno de los mayores proveedores de fertilizantes del mundo. Las alteraciones de las cosechas ucranianas, combinadas con la amenaza de restricciones comerciales a los alimentos procedentes de Rusia, podrían tener graves consecuencias para países de África, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico que ya son vulnerables a la inseguridad alimentaria. Casi 50 países de todo el mundo dependen actualmente de Rusia y Ucrania para al menos el 30% de sus importaciones de trigo. Para ocho Estados esta cifra se eleva al 80%, mientras que para Eritrea son el único proveedor. Ningún país de la UE se encuentra en esa lista de países más dependientes del trigo de los dos países en guerra.

Cuatro empresas agroquímicas poseen más de dos tercios del mercado mundial de pesticidas y casi el 60% del mercado de semillas agrícolas: Syngenta (china, de propiedad estatal), Bayer Crop Science (alemana), Corteva (estadounidense) y BASF (alemana). Aliados bajo el nombre de Crop Life, y con el apoyo de la organización europea de agricultores Copa-Cogeca, operan lo que se ha definido como "una máquina de presión casi perfecta". Destinan casi 10 millones de euros al año a sus esfuerzos por bloquear cualquier objetivo vinculante sobre el uso de plaguicidas en Europa, más de lo que gasta la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para regular los productos fitosanitarios. Entre las tácticas de cabildeo se encuentran las peticiones de "estudios de impacto" destinados a posponer cualquier acción, así como la movilización de apoyos desde Estados Unidos para presionar a la UE, como demuestra una presentación de la estrategia de Crop Life filtrada en las redes sociales en septiembre de 2021.

Cuando se prohíbe un plaguicida, suele haber ya una alternativa en el mercado. En la actualidad, se ha aprobado el uso de 452 sustancias activas de plaguicidas en Europa. La UE presume de tener "las leyes sobre plaguicidas más estrictas del mundo", y 937 sustancias han sido prohibidas, según una base de datos comunitaria.

Sin embargo, el modelo de negocio de la industria podría verse amenazado si la normativa se endurece.

Poco a poco, las cuatro grandes están perdiendo cuota de mercado en favor de China e India, cuyos pesticidas genéricos son cuatro veces más baratos que los productos patentados. La ONG francesa Le Basic estima que la facturación combinada de las cuatro principales multinacionales se redujo en casi 6.000 millones de dólares (unos 5.680 millones de euros al cambio actual) entre 2014 y 2020.

En definitiva, parece que el objetivo de la industria no es detener las reformas para siempre, sino hasta que haya alternativas que garanticen la supervivencia de sus negocios. La industria y las organizaciones de agricultores abogan por los sistemas robóticos y la agricultura de precisión, soluciones tecnológicas poco controvertidas, pero que conllevan el riesgo de acrecentar en nuevas formas la dependencia económica de los agricultores. Además, la industria promueve las Nuevas Técnicas para los Cultivos, un nuevo concepto para referirse a los organismos genéticamente modificados (OGM), que están ampliamente prohibidos en Europa pero que se utilizan mucho en Estados Unidos y en otros países. Se trata de un asunto repleto de explosivas consideraciones éticas y políticas.

Podría serlo, pero cultivar sin pesticidas es sólo una parte de la historia. Si los agricultores quieren cultivar sus tierras con menos veneno, también tienen que cambiar sus métodos. Por ejemplo, utilizando rotaciones de cultivos más largas, menos fertilizantes minerales o potenciando el control natural de plagas. 

La agricultura ecológica suele implicar un menor rendimiento. Pero la reducción que supone sería sólo una fracción de lo que actualmente se dedica a alimentar el ganado. Sólo la reducción del consumo de carne mitigaría considerablemente el problema de los plaguicidas.

¿Menos producción significa menos beneficios para los agricultores? No necesariamente. Un estudio global realizado durante 40 años sobre 55 cultivos ecológicos en los cinco continentes descubrió que, a pesar de una menor producción, la agricultura ecológica proporcionaba entre un 22 y un 35% más de beneficios que la convencional. ¿La explicación? Los agricultores fueron capaces de captar mercados de alto valor y lograr ratios de coste/beneficio entre un 20% y un 24% superiores a los de la agricultura tradicional.

También hay estudios que apuntan a un camino intermedio. Muestran que los objetivos de reducción de pesticidas propuestos por la Comisión son alcanzables con poca pérdida de productividad y rentabilidad. En 2017, científicos franceses concluyeron un informe sobre más de 900 explotaciones comerciales: "No pudimos detectar ningún conflicto entre el bajo uso de plaguicidas y una alta productividad y rentabilidad en el 77% de las explotaciones" investigadas.

Sí y no. El uso de plaguicidas y sus efectos nocivos para la biodiversidad es un tema que ha movilizado a los consumidores. En dos ocasiones en cuatro años, la sociedad civil ha conseguido recoger más de un millón de firmas de ciudadanos de toda la UE que se han sumado a sus llamamientos para prohibir los pesticidas. 

Un millón de voces verificadas bajo la llamada Iniciativa Ciudadana Europea es lo que se necesita para llevar las demandas a la agenda de la UE. Esto sucedió primero en 2017, con una audiencia en el Parlamento Europeo, gracias a la petición "Prohibir el glifosato" que también exigía "reformar el procedimiento de autorización de los plaguicidas y establecer objetivos vinculantes en toda la UE para la reducción del uso de pesticidas". Hasta ahora no se ha decidido la prohibición del polémico herbicida, pero, sin embargo, la petición tuvo efecto: la Comisión Europea nombró expresamente la iniciativa como motivo para proponer objetivos de reducción jurídicamente vinculantes. La segunda vez fue en 2021, gracias a la campaña "Salvemos a las abejas y a los agricultores", que pedía la prohibición total de los pesticidas. Cuando se hayan validado todas las firmas, el Parlamento Europeo tendrá que organizar de nuevo una audiencia pública sobre las demandas de los ciudadanos, probablemente en otoño de este año.  

La lucha contra los pesticidas continúa también a escala local. Un ejemplo es el referéndum celebrado en Malles Venosta, en el Tirol del Sur (Italia). Los ciudadanos decidieron prohibir el uso de pesticidas en su zona. La decisión fue apelada ante la justicia por diversos agricultores. Un tribunal regional dejó en suspenso la prohibición, pero la última palabra la tiene el más alto tribunal administrativo de Roma.

La Unión Europea pretende reducir los plaguicidas a la mitad en sólo ocho años. Al mismo tiempo, hoy no existen datos normalizados sobre su uso. Una nueva normativa debería cambiar esta situación, de forma que los objetivos más estrictos vayan acompañados de obligaciones de mayor transparencia. Pero el acuerdo final alcanzado establece que los datos sólo se recopilarán con periodicidad anual a partir de 2028, apenas dos años antes del objetivo de reducción fijado para 2030.

Tras un intenso debate de más de un año, los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo (los Gobiernos de la UE) llegaron el 2 de junio a un “acuerdo provisional” respecto al Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola (conocido como SAIO, por sus siglas en inglés).

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la importancia de superar la laguna estadística actual para lograr los objetivos de reducción de uso de pesticidas. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El Reglamento trata de lograr la racionalización de la recogida de datos sobre la agricultura –incluyendo el tipo y el volumen de plaguicidas utilizados por los agricultores–, pero evitando al mismo tiempo imponer una carga demasiado pesada a la industria y a las autoridades nacionales.

A día de hoy no existen estadísticas creíbles a nivel europeo sobre el uso de pesticidas, sólo sobre las ventas de los mismos. En 2020 se vendieron 346.000 toneladas en la UE, un volumen que se ha mantenido más o menos estable en la última década, con un ligero descenso en los últimos años.

Pero estos datos de ventas no son suficientes para medir y controlar la reducción del 50% del uso de plaguicidas para 2030, un objetivo acordado en principio por los Gobiernos de la UE en la estrategia llamada De la granja a la mesa, que forma parte del Pacto Verde. El 22 de junio, la Comisión Europea propuso objetivos vinculantes en el Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios.

El Reglamento de la UE sobre estadísticas agrícolas se considera una herramienta crucial para lograr esta reducción del uso de plaguicidas. Como es lógico, los planes han sido objeto de acalorados debates entre activistas medioambientales, grupos de presión, agricultores y gobiernos.

"Se puede hablar todo lo que se quiera sobre la reducción de los pesticidas, los fertilizantes, sobre lo ecológico... Pero si no hay datos, nada se mueve", advierte Petros Kokkalis, eurodiputado griego del Grupo de la Izquierda, que impulsó la norma sobre estadísticas en el Parlamento Europeo.

Un aspecto crucial es la frecuencia de la recogida de datos y a partir de cuándo se lleva a cabo. 

En su propuesta del año pasado, la Comisión planteó que los datos deberían recogerse anualmente a partir de 2025. Pero el mandato que salió del Consejo proponía que los Estados miembros sólo recopilasen los datos cada cinco años. Y también eliminó la obligación de los agricultores de conservar y enviar los datos por vía electrónica.

Los gobiernos que impulsaron estos cambios en el Consejo fueron Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y España. Así lo revelaron las ONG Pesticide Action Network (PAN) y Amigos de la Tierra al analizar las declaraciones de los gobiernos estatales en las negociaciones del Consejo.

PAN denunció que los gobiernos "diluyeron la propuesta de la SAIO de una manera que hace que el objetivo de reducción del 50% de los plaguicidas sea imposible de medir y, por tanto, inútil". No obstante, el acuerdo final alcanzado entre las tres principales instituciones de la UE se acerca más a la posición del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la recogida anual de datos y a los datos electrónicos estandarizados.

En todo caso, la recogida anual de datos no empezará hasta 2028, dos años antes de que los agricultores de la UE deban haber reducido su uso de plaguicidas en un 50%.

A preguntas de Investigate Europe, una portavoz del Ministerio de Agricultura español indicó que era “incorrecto” afirmar que España formase parte de ese grupo del que habla PAN: “España hizo alegaciones técnicas al Reglamento, no se opuso en ningún caso”.

Una vez que entre en vigor, el Reglamento de estadísticas llenará un vacío entre dos leyes comunitarias existentes. En la actualidad, los agricultores están obligados a mantener registros (nombre del plaguicida, fecha, dosis, superficie y cultivo) durante al menos tres años, pero sólo los entregan a las autoridades nacionales cuando se les solicita. Los datos pueden aportarse en cualquier formato: una hoja de Excel, un cuaderno o simplemente un papel suelto. Es habitual que los registros sólo se recojan esporádicamente entre una muestra de explotaciones, de forma que las autoridades puedan estimar así el uso de plaguicidas.

Cuando las autoridades nacionales recogen los datos, están obligadas, en virtud de otra ley comunitaria vigente, a compartirlos con Eurostat, la agencia de estadística de la UE.

Las estadísticas comunitarias son irregulares, ya que cada Estado miembro elige los cultivos y los años en los que se analizan. "Sin una mayor armonización, Eurostat no ha encontrado ninguna posibilidad de difundir datos significativos", admite un documento de 2019 de la agencia estadística.

Según el acuerdo de junio, los datos sobre plaguicidas deben ser recogidos por las autoridades nacionales anualmente, de forma digital y en un formato estandarizado, así como compartidos a nivel europeo.

"Los datos existen, pero no son homogéneos, no son los mismos en todos los países y no se publican. Nuestro esfuerzo es hacer que todos los países de la UE recojan los datos de la misma manera y al mismo tiempo", afirma el eurodiputado Petros Kokkalis.

El principal argumento en contra de las nuevas normas estadísticas es el posible aumento de los costes para los agricultores.

"Es importante recoger los mismos datos una sola vez, para evitar una carga administrativa excesiva. La mayoría de los agricultores son microempresas, ni siquiera pymes, por lo que esto podría ocuparles una parte considerable de su tiempo", afirma Pekka Pesonen, secretario general de la federación europea de asociaciones agrícolas, Copa-Cogeca.

Algunos agricultores también desconfían de la confidencialidad de los datos sobre las explotaciones, por miedo a un posible acoso en sus comunidades locales, sostiene Pesonen.

Otros temen que los requisitos y los objetivos obligatorios de reducción de pesticidas reduzcan su competitividad frente a los agricultores de fuera de la UE.

Ildefonso Cabanillas Corchado, que cultiva tomates en Extremadura, explica que él ya lleva un "libro sobre cultivos" obligatorio que identifica todos los productos químicos que utiliza. Esto, al igual que otras "normas de trazabilidad", es injusto para los agricultores de la UE, denuncia Cabanillas: "¿Dónde está la trazabilidad de las sandías que vienen de Marruecos? ¿Es tan justa y controlada como la que tenemos nosotros? Resulta que las sandías de Marruecos son cinco céntimos más baratas que las que traigo de Sevilla".

Está previsto que el acuerdo de la UE sobre el Reglamento de estadísticas se apruebe en el Parlamento Europeo en noviembre. Todavía no hay fecha para la aprobación en el Consejo. Cuando ambas instituciones lo respalden formalmente, se convertirá en ley.

Ríos tóxicos. Ese es el título del informe publicado recientemente por Ecologistas en Acción, en el que se analiza la contaminación química de ríos y aguas subterráneas en España. La principal conclusión es que todas las cuencas hidrográficas presentan contaminación con sustancias tóxicas en sus aguas superficiales (ríos, embalses, lagos) y subterráneas. “Los tóxicos detectados tienen múltiples orígenes y características, desde sustancias de la industria petroquímica hasta plaguicidas de uso agrario pero también disruptores endocrinos”, se denuncia en el informe.

Uno de los coatoures de dicho estudio es Koldo Hernández, a quien Investigate Europe ha entrevistado en el marco de la investigación sobre los efectos del uso de pesticidas en la agricultura. Un proyecto en el que infoLibre colabora como único medio español. 

P.- Una de las cuestiones que plantea el informe de Ecologistas en Acción es que la calidad de los datos es muy mala y que, debido a ello, los Gobiernos no pueden adoptar decisiones políticas.

R.- Los datos son muy malos por varias razones. Para que los responsables de los ríos puedan analizar, si quisieran, el uso de pesticidas de forma adecuada, lo primero que tendrían que saber es qué se está utilizando. Y no se sabe. No se sabe porque las estadísticas de uso se realizan cada cinco años, y además cada Estado miembro de la UE decide sobre qué pesticidas y sobre qué cultivos realiza las estadísticas.

Las únicas estadísticas anuales que existen no son de consumo, sino de comercialización. Estas estadísticas, por ejemplo, indican que España consume 13 millones de toneladas de glifosato. Y ya está. Nosotros llevamos dos o tres años peleando en España por el acceso a datos desagregados, pero nos hemos topado con lo que se llama el secreto estadístico. Hemos denunciado el tema ante los Defensores del Pueblo español y europeo, y hemos ganado, ambos han dicho que nos tienen que dar esos datos. Pero no los dan, y la Comisión Europea apoya que no los den.

Los datos de Eurostat sostienen que España fue en 2020 el primer consumidor de productos fitosanitarios de Europa, con 69.000 toneladas. Pero en la la web del Ministerio de Agricultura aseguran que han sido 76.000 toneladas. Esas 7.000 de diferencia son secreto estadístico. Por tanto, ya se parte de que un 10% de los datos no están disponibles, ni para el público ni para las Administraciones responsables de los ríos.

A ello hay que sumar que los datos no son reales, sino obtenidos a través de encuestas que contesta la industria. Son datos sesgados porque los da la propia industria y hay un número de fabricantes que ni siquiera contestan.

La directiva marco del agua obliga a analizar una serie de sustancias prioritarias, pero también obliga a analizar aquello que es susceptible de estar contaminando los cauces. Tampoco se tiene esa información. Esa directiva tiene además un enfoque muy dirigido a sustancias prioritarias, pero no a los contaminantes en uso. La mayoría de las sustancias prioritarias están prohibidas desde hace mucho tiempo.

¿Eso es una señal de que se siguen utilizando aunque estén prohibidas?

Puede ser. Hay evidencias de que puede ser, porque todos los años Europol hace redadas de plaguicidas ilegales. Y la cantidad que se decomisa cada vez es mayor. Así que se sabe que hay un mercado de pesticidas prohibidos. Eso sí, yo nunca he logrado saber qué es lo que se decomisa porque me han negado la información, tanto en Europol como en España.

La mayoría de estas sustancias prioritarias están ahí porque son permanentes. Van a estar ahí durante décadas. Pero falta un enfoque directo que se centre en los plaguicidas en uso.

¿Todo esto qué es lo que produce? Que no hay una serie de criterios armonizados de análisis. Entonces cada cuenca en España analiza una serie de pesticidas diferentes, que pueden cambiar cada año. Pero el titular es claro: no se analizan pesticidas en uso, se analizan pesticidas históricos, y hasta estos se analizan mal.

Otra cuestión a tener en cuenta es que muchos de los compuestos en estos plaguicidas no son solubles en agua, son solubles en grasa y en materia orgánica. En España todo el esfuerzo analítico está centrado en el agua. Entonces, cuando por ejemplo se detecta algo de lindano, que es un pesticida prohibido, vete a saber lo que hay por debajo, porque para que se detecte en agua una sustancia tan poco soluble como el lindano...

Y si esto ocurre en aguas superficiales, en las subterráneas multiplica lo mismo por dos o por tres porque se analiza todavía muchísimo menos.

En la UE se ha alcanzado precisamente un acuerdo este mismo mes respecto a las normas sobre estadísticas de plaguicidas, conocidas como SAIO por sus siglas en inglés. ¿Será suficiente para paliar esa mala calidad de los datos que denuncia?

El actual Reglamento establece dos tipos de estadísticas sobre plaguicidas. La anual de comercialización, cuyos datos tienen una calidad dudosa como he explicado, y la quinquenal sobre uso, que de hacerse de manera adecuada y veraz proporciona datos útiles sobre las cantidades de plaguicidas usadas en determinados cultivos y las zonas donde se utilizaron. Las organizaciones ambientalistas, como Ecologistas en Acción, hemos focalizado sobre esta última estadística los esfuerzos de influencia en el proceso de elaboración de la propuesta SAIO.

Nuestra propuesta era que esta encuesta pasase a tener una periodicidad anual y obligatoriamente los datos fueran obtenidos a través de registros electrónicos a completar por los usuarios de los plaguicidas. Si bien muchos Estados miembro defendían con vehemencia que esta encuesta siguiese siendo quinquenal, finalmente se ha aprobado que sea anual, pero a partir de 2028. Dado que el objetivo de reducción en el uso de pesticidas debe plasmarse en 2030, existe el peligro de que al tener para entonces datos de un número muy limitado de años, puedan ser insuficientes como herramienta eficaz para valorar si se cumple el objetivo.

De los estudios realizados por Ecologistas en Acción, ¿se puede concluir que la peor situación se da en la cuenca del Guadiana?

Nosotros no valoramos esto, precisamente porque los datos no son de buena calidad. Ese tipo de análisis llevaría además a conclusiones que son injustas. Por ejemplo, los resultados en los ríos del País Vasco son muy malos, pero porque es donde más se analiza. Casi la mitad de los análisis de España se hacen en el País Vasco. En el tema del glifosato, la segunda cuenca más grande de España, que es la del Ebro, no lo ha analizado nunca.

¿El nivel de uso de plaguicidas es mayor en el cultivo de frutas y cereales?

Pues tampoco lo sabemos con seguridad. Se puede intuir que sí, pero como no hay datos, no lo sabemos.

Hay Gobiernos que tienen discursos públicos ambientalistas, pero luego no siempre son consecuentes cuando se toman decisiones a puerta cerrada. ¿Dónde situaría al Gobierno español?

El discurso de España sobre los pesticidas está totalmente dominado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, es el único órgano competente en materia de plaguicidas. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido un perfil muy pro-industria. De hecho, independientemente de quién haya estado en el Gobierno, lo que son los funcionarios principales del Ministerio no han cambiado. En otros ministerios, los directores generales cambian con cada gobierno, pero en Agricultura y en el tema de los pesticidas, son siempre los mismos. Dentro de la UE, España es tradicionalmente un defensor acérrimo del uso de pesticidas, aunque a veces lo haga de manera dulcificada en las formas.

España no deja de ser una potencia agrícola europea. Es el segundo país con mayor superficie agrícola de Europa después de Francia, y es un país muy dependiente del uso de los plaguicidas. Los datos así lo avalan, así que es complicado.

¿Y cómo se pueden liberar los agricultores de esa dependencia del uso de pesticidas?

Reducir el uso de pesticidas en España va a ser como separar a una madre de su bebé recién nacido. Hay incluso que entenderlo porque el agricultor se ha educado con el plaguicida. Han tenido sus mayores producciones con el plaguicida. Y no hay cultura de no usarlos.

Va a ser un proceso muy complicado, que desde mi punto de vista sólo se podrá imponer de forma vertical, de arriba hacia abajo, porque lo que son procesos de formación y cambio de conciencia no se dan en pocos años. Es imposible conseguir la reducción que plantea el Reglamento de la Comisión para 2030 solo con medidas de formación.

Y también es muy fuerte el lobby de los fabricantes de pesticidas, que pronostica caídas de hasta el 50% de la producción agrícola si se dejan de utilizar

Este tipo de números siempre los difunde la industria ante cualquier tipo de regulación química que se haya planteado, no solo con el tema de los pesticidas. Lo que nunca dicen es que las consecuencias del desastre las pagamos todos.

Pero la ciencia también demuestra que el nivel de producción agrícola bajará si no se introducen cambios porque el modelo actual es insostenible.

El uso de los agrotóxicos actuales, si lo miras a largo plazo, es insostenible. En 2011, se comercializaron en España aproximadamente siete millones de litros de glifosato, mientras que en 2020 se comercializaron 13,5 millones. En un periodo de nueve años, el consumo de glifosato en España aumentó más del 90%. Desde la mera lógica, esa cifra no es consecuente con el aumento de la producción agraria, que no ha sido del 90%. Y aunque parte de lo comercializado vaya a las Administraciones locales, que lo usan con profusión, tampoco se alcanza ese porcentaje. Ello significa que este herbicida se está utilizando en zonas y en cultivos que antes no se utilizaban. Por ejemplo, yo vivo en La Rioja, y hace 10 años las viñas estaban llenas de vegetación y ahora una viña parece la luna, está sin ningún tipo de vegetación a excepción de la vid.

Los agricultores están cada vez utilizando más pesticidas, para conseguir los mismos resultados. La sostenibilidad de este modelo, ¿dónde está?

Y luego está el tema de la competencia por precios en la agricultura del sur de Europa. El uso de los pesticidas se supone que abarata los costes. Pero siempre va a haber países que tengan costes más baratos que Europa. Al final, las verduras y frutas que llenan nuestras estanterías son producidos cada vez más en Marruecos, Sudáfrica o Chile. ¿Por qué? Porque es más barato. Como sigamos así, una elevadísima parte de los alimentos que se consumen en Europa no se van a producir aquí porque no va a ser rentable.

¿Cómo valora Ecologistas en Acción la propuesta de Reglamento finalmente planteada por la Comisión? ¿Cuáles son los principales avances y las mayores lagunas?

Reconozco que cuando pudimos leer la propuesta de la Comisión nos alegramos y emocionamos, porque ver plasmado en este tipo de documentos la obligación de la UE de reducción del uso y riesgo de los plaguicidas del 50% nos parecía una utopía.

Además de ser el Reglamento vinculante, destacamos la prohibición del uso de plaguicidas en las denominadas “zonas sensibles”, entre otras los espacios de uso público como parques y jardines, aquellos otros que puedan ocuparse por personas vulnerables y zonas que gozan de protección ambiental. Tan solo por esto la propuesta de la Comisión merece un aplauso.

Por el contrario y, como no podía ser de otra manera, la propuesta tiene aspectos negativos como su apuesta por la agricultura de precisión sobre la base de que el uso de nuevas tecnologías conllevará una mayor eficacia de los plaguicidas y de su reducción. Este tipo de respuestas tecnológicas ya se ha constatado como ineficaz en otros ámbitos.

El Reglamento plantea un esfuerzo de reducción de plaguicidas diferente para cada Estado, dependiendo de la utilización que hayan realizado de estos productos entre 2015 y 2017. Habrá tres grupos, con una reducción del 35, 50 o 65 por ciento. ¿Sabe Ecologistas en Acción en qué grupo se encuadrará España?

– Lo desconocemos, pero en nuestra opinión debería ser superior a la media porque España no sólo es el país con mayor comercialización de plaguicidas de la UE, sino porque en ningún caso los datos avalan que se haya producido un descenso en los últimos años.

Pocos europeos habrían creído, hace unos meses, que la Unión Europea se vería inmersa en un drama político sobre la regulación de los plaguicidas parecido a House of Cards. Pero esa es la situación en Bruselas desde marzo, cuando la Comisión decidió posponer la presentación del Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, que busca reducir a la mitad su utilización. La Comisión desveló finalmente sus planes el pasado 22 de junio, pero la partida aún no ha terminado.

El aplazamiento se produjo en plena campaña de relaciones públicas de la gran industria química, que cuenta con una fuerte maquinaria de presión, apoyada por la poderosa federación europea de asociaciones de agricultores, denominada Copa-Cogeca.

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la actuación de las empresas y grandes organizaciones del sector. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El asunto es serio y delicado. Esto quedó claro cuando Investigate Europe entrevistó al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, responsable de conducir Europa hacia una transformación verde. El Pacto Verde de la UE tiene su propia estrategia para transitar hacia una agricultura ecológica, denominada De la granja a la mesa. El Reglamento sobre productos fitosanitarios es el primer intento de plasmar esa estrategia en una ley. "Por supuesto, el complejo agroindustrial se moviliza, y tenemos un debate muy, muy enfrentado, como siempre parece que tengo con ellos", confesó Timmermans [puedes leer aquí la entrevista].

El lobby de los pesticidas en Bruselas no es parco en gastos. Según datos de la UE, la multinacional alemana Bayer es el fabricante de pesticidas con mayor presupuesto, más de 4,25 millones de euros al año. Sólo Google, Facebook y Microsoft destinan más dinero anual a labores de cabildeo.

Bayer, BASF, Corteva y Syngenta son las mayores empresas de pesticidas del mundo. Aunque son competidoras, las compañías aúnan esfuerzos a la hora de hacer lobby, de forma que impulsan y financian la actividad del grupo de presión Crop Life. Esta organización financió un estudio académico de la Universidad de Wageningen, publicado en 2022, en el que se concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "darán lugar a una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE de una media del 10 al 20%".

Las empresas competidoras están presionando en Bruselas de forma unida, según Nina Holland, investigadora de Corporate Europe Observatory, una ONG que ha publicado varios informes sobre la industria de los pesticidas y los lobbies. "Todos presionan para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas en materia de evaluación de riesgos o para que se pospongan determinadas medidas. Si se observan estas organizaciones, se puede ver que Bayer, BASF, Corteva y Syngenta ejercen su liderazgo", sostiene Holland.

Copa-Cogeca también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, declaró a Investigate Europe que su organización "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para sembrar la incertidumbre entre los eurodiputados sobre los efectos de la nueva legislación. Copa-Cogeca identificó varios estudios realizados por agrónomos que defendían posiciones cercanas a las de la industria, así como un análisis crítico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Copa-Cogeca se ha reunido en 26 ocasiones desde 2019 con los comisarios europeos o su equipo para tratar estos temas. Crop Life Europe ha mantenido 12 reuniones. Bayer, BASF, Syngenta y Corteva tuvieron en total 69 reuniones, una media de dos por mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

"Creemos que los objetivos obligatorios, como tales, no son realistas, son objetivos que van a ser muy difíciles de alcanzar. Y podrían tener consecuencias negativas no deseadas", advierte Anika Gatt Seretny, portavoz de Croplife Europe.

Investigate Europe solicitó entrevistas con los cuatro gigantes de los pesticidas: Bayer, BASF, Syngenta y Corteva. Los dos últimos no respondieron a la solicitud, mientras que Bayer y BASF declinaron las entrevistas. Bayer envió una declaración genérica y BASF aceptó responder a preguntas escritas.

BASF reconoce el deseo de la sociedad de reducir la dependencia de los plaguicidas, y entiende por qué la Comisión de la UE quiere una reducción del 50% en el uso y el riesgo de los plaguicidas para 2030, asegura Holger Kapp, del departamento de relaciones con los medios. Pero añade: "La cuestión clave es cómo se hará esto. Estos ambiciosos objetivos por sí solos no reducirán la necesidad de protección de los cultivos en un 50%, así que habrá que hacer algo en su lugar. No vemos sentido cuestionar el Pacto Verde o la estrategia De la granja a la mesa, pero sí vemos la necesidad de encontrar formas que hagan que la agricultura sea más sostenible y respetuosa con el clima mientras el suministro de alimentos en Europa y otras partes del mundo sigue asegurado".

Los Gobiernos tendrán la última palabra sobre el Reglamento de plaguicidas en el Consejo de la UE y, a nivel estatal, los intereses de las asociaciones de agricultores y de la industria de los plaguicidas también son notorios. En Francia, el ministro de Agricultura del primer gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el jefe de esa federación lo elogió públicamente en Twitter como un "buen portavoz de la causa". El antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se incorporó recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como jefe de relaciones públicas.

El negocio también es grande. En 2019, el mercado de los plaguicidas facturó 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se comercializaron en Europa. Las cuatro grandes empresas controlan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer, cuyo negocio global de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones el año pasado. Luego vienen Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por una empresa estatal china; Corteva, fundada por DuPont y Dow en Estados Unidos, y otro gigante químico alemán, BASF.

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de cinco fondos de inversión estadounidenses: Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity. Estos también poseen entre el 10% y el 30% de las principales empresas alimentarias mundiales, como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Sin embargo, la facturación combinada de los cuatro principales fabricantes de pesticidas cayó de 46.000 millones de dólares en 2014 a 40.000 millones en 2020. Esto se debió principalmente al aumento de las ventas desde China de productos químicos genéricos, según estudios de mercado.

Las multinacionales han respondido a la pérdida de cuota de mercado centrándose en parte en la comercialización de semillas transgénicas, modificadas genéticamente para que sean inmunes a los pesticidas.

Aunque un pesticida químico esté prohibido en la UE, ello no impide que pueda producirse y exportarse. Así que los venenos prohibidos en la UE, y las semillas tratadas con ellos, pueden venderse a países donde todavía están autorizados. Y puede tratarse de países que también exportan productos agrícolas a la UE. Esta es una queja de casi todos los agricultores con los que habló Investigate Europe: la UE debería aplicar las mismas normas europeas a los productos agrícolas importados de Brasil, Chile, Marruecos o cualquier otro lugar.

No es de extrañar que los cambios en la agricultura sean tan discutidos en Bruselas: la Política Agrícola Común (PAC) es la mayor partida del presupuesto de la UE. Representa el 31% del presupuesto total en 2022, lo que equivale a 53.100 millones de euros. Sin embargo, los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media –sin contar las subvenciones–, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

La estrategia De la granja a la mesa quiere que todos los países aumenten la agricultura ecológica hasta alcanzar una cuarta parte de las tierras cultivadas en 2030. Hoy en día, la agricultura sin pesticidas químicos ocupa sólo una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. Representa el 8,5% de media en la UE. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España está en el 10%.

En los próximos meses, la primera propuesta legal de ese plan –el objetivo de reducción de plaguicidas– va a ser objeto de batalla política.

Los grupos de presión contrarios a la estrategia señalan en particular los riesgos que una política restrictiva en el uso de pesticidas conlleva para la seguridad del abastecimiento alimentario en Europa. Los críticos con el Reglamento sobre productos fitosanitarios hablan de una posible crisis alimentaria, principalmente con el argumento de que la invasión rusa de Ucrania creó un problema de abastecimiento de grano.

Este argumento ha llegado a varios despachos de parlamentarios europeos y funcionarios de Bruselas, a pesar de que la UE es un exportador neto de alimentos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), ningún Estado de la UE se encuentra entre los 50 países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas de trigo.

Los intereses de determinados grupos buscan asustar a los agricultores haciéndoles creer que las políticas De la granja a la mesa les costarán su sustento, denuncia el vicepresidente de la UE Frans Timmermans. "Pero estoy profundamente convencido de que si no hacemos lo que proponemos, dentro de 10 o 15 años el problema de la biodiversidad será tan grave que la agricultura no será sostenible en Europa. Y entonces sí que tendremos una crisis alimentaria en Europa.", replica.

Mientras el lobby de los pesticidas sigue extendiendo su alcance a todos los rincones del sector agrícola y de la vida política europea, muchos agricultores de a pie se sienten atrapados. Dependientes de los plaguicidas para mantener los niveles de producción, aunque con rendimientos cada vez más escasos, confían en que lleguen soluciones que les saquen del laberinto. Esperan noticias de Bruselas.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, la revisión de las normas de la Unión Europea sobre plaguicidas, así como otras medidas de protección de la biodiversidad, han sido pospuestas o cuestionadas por el temor a una inminente crisis alimentaria.

Pekka Pesonen es el secretario general de Copa-Cogeca, una organización que agrupa a los agricultores europeos, que a menudo se presenta como un grupo de presión capaz de dar forma a la política agrícola de la UE.

Investigate Europe ha entrevistado a Pesonen en el marco de la investigación sobre los efectos del uso de pesticidas en la agricultura. Un proyecto en el que infoLibre colabora como único medio español. 

Como parte del Pacto Verde, los países de la UE adoptaron la estrategia "De la granja a la mesa", una serie de medidas destinadas a hacer más ecológico el sector agrícola, entre ellas la reducción drástica en el uso de pesticidas. ¿Cuál es la posición de Copa-Cogeca al respecto?

Apoyamos el Pacto Verde en general porque reconocemos la necesidad de producir alimentos de forma más sostenible. Pero para llegar a una reducción a la mitad del uso de los pesticidas, necesitamos alternativas y más actuaciones de la UE en el ámbito de las tecnologías.

Dentro de la iniciativa "De la granja a la mesa", la Comisión ha propuesto reducir los plaguicidas, los antibióticos y los fertilizantes. Nuestra postura es: vale, hablemos de ello. No hemos dicho que sea malo o inaceptable. Pero, ¿cómo podemos alcanzar este objetivo? Especialmente ahora, cuando se supone que debemos producir más.

Con la reciente crisis [bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania por la guerra de Rusia], tenemos que asegurar el suministro de alimentos en Europa. En Europa no tenemos platos vacíos, aquí se trata más bien del precio. Cuanto más volátiles son los precios de los alimentos, más insatisfecha está la gente.

El mayor impacto se producirá en terceros países: cuando suban los precios de algunos productos básicos como el trigo, ¿en países como Egipto podrán permitírselo? ¿Y cuál será la consecuencia política?

La última vez que ocurrió esto, tuvimos la Primavera Árabe. Recuerde que en 2015 llegaron 1,5 millones de refugiados a Europa, principalmente del norte de África y de Siria, y se convirtió en una gran crisis existencial para la Unión.

La propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, con los objetivos vinculantes de reducción de plaguicidas, debía presentarse en marzo, pero la Comisión lo pospuso hasta junio. ¿Presionó Copa-Cogeca para ello?

Estábamos más interesados en el tema en sí, que en el calendario. No creo que hayamos pedido el aplazamiento, no, nunca lo hemos hecho. Pero entendemos las razones de la Comisión para aplazarlo, fue una buena decisión. La situación política es complicada, con la guerra, la fluctuación de los precios, la inflación... Hay que tener en cuenta el mensaje político: la Comisión puede parecer fuera de la realidad de los ciudadanos normales si impulsa una agenda progresista en un momento de crisis.

Uno de los principales argumentos contra el nuevo Reglamento es que provocará un aumento de los precios de los alimentos. ¿Hay una correlación clara?

No siempre, pero yo diría que el 90% de las veces. Cuando se reducen los pesticidas, los rendimientos de las cosechas suelen bajar. Y, en consecuencia, el coste medio por unidad aumenta. Por eso necesitamos precios más altos para los productos ecológicos.

Esta lógica es muy difícil de transmitir a la mayoría de los responsables de la toma de decisiones, pues simplemente piensan que podemos eliminar el uso de los plaguicidas y seguir felices para siempre.

Hemos pedido una evaluación de impacto exhaustiva sobre toda la estrategia De la granja a la mesa. ¿Cuáles son las consecuencias para la producción, cómo afectará a la competitividad y a los ingresos agrícolas? La Comisión se ha negado. La Comisión se ha negado a hacerlo, y ha optado por una táctica del salami, con una evaluación de impacto sobre los pesticidas, otra sobre los antibióticos y otra sobre los fertilizantes.

Según los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, algunos científicos en Europa y también un estudio que nosotros financiamos, los ingresos y la producción bajarán, en comparación con nuestros competidores. No nos gusta.

¿Está de acuerdo con la premisa de que la agricultura sostenible conlleva reducir los pesticidas?

No usamos pesticidas por usarlos, suelen ser muy caros. Nuestro lema es "tanto como sea necesario, tan poco como sea posible". Lo importante es que no se puede prohibir un producto si no hay una solución alternativa.

Si se demuestra que un plaguicida es peligroso para la salud humana, hay que prescindir de él y punto. Es muy sencillo, blanco y negro. Las pruebas científicas son cruciales, especialmente el papel de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que hemos apoyado todo el tiempo.

La ONG Corporate Europe Observatory (CEO) ha escrito varios informes sobre Copa-Cogeca, en los que critica su acceso privilegiado a la Comisión Europea y su agresiva labor de presión en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Esto es una absoluta tontería. CEO es un grupo de presión. Y si no trataran de influir en los eurodiputados, no estarían haciendo un buen trabajo. Sus informes sobre Copa-Cogeca también son acciones de lobby, intentan influir en los eurodiputados del mismo modo que nosotros lo hacemos con nuestras cartas.

Por supuesto, desde su perspectiva, nosotros siempre tenemos demasiado acceso. Si hablamos con un solo eurodiputado, dicen que eso es demasiado.

La mayoría de estas ONG, como Greenpeace, tienen más recursos que nosotros. Además, no recibimos ninguna ayuda de la UE, cosa que sí hacen algunas ONG. Nos financiamos a través de las organizaciones que forman parte de Copa-Cogeca.

Hugo Zina sólo tuvo tiempo de correr. Estaba en Sudáfrica, haciendo un estudio biológico en un campo de cereales. En el cielo, sin previo aviso, un avión rociaba el campo con algún tipo de pesticida que ni siquiera su formación de biólogo le permitía reconocer. De repente, se vio obligado a entrar en el coche para protegerse. Su trabajo se interrumpió... para siempre.

Volvió al día siguiente, y al siguiente. Su misión, que consistía en vigilar a las aves de esa zona, se volvió de repente más fácil y urgente que nunca: "Me impresionó mucho la consecuencia de lo ocurrido. Las aves habían desaparecido. No se oía nada. Los invertebrados, los insectos, subieron a la tierra y murieron. Aquello se convirtió en un verdadero desierto”.

Fue entonces cuando Hugo decidió dejar de ser biólogo. No le bastaba con observar, medir, cuantificar, "ser un engranaje". Quería hacer algo que combatiera la lógica de lo que había vivido en Sudáfrica. Se fue a Alemania a hacer un voluntariado y allí conoció a Theresa Sabo, que estaba haciendo un máster en agricultura ecológica. La idea se hizo más clara. Hugo, de 36 años, y Theresa, de 35, se casaron y se fueron a vivir a una finca cerca de Caldas da Rainha, una localidad portuguesa situada 90 kilómetros al norte de Lisboa. Allí fundaron Horta do Pé Descalço en 2017. Tienen una regla: "Practicamos la no agresión". Palabra de biólogo: "No es necesario aplicar pesticidas".

"Estoy de acuerdo en que todo debe ser protegido, especialmente las personas. Y me interesa porque soy el primero en llevar a casa mis productos y comerlos", explica Ildefonso Cabanillas Corchado. Es agricultor en Badajoz, donde produce tomates en campos regados por la red fluvial del Guadiana. "Estamos luchando con armas desiguales. La palabra beneficio en la agricultura ya no existe...".

En esas difíciles cuentas, donde la supervivencia dicta las reglas, Ildefonso no concibe la idea de producir sin pesticidas químicos. Incluso con los plaguicidas, el negocio empeora de año en año. "Antes, con dos o tres productos lo teníamos todo controlado, y ahora hay que hacer varias combinaciones de plaguicidas, lo que encarece todo, porque el nuevo producto es más caro que el anterior. Y, en segundo lugar, porque hay que complementarlo con otros para que tenga el mismo efecto, por lo que es el doble de caro. Es casi como si las plagas ya tuvieran un escudo...".

A nadie le sorprenderá que estos dos agricultores ibéricos, de distintas generaciones, vean de forma diferente la intención de la Comisión Europea de imponer una reducción drástica en el uso de pesticidas agrícolas para 2030. El Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios (esencialmente plaguicidas o pesticidas), presentado este miércoles en Bruselas, será la primera ley vinculante que surja de la estrategia de la UE para hacer que la agricultura europea sea ecológica y sostenible, llamada De la granja a la mesa o F2F, la abreviatura inglesa de Farm to fork. La norma plantea una reducción obligatoria del 35% para los países en los que el uso de plaguicidas es "inferior al 70% de la media de la UE", del 50% para los Estados que consumen "entre el 70% y el 140% de la media" y del 65% para aquellos que superan ese último porcentaje. La propuesta de la Comisión pasa ahora al Consejo, donde los ministros de Agricultura de los 27 pueden aprobar, modificar o bloquear su aprobación.

La misma línea que separa a estos dos agricultores divide a los Gobiernos europeos y a los comisarios de la Unión. También crea un abismo entre las preocupaciones de los ecologistas y la defensa de los intereses de lo que el holandés Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde en la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, llama el "complejo agroindustrial".

Este reportaje forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

No cabe duda de que la producción agrícola e industrial y el uso de plaguicidas son responsables de una profunda crisis que está diezmando poblaciones de animales y cambiando nuestra forma de vida. La cuestión es saber cómo se resuelve el problema.

Nada explica mejor esta tensión política que la propia historia reciente de este flamante Reglamento. Francia asumió la presidencia de la UE a principios de este año. En su programa, declaró que promovería “iniciativas para acelerar la transición agroecológica y reducir así el uso de pesticidas". 

Pocos días después se publicaba un estudio de la Universidad de Wageningen, financiado por CropLife, el lobby de las empresas productoras de pesticidas, que concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "provocarán una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE, de media entre un 10 y un 20%”. También pronosticaba que “los precios del vino, las aceitunas y el lúpulo aumentarán". Esto llevaría, según ese estudio, a una disminución de las exportaciones de la UE y a una posible duplicación de las importaciones. También en enero, una declaración conjunta de 19 organizaciones que representan a los agricultores y a la industria química pidió, entre otras cosas, que no se prohíban los plaguicidas hasta que existan alternativas y que se recurra a la tecnología y la transformación digital para alcanzar los objetivos de la estrategia De la granja a la mesa.

La campaña de presión mediática y política estaba en su punto álgido. Pero el punto de inflexión, que hizo crecer aún más la oposición a la reducción de plaguicidas, fue un hecho imprevisto.

El 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania. El comisario de Agricultura polaco, Janusz Wojciechowski, consciente de la perturbación que introducía en el mercado de cereales una guerra que implicaba a dos de los principales productores mundiales de grano, se apresuró a anunciar que era necesario “suspender el proceso” de aprobación del Reglamento sobre productos fitosanitarios. El presidente francés, que se encontraba en medio de una difícil campaña electoral en la que se enfrentaba a una candidata de extrema derecha que defendía el uso de pesticidas, señaló que la estrategia europea De la granja a la mesa, que él mismo había defendido, se basaba en un mundo "anterior a la guerra en Ucrania" y podría suponer una "reducción del 13% de la producción" agrícola.

La Comisión Europea decidió aplazar la presentación del Reglamento, prevista inicialmente para el 23 de marzo, lo que provocó que 41 eurodiputados firmasen una carta mostrando su "profunda decepción e indignación por el aplazamiento”. Por su parte, Frans Timmermans trató de resistir la presión: "Aquellos a los que no les gustaba el F2F desde el principio, utilizaron la guerra como excusa para volver a su antigua posición y tratar de impedir que el F2F se llevara a cabo".

La respuesta no se hizo esperar. Christiane Lambert, copresidenta de Copa-Cogeca, la principal federación agrícola europea, calificó las declaraciones de Timmermans de "deshonestidad intelectual". Y le acuso de “ser inhumano y egoísta, al mirar sólo a los europeos y no a los ciudadanos del mundo". En una entrevista concedida esta semana a Investigate Europe y publicada en infoLibre, Timmermans reaccionaba a dichas declaraciones: "Me pregunto por qué este nivel de agresividad hacia mí. ¿Es porque tengo razón? ¿Podría ser esa la razón?".

Sin la reducción obligatoria que quiere imponer Frans Timmermans, los plaguicidas seguirán utilizándose de la misma manera que en el pasado. La prueba de ello es el nulo efecto de la directiva que la UE aprobó en 2009 y que exigía una fuerte reducción de su uso, pero sin objetivos obligatorios. Timmermans admite que los objetivos no vinculantes "no nos llevan a ninguna parte".

El proceso de los últimos meses muestra cómo los Gobiernos estatales actúan a veces como representantes de los intereses de sus asociaciones de agricultores. En Francia, el ministro de Agricultura del primer Gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el dirigente de esta organización llegó a elogiarlo en Twitter como "buen portavoz de la causa". Y el antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se ha incorporado recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como responsable de relaciones públicas.

El lobby agroindustrial habla de crisis alimentaria, a pesar de que la Unión Europea es un exportador neto de alimentos. Su principal argumento es el impacto que provocará la invasión rusa de Ucrania, pero según los datos de la FAO ninguno de los Estados de la UE se encuentra entre los países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas. Son países de África, Oriente Medio y Asia quienes figuran esencialmente en esa lista. "Lo que hacen la industria agroquímica y las grandes empresas agrícolas es alarmismo. Es completamente falso e injustificado que exista escasez de alimentos. Quieren utilizar la guerra para sus propios intereses de presión, quieren apelar a los miedos de la gente", critica Gergely Simon, de la Red de Acción contra los Plaguicidas (PAN) y Greenpeace.

Las grandes empresas –Bayer, BASF, Corteva y Syngenta– están agrupadas en diversas organizaciones para intensificar su influencia. Las más importantes son CropLife y Euroseeds. Como explica Nina Holland, experta del Corporate Europe Observatory (CEO), esas compañías están presionando a Bruselas de forma unida: "Todos están presionando para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas cuando se trata de la evaluación de riesgos o del aplazamiento de determinadas medidas”.

En cuanto a Copa-Cogeca, la federación europea de organizaciones y cooperativas agrarias, también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, explicó a Investigate Europe que la entidad "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero la realidad es que, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para crear incertidumbre entre los europarlamentarios sobre los efectos de la nueva legislación. En ella se citaban todos los estudios realizados por agrónomos que defienden posiciones cercanas a la industria e incluso documentos creados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Desde principios de 2019, Copa-Cogeca ha consultado 26 veces a los comisarios europeos o a sus equipos sobre el tema. CropLife Europe, por su parte, lo hizo en 12 ocasiones. Y las multinacionales Bayer, BASF, Syngenta y Corteva celebraron 69 reuniones, lo que supone una media de dos al mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

Algunos de los principales Estados agrícolas de la Unión Europea, como Francia o España, muestran un discurso con dos caras respecto al Reglamento sobre productos fitosanitarios. Aunque públicamente se alinean con posiciones ecologistas, en reuniones a puerta cerrada plantean obstáculos para avanzar por ese camino. Incluso sin formar parte del grupo de 10 Estados que ya se han manifestado en contra del Reglamento –aún no son suficientes para frenar la propuesta de la Comisión–, España ha puesto claras condiciones a la aplicación de la nueva norma. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo explicó perfectamente el pasado 13 de junio en Luxemburgo, antes de reunirse con sus homólogos de la UE. Por un lado, señaló que la reducción en el uso de pesticidas y de productos químicos es "una necesidad desde el punto de vista ambiental" y "una demanda de la opinión pública" ante la que hay que "responder positivamente". Pero, por otro lado, cualquier propuesta para limitar la utilización de plaguicidas tiene que ser "realista" y debe "mantener en todo momento la rentabilidad de las explotaciones agrícolas".

El miércoles 22, pocas horas después de que la Comisión desvelase los detalles del nuevo Reglamento, el departamento de Planas reaccionó valorando positivamente que cada Estado miembro pueda "fijar sus propios objetivos de reducción", pero advirtió de que "existen aspectos de la propuesta que deben mejorarse en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la UE".

La lucha contra los pesticidas parte a veces de lagunas tan claras como la falta de datos. "Llevo años peleando en España por el acceso a datos desagregados, pero me he topado con eso que se llama el secreto estadístico, porque los Estados miembros pueden determinar qué datos se hacen públicos", denuncia Koldo Hernández, jurista y coautor del informe de Ecologistas en Acción Ríos tóxicos, publicado el pasado mes de marzo y en el que se analiza la contaminación por pesticidas en los ríos españoles.

"En España los datos no son reales, sino obtenidos a través de encuestas que contesta la industria. Son datos sesgados porque los da la propia industria y hay un número de fabricantes que ni siquiera contestan.", explica Hernández, quien presentó una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, contra la Comisión Europea por negarle el acceso a la información estadística oficial sobre los rastros de componentes de plaguicidas en el medio ambiente. La resolución llegó en marzo de 2022: "La Defensora del Pueblo considera cuestionable que la Comisión llegue a la conclusión de que el principio del secreto estadístico prevalece sobre la transparencia de la información sobre las emisiones al medio ambiente".

La Comisión denegó el acceso a los documentos en su totalidad, para lo que alegó una excepción legal sobre el acceso público a los documentos, cuando concurra "la necesidad de proteger los intereses comerciales de una persona física o jurídica". En concreto, argumentó que "la divulgación de las partes eliminadas perjudicaría los intereses comerciales de las empresas de las que se recogieron los datos". 

En respuesta a Investigate Europe, la oficina de O'Reilly destacó que "el uso de plaguicidas es un asunto seguido de cerca por los ciudadanos". Y añadió: "Hemos observado que a menudo hay una tendencia [de la Comisión Europea] a ser demasiado rápida para descartar el interés público superior en la divulgación de la información solicitada".

Las normas sobre estadísticas de plaguicidas (conocidas como SAIO por sus siglas en inglés) no están armonizadas en la UE y sólo se recogen cada cinco años. Petros Kokkalis, el eurodiputado ponente de la reforma de la SAIO, explica que los opositores y los grupos de presión querían esencialmente mantener la normativa vigente para que fuera imposible controlar el cumplimiento de la reducción de los pesticidas. Este plan fracasó y las estadísticas se recogerán anualmente, aunque no se empezarán a publicar hasta 2028. Esa estadística es fundamental para mostrar el alcance real del uso de plaguicidas.

En el informe elaborado por Koldo Hernández, que se basa en los datos incompletos recogidos por las autoridades, se constata que los ríos Duero, Tajo y Guadiana presentan altos niveles de contaminación por plaguicidas. Y ello tanto en las aguas superficiales –"muchos de estos plaguicidas no son solubles en agua", advierte el autor– como en los análisis de la "biota", la materia orgánica.

Ignacio Huertas, secretario general en Extremadura del sindicato UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), ve "cosas un poco raras" en el debate sobre el glifosato. "Se ha utilizado durante mucho tiempo. Cuando la empresa pierde los derechos de patente se convierte en un producto mucho más barato. Y es curioso que todos estos debates surjan justo cuando esto sucede. Sólo entonces se cuestiona el producto. Pero luego vemos que el siguiente que sale, el que lo sustituye, por así decirlo, es un producto que tiene prácticamente la misma base química, pero que cuesta unas tres veces más que el glifosato. Es algo que obviamente nos genera mucho rechazo e incertidumbre".

"Reducir el uso de pesticidas en España va a ser como separar a una madre de su bebé recién nacido", anticipa Koldo Hernández. "Hay incluso que entenderlo porque el agricultor se ha educado con el plaguicida. Han tenido sus mayores producciones con el plaguicida. Y no hay cultura de no usarlos".

Ignacio Huertas, por su parte, reclama rigor a las autoridades: "No somos médicos ni científicos, somos agricultores y ganaderos, obviamente, y lo que queremos es que este tipo de situaciones se atiendan con el rigor científico que deben tener". En su opinión, la UE ya es la campeona mundial de las precauciones.

El problema es que, en determinados casos, las precauciones pueden no ser suficiente. "Nos encontramos en una crisis de biodiversidad. Las especies se extinguen más rápido de lo que lo han hecho en 65 millones de años, desde que los meteoritos acabaron con los dinosaurios. Y el problema va en aumento", sostiene Dave Goulson, profesor de biología de la Universidad de Sussex (Inglaterra). Los insectos son su especialidad. No sólo constituyen dos tercios de todas las especies conocidas, sino que también permiten la existencia de otros organismos vivos, especialmente al polinizar las plantas.

La organización inglesa Kent Wildlife Trust realizó una prueba. Pidió a ciudadanos que viajan en coche por zonas rurales que les permitieran contabilizar el número de insectos muertos en sus matrículas. El resultado demuestra que entre 2004 y 2021 ese número se redujo en casi un 60%. Un estudio realizado en 2017 en zonas protegidas de Alemania documentó una pérdida del 75% de la población de insectos en solo 27 años.

En 1962, la bióloga Rachel Carson escribió una distopía titulada Primavera silenciosa y que hoy parece una predicción acertada. En su alarmante libro sobre las consecuencias del insecticida altamente tóxico DDT, que se utilizaba en todo el mundo en aquella época, Carson describió "enfermedades misteriosas" y predijo una "sombra de muerte". Las flores se marchitan y los pájaros desaparecen, las abejas ya no zumban en los huertos y el silencio se apodera de los campos. "Esta tragedia", escribió Carson en el primer bestseller medioambiental del mundo, "es por ahora sólo un producto de la imaginación". Pero podría "convertirse fácilmente en una dura realidad" si no se frena el "espectro" de la agricultura repleta de venenos agrícolas.

El biólogo agrícola Josef Settele, del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental, uno de los principales autores del estudio de colaboración mundial sobre la pérdida de especies, que sitúa el riesgo de pérdida de biodiversidad junto con el cambio climático a la cabeza de los problemas urgentes, toma nota de la predicción de Carson. "Tenemos una homogeneización de todo el paisaje", detalla. Además, defiende que son sólidas las pruebas de que "los pesticidas desempeñan un papel importante en la mortalidad de los insectos". 

Settele, de 62 años, es reservado y mide cuidadosamente sus palabras. Pero no en este tema. Alrededor del 75% de los cultivos dependen de la polinización por insectos, indica, "y también nuestro aporte vitamínico de frutas y frutos secos". Ciertamente, nadie sabe "si en el futuro seguirá habiendo 580 especies de abejas en Alemania, como hasta ahora". Pero cuantas más especies, más opciones de adaptación hay. “Nadie puede decir exactamente cuántas se necesitan. Sólo lo sabremos cuando sea demasiado tarde", advierte Settele.

A medida que los insectos disminuyen, también lo hacen las aves. "Casi todas las especies de aves utilizan los insectos como alimento para sus crías", explica Ariel Brunner, responsable europeo de la asociación de ornitólogos Bird Life International. La asociación lleva mucho tiempo recogiendo datos de toda Europa. Sus conclusiones son alarmantes: las poblaciones de 168 especies de aves comunes europeas han disminuido un 18% desde 1980. Pero en el mismo periodo, las 39 especies de aves de campo han perdido hasta el 59% de su población anterior. "Esto demuestra indiscutiblemente que son nuestros sistemas agrícolas quienes las están matando", sentencia. 

Y el principal riesgo es incluso que todo esto ocurra en vano. "El uso de pesticidas es la forma menos eficaz de controlar las plagas, las malas hierbas y las enfermedades, porque sin medidas preventivas las plagas reaparecen con una frecuencia cada vez mayor", concluye un reciente estudio de la ONG Foodwatch, aún no publicado, pero al que ha tenido acceso Investigate Europe. El estudio también señala que la dependencia de los pesticidas ha creado un "sistema agrícola muy frágil". La producción agrícola entró en una "pendiente resbaladiza" a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se generalizó el uso de pesticidas, lo que llevó a la aplicación de más y más venenos.

En los últimos cien años, revela un informe del grupo francés de análisis del impacto social Le Basic, la "revolución agrícola" ha hecho de los pesticidas uno de los "pilares" del modelo mecanizado e industrial de producción de alimentos. Esto ha creado una fuerte dependencia de los agricultores. Y una industria global con mucho peso político.

El negocio es realmente grande: en 2019, el mercado de los plaguicidas se valoró en 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se vendieron en Europa. Cuatro empresas dominan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer (su negocio de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones de euros el año pasado), seguida de Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por la empresa estatal ChemChina. El tercer lugar lo ocupa Corteva, antigua DuPont en Estados Unidos, y el cuarto otro gigante químico alemán, BASF. 

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de los mismos cinco fondos de inversión estadounidenses –Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity– que también tienen entre un 10% y un 30% de participación en grandes multinacionales de alimentos como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Aunque un pesticida esté prohibido en la Unión Europea, eso no significa que no pueda producirse ni exportarse. Así que los venenos prohibidos en Europa, y las semillas tratadas con ellos, pueden ir a países donde todavía están permitidos. Países que luego exportan productos agrícolas a la UE. Y esta es una queja común entre los agricultores: Europa debería aplicar las mismas normas a los productos agrícolas que importa de Brasil, Chile, Marruecos o Sudáfrica.

La población mundial se ha duplicado con creces en los últimos 50 años, mientras que la tierra cultivable disponible sólo ha aumentado un 10%. Sin embargo, la producción de los principales cultivos se ha triplicado con creces desde 1960. Esto difícilmente habría sido posible sin una agricultura industrial cada vez más intensiva y a gran escala y sin el creciente uso de pesticidas. Durante este periodo, el rendimiento por hectárea ha aumentado de una media de 2,5 a 6,5 toneladas. No es de extrañar que la gran mayoría de los agricultores consideren los pesticidas como una necesidad básica.

Dave Goulson, profesor de biología de la Universidad de Sussex, confirma que a nivel mundial "producimos unas tres veces más calorías de las que se necesitan para alimentar a todo el mundo". Pero gran parte de estos alimentos se desperdicia y se da de comer a los animales.

La población de la UE tira cada año 80 millones de toneladas de alimentos, sin contar las cosechas que quedan sin recoger por los bajos precios, lo que eleva esta cifra a 110 millones de toneladas, según revela el estudio de Foodwatch. Aunque hay muchas personas hambrientas en el mundo, ahora ya hay más que padecen sobrepeso, lo que deja claro que existen problemas de distribución: el hambre está causada por la pobreza, no por la insuficiente producción de alimentos.

A principios de junio, el Gobierno español aprobó precisamente un proyecto de ley para prevenir el desperdicio alimentario, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables. De momento, sólo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE.

Además, gran parte de la producción agrícola mundial ni siquiera se destina al consumo humano directo. El 82% de las calorías para el consumo humano se producen en el 23% de las tierras agrícolas disponibles. El 77% restante de las tierras agrícolas se utiliza para producir piensos. En la UE hay el doble de cerdos que de niños. La superficie de tierra utilizada para producir alimentos para estos animales sólo para el sacrificio es igual a la superficie total de Austria, Alemania, Dinamarca y la República Checa.

Incluso con los rendimientos actuales de las cosechas, los agricultores tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, en todos los Estados miembros de la UE.

Para los pequeños agricultores, los programas de ayuda agrícola de la UE tienen poco que ver con los beneficios y mucho con la supervivencia, como explican Ildefonso Corchado y José Yerga, del lado español de la frontera del Guadiana.

La Política Agrícola Común (PAC) es la parte más importante del presupuesto de la UE, ya que representa el 31% del total en 2022, es decir, 53.100 millones de euros. Sin embargo, todos los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media sin subvenciones, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, destaca el peso que tiene el empresariado agrícola en el Gobierno español: "El discurso de España sobre los pesticidas está totalmente dominado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, es el único órgano competente en materia de plaguicidas. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido un perfil muy pro-industria. De hecho, independientemente de quién haya estado en el Gobierno, lo que son los funcionarios principales del Ministerio no han cambiado. En otros ministerios, los directores generales cambian con cada gobierno, pero en Agricultura y en el tema de los pesticidas, son siempre los mismos. Dentro de la UE, España es tradicionalmente un defensor acérrimo del uso de pesticidas, aunque a veces lo haga de manera dulcificada en las formas".

Esta situación es similar en otros países del sur, como Portugal y Grecia. "Son ministerios muy condicionados por el poder económico", señala Alexandra Azevedo, de la ONG medioambiental portuguesa Quercus.

En su finca, cerca de Caldas da Rainha, Hugo Zina muestra sus parterres, diseñados con el rigor matemático que le proporcionó su licenciatura en Biología. El truco de la explotación, explica, proviene del modelo de negocio. Hugo y Theresa venden directamente a los consumidores. No dependen, como José e Ildefonso, de los precios que la industria transformadora da a sus alimentos, ni sufren la competencia de productos baratos importados de países vecinos como Marruecos.

Hugo y Theresa han fijado un salario mensual justo, que deben recibir por su trabajo, y organizan la producción con ese objetivo. Tienen 64 parterres, todos iguales. "Podemos producir doscientos kilos de boniatos, buenos, estándar, en un terreno de 19 metros cuadrados, aparte de los que se comen a medias las ratas y las pequeñas. Los productores tradicionales obtienen veinte toneladas por hectárea y están contentos. Si hacemos los cálculos aquí, salen cien toneladas por hectárea”, aseguran.

Pero lo cierto es que la agricultura ecológica ocupa una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. En la UE representa el 8% de media. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España se sitúa en el 10%, según datos de 2020, lo que supone que 2,43 millones de hectáreas están dedicadas a la producción ecológica.

Se trata de un descubrimiento potencialmente explosivo para el mercado fitosanitario y las autoridades que lo regulan. A finales de noviembre, los biólogos Gilles-Éric Séralini y Jungers Gerald publicaban un estudio en el que estudiaban las moléculas de 14 pesticidas o herbicidas de uso común, certificados como libres de glifosato y autorizados sin restricciones en los mercados francés y europeo.

Estos productos químicos, que se encuentran sin dificultad en viveros y centros de jardinería (Monsanto, Compo, la marca francesa Jade, las marcas polacas Target y Bross, etc.), contienen sustancias tan tóxicas, o más, como el famoso glifosato, cuya venta a particulares está ahora prohibida.

Sin embargo, estas sustancias no se declaran en las etiquetas. Se trata de residuos cancerígenos derivados del petróleo, como el benzo(a)pireno, pero también de metales pesados como el plomo, el níquel, el silicio, el zinc, el titanio y el arsénico. Y todos ellos superan los queumbrales de toxicidad definidos por los organismos sanitarios internacionales. Se han encontrado metales pesados hasta 39 mg/L en el herbicida “Biocontrôle Starnet Jardin d'Eden”, del fabricante francés Jade.

Los resultados de esta investigación, que relativiza en gran medida el enfoque del debate sobre el glifosato, se publicaron en la revista científica Food and Chemical Toxicology. “Estos niveles variables de sustancias químicas tóxicas no declaradas infringen las normas de la Unión Europea sobre pesticidas y pueden tener consecuencias para la salud y el medio ambiente, especialmente en caso de exposición a largo plazo”, escriben los investigadores.

Para un cierto número de parlamentarios, concienciados en la cuestión fitosanitaria, este descubrimiento no ha pasado desapercibido. El pasado 25 de febrero, cerca de 120 eurodiputados y diputados franceses aprovechaban la publicación científica para interpelar a la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encargada de autorizar la comercialización de todos estos productos químicos.

Según estos parlamentarios, la EFSA ha errado en su misión al no tener en cuenta otras sustancias además del glifosato, ni el “efecto cóctel” producido por la asociación de diferentes moléculas.

Sin embargo, un fallo, conocido en 2019, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la EFSA no debe limitar su evaluación a las sustancias activas individuales, como el glifosato, sino que debe analizarlas junto con los compuestos con los que se mezclan.

“Los procedimientos que conducen a la autorización de un producto fitosanitario deben incluir obligatoriamente una evaluación no sólo de los efectos individuales de las sustancias activas contenidas en el producto, sino también de los efectos acumulativos de estas sustancias y de sus efectos acumulativos con otros componentes del producto”, recoge la sentencia del Tribunal Europeo de octubre de 2019.

En una carta enviada al organismo europeo, los diputados señalan que este fallo judicial “pone claramente de manifiesto que la EFSA no aplica correctamente el método prescrito por el legislador europeo”. Por lo tanto, piden a la EFSA que “considere los efectos acumulativos de la sustancia activa [...] con todos los demás componentes de los plaguicidas que están presentes en las formulaciones comerciales, ya en el procedimiento de autorización o renovación de una sustancia activa declarada”.

También piden al organismo europeo que “garantice la publicación de los datos brutos, artículos y referencias en los que la EFSA basa sus evaluaciones”.

“Al fijarse sólo en la sustancia activa, la EFSA minimiza los riesgos y no cumple la normativa”, afirma Michèle Rivasi, diputada de Europa Ecológica-Verdes (EELV) en el Parlamento Europeo. “Esta autoridad desempeña un papel fundamental en la evaluación de los plaguicidas. Ahora estamos esperando que justifique no tener en cuenta el efecto cóctelefecto cóctel”.

Para Manuel Bompard, de Francia Insumisa (LFI), “estamos ante un desafío democrático y de transparencia. Con demasiada frecuencia, las empresas de productos fitosanitarios hacen la ley. Nosotros peleamos en contra de esto, pero también por una determinada concepción de la agricultura: la agroecología”.

En total, además de los 29 diputados y 27 senadores franceses, 63 eurodiputados firman el escrito. Los eurodiputados proceden principalmente de los Verdes, GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea) y S&D (Socialdemócratas), que incluye a los socialistas, Place Publique y Nouvelle Donne. Sólo tres eurodiputados de Renew, el grupo macronista de LREM, firmaron el llamamiento y no hay ningún representante de derechas ni de extremaderecha del espectro parlamentario.

La representación francesa es mayoritaria, pero también hay representantes españoles, alemanes, italianos, portugueses, belgas, austriacos... Sin embargo, a excepción de un representante rumano y otro búlgaro, no hay políticos de Europa Central y Oriental entre los firmantes.

Según Gilles-Éric Séralini, coautor de la publicación científica, el hecho de que estos pesticidas e insecticidas se vendan sin ninguna precisión sobre su toxicidad constituye “un fraude”, y la EFSA, que se supone que sigue los avances científicos en la materia, estaría perfectamente al corriente de que “la industria no declara la composición completa de sus productos”. “Es un compromiso científico”, dice.

Desde la publicación de esta investigación, nueve ONG y asociaciones francesas –entre ellas Générations Futures, Campagne Glyphosate y Nature et Progrès– ya han emprendido acciones legales. A principios de diciembre, presentaron una denuncia contra X por “etiquetado fraudulento, poner en peligro la vida de otras personas y perjudicar el medio ambiente” y contra el Estado francés por “deficiencias culpables”.

La EFSA, interpelada por los parlamentarios, no tardó en remitir sus respuestas a la prensa. En un comunicado de prensa, señala que es la legislación europea sobre plaguicidas la que le obliga a evaluar “las sustancias activas tomadas aisladamente y no las fórmulas de los plaguicidas”. Para la evaluación de estas formulaciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria devuelve la pelota a los Estados miembros, que tienen la facultad de conceder o denegar la autorización a nivel nacional.

Sin embargo, en Francia, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Salud Laboral (Anses), responsable de estas evaluaciones, no comprueba los efectos a largo plazo de toxicidad o carcinogenicidad de los productos comercializados. La Anses se contenta con realizar un análisis de toxicidad aguda, con lo que falta parte del problema.

A preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre) sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la EFSA no ha respondido a nuestras preguntas.

Sin embargo, la cuestión de la normativa europea sobre plaguicidas es crucial en la medida en que determina en gran medida las políticas nacionales en materia de productos fitosanitarios. En Francia, la Anses se basa en los dictámenes de la EFSA para sus autorizaciones de comercialización. Y los debates franceses han eclipsado hasta ahora la cuestión de las sustancias ocultas y los efectos de los cócteles para centrarse en el glifosato –cuya prohibición en todos sus usos se ha pospuesto bajo la Presidencia de Macron–.

La EFSA debe responder en un plazo de dos meses a la carta de los parlamentarios. Sin embargo, para los parlamentarios esto es sólo un primer paso. A esto le seguirá, si es necesario, una interpelación al Parlamento Europeo (que puede considerar una omisión del organismo) y una interpelación legal (por parte del Tribunal de Justicia Europeo).

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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"Nos complace anunciar la fusión de nuestras dos grandes empresas, lo que supondrá un enorme paso adelante para nuestra área de agricultura y reforzará la posición de liderazgo de Bayer como empresa centrada en ciencias de la vida". Con estas palabras, el presidente del Consejo de Dirección de la firma germana, Werner Baumann, hacía público a mediados de septiembre la fusión de Bayer AG con Monsanto, la polémica multinacional de productos agroquímicos que tantas protestas ha generado a nivel mundial en los últimos años. Tras un constante tira y afloja, la compañía estadounidense aceptó la oferta del gigante alemán: 58.500 millones de euros y alrededor de 1.700 millones de euros si la operación fracasa finalmente.

Las cifras desorbitadas convierten la fusión en una de las más caras de la historia. Un desembolso que tiene como principal objetivo convertir al nuevo gigante mundial en el líder del sector agroquímico. Además del farmacéutico, Bayer goza de fuerza en el negocio de los pesticidas. Monsanto, por su parte, es líder en el mercado de las semillas –convencionales y transgénicas– y los herbicidas –Roundup, muy criticado desde Bruselas por las consecuencias cancerígenas sobre los seres humanos, es el más conocido de la compañía–. La firma alemana es consciente de la importancia del acuerdo: "Con la transacción se fusionan dos negocios diferentes pero altamente complementarios", señalaban en el comunicado de prensa.

Bayer conoce la mala reputación que los transgénicos tienen en Europa. Por eso, según señalaron fuentes de la compañía a Bloomberg, la empresa germana está estudiando eliminar el nombre Monsanto, muy ligado a estos cultivos, de los productos que se comercialicen. Según constató el eurobarómetro del año 2010 sobre biotecnología, el rechazo a este tipo de cultivos aumentó del 57% en 2005 al 61% ese mismo año. Además, once países de la Unión Europea –Austria, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Alemania y Chipre– han dejado clara su intención de prohibir estos cultivos en su territorio gracias a la nueva directiva europea.

Fue justamente ese rechazo en Europa lo que llevó a Monsanto en el año 2013 a retirar las diferentes peticiones de nuevos tipos de cultivos genéticamente modificados que estaban pendientes de aprobación, alegando falta de perspectivas comerciales. De esta manera, la firma estadounidense alejaba sus productos transgénicos de casi todo el territorio europeo. Sólo España, y en menor medida Portugal, continuaron manteniendo el sello Monsanto en sus campos. Ahora, tres años más tarde y de materializarse finalmente la fusión, la compañía agroquímica americana volverá a extender sus tentáculos sobre el Viejo Continente de la mano de Bayer.

Concentración de poder

"En lo correspondiente al sector agroalimentario, tiene una importancia absoluta porque el nuevo gigante estará presente en toda la cadena agroalimentaria española", sostiene en conversación con infoLibre Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que recuerda que "Monsanto tiene prácticamente el monopolio de la producción de semillas transgénicas en España, además de ser uno de los principales proveedores de fitosanitarios –plaguicidas–". Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, en 2014 se sembraron en nuestro territorio 131.537 hectáreas del maíz transgénico MON810 –único autorizado en la UE– de la compañía agroquímica americana. Una simiente con gran presencia en Aragón, Cataluña y Extremadura. 

Sin embargo, las asociaciones ecologistas recuerdan que la unión de Bayer y Monsanto es sólo una más de las que se están dando en la industria agroquímica en los últimos meses. El pasado diciembre fueron DuPont y Dow Chemical las que anunciaron un futuro de la mano bajo el nombre DowDuPont. Y hace apenas un mes, ChemChina se hizo finalmente con la suiza Syngenta, competidora directa en la producción de pesticidas y semillas de Monsanto. Con estos movimientos, el 85% del mercado agroquímico dejaría de estar en manos de siete empresas diferentes para repartirse entre los tres grandes conglomerados y la compañía germana BASF.

"Estas empresas acumulan cada vez cuotas más grandes de poder y es mucho más difícil su control", sostiene en conversación con este diario Gabriela Vázquez, del área de Agroecología de Ecologistas en Acción, que añade que estos movimientos lo que hacen es reducir la competencia en el sector. Por este motivo, desde el Grupo Los Verdes/ALE remitieron una carta a la comisaria de Competencia europea, al ministro de Economía alemán y al presidente de la Oficina Federal de la Competencia pidiendo que no autorizasen la adquisición. "Esta megafusión afectaría a la libre competencia, que sería prácticamente inexistente", explica Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV y uno de los firmantes de esta misiva. 

Incremento de precios

"Una concentración puede llevar a una menor oferta de productos y, por tanto, un incremento de los precios", completa Luis Ferreirim, responsable de Agricultura y Transgénicos de Greenpeace España. Algo con lo que coincide Urtasun, que argumenta con el estudio Concentración de poder en el mercado de semillas europeo, elaborado por su propio grupo, en la mano: "La concentración ha aumentado enormemente los precios de estos productos. Algunos estudios señalan un incremento de hasta el 30%". "Por lo tanto, para los productores españoles un riesgo importante es esta subida y su pérdida de competitividad global", completa. 

Ferreirim recuerda que el sector agrícola en nuestro país no está pasando por los mejores momentos. "Se paga muy poco por sus productos", dice. Por eso, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), con presencia en todas las comunidades autónomas, aseveran que la fusión entre Bayer y Monsanto puede tener "consecuencias importantes y graves". "En el tema de semillas y de productos fitosanitarios ya estábamos asistiendo a problemas de concentración. Por eso nos preocupa, por el posible incremento de los costes de producción", señala en conversación con este diario Andoni García, responsable de Acción Sindical de COAG.

Santacruz, sin embargo, aunque no descarta que el precio de los productos que se comercializan pueda aumentar, trata de rebajar el tono. "El poder que tenga este nuevo conglomerado Bayer-Monsanto de decidir precios va a depender mucho de lo que haga la competencia, que, aunque no lo parezca, sigue siendo bastante grande en este sector", afirma el economista, que asegura que el aumento no se materializará con la misma facilidad que en otras industrias. Además, el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) intenta evitar utilizar el término oligopolio a la hora de hablar de fusiones en el mercado agroquímico: "Más bien, yo diría que serán empresas con un poder de mercado mayor", apostilla.

Pymes y despidos

Otro de los posibles efectos de la compra afecta directamente a las pequeñas y medianas compañías españolas que ofertan este tipo de productos. "Hay pequeñas experiencias a nivel nacional en este sentido, pero su supervivencia es compleja a causa de normativas europeas más dirigidas a la comercialización de semillas a gran escala", señala García. Son empresas que buscan una relación más directa con los agricultores y que tendrán cada vez mayores problemas a la hora de mantenerse en pie frente a estos nuevos gigantes de la industria agroquímica. "Estos movimientos de multinacionales obliga a las pymes a unirse entre ellas porque su poder de negociación cada vez va a ser más pequeño", afirma Santacruz.

Otra de las preocupaciones tras una fusión tiene que ver con los despidos y la reestructuración de la empresa. Tanto Bayer como Monsanto tienen presencia en España y dan trabajo a unas 2.000 personas. Urtasun señala que "suele ser común" que compañías que llevan a cabo inversiones tan elevadas deban desarrollar un "plan de ajuste presupuestario" que puede ir acompañado de despidos. Sin ir más lejos, la firma alemana tuvo que recurrir a un acuerdo de préstamo sindicado co-suscrito por cinco entidades financieras –BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan–.

"La verdad es que no sé cómo va a afrontar financieramente la compra la compañía de Leverkusen", sostiene Santacruz. A pesar de esto, el economista no cree que se vayan a producir despidos en este sector. "España es un país en el que todavía no está muy profesionalizado ese mercado. No encuentras con facilidad personal tan cualificado como para poder prescindir de los trabajadores que se quiera", completa el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

'Lobbies' y complicada fusión

Con la vuelta de Monsanto al corazón de Europa, las asociaciones ecologistas y el Grupo Los Verdes/ALE temen que la firma alemana redoble la presión sobre Bruselas para intentar rebajar las restricciones sobre los transgénicos. Sobre todo en lo relativo a la nueva directiva aprobada en 2015, que da poder a los Estados miembro para solicitar a firmas de biotecnología cuyos transgénicos ya han sido autorizados, o están pendientes de recibir luz verde, que no los comercialicen en sus países. Además, la nueva normativa comunitaria permite también a los gobiernos nacionales legislar para prohibir cultivos modificados genéticamente.

Bayer es una de las firmas que más dinero dedica a hacer lobby en la Comisión Europea. Sin ir más lejos, en 2014 destinaron 2,46 millones de euros a esta actividad, según el informe Policy prescriptions. The firepower of the EU pharmaceutical lobby and implications for public health elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (OCE). "Hay un riesgo de que gane poder de influencia en las decisiones de la UE. Es decir, que pueda pasar como Volkswagen donde la regulación europea ha sido más laxa que la americana", señala Urtasun, que, sin embargo, añade que afortunadamente en Europa en materia ambiental "el marco sigue siendo muy avanzado y difícilmente cambiará o se pondrá en riesgo".

En una línea similar se posicionan Ferreirim y Santacruz. El responsable de Agricultura y Transgénicos de Greenpeace España afirma que "a mayor poder, mayor influencia" y agrega que al ser Bayer una firma europea "tendrán interés en que los productos que vayan a comercializar se autoricen". El economista, por su parte, recuerda que "son los lobbistas más importantes ante la Comisión Europea para desencallar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el conocido como TTIP". "Junto con la que ejerce la industria del tabaco o la automovilística, son los que mantienen una mayor presión sobre Bruselas", sentencia Javier Santacruz.

Todavía ninguna de las fusiones en el sector agroquímico se ha materializado. Bayer y Monsanto esperan el visto bueno de las autoridades de competencia de sus respectivos países. Algo que ve complicado el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). "Si nos atenemos a la parte americana, los mecanismos reguladores probablemente no acepten la fusión. Principalmente porque ambas compañías tienen cuotas de mercado solapadas y les van a obligar a vender algunos de sus negocios", apostilla el economista. Las organizaciones ecologistas cruzan los dedos para que la fusión no se materialice. "No hablamos solo de semillas e insecticidas. Hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, del qué vamos a cultivar a partir de ahora y cómo", finaliza Ferreirim.