Pesticidas: hay una guerra abierta en Europa por un peligro invisible

Hugo Zina sólo tuvo tiempo de correr. Estaba en Sudáfrica, haciendo un estudio biológico en un campo de cereales. En el cielo, sin previo aviso, un avión rociaba el campo con algún tipo de pesticida que ni siquiera su formación de biólogo le permitía reconocer. De repente, se vio obligado a entrar en el coche para protegerse. Su trabajo se interrumpió... para siempre.

Volvió al día siguiente, y al siguiente. Su misión, que consistía en vigilar a las aves de esa zona, se volvió de repente más fácil y urgente que nunca: "Me impresionó mucho la consecuencia de lo ocurrido. Las aves habían desaparecido. No se oía nada. Los invertebrados, los insectos, subieron a la tierra y murieron. Aquello se convirtió en un verdadero desierto”.

Fue entonces cuando Hugo decidió dejar de ser biólogo. No le bastaba con observar, medir, cuantificar, "ser un engranaje". Quería hacer algo que combatiera la lógica de lo que había vivido en Sudáfrica. Se fue a Alemania a hacer un voluntariado y allí conoció a Theresa Sabo, que estaba haciendo un máster en agricultura ecológica. La idea se hizo más clara. Hugo, de 36 años, y Theresa, de 35, se casaron y se fueron a vivir a una finca cerca de Caldas da Rainha, una localidad portuguesa situada 90 kilómetros al norte de Lisboa. Allí fundaron Horta do Pé Descalço en 2017. Tienen una regla: "Practicamos la no agresión". Palabra de biólogo: "No es necesario aplicar pesticidas".

"Estoy de acuerdo en que todo debe ser protegido, especialmente las personas. Y me interesa porque soy el primero en llevar a casa mis productos y comerlos", explica Ildefonso Cabanillas Corchado. Es agricultor en Badajoz, donde produce tomates en campos regados por la red fluvial del Guadiana. "Estamos luchando con armas desiguales. La palabra beneficio en la agricultura ya no existe...".

En esas difíciles cuentas, donde la supervivencia dicta las reglas, Ildefonso no concibe la idea de producir sin pesticidas químicos. Incluso con los plaguicidas, el negocio empeora de año en año. "Antes, con dos o tres productos lo teníamos todo controlado, y ahora hay que hacer varias combinaciones de plaguicidas, lo que encarece todo, porque el nuevo producto es más caro que el anterior. Y, en segundo lugar, porque hay que complementarlo con otros para que tenga el mismo efecto, por lo que es el doble de caro. Es casi como si las plagas ya tuvieran un escudo...".

A nadie le sorprenderá que estos dos agricultores ibéricos, de distintas generaciones, vean de forma diferente la intención de la Comisión Europea de imponer una reducción drástica en el uso de pesticidas agrícolas para 2030. El Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios (esencialmente plaguicidas o pesticidas), presentado este miércoles en Bruselas, será la primera ley vinculante que surja de la estrategia de la UE para hacer que la agricultura europea sea ecológica y sostenible, llamada De la granja a la mesa o F2F, la abreviatura inglesa de Farm to fork. La norma plantea una reducción obligatoria del 35% para los países en los que el uso de plaguicidas es "inferior al 70% de la media de la UE", del 50% para los Estados que consumen "entre el 70% y el 140% de la media" y del 65% para aquellos que superan ese último porcentaje. La propuesta de la Comisión pasa ahora al Consejo, donde los ministros de Agricultura de los 27 pueden aprobar, modificar o bloquear su aprobación.

La misma línea que separa a estos dos agricultores divide a los Gobiernos europeos y a los comisarios de la Unión. También crea un abismo entre las preocupaciones de los ecologistas y la defensa de los intereses de lo que el holandés Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde en la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, llama el "complejo agroindustrial".

Este reportaje forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

La batalla en Bruselas

No cabe duda de que la producción agrícola e industrial y el uso de plaguicidas son responsables de una profunda crisis que está diezmando poblaciones de animales y cambiando nuestra forma de vida. La cuestión es saber cómo se resuelve el problema.

Nada explica mejor esta tensión política que la propia historia reciente de este flamante Reglamento. Francia asumió la presidencia de la UE a principios de este año. En su programa, declaró que promovería “iniciativas para acelerar la transición agroecológica y reducir así el uso de pesticidas". 

Pocos días después se publicaba un estudio de la Universidad de Wageningen, financiado por CropLife, el lobby de las empresas productoras de pesticidas, que concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "provocarán una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE, de media entre un 10 y un 20%”. También pronosticaba que “los precios del vino, las aceitunas y el lúpulo aumentarán". Esto llevaría, según ese estudio, a una disminución de las exportaciones de la UE y a una posible duplicación de las importaciones. También en enero, una declaración conjunta de 19 organizaciones que representan a los agricultores y a la industria química pidió, entre otras cosas, que no se prohíban los plaguicidas hasta que existan alternativas y que se recurra a la tecnología y la transformación digital para alcanzar los objetivos de la estrategia De la granja a la mesa.

La campaña de presión mediática y política estaba en su punto álgido. Pero el punto de inflexión, que hizo crecer aún más la oposición a la reducción de plaguicidas, fue un hecho imprevisto.

El 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania. El comisario de Agricultura polaco, Janusz Wojciechowski, consciente de la perturbación que introducía en el mercado de cereales una guerra que implicaba a dos de los principales productores mundiales de grano, se apresuró a anunciar que era necesario “suspender el proceso” de aprobación del Reglamento sobre productos fitosanitarios. El presidente francés, que se encontraba en medio de una difícil campaña electoral en la que se enfrentaba a una candidata de extrema derecha que defendía el uso de pesticidas, señaló que la estrategia europea De la granja a la mesa, que él mismo había defendido, se basaba en un mundo "anterior a la guerra en Ucrania" y podría suponer una "reducción del 13% de la producción" agrícola.

La Comisión Europea decidió aplazar la presentación del Reglamento, prevista inicialmente para el 23 de marzo, lo que provocó que 41 eurodiputados firmasen una carta mostrando su "profunda decepción e indignación por el aplazamiento”. Por su parte, Frans Timmermans trató de resistir la presión: "Aquellos a los que no les gustaba el F2F desde el principio, utilizaron la guerra como excusa para volver a su antigua posición y tratar de impedir que el F2F se llevara a cabo".

La respuesta no se hizo esperar. Christiane Lambert, copresidenta de Copa-Cogeca, la principal federación agrícola europea, calificó las declaraciones de Timmermans de "deshonestidad intelectual". Y le acuso de “ser inhumano y egoísta, al mirar sólo a los europeos y no a los ciudadanos del mundo". En una entrevista concedida esta semana a Investigate Europe y publicada en infoLibre, Timmermans reaccionaba a dichas declaraciones: "Me pregunto por qué este nivel de agresividad hacia mí. ¿Es porque tengo razón? ¿Podría ser esa la razón?".

Los que se oponen al cambio

Sin la reducción obligatoria que quiere imponer Frans Timmermans, los plaguicidas seguirán utilizándose de la misma manera que en el pasado. La prueba de ello es el nulo efecto de la directiva que la UE aprobó en 2009 y que exigía una fuerte reducción de su uso, pero sin objetivos obligatorios. Timmermans admite que los objetivos no vinculantes "no nos llevan a ninguna parte".

El proceso de los últimos meses muestra cómo los Gobiernos estatales actúan a veces como representantes de los intereses de sus asociaciones de agricultores. En Francia, el ministro de Agricultura del primer Gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el dirigente de esta organización llegó a elogiarlo en Twitter como "buen portavoz de la causa". Y el antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se ha incorporado recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como responsable de relaciones públicas.

El lobby agroindustrial habla de crisis alimentaria, a pesar de que la Unión Europea es un exportador neto de alimentos. Su principal argumento es el impacto que provocará la invasión rusa de Ucrania, pero según los datos de la FAO ninguno de los Estados de la UE se encuentra entre los países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas. Son países de África, Oriente Medio y Asia quienes figuran esencialmente en esa lista. "Lo que hacen la industria agroquímica y las grandes empresas agrícolas es alarmismo. Es completamente falso e injustificado que exista escasez de alimentos. Quieren utilizar la guerra para sus propios intereses de presión, quieren apelar a los miedos de la gente", critica Gergely Simon, de la Red de Acción contra los Plaguicidas (PAN) y Greenpeace.

Las grandes empresas –Bayer, BASF, Corteva y Syngenta– están agrupadas en diversas organizaciones para intensificar su influencia. Las más importantes son CropLife y Euroseeds. Como explica Nina Holland, experta del Corporate Europe Observatory (CEO), esas compañías están presionando a Bruselas de forma unida: "Todos están presionando para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas cuando se trata de la evaluación de riesgos o del aplazamiento de determinadas medidas”.

En cuanto a Copa-Cogeca, la federación europea de organizaciones y cooperativas agrarias, también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, explicó a Investigate Europe que la entidad "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero la realidad es que, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para crear incertidumbre entre los europarlamentarios sobre los efectos de la nueva legislación. En ella se citaban todos los estudios realizados por agrónomos que defienden posiciones cercanas a la industria e incluso documentos creados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Desde principios de 2019, Copa-Cogeca ha consultado 26 veces a los comisarios europeos o a sus equipos sobre el tema. CropLife Europe, por su parte, lo hizo en 12 ocasiones. Y las multinacionales Bayer, BASF, Syngenta y Corteva celebraron 69 reuniones, lo que supone una media de dos al mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

Discurso con dos caras

Algunos de los principales Estados agrícolas de la Unión Europea, como Francia o España, muestran un discurso con dos caras respecto al Reglamento sobre productos fitosanitarios. Aunque públicamente se alinean con posiciones ecologistas, en reuniones a puerta cerrada plantean obstáculos para avanzar por ese camino. Incluso sin formar parte del grupo de 10 Estados que ya se han manifestado en contra del Reglamento –aún no son suficientes para frenar la propuesta de la Comisión–, España ha puesto claras condiciones a la aplicación de la nueva norma. 

El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo explicó perfectamente el pasado 13 de junio en Luxemburgo, antes de reunirse con sus homólogos de la UE. Por un lado, señaló que la reducción en el uso de pesticidas y de productos químicos es "una necesidad desde el punto de vista ambiental" y "una demanda de la opinión pública" ante la que hay que "responder positivamente". Pero, por otro lado, cualquier propuesta para limitar la utilización de plaguicidas tiene que ser "realista" y debe "mantener en todo momento la rentabilidad de las explotaciones agrícolas".

El miércoles 22, pocas horas después de que la Comisión desvelase los detalles del nuevo Reglamento, el departamento de Planas reaccionó valorando positivamente que cada Estado miembro pueda "fijar sus propios objetivos de reducción", pero advirtió de que "existen aspectos de la propuesta que deben mejorarse en el procedimiento de tramitación en el seno del Consejo de la UE".

La lucha contra los pesticidas parte a veces de lagunas tan claras como la falta de datos. "Llevo años peleando en España por el acceso a datos desagregados, pero me he topado con eso que se llama el secreto estadístico, porque los Estados miembros pueden determinar qué datos se hacen públicos", denuncia Koldo Hernández, jurista y coautor del informe de Ecologistas en Acción Ríos tóxicos, publicado el pasado mes de marzo y en el que se analiza la contaminación por pesticidas en los ríos españoles.

"En España los datos no son reales, sino obtenidos a través de encuestas que contesta la industria. Son datos sesgados porque los da la propia industria y hay un número de fabricantes que ni siquiera contestan.", explica Hernández, quien presentó una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, contra la Comisión Europea por negarle el acceso a la información estadística oficial sobre los rastros de componentes de plaguicidas en el medio ambiente. La resolución llegó en marzo de 2022: "La Defensora del Pueblo considera cuestionable que la Comisión llegue a la conclusión de que el principio del secreto estadístico prevalece sobre la transparencia de la información sobre las emisiones al medio ambiente".

La Comisión denegó el acceso a los documentos en su totalidad, para lo que alegó una excepción legal sobre el acceso público a los documentos, cuando concurra "la necesidad de proteger los intereses comerciales de una persona física o jurídica". En concreto, argumentó que "la divulgación de las partes eliminadas perjudicaría los intereses comerciales de las empresas de las que se recogieron los datos". 

En respuesta a Investigate Europe, la oficina de O'Reilly destacó que "el uso de plaguicidas es un asunto seguido de cerca por los ciudadanos". Y añadió: "Hemos observado que a menudo hay una tendencia [de la Comisión Europea] a ser demasiado rápida para descartar el interés público superior en la divulgación de la información solicitada".

Las normas sobre estadísticas de plaguicidas (conocidas como SAIO por sus siglas en inglés) no están armonizadas en la UE y sólo se recogen cada cinco años. Petros Kokkalis, el eurodiputado ponente de la reforma de la SAIO, explica que los opositores y los grupos de presión querían esencialmente mantener la normativa vigente para que fuera imposible controlar el cumplimiento de la reducción de los pesticidas. Este plan fracasó y las estadísticas se recogerán anualmente, aunque no se empezarán a publicar hasta 2028. Esa estadística es fundamental para mostrar el alcance real del uso de plaguicidas.

En el informe elaborado por Koldo Hernández, que se basa en los datos incompletos recogidos por las autoridades, se constata que los ríos Duero, Tajo y Guadiana presentan altos niveles de contaminación por plaguicidas. Y ello tanto en las aguas superficiales –"muchos de estos plaguicidas no son solubles en agua", advierte el autor– como en los análisis de la "biota", la materia orgánica.

Ignacio Huertas, secretario general en Extremadura del sindicato UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), ve "cosas un poco raras" en el debate sobre el glifosato. "Se ha utilizado durante mucho tiempo. Cuando la empresa pierde los derechos de patente se convierte en un producto mucho más barato. Y es curioso que todos estos debates surjan justo cuando esto sucede. Sólo entonces se cuestiona el producto. Pero luego vemos que el siguiente que sale, el que lo sustituye, por así decirlo, es un producto que tiene prácticamente la misma base química, pero que cuesta unas tres veces más que el glifosato. Es algo que obviamente nos genera mucho rechazo e incertidumbre".

"Reducir el uso de pesticidas en España va a ser como separar a una madre de su bebé recién nacido", anticipa Koldo Hernández. "Hay incluso que entenderlo porque el agricultor se ha educado con el plaguicida. Han tenido sus mayores producciones con el plaguicida. Y no hay cultura de no usarlos".

Ignacio Huertas, por su parte, reclama rigor a las autoridades: "No somos médicos ni científicos, somos agricultores y ganaderos, obviamente, y lo que queremos es que este tipo de situaciones se atiendan con el rigor científico que deben tener". En su opinión, la UE ya es la campeona mundial de las precauciones.

¿Primavera silenciosa?

El problema es que, en determinados casos, las precauciones pueden no ser suficiente. "Nos encontramos en una crisis de biodiversidad. Las especies se extinguen más rápido de lo que lo han hecho en 65 millones de años, desde que los meteoritos acabaron con los dinosaurios. Y el problema va en aumento", sostiene Dave Goulson, profesor de biología de la Universidad de Sussex (Inglaterra). Los insectos son su especialidad. No sólo constituyen dos tercios de todas las especies conocidas, sino que también permiten la existencia de otros organismos vivos, especialmente al polinizar las plantas.

La organización inglesa Kent Wildlife Trust realizó una prueba. Pidió a ciudadanos que viajan en coche por zonas rurales que les permitieran contabilizar el número de insectos muertos en sus matrículas. El resultado demuestra que entre 2004 y 2021 ese número se redujo en casi un 60%. Un estudio realizado en 2017 en zonas protegidas de Alemania documentó una pérdida del 75% de la población de insectos en solo 27 años.

En 1962, la bióloga Rachel Carson escribió una distopía titulada Primavera silenciosa y que hoy parece una predicción acertada. En su alarmante libro sobre las consecuencias del insecticida altamente tóxico DDT, que se utilizaba en todo el mundo en aquella época, Carson describió "enfermedades misteriosas" y predijo una "sombra de muerte". Las flores se marchitan y los pájaros desaparecen, las abejas ya no zumban en los huertos y el silencio se apodera de los campos. "Esta tragedia", escribió Carson en el primer bestseller medioambiental del mundo, "es por ahora sólo un producto de la imaginación". Pero podría "convertirse fácilmente en una dura realidad" si no se frena el "espectro" de la agricultura repleta de venenos agrícolas.

El biólogo agrícola Josef Settele, del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental, uno de los principales autores del estudio de colaboración mundial sobre la pérdida de especies, que sitúa el riesgo de pérdida de biodiversidad junto con el cambio climático a la cabeza de los problemas urgentes, toma nota de la predicción de Carson. "Tenemos una homogeneización de todo el paisaje", detalla. Además, defiende que son sólidas las pruebas de que "los pesticidas desempeñan un papel importante en la mortalidad de los insectos". 

Settele, de 62 años, es reservado y mide cuidadosamente sus palabras. Pero no en este tema. Alrededor del 75% de los cultivos dependen de la polinización por insectos, indica, "y también nuestro aporte vitamínico de frutas y frutos secos". Ciertamente, nadie sabe "si en el futuro seguirá habiendo 580 especies de abejas en Alemania, como hasta ahora". Pero cuantas más especies, más opciones de adaptación hay. “Nadie puede decir exactamente cuántas se necesitan. Sólo lo sabremos cuando sea demasiado tarde", advierte Settele.

A medida que los insectos disminuyen, también lo hacen las aves. "Casi todas las especies de aves utilizan los insectos como alimento para sus crías", explica Ariel Brunner, responsable europeo de la asociación de ornitólogos Bird Life International. La asociación lleva mucho tiempo recogiendo datos de toda Europa. Sus conclusiones son alarmantes: las poblaciones de 168 especies de aves comunes europeas han disminuido un 18% desde 1980. Pero en el mismo periodo, las 39 especies de aves de campo han perdido hasta el 59% de su población anterior. "Esto demuestra indiscutiblemente que son nuestros sistemas agrícolas quienes las están matando", sentencia. 

Y el principal riesgo es incluso que todo esto ocurra en vano. "El uso de pesticidas es la forma menos eficaz de controlar las plagas, las malas hierbas y las enfermedades, porque sin medidas preventivas las plagas reaparecen con una frecuencia cada vez mayor", concluye un reciente estudio de la ONG Foodwatch, aún no publicado, pero al que ha tenido acceso Investigate Europe. El estudio también señala que la dependencia de los pesticidas ha creado un "sistema agrícola muy frágil". La producción agrícola entró en una "pendiente resbaladiza" a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se generalizó el uso de pesticidas, lo que llevó a la aplicación de más y más venenos.

En los últimos cien años, revela un informe del grupo francés de análisis del impacto social Le Basic, la "revolución agrícola" ha hecho de los pesticidas uno de los "pilares" del modelo mecanizado e industrial de producción de alimentos. Esto ha creado una fuerte dependencia de los agricultores. Y una industria global con mucho peso político.

Los cuatro gigantes empresariales del sector

El negocio es realmente grande: en 2019, el mercado de los plaguicidas se valoró en 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se vendieron en Europa. Cuatro empresas dominan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer (su negocio de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones de euros el año pasado), seguida de Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por la empresa estatal ChemChina. El tercer lugar lo ocupa Corteva, antigua DuPont en Estados Unidos, y el cuarto otro gigante químico alemán, BASF. 

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de los mismos cinco fondos de inversión estadounidenses –Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity– que también tienen entre un 10% y un 30% de participación en grandes multinacionales de alimentos como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Aunque un pesticida esté prohibido en la Unión Europea, eso no significa que no pueda producirse ni exportarse. Así que los venenos prohibidos en Europa, y las semillas tratadas con ellos, pueden ir a países donde todavía están permitidos. Países que luego exportan productos agrícolas a la UE. Y esta es una queja común entre los agricultores: Europa debería aplicar las mismas normas a los productos agrícolas que importa de Brasil, Chile, Marruecos o Sudáfrica.

La población mundial se ha duplicado con creces en los últimos 50 años, mientras que la tierra cultivable disponible sólo ha aumentado un 10%. Sin embargo, la producción de los principales cultivos se ha triplicado con creces desde 1960. Esto difícilmente habría sido posible sin una agricultura industrial cada vez más intensiva y a gran escala y sin el creciente uso de pesticidas. Durante este periodo, el rendimiento por hectárea ha aumentado de una media de 2,5 a 6,5 toneladas. No es de extrañar que la gran mayoría de los agricultores consideren los pesticidas como una necesidad básica.

Dave Goulson, profesor de biología de la Universidad de Sussex, confirma que a nivel mundial "producimos unas tres veces más calorías de las que se necesitan para alimentar a todo el mundo". Pero gran parte de estos alimentos se desperdicia y se da de comer a los animales.

La población de la UE tira cada año 80 millones de toneladas de alimentos, sin contar las cosechas que quedan sin recoger por los bajos precios, lo que eleva esta cifra a 110 millones de toneladas, según revela el estudio de Foodwatch. Aunque hay muchas personas hambrientas en el mundo, ahora ya hay más que padecen sobrepeso, lo que deja claro que existen problemas de distribución: el hambre está causada por la pobreza, no por la insuficiente producción de alimentos.

A principios de junio, el Gobierno español aprobó precisamente un proyecto de ley para prevenir el desperdicio alimentario, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables. De momento, sólo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE.

Además, gran parte de la producción agrícola mundial ni siquiera se destina al consumo humano directo. El 82% de las calorías para el consumo humano se producen en el 23% de las tierras agrícolas disponibles. El 77% restante de las tierras agrícolas se utiliza para producir piensos. En la UE hay el doble de cerdos que de niños. La superficie de tierra utilizada para producir alimentos para estos animales sólo para el sacrificio es igual a la superficie total de Austria, Alemania, Dinamarca y la República Checa.

Incluso con los rendimientos actuales de las cosechas, los agricultores tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, en todos los Estados miembros de la UE.

Para los pequeños agricultores, los programas de ayuda agrícola de la UE tienen poco que ver con los beneficios y mucho con la supervivencia, como explican Ildefonso Corchado y José Yerga, del lado español de la frontera del Guadiana.

La Política Agrícola Común (PAC) es la parte más importante del presupuesto de la UE, ya que representa el 31% del total en 2022, es decir, 53.100 millones de euros. Sin embargo, todos los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media sin subvenciones, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, destaca el peso que tiene el empresariado agrícola en el Gobierno español: "El discurso de España sobre los pesticidas está totalmente dominado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, es el único órgano competente en materia de plaguicidas. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido un perfil muy pro-industria. De hecho, independientemente de quién haya estado en el Gobierno, lo que son los funcionarios principales del Ministerio no han cambiado. En otros ministerios, los directores generales cambian con cada gobierno, pero en Agricultura y en el tema de los pesticidas, son siempre los mismos. Dentro de la UE, España es tradicionalmente un defensor acérrimo del uso de pesticidas, aunque a veces lo haga de manera dulcificada en las formas".

Esta situación es similar en otros países del sur, como Portugal y Grecia. "Son ministerios muy condicionados por el poder económico", señala Alexandra Azevedo, de la ONG medioambiental portuguesa Quercus.

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En su finca, cerca de Caldas da Rainha, Hugo Zina muestra sus parterres, diseñados con el rigor matemático que le proporcionó su licenciatura en Biología. El truco de la explotación, explica, proviene del modelo de negocio. Hugo y Theresa venden directamente a los consumidores. No dependen, como José e Ildefonso, de los precios que la industria transformadora da a sus alimentos, ni sufren la competencia de productos baratos importados de países vecinos como Marruecos.

Hugo y Theresa han fijado un salario mensual justo, que deben recibir por su trabajo, y organizan la producción con ese objetivo. Tienen 64 parterres, todos iguales. "Podemos producir doscientos kilos de boniatos, buenos, estándar, en un terreno de 19 metros cuadrados, aparte de los que se comen a medias las ratas y las pequeñas. Los productores tradicionales obtienen veinte toneladas por hectárea y están contentos. Si hacemos los cálculos aquí, salen cien toneladas por hectárea”, aseguran.

Pero lo cierto es que la agricultura ecológica ocupa una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. En la UE representa el 8% de media. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España se sitúa en el 10%, según datos de 2020, lo que supone que 2,43 millones de hectáreas están dedicadas a la producción ecológica.