Si en el siglo XIX fue el carbón y en el XX el petróleo, ahora les toca al litio, al cobalto o al níquel, citando tres de las llamadas "materias primas críticas". En realidad, son más: 34, según la última revisión de la UE. Y lo valen todo, lo significan todo. Son las nuevas tierras prometidas, esenciales para la defensa, para los sectores aeronáutico y espacial. Para el ordenador desde el que escribo estas líneas. Para el teléfono que me desconcentra cada diez minutos y para la televisión puesta de fondo. Las materias primas críticas son básicas –en primer plano– para nuestro día a día y –en un plano general– para cualquier diseño económico de futuro. Y son indispensables, en cantidades extraordinarias, para que la UE cumpla su compromiso de alcanzar la "neutralidad climática", con economías en las que los gases nocivos emitidos a la atmósfera no superen la capacidad de absorción del planeta. Un desafío de época.

Así que dependen de las "materias primas críticas" no sólo nuestros modos de consumo y comunicación –nuestro estilo de vida, en realidad–, sino también nuestra respuesta a la emergencia climática. Eso es mucha responsabilidad fiada a esas tierras raras. Quizás demasiada.

infoLibre, como miembro del consorcio de medios Investigate Europe (IE), ha publicado en exclusiva en España un extenso trabajo periodístico sobre el negocio de la nueva minería, que a pesar de su carácter estratégico sigue siendo un gran desconocido. Aquí están todas las informaciones, reunidas en un dosier. Su lectura brinda valiosas aportaciones, de las que conviene tomar buena nota para no andar demasiado despistado sobre cómo funciona el mundo y dónde se juega el futuro. Ahí van tres como punto de partida:

1) Las "materias primas críticas" constituyen uno de los principales campos de batalla de la geopolítica global y Europa parte en dicha batalla de una situación de desventaja con respecto a las grandes potencias globales.

2) La UE ha tomado conciencia de su debilidad y está tratando de reducir su dependencia de otras naciones, especialmente de China pero también de Rusia, país al que que hemos importado en plena guerra 13.700 millones de euros en metales de este tipo. Es decir, la UE prohíbe el petróleo y el carbón rusos, pero las importaciones mineras persisten. Pocas demostraciones más claras puede haber de su carácter estratégico.

3) La voluntad de mayor autoabastecimiento de la UE se concreta en un reglamento que entrará en vigor en 2024 y que prevé incrementar el ritmo de apertura de minas en suelo europeo, facilitar la financiación a las empresas y acortar los tiempos de apertura. Se supone que con todo ello la UE acelerará y ganará posiciones en la carrera, o al menos recuperará algo de terreno.

Esto último suena bien, ¿no? Puede que sí, pero el empeño tiene abundante letra pequeña. Veamos.

En primer lugar, la ambición minera de la UE está alimentada por intereses económicos contantes y sonantes que podrían estar llevándola demasiado lejos. Un dato, desvelado por la investigación El negocio de la nueva minería: el lobby minero ha gastado más de 21 millones de euros al año y ha celebrado casi mil reuniones con responsables de la UE desde 2014, lo cual explica su profunda huella en el contenido del reglamento. Sí, hay gigantes empresariales empujando a la UE a abrir de par en par las compuertas del negocio minero en suelo europeo. Este trabajo de Manuel Rico, que desvela quién controla las nuevas minas en España, ofrece una muestra ilustrativa de los nombres que alientan el boom de la actividad, entre ellos gigantes financieros como Blackrock.

Grupos ecologistas denuncian que la presión de estos capitalistas ávidos de explotar lo que puede ser una fabulosa veta de negocio ha llevado a la UE a una planificación basada en un principio peligroso, que podría resumirse así: cuanto más, mejor. O dicho de otro modo: al tender la demanda a infinito, también debe hacerlo la producción. Pero, ¿es este el razonamiento adecuado?

Por un lado, parece lógico aceptar que las necesidades son y serán elevadas, para empezar porque la ansiada "neutralidad climática" se basa en un uso de la energía eólica y solar y de los vehículos eléctricos imposible sin un crecimiento exponencial de los nuevos materiales. El reglamento europeo en tramitación asume unas previsiones de demanda estratosféricas, entre ellas que en los próximos treinta años se extraerán más minerales metálicos que en los últimos 70.000. Por otro lado, la aceptación acrítica de esta demanda disparada implica dar por bueno que la sostenibilidad se alcanzará mediante un cambio puramente tecnológico, sin un replanteamiento del modelo de producción/consumo y repitiendo, ahora con el coche eléctrico, el mismo boom que en el siglo XX se dio con coche que hoy llamamos tradicional.

Hay que tenerlo presente: es el sector del transporte, y singularmente el del coche, el principal responsable del auge de la demanda de litio, grafito, cobalto, níquel... Y será el principal beneficiario.

Los periodistas de investigación que han trabajado en la serie sobre nueva minería han acreditado además un problema ya bien visible y que irá ganando protagonismo: el impacto negativo que sufren las comunidades en cuyo territorio se desarrollan los grandes proyectos mineros. En áreas para la extracción por toda Europa se extiende el temor a acabar formando parte de un mapa de zonas de sacrificio, de usar y abandonar, en las que los habitantes pagan los costes ambientales mientras el grueso de las plusvalías vuela a cuentas lejanas. Un dato: el 85% de la riqueza generada por el litio se concentra en la producción de baterías. Es decir, el dinero no está en la extracción, por mucho que los proyectos lleguen envueltos en ceremoniales propagandísticos para la población local.

"Creo que la minería podría justificarse si se tratara de una cadena de valor que realmente beneficiara al país, a la Unión Europea y al mundo en general", declara a los periodistas de Investigate Europe Carla Gomes, analista de datos y activista en Terras do Barroso, una zona protegida del norte de Portugal donde este año se han autorizado dos minas de litio. "Estamos planeando minas para salvar la industria del automóvil, por supuesto, pero también para mantener las cosas como están. No habrá transición", añade.

Los argumentos del sector minero a favor de la multiplicación de proyectos en Europa se concentran en estas palabras de Pedro Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras españolas: “Hay que ser honestos: si necesito algo en mi sociedad, tengo que intentar producirlo en mi sociedad. No es ético que miremos para otro lado, tenemos que intentar abastecernos con nuestros criterios sociales y de sostenibilidad”.

Lo contrario sería, siguiendo este razonamiento, incurrir en la conocida como reacción nimby, así llamada por la expresión en inglés not in my backyard, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”. Es decir: sí, quiero mi móvil de última generación; pero no, no quiero que las materias primas necesarias para su fabricación se extraigan en mi pueblo. Un razonamiento que, presentado esquemáticamente, tiene todo el aspecto de la clásica hipocresía occidental. Añade Mora: “La realidad es que esos ecologistas que se oponen a abrir cualquier mina en España, luego no van a África o a China a oponerse a que abran las minas allí. Están aceptando que haya un impacto mayor fuera de Europa, donde no se extrae con los criterios de sostenibilidad de Europa, lo que no parece muy razonable si de lo que se trata es de defender el planeta”.

La réplica de los ecologistas se sostiene sobre varios argumentos. El primero, que nadie ha acreditado que hagan falta tantas nuevas minas, ni en Europa ni fuera, si no es para mantener una intensidad de consumo a todas luces insostenible. El segundo, que un aumento de la extracción en Europa no tiene por qué suponer una reducción en países comparativamente pobres si no va acompañada –y volvemos al mismo punto– de una rebaja de la demanda. El tercero, que las regulaciones en Europa, más exigentes sobre el papel que en África o América Latina, son en la práctica vulneradas con frecuencia, a lo que se suma un dato que puede mover a la indignación: hay empresas causantes de daños medioambientales recibiendo hoy día subvenciones verdes de la UE. Entre ellas, la sueca Boliden, responsable de la catástrofe de Aznalcóllar.

Y el cuarto, el argumento más ambicioso: que la respuesta a nuestras necesidades podría no estar sólo bajo tierra, sino también en superficie. Concretamente, en más transporte público, más bicicleta, más reciclaje y minería urbana –obteniendo metales de los residuos–, más vida útil de nuestros aparatos. Menos obsolescencia programada.

En uno de los jugosos reportajes de la serie, Adriana Espinosa, de la ONG Amigos de la Tierra, lamenta que la carrera esté lanzada ya a toda velocidad sin haber hecho antes unas cuentas claras: “¿Necesitamos abrir nuevas minas? El Gobierno español no ha realizado esa cuenta. Lo que realmente necesitamos para empezar es el Excel con las cuentas, que de momento no existe. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética”.

Espinosa deja una pregunta –y una respuesta– que merece una pensada: “¿Cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico de verdad es una transición ecológica? Cambiar los modelos de movilidad sí que sería una transición”.

"Es muy importante que África no sea vista como una reserva de materias primas que sigue siendo explotada por los occidentales para crear valor añadido en otros lugares". La advertencia procede de Celine Tshizena Pegasus, abogada congoleña y miembro de Afrewatch, un organismo de vigilancia de los recursos naturales. En julio, Afrewatch y decenas de ONG internacionales enviaron una carta abierta a la Comisión Europea en la que criticaban su estrategia de abastecerse de materias primas críticas en el Sur Global. En Europa apenas se extraen minerales como el cobalto, el litio, el níquel y las tierras raras, y mucho menos en las cantidades necesarias para la transición ecológica. Sin embargo, son cruciales para la producción de electrónica, vehículos eléctricos y energías renovables. Su extracción puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente, las tierras indígenas y los derechos humanos.

"Nosotros, en los países ricos en recursos, ya estamos experimentando el doble impacto de la crisis climática", rezaba la carta. "Por un lado, por los efectos del propio cambio climático y, por otro, por el aumento de las infraestructuras mineras y de tecnologías renovables derivadas de los planes de descarbonización de los países ricos".

Este reportaje, que se centra en la batalla geopolítica en torno a la nueva minería, forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

La República Democrática del Congo, donde vive Pegasus, produce más del 60% del cobalto del mundo. Extraer el metal de la tierra es esencial para fabricar baterías de coche y ordenadores. Pero la extracción de cobalto se apoya en la deforestación y el trabajo infantil, al tiempo que suele llenar los bolsillos de los grupos armados de un país sumido en el conflicto.

La UE acaba de firmar un acuerdo con el Gobierno congoleño para disfrutar de un mejor acceso a sus recursos naturales. Pegasus teme que los intereses locales queden en un segundo plano: "La sociedad civil no está informada ni ha sido consultada", denuncia.

Preocupaciones similares se manifiestan en América Latina, donde Bruselas también tiene en el punto de mira las riquezas minerales. "Los acuerdos se firman sin ningún tipo de transparencia ni debate público, y los derechos humanos y medioambientales casi nunca están en el centro de la negociación", afirma Pia Marchegiani, de Farn, una ONG argentina de desarrollo sostenible. "América Latina necesita otro tipo de cooperación, que no reproduzca los elementos coloniales del pasado".

En un reciente viaje a Chile, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió una ruptura con el pasado y un enfoque diferente, "beneficioso para todos". "Pensamos de otra manera", dijo la dirigente comunitaria, quien contrapuso dos modos de actuación: "Otros cogen los minerales una vez extraídos y los llevan a sus países para procesarlos, y así el valor añadido se crea allí. Nosotros creemos que es mucho mejor para las comunidades locales que no sólo se realice aquí la minería y la extracción, de forma respetuosa con el medio ambiente, sino también el proceso de transformación y toda la cadena de valor".

La ofensiva amable de Von der Leyen forma parte de los esfuerzos de la UE por disminuir la dependencia de China, una estrategia descrita educadamente como "derisking" (reducción de riesgos).

Mientras se cerraban minas e instalaciones de transformación en Francia, Alemania o Gran Bretaña, China se convirtió en el lugar donde los minerales de todos los continentes se convierten en metales y productos industriales como las baterías de los coches eléctricos.

Para cambiar esta situación la UE se dispone a aprobar el Reglamento de Materias Primas Críticas. Pocas leyes europeas han pasado tan deprisa por el proceso de aprobación de una norma comunitaria como este Reglamento, que pronto entrará en vigor y cuyo objetivo es abrir nuevas minar, aumentar el reciclaje de minerales y encontrar nuevos proveedores extranjeros. Esta vía rápida refleja preocupaciones reales.

"Nos preocupa una escalada militar entre Estados Unidos y China. Tendría enormes consecuencias para Europa. Ese es el peor escenario que tendríamos que afrontar", afirma Janka Oertel, directora del programa sobre Asia del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Lo ideal sería que la UE pudiera sortear las tensiones entre EE.UU. y China como un actor autónomo, pero puede que no tenga esa opción.

Oertel identifica dos escenarios. En primer lugar, una escalada más limitada o un bloqueo en torno al estrecho de Taiwán que desencadenaría interrupciones comerciales durante al menos meses. En segundo lugar, algo que ya estamos viendo hasta cierto punto: "Ir empujando lentamente los límites para ver qué funciona y cuáles son las reacciones, lo que no supondría un cese total de todas las exportaciones de materias primas críticas".

Las recientes restricciones chinas a las exportaciones de grafito, galio y germanio lo ilustran. Las inversiones a largo plazo en minería, transformación y reciclado no son la única respuesta que podría dar la UE. Almacenar materiales importantes y encontrar formas de presionar a China en ámbitos en los que la UE tiene influencia son opciones que, según Oertel, deben examinarse con más detenimiento.

Una posible situación de emergencia, en la que Europa tuviera que empezar a extraer inmediatamente, requeriría información detallada sobre los yacimientos de cada país. El futuro Reglamento pretende que los países exploren y cartografíen detalladamente este potencial. Tampoco hay que subestimar la importancia crucial de las materias primas críticas para la industria de defensa.

"El Consejo Europeo quiere darse prisa. Tiene que ver con las exigencias del sector espacial y de defensa", explica a IE un experto de Bruselas con conocimiento directo de los planes comunitarios. "De alguna manera es un tabú".

Mientras tanto, la reducción de riesgos ya está en marcha, pero "no es necesariamente en interés de todos", explica Oertel. Las grandes empresas alemanas activas en China se están volviendo más chinas, localizando allí sus cadenas de suministro para poder responder a posibles interrupciones del comercio. Otras, incluidas pequeñas y medianas empresas alemanas, están reforzando su presencia en Estados Unidos para aprovechar las cuantiosas subvenciones del paquete estrella del presidente Biden para construir una economía de energías limpias, la Ley de Reducción de la Inflación.

"La Ley de Reducción de la Inflación desvía muchas inversiones que queríamos atraer. Significa dependencia a largo plazo, no asociación con Estados Unidos", afirma Olivia Lazard, miembro del grupo de reflexión Carnegie Europe.

En la conferencia RawMat2023, celebrada en Atenas a finales de agosto, Lambros Bisalas, consejero delegado de Sunlight Group Energy Storage Systems, aseguró que la empresa planea una inversión de 2.000 millones de euros en baterías de litio, pero aún no se ha decidido entre Grecia, Estados Unidos u otro país. "Es increíble lo que ocurre ahora en Estados Unidos, cuánto dinero se da a las empresas para desarrollar una cadena de suministro local", destacó. La viceministra griega de Medio Ambiente y Energía, Alexandra Sdoukou, se apresuró a asegurarle que haría todo lo necesario para mantener la inversión en su país.

Las políticas ecológicas de la UE, incluido el fomento de la producción de baterías, son "el momento del hombre en la luna para Europa", según Von der Leyen. Pero con poco dinero sobre la mesa para contrarrestar la presión china y la competencia estadounidense, Lazard afirma que "la UE pretende llegar a la luna sin disponer de una nave".

Con su programa Global Gateway, lanzado en 2021, la UE pretendía movilizar 300.000 millones de euros para el desarrollo y la acción por el clima en todo el mundo, incluidos proyectos de materias primas críticas. Pero la llamativa cantidad resultó ser dinero reciclado que ya estaba comprometido en otros planes. Lo que pretendía ser la respuesta de Bruselas a la Iniciativa del Cinturón y la  Ruta del Gobierno chino, dotada con más de un billón de euros y que lleva años financiando infraestructuras por todo el mundo, puede no ser más que "un ejercicio de relaciones públicas", según un informe de diversos grupos de la sociedad civil.

Tras las grandes palabras, la Comisión Europea se muestra pragmática en cuanto a lo que la UE puede conseguir realmente. "Organizamos talleres, invitamos a todos los Estados miembros interesados, instituciones financieras, bancos, estudios geológicos, empresas y alianzas industriales", señala una fuente del Ejecutivo comunitario. "Organizamos el encuentro, pero luego se van a una sala y hacen lo que quieren. Nuestro trabajo no es cerrar los acuerdos".

La fuente también admite que, a diferencia de sus competidores, la mayor debilidad de Europa es que no pone dinero sobre la mesa y que no puede ofrecer los conocimientos técnicos de grandes multinacionales mineras.

La UE ha firmado acuerdos con Namibia, Canadá, Kazajstán, Ucrania, Chile, Argentina y, más recientemente, República Democrática del Congo y Zambia. El acuerdo con Namibia no ha dado lugar hasta ahora a ningún proyecto concreto. Y en Ucrania, una de las primeras apuestas de la UE en julio de 2021, la asociación no ha avanzado tras la invasión de Rusia en febrero del año pasado.

"En su momento, esa asociación era muy importante, la idea era desarrollar el potencial de Ucrania para una serie de industrias diferentes. Con la invasión, se vino totalmente abajo", señala Lazard, de Carnegie Europe. Lazard describe la pugna por Ucrania como parte de una estrategia rusa más amplia, que también se observa en África y Asia Central. "Se trata esencialmente de intentar limitar la capacidad de Europa para cumplir sus normas climáticas", afirma.

Últimamente, varios Estados africanos han sufrido golpes de Estado y Rusia pretende aprovecharse del aumento de la inestabilidad, ya que algunas naciones buscan redefinir su papel como proveedores de materias primas para Europa y el mundo.

En Mali, antigua colonia francesa rica en litio y manganeso (ambos fundamentales para la transición energética), el apoyo ruso al nuevo gobierno va de la mano de una retórica anticolonial y de esfuerzos por mantener más ingresos mineros en el país, mediante una auditoría sin precedentes del sector minero y la introducción de un nuevo código minero que podría duplicar los ingresos estatales. En Guinea, donde se produjo un golpe de Estado en 2021, el gigante ruso del aluminio Rusal ya explota varias minas de bauxita. En junio se supo que planea aumentar la inversión en el país para ayudar a abastecer su nueva planta de alúmina prevista en Rusia.

En medio de toda esta pugna de grandes potencias en torno a las materias primas, queda una pregunta fundamental: ¿se resentiría la transición ecológica si se desalienta la cooperación con China, país que posee tanto las materias primas como la tecnología para transformarlas? ¿Estamos en una fase en la que reducir los riesgos de seguridad puede aumentar los riesgos climáticos? ¿Es esa la disyuntiva a la que nos enfrentamos?

"Sí, hay contrapartidas", responde Janka Oertel, cuyo último libro examina las formas en que Europa podría reforzar su propia posición y responder al nuevo papel mundial de China. "Y esto es algo que debería debatirse con gran sinceridad".

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Edición: Chris Matthews,  Ingeborg Eliassen

Gráfico: Marta Portocarrero

La minería es una actividad controvertida. Y se trata solo del primer y menos valioso paso necesario para fabricar las turbinas eólicas o los teléfonos inteligentes que dependen de las llamadas materias primas críticas. Antes de poder utilizar los minerales excavados, hay que refinarlos. Luego llega la producción –por ejemplo en fábricas de baterías de litio para coches eléctricos–, que es la fase donde está el mayor valor de la cadena. En toda Europa, la oposición a las nuevas minas previstas se alimenta de múltiples preocupaciones, entre las que destaca una: que después de todo el proceso no habrá beneficios para las comunidades locales. Así lo ha comprobado Investigate Europe, en la amplia investigación realizada sobre la nueva minería, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

"Nos preocupa mucho que la UE vea el norte de Suecia, Finlandia y Noruega como zonas inexploradas que hay que colonizar, industrializar y con gran potencial para todo tipo de explotación en nombre de esta transición verde", lamenta Håkan Jonsson en Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia. Jonsson es presidente del Parlamento Sami de Suecia.

La misma sensación se vive 4.500 kilómetros al suroeste, donde Carla Gomes, analista de datos y activista local, también teme que el futuro Reglamento de Materias Primas Críticas lleve a la explotación de su pueblo en Terras do Barroso, una zona protegida del norte de Portugal. "Creo que la minería podría justificarse si se tratara de una cadena de valor que realmente beneficiara al país, a la Unión Europea y al mundo en general", sostiene Gomes. Pero, en su opinión, no es el caso: "Estamos planeando minas para salvar la industria del automóvil, por supuesto, pero también para mantener las cosas como están. No habrá transición".

La transición verde, o "transición negra" como prefiere llamarla Jonsson, depende de la extracción masiva de minerales. Kiruna tiene posiblemente el mayor yacimiento de tierras raras de Europa. Las verdes montañas de Portugal, que Gomes quiere mantener intactas, albergan las mayores reservas de litio conocidas en Europa. Estas dos comunidades están ahora en el centro de la fiebre europea por los minerales, y de sus debates geopolíticos.

Europa quiere volver a explotar sus minas y reducir su profunda dependencia de China, que hoy suministra y procesa la mayoría de las materias primas críticas del mundo. El reglamento europeo podría ser aprobado por Bruselas en cuestión de semanas y desencadenar decenas de debates locales similares sobre nuevas minas en todo el continente. Tras décadas de globalización que externalizaron esta industria, estamos ante un escenario nuevo.

Por eso Jonsson y Gomes rechazan la idea de que estemos ante lo que se conoce como el efecto Nimby (iniciales en inglés de “not in my backyard”, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”). Simplemente rechazan la necesidad de extraer recursos finitos de la tierra y, en su lugar, exigen una estrategia económica radicalmente distinta.

Terras do Barroso, donde este año se autorizaron dos minas de litio, es uno de los ocho "sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial" reconocidos por Naciones Unidas en el continente europeo. "Una vez que esa región, esas montañas, se conviertan en minas, nunca volverán a ser montañas. Nada volverá a ser lo mismo", lamenta Gomes.

En las tierras sami donde se construyó Kiruna en el siglo XIX para extraer mineral de hierro, el plan para explotar tierras raras no es más que otro capítulo de la historia. "Han secado lagos donde solíamos pescar. Nos han quitado las zonas donde pastaban nuestros renos desde siempre. Hemos tenido que abandonar nuestras aldeas", explica Karin Kvarfordt Niia, portavoz local sami. "Han sido 130 años de usurpación de nuestra naturaleza".

Incluso las fuentes favorables a la minería admiten que es una actividad económica industrial pesada y potencialmente contaminante, aunque subrayan que es necesaria para mantener nuestro actual nivel de vida y que se puede realizar de forma sostenible.

Carla Gomes rechaza la etiqueta Nimby. "Sí, obviamente tenemos un interés muy claro en que no se construya una mina a 500 metros de nuestro pueblo. Es un interés con el que creo que todo el mundo puede identificarse. Pero no sólo decimos que no queremos una mina en Covas de Barroso. Las minas ya no solucionan el problema. Hasta ahora ha sido la explotación desenfrenada de los combustibles fósiles, hasta que se agotan, y ahora sería la explotación de todo el litio que existe hasta que se agote. ¿Qué vamos a explotar después?".

El 85% de la riqueza generada por el litio se concentra en la producción de baterías, según Artur Patuleia, investigador principal sobre energía y clima de E3G, un think tank internacional. Si el Estado portugués invirtiera en toda la cadena de valor vinculada a la proyectada mina de Terras do Barroso, el potencial económico sería enorme, según un estudio de E3G. Una gigafábrica de baterías podría suministrar unas tres veces la cantidad anual de la planta de montaje de Volkswagen cerca de Lisboa, que representa el 1,5% del PIB de Portugal.

Por el contrario, según Patuleia, apostar solo por las partes más baratas de la cadena de valor, como la exportación del litio extraído y refinado, generará casi ocho veces menos valor y una fracción de los puestos de trabajo.

El problema es que no hay políticas nacionales ni europeas que hagan posible la opción de la cadena de valor completa. La UE cuenta con que cada Estado miembro tenga capacidad presupuestaria para invertir. Portugal, que sigue luchando contra la crisis financiera de 2008, no tiene dinero suficiente. Patuleia cree que el nuevo impulso de la UE a la minería "favorece implícitamente" a las naciones más ricas. Por eso entiende la "desconfianza" de las comunidades locales hacia la minería: "Ven el daño potencial, pero no ven los beneficios".

Existe un "interés de la UE por desarrollar localmente la cadena de valor de las materias primas", asegura Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero el proyecto de reglamento no incluye ni una sola referencia al respecto, e incluso en los casos en que los permisos se conceden con la condición de una cadena de valor completa, ésta puede resultar esquiva.

Los planes presentados en 2006 al Gobierno griego por Hellas Gold, empresa ahora propiedad de la minera canadiense Eldorado Gold, preveían la producción local de metales de oro y cobre a partir de las minas de Kassandra, en el norte de Grecia. En 2019, tras más de una década de promesas incumplidas, la empresa afirmó que había que cambiar el plan de inversión. Consiguió imponer un nuevo acuerdo que hacía opcional la metalurgia. Mientras los planes de extracción de metales se dibujan y redibujan perpetuamente, la empresa exporta concentrados de plomo, zinc y oro a los mercados mundiales, alejando de Europa los pasos más importantes de la cadena de valor.

Incluso en el mejor de los casos, en el que la producción de oro en condiciones ecológicamente aceptables se establezca en el país, no hay planes para la fundición de cobre, según admitió la empresa a Investigate Europe. Por lo que respecta al cobre, incluido en la lista europea de materias primas críticas, sólo se prevén exportaciones.

Sin embargo, Bruselas está firmando acuerdos sobre materias primas con terceros países prometiéndoles lo que no puede conseguir en casa. Chile, por ejemplo, es uno de los mayores proveedores mundiales de litio. La UE depende de él para cerca del 80% de sus importaciones. Hasta ahora, este negocio era sencillo y estaba alejado de Europa. Chile tenía las minas, China refinaba el litio y la industria automovilística europea lo utilizaba para fabricar vehículos eléctricos.

En un documento de una reunión del Consejo Europeo de marzo de 2023, los Estados miembros apoyaron memorandos de entendimiento con Argentina y Chile sobre materias primas críticas. A diferencia de ocasiones anteriores, la UE aseguró que los beneficios debían incluir "la creación de valor añadido local" para los países productores.

En junio, el Consejo publicó un nuevo marco sobre materias primas críticas, en el que se afirma que los acuerdos con terceros países "deben ser mutuamente beneficiosos para la Unión y el tercer país implicado y añadir valor en ese país".

Este giro del "eurocentrismo" es justificable: los países del Sur Global llevan mucho tiempo sufriendo la extracción y la destrucción medioambiental sin compensación alguna.

Celine Tshizena Pegasus es abogada congoleña y miembro de Afrewatch, un organismo de vigilancia de los recursos naturales. Sus argumentos son similares a los de Carla Gomes en el norte de Portugal: "El cobalto congoleño se procesa en otros países, lo que no puede formar parte de una transición justa, ya que crea pobreza en el Sur Global. Es muy importante que África no sea vista como un continente donde se pueden extraer minerales en bruto para crear valor añadido en otros lugares".

Enclavadas entre las altas cumbres de los Alpes piamonteses, en el norte de Italia, hay minas de cobalto cerradas y abandonadas. "El apogeo de la minería se produjo en el siglo XVIII, cuando el cobalto extraído se utilizaba para teñir de azul telas y cerámicas", explica Claudio Balagna, del museo minero de Usseglio.

Usseglio es uno de los dos pueblos de montaña implicados en un nuevo proyecto minero, Punta Corna. Atraída por la creciente demanda de cobalto, necesario para las baterías de los coches eléctricos, la empresa australiana Altamin obtuvo allí sus primeros permisos de exploración en 2018.

Muchos en Usseglio esperan que la extracción pueda comenzar pronto. Creen que la mina traerá empleo y atraerá a trabajadores jóvenes a una comunidad cada vez más envejecida y despoblada. "Vienes a mi casa y te llevas algo que es mío. Así que es justo que me pagues por ello", argumenta el concejal de Medio Ambiente de Usseglio, Giuseppe Bona, refiriéndose a la posibilidad de que el municipio obtenga un canon por la explotación de las minas.

En el cercano pueblo de Balme prevalece el sentimiento contrario. El Ayuntamiento está en contra de "cualquier investigación y exploración minera". Una resolución de 2020 reclamaba una asamblea pública para informar a los residentes "sobre los efectos y el impacto que el proyecto podría tener en la vida de los valles y su destino socioeconómico".

El alcalde de Balme, Giovanni Castagneri, es claro en su postura: "Sin duda requiere mano de obra cualificada, de la que no disponemos. Además, el transporte de estos materiales se realizaría por carreteras estrechas y peligrosas, lo que también crearía problemas de acceso turístico, que es lo que caracteriza a nuestra zona". Teme que una mina contamine también los acuíferos de agua mineral de la región, esenciales para las empresas embotelladoras, que son grandes empleadoras.

"Las empresas mineras tienen mucho más poder que las administraciones locales", afirma Alberto Valz Gris, geógrafo de la Universidad Politécnica de Turín, que advierte sobre los recursos económicos, el personal y los conocimientos técnicos que se necesitan en estos procesos, y de los que carecen los pequeños municipios.

En este aspecto, puede que Europa no sea tan diferente del Sur Global.

Es un error pensar que más minería en Europa significará menos minería en el Sur Global, opina Adriana Espinosa, de la ONG Amigos de la Tierra en España, que rechaza nuevos proyectos mineros en el país: "Lo que se busca es incrementar la extracción en Europa y también la importación de países del Sur Global de forma más diversa, para reducir la dependencia de China".

La normativa europea sobre protección del medio ambiente y derechos laborales es más estricta que las leyes nacionales de otros lugares, reconoce Espinosa. Pero eso es sobre el papel. "Las empresas incumplen de forma sistemática la legislación medioambiental", denuncia.

"¿Necesitamos abrir nuevas minas? Lo que realmente necesitamos para empezar son las cuentas, que de momento no existen. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética en España", asegura Espinosa.

La comisaria europea Margrethe Vestager se hace eco de este punto: "No podemos seguir como estamos. No podemos coger todos los coches diésel o de gasolina y cambiarlos por un vehículo eléctrico. Porque ahora mismo estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades planetarias. Simplemente no es posible seguir así".

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Con información de Lorenzo Buzzoni, Maria Maggiore, Marta Portocarrero, Manuel Rico, Eurydice Bersi (Reporters United) y Maren Sæbø.

Edición: Ingeborg Eliassen y Chris Matthews.

"La gente tiene mucho miedo de hablar, porque significaría ir contra la principal empresa de la región". Bajo el vasto desierto chileno de Atacama se esconde un agua preciosa y la fuente de las frustraciones de Ramón Balcázar. Aquí abunda el agua rica en sales de litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) controla gran parte de ella. Desde hace décadas, el principal dueño de esta empresa es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.

Su mina de litio del Salar de Atacama es una de las principales fuentes mundiales de este mineral esencial para las baterías. También acumula acusaciones de cometer infracciones medioambientales y se enfrenta a la oposición de comunidades locales. El pasado mes de septiembre, como parte de la adhesión de SQM a una iniciativa de minería responsable, se publicó una auditoría supuestamente independiente del yacimiento.

En las dos últimas décadas se han creado una serie de normas voluntarias que promueven "las mejores prácticas" mineras. Principalmente en respuesta a catástrofes de gran repercusión y a la denuncia del impacto destructivo de la minería. Estos programas están concebidos para ayudar a sanear el sector, pero sus detractores sostienen que ofrecen un barniz de sostenibilidad.

El consorcio periodístico Investigate Europe ha analizado el funcionamiento de estas auditoras mineras. Es un trabajo que forma parte de la amplia investigación sobre las materias primas críticas, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El sistema considerado más riguroso es IRMA, siglas en inglés de Initiative for Responsible Mining Assurance (Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable), desarrollado por compradores finales de las materias primas como Microsoft y Tiffany junto con diversas ONG. Su Estándar para la Minería Responsable, utilizado para auditar SQM, evalúa el desempeño social y medioambiental de una mina. Se lanzó en 2018 para dar cabida por igual a opiniones de comunidades, sindicatos, activistas e industria. Entre sus 60 miembros también hay fabricantes de automóviles, como BMW y Volkswagen, que necesitan cada vez más litio y materiales extraídos para los vehículos eléctricos.

La auditoría de SQM recibió una alta puntuación (75/100). Pero Balcázar, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (Opsal), una cooperativa regional, cree que no se consultó adecuadamente a la población local afectada. Los auditores sólo entrevistaron a ocho personas de cuatro comunidades indígenas durante una visita in situ. Según el informe, "por falta de tiempo, no se consultó a todas las comunidades fuera del área de influencia directa".

"SQM es una de las empresas más dañinas de Chile, están destruyendo el Salar de Atacama y ahora utilizan la certificación IRMA para hacer greenwashing a escala internacional", denuncia Balcázar.

No son acusaciones lanzadas a la ligera. En febrero de este año se inició un juicio por financiación ilegal de políticos chilenos, que recibieron presuntamente pagos irregulares de SQM. Por su parte, el Primer Tribunal Ambienta de Chile confirmó a Investigate Europe que mantiene abierta una investigación a la empresa minera. SQM fue acusada en 2016 de seis infracciones y la compañía presentó un plan de cumplimiento para poner fin a los daños medioambientales. En 2022, las comunidades indígenas pidieron que se mantengan las sanciones a SQM y se exijan nuevas medidas de protección del salar.

En la auditoría patrocinada por IRMA también se indica que son necesarias algunas mejoras, entre ellas en materia de seguridad y de gestión de residuos. Sin embargo, Opsal teme una futura escasez de agua en Atacama y la pérdida de ecosistemas y vida salvaje en torno al salar.

A preguntas de Investigate Europe, SQM afirma que su litio tiene "una de las huellas medioambientales más bajas" del mundo y que aspira a producir litio neutro en carbono para 2030. La empresa destaca que aporta "entre 10 y 15 millones de dólares anuales a las comunidades indígenas vecinas" y asegura que sigue sólidos procesos de diligencia debida. "Estamos orgullosos del continuo diálogo abierto con nuestros vecinos. SQM tiene acuerdos integrales con cuatro de las cinco comunidades de nuestra área de influencia", presume la compañía minera.

Ramón Balcázar ve las cosas de forma muy diferente. Destaca que las aportaciones económicas de SQM no resuelven los impactos negativos a largo plazo de la mina: "Inyectar grandes cantidades de dinero a las comunidades, municipios y universidades no resuelve la falta de sostenibilidad ambiental de la minería del litio o del cobre en el Salar de Atacama. Los ecosistemas se dañan perpetuamente".

Por su parte, IRMA admite que la auditoría podría haber estado "más profundamente informada", con una mayor retroalimentación por parte de los pueblos indígenas y de la sociedad civil. La directora ejecutiva, Aimee Boulager, reconoce que la gente "sigue siendo escéptica con razón", ya que IRMA es nueva y hasta ahora sólo se han realizado cuatro auditorías.

La auditora de la mina de SQM es una empresa británica llamada ERM CVS, controlada por la estadounidense KKR, uno de los principales fondos de private equity (capital privado) del mundo. La auditora forma parte de ERM International Group, que tiene en su cartera de clientes a varias compañías mineras. La española Corporación Financiera Alba, holding financiero de Banca March, es accionista minoritario del grupo ERM (tiene el 6,91% del capital). Entre otras inversiones, Corporación Financiera Alba posee también una participación en Acerinox, compañía dedicada a la fabricación de acero inoxidable dependiente de materias primas. Tomás Armengol es miembro del consejo de administración de Acerinox y también esconsejero no ejecutivo del grupo ERM, en ambos casos en representación de Corporación Financiera Alba. Esta compañía no respondió a las preguntas sobre posibles conflictos de interés planteadas por Investigate Europe.

Un portavoz de ERM CVS rechaza cualquier irregularidad con el argumento de que el negocio de auditoría es una entidad separada e independiente del grupo en general: "ERM CVS está acreditada según la norma ISO 17021, que es la norma internacional que especifica los requisitos para que los organismos de certificación garanticen su independencia y que el trabajo de certificación de sistemas de gestión se lleva a cabo de forma competente, coherente e imparcial".

Sin embargo, como ocurre con todos los fondos de private equity, se desconoce quién puso el dinero utilizado por KKR para comprar una participación mayoritaria en el grupo ERM. Es decir, no se sabe quiénes son los verdaderos accionistas mayoritarios de ERM, puesto que KKR gestiona el dinero de otros. A la pregunta de cómo puede garantizar que no existe un conflicto de intereses si ni siquiera sabe quiénes son los verdaderos propietarios, ERM responde lo siguiente: "ERM no tiene acceso a ninguna información sobre los fondos de KKR y KKR no tiene acceso a ninguna información de clientes individuales de ERM".

La compañía auditora también destaca que durante su trabajo de campo logró contactar con varias personas de las comunidades locales y que intentó más entrevistas con otras partes interesadas, pero no recibió ninguna respuesta más.

ERM CVS es una de las dos empresas auditoras aprobadas por IRMA. Las auditorías las pagan directamente las empresas mineras, lo que crea una relación comercial con los auditores y aviva los temores de conflicto de intereses. Human Rights Watch, miembro de la dirección de IRMA, admitió en mayo que "IRMA aún necesita mejoras significativas para salvaguardar la independencia de sus auditorías y abordar los conflictos de intereses reales o percibidos entre las compañías de auditoría y las empresas mineras. IRMA también debe trabajar para presionar más eficazmente a las empresas mineras para que corrijan y remedien los daños detectados durante las auditorías".

Incluso la propia IRMA reconoce las deficiencias actuales. "Vemos claramente riesgos en los posibles conflictos de intereses de los auditores", sostiene Boulager en declaraciones a Investigate Europe. En su opinión, este sistema aún está en la fase de generar confianza, pero al mismo tiempo destaca que el enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas y el hecho de que los informes se hagan públicos, diferencian positivamente a IRMA de otras iniciativas. "IRMA no sólo está trabajando para abordar el conflicto de intereses, sino también para impulsar un cambio fundamental en la forma de auditar, con la participación de miembros de la comunidad y trabajadores que pueden sentirse seguros para ofrecer todos sus puntos de vista", afirma Boulager.

La multinacional minera Anglo American es otro miembro de IRMA. A pesar de formar parte de varios programas voluntarios, la compañía afronta protestas por la ampliación de una mina de cobre en Chile y fue acusada en 2021 de fallar a las comunidades en una explotación de mineral de hierro en Brasil. Esta mina también está siendo auditada por ERM CVS.

Fue en otra mina brasileña de hierro donde la industria auditora se convirtió en el centro de atención en 2019. Una presa en la mina de Brumadinho se derrumbó y desencadenó un deslizamiento de tierra que mató a cientos de personas. Solo unas semanas antes de la tragedia, una inspección de un organismo de certificación consideró que la presa era "estable".

Otros proyectos también se han visto envueltos en polémicas. Cecilia Mattea, de la ONG con sede en Bruselas Transporte y Medio Ambiente, que también forma parte de IRMA, asegura que este sistema es el más fiable en una "jungla" de ofertas. Pero advierte: "Sigue estando demasiado vinculada a los documentos internos facilitados por las propias empresas. En general, los sistemas de certificación no pueden sustituir a las leyes medioambientales y sociales de un Estado".

El Consejo Internacional de Minería y Metales y otros grupos fueron criticados en septiembre por sus planes de lanzar un nuevo programa de auditoría dirigido por la industria. Una carta de 35 ONG afirmaba que la propuesta "afianzaría el control de la industria minera" sobre las normas. "El resultado final será una norma que carece de la transparencia y el rigor necesarios para proporcionar información creíble", denunciaba la carta. "Esto perjudicaría la credibilidad de las empresas implicadas y podría considerarse greenwashing".

Aun así, en la negociación del Reglamento de Materias Primas Críticas, que entrará en vigor en la UE el próximo año y que busca reactivar la minería, la Comisión Europea defiende apoyarse en normas voluntarias. Si una empresa minera obtiene una puntuación positiva, eso podría ayudarle a obtener la consideración de proyecto minero estratégico. Las certificaciones servirán para acelerar la concesión de nuevas licencias en Europa para minas de litio, cobre y tierras raras.

Los grupos ecologistas sostienen que estos sistemas de auditoría no deben considerarse un "puerto seguro" para las empresas. "Esperamos que la versión final del reglamento otorgue menos valor a las certificaciones, que pueden añadir información sobre un proyecto minero, pero no actuar como etiqueta de sostenibilidad", alerta Cecilia Mattea.

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Con información de Manuel Rico.

Da igual que se llamen Blackrock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.

La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.

Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. infoLibre publica en exclusiva esta investigación periodística, que forma parte de una serie sobre el sector cuya publicación iniciamos hace dos semanas [puedes consultar aquí todas las informaciones].

Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.

Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.

De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.

El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.

Las 23 empresas analizadas controlan en total 26 minas o proyectos, cuyos datos esenciales figuran en el siguiente cuadro.

En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.

La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.

Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.

Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.

También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.

El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.

El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.

El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.

En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.

En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.

El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a Blackrock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.

Blackrock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.

La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.

Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.

La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.

Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.

De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).

Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.

Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.

La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.

No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.

En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (Blackrock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.

La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.

Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.

El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.

Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.

En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.

Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.

Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves  y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.

Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.

Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta  y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.

Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.

La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.

El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.

En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.

En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.

También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.

Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.

Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.

Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.

Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.

El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto.

“No somos un sector de mafiosos o de depredadores ambientales. La mayoría hace las cosas bien o muy bien”. Quien así se expresa es Pedro Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras españolas. Su opinión está en las antípodas de lo que piensan las principales organizaciones ecologistas sobre los empresarios mineros: depredadores ambientales sin ninguna duda, especuladores una parte de ellos y peleados con las leyes casi todos. Para mostrar sus acusaciones han lanzado el Observatorio Ibérico de la Minería, donde se recogen un centenar de casos de “vulneraciones y malas prácticas” en España y Portugal.

Ambas partes están de acuerdo, eso sí, en un hecho fundamental: se está produciendo una resurrección de la minería, centrada esta vez en la extracción de minerales metálicos como el litio, el cobre, el grafito o el wolframio.

España se quedó sin minas de este tipo en los años ochenta, pero ahora ya están operativas una quincena que explotan minerales incluidos en la lista de “materias primas críticas” de la Unión Europea. Son componentes cruciales para la transición ecológica diseñada por la UE, porque los necesitan los vehículos eléctricos y los molinos eólicos. Pero también están en móviles o portátiles y se utilizan en la fabricación de armas o en el sector aeroespacial. La UE tiene una dependencia casi absoluta del exterior, ya que ni extrae esas materias primas, ni las procesa para adaptarlas a su uso industrial. China, y en menor medida Rusia, son quienes controlan el negocio de esos metales que luego se consumen en los 27 Estados de la Unión.

Para terminar con esta situación, las instituciones comunitarias están impulsando un Reglamento, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024 y que plantea abrir nuevas minas en suelo europeo, facilitar la financiación a las empresas mineras y acortar los tiempos de concesión de los permisos medioambientales. Tres objetivos que aplaude el lobby minero, que ha mantenido más de mil reuniones con funcionarios y cargos de la UE para influir en el Reglamento. Y que provocan un rechazo frontal de las organizaciones ecologistas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El discurso oficial defiende que la demanda de materias primas críticas se disparará en los próximos años. “La demanda de minerales para su uso en ve­hículos eléctricos y almacenamiento de baterías se estima se multiplicará por treinta en 2040. El litio experimentará el crecimiento más rápido, con un aumento de la demanda de más de 40 veces seguido por el grafito, cobalto y níquel (entre 20-25 veces) y las tierras raras (siete veces)”, se puede leer en la Hoja de ruta sobre materias primas minerales aprobada por el Gobierno español en 2022. Un documento que propone, entre otras medidas, fomentar “el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos bajo están­dares medioambientales y de sostenibilidad europeos”. Hablando en plata: abrir nuevas minas en España.

La industria está alineada con este discurso. “Hay que ser honestos: si necesito algo en mi sociedad, tengo que intentar producirlo en mi sociedad. No es ético que miremos para otro lado, tenemos que intentar abastecernos con nuestros criterios sociales y de sostenibilidad”, indica Pedro Mora. Ello significa “explotar nuestros recursos al máximo posible”, abriendo nuevas minas en España.

Pedro Mora pone sobre la mesa otra cuestión que denuncian con frecuencia las patronales mineras, lo que se conoce como el efecto Nimby (iniciales en inglés de “not in my backyard”, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”). El razonamiento es el siguiente: todos queremos nuestro móvil de última generación, pero nos oponemos a las minas de las que se extraen las materias primas que lo hacen funcionar si están cerca de nuestra casa, mientras cerramos los ojos a que se obtengan en países lejanos donde se explota a los trabajadores y no existen normas de protección del medio ambiente.

“La realidad es que esos ecologistas que se oponen a abrir cualquier mina en España, luego no van a África o a China a oponerse a que abran las minas allí. Están aceptando que haya un impacto mayor fuera de Europa, donde no se extrae con los criterios de sostenibilidad de Europa, lo que no parece muy razonable si de lo que se trata es de defender el planeta”, señala Mora, uno de los cargos de la Fundación Minería y Vida.

Esta acusación indigna a Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, una de las organizaciones más implicadas en la lucha contra la nueva minería junto a Ecologistas en Acción. Sostiene Espinosa: “En primer lugar, es falso que un incremento de la extracción minera en Europa lleve aparejada una reducción en el sur global. Lo que se busca es incrementar la extracción en Europa y también la importación de países del sur global de forma más diversa, para reducir la dependencia de China. En segundo lugar, hay que matizar lo de que las regulaciones son más exigentes en Europa. Las regulaciones sobre el papel lo son, pero las empresas incumplen de forma sistemática la legislación medioambiental. En tercer lugar, no es cierto que no defendamos las luchas contra las minas en otros lugares. Amigos de la Tierra, por ejemplo, pertenece a un movimiento global que defiende los mismos objetivos en todas partes. En cuarto lugar, está el tema clave del modelo de consumo, que es adonde nos gustaría llevar la conversación”.

Lo que plantea Adriana Espinosa es, de hecho, una enmienda a la totalidad: nadie ha demostrado que se necesiten nuevas minas y, en todo caso, si se necesitasen sería para intentar mantener un modelo de consumo que en realidad es insostenible. “¿Necesitamos abrir nuevas minas? El Gobierno español no ha realizado esa cuenta. Lo que realmente necesitamos para empezar es el Excel con las cuentas, que de momento no existe. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética en España”, critica Espinosa.

Con Excel o sin él, lo que tiene claro la activista de Amigos de la Tierra es que estamos ante una crisis ecológica y climática “sin precedentes”, y que “nos están vendiendo como transición energética algo que no lo es”.

El sector del transporte acapara el 60% de las necesidades previstas de minerales como el litio, según los informes oficiales que manejan las instituciones comunitarias. “¿Cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico de verdad es una transición ecológica?”, se pregunta Espinosa. Ella misma responde: “Cambiar los modelos de movilidad sí que sería una transición”.

Una movilidad basada en el transporte público y en medios como la bicicleta es una de las principales alternativas que defienden los ecologistas para reducir la demanda de minerales metálicos. Pero hay otras. Por ejemplo, incrementar la utilización de los minerales secundarios potenciando el reciclaje y la minería urbana (extraer los metales de los residuos y no de la naturaleza). O alargar la vida útil de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, terminando así con la obsolescencia programada.

“La transición ecológica tal cual la ha diseñado la UE, basada en el crecimiento ilimitado, no es sostenible ni viable. Tampoco es justa, porque no es reproducible a nivel global”, concluye Espinosa.

La expectativa de una mayor demanda está multiplicando ya los proyectos de nuevas minas en diferentes países europeos, pero las autoridades comunitarias quieren acelerar ese proceso con dos medidas que se contemplan en el Reglamento: reducir a un máximo de dos años el plazo para conseguir todos los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Pedro Mora considera fundamental que en el Reglamento se reduzcan los plazos. Un proyecto para abrir una mina puede prolongarse entre 8 y 12 años, según sus cálculos, “y una parte muy importante se consume en la obtención de las licencias ambientales. Y también, en muchas ocasiones, en la judicialización del proceso, que lo retrasa y genera inseguridad jurídica”.

Además, el representante de Minería y Vida destaca que hay sectores sobre los que existe menos control: “Si uno compara la presión social sobre los impactos que genera la minería y la agricultura, es evidente que es mucho mayor sobre la minería. Somos un sector hiperregulado en la UE. Y eso está bien, porque nos garantiza seguridad como sociedad. Pero esa elevada regulación no puede derivar en retrasos injustificados en el desarrollo de proyectos”.

En cuanto a la financiación, Mora explica que las empresas mineras no reclaman dinero directamente para la extracción, sino que piden “apoyo institucional para la investigación geológica y condiciones favorecedoras para el desarrollo tecnológico, que son muy caros. Hay que hacer grandes inversiones no sólo en la mina, también en los procesos industriales para dar valor añadido a los minerales”.

Para Adriana Espinosa, experta en minería de Amigos de la Tierra, la pretendida reducción de los plazos para obtener permisos se puede definir en tres palabras: “Es una barbaridad”.

Dos años para obtener permisos puede parecer un plazo más que suficiente a ojos de un lego en la materia, pero Espinosa defiende que no es así: “Realizar un estudio de impacto ambiental, cuando se trata de megaproyectos mineros, es algo muy complejo. Y muchas veces las empresas hacen estudios incompletos, inexactos o incluso fraudulentos, por ejemplo fraccionando un proyecto para así evitar la evaluación de impacto ambiental al no sobrepasar cada parte los umbrales determinados. Luego, la Administración necesita tiempo para evaluar el estudio y existe una falta importante de medios, empezando por personal que realice esas evaluaciones. Y en tercer lugar están las comunidades afectadas, que también necesitan tiempo para estudiar el proyecto y exponer su postura. Todo ese proceso, si se quiere hacer bien, lleva mucho más de dos años”.

Joám Evans es miembro de Ecologistas en Acción. Además de compartir los argumentos de Espinosa sobre el peligro de reducir los tiempos para la obtención de los permisos, pone en duda “el mantra” de que el sector minero está hiperregulado. “En la práctica, las empresas mineras casi nunca cumplen con la legalidad. Siempre tienen problemas en cuyo origen está su afán por reducir al máximo el coste de las operaciones, lo que termina provocando problemas medioambientales”, señala.

En cuanto a la posible financiación pública, Evans asegura que en ningún caso debe financiarse ni la exploración ni la extracción porque ello “produce una competencia desleal de los metales primarios, que inundan así los mercados con precios mucho más baratos en relación con los metales secundarios”. Estos últimos son los que se obtienen tras un proceso de reciclaje. “El dinero público debería destinarse a la recuperación de metales, incluidos los residuos mineros abandonados, que en el caso de España podrían satisfacer la demanda durante muchos años”, indica.

La demanda de mayor financiación pública por parte de las empresas conecta, según Evans, con otro problema del sector: la especulación. “Muchos proyectos mineros solo son viables con dinero público. Y quieren generar la expectativa de que obtendrán un canal de financiación privilegiada”, asegura.

Ecologistas en Acción elaboró en 2019 un informe, titulado Minería especulativa en España, en el que denuncia que “compañías mineras junior sin apenas capital utilizan los recursos minerales como garantía para la especulación”, lo que les permite “parecer sólidas y con beneficios inminentes cuando en realidad sus proyectos son poco más que castillos en el aire”. En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conlleva un alto riesgo financiero.

En principio, podría parecer que esa especulación afecta únicamente a quienes invierten en proyectos mineros luego fallidos. Allá ellos con su dinero. Pero Evans sostiene que tiene implicaciones más amplias porque la minería especulativa “genera explotaciones low cost que provocan problemas constantes”. Las empresas ahorran “en todas las etapas: desde la fase inicial de elaboración de los proyectos, que a veces son malísimos, hasta la fase final, cuando muchas veces no se hacen cargo de la regeneración de la zona y dejan costes enormes para las generaciones futuras. Los beneficios se los quedan las empresas, pero los pasivos los asumimos todos nosotros”.

Existe, según Evans, un segundo problema: “Ese afán especulativo lleva a que a veces las empresas pretendan saltarse trámites o incumplir las leyes para ahorrar costes, con los riesgos consiguientes de corrupción. Te pongo un ejemplo reciente: en 2019 se presentó un proyecto para abrir una mina de litio en Ourense, conocido como Alberta I. Aunque parezca increíble, la Xunta de Galicia estaba tramitando el proyecto sin la evaluación de impacto ambiental. Esa combinación de una empresa que no quiere gastar y una Administración cómplice es una receta para el desastre medioambiental”.

Pedro Mora, de la Fundación Minería y Vida, rechaza rotundamente el panorama que dibujan los ecologistas. “Me rebelo contra esa idea. Hay especulación entre algunas junior, pero la mayoría de las junior no son especulativas”, defiende.

Que la minería tiene mala imagen es algo que admiten las propias empresas, aunque lo consideren algo injusto. Esa es una de las razones que ha llevado a las patronales a crear la Fundación Minería y Vida. “Hemos vivido de espaldas a la sociedad y no hemos explicado todo lo que hacemos. La imagen que queda son las cuatro noticias de cosas que se hacen mal y no las otras 996 que se hacen bien. Debemos ser más abiertos y transparentes”, argumenta Mora.

A las empresas les preocupa lo que denominan “licencia social para operar”, es decir, lograr el visto bueno de la comunidad donde se encuentra la mina, igual que obtienen las licencias medioambientales de las Administraciones. “Tenemos que valorar la sensibilidad del entorno social. La minería tiene ventajas claras, responde a unas demandas que existen en la sociedad, pero también tiene impactos. Y hay que afrontarlos desde el principio”, señala Mora.

En ese afán por cambiar su imagen, desde Minería y Vida también reclaman apoyo público: “Necesitamos que la Administración comunique lo que hacemos bien. Es importante que la sociedad entienda que debemos explotar nuestros recursos para reducir la dependencia de países que no respetan los mismos valores sociales que nosotros y para generar cadenas de valor propias que permitan nuestra reindustrialización, creación de empleo estable y de calidad y generación de riqueza”.

En el mundo ecologista se percibe con escepticismo esa proclamada preocupación empresarial. “La licencia social es un eufemismo para determinadas prácticas de ingeniería social como el greenwashing. Si las empresas cumpliesen con la legislación no tendrían que estar preocupadas por la licencia social. No se trata de que la gente esté contenta, sino de que la gente esté callada”, critica Joám Evans.

Adriana Espinosa, por su parte, plantea una pregunta clave: ¿la licencia social para operar incluye el derecho de las comunidades a decir no? Ella tiene clara la respuesta: “Nosotras defendemos que ese derecho a decir no a una mina existe, que hay que considerar la soberanía sobre los recursos de las comunidades donde se encuentran dichos recursos. Pero ni las instituciones ni las empresas están en esa lógica. Lo que buscan a toda costa es obtener esa licencia social y les da igual cómo conseguirla. Con propaganda, por ejemplo hablando de la creación de puestos de trabajo que luego siempre son muchos menos de los anunciados, con coerción blanda o dura, o con métodos de greenwashing”.

El 12 de septiembre de 2016, un tribunal de Sevilla condenó a los tres principales directivos de la empresa minera Cobre Las Cruces a un año de cárcel y 293.000 euros de indemnización. Los tres se confesaron culpables de un delito contra el medio ambiente, al contaminar con arsénico un acuífero próximo a la mina de cobre, y otro delito de daños al dominio público, puesto que la compañía extrajo de manera ilegal mucha más agua de la que tenía autorizada. La confesión formó parte de un acuerdo de los tres directivos de la compañía con la Fiscalía, que pedía inicialmente más de cinco años de cárcel, pero al final aceptó reducir la condena a un año, en parte por lo mucho que se había alargado un procedimiento judicial iniciado en 2008.

En febrero de aquel mismo 2016, a pesar de que era público que estaba abierta una causa penal contra Cobre Las Cruces por delitos contra el medio ambiente, esta compañía actuó como coordinadora de un proyecto denominado Inmet, cuyo objetivo era “maximizar el rendimiento de la recuperación de metales y minimizar el consumo de energía y la huella medioambiental”. Inmet formaba parte del programa Horizon y estaba financiado por la Unión Europea con 7,8 millones de euros, de los que 2,73 se quedaron en la caja de Cobre Las Cruces. Esta empresa, que tiene la sede en España pero cuyo propietario es la sociedad canadiense First Quantum Minerals, ha sido elegida para participar en siete proyectos del programa Horizon relacionados con lo que se conoce como materias primas críticas, que son esenciales para la transición energética y la digitalización. En total, se embolsará 5,53 millones de dinero público, lo que convierte a Cobre Las Cruces en la segunda empresa de toda Europa que más fondos recibe en proyectos de Horizon relacionados con materias primas críticas.

A menos de 20 kilómetros de la mina de Cobre Las Cruces, también en la provincia de Sevilla, está la localidad de Aznalcóllar. Allí se produjo en 1998 una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en los últimos 50 años. La rotura de la balsa de la mina de pirita de Aznalcóllar causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. El río tóxico se quedó a las puertas de Doñana, el principal parque nacional de Europa. La dueña de la mina era la multinacional sueca Boliden, que abonó unos 40 millones en indemnizaciones, pero dejó otras facturas sin pagar. La filial española de Boliden se declaró insolvente y el Gobierno español no pudo cobrar los 43 millones que gastó en limpiar los lodos tóxicos. El intento de la Junta de Andalucía de cobrar a Boliden los 89 millones que costó la restauración de la zona también ha fracasado de momento, en este caso por una resolución judicial que exime a la compañía sueca del pago, aunque la sentencia aún no es firme.

Boliden no paga lo que debe por el desastre medioambiental que causó en España, pero cobra sin problema dinero de los contribuyentes europeos. La multinacional sueca ha participado en ocho proyectos del programa Horizon relacionados con materias primas críticas en los últimos diez años, por los que ha recibido 2,7 millones de la UE. Varios de ellos tienen entre sus objetivos “minimizar el impacto medioambiental de las operaciones mineras”.

Investigate Europe ha analizado todos los proyectos financiados por los programas Horizon 2020, iniciativa de la UE que contó con un presupuesto de 80.000 millones entre 2014 y 2020 para impulsar la investigación e innovación, y Horizon Europe, sucesor del anterior que prevé distribuir 95.500 millones entre 2021 y 2027. Entre los miles de proyectos impulsados por los dos programas Horizon –que goza de amplio prestigio entre los científicos del continente– hay 95 que están directamente relacionados con las materias primas críticas. Esos 95 proyectos recibieron en total 667 millones de euros de financiación de la UE y en ellos participaron 1.043 entidades, entre empresas, universidades y centros de investigación.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

Esos ataques al medio ambiente por parte de empresas que reciben fondos de la UE no solo se han producido en suelo europeo. Boliden, la causante de la catástrofe de Aznalcóllar, aparece en un informe sobre violaciones de derechos humanos por parte de empresas europeas en terceros países, solicitado por el Parlamento Europeo. La multinacional sueca fue acusada de exportar residuos mineros a Chile, donde un subcontratista se deshizo de ellos sin tratarlos adecuadamente y perjudicando así a la salud de las comunidades locales. La francesa Eramet, que recibió 1,9 millones para cuatro proyectos Horizon, afronta denuncias por destruir los bosques y tierras de tribus locales de Indonesia afectados por la explotación de Weda Bay, la principal mina de níquel del mundo. Otra filial de Eramet, Société Le Nickel, está bajo la lupa por los presuntos daños medioambientales causados en Nueva Caledonia. La británica Anglo American, que recibió algo más de 200.000 euros de un proyecto Horizon, se enfrenta a demandas colectivas en los tribunales por el presunto envenenamiento masivo de niños con plomo en Zambia y acumula denuncias por contaminación en otros lugares como Brasil.

La lista sigue y sigue, con más de una decena de empresas mineras que cumplen esa doble condición de perceptoras de fondos de los programas Horizon relacionados con la transición verde y al mismo tiempo presuntas autoras de abusos medioambientales por todo el planeta.

Investigate Europe preguntó a la Comisión Europea si ser responsable de delitos medioambientales no es incompatible con la percepción de subvenciones. “La Comisión tiene muy en cuenta los factores medioambientales en los proyectos financiados por la UE”, aseguró una portavoz oficial, quien destacó que con el Pacto Verde Europeo se introdujo el principio de “no causar daños significativos”. Además, añadió que en Horizon Europe los participantes deben demostrar que sus proyectos respetan las prioridades climáticas y medioambientales fijadas por la UE. La portavoz evitó pronunciarse sobre el hecho de que esta financiación de empresas acusadas de daños medioambientales se ha producido con frecuencia, a pesar de que en sus preguntas los periodistas señalaron específicamente los casos de Cobre Las Cruces y Boliden.

El análisis sobre quién termina beneficiándose de los fondos Horizon guarda más sorpresas. La UE defiende la necesidad imperiosa de reducir su actual dependencia en materias primas críticas, que es especialmente significativa en el caso de China, pero también importante en el caso de Rusia. Como desveló Investigate Europe, ninguno de los 11 paquetes de sanciones a empresas y oligarcas rusos han afectado a las materias primas críticas, de forma que Europa le sigue comprando sin problemas níquel, cobre, vanadio o titanio.

Lo cierto es que dinero público de Horizon también ha terminado en manos chinas o rusas.

Soil Machine Dynamics Ltd. es una de las principales empresas de robótica submarina del mundo, que pertenece al grupo SMD (Specialist Machine Developments Ltd.), con sede en el Reino Unido. Soil Machine Dynamics recibió 3,53 millones del presupuesto de Horizon para el proyecto Vamos, cuyo objetivo era desarrollar una nueva técnica minera para extraer yacimientos minerales hasta ahora inalcanzables al encontrarse a una profundidad de más de 500 metros. El proyecto se inició el 1 de febrero de 2015 y, cinco días más tarde, el fondo de inversión Inflexion hizo público que había vendido SMD a la compañía Zhuzhou CSR Times Electric, cuyo accionista mayoritario es el Estado chino. Vamos se desarrolló hasta enero de 2019.

Aughinish Alumina es una empresa con sede en Irlanda que refina bauxita, roca de la que se extrae la alúmina utilizada para producir aluminio. La compañía irlandesa pertenece desde 2007 a Rusal, grupo ruso que es líder mundial de la industria del aluminio y uno de cuyos accionistas clave es Oleg Deripaska, que está incluido en la lista de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Aughinish Alumina también está incluida en otra lista, la de beneficiarios del programa Horizon. En concreto, recibió 563.500 euros por su participación en el proyecto RemovAL, que investigó cómo incrementar la utilización de los residuos industriales de bauxita.

Un accionista minoritario de Rusal es otro conocido oligarca ruso, Viktor Vekselberg, multimillonario que agrupa parte de sus inversiones en un holding llamado Renova. Hasta 2018, Renova tenía la mayoría absoluta del capital de la compañía sudafricana Transalloys, dedicada a la producción de ferrroaleciones de manganeso, aunque aquel año redujo su participación por debajo del 25%. La inmensa mayoría de las entidades que han recibido dinero público de Horizon son de la UE, pero también hay alguna de terceros países. Es precisamente el caso de Transalloys. Desde el 1 de enero de 2023 participa en el proyecto HalMan, que pretende desarrollar un proceso para extraer manganeso de forma más sostenible utilizando hidrógeno. La empresa sudafricana recibirá algo más de 73.000 euros del presupuesto de la UE. Los periodistas preguntaron a Transalloys y Renova cuál es la participación accionarial actual de la sociedad de Vekselberg, pero ambas se negaron a responder.

China, Rusia… y las Islas Vírgenes Británicas. El dinero de los contribuyentes europeos también puede terminar en una sociedad con sede en uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. Desde allí opera Lancaster Exploration Limited, participante en el proyecto HiTech AlkCarb, cuyo objetivo era aportar a la industria europea de alta tecnología nuevos “modelos de exploración de las zonas alcalinas y carbonatitas”. Lancaster está especializada en la exploración de tierras raras en África y recibió más de 168.000 euros de la UE.

Los periodistas preguntaron a la Comisión Europea si operar desde paraísos fiscales no supone ningún obstáculo a la hora de recibir dinero público de la UE, citando el ejemplo de Lancaster Exploration Limited. “Como norma general, las personas jurídicas deben cumplir toda la legislación aplicable, incluida la fiscal”, respondió la portavoz de la Comisión, sin referirse al caso concreto planteado. Dicha portavoz recordó que “la autoridad otorgante de la subvención de la UE puede poner fin a la participación de un beneficiario” cuando incumple las obligaciones fiscales o de seguridad social o cuando “ha sido creado en una jurisdicción diferente con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro tipo en el país de origen".

El análisis del dinero destinado por la UE a investigación e innovación a través de los programas Horizon demuestra que la preocupación por las materias primas críticas no es algo nuevo, aunque es cierto que se ha intensificado durante los últimos años. Si nos fijamos en el año de inicio y el importe de los 95 proyectos subvencionados, vemos que 2021, 2022 y 2023 son los únicos en que se superan los 100 millones de euros en total. Pero 2015 también fue un año de gran actividad, con la puesta en marcha de 16 proyectos –el récord desde 2014 a falta de conocer los datos finales de 2023–, que recibieron más de 88 millones del presupuesto comunitario.

El único proyecto que arrancó en 2014 se titulaba Optimore y estaba coordinado por Josep Oliva, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya. “El objetivo era desarrollar modelos matemáticos para optimizar procesos, desde la trituración hasta la separación, de tántalo y wolframio mediante inteligencia artificial”, explica Oliva en conversación con IE. El profesor destaca que “la participación de la industria en estos proyectos es clave. La UE no apoya proyectos de investigación que no estén apoyados por empresas, donde no se vaya a producir una transferencia de resultados”. En su caso, señala Oliva, las empresas mineras aportaron dos cuestiones: “Nosotros necesitábamos materias primas para trabajar. Y esto lo facilitaron las empresas. Trabajamos con minas de Austria, Reino Unido y España. Y luego es importante trabajar con las empresas para realizar la transferencia de resultados”.

De acuerdo con la clasificación de la propia UE sobre el tipo de entidad perceptora de fondos Horizon para proyectos de materias primas críticas, el 45% del dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro, el 28% a universidades o instituciones educativos y el 20% a centros de investigación.

En cuanto a la distribución por países de los proyectos financiados por Horizon, entidades con sede en Alemania, España, Finlandia y Francia son las que más dinero han recibido.

En el caso de España, hay 122 entidades diferentes que han participado en alguno de los 95 proyectos. Es el país que más tiene. Esas entidades recibieron en total 88,3 millones. Quince de ellas lograron más de dos millones. La lista la encabeza el centro vasco de investigación Tecnalia, con 7,3 millones, seguida de la minera Cobre Las Cruces, con 5,5 millones. Entre las empresas subvencionadas están dos del grupo Maxam, que tiene actividades mineras, pero sobre todo es conocida por ser fabricante de armas. Como desveló infoLibre, el Gobierno español autorizó en 2021 que pasase a estar controlada por accionistas ocultos en las Islas Caimán. Maxam se embolsó 1,8 millones procedentes de proyectos Horizon.

Casi el 90% de los fondos se queda en entidades registradas en los Estados miembros de la UE –incluido Reino Unido en el caso del dinero de Horizon 2020–, algo más del 7,5% lo perciben miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –Noruega es el quinto país que más dinero recibe–, mientras que el 2,5% restante se va a terceros Estados. En total, entidades de 57 países han contado con algún tipo de financiación del programa Horizon.

El lobby minero, aprovechando la preocupación de la UE por incrementar la autonomía europea en materias primas críticas, presiona para lograr que se incremente la financiación pública. Una premisa que ya han asumido las instituciones comunitarias en su propuesta de Reglamento de Materias Primas Críticas, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024. El objetivo de las patronales es que no solo se financie la investigación científica básica, como ocurre con el programa Horizon, sino también la exploración minera.

Lo cierto es que, más allá de Horizon, ya existe más dinero público para la minería, a través de los presupuestos estatales y regionales de los Estados miembro. El pasado 9 de agosto, por ejemplo, la Comisión Europea dio luz verde a una subvención de 26,7 millones concedida por España a la empresa Cobre Las Cruces para que modernice su refinería en el complejo minero de Sevilla. La Comisión cree que esa ayuda estatal contribuirá a los objetivos del Pacto Verde europeo. Y todo ello a pesar de que Cobre Las Cruces no siempre es ejemplo de prácticas “verdes”. Después de los hechos que llevaron a la condena de sus tres principales directivos por delito contra el medio ambiente, el Gobierno español ha sancionado en dos ocasiones a la compañía por quedarse agua ilegalmente en su explotación minera.

A seis kilómetros de la frontera chilena, en San Juan (Argentina), la máquina perforadora sacude la tierra y levanta una nube de polvo. Un ruido machacón se extiende por las cumbres de los Andes. A 3.500 metros de altitud, se han abierto aquí más de un centenar de agujeros en busca de cobre.

El yacimiento de Los Azules es uno de los ocho grandes proyectos cupríferos lanzados recientemente en Argentina, en medio del auge de la demanda mundial del metal rojo, esencial para los coches eléctricos. Hace sólo unos años se cerraba la última mina de cobre de Argentina. Ahora, gracias a empresas automovilísticas como Stellantis, que firmó un acuerdo de 155 millones de dólares (unos 142 millones de euros al cambio actual) para hacerse con parte de las cien mil toneladas de cobre anuales, las perforadoras vuelven a romper el silencio en las montañas.

La transición ecológica de Europa depende de un aumento masivo del suministro de minerales como el litio o el cobre. El 60% de las necesidades previstas procede del sector del transporte, según un estudio encargado por la industria. Las empresas automovilísticas están impulsando este proceso, ya que la UE exige que todos los coches sean de emisiones cero para 2035.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

Sin un suministro estable de litio, los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan a obstáculos insalvables para disponer de las baterías esenciales para sus todoterrenos y berlinas eléctricos. Como consecuencia, las cadenas de montaje podrían paralizarse. Lo que podría cambiar la trayectoria de todo el panorama del sector.

La industria del automóvil se encuentra en un punto de inflexión. Durante mucho tiempo, dependió de una cadena de suministro estable procedente de China. La llegada de las materias primas no era una preocupación importante para los ejecutivos. Les preocupaba más el precio de las piezas producidas. En 2016, Matthias Mueller, entonces consejero delegado de Volkswagen, describió los planes para las fábricas de baterías propias de la compañía como "tonterías". Sin duda, su empresa no haría algo así porque sería "muy caro".

Desde entonces, Volkswagen ha empezado a planificar varias fábricas de baterías, desde Ontario (Canadá) hasta Wolfsburgo (norte de Alemania).

A puerta cerrada, los expertos del sector llevan tiempo diciendo que, sin la buena voluntad de China, la industria automovilística europea pondría en cuestión su futuro eléctrico. Las baterías, en particular, consumen materias primas críticas, sobre todo litio. Según una previsión de la Agencia Alemana de Materias Primas, la demanda mundial de litio se disparará en los próximos años. De 134.000 toneladas en 2022, podría pasar a 558.800 toneladas en 2030.

"Casi toda la demanda de litio es para baterías", afirma Leonardo Buizza, analista del think tank londinense Energy Transitions Commission. China es el tercer productor mundial de litio y tiene la mayor capacidad de procesamiento. Fabricar baterías a partir de litio en bruto es un proceso complicado y caro.

Los coches eléctricos necesitan muchas más materias primas críticas que el litio. Los fabricantes también utilizan cobre, grafito, aluminio, níquel y cobalto en sus vehículos. Los investigadores de la Universidad Católica de Lovaina prevén que la electrificación de la industria automovilística representará el 60% de la demanda mundial de materias primas críticas. Y China también está muy implicada en la mayoría de estas cadenas de suministro.

El tiempo apremia. La semana pasada, el Gobierno chino anunció que los exportadores locales de grafito necesitarán un permiso antes de enviar la materia prima fuera del país. La normativa entrará en vigor a principios de diciembre y podría ser un primer paso hacia la restricción de las exportaciones. Los fabricantes europeos de automóviles intentan desprenderse de su dependencia de China. Están invirtiendo en minas para asegurarse el acceso a materias primas críticas y comprando capacidad de transformación y reciclado.

Pero, ¿lo conseguirán? Stephane Bourg, del Servicio Geológico francés, cree que no, si de lo que se trata es de sustituir un coche térmico por uno eléctrico. La producción de los minerales necesarios para los coches eléctricos no se ha anticipado lo suficiente y se tarda más de una década en abrir una mina. "Ni siquiera la mitad de la población podrá tener un coche eléctrico con 500 kilómetros de autonomía en 2035", explica a Investigate Europe durante un reciente evento de la industria minera en Atenas. "Es imposible en ese plazo y es un disparate en términos de sostenibilidad".

Los coches eléctricos son mucho más ecológicos que los de gasolina o gasóleo, pero su producción –extracción de cobre, níquel, cobalto y otros metales– es mucho más perjudicial. Bourg argumenta que la gente tendría que conducir coches eléctricos al máximo de su capacidad para que estos elevados costes medioambientales se amortizaran. "Con un coche eléctrico, cuanto menos se conduce, más se contamina", afirma. En su opinión, para que los vehículos eléctricos se utilicen al máximo, debemos replantearnos radicalmente los modos de transporte, alejándonos de la propiedad individual.

En cualquier caso, las empresas automovilísticas se pelean por los limitados recursos que existen. Los consejos de administración de las grandes empresas están firmando un acuerdo tras otro. El pasado mes de marzo, el director técnico de Volkswagen, Thomas Schmall, anunció que su empresa también financiaría la minería en el futuro. "El cuello de botella de las materias primas es la capacidad minera. Por eso tenemos que invertir directamente en las minas", dijo Schmall en una entrevista.

Unos meses después, se anunció que Volkswagen y Stellantis apoyaban la compra de dos minas brasileñas de níquel y cobre. Al final, el acuerdo fracasó porque los costes eran demasiado elevados. Pero la señal era clara.

Aún no se sabe dónde pretende Volkswagen extraer las materias primas críticas. La empresa se negó a conceder una entrevista solicitada por Investigate Europe. Según una persona implicada en las conversaciones, la empresa ha rechazado de momento una oferta para participar en un proyecto de extracción de litio de Vulcan Energy en el valle del Rin.

Stellantis, la multinacional propietaria de marcas como Citroën, Peugeot y Fiat, duda menos. El año pasado invirtió 50 millones de euros en Vulcan Energy. Y esto no es más que un paso en la ofensiva del grupo para asegurarse el acceso a las materias primas. Ya este año, Stellantis ha firmado nueve acuerdos para asegurar sus cadenas de suministro, desde la minería hasta la transformación. En Australia, se aseguró recientemente 45 kilotoneladas de manganeso de gran pureza para la producción de baterías. BMW también obtuvo recientemente litio de la empresa estadounidense Livent por 335 millones de dólares (317 millones de euros).

Más abajo en la cadena de suministro, los fabricantes de automóviles también están invirtiendo mucho en la producción de baterías.

Junto con Mercedes-Benz y TotalEnergies, Stellantis inició la construcción de su primera gigafactoría europea en Francia el pasado mes de mayo. Le seguirán otras. La empresa anunció recientemente una "estrategia de abastecimiento global". Hasta cinco gigafactorías se construirán en Europa y Norteamérica para 2030. El grupo alemán Volkswagen también está invirtiendo fuertemente en sus propias fábricas de células de baterías, con seis gigafábricas que se construirán en Europa para 2030.

En total, los fabricantes de automóviles y sus proveedores tienen previsto construir en Europa al menos 46 fábricas de células de baterías con una capacidad de más de 1.400 gigavatios hora. De momento, sólo hay unas pocas fábricas de este tipo en el continente con una capacidad de unos 75 gigavatios. Pero es cuestionable hasta qué punto las empresas automovilísticas europeas serán realmente independientes de terceros países.

Según un análisis de Investigate Europe, más de un tercio de las 46 fábricas previstas serán construidas y explotadas por empresas no europeas. Entre ellas figuran compañías chinas como CATL, el mayor fabricante mundial de baterías de iones de litio, que tiene previsto producir en Erfurt (Alemania) y Debrecen (Hungría) para su uso en los deportivos de Mercedes.

Los planes europeos parecen empequeñecidos por los de China, que domina el mercado mundial. En 2021, las fábricas chinas produjeron baterías con una capacidad de 655 gigavatios, lo que equivale a tres cuartas partes de la producción mundial.

Y no se sabe con certeza cuántos de los grandes anuncios acabarán materializándose. "La capacidad de producción de la UE se basa en los anuncios de los fabricantes, que a menudo se retiran y no se verifican de forma independiente", advirtió recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo.

Sobre todo porque el programa de subvenciones masivas de Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés), amenaza con arrebatar a Europa varios proyectos de fábricas de baterías. En los nueve primeros meses tras la entrada en vigor del paquete de estímulo de EE.UU., los fabricantes de automóviles y baterías anunciaron inversiones de casi 50.000 millones de euros en ese país.

Y no es seguro que la UE pueda hacer algo para contrarrestarlo, afirma Julia Poliscanova, directora de la ONG Transport & Environment: "Intentar competir con Estados Unidos o China es como entrar en una carrera de Fórmula 1 con un Fiat 500". En un informe de junio, el Tribunal de Cuentas Europeo también hacía una observación aleccionadora: "La cadena de valor de las baterías de la UE sigue dependiendo en gran medida de los suministros de fuera de la UE. A partir de 2030, los fabricantes de la UE se enfrentan a una inminente escasez de materias primas para baterías".

En su intento por romper con el dominio chino, los fabricantes de automóviles europeos podrían estar recibiendo ayuda de una fuente inesperada: China.

En marzo de este año, el fabricante chino de baterías Hina presentó el primer coche propulsado por baterías de iones de sodio. Estas baterías sustituyen, por tanto, el litio por el sodio. El coche de Hina tiene una autonomía de 250 kilómetros, suficiente para circular por ciudad.

"Pocos en Alemania lo vieron venir", sostiene Maximilian Fichtner, experto en baterías de la Universidad de Ulm. "Algunos actores simplemente no tuvieron la previsión".

Así que ahora son las empresas chinas las que impulsan la próxima generación de baterías. A finales de año, el gigante de las baterías CATL tiene previsto suministrar baterías de iones de sodio que algún día podrían alimentar los coches europeos.

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Edición: Chris Matthews e Ingeborg Eliassen

Gráficos: Marta Portocarrero

Reunidos en el hotel Berlaymont a finales de enero, a pocos metros de las oficinas de la Unión Europea en Bruselas, ejecutivos de los principales bancos europeos recibieron una petición clara. "Quiero que inviertan en operaciones de materias primas críticas", apremió el comisario europeo Thierry Breton a financieros del Grupo Santander, Deutsche Bank o Société Générale, entre otros.

Dos meses después, la Comisión Europea presentó su proyecto de Reglamento de Materias Primas Críticas –también llamadas a veces “fundamentales”–, que se está tramitando a velocidad de vértigo y podría entrar en vigor a principios de 2024, convirtiéndose así en unas de las leyes aprobadas con mayor rapidez en la historia comunitaria. El Reglamento quiere garantizar el suministro a la UE de níquel, litio, magnesio y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y varias industrias estratégicas. Son vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.

La Comisión quiere que se abran nuevas minas en toda la UE para reducir su dependencia de China, pero hay un problema. Uno que quedó reflejado en la reunión de Thierry Breton con los banqueros: la Comisión no dispone de un fondo específico para financiar sus ambiciones en este campo.

En general, las materias primas críticas no son un negocio europeo. Las empresas con sede en la UE son una minoría, las firmas dedicadas a la exploración minera consiguen dinero sobre todo en las Bolsas de Canadá y Australia, la banca europea aporta financiación con cuentagotas y son muy pocas las grandes compañías del sector con minas abiertas en los 27 Estados de la Unión.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

 La Comisión Europea no tiene dinero para un fondo específico, pero quiere facilitar a las empresas la obtención de financiación calificando determinados proyectos mineros como “estratégicos”. La Comisión, además, es consciente de que "la inversión privada por sí sola no es suficiente" y admite que los proyectos pueden requerir también dinero público, que debería salir en todo caso de los presupuestos estatales o regionales de cada país. Alemania tiene previsto destinar entre 500 y 1.000 millones para apoyar la extracción de materias primas críticas. El Gobierno francés ya anunció que aportaría 500 millones para invertir en minería, dinero que estará gestionado por Infravia, un fondo de capital privado.

Pero no todos los países están en la misma situación económica.

"Obviamente, nos preocupan las diferentes capacidades presupuestarias de los Estados", confiesa la secretaria de Estado portuguesa de Energía, Ana Fontoura, en declaraciones a Investigate Eurpe. "Defendemos un marco sólido para las ayudas estatales, porque la Unión Europea debe incentivar a la industria europea, pero al mismo tiempo no puede crear desequilibrios internos".

En las negociaciones finales sobre el Reglamento que mantienen las tres principales instituciones comunitarias –Comisión, Consejo y Parlamento– se está debatiendo aún qué proyectos se deben consideran "estratégicos", de forma que puedan acceder de forma prioritaria a financiación pública. Y las patronales mineras presionan mucho para que la definición abarque al mayor número de proyectos posible. "No es necesariamente tarea de la UE financiar la minería", explica la eurodiputada alemana de Los Verdes Henrike Hahn. "Las empresas piden créditos a los bancos, pero éstos no están muy interesados en invertir en ese sector. Así que algunas empresas necesitan la certificación de proyecto estratégico", añade.

Las preocupaciones entre los líderes comunitarios se acrecientan por un contexto internacional complejo. La guerra en Ucrania exige un enorme esfuerzo financiero a la UE. Mientras, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aprobó un plan de ayuda masiva, la Inflation Reduction Act (IRA), que prevé una inversión de 369.000 millones de dólares (unos 350.000 millones de euros al cambio actual), parte de los cuales se destinarán a proyectos energéticos y climáticos.

"La IRA nos está robando todas las inversiones", afirma Rolf Kuby, director general del lobby minero europeo Euromines. "Nuestra petición de disponer de un fondo de financiación específico a nivel europeo nunca fue recibida positivamente. Estamos en una fase en la que todo el mundo pide dinero a gritos”, sostiene.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, intentó contrarrestar el IRA estadounidense con un plan masivo de subvenciones. La idea del Fondo de Soberanía era recurrir a los mercados financieros para que aportasen préstamos blandos, pero diversos países del norte de la UE rechazaron la idea de un plan común de financiación de la transición ecológica. Asi que Von der Leyen tuvo que sacrificar su plan.

 ¿Cuánto dinero público se necesita? Euromines asegura que no lo sabe. "Es imposible dar una cifra", responde Kuby, aunque apunta que la financiación "tiene que ser lo suficientemente alta como para ser al menos comparable con la IRA y para responder a las inversiones y subvenciones chinas, porque esto es un elefante en la habitación".

Lo que sí tiene claro Kuby es dónde debe ir mayoritariamente el dinero público: a la exploración. "Si queremos que mañana se abran nuevas minas, tenemos que centrarnos claramente en la exploración. Y ese es un negocio muy arriesgado. Es un negocio que no lo hacen necesariamente las major, sino pequeñas empresas de exploración geológica. Y sería importante que Europa encontrase la manera de ayudar a esas empresas exploradoras".

En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son grandes multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conllevan un alto riesgo financiero.

A pesar de consumir entre el 25% y el 30% de los metales del mundo, el gasto en exploración minera en Europa ronda el 3% del total, según se indica en la Hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales aprobada por el Gobierno español. Una situación que deberá cambiar de forma drástica si los 27 Estados de la UE quieren cumplir con el Reglamento en ciernes, especialmente a la vista de las proyecciones oficiales sobre consumo de materias primas críticas.

La Comisión Europea calcula que, en comparación con 2020, Europa necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050 para satisfacer la demanda prevista de almacenamiento de energía y fabricación de vehículos eléctricos, que utilizan predominantemente baterías alimentadas con litio.

En julio de 2019, una publicación del sector analizó los siete principales proyectos de extracción de litio que existían en Europa en aquel momento. Solo uno de ellos estaba siendo gestionado por una major, la angloaustraliana Rio Tinto, en Serbia. Los otros seis pertenecían a pequeñas empresas junior.

En enero de 2022, el Gobierno serbio revocó las licencias de Rio Tinto para extraer litio tras meses de protestas ciudadanas masivas.

Y aunque los otros seis proyectos siguen vivos, ninguna de las minas ha abierto todavía, lo que no impide que cada cierto tiempo sus promotores anuncien a bombo y platillo un nuevo avance. Se trata de San José, en Extremadura, que pertenece a Infinity Lithium; Barroso, en Portugal, gestionado por Savannah Resources; Wolfsberg, en Austria, propiedad de European Lithium; Cinovec, en la República Checa, en manos de European Metals; Zinnwald, en Alemania, controlado entonces por Bacanora Lithium; y Keliber, en Finlandia, gestionado por Keliber Oy. Esta última es la más avanzada y ya ha sido comprada por una de las major, la multinacional sudafricana Sibanye-Stillwater. Ninguna de estas empresas tiene su sede en la UE.

Por el camino se han ido sumando algunas otras iniciativas. La australiana Vulcan Energy Resources puso en marcha en 2021 un proyecto piloto en el valle alemán del Rin para producir litio verde "sin emisiones de carbono". Este año, el gigante químico Nobian adquirió una participación del 50% en el proyecto. La francesa Imerys, por su parte, planea empezar a explotar un yacimiento de litio en su país en 2028.

Las empresas que exploran nuevos yacimientos tampoco suelen financiarse en Bolsas de la UE. Lo hacen sobre todo en Canadá y Australia. El creciente interés por las materias primas vinculadas a la transición ecológica está repercutiendo en estos mercados. El mes pasado, la Bolsa canadiense de Toronto publicó su clasificación anual de los 30 valores con mejor comportamiento en los últimos tres años. Siete eran empresas mineras (ninguna de ellas europeas), con un incremento medio del valor de sus acciones del 615%. Según se recoge en un informe de Naciones Unidas, en 2018 operaban en el mundo unas 2.000 empresas junior, de las que alrededor de 1.200 cotizaban en Toronto. El componente especulativo es clave en muchas de ellas.

Europa dio la espalda de forma generalizada a sus minas metálicas a finales del siglo pasado. Y eso se refleja en la escasez de empresas europeas potentes y en los pocos intereses que tienen en la UE las grandes multinacionales. Investigate Europe analizó las inversiones europeas de las 200 mayores empresas mineras del mundo por capitalización, utilizando datos de finales del pasado mes de julio. Únicamente 15 de ellas son europeas y solo seis tienen su sede en la UE. Las compañías de Canadá (38% del total), Estados Unidos (37%) y Australia (33%) dominan el mercado.

Como ocurre también en tantos otros sectores, entre los principales accionistas de las multinacionales mineras es frecuente encontrarse fondos de inversión. Blackrock controla más del 4% del capital de 10 de las 200 empresas. Otros nombres habituales entre los accionistas son The Vanguard Group, Van Eck Associates y First Eagle Invesment Management. Los cuatro fondos tienen su sede en Estados Unidos.

Aunque son pocos, hay algunos multimillonarios europeos gracias a la minería. Por ejemplo, el español Daniel Maté o el griego Telis Mistakidis, que controlan cada uno alrededor del 3% de Glencore, el gigante suizo de materias primas con la cuarta mayor capitalización bursátil. Otros poseen enormes fortunas, aunque sus empresas no estén entre las 200 primeras del mundo, como la familia francesa Duval, que controla Eramet, un importante productor de níquel.

De momento, la mayoría de las fortunas mineras no se hacen en suelo europeo. Solo 17 de esas 200 grandes empresas tienen minas operativas o proyectos mineros en Europa. En total explotan 17 minas de materias primas críticas en la UE, en su mayoría de cobre. Tienen otros siete proyectos en cartera para extraer litio, cobalto, cobre o níquel. Estas empresas también tienen cinco plantas de reciclado o procesamiento de metales, cuatro de ellas ya operativas. La Agencia Internacional de la Energía calcula que actualmente hay entre 40 y 50 minas de materias primas críticas en la UE. Rolf Kuby, de Euromines, confía en que este número se duplique en la próxima década.

¿Puede cambiar esta situación en el futuro, como espera la UE con su nueva legislación sobre materias primas críticas? Quizá la respuesta la tenga la comisaria europea Margrethe Vestager. "La forma de hacer minería es absolutamente esencial. Muchas entidades de crédito no harán negocios contigo si eres una empresa minera a menos que piensen que controlas cómo se trata a la gente que vive donde están las minas, cómo te ocupas de las infracciones medioambientales y cómo puedes restaurar la zona una vez que hayas cerrado la mina", explicó Vestager  en una entrevista con Investigate Europe.

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Con información de Maria Maggiore, Nico Schmidt, Atilla Kálmán, Eurydice Bersi y Paulo Pena.

Edición: Chris Matthews.

Gráficos: Marta Portocarrero.

"Han sido 130 años de intrusión en nuestra naturaleza y de abusos contra nosotros, los sami, en esta zona", denuncia Karin Kvarfordt Niia.

El suelo se está hundiendo lentamente alrededor de Kiruna, en el norte de Suecia, donde funciona desde finales del siglo XIX la mayor mina de hierro de Europa. El exceso de excavación ha hecho que Kiruna ceda bajo la presión de sus riquezas minerales. Se teme que la ciudad, de unos 20.000 habitantes, se hunda literalmente bajo tierra. Para evitarlo, las autoridades están trasladando todo el centro de la ciudad a nuevos terrenos, una megaoperación pagada por la empresa minera estatal LKAB.

Kiruna se construyó en tierra indígena sami. Ahora la empresa minera, junto con el Gobierno sueco, ha anunciado planes para construir otro pozo y acceder a un enorme hallazgo de tierras raras y más mineral de hierro. El Ejecutivo ve prosperidad y desarrollo. Para muchos miembros de la comunidad sami, estos planes significan una mayor erosión de su modo de vida. "Han secado lagos donde solíamos pescar. Nos han quitado las zonas donde pastaban nuestros renos desde siempre. Hemos tenido que abandonar nuestras aldeas", explica Niia, portavoz local de los sami.

Lo que el carbón fue en el siglo XIX y el petróleo en el XX, lo son las tierras raras y otras materias primas en el XXI. Metales como el litio, el cobalto y el níquel se están convirtiendo de repente en cruciales. Estas materias primas son esenciales para la transición ecológica y para sectores estratégicos como la defensa y el aeroespacial. También son componentes cruciales para teléfonos inteligentes, televisores y ordenadores portátiles. Sin un suministro suficiente de estos metales, la prevista "neutralidad climática" seguirá siendo una quimera, porque se pretende lograr mediante un cambio puramente tecnológico a la energía eólica y solar o a los vehículos eléctricos. Para ello se necesitan grandes cantidades de estos metales, muy por encima del suministro actual.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

La UE es un gran consumidor de tierras raras y otras materias primas minerales críticas, pero depende de otros países para obtenerlas. Diez países dominan la extracción de materias primas críticas, sobre todo China, Rusia, Chile y la República Democrática del Congo. Aunque la UE prohibió el petróleo y el carbón rusos tras la invasión de Ucrania, las importaciones de materias primas críticas persisten. Como desveló Investigate Europe, la UE compró a Rusia materias primas críticas por valor de 13.700 millones de euros desde la invasión de Ucrania hasta julio de 2023.

Pero es la dependencia de China la que más brilla. Europa depende de este único proveedor para más del 90% de los elementos de tierras raras, galio y magnesio. Y el gigante asiático controla más de la mitad de la capacidad mundial de procesamiento de litio, cobalto y manganeso. "Nuestra principal preocupación son las dependencias excesivas, es decir, la dependencia de una única fuente de suministro", indica a Investigate Europe Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior. "Cuando tenemos esas dependencias y Rusia está en guerra, o China prohíbe las exportaciones, o hay un terremoto en Chile, podemos tener un problema".

Europa quiere ahora abastecerse internamente, más libre de la influencia china. Por primera vez en décadas, se están multiplicando los nuevos proyectos mineros en todo el continente. Un Reglamento europeo sobre las materias primas críticas está a punto de ser aprobado y la "minería verde" se ha convertido en un concepto de moda en Bruselas.

En enero, la empresa estatal sueca LKAB anunció que había encontrado un gran yacimiento de tierras raras en la ciudad lapona de Kiruna. El hallazgo coincidió con la presidencia sueca del Consejo de la UE. Durante una visita a la ciudad, la ministra de Energía, Ebba Busch, calificó el descubrimiento como clave para la transición ecológica, no sólo de Suecia sino de Europa.

En la actualidad, la mayoría de las materias primas críticas sólo se extraen en pequeñas cantidades en Europa, mientras que el procesamiento y el refinado del mineral han desaparecido casi por completo. Europa importa el 100% de una serie de metales importantes. "Si encontramos o compramos tierras raras en la UE, las enviamos a China", afirma Stephane Bourg, del Servicio Geológico francés. "En la UE no hay ninguna planta que transforme un óxido de tierras raras en un imán. Si vierto 10.000 toneladas de neodimio en tu jardín, no sabrás qué hacer con ellas".

El neodimio es un metal de tierras raras que no sólo es altamente magnético, sino que sigue siéndolo a altas temperaturas. Otras tres tierras raras (terbio, disprosio y holmio) lo hacen aún mejor. Estos materiales tienen dos cosas en común: 1) son necesarios tanto para las armas modernas como para los coches eléctricos, y 2) China controla el mercado. "Dependemos al 100% de China", confesó recientemente Thomas Schmall, directivo de Volkswagen, al Wall Street Journal.

El Reglamento de Materias Primas Críticas, también llamadas “fundamentales”, que podría convertirse en una de las leyes de la UE aprobadas más rápidamente en la historia comunitaria, pretende invertir esta dependencia. La Comisión presentó su propuesta el 16 de marzo y podría entrar en vigor a principios de 2024. Según los planes, que apoyan la mayoría de los Estados miembros, no hay objetivos estatales obligatorios. Sin embargo, la Comisión Europea quiere para 2030:

En 2011, la Comisión Europea elaboró una primera lista de materias primas críticas, que estaba formada por 14 materias o grupos de materias. La lista de este año incluye 34, señal de su creciente importancia económica, estratégica y climática para el continente. "Tenemos que demostrar que el Pacto Verde Europeo no se fabrica en China", destaca Rolf Kuby, director general del lobby minero Euromines.

En una reunión celebrada en Bruselas el pasado mes de junio, los Estados miembros realizaron sus propuestas de inclusión en la lista de materias primas críticas de 2023. De las 34 totales, 16 han sido calificadas además como "estratégicas", lo que significa que los proyectos relacionados con ellas deberán ser priorizados a la hora de acceder a financiación pública. La lista de materias primas críticas se basa en un análisis del Centro Común de Investigación de la UE. Pero no se trata sólo de un debate científico. "Es una decisión política sobre dónde trazar la línea", explica una fuente que trabajó en los planes sobre materias primas críticas y que pidió no ser identificada.

El níquel y el cobre no alcanzaron el umbral para ser declarados críticos, pero se incluyeron tras la presión política. La bauxita, roca de la que se extrae el aluminio, también se añadió tras las presiones de los Estados miembros. Polonia, por su parte, gran productor de carbón, consiguió añadir el carbón de coque a una lista que, según los funcionarios, es esencial para la transición ecológica.

La industria ha ejercido una "enorme influencia" en la elaboración del Reglamento, según la ONG ecologista Amigos de la Tierra. Las empresas mineras, las empresas de metales y minerales asociadas y sus grupos de presión han gastado más de 21 millones de euros al año en actividades de lobby y han celebrado casi mil reuniones con responsables de la UE desde 2014, según los datos a los que ha tenido acceso Investigate Europe.

La propuesta de Reglamento, que se debate actualmente en Bruselas, sigue la lista de deseos de la industria: tramitación más rápida de los permisos, autorregulación y autorización de proyectos "estratégicos" perjudiciales para el medio ambiente si son de "interés público superior". "El Reglamento en su forma actual es un claro ejemplo de captura corporativa", concluye Amigos de la Tierra.

Henrike Hahn, eurodiputada alemana de Los Verdes, confirma el gran interés de la patronal minera. "La industria espera esta ley lo antes posible", afirma. "Pero también los políticos ejercen mucha presión porque quieren presentar algunos éxitos", añade.

La lucha de los sami en Suecia se hace eco de la resistencia a la minería que aflora en toda Europa. Que Europa dependa menos de China implica más industria en suelo europeo. En Kassandra, al norte de Grecia, ElDorado Gold ha vallado toda una montaña, donde planea abrir una mina de cobre subterránea y otra a cielo abierto. La empresa, filial de la canadiense Hellenic Gold, ha infringido repetidamente la normativa medioambiental. Los activistas locales temen la posible rotura de la balsa de residuos, debido a fenómenos meteorológicos extremos, y posibles daños a la calidad del agua para los residentes. "Hemos puesto en marcha un amplio sistema de vigilancia para asegurarnos de que nuestras operaciones no afectan a la calidad del agua", asegura a Investigate Europe Emmy Gazea, responsable de medio ambiente de la empresa.

Dos proyectos de extracción de litio en la región nororiental de Trás os Montes (Portugal) han suscitado un gran debate sobre la minería en una naturaleza virgen. La región ha sido reconocida recientemente por la ONU como "sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial". Es una de las ocho zonas de este tipo en Europa, y la única en Portugal. El Gobierno luso afirma que sólo se verá afectada una parte "muy limitada" de este territorio, pero Carla Gomes no está convencida. Nacida en un pequeño pueblo cercano a uno de los yacimientos mineros, ahora organiza un movimiento contra las minas que ha atraído a manifestantes de varios países. "Hay cosas que no tienen precio", destaca. "Hay cosas que no son renovables, nunca vuelven. Una vez que esa región, esas montañas, se convirtieran en minas, nunca volverían a ser montañas y nada volvería a ser lo mismo".

Sin embargo, sin esos minerales metálicos –componentes esenciales para la electrónica– no serían posibles las comodidades modernas de la vida cotidiana. "La gente es hipócrita", grita Peter Tzeferis, alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia, mientras agita el teléfono de un colega. "Quieren un teléfono, ¡y barato! Pero se niegan a plantearse qué minerales se necesitan y de dónde proceden. Llevo décadas repitiendo esto, ahora ya me he rendido. Creo que la gente no quiere saberlo".

Lo cierto es que intentar reducir la demanda de minerales y evitar así nuevas explotaciones mineras no es una de las prioridades de la UE. En la evaluación de impacto de 200 páginas de la Comisión Europea publicada junto a la propuesta de Reglamento, esta cuestión básica se despacha con un recuadro en el último anexo. En su lugar, prevalecen los intereses de la industria. Y la magnitud de la demanda es asombrosa: en los próximos 30 años, la humanidad tendrá que extraer más que en los últimos 70.000 años. "Nosotros, ocho mil millones, utilizaremos más metal que los 108.000 millones de personas que vivieron antes", escribió el periodista francés Guillaume Pitrón en su libro The Rare Metal Wars.

Un estudio muy citado calcula que en 2050 utilizaremos 21 veces más litio, cuatro veces más cobalto (una materia prima importante para las baterías) y cuatro veces más disprosio (un elemento de tierras raras utilizado en los imanes de los motores eléctricos). El estudio ha sido financiado por el lobby de los metales Eurometaux. Liesbet Gregoir, autora del estudio, asegura que basó sus cálculos en datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). "El mundo necesita invertir en nueva minería. A corto plazo, si queremos construir esos vehículos eléctricos o esos molinos de viento, no hay chatarra que reciclar. Así que necesitamos extraer ese material", afirma Gregoir. El estudio predice que el sector del transporte impulsará el 60% del aumento de la demanda, en parte porque la UE prohibirá la venta de coches nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035.

Un informe de 2021 de la AIE predijo que la demanda total de minerales se multiplicará entre dos y cuatro veces entre 2020 y 2040, y la de materiales relacionados con las baterías, como el litio, hasta 42 veces.

Las proyecciones de la AIE y otros estudios, como los de la UE y el Banco Mundial, "parten de muchos supuestos erróneos sobre las necesidades futuras de materias primas", critica Diego Marín, de la Oficina Europea de Medio Ambiente. En su opinión, esos estudios no distinguen entre lo que se necesita y lo que es un derroche de consumo. "Estas proyecciones también se basan en gran medida en el crecimiento del uso del vehículo privado y crean una profecía autocumplida dependiente del automóvil, que apoya la narrativa de la industria automovilística".

A la vista de las diferentes proyecciones no es de extrañar que ni siquiera la patronal europea Euromines pudiera dar una cifra, cuando Investigate Europe preguntó cuánto dinero y cuántas minas nuevas se necesitarían. "Es imposible dar una cifra", respondió Rolf Kuby, argumentando que hay muchos factores, desde el desarrollo tecnológico hasta los precios de la energía y los procesos industriales, que son imposibles de modelizar.

En la UE están abiertas actualmente unas 100 minas metálicas, de las que entre 40 y 50 extraen materias primas críticas, según la AIE. Kuby, de Euromines, quiere que esas cifras se doblen en la próxima década. De momento ya existen planes para abrir minas de materias primas críticas al menos en España, Finlandia, Francia, Grecia, Noruega, Portugal y Suecia. La mayoría de los Estados de la UE tienen yacimientos potenciales, asegura Euromines.

La verdadera magnitud de los recursos minerales europeos se desconoce con precisión porque en los últimos 40 años se han hecho pocos estudios geológicos, en parte porque Europa abandonó los sectores extractivos dentro de sus fronteras. "China explora constantemente nuevos yacimientos, a diferencia de nosotros en Europa, que hemos dejado de hacer prospecciones mineras sistemáticas", indica Alecos Demetriades, experto en prospecciones ya jubilado del Servicio Geológico Helénico de Atenas.

Pero la exploración es sólo el primer paso. La puesta en marcha de una mina es un proceso largo, y los permisos tardan muchos años en conseguirse. No es casualidad que muchos presionen para que el nuevo Reglamento acorte considerablemente este proceso. Los defensores sostienen que esto no sería irresponsable y no supondría una mayor amenaza para el medio ambiente, mientras que los críticos sostienen que sí.

En cualquier caso, pocos bancos asumirían el riesgo de prestar dinero para la minería. Aunque la inversión depende lógicamente de la dimensión y el tipo de yacimiento, el coste de una mina puede ascender en algunos casos hasta los mil millones de euros, según Euromines. "Ninguna estrategia cobrará vida sin inversiones", admite Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE. Al mismo tiempo, advierte que "el dinero no debe venir a través de la Comisión, que es una enorme burocracia, no un banco".

La Comisión no destinó un fondo de dinero público junto al Reglamento, aunque hubo intentos de hacerlo. El Gobierno de Estados Unidos, en cambio, aporta varios cientos de miles de millones de dólares para apoyar la transición ecológica en ese país. Estas subvenciones también tientan a las empresas europeas a elegir Estados Unidos en lugar de Europa, sobre todo en el sector de las baterías.

La Comisión sugirió a los Estados miembros que utilizaran los presupuestos existentes para pagar sus nuevas iniciativas mineras. Alemania ya ha reservado 1.000 millones de euros, y Suecia y Francia también prevén destinar dinero para las minas. Pero es probable que las naciones menos ricas se queden atrás. "No podemos depender de las ayudas estatales para desarrollar Europa, porque de lo contrario Europa no se desarrollará a dos velocidades, sino a muchas velocidades diferentes", advierte Vestager.

Aunque la Comisión apoya la creación de nuevas minas, no hay financiación específica de la UE, ni tampoco del Banco Europeo de Inversiones. Parece haber dos formas de impulsar la minería europea: mediante ayudas estatales para desarrollar una industria minera europea, o apoyando la expansión de las empresas mineras existentes. Pero sólo son europeas el 8% de las 200 mayores empresas mineras por capitalización.

Aunque hubiera un pozo sin fondo de dinero para proyectos, los problemas de la UE no acabarían. Por un lado, la minería es un proceso largo, y para cuando empiecen a extraerse las materias primas, nuevas tecnologías podrían desplazar a las antiguas. Por otro, las materias primas se necesitan ahora para la transición ecológica y para las industrias de defensa y aeroespacial.

A las autoridades chinas no les importan los resultados trimestrales de sus compañías. Piensan a largo plazo. Ya en 1987, cuando Estados Unidos aún dominaba la minería y estos metales tenían mucha menos importancia a nivel mundial, el entonces gobernante Deng Xiaoping proclamó: "Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras". Esta célebre frase se pronunció en Baotau, donde actualmente se extrae más de la mitad de las tierras raras del mundo. Hace unos años la proporción era mayor.

La misión permanente de China ante la UE en Bruselas no ha querido responder a las preguntas de Investigate Europe para este reportaje.

"China controla los materiales en el ámbito del refinado y metálico. Les da igual quién extraiga el material", explica James Kennedy, propietario de una mina estadounidense que asesora al Gobierno de su país sobre la cuestión de las tierras raras. "De hecho, prefieren que otros extraigan las materias primas, contaminen sus países y disminuyan sus recursos. Ellos se centran en el refinado y hacen que el refinado sea tan barato que nadie más pueda competir".

Las industrias mineras, de refinado y metalúrgicas de China, subvencionadas por el Estado, no se rigen por el principio del beneficio de sus accionistas, sino por el beneficio geopolítico. Si controla las materias primas, China puede controlar una serie de industrias estratégicas y, por tanto, a sus competidores. En opinión de la UE, China se ha convertido en un "rival sistémico".

Las tierras raras, pese a su nombre, no son en absoluto escasas en la corteza terrestre, de hecho están esencialmente en todas partes. Sin embargo, la cuestión es en qué cantidad. Se llaman raras porque normalmente sólo hay unos pocos gramos de ellas en cada tonelada. Por eso fue noticia cuando los suecos anunciaron el año pasado que habían encontrado un gran yacimiento de tierras raras en Kiruna.

Para llegar a las tierras raras hay que remover toneladas y toneladas de piedra. Se necesitan cientos o incluso miles de toneladas de roca para extraer un kilogramo de metales de tierras raras. Estas rocas se trituran, se empapan en ácidos y, al final de un proceso de refinado, queda el metal. Además de muchísimas toneladas de roca que se consideran residuos peligrosos, que podrían contener también elementos radiactivos.

No sólo la minería, sino también este proceso de refinado, han sido objeto de una fuerte oposición por parte de los movimientos ecologistas de Estados Unidos y Europa, debido a la gran contaminación y la preocupación por cómo afecta a la salud de las personas. En lugar de gastar dinero en soluciones, las empresas entregaron esa parte del negocio a China. Dejemos que los chinos extraigan, hagan el trabajo sucio, y Occidente intervendrá en la parte final de la cadena de suministro, la que tiene mayor valor añadido. Esa era la idea.

Los resultados son ampliamente conocidos, desde los niños que trabajan en las minas de cobalto del Congo, pasando por la escasez de agua en Chile, hasta la brutal destrucción de la naturaleza en China. Para el mundo occidental, esto estuvo bien durante mucho tiempo: los beneficios aumentaban, los consumidores obtenían los aparatos que querían y la contaminación pasaba desapercibida.

China, por su parte, ha seguido una estrategia a largo plazo y bien pensada, con costes medioambientales calculados. A lo largo de décadas, ha ido ascendiendo en la cadena de valor, creando sus propias industrias de defensa, alta tecnología y automoción. Este año, las exportaciones chinas de automóviles superaron a las alemanas.

La Comisión Europea trabaja para satisfacer las necesidades de la industria europea. Pero la apertura masiva de nuevas minas en Europa parece improbable. Así que Bruselas mira hacia otro lado.

En junio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Brasil, Argentina, Chile y México. Se reunió con responsables políticos y empresarios, y anunció que la UE invertiría 10.000 millones de euros en 108 proyectos “verdes” en América Latina y el Caribe. Von der Leyen firmó un Memorándum de Entendimiento sobre materias primas con Argentina y un acuerdo con Chile. La Comisión ya ha firmado asociaciones estratégicas con Canadá, Ucrania, Kazajstán y Namibia, y está negociando con otros ocho países, entre ellos la República Democrática del Congo y Australia.

Un diplomático de la UE admite que estas asociaciones son su solución por el momento, y sostiene que la Unión exige a sus socios las mismas normas que en Europa y apoya "una minería respetuosa con el medio ambiente". Sin embargo, aún está por ver cómo pretende la UE garantizar esas normas sobre el terreno. La minería y el refinado siguen siendo actividades contaminantes, lo que significa que la estrategia de dependencia de la UE no ha cambiado demasiado en los últimos 30 años: la posición por defecto sigue siendo mantener el bienestar de los consumidores europeos exportando daños medioambientales al sur global.

Así pues, aunque Europa no esté preparada para su propio renacimiento minero a corto plazo, algunos proyectos sí están llegando al Norte global. El controvertido proyecto de Kiruna ejemplifica los ambiciosos planes de la UE. También es un duro recordatorio del negocio sucio que se esconde tras la búsqueda de la neutralidad climática. Como bien dice Håkan Jonsson, presidente del Parlamento Sami sueco: "Para nosotros, la transición verde se convierte en una transición negra".

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Edición: Chris Matthews e Ingeborg Eliassen.

Gráficos: Marta Portocarrero.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los 27 países de la Unión Europea han aprobado 11 paquetes de sanciones contra todo tipo de materias primas, desde el petróleo hasta el carbón, el acero y la madera. Pero las materias primas que la UE considera "críticas" siguen fluyendo libremente de Rusia a Europa en enormes cantidades, proporcionando fondos cruciales a empresas estatales y negocios propiedad de oligarcas del país que preside Vladimir Putin.

El Reino Unido prohibió recientemente la importación de cobre, aluminio y níquel rusos, pero la UE mantiene el comercio de estos metales. Airbus y otras empresas europeas siguen comprando titanio, níquel y otras materias primas críticas a compañías cercanas al Kremlin año y medio después de la invasión. Entre marzo de 2022 y julio de este año, Europa importó de Rusia materias primas críticas por valor de al menos 13.700 millones de euros, según datos aduaneros rusos, de Eurostat y del Centro Común de Investigación de la UE a los que ha tenido acceso Investigate Europe. Metales valorados en más de 3.700 millones llegaron entre enero y julio de este año, incluidos 1.200 millones de euros de níquel. El laboratorio de ideas European Policy Centre calcula que hasta el 90% de algunos tipos de níquel utilizados en Europa procede de proveedores rusos.

Este artículo es el primero de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España.

"¿Por qué no se prohíben las materias primas críticas? Porque son críticas, ¿no? Seamos sinceros", señaló con ironía David O'Sullivan, enviado especial de la UE para las sanciones, en una conferencia celebrada en septiembre. La UE está desesperada por conseguir materias primas críticas, como el litio o las tierras raras, para alcanzar su objetivo de neutralidad climática en 2050. Estas materias son cruciales para la electrónica, los paneles solares y los coches eléctricos, pero también para industrias tradicionales como la aeroespacial y la de defensa. En algunos metales, la dependencia de la UE de terceros países es casi total, en especial de China. En marzo de este año, la Comisión Europea lanzó una propuesta de Reglamento de Materias Primas Críticas –también denominadas “fundamentales”– que pretende garantizar las cadenas de suministro y que podría estar aprobado a principios de 2024. La UE actualiza periódicamente su listado con las materias primas que considera críticas, que son 34 tras la última revisión realizada este año.

"La guerra de Ucrania ha demostrado claramente la voluntad de Rusia de convertir en un arma el suministro de recursos clave para explotar las vulnerabilidades geopolíticas europeas", admite Henrike Hahn, eurodiputada alemana de Los Verdes que trabaja en el nuevo Reglamento. "Como europeos, no podemos tolerarlo", añade.

Las importaciones europeas no sólo financian la economía de guerra rusa, sino que también benefician a oligarcas y empresas estatales respaldadas por el Kremlin. Aunque la UE ha puesto en el punto de mira a algunos accionistas, las empresas mineras rusas no se han enfrentado a ninguna restricción. La laguna es aún más evidente si se tiene en cuenta que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron directamente a varias empresas mineras, lo que desvela con claridad el doble rasero de la UE.

El análisis de los datos aduaneros rusos muestra que Vsmpo-Avisma, el mayor productor de titanio del mundo, vendió al menos 308 millones de dólares (unos 290 millones de euros) en titanio a la UE a través de sus sucursales en Alemania y Reino Unido entre febrero de 2022 y julio de 2023. Es propiedad en parte del conglomerado de defensa nacional de Rusia, Rostec. Las dos empresas comparten el mismo presidente, Sergei Chemezov, un estrecho aliado de Putin. Ambos fueron oficiales del KGB en Alemania Oriental en la década de los ochenta del siglo pasado.

Tanto Chemezov como Rostec están sometidos a sanciones de la UE y ayudaron a suministrar tanques y armas al ejército ruso. Bruselas no ha sancionado directamente a Vsmpo-Avisma, pero Estados Unidos prohibió las ventas a la empresa el pasado 27 de septiembre, alegando que estaba "directamente implicada en la producción y fabricación de titanio y productos metálicos para los servicios militares y de seguridad rusos".

Entre los mayores clientes europeos de Vsmpo-Avisma se encuentra Airbus, el gigante aeroespacial propiedad en parte de los Estados francés, alemán y español. Entre el comienzo de la guerra y marzo de 2023, Airbus importó de Rusia titanio por valor de al menos 22,8 millones de dólares (unos 21,5 millones de euros), lo que supone multiplicar por cuatro el valor y las toneladas en comparación con los trece meses anteriores a la invasión.

A partir del 14 de marzo de 2023, Vsmpo-Avisma dejó de identificar a los compradores en los registros aduaneros, pero nada indica un cambio significativo en las tendencias. Las importaciones de titanio a Francia sólo disminuyeron ligeramente entre esa fecha y julio de 2023, y Airbus todavía incluía a la empresa como proveedor en julio.

"No tenemos comentarios sobre los detalles y la evolución de nuestros volúmenes de aprovisionamiento de titanio", respondió un portavoz de Airbus a preguntas de Investigate Europe. "En términos generales, Airbus está aumentando actualmente la producción de aviones comerciales y eso tiene lógicamente un impacto en sus volúmenes globales de aprovisionamiento". Aunque llevará tiempo, el grupo está reduciendo su dependencia de Rusia, añadió el portavoz, quien sostiene que una prohibición del titanio ruso para la aviación civil "animaría a la industria rusa a centrarse en las necesidades de defensa".

A diferencia de Vsmpo-Avisma, otras empresas rusas han evitado por completo nombrar a sus compradores en los documentos aduaneros. Sin embargo, los datos agregados siguen mostrando la dimensión de su fructífera relación con Occidente. Nornickel, líder mundial en paladio y níquel de alta calidad, exportó a la UE níquel y cobre por valor de 7.600 millones de dólares (unos 7.150 millones de euros) a través de filiales finlandesas y suizas entre el inicio de la guerra y julio de 2023. También envió más de 3.000 millones de dólares (más de 2.800 millones de euros) en paladio, platino y rodio al aeropuerto de Zúrich. En 2022, casi el 50% de las ventas de Nornickel se dirigieron a Europa. Bruselas no ha sancionado ni a la compañía ni a su presidente y mayor accionista, Vladimir Potanin, oligarca y ex viceprimer ministro bajo sanciones de Estados Unidos y Reino Unido.

El gigante del aluminio Rusal también utiliza paraísos fiscales o territorios de baja tributación para canalizar minerales a Europa, donde es propietario de la mayor refinería de alúmina de la UE en Irlanda y una fundición en Suecia. Sus delegaciones con sede en Jersey y Suiza introdujeron al menos 2.600 millones de dólares (más de 2.400 millones de euros) de aluminio en la UE en los 16 meses posteriores a la invasión de Ucrania. En agosto de 2023, Rusal declaró que Europa seguía representando un tercio de sus ingresos. El principal accionista de Rusal es el oligarca Oleg Deripaska, sancionado por la UE y por sus socios occidentales.

La ONG anticorrupción Transparencia Internacional afirma que no tiene sentido que el sector haya evitado las sanciones dados los vínculos conocidos. "Forman parte del sistema y alimentan la guerra de Putin", afirma Roland Papp, de Transparencia Internacional. "Así que sería perfectamente lógico prohibir esas materias primas críticas procedentes de Rusia, como hicimos con otros sectores y bienes", destaca.

Desde el inicio de la guerra, otros compradores europeos de metales rusos han sido la alemana GGP Metal Powder (66 millones de dólares en cobre, más de 62 millones de euros), el fabricante de armas francés Safran (25 millones de dólares en titanio, más de 23 millones de euros) y la griega Elval Halcor (13 millones de dólares en aluminio, unos 12,2 millones de euros). La empresa holandesa de logística C. Steinweg también comerció con diversos metales críticos valorados en al menos 100 millones de dólares (más de 94 millones de euros) en nombre de sus clientes.

Safran confirmó a Investigate Europe que sigue comprando titanio a Vsmpo-Avismo, pero añadió que está trabajando para reducir sus compras a Rusia. GGP Metal Powder afirmó que "no existe una alternativa real a nuestro proveedor ruso". C. Steinweg dijo que cumplen con todas las normas y sanciones. Elval Halcor, Vsmpo-Avisma, Rusal y Nornickel no respondieron a las solicitudes para conocer su versión.

Al comienzo de la guerra, en febrero de 2022, Europa dependía de los productores rusos para el 30% de su níquel, el 35% de su alúmina y el 15% de su aluminio, según un documento interno de la entidad comercial Eurometaux al que tuvo acceso Investigate Europe.

"Rusia ocupa una gran parte de Eurasia: posee una gran parte de las reservas estratégicas de materias primas críticas, al mismo nivel que China", explica Oleg Savytskyi, de Razom We Stand, una ONG ucraniana. Además, "la baja densidad de población, el control autoritario y la práctica ausencia de protecciones medioambientales y de derechos humanos hacen que las inversiones en la explotación de los recursos de Rusia resulten terriblemente atractivas", añade.

La agobiante dependencia de la UE debería haberse frenado antes, sostiene Roland Papp, de Transparencia Internacional. "Hemos tenido tiempo suficiente para reaccionar. La anexión de Crimea se remonta a 2014, la invasión de Georgia incluso a 2008, ¡hace 15 años! ¿Y qué hemos hecho? Hemos aumentado nuestra dependencia de Rusia. Ha sido un error absoluto y grave", sostiene.

Un diplomático polaco indicó que su país ha presionado a la UE para que se "desvincule completamente" de Rusia en varios ámbitos, "pero en aras de la unidad y la eficacia a la hora de adoptar nuevos paquetes de sanciones hemos acordado posponer medidas concretas hasta que se debatan más a fondo".

Dado que las sanciones de la UE requieren la unanimidad de todos los Estados miembros, los intereses económicos nacionales divergentes a menudo pueden diluir los acuerdos. Cuando el noveno paquete de sanciones prohibió nuevas inversiones en el sector minero ruso en diciembre de 2022, incluyó una exención para algunas materias primas críticas. Como resultado, las empresas europeas pueden seguir invirtiendo en las minas rusas para extraer níquel, titanio y otros metales clave.

La Comisión Europea no aclara si ha propuesto o no una prohibición de las materias primas críticas. Una de las razones podría ser que "las sanciones están cuidadosamente diseñadas para alcanzar sus objetivos preservando al mismo tiempo los intereses de la UE", señaló una fuente de la UE a Investigate Europe.

Desvincular a la UE de las materias primas críticas de Rusia será difícil. Sustituir a los proveedores actuales y forjar nuevas alianzas internacionales es un proceso arduo. Encontrar titanio o cobre con una calidad y un precio similares a los de Rusia también es un reto.

La imposición de aranceles o la ruptura de lazos con demasiada rapidez podría provocar una subida de los precios a escala mundial que perjudicaría a los compradores europeos y beneficiaría a Moscú. Una prohibición también podría incitar a India, Irán y China a intensificar las compras, agotando aún más los recursos de materias primas críticas para las industrias de la UE.

Tymofiy Mylovanov, presidente de la Facultad de Economía de Kiev, afirma que una prohibición sería difícil de aplicar debido a los retos de la demanda mundial y la dependencia europea de Rusia. "En general, con estos metales concretos, el valor monetario de lo que Rusia perdería con la prohibición de importación de la UE podría ser menor que el efecto sobre la producción de la UE", afirma el también ex ministro ucraniano de Comercio y Desarrollo Económico.

Los datos comerciales de la ONU muestran que, si bien las importaciones de cobre, níquel y aluminio rusos por parte de la UE han disminuido en los últimos dos años, los ingresos por níquel y aluminio se mantuvieron estables. Las ventas rusas de níquel a la UE ascendieron a 1.000 millones de dólares en el primer semestre de 2021 y a 1.100 millones dos años después.

La Unión intenta ahora reducir su dependencia. "La guerra en Europa es un riesgo que no existía en las últimas décadas y Rusia era conocida como un proveedor fiable", afirma la eurodiputada conservadora alemana Hildegard Bentele, ponente alternativa del Reglamento de Materias Primas Críticas en el Parlamento Europeo. "La UE debería tomar medidas inmediatas para ayudar a las empresas europeas a disminuir y sustituir cuanto antes sus entregas de esos metales procedentes de Rusia".

Se espera que el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, proponga un duodécimo paquete de sanciones en las próximas semanas, que luego será debatido por los Estados miembros. Bruselas confía en que el paquete renueve la presión sobre la economía rusa y merme su fuerza de combate en los campos de batalla de Ucrania. Las restricciones sobre materias primas críticas no parecen estar sobre la mesa.

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Edición: Chris Matthews