Blackrock, el Estado chino o un expresidente boliviano: quién controla el negocio de las nuevas minas en España
Da igual que se llamen Blackrock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.
La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.
Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.
Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. infoLibre publica en exclusiva esta investigación periodística, que forma parte de una serie sobre el sector cuya publicación iniciamos hace dos semanas [puedes consultar aquí todas las informaciones].
Los dueños de las minas
Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.
Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.
De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.
El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.
Las 23 empresas analizadas controlan en total 26 minas o proyectos, cuyos datos esenciales figuran en el siguiente cuadro.
LAS MINAS CON LICENCIA
En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.
La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.
Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
Una fundación en Panamá
La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.
Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.
También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.
El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.
Un expresidente boliviano acusado de genocidio
El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.
El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.
El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.
En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.
En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.
El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a Blackrock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.
Blackrock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.
La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.
Monopolio europeo del estroncio
Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.
La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.
Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.
Burguesía industrial vasca
De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).
Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.
Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.
Turbios empresarios venezolanos
La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.
No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.
En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (Blackrock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.
LOS PROYECTOS MINEROS
La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.
Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.
El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.
Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.
En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.
Relojes, energéticas, cotos de caza
Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.
A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.
Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.
Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.
Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.
Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.
Alegría por el Gobierno PP-Vox
La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.
El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.
En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.
En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.
También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.
Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.
Del petróleo a las tierras raras
Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.
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Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.
Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.
El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto.
