La justicia se deslegitima sola

Los grupos de whatsapp de los jueces han echado fuego esta semana, y no ha sido por la ola de calor permanente en la que vivimos. Para su sorpresa, los españoles no confían en la imparcialidad de la Justicia, que es el principio en el que se asienta su legitimidad. ¿Pero cómo es posible que la sociedad no les reconozca inmaculados y por encima del bien y del mal? La imagen de una justicia activista y militante coincide más con el sentir de la gente, tal y como muestran las encuestas de opinión. Las de El País y La Vanguardia, que es medio conservador, evidencian que la credibilidad de los jueces está por los suelos. Es lo que tiene sentirse superior y pensar que la ciudadanía se lo traga todo porque adolece de la inteligencia suficiente para distinguir entre lawfare y la exigible neutralidad que está garantizada en el artículo 24 de la Constitución. 

Alardear de activismo se ha normalizado entre la judicatura. Hace tres años que los togados se quitaron las caretas y se manifestaron a la puerta de los juzgados en contra de iniciativas legislativas que aún no se habían aprobado. Un hecho insólito en democracia. El poder judicial se la ha estado jugando desde entonces. Con gesto adusto y embutidos en el uniforme moral que se atribuyen, salieron en tromba contra la ley de amnistía. Total ¿para qué? si ahora Feijóo les ha dicho a los suyos que hay que dejar atrás el procés y normalizar la situación en Cataluña. La amnistía iba a destruir el país pero ya sí que mola. Desde entonces han llevado a gala un posicionamiento político tan descarado que hasta los votantes de derechas desconfían de sus resoluciones. 

Un 55% de electores de Vox y un 41% del PP reconocen que hay jueces que hacen política, según el sondeo de Ipsos para La Vanguardia. En la de 40dB para El País, el 60% no duda de la existencia de lawfare. La verdadera noticia sería: ‘Los españoles creen en la Justicia’. Perelló, presidenta del Poder Judicial, ha respondido con que va a encargar su propio barómetro. Igual se ofrece a hacerlo el juez Peinado en sus vacaciones, ya que es muy servicial y vale para todo. Pocas empresas de prospección de mercado con cierto prestigio se atreverán a mostrar resultados muy discordantes, sobre todo después de lo tocada que quedó su reputación tras vaticinar en las anteriores elecciones que PP y Vox las tenían ganadas de antemano. 

Hasta los que están a favor de la cruzada para expulsar a Pedro Sánchez de Moncloa son conscientes de la asimetría de las resoluciones judiciales

Hasta los que están a favor de la cruzada para expulsar a Pedro Sánchez de Moncloa son conscientes de la asimetría de las resoluciones judiciales y de la pasividad en los tribunales cuando, por ejemplo, el juez Antonio Viejo niega el permiso a Begoña Gómez para acudir al viaje de Estado a Ankara por riesgo de fuga pero obstaculiza la investigación tributaria a Alberto González Amador –Alberto Quirón para los amigos–. 

La celeridad con que se ha condenado a Ábalos a 24 años de cárcel y la Sala de lo Penal del Supremo ha dejado en libertad al corruptor e instigador Víctor de Aldama, librándole además de devolver casi cuatro millones de euros en comisiones que exigía la Fiscalía, es un tanto llamativa. Más aún que se haya convertido en el testigo más fiable de diversas causas contra los socialistas. Esta misma semana el 'pequeño Nicolás' quedaba eximido de entrar en prisión por los 12 años a que fue condenado gracias a la benevolencia de la Audiencia de Madrid, que le considera ya rehabilitado. Qué delicia observar lo generosos que son los magistrados con las penas de delincuentes de derechas. 

Hay una parte de la sociedad que no confía ciegamente en el poder judicial y mucho menos puede estar de acuerdo con la versión de que el Gobierno trata de intervenir en las resoluciones judiciales. A las pruebas me remito, que diría el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que acaba de señalar al Ejecutivo como una panda de ladrones. Si la justicia no fuese independiente del Gobierno, no podría estar abriendo el rosario de causas que apuntan al mismo objetivo. Esto sí que es un problema grave que mina la democracia.