La Xunta de Feijóo conocía el “máximo riesgo de impago” cuando prestó los 2,5 millones a 'El Correo Gallego'

El Grupo UDEF II de la Policía Nacional en A Coruña entregó el 13 de octubre de 2022 al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela un informe de 67 páginas sobre la financiación pública que la Xunta de Galicia canalizó hacia el diario El Correo Gallego a través de Xesgalicia, la gestora de capital riesgo de la propia Xunta, en el que queda claro que la concesión de 2,5 millones al periódico, que ya estaba en quiebra, nunca debió haberse realizado. 

El documento se incorporó a las diligencias previas 185/2022 abiertas contra los responsables del periódico mediante una providencia de la magistrada Ana López-Suevos, que se limitó a unir el escrito a la causa y darle traslado a las partes personadas, sin adoptar ninguna medida contra la Xunta.

No obstante, el informe policial reconstruye, con las actas originales del consejo de administración de Xesgalicia, cómo se aprobaron 2.500.000 euros para Editorial Compostela SA , la empresa que entonces editaba El Correo Gallego —hoy en manos del grupo editorial Prensa Ibérica—, en plena crisis financiera de la cabecera. Y documenta que, semanas antes de esa aprobación, un informe de riesgo ya incorporado al expediente de Xesgalicia advertía de que la empresa tenía casi un 63% de probabilidades de no devolver el dinero.

Una empresa que ya había sido rescatada varias veces

Editorial Compostela cerró 2017 con una cifra de negocio de 5,95 millones de euros, un resultado neto de solo 87.000 euros y un activo total de 28,5 millones. La plantilla había pasado de 156 empleados en 2016 a 91 en 2017, tras una renegociación de la deuda financiera que en 2016 ya había supuesto quitas de 4,6 millones de euros.

Pese a ese ajuste, el grupo arrastraba una deuda financiera de 17,2 millones de euros, con Abanca como principal acreedor, con préstamos por 11,8 millones y pólizas de crédito por 1,2 millones. El grupo tenía siete nóminas pendientes de pago a sus trabajadores, una deuda con antiguos empleados de 4,4 millones y una deuda con administraciones públicas de 2,2 millones. El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) –un organismo público de la Xunta diseñado para servir de cauce a la concesión de ayudas, préstamos, avales e instrumentos de financiación a las empresas gallegas– avalaba, además, el 40% de un préstamo de 3 millones.

La dirección del Igape encargó a Deloitte una revisión independiente del plan de negocio, entregada el 23 de abril de 2018. El informe hablaba de una “grave crisis de liquidez” y advertía de que, sin una inyección de dinero fresco, la empresa entraría en concurso de acreedores. Esa inyección dependía, sobre todo, del apoyo institucional de la Xunta a través de Xesgalicia, por 2,5 millones de euros.

Xesgalicia no dijo que sí a la primera. El informe de la UDEF recoge que la gestora pública trasladó inicialmente un rechazo a la propuesta de reestructuración, porque en un escenario de caída de ingresos publicitarios la empresa no podría devolver la deuda.

Para reforzar su solicitud, la dirección de Editorial Compostela aportó contratos de arrendamiento y convenios que, según constató la UDEF a partir de datos de Hacienda, no tuvieron ninguna facturación real entre 2018 y 2022. Los investigadores concluyen que esos documentos, con la Universidad Liberquaré, con Farma Soluciones, con Besteiro Servicios Audiovisuales y con el Grupo Quatrium, se aportaron para inflar los ingresos futuros del grupo y facilitar la entrega del préstamo.

El informe que decía que no

El 17 de septiembre de 2018, mientras Xesgalicia tramitaba la operación, quedó incorporado a su propio expediente un informe de la agencia de calificación Axesor sobre Editorial Compostela. Es el documento que la UDEF describe como determinante para entender lo que sucedió después.

El informe concluye que la sociedad tenía “una situación muy próxima a la insolvencia”, con una posibilidad de incumplimiento de sus obligaciones de pago del 62,86%. Le asigna una puntuación de un punto sobre diez y la declara de “máximo riesgo de impago”.

Axesor detalla los motivos. Editorial Compostela mostraba un comportamiento irregular en ficheros de morosidad, no atendía puntualmente sus obligaciones, y sus fondos propios representaban solo el 3,71% del total de sus fuentes de financiación. El nivel de efectivo y activos líquidos era reducido, y la empresa tenía difícil acceso a nueva financiación para el corto plazo.

La recomendación del informe era muy simple: “No se aconseja realizar operaciones con esta entidad”. Axesor fijaba la cantidad de crédito comercial recomendada en 0 euros, frente a una media sectorial de 719.430 euros para empresas de tamaño similar.

El propio informe de la UDEF, al reconstruir esta parte del expediente, lo resume sin rodeos: “Era obvio que la situación financiera de la empresa no aconsejaba la concesión de un préstamo por el alto nivel de impago que existía, como así resultó”, escribe el inspector jefe del grupo policial que lo redactó.

El análisis de riesgo incluía también un mapa de las empresas vinculadas a Editorial Compostela. Xeogal Publicacións SL recibía la calificación de riesgo máximo, Código Televisión SL y Anova Multiconsulting SA quedaban en riesgo moderado, y solo CTVSA se libraba con un riesgo mínimo.

Aprobado sin reunir al consejo

Pese a ese informe, el proceso interno de Xesgalicia siguió adelante. El comité de dirección informó favorablemente el 24 de septiembre de 2018 elevar la propuesta al consejo de administración. Al día siguiente, el 25 de septiembre, el propio comité de dirección aprobó por unanimidad someter la operación al consejo, en una reunión a la que asistió Francisco Conde López, entonces conselleiro de Economía de la Xunta y presidente del consejo de administración de Xesgalicia, que más tarde asumiría también la vicepresidencia de la Xunta.

Pero la aprobación definitiva no llegó en una sesión del consejo. Llegó por escrito. El acta número 217 del consejo de administración de Xesgalicia, fechada el 23 de noviembre de 2018, recoge que la concesión del préstamo se decidió “mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión”. 

Ninguno de los consejeros citados, entre ellos el propio Francisco Conde, un representante del Igape y varios vocales de la Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, expresó su oposición.

Dos días antes, el 21 de noviembre de 2018, un documento interno titulado Procedimiento de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión del consejo de administración de Xesgalicia explica por qué se optó por esa vía. El texto señalaba que, “siguiendo instrucciones del presidente del consejo de administración del Xesgalicia —el propio Conde— y por razones de urgencia, se ha decidido proponer la adopción del acuerdo de concesión” del préstamo mediante votación escrita, sin convocar una sesión presencial del órgano.

El préstamo, de hasta 2.500.000 euros, se concedió con garantías, un vencimiento fijado en el 31 de diciembre de 2022, una carencia de amortización hasta el 31 de diciembre de 2020 y un interés del Euribor trimestral más cuatro puntos porcentuales.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno que entonces presidía el hoy líder del PP no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del diario.

En esas mismas actas, que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

Un expediente incompleto

Al revisar toda la documentación entregada por Xesgalicia, la UDEF hizo una observación adicional sobre el estado del expediente. Los investigadores constataron que Xesgalicia “no disponía de un expediente escrito unificado y aparentemente completo”, y que se encontraron más documentos en el contenido informático facilitado que en la documentación en papel entregada inicialmente.

Esa falta de un expediente único es, según el propio informe, la razón por la que hubo que cruzar el material en papel con las carpetas digitales para reconstruir el proceso completo de aprobación del préstamo, incluida la fecha exacta en la que se incorporó el informe de riesgo de Axesor.

Los auditores tampoco daban su visto bueno

El expediente policial recoge otro indicio que apuntaba en la misma dirección que el informe de Axesor. En el informe de auditoría de las cuentas de 2019, la firma ACR Auditors Group se negó a emitir una opinión sobre las cuentas anuales de Editorial Compostela, “debido al efecto muy significativo” de las cuestiones que describía en su informe.

Un año después, el 31 de agosto de 2020, el auditor independiente Crowe llegó a la misma conclusión sobre las cuentas de 2019. La denegación de opinión se basaba en saldos de 2.681.483 euros que la auditora consideraba de dudoso cobro, una cifra que, de eliminarse, dejaría el activo y el patrimonio neto de la empresa sobrevalorados. La propia nota de la auditoría advertía de que la sociedad se encontraba en causa de disolución.

El deterioro no se detuvo con el préstamo. La UDEF recoge que, en octubre de 2020, la deuda de Editorial Compostela con su plantilla ya ascendía a 4,7 millones de euros, “el talón de Aquiles” de la empresa, según la expresión que el propio administrador, José Manuel Rey Novoa, empleaba para describir la situación.

El préstamo que nunca se devolvió

Los hechos posteriores confirman la advertencia de Axesor. Según consta en el informe, Editorial Compostela nunca atendió ninguna de las amortizaciones del préstamo, la primera de las cuales vencía el 31 de diciembre de 2020. Solo pagó intereses hasta el devengo del 31 de diciembre de 2019, por un total de 88.104,97 euros.

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Desde diciembre de 2019, poco después de cumplirse un año de la concesión del crédito, la empresa dejó de pagar. Xesgalicia envió una primera carta reclamando el impago el 3 de diciembre de 2020, por 20.416,44 euros. Una segunda carta, del 17 de junio de 2021, elevaba la deuda reclamada a 264.434,56 euros. Ante la falta de respuesta, el 7 de febrero de 2022 el expediente pasó a los servicios jurídicos de Xesgalicia para iniciar la reclamación judicial.

El 21 de marzo de 2022, el departamento financiero de Xesgalicia reclamó formalmente 1.130.715,17 euros, de los cuales 950.000 euros correspondían a amortizaciones de capital no atendidas desde diciembre de 2020, y el resto a intereses devengados y no pagados.

Editorial Compostela entró después en concurso de acreedores. En ese procedimiento, según el informe de la UDEF, Xesgalicia reclamó la totalidad del préstamo concedido más los intereses pendientes, por un importe total de 2.712.245,22 euros. Pero nunca se personó en la causa penal que se sigue contra Rey Novoa en un juzgado de Santiago.