Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

Vox ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como ha demostrado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello. 

Pero el partido de Santiago Abascal lleva años incumpliendo la ley de financiación de partidos por otros motivos. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha sancionado a Vox por ese tipo de infracciones en cuatro ocasiones. En concreto, por recibir donaciones prohibidas por la legislación española. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. 

Esta investigación revela ahora las resoluciones de las tres primeras sanciones, una información obtenida tras realizar una solicitud de acceso, al amparo de la ley de transparencia, ante el Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que se publican los dictámenes al completo, ya que el Tribunal no lo hace por sí mismo.

Vox acumula ejercicios incumpliendo la ley de financiación de partidos (LOFPP) al recabar donaciones. La mayoría de ellas por ser donaciones finalistas, algo que prohíbe la ley española. Las donaciones finalistas son las que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, una campaña específica, un crowdfunding para un caso judicial, la reforma de una sede o un evento puntual.

Ese tipo de donativos son los que no pueden solicitar ni recibir las formaciones políticas. No están permitidos porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de los partidos. Una donación finalista puede convertir al donante en alguien que acabe marcando la agenda del partido al imponer cómo se tienen que destinar los recursos que está entregando. Por ello, ese tipo de donaciones pueden acabar suponiendo una forma de comprar al poder político.

A pesar de las prohibiciones, Vox ha recibido donaciones finalistas, tal y como ha resuelto el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, para querellarse contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra o para apoyar a Borja, un joven que peleó con unos ladrones que habían robado a una mujer. Debido a los golpes, uno de los atracadores cayó al suelo y acabó falleciendo. Borja fue condenado por homicidio imprudente.

Esta forma de actuar ha provocado que, en lo referido a las donaciones recibidas por Vox entre 2018 y 2020 —el organismo revisa las cuentas de los partidos pero con cierto retraso en cuanto a los ejercicios—, el Tribunal de Cuentas haya penalizado hasta en cuatro ocasiones al partido. 

Solo Vox y Nueva Canarias han llegado a recibir cuatro sanciones del organismo. Aún así, el partido de Abascal es el que ha recibido el mayor correctivo monetario: en total, 1.145.821 euros. Una de las sanciones, de 862.497 euros, es la más elevada que ha puesto el Tribunal de Cuentas sobre contabilidad ordinaria en toda su historia.

Las resoluciones obtenidas por infoLibre muestran cómo el Tribunal de Cuentas considera que la ley "prohíbe claramente tanto la recepción como la aceptación de donaciones finalistas, entendiendo por las mismas toda aquella aportación económica o en especie que sea realizada con la voluntad expresa del donante de destinarla a una finalidad concreta". El organismo, además, resuelve que Vox ha incumplido ese precepto.

Las dos primeras sanciones, acordadas ambas en una misma resolución de julio de 2024, se produjeron por los mencionados casos de Torra y Borja. Vox se defendió argumentando que la ley electoral permite a los partidos recibir donaciones para financiar campañas electorales y que, por tanto, ese caso sería similar y se podrían realizar ese tipo de donaciones con un fin concreto. El Tribunal de Cuentas resolvió dictaminando que mientras la ley electoral permite ese tipo de donaciones finalistas para el caso concreto de las campañas, la ley de financiación de partidos prohíbe que las formaciones políticas acepten otro tipo de donaciones finalistas y que, por tanto, Vox había incumplido la legislación.

El organismo también destacaba en su resolución que Vox hacía marcar a sus donantes una casilla al realizar las donaciones aceptando que estas se hacían supuestamente con arreglo a la ley y que la finalidad de las mismas "era la realización de las actividades propias de Vox", pero que, a pesar de ello, las campañas se hicieron "para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica" y que se registraron "de forma diferenciada del resto de donaciones, habiéndose destinado al pago de las respectivas" actividades indicadas por el partido previamente. Vox recibió 31.665 euros para la querella contra Torra y 120.483 para apoyar a Borja.

El segundo dictamen contra Vox, del 28 de abril de este año, es el relativo a la tercera sanción que el organismo ha impuesto al partido (la multa más elevada, de 862.497 euros) y tiene una motivación algo distinta: se debe a la recepción de donaciones no identificadas —en las que no hay un registro de quién es el donante—, a pesar de que la ley española prohíbe las donaciones anónimas. 

El Tribunal de Cuentas consideró que Vox recibía ese dinero no identificado a través de sus mesas informativas instaladas a lo largo de toda España y que luego lo ingresaba directamente y de forma conjunta a través de cajeros en sus cuentas corrientes, impidiendo así certificar quién había realizado cada donación y cuál era el monto de cada una —la ley prohíbe también que una misma persona entregue más de 50.000 euros a una misma formación en un año—.

Según certifica el organismo, Vox registraba esas donaciones como "ingresos por actividades de huchas de mesas informativas". El Tribunal de Cuentas resolvió que no se había podido verificar "la naturaleza de los registros contables en concepto de ingresos por actividades promocionales" y, por tanto, "se deduce la existencia de cajas no registradas en contabilidad correspondientes a las entradas de efectivo que se producen en las denominadas mesas informativas de la formación".

El Tribunal de Cuentas explora también en su resolución que no hay constancia de que esas entradas de dinero en efectivo se debieran a la venta de productos promocionales, ya que en las cuentas del partido existen otros registros para ese tipo de ingresos. Y, además, concluye que Vox "no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales, por lo que existe una limitación al alcance ya que no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos".

El Tribunal también certifica que el dinero en efectivo que iba a las huchas de las mesas informativas y acababa en las cuentas de Vox venía de las personas que lo entregaban de forma voluntaria e independientemente de si a cambio recibían algún producto de merchandising del partido o no —algo que en ocasiones se podía hacer y en otras no, según reconoce la propia formación en sus alegaciones—. Por tanto, el TCu entiende que esos ingresos son simplemente donaciones. En total, Vox ingresó 434.596 euros entre 2018 y 2020 por esas huchas, según el organismo.

El Tribunal de Cuentas concluye su argumentación basándose también en las cuentas electorales de Vox. El partido ultra no indicó ingresos por la venta de productos promocionales en mesas informativas en ninguna campaña electoral, a pesar de que en sus alegaciones argumentó que realizaba esas ventas. Aun así, siguió ingresando ese dinero en efectivo en las huchas y, por tanto, el Tribunal de Cuentas entiende que "se puede sostener que todo el dinero en efectivo recibido por las mesas informativas eran donaciones".

La resolución del TCu también recoge que Vox continuó con ese mismo tipo de donaciones anónimas al menos durante los ejercicios de 2021 y 2022 —por las que ingresó unos 600.000 euros entre ambos años—. Esos ejercicios aún no han sido fiscalizados por el organismo, pero el precedente de la reciente resolución para años anteriores podría hacer que Vox vuelva a ser sancionado en un futuro no muy lejano por el mismo motivo.

A pesar de estos correctivos, el partido de ultraderecha ha seguido recibiendo donaciones irregulares. Hace solo unas semanas, el 28 de julio, el organismo impuso una cuarta sanción a Vox. De nuevo, según anunció el TCu, por recibir donaciones finalistas. La multa asciende a 50.000 euros y versa aún sobre el ejercicio de 2020, pero la resolución no es pública y, por tanto, no se puede conocer el incumplimiento y la argumentación del organismo de forma detallada.

En cualquier caso, Vox ha recurrido las distintas sanciones ante el Tribunal Supremo. Ahora la justicia deberá pronunciarse y confirmarlas o anularlas. El partido se defiende asegurando que la ley "prohíbe la donación finalista cuando es el donante quien establece la finalidad y no cuando la establece el donatario ya que afectaría a su autonomía que terceras personas decidieran a qué destinar las donaciones". 

Pero el Tribunal de Cuentas considera que la definición de donación finalista viene indicada por la ley de financiación de partidos como "las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto", independientemente de quién defina y concrete la finalidad, y que esa concepción no ha variado en ningún momento.

La formación de Santiago Abascal también argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para la fianza de Borja o poder financiar la querella contra Torra. En el caso de Borja el partido va aún más allá y defiende la inexistencia del hecho sancionable y que fue un mero intermediario: "Vox no fue el donatario ni destinatario ya que no obtuvo enriquecimiento patrimonial ninguno que fuese correlativo al empobrecimiento de los miles de donantes. Solo hubo una donación: de los donantes a Borja".

Este segundo argumento también es el defendido en los votos particulares de algunos consejeros del organismo en las resoluciones contra Vox. Aún así, la posición mayoritaria del Tribunal de Cuentas es que Vox sí se enriqueció al recibir las donaciones y añadirlas a sus fondos, aunque después también pagara las fianzas. De hecho, el organismo concluye, que tal y como argumentaba el partido en sus alegaciones, este se podría haber quedado el dinero para otros fines y no haber abonado esos gastos; ya que la formación política no está obligada a cumplir con unas donaciones finalistas que, en realidad, están prohibidas.

Todas las sanciones del Tribunal de Cuentas a Vox se han dado tras la revisión de sus cuentas anuales. Por ahora, hasta el año 2020. Está por ver qué pasa con los siguientes ejercicios. Además, este organismo no solo revisa la contabilidad ordinaria de los partidos. También se encarga de fiscalizar la contabilidad de las campañas electorales. La infracción de Vox es de tal gravedad que la sanción de 862.497 euros también es más alta que cualquier otra impuesta por el Tribunal respecto a contabilidad electoral. La más cuantiosa sobre infracciones en campañas se puso respecto de las municipales de 2023 y era de 377.591,68 euros, menos de la mitad que la aplicada a Vox.

La financiación de Vox ha sido oscura desde sus inicios. El partido se fundó gracias a un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, tal y como reveló en su día El País. Esas donaciones llegaron gracias a los vínculos de uno de sus fundadores, Alejo Vidal-Quadras, con la oposición iraní en el exilio. En 2023 Vidal-Quadras sufrió un intento de asesinato en Madrid en plena calle. Él mismo vinculó el suceso al Gobierno de Irán, aunque hasta el momento la relación no se ha podido demostrar.

Los fondos iraníes fueron recibidos en 2013, cuando la actividad del partido de la extrema derecha española apenas arrancaba. Más de una década después, Vox se sigue financiando de forma oscura y con injerencias extranjeras, tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money.

Vox ha recibido dos préstamos millonarios del banco húngaro MBH Bank para financiar sus últimas grandes campañas electorales: la de las elecciones generales de 2023 —con Santiago Abascal como candidato— y la de las elecciones europeas de 2024 —con Jorge Buxadé como cabeza de lista—. No es una excepción. Tal y como revela esta investigación, el banco húngaro, que pertenece en parte al Gobierno de Viktor Orbán y por tanto, es semipúblico, está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha en toda Europa.

La gran pregunta tras el asunto de los préstamos es: ¿por qué Vox necesita acudir a un banco húngaro para financiar sus campañas? Según su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, porque "los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza" del país.

Millán hizo esta afirmación en septiembre de 2024, cuando la prensa ya había revelado el primer crédito que Vox recibió del MBH Bank. Hasta entonces el hecho había permanecido oculto, ya que la formación de ultraderecha no había detallado ese préstamo en las cuentas e información económica que publicaba en su página web, incumpliendo así la ley de financiación de partidos, que obliga a hacer públicos esos datos.

Además, la razón que esgrime el partido resulta llamativa porque Vox sí ha tenido préstamos de bancos españoles. Las elecciones municipales de 2023 se celebraron solo dos meses antes de las generales de ese mismo año y Vox financió esa campaña con un crédito del Banco Santander y otro del BBVA, los dos bancos más grandes del país. Para las generales, en cambio, según ellos, necesitaron acudir al banco húngaro porque las entidades financieras españolas no querían darles crédito.

Aún así, la cantidad aportada por el MBH Bank, 6,5 millones de euros en un préstamo para aquellas generales, es muy superior a la que recibieron de los bancos españoles. Para las municipales el BBVA prestó 1,83 millones de euros a Vox y el Santander, 795.110 euros. En cualquier caso, esa nueva estrategia de Vox para financiar sus campañas, que arrancó en las generales y continuó en las europeas, consistente en pedir a un banco un único préstamo de una cantidad elevada de dinero, es distinta a la que siguen el resto de partidos políticos españoles.

Formaciones como Sumar, Podemos o EH Bildu no recurren a créditos bancarios. Los grandes partidos, PSOE y PP, por su parte, acostumbran a solicitar varios préstamos a distintas entidades para financiar sus campañas. Estos, además, son por montos inferiores a los préstamos húngaros de Vox. De hecho, el préstamo del MBH Bank al partido de Santiago Abascal es el crédito electoral de mayor cantidad para un partido político español en el año en que se concedió.

También es el único préstamo otorgado por una entidad financiera extranjera. Y no solo eso: es el que tiene un interés más alto. Los créditos más cuantiosos que recibieron el PP y el PSOE fueron de 4 y 3,5 millones de euros, respectivamente. Ambos procedentes del Banco Sabadell. En el caso del PSOE, el tipo de interés de sus préstamos varió entre el 5,25% y el 6,69%. Muy lejos del 11% que Vox pagó al MBH Bank.

El siguiente tipo de interés más alto es el que pagó Junts por un préstamo de 450.000 euros, también del Banco Sabadell: 7,79%. En el caso del PP, no se puede saber el coste que le supusieron los créditos, ya que para el ejercicio de 2023, como explicó infoLibre, los populares incumplieron la ley de financiación de partidos ocultando las condiciones de sus préstamos electorales.

El caso de Vox contrasta también con el de Marine Le Pen. La líder de la Agrupación Nacional francesa recibió un préstamo del MKB Bank, una de las tres entidades financieras que se fusionaron en 2023 para dar lugar al semipúblico MBH Bank —el MKB Bank fue completamente público en determinados momentos y también estuvo ligado a grupos empresariales de Lőrinc Mészáros, oligarca húngaro y amigo de la infancia de Orbán—. En el caso de Le Pen, el crédito fue para las elecciones presidenciales de 2022. Le prestaron 10,49 millones de euros con un tipo de interés anual del 6,7%, una coste bastante más bajo que el asumido por Vox.

Los intereses pagados por Vox se vieron afectados por el tipo de interés básico que aplicaba el MBH Bank en 2023, año en el que escaló por encima del 10% durante casi todo el ejercicio. En la primavera de 2024, cuando se concede el segundo crédito, el tipo de interés básico del banco húngaro rondaba el 7%. Aun así, Vox volvió a contratar el préstamo con un tipo del 11%. De todos modos, los tipos del MBH se suelen aplicar para préstamos en florines húngaros —la moneda del país—. Los créditos a Vox se realizaron en euros. Por lo que no es tan extraño que los intereses fueran más altos, a pesar de que se situaran tan por encima de los que estaban cobrando los bancos españoles en esos momentos.

Lo cierto es que a pesar de los motivos esgrimidos por Millán, los préstamos a Vox se otorgaron tras el acercamiento de Vox al primer ministro húngaro Viktor Orbán, al que el presidente del partido, Santiago Abascal, califica ya de "amigo". El primer crédito, para financiar la campaña del partido a las generales, se concedió el 22 de junio de 2023, solo veinte días después de que Abascal y Orbán se reunieran en Budapest.

El segundo se aprobó en 2024 para financiar la campaña de las europeas. Tras esas elecciones, Vox abandonó el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Giorgia Meloni, para pasarse a Patriotas por Europa (Patriots), el grupo que capitanea el Fidesz de Orbán. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen también forma parte de ese grupo.

En el caso del préstamo de 2024, el importe fue de siete millones de euros y el tipo de interés, de nuevo, del 11%, según recoge la formación en sus cuentas anuales del ejercicio. Otra vez el tipo de interés pagado por Vox era mucho más alto que los del resto de partidos españoles. Y, otra vez, el préstamo era de mucho mayor importe que los del resto.

Todos los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a informar sobre esos créditos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo en ninguna de las dos ocasiones que dio crédito a Vox, incumpliendo así la ley electoral. Aún así, infoLibre solicitó, al amparo de la ley de transparencia, una copia de la información que los bancos habían mandado sobre los préstamos electorales al Tribunal de Cuentas y la misma información que habían remitido los partidos para poder compararla. 

De hecho, en el caso de Vox, aunque el MBH Bank no hubiera mandado información, el partido debería haberlo hecho. El Tribunal de Cuentas ha inadmitido a trámite la solicitud de este medio al considerar que la ley de transparencia no le obliga a entregar ese tipo de información y, por tanto, la mantiene oculta. 

La información sobre los préstamos es fundamental para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar que se otorgan con arreglo a la ley. De hecho, Vox podría llegar a ser sancionado por su contabilidad electoral. La ley española no es del todo clara pero los préstamos del MBH Bank podrían no ajustarse a derecho. El Tribunal de Cuentas no ha llegado a estudiarlos porque considera que "no ha sido posible acreditar" si el MBH Bank "se encuentra participado o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras". A pesar de esa afirmación, la primera parte de esta investigación demuestra que una quinta parte del banco pertenece de forma directa al Gobierno húngaro.

Aún así, la ley española da espacio a distintas interpretaciones. Los expertos consultados por infoLibre y Follow The Money no concuerdan en si haber recibido esos créditos es motivo de infracción y, por tanto, sanción por parte de Vox. Mientras unos defienden que los préstamos electorales se pueden considerar financiación, otros argumentan que la ley no da espacio a esa interpretación. 

El asunto es crucial: en caso de que los préstamos efectivamente se consideraran financiación, Vox estaría incumpliendo la legislación, ya que la ley de financiación de partidos indica en su artículo 7.2 que las formaciones políticas "no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

"El tema es discutible porque la ley se refiere a 'ninguna forma de financiación', pero entiendo que se podría interpretar que los partidos sí pueden recibir préstamos de bancos extranjeros porque la ley en general diferencia entre donaciones y préstamos. Creo que el artículo 7.2 está pensando en donaciones [no en préstamos], para impedir la posible captura del Estado español por un Estado extranjero", explica Inés Olaizola, Catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"La ley diferencia entre aportaciones (donaciones) y préstamos. Esto lo hace cuando se refiere a los nacionales y así, por ejemplo están prohibidas las donaciones de personas jurídicas pero no los préstamos de entidades bancarias; por esto se podrían plantear dudas. Aunque, como respecto a los Gobiernos y organismos extranjeros es verdad que se refiere a 'ninguna forma de financiación', cabría defender que tampoco son posibles préstamos en tanto en cuanto es una forma de financiación", detalla Olaizola.

Óscar Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, defiende claramente esta segunda interpretación: "Está claro que un préstamo es una 'forma de financiación'. El apartado 2 del artículo 7 no se refiere sólo a donaciones y si se demuestra la vinculación de MBH Bank con el Gobierno húngaro, creo que estaríamos ante una infracción muy grave por parte de Vox". Aunque el experto reconoce que uno de los problemas de la ley española es que no refleja claramente cuál podría ser la sanción en un caso así.

"Es importante que no haya financiación por parte de bancos vinculados a Gobiernos extranjeros para evitar la influencia de estos en nuestras elecciones. El caso húngaro es paradigmático, pues se trata de un Gobierno alineado con Putin y es evidente el interés que tiene Putin en desestabilizar las democracias europeas alentando los extremismos (de todo tipo) y exacerbando las divisiones internas preexistentes", recalca Sánchez.

A pesar de todo ello, a día de hoy el Tribunal de Cuentas no ha llegado a profundizar en el caso de los préstamos de Vox. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado una investigación que abrió al partido de Abascal por financiación irregular en la que se abordaban, entre otros asuntos, estos préstamos. "La actuación de la Fiscalía se refiere a la vía penal. Efectivamente, si el Código Penal solo habla de donaciones, los préstamos no estarían incluidos en el tipo delictivo, pero sigue habiendo una infracción de la ley que podrá sancionarse por el Tribunal de Cuentas", detalla Sánchez.

El 2 de junio de 2023 el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro húngaro y presidente del Fidesz, Viktor Orbán, se reunían en Budapest. Abascal definía a Orbán como "amigo" y los dos mandatarios ultras se comprometían a trabajar para dar un giro hacia la derecha en Europa. No han trascendido muchos más detalles de la reunión, pero es posible que no hablaran solo de eso.

Solo veinte días después de ese encuentro, el Magyar Bankholding Bank (MBH Bank Nyrt), una entidad financiera húngara, otorgaba un primer préstamo a la formación de Abascal: 6,5 millones de euros para sufragar su campaña para las elecciones generales de 2023. 

Pero Vox no es el único partido al que este banco húngaro ha prestado dinero. Tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), llevada a cabo por infoLibre y Follow the Money, el MBH Bank está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha a lo largo y ancho de Europa. No se trata de una entidad financiera cualquiera. Este banco está participado por el Gobierno húngaro de Orbán y entre sus clientes se encuentra lo más granado de la extrema derecha del continente. 

Aunque la creación del banco data solo de 2023, ha financiado ya dos campañas electorales de Vox con préstamos: la de las últimas elecciones generales y la de las últimas europeas. El banco surgió a partir de la fusión de tres entidades financieras. Una de ellas, el MKB Bank, ya había prestado dinero para la campaña de Marine Le Pen para las presidenciales francesas de 2022. El propio partido de Orbán, el Fidesz-Unión Cívica Húngara, también tenía sus cuentas en dicha entidad.

Pero las relaciones con los ultras no se limitan solo a los partidos políticos. El MBH Bank cuenta entre sus clientes con el canal austríaco de televisión AUF1 o el Mathias Corvinus Collegium (MCC), otros dos actores de la extrema derecha europea. 

AUF1, fundado por Stefan Magnet en 2021, es un canal que se ha caracterizado por difundir teorías de la conspiración, amplificar los discursos ultras y apoyar al partido de extrema derecha austríaco: el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, por sus siglas en alemán). 

Magnet fue dirigente de la Bund freier Jugend, una organización juvenil neonazi de Austria, aunque también militó en las juventudes del FPÖ. En los programas de su canal ha participado, por ejemplo, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. AUF1 se ha dedicado a pedir donativos a sus espectadores y las cuentas en las que solicitaban los ingresos correspondían al MBH Bank.

Algo similar sucede con el Mathias Corvinus Collegium, una supuesta institución educativa que recibe su financiación directamente del Estado húngaro. En 2022, el MCC abrió un think tank en Bruselas para difundir y promover el mensaje conservador y nacionalista de Orbán a nivel europeo. Al igual que AUF1, el MCC pide donativos a una cuenta que tiene abierta en el MBH Bank.

La financiación del banco a la extrema derecha europea está estrechamente ligada al Gobierno húngaro. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco y tiene el 21,51% de derechos de voto dentro del mismo. Esos porcentajes se canalizan a través de Corvinus. 

Corvinus International Investment Private Limited Company es un fondo propiedad del Ministerio de Economía húngaro, cuyo objetivo es "garantizar la presencia de la propiedad estatal en sectores económicos de importancia estratégica". Corvinus BHG, una filial del fondo, es quien posee ese 20,01% del MBH Bank, convirtiendo así al Estado húngaro en el segundo mayor accionista, según los propios datos del banco a cierre de 2024.

El MBH Bank es el segundo banco más grande Hungría. Según sus informes anuales, cuenta con unos 30.000 millones de euros en activos, 500 sucursales, dos millones de clientes y aproximadamente 10.000 empleados. El otro gran accionista del banco es Zenith Asset Management Zrt. Esta empresa, que se dedica a gestionar activos e inversiones, tiene un 24,84% de la propiedad del banco. Es privada y pertenece a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. (MATAK), un holding de inversiones. Zenith, MATAK y el MBH tienen la misma dirección como sede central, según el registro mercantil húngaro.

Entre Zenith y Corvinus pueden controlar el banco de facto, al sumar el 48,22% de derechos de voto dentro del mismo. Además, un 7% de las acciones pertenecen al propio banco y un 13,65% corresponden a libre circulación. Estas segundas están mayormente en manos de accionistas minoritarios que las compran en bolsa. A esas acciones de libre circulación les corresponde el 14,68% de los votos. Por tanto, el control de Zenith y Corvinus sobre la entidad financiera es aún más claro.

El holding MATAK, dueño de Zenith, está vinculado a capital privado ligado a un empresario y amigo de la infancia de Orbán, Lőrinc Mészáros, que lleva años beneficiándose de licitaciones públicas del Gobierno de Orbán. El oligarca es la persona más rica de Hungría. Además, fue alcalde de Felcsút entre 2011 y 2018, tras ganar las elecciones como candidato del Fidesz. Este municipio de Hungría es el pueblo de la infancia de Mészáros y Orbán.

La composición del accionariado del MBH Bank ha ido cambiando desde su constitución en 2023. Al cierre de ese ejercicio, Corvinus tenía un 30,35% de las acciones del banco. Por tanto, cuando la entidad otorgó el primer préstamo a Vox, la parte pública de la misma perteneciente al Gobierno húngaro era aún mayor. En ese entonces, MATAK poseía un 37,69% a través de dos holdings distintos. Así, entre el Gobierno de Orbán y los fondos de Mészáros controlaban más de dos tercios de la entidad financiera.

En Hungría, como en gran parte de Europa, el 25% es la cifra clave para identificar al propietario real de una empresa. Si una persona física posee o controla al menos ese porcentaje, directa o indirectamente, se la considera beneficiario último y se activan obligaciones extra de transparencia, auditoría y control; también en el caso de los bancos. Por ello, es probable que los accionistas del MBH Bank hayan ido modificando el accionariado para que todos posean menos del 25%. 

"En el caso de los accionistas vinculados al Estado, lo más probable es que redujeran su participación para adaptarse a las exigencias del mercado y simplificar la rendición de cuentas que se le exige al banco", explica un experto húngaro en finanzas sobre el MBH Bank. El experto estuvo vinculado a uno de los bancos que dio origen al MBH Bank y prefiere no ser identificado.

La financiación por parte del banco húngaro se da en un nuevo contexto de alianzas de la ultraderecha. Tras las elecciones europeas de junio de 2024, el Fidesz de Orbán impulsó un nuevo partido político europeo. El nuevo grupo, Patriotas por Europa (Patriots), está formado por el Fidesz y por otros partidos de extrema derecha como la Lega (Liga) italiana de Matteo Salvini, el Vlaams Belang (Interés Flamenco) belga o la Chega (Basta) portuguesa.

Patriots se ha caracterizado por estar aún más alineado a la extrema derecha que el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y por una mayor cercanía a la Rusia de Vladimir Putin. Vox en la anterior legislatura europea formaba parte de ECR, pero después de las últimas elecciones europeas —que financió gracias a un segundo préstamo del MBH Bank— se pasó al nuevo grupo de los Patriots. No solo eso. Santiago Abascal fue elegido presidente de la formación a nivel europeo.

Pero Vox no es el único partido que forma parte de Patriots y ha recibido dinero del banco húngaro. Le Pen se benefició de un préstamo de más de 10 millones de euros para su campaña presidencial en 2022 y su partido, la Agrupación Nacional, también comparte grupo europeo con el Fidesz y Vox. La extrema derecha austríaca del FPÖ es asimismo integrante de Patriots y, aunque no ha recibido préstamos como Abascal y Le Pen, su canal de televisión de referencia está entre los clientes del banco.

La financiación a partidos extranjeros por parte del MBH Bank resulta aún más llamativa al tener en cuenta que la ley de Hungría no permite a los partidos políticos del país financiarse a través de fondos extranjeros. Tampoco recibir préstamos de bancos de otros países. De hecho, la ley de protección de la soberanía —contra la que la Comisión Europea interpuso un recurso de incumplimiento ante el TJUE por considerar que infringe el Derecho de la Unión—, recoge penas de hasta tres años de prisión por financiación extranjero de partidos y campañas electorales.

En España la regulación en materia de financiación extranjera para los partidos políticos no es tan clara. Vox se ha valido de ese hecho para recibir los préstamos del MBH Bank. El primero, de 6,5 millones de euros, sirvió para sufragar la campaña electoral de las elecciones generales de 2023. El segundo, de 7 millones, sirvió para hacer lo propio con las elecciones europeas de 2024.

Aún así, el Tribunal de Cuentas español no ha llegado a considerar en profundidad el caso. Los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a enviar determinada información sobre esos préstamos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo ninguna de las dos ocasiones con respecto a Vox, incumpliendo así la ley electoral.

Debido a esos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas considera que "no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras" y, por ello, no entra a valorar el caso ni si puede constituir una infracción de la ley por parte de Vox haber recibido esos préstamos. La investigación Money to the far-right revela ahora que de forma efectiva una quinta parte del banco pertenece directamente a Corvinus, un fondo que es propiedad al 100% del Gobierno húngaro.