Lawfare y “el que pueda hacer, que haga”
El fiscal general del Estado será procesado por el Tribunal Supremo. Se sentará en el banquillo de los acusados por primera vez en la historia de la democracia española. La Sala de Apelaciones del Supremo finalmente rechazó el recurso que Álvaro García Ortiz presentó contra la decisión del juez Ángel Hurtado, instructor de la causa.
Magistrados y exmagistrados de prestigio, catedráticos de Derecho, la UPF (Unión Progresista de Fiscales), no salen de su asombro. Ni una sola prueba ni dato alguno que avale la hipótesis de culpabilidad en la propuesta del Supremo de sentarlo en el banquillo por “facilitar a medios de comunicación un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador” (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid), quien fuera procesado por fraude fiscal. Todo lo contrario, y con una vergonzosa “persecución jurídica” que pasa por la inadmisión del pronunciamiento como testigos de periodistas conocedores del asunto o por la orden de intervenir directamente en el despacho del Fiscal General sus teléfonos móviles y ordenadores (en los que existe información y documentación de alta sensibilidad, de obligada custodia), como si de un vulgar jefe de la mafia o narcoterrorista se tratara.
De los tres magistrados de la Sala de Apelación (que no ha contado con la unanimidad), quien fuera propuesto para redactar la ponencia tuvo que renunciar a ello al no contar con el respaldo de los otros dos magistrados, quienes sí aprecian indicios suficientes de delito. El magistrado “díscolo”, Andrés Palomo, ha presentado un informe razonado y contundente por el que se opone a la apertura de juicio contra el Fiscal General del Estado.
Para el catedrático de derecho procesal Jordi Nieva, “tendría que caérseles la cara de vergüenza a los magistrados que han decidido encausar al fiscal general del Estado, es ciertamente insólito”. Pero ¿alguien duda a estas alturas que estos magistrados no han hecho suyo el “que pueda hacer, que haga”. En estos casos no cabe la vergüenza porque la orden proviene del cinismo. Por ello, no se puede estar más de acuerdo con Antón Losada cuando señala que “esto no va de revelación de secretos, ni de dignidad institucional, ni de correos o servidores de WhatsApp; va de tumbar como sea al fiscal general”.
Pero ¿alguien duda a estas alturas que estos magistrados no han hecho suyo el “quien pueda hacer, que haga”?
Por ello, también es necesario discrepar con quienes de buena fe argumentan sobre la necesidad de la renuncia de Álvaro García Ortiz antes de la apertura del juicio, como es el caso de Mariola Urrea (a quien admiro y agradezco siempre su contribución al debate): “Ni la presunción de inocencia ni las extravagancias del proceso impiden reclamar su renuncia a seguir en activo. Hacerlo no es dar una victoria a quienes siempre han perseguido su destitución como trofeo político, sino mostrar más responsabilidad que aquellos en el cuidado de las instituciones como forma de apuntalar el fortalecimiento del sistema”. La pregunta es: ¿Se ha fortalecido el sistema en Portugal cuando se dio por bueno el lawfare aplicado al presidente constitucional Antonio Costa?
Y la pregunta también es: ¿Hasta cuándo se pueden seguir admitiendo las estrambóticas y delirantes actuaciones del juez Peinado en la persecución a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno?
“Rotundamente, el fiscal general del Estado no debe dimitir. Añado más, está obligado a seguir hasta el final. El voto particular de la Sala de Apelación lo confirma. Se ha visto inmerso en un proceso judicial en el que el juez instructor ha utilizado estrategias y argumentos políticos despreciando las reglas procesales” (José Antonio Martín Pallín). Lo contrario sería dar por válido definitivamente que el lawfare (que en versión castiza será “P'alante") forma parte del sistema que tanto queremos proteger. Por supuesto, el novio de Isabel Díaz Ayuso se acogerá a la vulneración del secreto procesal para quedar limpio de polvo y paja… Veremos.
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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.
