Argentina: ¿hacia un Estado policial?

Desde hace un año el Gobierno de Mauricio Macri se empantana en el caso Milagro Sala. La detención arbitraria desde el 16 de enero de 2016 de esta dirigente social y diputada del Parlasur es la manifestación más visible de la deriva autoritaria que se está instalando en todo el país.

La última dictadura militar (1976-1983) dejó sus marcas. La complicidad de civiles y miembros de la iglesia con los torturadores ha sido ampliamente demostrada. El aparato judicial no escapó a la regla: existen actualmente varios procesos de ex jueces como el caso de los cuatro de la ciudad de Mendoza cuyo fiscal pidió cadena perpetua por complicidad directa con los militares por torturas, violaciones y asesinatos de militantes.

Durante los doce años de gobiernos kirchneristas, luego de la anulación de las leyes de impunidad en 2005, hubo pocos jueces que avanzaron con ritmo sostenido en los juicios a los militares y policías. La mayoría frenaron o avanzaron a paso de tortuga. A pesar de ello, 669 fueron condenados por crimen de lesa humanidad, 121 nietos sobre 500 recuperaron su identidad. Queda aún una larga lista de acusados -más de 1500- que esperan ser enjuiciados. Lamentablemente desde hace un año los organismos de DDHH observan una desaceleración inquietante.

La criminalización de la protesta

Desde la llegada del nuevo Gobierno, la represión hizo irrupción con una brutalidad que recuerda épocas que creíamos superadas. Hace un año, en la ciudad de La Plata la Policía intervino contra una movilización de empleados estatales hiriendo cinco personas con balas de goma.

En febrero del 2016 la gendarmería irrumpió a tiros en el bajo Flores donde más de 80 chicos preparaban una murga para el carnaval: 16 heridos de bala (de goma y de plomo) tuvieron que ser internados debido a las heridas recibidas.

A principios de enero de este año, la policía atacó a palos los trabajadores que se concentraron delante del Ministerio de Educación reclamando una reunión con la dirección para protestar contra los despidos sin preaviso de 400 empleados del ministerio. El sindicato (ATE) denuncia asimismo el despido de otros 2.600 asalariados del Ministerio. En un año este gobierno neoliberal provocó 200 000 despidos, miles de pymes cerraron sus puertas frente a la apertura indiscriminada de las importaciones y al aumento brutal de los servicios de energía -gas y electricidad (entre 400 et 700%). La fuerte inflación (+ del 40%) y el débil aumento de salarios en un año provocó un aumento terrible de la pobreza (+ de 1,4 millones de personas).

La judicialización de la política

Un aire de revanchismo político contra Cristina Kirchner planea en cada acusación del poder judicial sometido al poder ejecutivo actual. El acoso mediático y judicial de la expresidenta desde hace un año no tiene precedentes en la historia argentina. Una tercera tentativa de inculparla en base a la acusación del difunto fiscal Nisman acaba de presentarse a pesar de que la misma ha sido desestimada por los tribunales y por los numerosos comentarios de expertos jurídicos en cuanto a la inconsistencia de tales acusaciones.

Otro ejemplo: el extravagante proceso del juez Bonadío sobre el tema “dólar futuro” cuyos principales beneficiarios fueron miembros del actual gobierno muestran hasta qué punto Mauricio Macri utiliza el poder judicial a sus fines políticos. Difícil no relacionar este tipo de situación con el golpe de Estado institucional en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff llevada adelante por una derecha recalcitrante y corrupta que está hoy en el poder.

El ensañamiento contra la ex presidenta se explica por el rol que podría jugar en las próximas elecciones legislativas y senatoriales de octubre de 2017. No pasa un solo día sin que los medios masivos monopólicos argentinos publiquen en primera plana o en los canales de televisión que controlan, artículos y notas que hablan sobre sus problemas judiciales o el embargo de sus bienes. Esto contrasta brutalmente con la ausencia total de información sobre las diferentes acusaciones contra el presidente Macri, su familia y miembros del gobierno que aparecen ligados a empresas offshore reveladas por los “Panamá - papers”

Milagro Sala : un año de detención arbitraria

Ya hace un año que Milagro Sala está detenida preventivamente por haber organizado una manifestación delante de la sede del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Diversas personalidades políticas nacionales e internacionales, la ONU, la CIDH, organismos de DDHH y Amnesty International pidieron por su liberación inmediata en octubre considerando su detención completamente arbitraria. Cuando se le preguntó al presidente Mauricio Macri por las razones de ese encarcelamiento contestó simplemente “que la opinión pública estaba convencida de su culpabilidad y que por esa razón no veía porqué Milagro Sala debía ser liberada”.

El 28 de diciembre pasado, terminado su primer juicio, Milagro Sala fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por haber tirado huevos durante un escrache. No solo participación no pudo ser demostrada, sino que el principal testigo que declaró contra ella resultó estar a sueldo del gobernador, que le habría pagado un millón de pesos a través de una cooperativa fantasma según denunció el periodista Horacio Verbitsky hace pocos días.

A esta increíble fantochada se agrega la insólita propuesta de dos diputados aliados del gobernador Morales de realizar un “referéndum” para que la población decida si Milagro Sala debe o no quedar en la cárcel. Por suerte este proyecto abortó por su carácter eminentemente anticonstitucional.

Uno de los integrantes del Comité por la libertad de Milagro Sala, Aníbal Ibarra, denunció que “en un Estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum. Dejar de lado las leyes, las resoluciones de organismos internacionales para tener como rehén a Sala muestra el carácter autoritario del gobierno de Gerardo Morales”. El exlegislador porteño, además, advirtió que “la complicidad del gobierno nacional es tanto o más grave”. En el momento de escribir estas líneas, los argentinos preparaban, el 16 de enero, manifestaciones y bloqueos de ruta para exigir la inmediata libertad de Milagro Sala.

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Ultimo minuto

Más de doscientos gendarmes armados con material de guerra atacaron a miembros de una comunidad Mapuche que cortaban una ruta en protesta contra la venta de sus tierras ancestrales, apaleando a los hombres, arrastrando por el suelo a mujeres y niños, esposándolos con violencia. La pequeña comunidad mapuche de Cushamen acaba de ser testigo de la deriva represiva del gobierno de Mauricio Macri con la complicidad del gobernador de Chubut, Mario Das Neves. ______________

Carlos Schmerkin es socio de infoLibre