Ley Propiedad Intelectual

Ley de propiedad intelectual: se abre la vía civil para multar a alojadores y webs de enlaces

Soraya Sáenz de Santamaría y José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, cuando se aprobó la reforma.

El Gobierno quiere darle otra vuelta a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), uno de los textos que más polémica genera, por aspectos como la regulación de las descargas ilegales. El proyecto de reforma, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, contiene tres claves: la acotación de los límites de los derechos de autor para adaptarlos al entorno digital; la lucha contra las descargas ilegales y la generación de recursos para garantizar la transparencia y la eficacia de las entidades de gestión de derechos de autor. Una cuarta pata, menos relevante, es la trasposición de dos directivas de la UE que, respectivamente, amplían de 50 a 70 años los derechos de autor de las canciones con letra y aportan mayor seguridad jurídica a los usos autorizados de las obras huérfanas.

Fuentes de la industria han insistido a infoLibre en que, como ya se ha venido señalando, la reforma de la ley se ha llevado a cabo sin atender las solicitudes de los diferentes agentes involucrados ni las recomendaciones del Consejo de Estado, que estudió el borrador. Estos se muestran, no obstante, “prudentes” a la hora de emitir opiniones, dado que el texto, hasta ahora rodeado de “secretismo”, aún no se ha publicado.

Los límites de la copia privada

Para adecuar el modelo de dereachos de autor analógico con el digital, se han establecido tres límites: los de la copia privada, los derechos de ilustración en la enseñanza y los derechos sobre las reseñas de prensa.

A la espera de una “armonización comunitaria", los primeros acotan la copia de CD's, DVD's etc, en el terreno analógico; y el time shifting, la grabación de programas, canciones, etc, para consumirlas con posterioridad, en el mundo digital, quedando excluidas las copias que se realicen dentro del marco de cada licencia específica.

En cuanto a los derechos de ilustración en los ámbitos educativos y de investigación, se mantiene el derecho de reproducir pequeños fragmentos de una obra sin pedir permiso y sin pagar al autor, el llamado derechos de cita; en el caso de fragmentos más amplios, se deberá satisfacer una compensación cuya recaudación se gestionará a través de las sociedades de gestión, una medida que no recogía el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los agregadores de noticias, tipo Google News, deberán pagar a los editores y autores, a los que se les reconoce así el derecho a la remuneración. Este proviene del hecho de que estas plataformas no muestran los enlaces a las noticias en un orden “neutro”, como el que sí se “presupone” por ejemplo al algoritmo de búsquedas de Google, sino que favorecen que unas noticias aparezcan antes que otras según ciertos criterios.

Frente a las propuestas de otros países europeos, en España se va a aplicar, según el ministerio, una “solución pionera”: la entidad de gestión pertinente (en el caso de los textos, CEDRO, y en el de fotografías, VEGAP) se encargará de negociar con los agregadores de noticias la cantidad que estos deberán abonar, que se fijará según el régimen tarifario general.

Dado que no existen referencias a la hora de establecer las tarifas, a partir de la entrada en vigor de la ley se establecerá un plazo máximo de tres meses para que la entidad de gestión fije los precios, a los que se sumarán otros cinco meses para poner en marcha los pagos. En caso de no alcanzarse un acuerdo, deberá intervenir la Comisión de Propiedad Intelectual.

La tasa Google en Europa: los precedentestasa Google

En Bélgica, los editores ganaron en los tribunales el derecho a ser remunerados por Google, a lo que el gigante de internet reaccionó retirando los contenidos de su web. Para evitarse el mal de no tener visibilidad en el mayor buscador del mundo, los medios finalmente accedieron a que Google no les pagara a cambio de que este se anunciara en sus medios.

El gobierno alemán optó por conceder a los editores un derecho de remuneración “exclusivo”, es decir, que cada cual puede por su cuenta negociar con Google. La medida, no obstante, deja la puerta abierta a las asimetrías entre las remuneraciones a los periódicos.

Tras meses de negociaciones, Google accedió a pagar 60 millones de euros a los editores franceses, un fondo que viene a suplir el canon digital.

Medidas contra las descargas ilegales

El mensaje que el ministerio ha insistido en subrayar es que, aunque descargar contenidos ilícitos “es ilegal”, no se busca perseguir a los usuarios, sino acabar con un “modelo de negocio” atacando “las vulneraciones a gran escala”. Estas atañen tanto a servidores que alojan contenidos como a las webs que enlazan a estos, para las que se contemplan sanciones de hasta 300.000 euros.

Los trámites para perseguir a estas webs por la vía civil, ha señalado el ministerio, resultaban hasta ahora “imposibles”, dado que las demandas deben dirigirse a personas con nombre y apellidos, y no a direcciones IP. Con la reforma, se facilitará que un juez pueda autorizar que se conozca quién está detrás de estas IPs, para hacer así operativo el recurso civil.

Los retrasos que han caracterizado hasta ahora este proceso de identificación se verán agilizados por otra serie de medidas, cuya implementación y seguimiento corre a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Entre estas se contempla que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, no será necesario demostrar que una página que aloja contenidos ilícitos obtiene beneficios con esta práctica. Además, se podrá solicitar a las plataformas de pago y de publicidad alojadas en tales webs que dejen de prestarles servicio.

El eventual bloqueo de las páginas se contempla únicamente como medida de último recurso, y tanto servidores P2P como las webs que interceptan la señal de televisiones extranjeras para emitirla online quedan excluidas.

control de las sociedades de gestión

Tras los muchos escándalos protagonizados por la SGAE, se han ideado una serie de medidas para garantizar la transparencia y la eficacia de las entidades de gestión. Estas incluyen un catálogo de obligaciones y otro de sanciones en caso de no cumplimiento.

Una de las grandes novedades en este respecto es la creación de una ventanilla única –que en principio adoptará la forma de página web– para que todo usuario que tenga que abonar derechos de autor –desde por ejemplo un periódico que utilice un texto sujeto a derechos a un hotel o una peluquería que ponga la radio o la televisión en su establecimiento-, acuda a un mismo punto para tramitar los pagos.

Las sociedades de gestión estarán obligadas a crear esta ventanilla (en caso contrario, serán sancionadas), y con el fin de evitar que esta se use por parte de alguna entidad "para adoptar una posición de dominio en el mercado”, esta deberá ser controlada a través de una entidad jurídica, como una sociedad o una fundación.

los editores, los únicos satisfechos

Aunque con cautela, dado que aún no se conoce el texto íntegro, los diferentes actores del sector de la cultura han valorado la reforma de la LPI con críticas.

Los creadores:  La directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Carlota Navarreta, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que tenían confianza en que la reforma legal iba a recoger medidas "más eficaces" y una redacción "más contundente", así como "dar la talla respecto a las vulneraciones a propiedad intelectual en internet".

Los internautas:  El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha calificado de "aberrante" la "criminalización" del enlace que, a su entender, desarrolla Ley de Propiedad Intelectual. Según ha indicado, esta ley "en vez de resolver un problema genera una inseguridad jurídica" para los usuarios de Internet.

Menéame: El socio fundador de Menéame, Ricardo Galli, ha criticado el proyecto de reforma. Galli ha lamentado la 'tasa Google' y la "persecución" de las páginas que enlazan. Además, se ha preguntado cómo afectará la ley a redes sociales en las que compartir noticias es muy habitual, como Facebook y Twitter.

Adepi: “No sirve para solucionar los problemas que se planteaban anteriormente, es una decepción. En lo que respecta a la lucha contra la piratería es una reforma muy tímida, ya que solo contempla multas para las webs que sin tener autorización distribuían contenidos protegidos", ha señalado Antonio Fernández, director de Adepi, asociación que agrupa a ocho entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

“Es una reforma que se queda corta, que se ha hecho sin consenso, sin seguir las recomendaciones del Consejo de Estado y que nos aleja de Europa”, ha añadido Fernández. 

SGAE: La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) confía en que la Ley de Propiedad Intelectual pueda ser sensiblemente mejorada y enriquecida para no dejar a la cultura española en "desventaja competitiva" respecto a los países de su entorno.

Aunque considera que el texto se ha "mejorado", cree que la nueva ley debería seguir las líneas establecidas por la Unión Europa, evitando que España se convierta en un "paraíso" para las compañías tecnológicas multinacionales que apenas pagan aquí sus impuestos, ni crean puestos de trabajo.

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Asimismo, reclaman que se sigan reforzando los mecanismos para evitar el uso fraudulento de contenidos especialmente en las redes digitales. "No podemos quedar en desventaja competitiva frente a otros países”, han asegurado fuentes de la entidad a EP, “y sobre todo frente a los grandes operadores tecnológicos que apenas pagan aquí impuestos ni crean un número significativo de puestos de trabajo".

AEDE: La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha mostrado su satisfacción por el proyecto, que finalmente permitirá que los agregadores utilicen fragmentos no significativos de contenidos generados por los periódicos siempre que, a cambio, satisfagan la correspondiente compensación equitativa.

"Esta ha sido una histórica reivindicación de la AEDE, que ha trabajado para lograr un marco jurídico estable donde los socios pudieran desarrollar su actividad”, han indicado fuentes de la asociación. “Los editores reconocen la sensibilidad del Gobierno con esta medida, que marcará un camino para el resto de Europa, y que afianza el papel de la prensa como medio de comunicación conformador de una sociedad democrática".

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