El ala dura del PP presiona para bajar impuestos como medio de salir de la crisis

Quién paga, cuánto paga y para qué paga. En cuestión de impuestos, son las tres preguntas fundamentales. En torno a ellas gira el gran debate de la fiscalidad. El Gobierno ha anunciado que el próximo año, habrá un nuevo andamiaje fiscal.Un comité, dirigido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, será el encargado de diseñar el nuevo sistema.

Las presiones han empezado.  El director del informe sobre la reforma fiscal de la Fundación FAES, Miguel Marín, ha afirmado que desde la fundación entienden que los objetivos de la reforma fiscal que el Gobierno presentará en marzo del año que viene, "se alinean con el informe" que han elaborado. Ese informe aboga por una rebaja de los impuestos directos (IRPF y sociedades), más ingresos por imposición indirecta (que afectan por igual a ricos y pobres) y la defensa de la eficiencia por delante de la equidad.

La propuesta contiene un detalle añadido no menor: el del ala dura del PP es un sistema diseñado para financiar un Estado con un gasto público de en torno al 40% del PIB. Según los datos Eurostat de 2011, el gasto público en España se situó en el 43,1% del PIB, seis puntos por debajo de la media EU-27. Eso quiere decir que FAES piensa en un Estado que gasta en torno a 36.000 mllones menos al año. Un señor tijeretazo, añadido a los 60.000 millones recortados desde el año 2009.

Progresividad

Los planes sobre fiscalidad de FAES tienen otra perla: cuestionan la progresividad fiscal, es decir, el principio de que se pague más y más porcentaje a medida que suban los ingresos del sujeto. No sucedería nada si ese principio, según destacan expertos como José María Mollinedo, de Gestha, no estuviera recogido en el artículo 31 de la Constitución.

Sobre la progresividad, el documento de FAES lo coloca entre la serie de "apriorismos pseudoideológicos" que, según dice, conviene combatir. En opinión de FAES hay un "excesivo celo" en la "defensa de la progresividad de los impuestos".

La batalla está, por lo tanto, abierta. El ala más liberal del PP quiere bajar impuestos mientras la izquierda reclama una reconstrucción del sistema fiscal, más que una reforma, porque las tres preguntas fundamentales, quién paga, cuánto y para qué dejan en evidencia el funcionamiento actual.

Sobre quién paga: nueve de cada diez euros recaudados proceden de las rentas medias y bajas y fundamentalmente de las rentas del trabajo; la mitad de la recaudación procede de las rentas de entre 30.000 y 60.000 euros.

Sobre cuánto se paga: más de lo que correspondería si todo el mundo cumpliera con sus obligaciones. Con una economía sumergida que, según los diferentes estudios, incluido el de la propia Faes, oscila entrfe el 20% y el 25%. cada año se escapan 88.000 millones de euros de recaudación. Según los técnicos de Hacienda, Gestha, son 60.000 millones en impuestos y alrededor de 28.000 millones en cotizaciones sociales.

Para qué se paga, es la pregunta más fácil de responder: Para mantener un Estado de Bienestar incipiente que empezó a construirse en los años 70, que está desapareciendo a ojos vista y que la teoría liberal más dura considera que es imposible de mantener.

Fraude espectacular

Puede serlo si no se combate el fraude, ya que la cifra que escapa al fisco es espectacular. Es más del el doble de lo que España tiene previsto pagar en intereses por toda su deuda este año: 38.000 millones de euros. Bastaría con limitar el nivel de economía sumergida a la media de la UE (en torno al 13%) para eliminar de un plumazo la necesidad de recortes. Pdero ¿Dónde está el fraude?: en las grandes empresas (70%), que utilizan, además, un sistema de desgravaciones que dejan el tipo nominal del impuesto de sociedades, del 30% entre los más elevados de Europa, en un tipo real de en torno al 9%.

Por ello, la clave de una reforma efectiva del sistema ha de estar en el combate contra el fraude. Pero para ello, ante todo, hay que elevar la cuantía de los recursos que se dedican a la Agencia Tributaria. En España, los recursos del fiscal representan apenas el 0,1%, cuatro o cinco veces menos de lo que dedican al mismo fin países como Francia u Holanda.

Con una cuarta parte de la economía sumergida, 3,5 millones de empleos perdidos en seis años y la recaudación por los suelos (cuando la economía crece, los ingresos crecen más rápido y cuando decrece, caen más rápido también), el Gobierno de Mariano Rajoy, que en 2009 prometía bajar impuestos y en 2010 no subirlos, se ha visto obligado a elegir entre lo malo y lo peor. Lo malo: subir los impuestos en plena crisis, algo que desaconsejan todos los manuales; lo peor: emprender una política de recortes más acusada aún que agrave el descontento social, el desempleo y la pobreza.

Por ello, en contra del ala dura de su partido y en contra de su propio programa electoral, el Gobierno ha retocado impuesto tras impuesto desse diciembre de 2011. En algún caso, como el del IRPF, cuando se crearon más tramos y el tipo marginal llegó al 52%, los incrementos impositivos han sido los más acusados desde los años 70. 

Un continuo picoteo

IRPF, IVA. IBI, impuestos especiales (tabaco, alcohol), el Ejecutivo de Rajoy, con el ministro Cristóbal Montoro a la cabeza, ha picoteado en todos los tributos en un intento desesperado por mantener los ingresos del Estado en un momento de parálisis económica y con dificultades para encontrar financiación en el exterior. El criterio con el que ha actuado el Gobierno ha sido pragmático: ver cuánto dinero queda en la caja del Estado en cada momento.

Los continuos retoques (diciembre de 2011, febrero de 2012, septiembre de 2012, enero de 2013 y junio de 2013) no han evitado que los mercados penalizaran una política un tanto errática que tuvo en la amnistía fiscal de 2012 su punto cumbre. Con un 10% de multa sobre lo ocultado al fisco, Montoro pretendió mejorar los ingresos y aflorar capitales. Recaudó en torno a 1.200 millones de euros, la mitad de lo previsto.

Con el anuncio de la próxima reforma fisval, vuelve el debate de los teóricos sobre la vigencia o no de la llamada "curva de Laffer" por el economista Arthur Laffer. Según la teoría de Laffer, cuando los impuestos superan un determinado nivel, la racaudación no sólo no sube sino que se reduce. La teoría, base de la propuesta de la fundación FAES, tiene un problema: se aplicó en la era Reagan en EE UU y no funciónó. Bajaron los impuestos director, pero también cayó la recaudación.

En esta situación, estas son las propuestas en debate y sobre las que el Gobierno y el comité Lagares tendrán que tomar posición.

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Las propuestas de FAES: "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo"."Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo".IRPF con dos tipos únicos (25% y 35%), establecimiento de mínimos personales exentos de tributación, tipo plano del 25% para el ahorro; no impuesto del Patrimonio; tipo único del 10% para sucesiones y donaciones; simplificación deducciones del impuesto de sociedades y bajada de tipos nominales al 15%-20%; mantenimiento del IVA (21%) y cambio de cotizaciones sociales por impuestos indirectos.

La propuesta del PSOE:propuesta unificación en un único impuesto de la tributaciòn de renta y patrimonio; igualar los tipos impositivos de las rentas del trabajo y las del capital (más bajas); revisión de deducciones en el IRPF, como las derivadas de los planes de pensiones; incrementar la progesividad en el impuesto de sociedades; dos nuevos impuestos a la banca (por el pasivo) y por bonus y retribuciones variables; mínimo homogéneo en todas las comunidades por impuesto de sucesiones y donaciones y pago por IVA de la sanidad y la educación privadas no concertadas.

Las propuestas de IU: tributación igual de rentas de trabajo y capital, con todos  los rendimientos en una única base; dos nuevos tramos en el IRPF (45% para rentas de entre 60.000 y 120.000 euros y 50% para cuotas líquidas superiores); traslado de todas las reducciones y deduciones a la cuota; IVA del 25% para bienes de lujo; IVA Superreducido (45) para alimentos básicos, pañales etc; limitación del sistema de módulos a los tres primeros años de actividad y aumento de cinco puntos en el impuesto sobre los beneficios de las entidades con una base imposible superior a un millón de beneficios.