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Los avales del Estado a la banca no reanimaron el crédito privado como prometieron PSOE y PP

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en declaraciones a los medios el 17 de enero de 2017.

El Tribunal de Cuentas echa por tierra uno de los principales argumentos con los que, los últimos gobiernos del PSOE y del PP, justificaron los avales que el Estado otorgó a las entidades financieras privadas entre 2008 y 2012 para que tuvieran liquidez: la supuesta influencia que esos salvavidas tendrían sobre la economía real.

Estas ayudas formaban parte de un plan pactado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona en 2008 y revalidado en 2012. En total, los avales otorgados en ese período alcanzan los 187.956 millones de euros.

En octubre de 2008, cuando se aprobó el primer paquete, el exministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que la medida serviría para paliar la situación de "bloqueo" del mercado financiero español que, a su juicio, estaba afectando a la actividad económica. El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, defendió en enero de 2012 –cuando se aprobó una segunda fase– que no poner a disposición de los bancos estos avales públicos sería "un acto de irresponsabilidad" que habría llevado a la economía española "a una situación absoluta de cierre de crédito"

Pues bien, los auditores públicos concluyen ahora en su último informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos por la Administración General del Estado entre los ejercicios 2008 y 2013 [ver en PDF] que los avales otorgados a las entidades financieras "no han tenido la incidencia deseada en la mejora del crédito al sector privado". En otras palabras, que estas ayudas a la banca no ha tenido los efectos que se vaticinaron sobre la economía real. Al menos, hasta esa fecha. 

En el citado informe, el organismo fiscalizador del Estado explica que en el caso de los avales a entidades de crédito, la decisión de su puesta en marcha se adoptó en el marco de la Unión Europea, dentro de un paquete de medidas que tenían como objetivo último restablecer la confianza y el correcto funcionamiento del sistema financiero, con el fin de "disponer de unas condiciones de financiación adecuadas y eficaces para la economía".

Eficacia 

Los principales objetivos de esos avales –prosigue el informe– eran dos: facilitar la financiación a las entidades financieras, que era muy limitada en ese momento; y posibilitar una mayor disposición de crédito para la economía real.

Los auditores públicos consideran que el cumplimiento del primero de esos objetivos "no ofrece lugar a dudas", pues gracias al otorgamiento del aval del Estado, las entidades de crédito pudieron colocar sus emisiones, obteniendo la liquidez perseguida. Pero respecto al segundo son menos optimistas. Recuerdan que no se ha aportado ningún documento en el que se analice si mediante estos avales la financiación conseguida por las entidades se ha aplicado a facilitar la financiación de la economía real.

¡Exprópiese! (dependiendo de dónde)

¡Exprópiese! (dependiendo de dónde)

Destacan también que en los informes trimestrales remitidos a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía, se informa exclusivamente sobre el importe y características principales de los avales públicos otorgados, "sin que en los mismos se haga ninguna referencia en relación a su eficacia".

A falta de esta información el Tribunal de Cuentas recurrió a diversos estudioss del Banco de España (informes anuales, boletines económicos e informes de estabilidad financiera), en los que se determina que el crédito al sector privado durante el periodo fiscalizado, y en concreto en los años en los que se hicieron efectivos los avales a las entidades de crédito, "ha experimentado una evolución negativa, reduciendo su peso en el balance de las entidades".

En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye que los avales otorgados "no han tenido la incidencia deseada en la mejora del crédito al sector privado". No obstante, los auditores públicos señalan que "dado el grado de estrés financiero alcanzado en el contexto de la reciente crisis, resulta imposible determinar cuál hubiera sido el comportamiento del crédito al sector privado en este periodo de no haberse adoptado esta y otras medidas de apoyo al sistema financiero".

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