La censura de la justicia francesa

Tres magistradas han soñado con la muerte de Mediapart. Se llaman Marie-Gabrielle Magueur, Annie Vaissette, Dominique Ponsot y están adscritas a la sala 1ª del Tribunal de Apelación de Versalles. En una decisión descabellada, tan aberrante desde el punto de vista fáctico como inconsistente jurídicamente hablando, nos ordenan suprimir, de toda la página web, todos los fragmentos de las grabaciones realizadas por el mayordomo, que se encuentran en el origen del caso Bettencourt caso Bettencourty nos prohíben volver a citarlas o publicarlas en el futuro. Todo ello en un plazo de ocho días a contar desde la notificación de la sentencia. Transcurrido dicho plazo, la multa asciende a 10.000 euros por día de retraso y por infracción constatada.

A razón de los 894 artículos dedicados al asunto desde junio de 2010 y de las 1.615 entradas de blogs del Club, donde nuestros socios los comentan, sin tener en cuenta los numerosos vídeos que se refieren o citan las grabaciones, la suma supera ampliamente cientos de miles de euros, supone incluso millones.

Con el apoyo de nuestros socios, tenemos por delante apenas una decena de días para trata de impedir que un velo negro con la inscripción de CENSURA impida la lectura de nuestros artículos y de todos vuestros posts sobre el caso Bettencourt.

Aunque evidentamente vamos a interponer un recurso de casación en contra de esta sentencia injusta, esta decisión es de ejecución inminente. Os queda una semana para saberlo todo sobre Mediapart (nuestro dossier completo se puede leer aquí), para que nuestros lectores se pongan al día sobre este caso absolutamente ejemplar sobre las prácticas oligárquicas que arruinan nuestra República, para que puedan compartirlo todo, para que nadie ignore nada al respecto, gracias a la horizontalidad que permite la era digital. Y nunca se sabe –prácticamente es la única salida– si para hacer entender, gracias a vuestras protestas masivas, a Liliana Bettencourt, a su familia, a su tutor, a sus abogados, que deben renunciar a aplicar esta decisión que sanciona a los mismos que, con sus revelaciones, han sacado a Bettencourt de las manos de los que abusaban de su debilidad.

Porque es la enésima locura de esta historia que no tiene fin. Esta sentencia se ha fallado a instancias de Liliane Bettencourt (se puede consultar en PDF, en francés), que se ha asociado para la ocasión con su gestor patrimonial Patrice de Maistre, también ha demandado a nuestros colegas de Le Point (igualmente condenados). Así recompensa el entorno de la tercera fortuna de Francia a Mediapart, que actuó de forma desinteresada, al servicio no solo de la verdad, sino de la protección de una persona de edad avanzada, víctima de actuaciones que están siendo objeto de una investigación judicial en Burdeos y cuyos protagonistas se han visto forzados a dejar de prestar servicio a la multimillonaria francesa.

El caso Bettencourt  ha puesto en evidencia la existencia de dos justicias en Francia. Por un lado, la que acepta la verdad; la otra, la que censura. Una, la que defiende el interés general; otra, la que vela por los poderosos. Una, la que respeta a los denunciantes; otra que solo defiende a los elegidos. Así, el mismo día que en Burdeos, el exministro y extesorero de la UMP Eric Woerth y exgestor de la fortuna de Patrice de Maistre eran acusados de "tráfico de influencias" (leer más), Mediapart tenía conocimiento en el juzgado de que debe suprimir las informaciones que ha revelado a toda Francia.

No fue sencillo. La batalla con la Justicia se libró en el seno mismo de la Justicia, en Nanterre, con un procurador de la República obstinado por obstaculizar la verdad durante cuatro meses. Del mismo modo sucede ahora en Burdeos, con los intentos continuos por desestabilizar y recusar a los jueces de instrucción de Burdeos, por iniciativa de diferentes personas –entre ellos el expresidente, Nicolas Sarkozy–. Nuestras investigaciones sobre ellos les han puesto en evidencia; han probado la existencia de conflictos de intereses, de acuerdos interesados y de su incumplimiento de la ley, sobre todo de la ley fiscal.

De repente, por mor de una decisión aberrante, ¿hay que suprimir, tres años después de su revelación, cualquier evocación, mención, cita, resumen, etcétera de los hechos que han provocado el seísmo Bettencourt? ¿De esos asuntos que ahora investiga la Justicia y que próximamente se van a juzgar ante un tribunal? ¿De estas grabaciones clandestinas que se han admitido como prueba material de las infracciones que estudia? ¿De las pruebas sonoras del estado de debilidad de la señora Bettencourt y, como consecuencia de ello, de los abusos que se pudieron cometer en su entorno?

Recuerden la tempestad que se produjo en el verano de 2010. Sin las revelaciones de Mediapart, sostenidas sobre estas pruebas, no se habría llevado a cabo la "comisión de reflexión para la prevención de los conflictos de interés en la vida pública", cuyo informe, sin efecto inmediato, abría el debate que en estos momentos se vive en el Parlamento, conmocionado por otra revelación de Mediapart, el caso Cahuzac. Sin la difusión derivada de nuestra investigación, el Estado no habría obtenido varias decenas de millones de euros a raiz de la regularización fiscal de los activos en paraísos fiscales no declarados de Bettencourt. Sin nuestro relato, no se habría iniciado este debate sobre la magnitud de la evasión fiscal y sobre su vinculación con la financiación política ilícita.

Malos tiempos para los denunciantes

El Tribunal de Apelación de Versalles no se ocupa de todos los argumentos. Simplemente, sin ir más allá en las comprobaciones, nos acusa de haber violado la intimidad de Bettencourt y de De Maistre, al desvelar los hechos descubiertos por el mayordomo de la millionaria, Pascal Bonnefoy.

Este no actuó como mirón, sino como justiciero: quería revelar las maquinaciones y las intrigas contra su jefa aunque para ello tuviera que servirse de medios ilegales como fue esta grabación. De hecho, el informe pericial ordenado por los jueces de Burdeos –el mismo que Sarkozy, Woerth, De Maistre y consorte quieren anular– le ha dado la razón, al confirmar que la multimillonaria no era dueña de sus actos.

Pero, sobre todo, las motivaciones (someras) de derecho de la sentencia del Tribunal pasan por alto el derecho de prensa, el derecho fundamental a la información, en definitiva, del derecho a saber de los ciudadanos. La Corte Europea de Derechos del Hombre, a la que recurriremos si agotamos todos las vías jurídicas en Francia, ha declarado reiteradamente la legitimidad de difundir información que es de interés público, es decir, el interés público y de la democracia priman sobre los medios eventualmente ilegítimos o desleales que han permitido obtener dichas informaciones. Obviamente siempre que prime el interés público a la hora de genera dicha información. 

En todo momento, Mediapart ha garantizado la intimidad en el caso Bettencourt al eliminar una veintena de horas de la grabación obtenida por el mayordomo. Ha publicado poco más de una hora de extractos, los que probaban hechos de interés público. Respetuosos con el derecho de prensa, los primeros magistrados así lo comprendieron. Y por ese motivo nos dieron la razón en primera instancia y después en la apelación. Pero ahora el Tribunal de Casación impone el principio de derecho a la intimidad con independencia del contexto en el que se produzcan, con lo que ignora el derecho de prensa por la que debería velar.

La osadía de Mediapart ha tenido que ser grande para que se le quiera castigar, ¡tres años después de ocurrir los hechos! La audacia de haber informado sobre hechos que afectaban a los negocios, opacos y secretos, en ese mundo de interesados, de financieros, de abogados, de políticos. 

¿A qué viene esta conjura que ha sobrevivido, misteriosamente, a las consecuencias de nuestras revelaciones sobre el entorno de Liliane Bettencourt? El informe pericial ordenado por los jueces de Burdeos, ¿acaso no confirmó los temores de su hija Françoise referente a su estado de salud? ¿No determinó que Bettencourt no estaba lúcida desde hacía varios años y que nada garantizaba que fuera consciente de las medidas tomadas en nuestra contra?

‘Libération’ y Rue89 se ofrecen a alojar las noticias

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Corren malos tiempos para los denunciantes. En el momento en que la Asamblea Nacional trabaja en un proyecto de ley sobre la transparencia de la vida pública, tres magistrados quieren cortarle la cabeza. ¿Cómo no comparar los hechos con lo que le sucede a Edward Snowden, este denunciante al que le debemos la confirmación del desprecio de los Estados por la vida privada de los ciudadanos?

Aunque a otro nivel, las batallas se parecen. A fin de cuentas se trata de la verdad a la que se debe la prensa libre, independiente y exigente. También en Versalles se condenó, en julio de 1898, a Emile Zola por su "J'accuse...!", que dignifica la historia del periodismo. Una sentencia grotesca que lo condenó a un año de prisión y a una fuerte multa que lo llevó a exiliarse. A su regresa a Francia, un año más tarde, su denuncia del crimen cometido, contra el inocente capitán Dreyfus, se había convertido en hecho probado. Rechazó colgarse ninguna medalla, pero pidió a la Justicia que se pronunciarse "simplemente" sobre si "se comete algún crimen al decir la verdad".

En el caso Bettencourt, el único crimen de Mediapart es haber querido decir la verdad, sin la cual, no hay justicia.