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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba el canon digital español

  • La justicia europea sentencia que la ley española no asegura que la compensación al autor sea sufragada únicamente por los usuarios de copias privadas
  • La decisión surge después de que varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor llevaran la medida al Tribunal Supremo

infoLibre Publicada 09/06/2016 a las 11:55 Actualizada 09/06/2016 a las 12:39    
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este pasado miércoles que es ilegal que la compensación por la copia privada destinada a los autores de la obra sea financiada por los presupuestos generales, como establece el canon digital español introducido en 2012, y no por los usuarios de la copia, informa Europa Press. En su pronunciamiento, la sala europea valoró que el sistema español "no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

La normativa comunitaria prevé que los Estados miembros pueden introducir excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, por ejemplo mediante una "excepción de copia privada" que incluya una "compensación equitativa".

Desde 2012, el canon digital por copia privada se sufraga en España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el importe se fija anualmente, "dentro de los límites presupuestarios" establecidos para cada ejercicio.

Varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor, entre ellas Egeda y la SGAE llevaron la medida al Tribunal Supremo, que ha peguntado al TUE si la norma es compatible con las reglas de la Unión Europea.

En su sentencia de este miércoles, el TUE ha declarado que la directiva comunitaria "se opone" al nuevo canon digital español, porque "no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

El Tribunal ha aclarado que la norma europea permite a los Estados miembros financiar la compensación con cargo a los presupuestos, pero que ello es posible sólo si el sistema alternativo "garantiza" el pago de tal compensación a favor de los titulares de los derechos y que cumple con el objetivo de ofrecer un elevado grado de protección de la propiedad intelectual.

De hecho, otros países como Estonia, Finlandia y Noruega aplican sistemas de este tipo que la UE ve compatibles con la directiva.

Pero el tribunal ha recalcado que la excepción por copia privada "se ha concebido en beneficio exclusivo" de las personas físicas que realizan reproducciones de obras protegidas para un uso privado, sin fines comerciales.

Son las personas físicas las que causan un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda, ha advertido el Tribunal, que añade que las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción.

Por ello, y aunque los gobiernos nacionales pueden instaurar sistemas en los que, por razones prácticas, las personas jurídicas estén obligadas a financiar la compensación, éstas no pueden "en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen".

Este requisito se aplica en todos los casos en los que un Estado miembro introduce la excepción de copia privada, con independencia de si éste establece un sistema de compensación equitativa sufragada mediante un canon o con cargo a sus Presupuestos Generales.

Sobre la solución española, la sala europea ha tenido en cuenta que el Tribunal Supremo consideró que el sistema de financiación del nuevo canon digital no puede garantizar que el coste sea sufragado únicamente por los usuarios de copias privadas.

Así, concluye que, a falta de un tributo específico para gastos determinados, se debe considera que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa "se alimenta de la totalidad" de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, "de todos los contribuyentes".

Tampoco ha considerado probado que en España exista algún mecanismo que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución.


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