El Europarlamento acusa a la troika de agravar el paro y la pobreza con sus rescates

Las recetas de austeridad llevadas a cabo por la troika han ido acompañadas, desde el inicio de la crisis, de aceradas críticas de los partidos de la oposición y de diferentes organizaciones. No obstante, la propia UE –cuya Comisión Europea, junto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo, conforma el trío– había sido discreta a la hora de expresar un rechazo expreso a su acción... hasta ahora. La Comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha publicado este jueves un informe en el que responsabiliza a la troika de haber agravado males como el paro y la pobreza en los países que han sido rescatados: Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre.

En contraste con el tradicional lenguaje alambicado de las instituciones comunitarias, el documento de la Eurocámara –cuyo ponente es el socialista Alejandro Cercas– es claro y contundente. Y se muestra muy duro con la troika, a la que acusa de haber marginado "completamente" al propio Parlamento –el único órgano de la UE elegido directamente por los ciudadanos europeos– "durante todas las fases del proyecto: la preparación, el desarrollo de los mandatos y la monitorización de los resultados alcanzados por los programas y las medidas relacionadas".

Esta recriminación, no obstante, queda en un mero detalle si se coloca al lado de las demás críticas que recoge el informe acerca de aspectos como el empleo o la pobreza. Con respecto al mercado laboral, el documento de la Eurocámara asegura que "las políticas de ajuste y las reformas estructurales en los cuatro países [rescatados] han llevado a tasas dramáticas de desempleo, porcentajes históricos de destrucción de empleo y un empeoramiento de las condiciones de trabajo". ¿Quienes sufren más este fenómeno? "Los grupos más vulnerables: parados de larga duración, mujeres, trabajadores inmigrantes y discapacitados".

Desde luego, los datos que acompañan el documento dan la razón a la afirmación: "la situación en países como Grecia, donde la tasa [de desempleo juvenil] es de más del 50%, o Portugal e Irlanda, donde supera el 30%, es bastante devastadora", asegura el informe, que hace igualmente hincapié en que "incluso quienes encuentran un trabajo a veces se encuentran trabajando en condiciones precarias o con contratos temporales que dificultan vivir de forma independiente". Las consecuencias, para los autores del documento, están claras: "un daño estructural en el mercado laboral de los cuatro países", así como una "masiva emigración forzosa" que lleva a "incrementar las divergencias persistentes entre los estados empleadores y los que proveen de mano de obra barata".

El aumento de la pobreza en los países rescatados es otro de los fenómenos que critica el Parlamento Europeo, que destaca que "la proporción de gente en riesgo de pobreza o exclusión social ha crecido hasta el 26% en Portugal y ha alcanzado el 15% en Irlanda". Pero el informe no se queda ahí, ya que explica que "estas estadísticas esconden una situación mucho más dura, ya que cuando el PIB per cápita cae, el umbral de la pobreza también lo hace, lo que significa que ahora consideramos fuera de la pobreza a gente que hasta hace poco" entraba en estos datos.

La UE, contra sus propias leyes

El informe, asimismo, hace referencia a que varios estudios, así como los datos de la propia Comisión Europea, alertan de que la desigualdad ha crecido en los cuatro países y, por otra parte, critica que los programas de rescate estuviesen condicionados a recortes en "áreas fundamentales de lucha contra la pobreza, como pensiones, servicios básicos, sanidad y productos farmacéuticos para la protección básica de los más vulnerables", unas recomendaciones que fueron realizadas "a pesar de que el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe este tipo de intervención".

Informe de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo [PDF]

Ver más

Sin embargo, los incumplimientos legislativos, según el Parlamento, no acaban ahí, ya que "el Consejo de Europa ya ha condenado los recortes en el sistema público de pensiones griego, por considerar que son una violación del artículo 12 de la Carta Social Europea de 1961 y del artículo 4 del mismo protocolo", afirmando que el hecho de que estos recortes hayan sido aprobados para cumplir con las obligaciones legales del rescate no es óbice para cumplir las disposiciones de dicha Carta. En ese sentido, el informe señala que "esta doctrina [que prescribe la citada Carta Social Europea] de mantenimiento del sistema de pensiones en un nivel satisfactorio [...] es de aplicación general en los cuatro países y se debería haber tenido en cuenta".

Por todo ello, la Comisión de Empleo del Parlamento hace varios llamamientos a la Comisión Europea y a la propia UE para que reconduzcan sus políticas. En este sentido, el informe pide que la Comisión "lleve a cabo un estudio detallado de las consecuencias sociales y económicas de los programas de ajuste en los cuatro países, para comprender de forma precisa los daños a corto y largo plazo en los sistemas de protección social". Además, se aboga por una acción directa para contrarrestar los efectos negativos de los rescates a través de la puesta en marcha un plan de recuperación de los servicios sociales afectados. En esta línea, el documento exige "dar la misma atención a los desequilibrios sociales como a los desequilibrios macroeconómicos".

De igual manera, el informe también insta a la Comisión "a pedir a la OIT y el Consejo de Europa que redacten informes sobre posibles medidas correctivas e incentivos para asegurar el pleno cumplimiento de la Carta Social Europea y el Protocolo de la misma, así como los convenios fundamentales de la OIT, ya que las obligaciones que se derivan de ellos han sido afectadas por las medidas de ajuste presupuestario y las reformas estructurales solicitados por la troika". En este sentido, el Parlamento "exige el cumplimiento" de estas normas, ya que ignorarlas "constituye una infracción del Derecho primario de la UE".