Mirando hacia atrás con ira

Permítasenos utilizar el conocido título de la obra del dramaturgo británico John Osborne (“Look Back in Anger”-1956) que dos años más tarde sería llevada al cine por Tony Richardson, con Richard Burton como protagonista, y que sería el estandarte del “free cinema” inglés y, sobre todo, el de una generación descontenta, airada con la sociedad, con el estado de cosas que le rodeaban. Salvando las distancias, este es el sentimiento que nos embarga a muchos españoles tras estos dos años de gobierno.

Ignoramos si el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, buen aficionado al cine, compartirá con nosotros esta sensación, sobre todo después del acoso y derribo institucional a jueces como Garzón y Elpidio Silva, o las presiones aparecidas en los medios a los jueces Bermúdez, Castro o Pablo Ruz; después de las actuaciones del CGPJ, del TSJ y de la Fiscalía de Madrid, de la Audiencia Nacional y de la propia Fiscalía del Estado, en alegaciones y demandas por cuestiones técnicas y de procedimiento, que aparecen a los ojos de muchos ciudadanos como extrañas a sus funciones y , casualmente, en casos de sospechoso favoritismo.

El pasado 14 de junio, el presidente del CGPJ, Gonzalo Medina, se hacía eco de las quejas del juez Silva ante el personal desasosiego que sufría en la instrucción de un procedimiento contra Miguel Blesa, y le aconsejaba, como si este fuera un hecho natural e intrascendente, que presentara un recurso de amparo ante el Consejo. Cosa que el magistrado hizo a continuación, denunciando injerencias y presiones de instituciones como la Fiscalía del Estado, la Audiencia Nacional e incluso de miembros del mismo CGPJ. Parece que, últimamente, lo normal es que algunos jueces sean relevados de su trabajo y sujetos del tiro al plato de los medios de comunicación oficialistas, cortesanos de la derecha dirigente.

En estas, el personal de a pie no entiende nada. ¿Un recurso de amparo ante un ámbito jurisdiccional superior quejándose de intromisiones que vienen en parte de jueces de la propia institución? O por otro lado, de la misma Fiscalía del Estado, en un papel desubicado para los ciudadanos, que ya no saben de qué lado está realmente y si defiende, o no, los intereses de miles de ahorradores cogidos en la trampa de las preferentes y víctimas de una gobernanza de las Cajas ajena a la praxis bancaria. O bien, el extraño caso de las recientes dimisiones en la Agencia Tributaria en procedimientos en tramitación, o el recurso a la figura del indulto, ahora lugar común de ilustres personajes, condenados en sentencias firmes tras poner todos los palos posibles en la rueda de la justicia.

No puede considerarse como algo habitual que los jueces confiesen presiones e injerencias en la instrucción de sus causas, sea a través de los medios, de recursos firmes de amparo o después de haber escuchado campanas. Entre otras cosas, porque adivinamos que ésta es la punta del iceberg, y que hay otros muchos sucesos de intromisión que no se denuncian porque las represalias corporativas son terribles. Los ciudadanos debemos poner al menos tanta firmeza en la defensa de estos jueces como la que ellos manifiestan al hacer uso de su función constitucional legítima.

La codicia del poder ejecutivo para concentrar atribuciones y maniobrar en todas las instituciones del Estado no tiene límites, y una vez más hay que denunciar los movimientos de control del poder judicial. La mayoría en las urnas no legitima para diluir el equilibrio de poderes, minimizando los instrumentos de control y vigilancia del estado de derecho. Mientras tanto, se ignoran los casos reiterados de corrupción y se legisla para procurarse las máximas cotas de inmunidad e impunidad y en contra de las libertades individuales del ciudadano, con tasas inasumibles para pleitear o multas exageradas por alzar la voz. La acomodación legislativa que, desde la transición, orientaba la brújula de derechos y libertades en homologación con las democracias europeas ha sufrido una erosión dramática en estos dos últimos años.

El FMI señala a España como la economía de la UE donde más han aumentado las diferencias entre las rentas de ricos y pobres. En lugar de utilizar la crisis para disminuir la desigualdad -el FMI señala en su estudio a Portugal, Holanda o Alemania-, somos el país que está abriendo más la brecha de la desigualdad, coartando así la movilidad social y erosionando los supuestos más elementales del estado de derecho. Dicho de otra forma: los ajustes se están concentrando en los impuestos regresivos, al mismo tiempo que se recortan los gastos sociales que favorecerían la progresividad. Atención, porque nuestra historia ilustra cómo una excesiva concentración de la riqueza en confluencia con un aumento de la pobreza augura resentimiento y explosión social.

Los hechos que lo jalonan son preocupantes: el proceso, de momento abortado en Madrid, hacia la privatización de la sanidad, el copago, la supresión de las ayudas a la dependencia, los recortes en el sistema educativo y en los fondos destinados a becas, investigación y desarrollo; una reforma laboral que favorece el despido y atrae la precariedad, la penalización de la cultura, una nueva ley de seguridad ciudadana que nos retrotrae al franquista T.O.P. -el blindaje absoluto de los privilegios del poder-, la mordaza a la respuesta popular frente al desempleo, la corrupción del sistema, el despilfarro o los desahucios; la regresiva ley de interrupción del embarazo, o sea, la nueva cruzada que pone en sintonía a Iglesia y Estado, etc.

La recuperación va a ser muy lenta. Estamos ganando competitividad de la forma más insana, reduciendo costes salariales y sacrificando derechos laborales, sustituyendo contratos fijos por contratos temporales y a tiempo parcial; pero ni aun así. Insistimos: sin cambio de modelo de crecimiento no hay futuro, ni digno ni estable.

El retroceso democrático de esta legislatura no se explica por los recortes resultado de la herencia recibida, ni el “coaching” de Bruselas, Berlín o el FMI, sino que obedece a la defensa de intereses muy concretos. La maquinaria de comunicación del PP para las elecciones del año próximo está en marcha, y es muy clara: amplificar los datos positivos de la macroeconomía, de una hipotética recuperación y pretendida bajada de impuestos, al tiempo que se silencian los inalterados índices de desempleo y las desigualdades sociales, tratando de igualar el rasero de la corrupción con los demás.

Nadie puede adivinar el final de esta situación para tantas personas. La solidaridad es un parche necesario, pero no suficiente. La cohesión familiar y las instituciones de caridad tienen un límite. Muchos analistas se preguntan cómo aún no se ha producido un estallido social. Dos años más de legislatura sin detener la miseria y con recortes continuos de derechos fundamentales, anuncian graves disturbios de orden público que no se solucionan con multas o más represión.

La insolvencia actual del Estado, provocada por la megalomanía de algunos políticos, la falta de corresponsabilidad fiscal, el descontrol financiero en casi todas las comunidades y la corrupción, no sirven de coartada a la desprotección y el acogotamiento de libertades, en el camino hacia una sociedad que está ahondando, cada día más, en la desigualdad.

Pedro Díaz CeperoSociólogo y escritor