¿Qué pinta Otegi en la cárcel?

No entiendo qué pinta Otegi en la cárcel a estas alturas. Y aun a riesgo de ganarme la descalificación de "tonto útil" por los inmovilistas de turno, quiero discrepar con quien lo justifique desde una posición política democrática y con base en razones jurídicas. Añadiré que esta situación alimenta en Euskadi el descrédito de la democracia española y sostiene el falso victimismo del mundo soberanista radical.

El caso es que el Tribunal Constitucional, por siete votos de sus miembros contra cinco, ha vuelto a rechazar la excarcelación de Otegi y demás encausados. Ya lo hizo también en otra resolución en mayo. En el nuevo tiempo que se inició en Euskadi tras el anuncio de ETA llama la atención en amplios sectores de la ciudadanía vasca una decisión que ni se entiende ni se comparte.

En octubre de 2009, Otegi y los demás encausados en el sumario Bateragune entran en prisión por orden del juez Garzón. La Audiencia Nacional condenó a Otegi a una pena de 10 años en septiembre de 2011. En la sentencia establecía que "Otegi y Usabiaga desempeñaban tareas de impulsión, responsabilidad y coordinación y ejercían evidente influencia y predominancia respecto de los otros tres acusados. Otegi era portavoz autorizado del grupo extraído de la izquierda abertzale encargado de reconstruir la estructura de la ilegalizada Batasuna con el objetivo de elaborar una nueva estrategia de ETA diseñada en diciembre de 2008, donde se hacía primar la faceta política sobre la militar, sin abandonar esta última".

El tribunal consideró que desde 2007 en el seno de ETA hubo un proceso de reflexión sobre cómo volver a utilizar a la izquierda abertzale como su brazo político y sobre cómo impartirle órdenes para que actuaran. "La banda terrorista –sostienen los magistrados– encomendó a los condenados la creación de una comisión de coordinación (Bateragune) que planificara y gestionara esta nueva línea estratégica de acumulación de fuerzas soberanistas". Por tanto, la Audiencia Nacional estimó que los condenados se convirtieron en "receptores de las órdenes de ETA en cuya organización están integrados".

La Audiencia Nacional emitió la condena poco antes de que ETA hiciera pública en octubre de 2011 la declaración anunciando el final de su actividad terrorista. Y lo hizo contra quienes habían realizado una laboriosa tarea de convencer a su propia organización (Batasuna) y al mundo de ETA que el tiempo del terrorismo se había acabado y que su objetivo independentista se defendería a partir de 2009 con la palabra y en las urnas.

Cabe preguntarse si a posteriori, ya en la fase de recursos, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no deberían haber tenido en cuenta la nueva situación política originada frente a la fuerza del Código Penal y a la negra historia de ETA. La propia legalización de las candidaturas de Bildu, Amaiur y del nuevo partido Sortu —del que Otegi es secretario general— así como los pronunciamientos de ETA y de sus presos aceptando la legislación penitenciaria suponen contrapuntos importantes a las consideraciones que hace la sentencia, cuando menos en el terreno de la realidad política.

Lo cierto es que sólo un año después, en 2012, el Tribunal Supremo estimó en parte el recurso de Otegi y rebajó las penas que había impuesto la Audiencia Nacional pasando de 10 años a 6 años y medio (!), alegando que los condenados eran integrantes de ETA pero no dirigentes.

Hoy los condenados han cumplido las 3/4 partes de sus penas (llevan cinco años en la cárcel) y la concesión de la libertad condicional no entrañaría riesgos ni alarma social y el nuevo tiempo político que vivimos podría poner en valor el papel que desempeñaron, con tensiones incluídas, para encaminar a ETA hacia su final. Sin embargo, a la vista de la polémica que surgió tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y el jardín en el que se metió Rajoy, sabemos que las presiones de la derecha más dura y los cálculos electorales del PP llevan al Gobierno a una actitud inmovilista.

Partidario de adoptar una estrategia de decisiones pro-activas que alimenten el llamado proceso de paz, pero también desde los propios contenidos de la legislación penitenciaria, entiendo que el Tribunal Constitucional y el juez de vigilancia penitenciaria debían haber acordado la puesta en libertad condicional de Otegi, Usabiaga y el resto de los condenados. Pero me temo que la mano del Gobierno Rajoy es larga.

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Una consideración final: los demócratas que estuvimos luchando durante años contra ETA y en defensa de los derechos humanos y la paz, tenemos la obligación de analizar por qué Otegi y Usabiaga no han condenado aún el pasado reciente de ETA y no han pedido su disolución. Eso nos lleva a preguntar si la dinámica de debate interno que abrió Otegi se debió a razones de convicción democrática o de pura conveniencia y oportunismo. Alguna declaración solemne de condena o petición de perdón deberá hacer.

Esta exigencia al mundo abertzale radical en favor de una memoria democrática, es imprescindible y nos lleva al análisis de los posibles compromisos adquiridos por Otegi ante ETA para que pusiera fin a su existencia, evitando que eso fuera considerado como una derrota. Algo que ha acabado sucediendo por la fuerza del Estado de Derecho y la debilidad manifiesta de ETA.

-----------------------------------Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa