Madrid, Distrito Federal

Parece cada vez más claro que la Constitución española, que quizá fuera oportuna hace cuatro décadas, hoy está defectuosa. Entre otras cosas, insulta a las personas con discapacidad llamándolas disminuidas, perpetúa el machismo en el acceso al trono, concede solemnemente vacaciones parlamentarias de dos meses, blinda el privilegio de los vascos y los navarros en su financiación y autoriza la pena de muerte (véase “15 pifias escondidas de la Constitución”). Si los partidos quisieran resolver esas "minucias" podrían hacerlo con la misma rapidez con que reformaron el famoso artículo 135, sin debate alguno y en unos pocos días.

Pero todos sabemos que el cambio complicado de la Constitución no viene por esas caducas rémoras, con respecto a las cuales habría consenso rápido. Me atrevo a decir que ni siquiera la cuestión monárquica sería muy problemática en este momento. La patata caliente, por supuesto, está en el debate territorial. En la relación entre las regiones, comunidades, poblaciones, nacionalidades, naciones, pueblos, países, gentes, ciudadanos, provincias, o como quiera que se las llame, que forman actualmente España.

Hay quienes afirman que tal cuestión no debería ser un problema porque –dicen– España es ya de facto un Estado federal. Creo que esa afirmación es engañosa. Puede que, en efecto, algunas comunidades autónomas tengan asignadas competencias que ya quisieran las unidades de algunos Estados federados del mundo. Pero esa sola no es la cuestión. En España es evidente –y por obvio resulta más sorprendente aún– que no hay ninguna institución en la que estén representadas en su mayor nivel político y legislativo las comunidades autónomas.

Aquí las leyes las hace el Congreso de los Diputados con sus viejas circunscripciones provinciales y con el peso determinante de los partidos políticos. En pocas palabras, en España los territorios no tienen manera de hablar entre sí ni lugar de encuentro. El Senado español, que se ha quedado en un asilo de viejas glorias de la política, es una broma al lado de las Cámaras territoriales de los Estados auténticamente federales.

El Senado de Estados Unidos o el Senado de México o el Bundesrat alemán están compuestos por representantes de los estados. Y además, en pie de igualdad. Un senador de Wisconsin, con su enorme poder representativo, tiene el mismo rango que una senadora de Texas. Los estados –generalmente se les llama así– tienen un lugar en el que negociar y acordar con el resto. Nada de eso pasa en España. Sí, hay unas conferencias sectoriales de los consejeros de cada área con el ministro o ministra de turno, pero no hay un lugar en el que la labor legislativa del país se desarrolle con representación nominal de las comunidades autónomas.

Convoca el ministro correspondiente, generalmente en Madrid, las comunidades protestan o vitorean o se callan, y hasta más ver. Zapatero inventó con cierto éxito inicial las conferencias de presidentes, pero fue un invento algo improvisado, voluntarista y poco sustancioso. Y no afectaba a las competencias legislativas, sino a las ejecutivas. En realidad, el gran cambio pendiente de la Constitución actual sería la reforma del Senado: su composición y sus competencias.

El nombre que asignemos a las unidades federales no es baladí: nombrando las cosas construimos la percepción sobre ellas. Recordamos el persistente y enconado debate a propósito de la inclusión del término “nación” en el Estatut de Catalunya. En un debate parlamentario con el PP, Zapatero afirmó que el término nación “es un concepto discutido y discutible”. Se armó la marimorena, pero tenía razón: hablamos de “nación árabe”, de “Teatro Nacional de Cataluña” o de “nación sioux” para referirnos a un pueblo que consideramos que comparte identidad. “Nación” parece así un concepto demasiado emocional para fijar en torno a él categorías administrativas.

¿Cómo sería vivir en una España federal?

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Hay una palabra mucho mejor, inventada desde hace mucho tiempo: estadoestado. En México está el estado de Aguascalientes y no pasa nada. En Alemania está el estado de Baviera, con las mismas competencias que los demás. Y en Estados Unidos encontramos un estado prácticamente sin gente como el de Alaska que tiene las mismas competencias que el de California. México, Estados Unidos y Alemania, por cierto, son tres buenos ejemplos de Estados federales cuya unidad está más que garantizada.

Sé que en este momento las sensibilidades están tan excitadas y los personajes tan cabreados o desgastados, que es difícil plantearlo pacíficamente, pero no sería mala idea que en el Senado de España los representantes del estado de Canarias o del estado de Andalucía tuvieran auténtica capacidad legislativa, igual o mayor que la del Congreso de los Diputados. Habría también en España una Policía federal y una política federal de Educación, que podría vigilar sencillamente por unos mínimos válidos para toda España. Y no pasa nada.

Recordemos que en Estados Unidos por cometer un crimen a un lado u otro de la frontera te pueden condenar a muerte o no. Y que pasando de un estado a otro los impuestos que se pagan pueden ser muy distintos. Y el país no se descompone. Conviven allí identidades locales muy fuertes, como la de los neoyorquinos, con verdaderas identidades nacionales, como la de los texanos o los californianos, y otras mucho menos densas, como la de los habitantes de Washington DC. En una España nueva, hasta los engolados ciudadanos de Madrid nos sentiríamos bien por vivir en el Distrito Federal. Y quizá nuestros hermanos de Barcelona estarían cómodos por habitar la capital del estado de Cataluña. A mí me gusta más eso que imaginar a cada uno por su cuenta.