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Muerte digna, juicio indigno

Publicada 01/06/2016 a las 06:00 Actualizada 01/06/2016 a las 21:56    
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Durante las dos legislaturas en las que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero se produjeron grandes avances en derechos civiles y sociales. Se aprobó el matrimonio homosexual, se pasó de una ley de supuestos a una ley de plazos en la cuestión del aborto, se estableció el sistema de apoyo a las personas dependientes, se agilizaron los trámites del divorcio, se introdujeron reformas legislativas progresistas sobre reproducción asistida y sobre el derecho de los transexuales a cambiar de género en el Registro Civil, y se aprobaron la ley de violencia de género y la ley de igualdad de trato.

Hubo, sin embargo, un asunto que quedó soslayado en el programa de reforzamiento y extensión de los derechos civiles: el de la muerte digna y la eutanasia. El programa electoral del PSOE de 2004 tan solo incluía un compromiso muy menor, la creación de una comisión parlamentaria que debatiera sobre la cuestión. Y el programa de 2008 suprimió cualquier mención a este tema. Después, en 2011, llegó el PP al gobierno y cualquier posible avance quedó anulado.

La razón de que no se haya progresado más en la regulación del derecho a una muerte digna no reside en la opinión pública. Según los datos de la encuesta que realizó el CIS en 2009, una gran mayoría de ciudadanos considera que la ley debería regular la eutanasia y un porcentaje aún mayor está de acuerdo con que los médicos pongan fin a la vida de un paciente que así lo demande cuando la enfermedad alcance su fase terminal. Si distinguimos por electorados, entre votantes del PSOE e IU (entonces no existía Podemos), más del 80% de los entrevistados estaba de acuerdo tanto con la regulación de la eutanasia como con que el médico pueda acelerar la muerte en el estadio terminal; entre los votantes del PP, el grado de acuerdo alcanzaba un 70%. Alguien podría pensar que la variable fundamental es la religión, pero entre los católicos el apoyo a estas tesis era del 60%. Tan solo entre los fieles de otras fes religiosas se detecta un apoyo minoritario (del 44%).

Hay, pues, un sólido consenso social en torno a la necesidad de regular la eutanasia y el derecho de los pacientes terminales a reclamar una muerte digna que les libere de sufrimientos. Pese a ello, los representantes de la ciudadanía no han querido legislar en este ámbito, probablemente por los graves dilemas morales que se plantean a propósito de la muerte. Son muchas las familias que han experimentado las tensiones que se crean cuando uno de sus miembros se enfrenta a una muerte cierta en medio de graves padecimientos.

Por desgracia, todavía hay muchos casos de omisión de cuidados paliativos y encarnizamiento terapéutico. Además, la llamada “cooperación necesaria” en casos de eutanasia aparece penada en el artículo 143 de nuestro Código Penal: dado que las fronteras entre la cooperación en un acto de suicidio (eutanasia directa) y la administración de sedación paliativa (eutanasia indirecta) pueden ser borrosas, se genera una incertidumbre que puede dificultar la aplicación de tratamientos paliativos que, por lo demás, son legales.

La ilustración más visible de la ausencia de una regulación clara y eficaz de estos asuntos se encuentra en la campaña de acoso y desprestigio que emprendió el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, en contra del doctor Luis Montes (entonces coordinador del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa), con la colaboración entusiasta de los medios de comunicación más reaccionarios. La destrucción de su reputación con graves e infundadas acusaciones tuvo como consecuencia principal atemorizar a los médicos que administran cuidados paliativos a enfermos terminales.

En situaciones de parálisis política en las que los representantes políticos no atienden las demandas ciudadanas, los agentes propulsores del cambio deben venir de la sociedad civil. En España, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), presidida en la actualidad por el doctor Montes, ha sido pionera en la lucha a favor de una regulación de la muerte digna, partiendo del principio supremo de que las personas, en el ejercicio de su autonomía, tienen derecho a decidir las condiciones en las que desean morir.

Cuando los poderes públicos se quedan retrasados con respecto a la sociedad y algún grupo social intenta avanzar, la reacción de estos poderes suele ser injusta y anacrónica. Recientemente, se ha condenado a varios miembros de esta asociación (entre ellos, al doctor que preside DMD en Madrid) apelando al artículo 143 del Código Penal, que castiga la cooperación con el suicidio. Es la primera condena de este género en España desde que se reformó el Código Penal en 1995. El lector que quiera conocer los pormenores de la historia puede encontrarlos en este artículo de infoLibre y en la propia página web de DMD.

Resulta aberrante la beligerancia de la Fiscalía, que pidió originalmente unas penas desproporcionadas de seis años a partir de una argumentación en la que se mezclaban prejuicios ideológicos y una grave confusión sobre las diferencias entre la cooperación con actos de suicidio y la propia sedación terminal, plenamente legal en España.

Son dos los casos que se han juzgado, cuya conexión se estableció mediante escuchas policiales que culminaron con la detención del doctor Fernando M. Que este tipo de actuaciones, amparadas por una interpretación estrecha de la Ley, sigan ocurriendo en España es motivo de profunda vergüenza democrática.

Por desgracia, es frecuente que las condiciones para cambiar la legislación solo se produzcan a costa de injusticias que escandalizan a buena parte de la sociedad. La sentencia que ha condenado a los miembros de DMD entra claramente dentro de esta categoría.

Resulta evidente que con el paso del tiempo las tesis de DMD acabarán imponiéndose, de manera similar a como ha sucedido con otras muchas conquistas morales y políticas de la historia reciente. Mientras, unos admirables luchadores a favor del derecho a la eutanasia se han visto forzados a asumir, ante la intransigencia de la fiscalía, penas de dos años de cárcel. Ha sido un juicio indigno contra la muerte digna.



10 Comentarios
  • 45 irreligionproletaria 13/06/16 12:32

    Gracias por su entrega,: a mis compañeros de DMD Luis y Fernando, particularmente. Terrible disyuntiva la que se planteó en la asociación para dirimir ¿Qué opción aceptar? Ha sido un juicio indigno contra una muerte digna. ¿Qué valor supremo está por encima de la dignidad de un individuo para decir hasta donde admite "sufrimientos" (físicos o psíquicos)? Soy miembro de DMD desde el año 2007. Ciertamente, con mis facultades, NADIE del partido que fuera o fuese que gobierne, me va a decir cuando deseo concluir mi paso por esta dimensión; pero, este no es el problema. ¿Por qué y en nombre de qué, si en plenas facultades lo expongo, los gobernantes se puede pasar mi voluntad por "sus criterios morales o los de la iglesia a la que pertenezcan" e imposibilitar que mis deseos se cumplan, dada mi imposibilidad manifiesta? He luchado y lucharé para que MIS DESEOS SE CUMPLAN, CUANDO NO PUEDA YO EXIGIRLOS. El Código Deontológico de los profesionales médicos de 1979, artº 117, dice : "el médico debe evitar emprender acciones sin esperanza cuando suponga molestia o sufrimiento innecesario para el enfermo. Respetará profundamente el derecho que tiene el enfermo a una muerte digna acorde con su condición humana." Se confunde el derecho, individual y constitucionalmente protegido (artº 10.1), a una muerte digna, con la supuesta obligación médica de apoderarse, incluso, de la libertad de la persona, para someterla a una terapia peor que la propia enfermedad porque, siempre, queda la posibilidad de recurrir al mito de la curación milagrosa. ("Entre los límites prsonales y penales de la eutanasia" Cabello Mohedano, García Gil y Viqueira Turnez.

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  • 44 Floren 12/06/16 13:33

    Hace años hice testamento vital y mi preocupación es si tengo la mala suerte de encontrarme con el profesiónal que atienda más a sus conviciones ideológicas que a mis deseos.  Creo que la Eutanasia se debe regular a la mayor brevedad posible porque somos muchos los que desearíamos contar con esta certeza.  Bien por el articulo

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  • 43 pazdomas 05/06/16 21:08

    Totalmente de acuerdo con el artículo y es de agradecer la valentía del periodista. ¿O es que ni siquiera vamos a poder decidir esto?

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  • 42 Psiquedu 04/06/16 22:43

    Es indignante que no cuente la opinión de la mayoría de españoles en eSte asunto. Gracias a todos los que luchan desde DMD por el derecho a la muerte digna. 

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  • 41 Folgo 04/06/16 17:12

    Es digna de alabanza la decisión valiente de Sánchez-Cuenca de exponer este asunto al debate en infoLibre. En mi opinión, la decisión de morir representa un derecho consustancial a la personalidad de los seres vivos. El derecho a morir es inalienable de cada persona, por lo que figura en todas las declaraciones de los derechos humanos. Este derecho comprende, ineludiblemente, el derecho a una muerte digna. Uno de los parámetros que miden la calidad de la democracia de un sistema político (el principal, opino) es el respeto y la salvaguardia de los derechos humanos, políticos y sociales de l@s ciudadan@s. Obviamente, no fuimos interpelados respecto de 'nacer', con idéntica obviedad, no se nos debe privar de morir cuando decidamos dejar de existir. Ésta es una de las razones por las que el suicidio no está tipificado (hoy) en nuestro ordenamiento jurídico. También son legales (aunque el PP ¡cómo no! ha aprobado en 2015 una modificación de la ley que dificulta su ejercicio) los cuidados paliativos y la sedación a los enfermos terminales, a fin de permitirles su muerte digna y sin dolor. En contradicción con lo anterior, la cooperación al suicidio está tipificada en el ordenamiento. Por definición, carece de sentido tal tipificación, siendo de esperar que después de las elecciones la norma sea derogada. Pego el enlace a un Manifiesto suscrito por juristas que expone este asunto desde la óptica del ordenamiento jurídico. Si deseáis, podéis firmarlo aunque no seáis juristas. Salud. https://juristasporlaeutanasia.org/

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  • 40 Maca 03/06/16 21:51

    Sr. Sánchez-Cuenca, ¡me encanta leerle!. No sé si lo que voy a escribir, va a "no gustarle" al ministro Fernández Díaz. Desde junio de 2011, tengo registrado en el Servicio Nacional de Salud, un certificado de Últimas Voluntades. Creo que se puede ver en todos los hospitales públicos del país. Concretamente, no sólo aparece en mi provincia, también emergió en otra provincia. ¡Cómo se nota que tengo muchos años!. Es para que "no me resuciten". No me gustaría, después de "un jamacuco" mirarme en el espejo y ver a una Nefertiti. PLIS EL QUE SEPA ALGO EN SERIO, QUE LO CUENTE. Un besito. Maca

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  • 39 gusalo 03/06/16 19:06

    No he leído mucho acerca de este tema. Por eso me han sorprendido los datos que aparecen en el tercer párrafo. A la vista de ellos, uno se pregunta quién puede sentirse perjudicado por lo que pide la DMD o por qué quien tuvo el valor de sacar nuestras tropas de Irak, de aprobar el matrimonio homosexual, la ley de plazos… no se atrevió a dar un paso por la legalización de la eutanasia   ¶    Desconozco cómo está la legislación al respecto en los países que nos rodean, sobre todo en los países a cuyas sociedades nos gustaría parecernos. Supongo que habrá de todo. Sin embargo, aunque así no fuera, el principio del que parte la DMD (y que reproduce usted en negrita: “las personas, en el ejercicio de su autonomía, tienen derecho a decidir las condiciones en las que desean morir”) me parece irrebatible.   ¶    Respecto al juicio, a falta de otra forma de mostrar nuestra indignación, la frase con la que titula y concluye el artículo me parece la más adecuada: “Ha sido un juicio indigno contra la muerte digna”   ¶    Y gracias por sacar el tema y expresarlo de una forma tan clara. 

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  • 38 itnas 02/06/16 23:29

    Damas dijo..
    Pues si, llevas razón, introducir esos ejemplos nos distancian del tema principal, aunque Petrov intenta argumentar que son 'necesidades' en un momento dado, igual que la eutanasia, con lo que no estoy de acuerdo. En el fondo, si, otra vez llevas razón al indicar que estamos hablando del derecho a disponer de la propia vida, que me parece un derecho natural. Que hay situaciones complejas, si claro, pues legislemos siempre sobre esta base de ser dueño de tu propia vida; ya me gustaría poder observar que estas gentes que tanto respetan la vida cuando se habla de eutanasia o aborto, mostrarán igual respeto cuando se habla de guerras por defender esta cosa que aún no comprendo bien que es la patria.

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  • 37 Damas 02/06/16 20:34

    itnas dijo..
    itnas, sólo una pequeña observación, así como por encima, no tengo casi tiempo, cuando leí en el com. de StanislavPetrov y ahora en el suyo los ejemplos de la "compra de un riñón" o "el robo de un niño, lo primero que pienso es que tanto en el supuesto del riñón como en el del niño, son supuestos en los que (sin entrar en otras consideraciones) no giran sobre el punto central de la eutanasia asistida o no, suicidio, o cualquier otra denominación, donde lo fundamental es la decisión de disponer sobre la propia vida. Saludos.

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  • 36 LUIS RAMON 02/06/16 20:05

    Estos temas tan "delicados" como el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, el asunto de las células madre y este de la eutanasia, acaban aprobándose cuando el gobierno de turno está completamente convencido de que tienen un apoyo social muy mayoritario. Esto es así porque todos estos temas tienen un punto en común: La iglesia católica está en contra. En este país sigue habiendo excesivo respeto a lo que la iglesia pueda decir, "con la iglesia hemos topado". Por eso los gobiernos no se meten en esos charcos y dejan que sean otros los que lo hagan. Pero estoy de acuerdo con R12 cuando dice que al final se impondrá el sentido común.

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