Terminar con la austeridad ¿De qué hablamos?

¿Qué significa hoy poner punto y final a las políticas de austeridad? A nuestro juicio, hay tres elementos principales.

Abandonar la austeridad fiscal pasa, en primer lugar, por oponerse a los nuevos recortes al gasto y a la inversión pública que ya se están anunciando. Hay razones muy importantes para ello.

El Partido Popular atribuye el crecimiento económico actual a sus “reformas estructurales” (especialmente la reforma laboral), y a la política de ajuste fiscal. Pero los recortes aplicados entre 2010 y 2013 agravaron la recesión y sus efectos aún se perciben: el PIB real de 2015 todavía fue un 5% inferior al que había antes de la Gran Recesión, seguimos teniendo 2,6 millones de ocupados menos que en 2008 y la tasa de paro es del 21%. Sólo se ha recuperado uno de cada tres puestos de trabajo perdidos durante la crisis, y casi el 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.

En realidad, lo que ha ocurrido es que a los vientos de cola que llegaban desde el exterior (Quantitative Easing del BCE, caída de los precios del petróleo, depreciación del euro) se unió en 2015 –año electoral– una “pausa en la austeridad”. Si el consumo público y la inversión pública tuvieron una contribución anual al crecimiento del PIB de -1% entre 2011 y 2013, ésta fue del 1% en 2015 (ver gráfico). Esto significa que si España ha vuelto a crecer no ha sido gracias a la austeridad, sino a su abandono transitorio; y que volver a la austeridad y a los recortes –como pide Bruselas y como Rajoy promete en su carta a Juncker– sería un terrible error para nuestra economía.

Ralentizaría nuevamente el crecimiento, y con ello la creación de empleo, agravaría las desigualdades sociales, e impediría financiar las inversiones públicas necesarias para la transición energética y la modernización de nuestro sistema productivo.

En todo caso, conviene que nadie se llame a engaño. El Partido Popular no ha abandonado la austeridad, sino que ha utilizado la interesada discrecionalidad de Bruselas para intentar remontar el vuelo en año electoral. Y lo ha hecho, además, con una reforma tributaria que ha agravado dos de los problemas que caracterizan nuestro sistema fiscal: su regresividad y su baja capacidad de recaudación (los ingresos públicos sólo suponen el 38% del PIB, frente al 47% de media de la zona euro).

La reforma fiscal de Montoro ha sido irresponsable, y ha disminuido en 7.500 millones de euros los ingresos públicos entre 2015 y 2016. Si a ello le añadimos las negativas consecuencias sobre la Seguridad Social del modelo de empleo precario que la reforma laboral ha puesto en marcha, la responsabilidad del gobierno en el desvío del déficit es evidente.

Esto es especialmente importante, porque el abandono de la austeridad fiscal también significa, en segundo lugar, revertir los recortes que se han practicado durante los últimos años, y que han dejado importantes cicatrices. El gasto real por habitante en sanidad y educación en España fue en 2015 un 11% más bajo que en 2009. Y debemos dejarlo claro: si se anuncian medidas que disminuyen los ingresos públicos y, al mismo tiempo, se establece como prioridad reducir el déficit, la consecuencia sólo puede ser una menor financiación de los servicios públicos y un nuevo deterioro del Estado del Bienestar.

Por eso, nuestra propuesta es la contraria: mejorar la progresividad del sistema fiscal y redoblar los esfuerzos contra el fraude para financiar la convergencia de nuestros servicios e inversiones públicas con la media europea. Esto reforzaría, además, la creación de buenos empleos.

El abandono de la austeridad debe insertarse también, en tercer lugar, en una forma diferente de abordar las políticas económicas europeas. Bruselas persevera en el error y exige que el próximo gobierno apruebe recortes adicionales por valor de 8.000 millones de euros entre 2016 y 2017, amenazando con convertir a España en el primer país sancionado. Sin embargo, no hay ninguna razón económica por la que sea preferible una reducción acelerada del déficit que otra más suave, si ésta supone una disminución más rápida del paro. Nuestro elevado desempleo es la principal justificación para aplazar el objetivo del 3% hasta el final de la legislatura.

Más aún, el fin de la austeridad es necesario no sólo para España, sino también para el conjunto de una zona euro que se caracteriza por la falta de demanda, el riesgo deflacionario y la ralentización del crecimiento. Es urgente y necesario complementar y equilibrar los efectos de la actual política monetaria con una mayor contribución de la política fiscal.

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Por ello, lejos de utilizar el paraguas de Bruselas para seguir recortando, el nuevo gobierno de España debe ejercer su soberanía democrática y participar en el debate que está teniendo lugar en Europa con una postura clara: fortalecer en el Consejo Europeo las posiciones más favorables a una profunda revisión de la actual política económica europea, y particularmente de su marco fiscal. Porque, no lo olvidemos, los cambios en Europa son también el resultado de las dinámicas políticas nacionales. Terminar con la austeridad en España es un primer paso para poner punto y final con la austeridad en Europa.

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Jorge Uxó es profesor de Teoría Económica en la UCLM. Nacho Álvarez es profesor de Economía Aplicada en la UAM. Ambos son miembros del equipo económico de Podemos.