Algunas preguntas para los grupos parlamentarios tras el motín de Aluche

A las 21.15 de este martes, 39 internos en el CIE de Aluche (que lleva abierto desde 2005) rompieron una puerta y accedieron a la terraza del centro, desde donde gritaron sus demandas y denunciaron su situación con gritos de "¡Libertad!", "aquí hay gente enferma", "nos tratan como a perros". Aunque no hubo daños materiales graves, ni tampoco ningún daño a personas, algunos medios de comunicación describieron esa protesta como algo similar a las revueltas y tomas de rehenes que se han producido, por ejemplo, en cárceles brasileñas. Afortunadamente, otros medios informaron con respeto a los hechos (por ejemplo, infoLibre y también Desalambre, de eldiario.es, o La Vanguardia). El motín terminó 11 horas después, al aceptar los 39 internos volver al interior del edificio. Lo cierto es que los acontecimientos fueron seguidos por un grupo numeroso de representantes de ONG y también de algunos partidos y de cargos electos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Como viene siendo habitual, los responsables del CIE negaron el acceso a alguno de ellos cuando pretendieron entrar para comprobar la situación.

Hasta aquí, casi se podría hablar de un asunto rutinario en la historia de incidentes que acompaña a la existencia de los CIE. Sin necesidad de remontarnos a los hechos más graves (muertes en el de Madrid y en el de Zona Franca de Barcelona), baste evocar la fuga de 16 internos que huyeron del mismo CIE, en el mes de agosto de este año, o el motín en el de Sangonera, en Murcia, hace un par de semanas. Por descontado, todo el mundo recuerda la tensión en torno a la reciente reapertura del CIE de Zona Franca o el más reciente cierre del CIE de Zapadores (Valencia) por reiteradas plagas de chinches.

La verdad es que no se sabe qué más tiene que pasar para que se opte de una vez por la única solución razonable: cerrar los CIE. El Derecho, como se ha denunciado una y otra vez, se detiene demasiadas veces a la puerta de los CIE. No hay reforma que valga. La experiencia lo acredita. Las razones por el cierre han sido reiterada y contundentemente expuestas desde diversas plataformas y redes de ONG. Baste leer el informe 2015 sobre los CIE, del servicio jesuita de migraciones. Cuentan con una base jurídica a mi juicio más que abrumadora, que comienza por recordar que la privación de libertad para quienes no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, es inaceptable desde principios básicos del Estado de Derecho (me permito remitir, por ejemplo, a lo expuesto en estas mismas páginas, en el blog alrevesyalderecho).

A todo ello hay que sumar los informes de instituciones como el Defensor del Pueblo. La férrea determinación del área de inmigración de esta alta institución asegura un control permanente del que da cuenta en sus informes anuales y en sus recomendaciones: por ejemplo, la Recomendación de 22 de enero de 2015 sobre la necesidad de traducir en varios idiomas los derechos y deberes recogidos en los artículos 16 y 18 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, para su entrega a los internos cuando ingresen en los distintos centros de internamiento de extranjeros, o la Recomendación de 30 de junio de 2015, sobre la necesidad de que los modelos de partes de lesiones que se utilizan en los distintos CIE se adecuen a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en el estudio sobre Los partes de lesiones de las personas privadas de libertad. Concretamente, la situación del CIE de Aluche obliga a confrontar el incumplimiento de la Recomendación del Defensor ya en el año 2014. Pero que se trata de un asunto general se puede comprobar en el importante número de quejas sobre la situación de los CIE (cfr. por la referencia a las visitas de la Institución que, recordemos, es alta comisionada de las Cortes Generales, a todos los CIE), donde se incluye, a partir de la página 128, el resumen estadístico de las privaciones de libertad.

Pueden leerse también informes como los de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y de Interior del mismo Parlamento Europeo: comencemos por su informe de marzo de 2008 que, a partir de una visita a cinco centros españoles (Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Málaga y Algeciras) acusaba al Estado español de vulnerar gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros. Denuncias que han recibido, sí, respuesta positiva en numerosas ocasiones por parte de los tribunales, cuya defensa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales se puede ejemplificar en la labor desarrollada por Ramiro García de Dios, juez de control del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, candidato al premio de Derechos Humanos APDHE 2016.

Es verdad que el PP y C's defienden la justificación de estas instituciones, con el consabido argumento de que son una institución que tiene su apoyo en el Derecho de la UE. Es verdad que el PSOE, que ha denunciado la grave situación de los CIE en numerosas ocasiones, no se ha pronunciado oficialmente y con claridad por el cierre, aunque buena parte de quienes trabajan sobre temas de inmigración en el partido sí lo han exigido. Estamos ante un importante test para el Congreso en esta legislatura. Unidos Podemos y, con mucha claridad, los coaligados con el partido de Iglesias, participan de la campaña por el cierre. También una parte de los partidos nacionalistas, como ERC, Geroa Bai, o Bildu. Ya fue así en legislaturas anteriores: baste recordar la campaña constante de preguntas parlamentarias y denuncias por parte del ex diputado Jon Iñarritu.

Se trata de una prueba, sobre todo, para el PSOE. Y ahí van algunas preguntas para sus nuevos responsables, para saber qué entienden por izquierda, cómo entienden la lucha por la igual libertad y garantía de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales que son Derecho vigente. Para que verifiquemos que el PSOE se empeña en una labor de oposición crítica y constructiva, sería instructivo saber la respuesta del PSOE a preguntas como las siguientes:

¿Recurrirá el grupo parlamentario del PSOE al argumento/coartada del “sentido de Estado” que propicia la investidura de Rajoy, y por tanto mantendrán la posición pseudoreformista de PP y C's sobre los CIE? ¿Volverán a acudir al tópico de “lo dice la UE”? ¿Asumirá oficialmente la actitud de tibieza que ha caracterizado a una parte del grupo europarlamentario socialista, ahora que ha tomado las riendas el prudente Sr. Jáuregui, siempre receptivo a las instrucciones de la mayoría del Parlamento Europeo en estas materias de inmigración y asilo? ¿Olvidarán el oprobio que esa UE inflingió al aprobar la directiva de 2008/211/CEE, directiva de retorno, justamente conocida como “la directiva de la vergüenza”? ¿Olvidarán que los CIE se convierten en piezas clave de la política migratoria europea, en aras de imponer una política de retorno a inmigrantes “sobrantes” y a los culpables del delito de irregularidad? ¿Contribuirán a que sigamos practicando ese estado de excepción a las reglas del Estado de Derecho, que permite el disparate de internamiento con privación de libertad a miles de personas que no han cometido delito alguno, hasta un límite de 18 meses? ¿Harán que siga siendo posible esa “industria del desecho humano” que, respecto a inmigrantes y refigados practica la UE, como han denunciado Agamben, Bauman, Sassen, Lochak y tantos otros y en particular la red europea Migreurop?

Ya no sirve la retórica. Muchos de nosotros creemos que hay en esta legislatura una mayoría parlamentaria para derogar esta vergüenza. Creemos que el PSOE, para ser fiable, también para la tan cacareada oposición eficaz, debe apoyarla. A la espera estamos.

El SUP pide medidas ante la "creciente tensión" en el CIE de Aluche

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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia. Fue presidente de CEAR. Autor de 

Mediterráneo: el naufragio de Europa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015.