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'FootballLeaks', el juez y nosotros

Leer que un juez español solicita prohibir en toda Europa la publicación de Football Leaks provoca en primer lugar un susto, después cierta hilaridad y finalmente sonrojo. El auto dictado el pasado 2 de diciembre por el magistrado Arturo Zamarriego ha dejado temblando (por enésima vez) la Marca España. Defender a estas alturas del siglo XXI la censura informativa, e intentarlo además a escala europea desde un juzgado de instrucción de Madrid, es como prohibir que suban las mareas o decretar la detención del viento.

Pero la cosa no es de risa, ni mucho menos. Lo que están desvelando los medios que integran la red de Colaboraciones de Investigación en Europa (EIC), entre ellos Mediapart (socio editorial de infoLibre) en Francia o El Mundo en España, es una gigantesca máquina de blanquear dinero creada para que estrellas del mundo del fútbol eludan los impuestos que les corresponde pagar en el país en el que residen. Sólo Cristiano Ronaldo habría desviado a las Islas Vírgenes y a Suiza 150 millones de euros cobrados por derechos de imagen. Con este sistema de elusión fiscal, Ronaldo y otros ilustres nombres de astros del fútbol habrían pagado al fisco español (como mucho) un 4% de sus ingresos publicitarios.

El auto del juez Zamarriego se produce a requerimiento del despacho de abogados  Senn Ferrero Asociados Sport & Entertainment S.L.P, que solicitó medidas cautelares tras conocer que la información que se está publicando sobre esa red de evasión fiscal procede de 18,5 millones de documentos digitales sustraídos al citado bufete. El juez decide la prohibición de cualquier “información impresa o digital de carácter personal, financiera, fiscal y o de índole legal de los clientes de la entidad Senn Ferrero”. Y lo fundamenta en el artículo 197 del Código Penal, que prevé sanciones de cárcel contra quienes vulneren el secreto de los datos personales contenidos en soportes informáticos. Es obvio que esa responsabilidad sólo podría recaer en quienes hayan hackeado o sustraído los archivos del bufete, no en los medios que han recibido la filtración de esos 18,5 millones de documentos. Sin embargo, tanto el juez como ilustres abogados interpretan que el apartado 3 de ese artículo 197 del Código Penal también sanciona con penas de prisión a quienes difundan o revelen a terceros esos datos “con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento”.

Para aplicar tales penas contra medios y periodistas habría que demostrar con pruebas el “conocimiento del origen ilícito” de los datos que han contrastado además con el bufete y con algunos de sus clientes antes de proceder a su publicación. Pero no hace falta llegar a ese punto del debate. De hecho aquí ni siquiera se está discutiendo la frontera entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Está sobradamente asentado en la doctrina constitucional la prevalencia de la libertad de información sobre la protección de la intimidad cuando se trata de datos de interés público y con la condición de su veracidad.

Un debate tramposo

En realidad aquí se está confrontando una vez más el derecho de defensa con el derecho a la información. Advierten desde esas instancias jurídicas, aplaudiendo la decisión del juez Zamarriego, que no se puede tolerar la difusión de datos protegidos  de un despacho de abogados porque se está violando ese derecho fundamental a una defensa con todas las garantías.

A mi modesto entender, como periodista y ciudadano-contribuyente, se está manipulando de forma torticera el asunto. No sólo es un derecho sino una obligación del periodismo (y de cualquier ciudadano) denunciar públicamente la posible comisión de una irregularidad que daña los intereses de la comunidad. Pocas cuestiones tan obvias en este sentido como el daño que nos provoca al resto de los contribuyentes el hecho de que determinados individuos eludan la obligación de pagar a Hacienda lo que exactamente les corresponde. Todo asalariado que trabaja al menos tres días de cada siete para la caja común entiende a la perfección que Cristiano Ronaldo, Leo Messi o cualquier otro futbolista, metan goles o los paren, deben pagar al fisco el porcentaje correspondiente de sus ingresos. Denunciar que no lo hacen no es un derecho ni un capricho periodístico sino una obligación cívica y hasta legal. Si me apuran, hay filtraciones masivas que deberían estar no ya castigadas sino premiadas por el Estado.

Y respecto a la discusión sobre ese apartado 3 del artículo 197 del Código Penal, a este servidor le sugiere lo que le sugieren tantos otros debates interesados. Se trata de una trampa para esconder el meollo de este asunto: grandes despachos de abogados quieren disfrazar como derecho de defensa lo que en realidad esconde un papel imprescindible para la comisión de un delito. ¿Un representante de jugadores de fútbol (por muy listo que sea Jorge Mendes) es capaz por sí solo de organizar un entramado societario en paraísos fiscales para que sus futbolistas paguen a Hacienda el 4% en lugar del 43%, por ejemplo? ¿No son los propios bufetes de abogados y asesores los que realmente están especializados y organizan esas redes opacas que tantos esfuerzos cuesta a la Agencia Tributaria desentrañar?

El agente de Jovic y su socio, imputados por delito fiscal y blanqueo de dinero, se niegan a declarar ante la juez

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La responsabilidad de entidades bancarias y despachos de abogados en las sofisticadas tramas de evasión fiscal está comprobada en miles de casos, entre ellos la filtración de Falciani sobre el HSBC o los archivos de Mossack Fonseca y los Papeles de Panamá. De modo que si hay un párrafo del Código Penal que puede ser utilizado para sostener las enormes lavadoras de dinero que escapan a la caja común, lo que tienen que hacer los legisladores es suprimir o cambiar ese párrafo y añadir otros que persigan de forma contundente y definitiva la mala praxis de ilustres juristas que trabajan muy eficazmente a favor del delito o en su encubrimiento.

Y una pregunta más, para ir abriendo otros frentes interesantes en FootballLeaks: ¿los grandes clubes de fútbol y las grandes marcas multinacionales que pagan esos disparates en derechos de imagen serán convenientemente investigadas? No hace falta ser magistrado ni fiscalista para deducir que si una empresa paga a una sociedad radicada en Islas Vírgenes por el trabajo que Ronaldo desarrolla en Madrid es perfectamente consciente de lo que está haciendo.

Hay muchos aspectos criticables del uso de las nuevas tecnologías y redes, pero hay algo muy positivo en términos democráticos. Por muchos abogados, jueces y poderosos Florentinos que existan, toda información de interés público que llegue a un periodista honesto capaz de contrastarla será difundida y su repercusión imposible de frenar. Como el viento o las mareas.

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