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Medio ambiente

“La Ley de Costas se ha hecho con hermetismo para beneficiar determinados intereses”

  • La portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, sostiene que la nueva legislación se llevó a cabo sin atender las demandas de la comunidad científica y los grupos ecologistas
  • Un informe de la ONG relaciona a políticos ligados al Partido Popular con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas

Publicada 01/04/2013 a las 06:00 Actualizada 02/04/2013 a las 11:04    
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La portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La portavoz de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

La organización ecologista Greenpeace lo tiene claro. Detrás de Ley de Costas, aprobada el pasado febrero en el Congreso con el único apoyo del PP, hay unos "intereses privados" encaminados a favorecer a determinadas personas ligadas al partido que sustenta al Gobierno. Al menos, eso es lo que sostienen en el polémico informe en el que vinculan al ministro Miguel Arias Cañete y a exdirigintes del PP como Abel Matutes o Gabriel Cañellas con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas. La portavoz de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, sostiene en una entrevista a infoLibre que la nueva legislación favorece a los que han "especulado con el suelo" y obvia el cuidado del ecosistema costero. 

En su informe denuncian que la Ley de Costas se ha hecho a medida para beneficiar a determinados políticos ligados al PP. ¿En qué basan esta acusación?


El caso más clamoroso, y el que nos puso en alerta, es el de la salinas. En una conferencia, el exministro de Exteriores, Albel Matutes dijo sobre la Ley de Costas que era un desarrollo sobre el que había trabajado "mucho". Este señor es vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE y dueño del Grupo Matutes, que tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de salinas en Ibiza. La ley propone ahora sin justificación su devolución a manos privadas, pues el proyecto de reforma incluye un nuevo apartado en la disposición transitoria primera que dice que las salinas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre. Esto es sólo una muestra de que la ley se ha hecho para beneficiar determinados intereses y del hermetismo con el que se ha llevado a cabo. 

¿A qué se refiere con ese hermetismo?

Los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (patronal, sindicatos y organizaciones ecologistas) sólo vimos el borrador el mismo día que la reforma se presentó en el Consejo de Ministros, el pasado julio. Después sí se abrió un periodo de participación pública en una fecha un poco rara, pues coincidió con el mes de agosto. Y eso después de que lo demandáramos todos menos la CEOE, que celebró al dedillo el borrador. Eso hace pensar que quizá ellos [los empresarios] sí pudieron participar en su elaboración. Después, lo único que recibimos es un acuse de recibo de nuestras alegaciones y no supimos nada más hasta que por un chivatazo nos enteramos de que la ley iba a ir de nuevo al Consejo de Ministros. Tampoco se ha consultado a la comunidad científica. 

De su investigación, ¿quiénes se deduce entonces que son los principales beneficiados?

Están todos en el informe: Villar Mir (ministro de Hacienda entre 1975 y 1976), familiares del titular de Agricultura Miguel Arias Cañete, el propio Abel Matutes, Gabriel Cañellas... aunque suponemos que hay más de los que hemos podido llegar a descubrir. La ley de 1988 necesitaba una vuelta, pero que sirviera para troteger más el medio ambiente y lo que hace la nueva no es precisamente eso. Además, está está elaborada con tantas sombras que es difícil saber cómo va a quedar finalmente. 

¿Sostienen que esta nueva legislación –aprobada el pasado febrero en el Congreso– no ha sido hecha teniendo en cuenta el interés general?

Totalmente. Lo último que hace es cuidar el ecosistema costero y apreciar su valor como medio natural. Se ha pasado una de las principales líneas rojas, pues se amplía a 75 años la moratoria para casas construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre (las playas). Y además estos podrán venderlas, que antes estaba prohibido, e incluso hacer reformas. Es decir, los que han especulado con el suelo tienen el beneplácito de la Administración, van a ver consolidadas construcciones que son ilegales. También supone una privatización de la costa, pues se recorta la protección del litoral, que ahora era de 20 metros para dentro y se lleva hasta los 100. Así, de esta manera en muchos tramos de rías atlánticas se podrán ocupar sus márgenes. Esto beneficia a gente que tiene negocios en la costa como Juan Miguel Villar Mir u otros tantos con conexiones políticas. 

El Gobierno, sin embargo, siempre ha sostenido que esta ley atraerá la inversión. Y es un argumento que puede calar fácilmente en especial si se tiene en cuenta el tiempo de crisis. ¿Cómo lo rebaten ustedes?

En 2007 se proyectaban tres millones de viviendas y ahora tenemos una de las tasas de paro más altas de la UE, estamos en el grupo de países que están al borde del rescate... pensar que ese tipo de desarrollo nos va a hacer ricos no es muy inteligente. 


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