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Educación

El juez se ve obligado a dictar dos autos en una tarde para que la Comunidad de Madrid facilite alimentos a unos profesores encerrados

  • Los representantes sindicales denunciaron ante el Juzgado de Guardia que la Consejería impedía el paso de alimentos y les forzaba a mantener una huelga de hambre
  • El motivo de la protesta es el nuevo baremo en la lista de interinos, que obligará a aprobar la oposición cada dos años

Publicada 18/04/2013 a las 06:00 Actualizada 18/04/2013 a las 22:32    
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Representantes de los profesores encerrados en el edificio de Educación.

Representantes de los profesores encerrados en el edificio de Educación.

EMI SANCHEZ
Han hecho falta dos autos judiciales en una misma tarde para que los representantes de la Mesa Sectorial de Educación, que permanecen encerrados en un edificio de la Consejería del pasado martes, puedan cenar hoy por primera vez en tres días. Dos resoluciones que, al menos sobre el papel, ponen fin a las "coacciones" y al "trato denigrante" que han sufrido, según ha detallado la abogada María Pérez a infoLibre.

El encierro comenzó el pasado martes, y no pretendía ser más que eso, un encierro, una medida de protesta para "presionar a la Consejería a iniciar las conversaciones", ha explicado Virginia Fernández, de UGT. Los representantes de los profesores consideran que los nuevos criterios de ordenación de las listas de interinos supondrán una gran pérdida para la escuela pública, ya que con ellos se sacrifica a los candidatos con más experiencia y se obliga a los candidatos a repetir las oposiciones cada un mínimo de dos años si se quieren tener oportunidades de trabajo,

Sin embargo, la actitud de los vigilantes de la seguridad privada de la sede, con instrucciones directas del departamento de Lucía Figar, ha hecho que el encierro se convierta en una huelga de hambre forzada. "Se les ha impedido recibir alimentos llevados por familiares y amigos, y se les ha negado el acceso a las máquinas expendedoras y a los baños públicos", ha dicho Pérez. Ante estos hechos, ella y Juan Antonio Gil, también abogado de UGT, solicitaron este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, como medida cautelar, que se permitiera a los encerrados recibir comida y utilizar los váteres.

Un día después, el Juez accedió a esta petición "por exclusivas razones humanitarias y con la finalidad de evitar cualquier perjuicio para la salud de las personas que allí se concentran", reza el auto judicial. La primera resolución indica que "se accede a permitir la entrada de agua y alimentos suficientes para una jornada. Igualmente, deberá de permitirse el uso de los servicios a los que allí dentro permanecen".

Cambios y recortes en el menú

El auto, conocido a media tarde, era celebrado en el interior del edificio, pero cuando el asunto parecía solventado hubo un inesperado cambio de menú: la Comundidad de Madrid indicaba a los profesores que tan sólo se les iba a permitir comprar comida en la máquina de sándwiches del edificio. Y por si alguien pensaba que en quedarse sin monedas como excusa, aclaraban: "Si no tienen cambios, se les facilitarán".

Han hecho falta varias llamadas telefónicas y un segundo auto para resolver la situación y poder cambiar el sándwich de máquina por una cena caliente. "A la vista de las dudas surgidas, se aclara que la entrega de la comida y alimentos deberá de hacerse por los vigilantes, debiendo ser los familiares de las personas que permenecen encerradas quienes hagan entrega a dichos vigilantes de los alimentos y bebidas referidos", indica la segunda resolución judicial.

Eso sí, aunque la cena no será finalmente un sándwich, no podrá ser demasiado abundante: los vigilantes de seguridad se han quedado con una parte. "Han retirado comida porque ellos consideran que es suficiente para una jornada, como dice el auto", ha explicado una de las encerradas, Emi Sánchez.

Una huelga de hambre forzosa

En el interior del edificio, los alimentos han sido celebrados entre las críticas a lo ocurrido desde la tarde del martes. "No creíamos estar en España, en Europa. Parecía que estábamos en una dictadura. La denegación de alimentos no se contempla en ningún sitio, y Lucía Figar ha impedido que nos lleguen. Nos ha parecido muy triste. No respeta la democracia", ha dicho Sánchez.

A consecuencia de la privación de alimentos que han sufrido, varios de los integrantes de la Mesa han tenido que abandonar el encierro, e incluso dos de ellos han requerido atención del SAMUR, por bajadas de azúcar y otras complicaciones que no han revestido mayor gravedad. A estas horas, cuatro representantes sindicales permanecen aún en el edificio de la Consejería.

Los alimentos no han sido los únicos detenidos por los vigilantes de seguridad privada de la sede. También se ha prohibido el paso al edificio de Educación a los abogados de los encerrados, a la senadora y diputada en la Asamblea de Madrid Maru Menéndez (PSOE), a la también diputada regional Lali Vaquero (IU) y, en definitiva, a todos quienes se han acercado a interesarse por el estado de las personas encerradas. Los vigilantes también han hecho caso omiso a las indicaciones de la Policía Nacional, que ha intentado que se permitiera la entrada, al menos, a los abogados de la Mesa. "La Policía ha mediado sin éxito, pero luego ha desaparecido tras recibir una llamada", ha indicado Virginia Fernández, de UGT.

Ante la negativa de los vigilantes, la abogada María Pérez ha solicitado que esta circunstancia conste en el atestado policial. "Se están vulnerando sus derechos fundamentales como sindicalistas", ha afirmado. "La Consejera Figar ha dicho a Maru Menéndez que puede impedir el paso de alimentos, que es como si ella quisiera entrar en la sede del PSM. Ha comparado la sede de un partido con un edificio público", se quejaba, por su parte, Fernández.

Un "roto brutal" a la escuela pública

Pero, más allá de la situación vivida, las personas encerradas insisten en que no quieren que se olvide el motivo de su protesta: la modificación de los criterios de ordenación del listado de profesores. La intenciones de Lucía Figar hacen que, en la práctica, sólo puedan permanecer en esa lista quienes hayan superado alguna de las dos últimas convocatorias de oposición, algo que obligará a preparar los exámenes y aprobarlos cada al menos, dos años. Según los cálculos de UGT, cuatro de cada cinco docentes se quedaría fuera ahora mismo.

Además, se reduce la importancia que se otorga a otras cuestiones más allá de la calificación del examen, por ejemplo, la experiencia profesional: "La experiencia es importante en cualquier trabajo, y más en lo docente. Se trabaja con niños, con las familias, y no sólo con los conocimientos que te da la Universidad", apunta Virginia Fernández. "Detrás de todo esto hay un interés de la Comunidad de Madrid por controlar las listas, de manera que no haya gente que pueda mantenerse en ellas", asegura.

En cualquier caso, la Consejería ya ha previsto que muchos de los actuales opositores se retirarán, y ante la posible falta de candidatos ha anunciado la creación de una lista extraordinaria: "Una lista que no se sabe cómo se formaría", según denuncia Emi Sánchez. "No se ha aclarado si habría que dejar el currículo en Génova con un sobre", bromea.

"El decreto es lesivo, provoca rotación e inestabilidad, y rompe un acuerdo muy equilibrado que lleva firmado desde 2006", insiste Virginia Fernández. "Es una pérdida impresionante para la escuela pública, y todo para ahorrar", explica Emi Sánchez. Según sus palabras, Educación pretende excluir a los interinos con más experiencia porque una reciente directiva europea ha obligado a reconocer –y por tanto abonar– su experiencia. "Quizá ahorre, pero nos va a hacer un roto brutal. Y supone, para la gente que lleva 10 o 12 años y tiene ahora en torno a 40 o 45 la muerte laboral", concluye.

A las 22:00 horas, Emi Sánchez, una de las cuatro personas que permanece en el interior del edificio, ha informado de que la jefa de servicio de la Secretaría Técnica de la Consejería les ha entregado un papel sin membrete ni sello alguno en el que se acusa a los representantes de los profesores de estar en una "ocupación ilegal". La nota otorga un plazo de una hora a los representantes sindicales para abandonar el lugar. Tras negarse a firmar un recibí, les han retirado el folio. A estas horas, quienes permanecen encerrados consultan qué hacer con sus abogados.


1 Comentarios
  • 1 cm 19/04/13 13:33

    Pero están violando derechos humanos y actuando como dictadores! No hay ningtún juez que tome medidas y les acuse de todos estos atropellos? Es criminal.

    Responder

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