Religión
Entesa lleva al Senado la anulación del Concordato
El senador de Entesa pel Progrés de Catalunya Joan Saura, perteneciente a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), ha registrado en el Senado una proposición de Ley de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto en la que propone derogar los acuerdos establecidos con la Santa Sede en 1979 e impedirque los menores estén obligados a instruirse en una religión.
El texto pretende desarrollar el artículo de la Constitución Española que regula la aconfesionalidad del Estado y hacerlo extensivo al resto de opciones de pensamiento.
La proposición de ley recoge que, en el plazo de dos meses posteriores a la entrada en vigor de la misma, el Gobierno “iniciará los trámites para la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede relativos a nombramientos, asuntos jurídicos, asuntos económicos, sobre enseñanza, asuntos culturales y sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas”.
Contra la religión en la escuela
ICV propone además invalidar la presencia de la Religión en la escuela al impedir que ningún menor sea "obligado a instruirse en una religión o en un sistema de convicciones atendiendo al principio de capacidad progresiva del menor”.
La vigente Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, que desarrolla la aconfesionalidad del Estado recogida por la Constitución, dictamina que toda persona tiene derecho a elegir "para sí y para los menores no emancipados e incapacitados", la educación religiosa y moral dentro y fuera de las escuelas.
Las comunidades religiosas deberán financiarse con sus propios recursos
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Saura quiere que el Estado no subvencione a asociaciones religiosas y que sean ellas las que se financien con sus propios recursos, aunque deja abierta la opción a aquellas actividades de asociaciones o entidades religiosas que se consideren de interés público.
Por último y en relación a los representantes y a la Administración pública, la proposición de ley quiere obligarles a actuar conforme al principio de aconfesionalidad del Estado. Además, durante la celebración de actos públicos, tratarán a los representantes de las comunidades religiosas al mismo nivel que otros de la sociedad civil, sin darles ningún privilegio especial o superior.
