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Transparencia

Estado de opacidad

  • "En España, la denegación de información es la norma y conseguirla es cuestión de suerte", explica Victoria Anderica
  • "Los partidos son instituciones relativamente opacas", afirma Fernando Vallespín
  • "En el proyecto de ley actual no hay ninguna medida concreta sobre la Casa del Rey, sólo tenemos compromisos teóricos del Gobierno", señala Joan Josep Nuet

Publicada 29/05/2013 a las 21:18 Actualizada 30/05/2013 a las 00:58    
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El patrimonio del rey es todavía un tema tabú.  CASA DEL REY

El patrimonio del rey es todavía un tema tabú. CASA DEL REY

España vive una situación de "opacidad generalizada". Es el diagnóstico de Jesús Lizcano, presidente de Transparencia internacional España, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo de expertos que estudió el anteproyecto de Ley de transparencia. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes que carece de legislación en la materia.

El proyecto de ley, cuyas enmiendas a la totalidad se votan este jueves en el Congreso de los Diputados, lleva más de ocho meses atascado en la Cámara baja. En este tiempo, el plazo para la presentación de enmiendas se ha ampliado en más de treinta ocasiones. Y a pesar de su largo recorrido, el texto suscita aún numerosas críticas: "La norma no reconoce un derecho completo. Prácticamente, sólo obliga a publicar presupuestos, contratos y licitaciones", señala Victoria Anderica, directora de campañas de Access Info Europe.

A la espera de conocer el resultado del trámite parlamentario y de la aprobación final de la Ley de transparencia, los expertos coinciden en señalar que existen numerosos espacios opacos en las instituciones españolas. Datos a los que acceder resulta extremadamente complejo, si no imposible.

El acceso de los ciudadanos a la información

¿Qué ocurre cuando un ciudadano demanda información a la administración? Según los informes de tuderechoasaber.es, sólo una de cada ocho peticiones recibe una contestación satisfactoria. En más de la mitad de ocasiones –54%–, la pregunta no obtiene respuesta alguna. Y en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el silencio administrativo tiene valor negativo.

Por contra, la legislación países como Serbia en materia de transparencia recoge, de forma expresa, que la Administración dispone de un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud para ofrecer al ciudadano una respuesta.

"En España, la denegación de información es la norma y conseguirla es cuestión de suerte", concluye Anderica, quien añade que a pesar del reconocimiento de tribunales internacionales al derecho de acceso a la información, el Gobierno insiste en que el reglamento jurídico español no lo reconoce.

Entre los datos que señala como imposibles de conseguir hay cuestiones de todo tipo: las cifras a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid alude para justificar la privatización de la sanidad por motivos de ahorro económico, las estadísticas sobre los centros escolares públicos, las resultados de las inspecciones de sanidad a locales de hostelería y el total de dinero público entregado a las entidades financieras figuran en el listado, entre otros ejemplos.

Transparencia de los partidos políticos

"Los partidos son instituciones relativamente opacas", afirma Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. En su opinión, sería deseable poder conocer con mayor claridad de dónde provienen los ingresos de estas organizaciones y en qué se gastan. "Los partidos no están regulados, se autorregulan. Y aunque están sometidos al control del Tribunal de Cuentas, el ámbito de discrecionalidad es casi completo", añade.

Dentro de ese ámbito de discrecionalidad, la sombra de la sospecha planea especialmente sobre los gastos de representación: "¿Son una especie de sueldo encubierto o son partidas bien empleadas?", se pregunta el experto. "Ante un partido político, el ciudadano debería poder exigir cuentas: ¿Cuánto se dedica al pago de salarios?, ¿Cómo se financian los viajes?", concluye.

Monarquía

Varios expertos coinciden en señalar que la Casa del Rey dio un paso adelante con la publicación de un breve desglose de su presupuesto a partir del año 2011. "A raíz del incidente de Botswana y del caso Urdangarín, la Casa tuvo esa iniciativa", apunta Vallespín, quien la valora de forma positiva. "Desde la publicación de su presupuesto, la Casa del Rey ya no es opaca", opina Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Sin embargo, no todas las voces están satisfechas con ese avance: Joan Josep Nuet, diputado de Izquierda Plural, asegura que la Casa del Rey únicamente tendrá "una aparición 'light'" en a futura Ley de transparencia. "En el proyecto de ley actual no hay ninguna medida concreta, sólo tenemos compromisos teóricos del Gobierno", añade. El proyecto de ley en marcha equiparará según el Gobierno, el nivel de transparencia de la monarquía con el del Congreso y el Senado, aunque aún no se ha determinado cómo se hará.

El cálculo total puede terminar siendo complejo, ya que a las asignaciones directas hay que sumar las partidas que diferentes ministerios dedican a cubrir gastos relacionados con la Casa del Rey, como dispositivos de seguridad, desplazamientos o mantenimiento de residencias y dependecias usadas por la familia real. El patrimonio del rey sigue siendo, además, un tema tabú que en otras monarquías europeas se aborda con naturalidad.

Iglesia católica

Al igual que ocurre en el caso de la monarquía, aún no está definido en el proyecto de Ley a qué requerimientos de transparencia se verá sometida la Iglesia católica, según explica Nuet. El diputado asegura que ha habido reuniones entre el Ejecutivo y la Iglesia para precisar hasta qué punto quedará la institución sometida a la nueva legislación, aunque el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanala, ha negado este extremo: "Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial sobre este asunto", ha dicho este miércoles.

Durante el año 2013 el Estado entregará de forma directa más de 13 millones de euros al mes a la Iglesia católica. Una cantidad de cuyo destino final se conoce poco o nada. "La Iglesia recibe una ingente cantidad de dinero público de forma directa e indirecta, y debería dar cuenta de ello", concluye Nuet. Y es que las distintas partidas de fondos públicos que reciben la Iglesia y las organizaciones religiosas por los servicios que prestan en áreas como la Educación, sanidad o servicios sociales suman 11.000 millones de euros según organizaciones como Europa Laica.

Otras instituciones

"Esperamos que la nueva ley clarifique datos sobre los ingresos y los gastos de algunos órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial", señala Yolanda Gómez. En la lista de instituciones que estarán previsiblemente sujetas a un control están también el Congreso de los Diputados y el Senado.

"Hasta ahora el único compromiso del Gobierno es que en la medida que reciben fondos públicos van a aparecer en la ley, pero aún no se sabe qué significa eso. Y lo importante no es figurar en el texto, sino la forma en la que queden reguladas", añade Nuet.

Empresas que contratan con la Administración

Las empresas que contratan con la Administración y que reciben la mayor parte de sus ingresos de fondos públicos también se mueven en el terreno de la opacidad. "Ahora que estamos sufriendo los recortes, nos preguntamos por qué se hicieron determinadas obras", explica Vallespín, que cree que en ocasiones puede haber intereses ocultos detrás de las licitaciones, "a pesar de que se supone que son decisiones de carácter técnico", apunta.

La futura Ley de Transparencia será además supervisada por una agencia de evaluación que dependerá directamente del Ministerio de Administraciones Públicas, otro de los aspectos que más critican los diferentes expertos conultados, entre los que hay dudas acerca de la independencia de este organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa que se apruebe.



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