Los papeles de Bárcenas
El juez investiga un posible fraude fiscal de Rajoy y se plantea citarlo a declarar como testigo
El magistrado que instruye el caso Bárcenas ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si tiene que citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esta decisión del juez Ruz se produce después de que las acusaciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y de Manos Limpias pidiesen la declaración como testigos de Rajoy, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del exvicepresidente Rodrigo Rato, entre otros.
En su declaración judicial del pasado lunes, Bárcenas declaró que había entregado 45.000 euros en efectivo a Rajoy y otros 45.000 euros a Cospedal, en los años 2009 y 2010.
De esta forma, el responsable del Ministerio Público, Antonio Romeral, tendrá que presentar un escrito argumentando si accede o no a las peticiones de las acusaciones populares.
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Una vez incorporadas las anotaciones contables originales y documentacion auxiliar aportada por Barcenas a la causa, el juez pide a los peritos de Hacienda que informen respecto de las obligaciones fiscales que hubieran de incumbir al PP y a diversos dirigentes del partido, en relacion con el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de la Renta de Personas Fisicas (IRPF) para los ejercicios 2007 en adelante.
Ruz también solicita a Hacienda que informe respecto a las obligaciones fiscales en relacion con las personas fisicas y juridicas supuestamente perceptoras de rentas procedentes de la denominada "caja B" del Partido Popular, para los mismos impuestos y ejercicios fiscales (2007 en adelante). En este último caso con inclusion de las repercusiones en el IVA, y específicamente en lo que se refiere al arquitecto Gonzalo Urquijo y a la mercantil Unifica Servicios Integrales (que es propiedad de Urquijo). De acuerdo con el extesorero, Urquijo fue el encargado de dirigir una reforma de la sede del PP y cobró en negro aproximadamente el 30% de la obra.
El magistrado pretende determinar las contingencias tributarias que procedieren en cada caso y si las mismas tienen trascendencia jurídico penal. El juez pide ademas a los peritos de IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) un informe para determinar si existe vinculación entre las supuestas donaciones recibidas con las adjudicaciones a las empresas donantes.
