La corrupción le cuesta a cada ciudadano más de 800 euros al año

Un estudio realizado por los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha concluido que el coste social de la corrupción en España es de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales, lo que supone hasta 840 euros al año por cada español.

El trabajo se basa en un total de 889 encuestas realizadas en noviembre de 2008 y tiene un margen de error del 3%. En él se ha empleado una fórmula que, según sus autores, elimina el sesgo de las respuestas de los encuestados a la hora de cifrar el perjuicio causado por la corrpción. La conclusión principal del trabajo es que "la corrupción es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional".

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Tal y como detallan los autores, a partir de las respuestas sobre el nivel de satisfacción de cada uno de los encuestados con su situación personal y de los datos sobre corrupción percibida, se obtiene el total del coste social atendiendo a la utilidad marginal de los ingresos. De este modo, los investigadores sostienen que consiguen ir más allá de los datos de impacto "directo" sobre casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente, y se estima el coste para la sociedad. Esta suma incluye factores como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.

En este sentido, y en una escala de 1 a 5 (donde 1 es "nada importante" y 5 "muy importante"), los encuestados cifraron la relevancia de la corrupción en España en 3,94 puntos a nivel global. Preguntados por aspectos más concretos, los preguntados otorgaron 3,51 puntos a la importancia de "sobornar empleados públicos para obtener un tratamiento especial" y 2,8 puntos en la misma escala a la relevancia de "pertenecer a un partido para tener un empleo en la Administración o el Gobierno".

Los tres investigadores concluyen que la corrupción "es capaz de generar importantes impactos económicos y sociales que limitan el aumento del bienestar social en el medio y largo plazo", y aseguran que se trata de "una causa de ineficiencia, que incrementa el gasto público ineficiente, reduciendo la capacidad y efectividad de las políticas públicas y generando inseguridad y pesimismo".