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Tasas judiciales

La Audiencia Nacional cree que las tasas judiciales limitan el acceso a la Justicia

  • La Audiencia alerta sobre lo desproporcionado del importe en algunos casos
  • El auto cuestiona si las tasas no contravienen el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos

infolibre Publicada 06/09/2013 a las 21:26 Actualizada 06/09/2013 a las 21:38    
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Sede del Tribunal Constitucional

Sede del Tribunal Constitucional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales. La Audiencia entiende que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un "impedimento innecesario" e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.

Los magistrados preguntan ahora al Alto Tribunal si la norma contraviene cuatro artículos de la Constitución. En concreto, el precepto que garantiza la tutela judicial efectiva en el artículo 24.1, la igualdad de los españoles amparada en el 14, la promoción de las condiciones de igualdad contemplada en el 9.2 y el artículo 31.1 referido al sostenimiento de los gastos públicos.

La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de "ciertos límites y procedimientos y circunstancias", es "perfectamente" constitucional, pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a los tribunales. En este contexto, expone que las consecuencias de la falta de pago puede suponer una traba "innecesaria, excesiva" y carente de "razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador".

En esta misma línea, la Sala entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, como es la financiación de la Administración de Justicia y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que debe presidir todo sistema tributario, tal y como señala el artículo 31 de la Constitución.

Especialmente crítica se muestra la Audiencia con las tasas en materia de recursos, ya que avisa de que la cuantía resulta en algunos casos "desproporcionada" y pone de relieve la reducción de asuntos que ya se está produciendo en el orden de lo Contencioso.

Las nuevas tasas judiciales, que entraron en vigor el pasado diciembre, han sido rechazadas por gran parte del sector jurídico, así como por sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista, la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona ya han preguntado al TC si los nuevos gravámenes se ajustan a los límites de la Constitución.


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