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Vivienda

Andalucía aprueba como ley el decreto antidesahucios que el Gobierno llevó al Constitucional

  • La norma, que amplía el contenido del decreto-ley aprobado en abril, ha salido adelante con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A
  • Se podrá expropiar a los bancos el derecho de uso de las viviendas de familias en peligro de desahucio y se sancionará a las personas jurídicas que mantengan inmuebles vacíos y se nieguen a ofrecerlos en régimen de alquiler
  • El recurso del Ejecutivo central al Tribunal Constitucional paralizó el decreto-ley original

Publicada 25/09/2013 a las 19:08 Actualizada 25/09/2013 a las 20:53    
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La consejera de Vivienda, Elena Cortés, junto al consejero de Educación, Luciano Alonso, en el Parlamento andaluz.  EFE

La consejera de Vivienda, Elena Cortés, junto al consejero de Educación, Luciano Alonso, en el Parlamento andaluz. EFE

Las medidas antidesahucios que aprobó el Gobierno de la Junta de Andalucía en abril y que el Ejecutivo central desactivó con un recurso al Tribunal Constitucional poco después vuelven a estar en vigor. Y ampliadas. En esta ocasión no en forma decreto-ley, sino convertidas en ley aprobada por el Parlamento andaluz. Pese al cambio formal, el fondo de la medida sigue siendo el mismo: permite expropiar temporalmente a los bancos el derecho de uso de las viviendas en las que residan familias en situaciones comprometidas que vayan a ser desalojadas y prevé sanciones a las entidades e inmobiliarias que mantengan inmuebles vacíos y se nieguen a ofrecerlos en régimen de alquiler.

Además, se han ampliado las coberturas que ofrecía el decreto-ley de abril. La ley aprobada por la cámara autonómica también protege a los avalistas, a los autónomos y a los afectados por las hipotecas puente. En el primer caso, se trata de personas que respaldaron a un tercero, generalmente un familiar, y que están en riesgo de perder su vivienda por el impago del préstamo. En el segundo, son trabajadores por cuenta propia que ofrecieron su hogar como garantía en inversiones relacionadas con su actividad profesional. De igual forma, se refuerzan los mecanismo para cubrir a los desahuciados de viviendas de alquiler, aunque este último punto deberá desarrollarse en un reglamento que se aprobará antes de finales de año.

La norma ha sido aprobada este miércoles en la cámara autonómica gracias a los votos de los parlamentarios socialistas y a los de Izquierda Unida. En contra ha votado el PP-A. La diputada conservadora Alicia Martínez ha considerado que el decreto-ley se aprobo en su día pensando más "en el ruido mediático" que en aportar soluciones, y ha afirmado que los 80.000 desahucios que se han producido desde 2007 tienen la firma del PSOE. En referencia a la ley aprobada ahora, ha considerado que "sólo servirá a IU para hacer campaña y al PSOE-A para confrontar con el Gobierno".

Recurrido al TC

Con la luz verde obtenida por la norma en el Pleno de la cámara regional, la Junta vuelve a contar con los mismos instrumentos que puso en marcha con el decreto antidesahucios aprobado en abril. En aquella ocasión, los parlamentarios regionales del PP no votaron en contra, lo que alentó la esperanza de que el Ejecutivo central no recurriera al Constitucional. Pero, tras las advertencias del ministro Guindos, que dijo que esperaba una corrección por parte de la Junta, los peores augurios para el bipartito andaluz se cumplieron: el Consejo de Ministros anunció que llevaba la norma al Constitucional y el Alto Tribunal paralizó la aplicación de la medida. Ese recurso aún no se ha resuelto.

Con los instrumentos que proporciona la norma de nuevo en funcionamiento, el objetivo del Gobierno autonómico pasa ahora por evitar un nuevo recurso del Ejecutivo central al Constitucional, similar al que hace meses desactivó el decreto-ley original. Fuentes de la Consejería de Vivienda han explicado a este diario que desde Andalucía se intentarán agotar las vías de diálogo en la comisión bilateral existente entre la administración autónomica y la central. Estas mismas fuentes han señalado la disponibilidad de la Junta para limar aquellos aspectos que no satisfagan al Gobierno si eso sirve para evitar que la norma se paralice de nuevo.

Desde la Consejería de Vivienda, recuerdan que esa misma oferta de diálogo ya se produjo en el caso del primer decreto-ley, aunque no hubo respuesta por parte del Ejecutivo. El próximo lunes, representantes de ambas administraciones se sentarán a hablar en la comisión bilateral y, desde la Junta, se espera que esas conversaciones frenen las posibles intenciones del Gobierno de recurrir la norma nuevamente. "Queremos agotar todos los cauces institucionales", insisten.

Medidas contra los desahucios

Más allá de la batalla política, la ley que garantiza la función social de la vivienda, nombre oficial de la norma antidesahucios, impone a bancos e inmobiliarias multas de hasta 9.000 euros por cada vivienda que mantengan desocupada. El objetivo, dicen desde la Junta, no es recaudar, sino fomentar que esos inmuebles pasen al mercado de alquiler. En esta misma línea, recuerdan que frente al 33% de vivienda en alquiler en Europa, en España esa cifra no llega al 17%, justo la mitad. Según los cálculos de la administración autonómica, hay entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas desocupadas en Andalucía. En el caso de propietarios particulares no habrá sanciones, pero se les ofrecerán incentivos fiscales para que ofrezcan los pisos en alquiler.

La norma también limita los embargos de la vivienda permanente cuando las familias que vayan a ser deashuciadas acrediten un "riesgo de exclusión social". A pesar de que perderán la titularidad de su vivienda, que será embargada en el proceso de ejecución hipotecaria, la Junta expropiará el derecho de uso de forma temporal y pagará a las entidades financieras el 2% del justiprecio que se establezca. En la práctica, esto significa que se pierde la titularidad del inmueble pero se puede seguir utilizando por un plazo de tres años. 86.000 personas han sido desalojadas en Andalucía desde 2007.

Para poder beneficiarse de esa posibilidad, se deben cumplir varios requisitos. En primer lugar, los afectados deben demostrar un deterioro de su situación económica, de tal forma que el esfuerzo para pagar su crédito hipotecario haya aumentado al menos un 50% y suponga más de un tercio de sus rentas. Además, no se puede superar en más de tres veces los ingresos fijados por el IPREM –cuyo valor actual es de 532,51 euros mensuales–. En segundo lugar, su Ayuntamiento deberá acreditar que son potenciales víctimas de una situación de "exclusión social" en caso de perder la vivienda. Por último, es indispensable que el crédito impagado tenga como único objetivo el pago de la residencia habitual y permanente.


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