Negocios bajo sospecha

Telemadrid también se dedicó a financiar el agujero económico del Atlético

La empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyos principales accionistas son Telemadrid (49%) y Bankia (47,50%), financió en octubre de 2011 al Atlético de Madrid adelantándole dinero pendiente de los contratos por la cesión de derechos audiovisuales de los partidos oficiales y amistosos, según confirma un contrato notarial al que ha tenido acceso infoLibre.

El documento especifica que el 28 de octubre de 2011 la sociedad participada por Telemadrid realizó "determinados anticipos" de los pagos comprometidos a cambio de los derechos audiovisuales de las temporadas 2012-13 y 2013-14.

En esas fechas, el equipo rojiblanco presidido por Enrique Cerezo estaba ahogado económicamente. Y, además del anticipo recibido de MDA, firmó otro contrato con la sociedad Doyen Sports, que le adelantó un mínimo de 12 millones de euros. El Atlético utilizó como aval frente a Doyen parte de los derechos audiovisuales y publicitarios pendientes de cobro de MDA. En concreto, avaló con estos derechos un importe de 7,1 millones de euros. En el documento firmado con Doyen el 29 de diciembre de 2011, al que también ha tenido acceso este diario, se especifica que el club precisaba "de asistencia financiera para su actividad ordinaria"

Doyen Sports es una empresa de capital riesgo con negocios en petróleo, minería y gas en los países de la ex Unión Soviética, África y Brasil y con oficinas en Londres, Estambul, Dubai y Sao Paulo. El Atlético de Madrid justifica la necesidad de recurrir a sus servicios "porque con la crisis financiera y de los mercados, el club encuentra extremadamento dificultoso el acceso a dicha financiación bancaria, por lo que ha recurrido en última instancia a Doyen para la obtención de dicha asistencia".

Los avales del Atlético

A cambio del dinero recibido de Doyen, cuya cuantía exacta no concretan los documentos, el Atlético de Madrid incluía un aval de 17 millones de euros. Además, y como parte del acuerdo, el club vendía el 33% de los derechos deportivos de Radamel Falcao, jugador que había fichado pocos meses antes. Y como colofón, el club presidido por Enrique Cerezo se comprometía a promover la venta del jugador antes de febrero de 2013 para que Doyen recuperara su dinero. Si esta venta no se producía, el Atlético de Madrid estaba obligado a devolver en un primer momento 12 millones de euros.

En concreto, el contrato entre Doyen y el Atlético de Madrid especificaba que el préstamo del dinero se hacía con el aval de los derechos audiovisuales y publicitarios de los años 2013 y 2014, por los que en un principio MDA debía pagar al Atlético de Madrid 37,3 y 38,7 millones, respectivamente. El Atlético utilizó para el aval 7,1 millones de estos derechos. Otros 10 millones de euros los avaló con un contrato de patrocinio firmado con Nike. En total, el conjunto colchonero incluía un aval de 17 millones de euros.

De esta forma, el contrato de la empresa participada por Telemadrid fue fundamental para que el Atlético de Madrid pudiera salir de la crisis financiera en la que estaba inmersa en diciembre de 2011. 

Dos contratos con Telemadrid y Bankia

Tal y como ha publicado infoLibre, el Atlético de Madrid vendió el 17 de marzo de 2007 en dos contratos diferentes: los derechos audiovisuales por cinco temporadas (2009/10 a la 2013/14) y los derechos de los partidos amistosos y de publicidad durante ocho temporadas (que se iniciaban en la 2006-07). En total, la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, que ahora está en concurso de acreedores, se comprometió a pagar al Atlético de Madrid 230 millones.

Un informe confidencial de Caja Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, ponía de manifiesto que la compra de los derechos audiovisuales solo sería rentable a partido del octavo año, y pese a ello MDA firmó dicho contrato sólo por cinco, de forma que sabía que perdería dinero. Además, un escrito del gabinete jurídico de Telemadrid alertaba de la grave situación que sufría el sector audiovisual, que estaba inmerso en la conocida como guerra por los derechos del fútbol entre el Grupo Prisa y la productora Mediapro.

Pero el Atlético de Madrid, según la información facilitada por el gabinete de comunicación de Bankia, rompió al tercer año el contrato audiovisual que inicialmente estaba previsto que durara cinco temporadas. La decisión unilateral, según un portavoz del Atlético de Madrid, se adoptó por recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Pese a los documentos que aseguraban que la inversión en los derechos del fútbol del Atlético de Madrid no iba a ser rentables, los responsables de Telemadrid y de Caja Madrid crearon la sociedad Madrid Deporte Audiovisual con la intención de adquirir los derechos del fútbol del Atlético de Madrid y del Getafe F. C. Pero además, Telemadrid se vio obligada a desembolsar otros 90 millones de euros, pues tuvo que llegar a un acuerdo con Mediapro para poder televisar los partidos de fútbol. Madrid Deporte Audiovisual está en la actualidad en concurso de acreedores.

Trabajadores de la asociación de afectados por la gestión de Telemadrid presentaron este verano un escrito ante el Juzgado de Estepona que investiga la compra de un lujoso ático en la localidad malagueña por parte de Ignacio González, en el que aseguran que dicha vivienda podría ser un regalo de Enrique Cerezo al presidente madrileño, de quien es amigo, según desveló la SER. Un regalo que tendría su origen, precisamente, en un supuesto trato de favor concedido al Atlético de Madrid desde organismos públicos de la Comunidad de Madrid.

Este lunes, los comités de empresa del ente público Radio Televisión Madrid y las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT han exigido la "dimisión" o la destitución "fulminante" de todos los implicados en la compra por más de 270 millones en 2007, tal y como adelantó infoLibre, de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe F. C. sabiendo que no iba a ser una inversión rentable. Los trabajadores piden, además, la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE), que se justificó por "razones económicas" que aseguran que eran "ficticias", y que dejó en la calle a 861 personas.

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