Ruz imputa a siete exdirigentes de Caja Castilla-La Mancha por un agujero de 267 millones

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado como imputados a otros siete integrantes de la comisión directiva de Caja Castilla-La Mancha (CCM), según un auto firmado el pasado lunes, en el que le imputa un delito de administración desleal. Hasta el momento, el único imputado en este caso era el expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández-Moltó.

Pero Ruz ha implicado ahora a otros integrantes del equipo directivo, pues "de igual manera que el primero habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distinas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el posterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada", especifica el magistrado.

Los inspectores del Banco de España han detectado irregularidades en una veintena de operaciones que realizó la caja castellanomanchega antes de su intervención, en marzo de 2009, que han supuesto según los cálculos de estos funcionarios un perjuicio de 267 millones de euros para la entidad, que ahora forma parte de Liberbank.

Escrito de la Fiscalía

Ruz ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía presentara un escrito en el que pone de manifiesto que de la documentación del sumario se desprende que en la aprobación por parte de la comisión ejecutiva de Caja Castilla-La Mancha de una serie de operaciones singulares, "se habrían podido colmar los presupuestos exigidos por el delito sociertario de administración desleal".

De esta forma, Ruz ha cita a declarar como imputados el 20 y 21 de noviembre a Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato, Florencio Hernández, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo.

Créditos a sociedades

En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos, informa Europa Press.

Todas ellas, según el informe elaborado por los peritos del Banco de España, podrían ser "contrarias a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.

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Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010. Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de ahorros.

Rescate de 9.000 millones

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.