El aeropuerto sin aviones de Castellón ha gastado más de un millón de euros en control de tráfico aéreo

No sólo Canal 9 tiene un apartado especial en la enciclopedia del despilfarro de fondos públicos en la Comunitat Valenciana. El aeropuerto de Castellón, el proyecto más emblemático de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, una infraestructura por la que todavía no circula un solo avión, es otro de los ejemplos. Inaugurado en marzo de 2011, la oposición calcula que, hasta la fecha, se han gastado alrededor de 200 millones de euros. Pero es sólo un cálculo. Gran parte de los contratos y las adjudicaciones no son públicos, por lo que la cifra exacta es un misterio.

infoLibre ha tenido acceso a uno de estos expedientes, solicitado por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) cuando este diario publicó que las torres de control del aeródromo habían sido adjudicadas a Saerco, empresa con sede en Madrid en manos de Ildefonso de Miguel. De Miguel era uno de los hombres fuertes de Ignacio González, ahora presidente de la Comunidad de Madrid, hasta que el 29 de julio de 2009 presentó su dimisión como gerente del Canal de Isabel II rodeado de polémicas adjudicaciones. Hasta la fecha, su empresa de control de tráfico aéreo ha recibido más de un millón de euros de Aerocas, la empresa pública que gestiona esta infraestructura en el aeropuerto de Castellón.

Firmado en Castellón el 1 de junio de 2012, por Carlos Fabra de una parte e Ildefonso de Miguel de otra, el contrato de prestación de servicios de tránsito aéreo en la torre de control de este aeropuerto, contempla dos fases. La primera denominada "fase pre-opening"pre-opening y la segunda, "fase de operación".

La fase "pre-opening" comprende todas las actividades necesarias para la designación de Saerco como proveedor de servicio de gestión del tráfico aéreo en la torre de control de Castellón por parte de la Dirección General de Aviación Civil y para la obtención de la autorización del inicio de operaciones. Por contrato está estipulado que esta fase se divide a su vez en dos: la primera –pre-opening 1– está presupuestada en 905.829 euros más IVA y la segunda –pre-opening 2– en 600.000 euros más IVA.

Desde que Carlos Fabra dimitiera el pasado marzo como presidente de Aerocas, su puesto lo ocupa José Císcar, vicepresidente y consejero de Presidencia de la Generalitat. Fuentes de su departamento confirmaron a infoLIbre que, hasta la fecha, se han pagado a Saerco los 905.829 euros de la primera etapa de la fase pre-opening. "El pago se ha satisfecho por la fase pre-opening de designación y preparación del servicio en la torre de control", sostienen las citadas fuentes, que precisan que se trata de algo "preceptivo en cualquier aeropuerto que vaya a abrirse".

De los 600.000 euros presupuestados para la etapa pre-opening 2, fase concreta en la que se encuentra el aeropuerto, ya se han abonado 120.000 euros en concepto de "vuelos de calibración y revisión de equipos requerido en el proceso". En total, la empresa de De Miguel se ha embolsado 1.025.829 euros por el contrato que firmó con el entonces presidente de Aerocas.

Un día después de anunciar el cierre de Canal Nou, el aeropuerto de Castellón sacó a licitación pública el contrato para la explotación y mantenimiento de esta infraestructura por un importe de 25 millones de euros más IVA. La fecha límite de presentación de ofertas es el 12 de diciembre, el plazo de ejecución será de 20 años y cinco meses y medio a contar desde la formalización del contrato.

Sin experiencia previa

En los últimos años, Saerco se ha hecho con los contratos de prestación de servicios de tránsito aéreo en las torres de control de varios aeropuertos españoles. Saerco es una marca comercial de la empresa Spanish Airways SL, constituida en marzo de 2011 y cuyo objeto social es "la prestación de servicios de gestión, consultoría, formación, promoción, representación, mantenimiento, asesoramiento y apoyo técnico, legal y fiscal en el ámbito aeronaútico nacional e internacional". Su administrador único es la sociedad Zubenelgenubi SL y su representante Ildefonso de Miguel. Spanish Airways SL fue creada con un capital de 702.000 euros. Y Zubenelgenubi SL fue constituida en septiembre de 2009, pocos meses después de que el exhombre fuerte de Ignacio González abandonara el Canal.

Algunas de las adjudicaciones a Saerco en aeropuertos españoles han sido vistas con malestar en el sector de los controladores aéreos. El grueso de las críticas se dirigían a su supuesta inexperiencia. Para suplir esta carencia, la firma se alió con la compañía checa ANS CR.

"Cuando pedimos los contratos, nos damos cuenta de la sangría de dinero público en un proyecto que parece que no se va a poner en funcionamiento en breve y vemos que hay relación con empresas de amigos del PP, como vemos en este caso de las torres de control", sostiene Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida en Les Corts.

Albiol lamenta que proyectos como este sigan siendo una catástrofe para las arcas públicas. "En los presupuestos de 2014 siguen apareciendo 9 millones de euros para el aeropuerto", añade. 

"Ahora que va a empezar la licitación, vemos que las condiciones siempre son beneficiosas para quien gane el concurso. Si se gana dinero, será la empresa la que gane. Si se pierde, perderán todos los ciudadanos", alerta Albiol.

Preguntas parlamentarias

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El Grupo Parlamentario Esquerra Unida (EU) registró a finales del pasado octubre varias preguntas parlamentarias relacionadas con esta infraestructura y, en concreto, con esta adjudicación a la empresa creada por Ildefonso de Miguel tras su salida del Canal de Isabel II.

Las preguntas dirigidas a la Mesa de Les Corts, y firmadas por la diputada Marina Albiol tienen por objeto conocer los servicios que hasta la fecha ha prestado Saerco al aeropuerto, cómo los ha justificado, cuánto se le ha pagado y si se ha producido subcontratación o cesión por parte de la empresa adjudicataria.

Además, Izquieda Unida quiere saber si se modicará la duración del contrato en caso de que la fecha de apertura del aeropuerto se retrase. Tal y como figura en el apartado 3 de la página 3 del pliego de prescripciones técnicas, la duración del servicio será de cinco años prorrogables a uno más.