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Derechos civiles

La Justicia sólo ha condenado a uno de cada diez detenidos por terrorismo islamista desde 2004

  • Más de 500 personas han sido arrestadas por terrorismo islámico desde el atentado del 11-M pero sólo 50 han sido condenadas
  • Los detenidos suelen pasar meses o incluso años en prisión antes de ser liberados por falta de pruebas

Braulio García Jaén / Matías Escudero Arce / Andrés Aguayo Publicada 06/04/2014 a las 06:00 Actualizada 09/04/2014 a las 13:57    
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Interrogatorio a Abu Omar Al Kurdi

Interrogatorio a Abu Omar Al Kurdi.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su escaño del Congreso.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su escaño del Congreso.

Europa Press
“El intercambio de información entre Estados Unidos y España ha conseguido frustrar numerosas operaciones terroristas”, se congratula la nota informativa de la Embajada estadounidense en Madrid que da cuenta de la visita del director del FBI, James Comey, en diciembre de 2013. “Durante seis meses en 2012, funcionarios españoles y del FBI trabajaron conjuntamente en la investigación y posterior detención de Muhamad Adamov, Eldar Magomedov y Cengiz Yalcin en relación con una trama de Al Qaeda. El flujo de información fundamental entre ambos gobiernos condujo a su detención y frustró el plan de Al Qaeda de utilizar aviones por control remoto para entregar explosivos en España y Europa”.

La nota omite datos cruciales sobre la llamada Operación Plomo. una acción policial desatada por el testimonio de un preso en una cárcel secreta estadounidense que señaló a Magomedov como terrorista. El juez Ruz pidió hasta tres veces al Departamento de Defensa estadounidense el testimonio: nunca le respondieron. Por ello, el 21 de marzo de 2013, mucho antes de la visita del director del FBI a España y de la celebratoria nota de prensa, el juez ya había sobreseído la causa y retirado los cargos contra los dos chechenos y el turco. Salieron libres tras pasar nueve meses presos en régimen de aislamiento. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión del juez y de la Policía.

No han sido los únicos

En la década que ha transcurrido desde el atentado terrorista del 11-M más de 500 personas han sido arrestadas en España por terrorismo islámico, pero sólo 50 han sido condenadas, según datos recopilados por el Real Instituto Elcano. La mayoría de estos últimos fueron considerados culpables de un delito de "pertenencia a organización terrorista". Los demás, antes de ser liberados (y normalmente expulsados de España), han pasado meses o años en prisión.

“Es bastante sencillo. Se ha optado por la intervención temprana”, describe el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, “Ante la posibilidad de que se cometa un atentado la policía, creo que acertadamente, decide detener pronto. Entonces el bagaje probatorio, la prueba que obtenemos es muy débil, es escaso. Y eso provoca que judicialmente haya pocas condenas. A cambio no hemos tenido un atentado en diez años”.

El juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez opina que “se ha llevado a la práctica una intervención preventiva, no por hechos concretos identificables —como pide el derecho penal— sino por el peligro que representaban los sospechosos a juicio de los aparatos de persecución penal del Estado”. Sáez cree que el que buena parte de los casos construidos por la investigación policial no superen los estándares de prueba y que se absuelvan y archiven causas “parece saludable por el funcionamiento del estado de derecho y de las garantías del proceso penal”.

“En los últimos 30 años se ha producido un cambio en el derecho penal moderno”, apunta Manuel Cancio, catedrático de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. “Hemos pasado de un sistema penal retrospectivo, orientado a procesar el pasado, a un sistema penal al que no solo se le exige seguir con esta función de castigar a los culpables, sino también el evitar la comisión de un delito”. En este contexto surge el enfoque de justicia preventiva. No se detiene por cometer un delito, sino por la posibilidad de que se cometa uno en un futuro.

“Es un enfoque que se ha tomado en préstamo de la práctica de la guerra y de los servicios de espionaje”, apunta el Juez Sáez quien cree que “resulta una contradicción con los postulados del derecho penal que requiere de un hecho como manifestación externa de voluntad, capaz de lesionar bienes jurídicos protegidos. Ese es el problema que plantean los delitos de pertenencia y colaboración con organización o grupo terrorista”.

'No es malo'

El 18 de enero de 2008 once personas, en su mayoría pakistaníes, fueron detenidas y acusadas de preparare un atentado contra el metro de Barcelona. A pesar de la gravedad de la acusación en el juicio no encontraron evidencia para respaldarla (apenas 18 gramos de pólvora provenientes de una bengala). Aun así los condenaron por pertenecer a una organización terrorista. Pasaron seis años presos (en enero pasado empezaron a ser liberados) porque los señaló un presunto arrepentido de la red.

El propio fiscal antiterrorismo de aquel caso, Vicente González Mota, reconoció a las pocas semanas de la detención que la evidencia era “débil”. Posteriormente, en una conversación con diplomáticos estadounidenses en diciembre de 2008 y hecha pública por Wikileaks, predijo que el juicio se celebraría en 2009, se resolvería la apelación en 2010 y que alguno sería liberado en 2011. “Lo cual", argumentó, "no es malo porque habrá servido para mantener a esos radicales lejos de las calles españolas por tres años o más”, dice el cable difundido por la organización que dirige Julian Assange.

“La trascendencia de la política penal y preventiva dirigida a la evitación de actos terroristas queda fuera de toda duda”, aseguraba la memoria de la Fiscalía en 2010 que destacaba la importancia de dos tipos penales “que conforman la espina dorsal de la respuesta anticipada contra el terrorismo: el de integración en organización terrorista y el de colaboración con tales grupos”.

En privado, la Fiscalía admite que tras el 11-M hubo un tsunami de detenciones, pero que en los últimos tiempos han sido más eficaces, reduciendo los arrestos y aumentando las condenas. En 2004 fueron detenidas 138 personas y en 2005 131; en 2012 solo nueve. Desde 2011, la memoria de la Fiscalía destaca “la elevada cifra de absoluciones, claramente indicativa de las enormes dificultades legales que se plantean en estos procesos, en relación con la probanza de unos delitos singularmente enmarcados en el ámbito de la respuesta penal preventiva frente a las células terroristas. En muchos casos las condenas se imponen no por delitos de terrorismo, sino por delitos comunes”.

Culpables a priori 

“Nuestro sistema judicial reposa sobre la presunción de culpabilidad y no sobre la presunción de inocencia”. Lo dice la exfiscal antiterrorismo francesa, Irène Stoller, en sus memorias. Una de las primeras piedras para la justicia preventiva se puso en Francia en 1986, con la creación de una ley que tipificaba el delito de “asociación de malhechores con vistas a cometer actos de terrorismo”. “Nos permitía, con la ayuda de los servicios de policía e información, intervenir antes de los atentados, o incluso antes del despliegue de la logística del grupo”, recuerda Stoller, “Lo más importante no es sancionar los crímenes del terrorismo, sino evitarlos”.

Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política y ex asesor del ministro del Interior, abogó en una columna publicada por le diario Abc por debatir si la justicia debe invertir la carga de la prueba y considerar a los sospechosos de terrorismo como culpables hasta que demuestren su inocencia. Para el juez Bermúdez esta posibilidad “es un disparate desde el punto de vista del derecho penal. Toda persona es inocente hasta que se demuestre culpable. Si no fuese así yo le acuso a usted de terrorista, le meto en la cárcel, y usted no tiene forma de demostrar que no lo es. Es una probatio diabólica. Los derechos y garantías protegen al hombre honrado, no al delincuente”, asegura Bermúdez que enfatiza: “A ver si nos enteramos ya. Al hombre honrado. Y le ponen a cubierto de dos plagas, el error judicial y la arbitrariedad”.

“Antes había un muerto y se buscaba un asesino. Ahora, a través de patrones y perfiles de riesgo se decide quién es el asesino y a partir de ese momento se busca un muerto”, explica el abogado Jacobo Teijelo, que lleva una década defendiendo a acusados de terrorismo (defendió a Abu Dahdah y a parte de los once pakistaníes detenidos en Barcelona en 2008, entre otros). “Parece lo mismo pero no es igual. Están en riesgo las libertades individuales. El sistema prospectivo, buscar la posibilidad de que una persona cometa un delito en el futuro, está expresamente prohibido por nuestro derecho. Se tienen que investigar hechos concretos, no personas”.

Desde los atentados del 11-S en Estados Unidos, las policías de medio mundo utilizan patrones estadísticos para cribar bases de datos que incluyen toda nuestra actividad en Internet (mails enviados, páginas visitadas, compras realizadas). Los números a los que se ha llamado, el haber viajado a Pakistán y tener barba, son elementos que hacen que salten las alarmas y que una persona se convierta, gracias a éstos patrones, en sospechosa de terrorismo.

Cooperación

En la pantalla aparece un hombre con camisa beige y chaleco militar. Es delgado, con barba poblada, y está esposado y sentado frente a una mesa en Camp Crooper, una cárcel secreta estadounidense en Irak. Es Abu Omar Al Kurdi, presunto jefe de yihadistas en Irak. A su lado un soldado estadounidense traduce sus palabras al italiano para una decena de fiscales y funcionarios italianos que, desde Roma, interrogan al reo por videoconferencia. Le preguntan por el atentado contra el cuartel de los carabinieri en Nassiriya (Irak) en noviembre de 2003 en el que murieron 28 personas. Meses después de su cooperación con la justicia italiana los estadounidenses entregaron a Al Kurdi al gobierno provisional iraquí, que lo ejecutó en la horca.

La fiscal española Dolores Delgado intentó utilizar el testimonio de Al Kurdi en el juicio por la Operación Tigris(en el que se juzgaba a una red que reclutaba yihadistas en España para enviar a Irak y en la que se absolvió a 10 de los 12 acusados). Los jueces españoles lo consideraron inadmisible porque la cárcel en la que se grabó “es un espacio de no derecho, al márgen de la legalidad internacional”. Por ello, según un cable de Wikileaks, Delgado describió la información que le proporcionaba la inteligencia estadounidense como “la fruta del árbol envenenado”, una metáfora legal que describe la evidencia obtenida ilegalmente y que, por lo tanto, es inadmisible en un juicio.


Diez años después del 11-M los actores no se ponen de acuerdo sobre el balance de esta lucha judicial contra el terrorismo y sobre las asignaturas pendientes. Para el juez Bermúdez “el logro es que hemos conseguido combatirlo desde el máximo de garantías sin la más mínima tacha de parcialidad, discriminación o prejuicio. Y con respeto absoluto a los derechos humanos”. Ramón Sáez, por su parte, considera que “hay que reflexionar sobre las legislaciones aprobadas, las prácticas policiales y judiciales, para plantear no sólo su eficacia sino la existencia de excepciones no compatibles con el estado de Derecho”.

Cabeza de turco

Cengiz Yalcin todavía recuerda la llamada que recibió el 1 de agosto de 2012. Estaba en su oficina de Profield, la empresa de la que era el jefe de obras en Gibraltar desde 2008. Le pedían que se acercara a la aduana de La Línea para darle unas facturas, un procedimiento habitual. Pero el resto de su día no lo fue.

Al llegar a la garita policías españoles asegura que le pusieron un saco en la cabeza y lo arrastraron hasta España, según la querella que presentó el 7 de noviembre de 2013.Aunque el juez Ruz solicitó a la policía las imágenes de la detención de Yalcin, la defensa nunca ha visto éste vídeo. Ruz no quiso hacer ninguna declaración para este reportaje.

Yalcin denuncia que durante el registro al domicilio de su mujer, en La Línea, el secretario judicial se quedó en la calle con él y que la policía plantó el supuesto explosivo, un petardo. Faltan cuatro archivos en la tarjeta de memoria del registro y la foto del supuesto explosivo fue tomada a las 22.43, dos horas antes que el resto de fotos en la secuencia del registro. Según el acta de registro los especialistas en explosivos (Tedax) no llegaron al domicilio hasta las 0.30. Antes de concluir el registro, Yalcin pudo escuchar un fragmento de la rueda de prensa que dio el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a primera hora del 2 de agosto. En ella anunciaba la detención de los tres “terroristas” y relataba el hallazgo de material explosivo “cuyo volumen podría destrozar un autobús”.


Desde mayo de 2012 la policía española sabía, por los servicios de inteligencia francés y británico, que en La Línea estaba residiendo un alto operativo de Al Qaeda. La fuente era un reo en una cárcel secreta estadounidense del que nunca se supo nada más. Los servicios secretos de Francia investigaron la vinculación de los chechenos con posibles células terroristas pero tras más de un año de investigación “Francia no aportó nuevos indicios de la relación de los imputados con las organizaciones terroristas apuntadas al inicio de la investigación”, según el auto del juez Ruz del 27 de enero de 2014. Los dos chechenos, que estaban en Europa buscando asilo, fueron expulsados a Rusia en mayo de 2013. Nadie ha vuelto a saber de ellos, ni siquiera el hermano de uno de ellos (Ankari Adamov), a quien Cengiz escribe regularmente desde su expulsión. La última vez fue hace dos semanas.

Su detención le arruinó la vida. La prensa mundial publicó su foto y su nombre el día de su arresto. También su dirección. Ahora vive en una especie de limbo y tuvo que pagar una fianza de 30.000 euros poniendo la casa de su mujer como garantía. Aunque el juez Ruz sobreseyó la causa por terrorismo, quedan dos delitos que tendrá que resolver el Juzgado de Instrucción Decano de La Línea: tenencia de artefactos explosivos (el petardo que denuncia que le plantaron) y usurpación del estado civil (Yalcin llevaba el pasaporte de su hermano en la moto el día de su arresto). Sin pasaporte no puede entrar en Gibraltar, donde perdió su residencia y su trabajo (asegura que cobraba 6,000 libras esterlinas al mes). Está a la espera de que se reactive el juicio para su expulsión de España (en septiembre de este año). Lleva un año en el paro y tiene escasas esperanzas de encontrar trabajo. Su padre murió de un infarto el día que la policía turca le dijo que su hijo era terrorista.

Yalcin está empeñado en probar su inocencia y en denunciar las injusticias cometidas. No pierde la entereza y se pregunta: “No entiendo por qué la llamaron Operación Plomo y no, directamente, Operación cabeza de turco”.

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Este proyecto ha sido financiado por journalismfund.eu 







1 Comentarios
  • 1 dictatocracia 06/04/14 15:07

    los fundamentalistas de al Qaeda consideran el terrorismo contra civiles una guerra santa y con los derechos de un estado en guerra tienen que ser tratados, se ha visto que la permisividad del estado de derecho solo nos conduce a llorar a nuestros muertos cuando vuelan un tren o un edificio una escuela, una guardería cualquier acción que destroce el alma de una sociedad, quizás parezca un salvaje pero esta gente no tienen sitio en la sociedad: si se evitan atentados yo miro para otro lado

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