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Crisis en Andalucía

PSOE e IU llegan a un acuerdo que evita la ruptura del Gobierno andaluz

  • Susana Díaz firma un decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, una vez "restablecida la normalidad" tras un reajuste sobre el realojo de familias procedentes de la corrala La Utopía
  • Este viernes salió publicado en el BOJA un decreto de la presidenta por el que se retiraban provisionalmente esas competencias a la consejería de IU
  • Los dos socios minimizan la crisis de gobierno y aseguran que el Gobierno continúa su tarea y sale "fortalecido" de las tiranteces de los últimos días

Publicada 12/04/2014 a las 08:50 Actualizada 12/04/2014 a las 14:00    
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Elena Cortés, con su viceconsejero, José Antonio García Cebrián, y la secretaria de Vivienda, Amanda Meyer, este viernes.  EFE

Elena Cortés, con su viceconsejero, José Antonio García Cebrián, y la secretaria de Vivienda, Amanda Meyer, este viernes. EFE

Crisis cerrada. Gobierno, salvado. In extremis, eso sí. En la madrugada de este sábado, PSOE e Izquierda Unida sellaron un acuerdo con el que esquivaban definitivamente una ruptura en Andalucía, que habría supuesto la convocatoria de elecciones anticipadas. El pacto daba oxígeno a ambas fuerzas y servía para superar la mayor crisis política del Gobierno de coalición en sus dos años de vida. 

El Gobierno de la Junta oficializó el fin de la guerra interna pasada la una y media de la madrugada a través de un comunicado con el que informó del reajuste de los realojos de las familias procedentes de la corrala La Utopía de Sevilla y un mensaje con el que adelantó que la presidenta, Susana Díaz, acababa de firmar el decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de Elena Cortés, de IU, una vez "restablecida la normalidad". El decreto salió publicado hoy a primera hora en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

El anuncio llegaba tras una jornada frenética, donde las dos partes tensaron y tensaron la cuerda. Díaz había publicado por la mañana en el BOJA el decreto por el que despojaba a la titular de Fomento, Elena Cortés, de su poder sobre la adjudicación de vivienda, hecho que provocó un enorme malestar en IU. La dirección colegiada se reunió de urgencia, encabezada por su coordinador, Antonio Maíllo; el líder federal, Cayo Lara, y el secretario general del PCE, José Luis Centella. Al término, Maíllo anunció la "suspensión momentánea" del pacto de gobierno. Pero poco significaba, porque el Ejecutivo no se daba por roto. Por la tarde, una delegación de segundo nivel se reunió de nuevo con el PSOE. Fueron cinco horas de conversaciones, donde las partes estuvieron examinando uno por uno cada realojo, escrutando el procedimiento global. Pasadas las 23.30 horas, los socialistas se dijeron satisfechos con los "avances" que se habían producido. 

El encuentro bilateral había acabado, pero no los contactos. IU siguió trabajando en las dependencias del Parlamento andaluz, conectada con sus socios vía telefónica. Y, al final, a la 01.30 horas, se anunció la fumata blanca. Pacto rehecho. La Oficina del Portavoz del Gobierno liberó entonces el comunicado, informando detalladamente de los realojos, y el mensaje avanzando la firma del decreto de devolución de competencias. 

La nota explica que ante las "discrepancias surgidas en el proceso de realojamiento" de los afectados por la expulsión de la corrala La Utopía –un inmueble ubicado en la Avenida Juventudes Musicales, en el barrio de la Macarena de Sevilla–, se tomó la determinación de atribuir provisionalmente las competencias de adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Hacienda, pilotada por la socialista María Jesús Montero. En la reunión PSOE-IU, como ya contaba infoLibre, se efectuó un "análisis pormenorizado de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas", las dos condiciones impuestas por Díaz para firmar la paz y devolver las competencias a Cortés. 

Ocho familias permanecerán provisionalmente en sus pisos

El comunicado añade que una vez examinados "los casos de las 22 familias del primer compromiso entre el Ayuntamiento de Sevilla [del PP] y la Junta de Andalucía de 5 de marzo de 2014", se comprueba que la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, teniendo en su poder informes sociales en los que se acreditaba la circunstancia de existencia de menores y riesgo de exclusión social, emitió resoluciones para el realojo transitorio de 17 de ellas

"Revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todas y cada una de ellas, se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados" por Fomento, pero "de forma transitoria, hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social". En ese caso, podrán "continuar disponiendo de esos alojamientos mientras que la Consejería de Fomento pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable". Es importante fijarse en la cifra: ocho familias. El mismo número de unidades realojadas del que había informado el departamento de Cortés en la tarde del viernes a través de una nota de prensa. Así, el PSOE daba por buenos los ocho expedientes tramitados por IU, que siempre dijo que había actuado conforme a la "legalidad". 

En el caso de las otras nueve familias, se suspende su realojamiento (que no se había hecho aún), "hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias" para su reubicación. "Se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas". 

Ni ganadores ni perdedores

Ambos partidos se dieron por ganadores, como cabía esperar. Y minimizaron lo sucedido. Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A, aseguró en rueda de prensa que ha quedado claro "que se ha cumplido la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados", pero que en realidad nunca se produjeron. "Se ha pasado de 17 familias a ocho porque ha habido distorsión y diferencias que se tenían que esclarecer y que han sido resueltas". A esas nueve unidades de afectados no le correspondían "llaves" ni realojos. Para Cornejo, lo "más importante" es que la estabilidad del Gobierno ha quedado "fortalecida". "Un pacto que ha dado tan grandes y buenos resultados continúa con ánimos reforzados. Nos ponemos las pilas", informa Europa Press.

Maíllo, el coordinador de IULV-CA, se felicitó de que la "normalidad" haya vuelto a Junta. Y pelillos a la mar: "Aceitunilla comida, hueso tirado". El líder regional volvió a defender la actuación "impecable desde el punto de vista legal" de Cortés y, como mayor crítica a Díaz, le lanzó que "nunca tenían que haberse quitado" sus competencias a la consejera. Pero al final, todo se ha resuelto "conforme" a lo que planteaba IU, "porque no había otra salida". "La Consejería de Fomento y Vivienda va a seguir dedicándose a lo que siempre ha hecho, y que está haciendo muy bien, que es estar al lado de los que necesitan una vivienda; estar concentrados en los problemas de la gente". Maíllo negó que hubiera vencedores y vencidos en esta crisis. Ahora toca "afrontar el trabajo político sin más dilación y no volver atrás". 

Maíllo estaba en un acto de precampaña de las elecciones europeas en Málaga, acompañado de Cayo Lara, quien también se dio por satisfecho. Con la restitución del poder a Cortés, se prueba que "la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", enjuició.

Todos, Cornejo, Maíllo y Lara, coincidieron en criticar al PP por intentar sacar rédito de la crisis, por haber generado la situación al haberse negado a ceder viviendas de su parque público, por haber recurrido la Ley Antidesahucios ante el Constitucional. Por causar un problema para intentar "derribar" al Ejecutivo de coalición. 

 


 



9 Comentarios
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Opinión
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