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Gowex

Pedraz ordena el ingreso en prisión del auditor de Gowex por no pagar la fianza de 200.000 euros

  • El magistrado ha ordenado la localización, detención e ingreso en la cárcel de José Antonio Díaz Villanueva
  • Jenaro García abonó los 600.000 euros que había acordado el juez de la Audiencia Nacional

Publicada 05/08/2014 a las 11:12 Actualizada 05/08/2014 a las 11:43    
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El auditor de Gowex, José Antonio Díaz (en el centro), a su salida de la Audiencia Nacional.

El auditor de Gowex, José Antonio Díaz (en el centro), a su salida de la Audiencia Nacional.

Efe
El juez Santiago Pedraz ha ordenado el ingreso en prisión provisional del auditor de la sociedad Jose Antonio Diaz Villanueva, al no haber pagado la fianza de 200.000 euros que le había impuesto para quedar en libertad provisional y eludir entrar en la cárcel, para lo que tenia de plazo hasta este lunes.

El juez ha ordenado a la Policía la localización, detención y conducción a prisión de Díaz Villanueva, que está acusado de haber dado, como auditor, la cobertura necesaria a delitos de falseamiento de cuentas y de información económica y financiera de Gowex. Díaz Villanueva está acusado de haber dado la cobertura necesaria al expresidente de Gowex, Jenaro García, para que se llevara a cabo el falseamiento de las cuentas y la información económica y financiera de la entidad, informa Europa Press. 

El juez acordó imponer una fianza de 200.000 euros a Díaz Villanueva, a petición de la Fiscalía, teniendo en cuenta la gravedad del delito imputado y la pena que en su caso pudiera imponerse (superior a nueve años de prisión) lo que podría empujar al acusado a fugarse. El auditor, que recurrió la fianza que se le había impuesto, acudió este lunes a la Audiencia Nacional en compañía de su abogado para intentar hablar con el juez instructor y explicarle que no disponía del dinero necesario para cumplir con esta medida cautelar.

García paga desde Luxemburgo

El expresidente de Gowex Jenaro García sí depositó la fianza de 600.000 euros que le impuso el juez para evitar su ingreso en prisión en el marco de la causa en la que investiga el falseamiento de las cuentas de la compañía de redes wifi.

Su esposa, Florencia Maté, hizo efectiva una transferencia por el importe requerido desde una cuenta bancaria de Luxemburgo a nombre de la sociedad Arcole Ventures, propiedad del matrimonio. Maté explicó el pasado 29 de julio ante el juez que después de que estallara el escándalo puso a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 el saldo total de la cuenta de esta empresa, de la que es administradora única, que asciende a casi cinco millones de euros, informa Europa Press. 

El fundador de Gowex, que declaró en la Audiencia Nacional el pasado 14 de julio, tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio y entregar el pasaporte. Además, no podrá salir del territorio nacional, según un auto de imposición de medidas cautelares dictado este lunes por el juez Pedraz.

Nuevo administrador Judicial 

El pasado viernes Pedraz retiró la imputación que pesaba contra el consejero de la compañía Javier Solsona y lo nombró administrador judicial de la empresa durante un periodo de seis meses, mientras se resuelve el concurso de acreedores que se sigue en el juzgado Mercantil número 11 de Madrid. Así constaba en dos autos en los que el magistrado también archivaba el procedimiento que se seguía contra el consejero Ricardo Moreno Warleta, al que el expresidente de Gowex, Jenaro García, acusó de haber actuado como 'insider' o 'topo' de la consultora Gotham, a la que habría facilitado "información privilegiada" para destapar el escándalo.

En el procedimiento están imputadas un total de nueve personas, entre las que se encuentran el expresidente de Gowex, Jenaro García; su mujer, Florencia Maté; el director financiero, Francisco Martínez Marugán; y el auditor de la compañía, José Antonio Díaz Villanueva. También están encausados los presuntos testaferros Antonia Antúnez, Javier Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero.

Todos ellos están imputados por delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera así como otro delito de uso de información relevante.


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