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9-N

UPyD denuncia a Mas, Rigau y Espadaler por desobediencia, prevaricación y omisión de perseguir delitos

  • Pide incautar los medios materiales que se usan para "cometer el delito" como urnas y papeletas
  • Reclama la detención de autores y cooperadores necesarios

infolibre Publicada 09/11/2014 a las 12:21 Actualizada 09/11/2014 a las 12:39    
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El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Cataluña y miembro del Consejo de Dirección del partido, Ramon de Veciana, presentará este domingo una denuncia ante el Juzgado de Guardia y la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y el conseller de Interior, Ramon Espadaler, por desobediencia, prevaricación y omisión de perseguir delitos.

Según ha informado la formación en un comunicado, Veciana registró la denuncia contra el presidente catalán y sus dos consejeros en la ciudad de la Justicia de Barcelona a las 9 de la mañana. En la denuncia señala que pese a la decisión del TC, la Generalitat "ha abierto los institutos y edificios públicos" para "la realización de la consulta suspendida, facilitando la logística y todos los medios materiales para la realización de la misma".

Por ello, UPyD reclama de forma cautelar "el desalojo y cierre" por parte de las fuerzas policiales de estos institutos y edificios públicos "con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia". Y pide incautar los medios materiales que se usan para "cometer el delito" como urnas y papeletas, así como la detención de autores y cooperadores necesarios.

El portavoz de UPyD en Cataluña ya presentó a finales de octubre otra denuncia ante la Fiscalía, en este caso contra la consulta alternativa, al considerar que incumplía la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). UPyD ya explicó entonces que considera que el 'proceso de participación ciudadana' es una consulta encubierta, por lo que se cometen los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos porque se ponen medios de la Generalitat a disposición de la "consulta oficiosa".



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