Un constructor justifica el pago de 1,3 millones sin contrato a Pujol Ferrusola porque tenían “confianza”

El constructor A.G.K., imputado en el caso Pujol, justifica el pago sin contrato de 1,3 millones de euros al primogénito del expresidente catalán "por la relación de confianza que había surgido entre ellos", según consta en un escrito dirigido al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Pablo Ruz.

Ruz investiga la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil por parte de Jordi Pujol Ferrusola. 

En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, el abogado de A.G. solicita el archivo de las imputaciones acordadas por el juez, asegurando que esta circunstancia le provoca perjuicios económicos. "Esta situación procesal resulta especialmente perjudicial por cuanto daña el buen nombre del afectado y le imposibilita poder encontrar personas dispuestas a invertir en sus proyectos".

Otros negocios

La comisión de 1,3 millones se acordó en relación a una promoción en el municipio barcelonés de L'Hospitalet de Llobregat, después de que G.K. y Pujol Ferrusola hubieran entablado al menos otros negocios, "y a la vista del buen resultado de la promoción de Ibiza". En 2006 Pujol Ferrusola ofreció a G.K. otros posibles proyectos de inversión inmobiliaria en Almería, Málaga, Valencia y en el extranjero (Argentina, Uruguay y Francia). 

Entre estas ofertas "acabó prosperando una", vinculada a dos fincas registrales propiedad de la firma Fomento Construcciones y Contratas (FCC). Esta promoción "era absolutamente privada y no guardaba absolutamente ninguna relación con la administración pública municipal o autonómica", especifica el escrito.

En lo que respecta a esta operación sin contrato, el empresario sostiene que Pujol Ferrusola no quiso involucrarse en la gestión ni tampoco en la inversión, por lo que acordó con G.K. que, "como es absolutamente habitual en el sector inmobiliario, percibiría sólo honorarios de intermediación por haber aportado la oportunidad de negocio, los inversores y el contrato de gestión, desvinculándose seguidamente del proyecto".

A tal fin acordaron, siempre según la versión del empresario que se plasma en el escrito, un sistema de cálculo de honorarios, por el que una empresa de Pujol percibiría "un 1,25% por presentación de oportunidades de inversión, un 0,625% por aportación de inversores y un 0,625% por intermediación en la consecución del contrato de gestión".

54 millones

Estos porcentajes se aplicaron a una cifra de 54 millones, que eran el precio de venta previsto. "Ello dio lugar a unos honorarios globales de 1.350.000 euros, a los que debían restarse 40.000 euros de costes de lanzamiento del proyecto".

Con estos porcentajes, el empresario trata de desmontar la acusación de la Policía Judicial, que considera que en este acuerdo sin contrato se superponen tres comisiones diferentes: "Estos tres conceptos retributivos en modo alguno se superponen".

En este sentido, el constructor se defiende de las conclusiones policiales, asegurando que una cosa es localizar una buena oportunidad de negocio (terrenos urbanos con posibilidades de edificación y propietarios dispuestos a vender), otra es aportar los inversores necesarios para financiar la correspondiente promoción "y otra bien distinta es intermediar para obtener el contrato de gestión de la promoción, que los inversores pueden decidir encomendar a una empresa distinta a aquella que inicialmente ha promovido la actividad".

Los 1,3 milones fueron pagados por la empresa Famguesa a Iniciatives Marketing i Inversions (empresa de Jordi Pujol Ferrusola), "previa emisión de las correspondientes tres facturas, mediante cheque y con el correspondiente IVA".

Sin contrato previo

Pero no obstante, G.K. reconoce que el pago a Pujol Ferrusola se hizo sin un contrato previo: "Ciertamente en el presente caso no se firmó contrato alguno por escrito, por la sencilla razón de que ya habían colaborado como socios en las promociones de Ibiza y de Vic, y existía entre ellos suficiente confianza como para que no fuera necesario exigir la firma de ningún documento".

La anterior forma de operar, es decir, el pago de comisiones sin contrato previo, resulta para este empresario "usual en el sector de las promociones inmobiliarias. Los porcentajes pactados, por lo demás, resultan perfectamente ajustados a lo que es habitual en el mercado de la intermediación", sostiene el constructor, que en el escrito llega a asegurar: "En el sector inmobiliario privado el pago de comisiones por búsqueda de oportunidades y aportación de inversores es un comportamiento que resulta tan habitual como lícito".

"Sin solicitar influencia"

Y por eso, G.K. sostiene que a lo largo de su carrera profesional ha abonado en numerosas ocasiones esas actividades de intermediación, "siempre en relación con promociones acometidas desde el sector privado, sin ninguna intervención de las administraciones públicas y sin solicitar jamás el ejercicio de influencia alguna respecto de ningún funcionario púlico o autoridad".

Por otra parte, el escrito defiende también la legalidad del resto de pagos realizados por este empresario a Pujol Ferrusola. "Tanto en Ibiza como en L'Hospitalet, Pujol Ferrusola aportó oportunidades de negocio e intermedió en la obtención de contratos y, particularmente en el caso de Ibiza, colaboró en actividades de gestión relacionadas con el marketing y la comercialización y el control de costes"

Precisamente fue 2005 en Ibiza donde realizaron el primer negocio conjunto: "Cuando la administración catalana estaba gobernada por el tripartito y sin que ningún familiar de Pujol y [del consejero Felip] Puig ejerciera entonces cargo público alguno". Y consistió en la promoción de dos edificios de apartamentos en la isla.

Y según el relato, Pujol Ferrusola se encargó de realizar reuniones con potenciales inversores. "Ello dio lugar a la cantidad de 413.779 euros, que fue debidamente facturada con el correspondiente IVA y pagada mediante los correspondientes cheques y transferencias".

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Además, el constructor rechaza que Pujol Ferrusola cobrara una vivienda a cambio de intermediar: "Optó por participar en la inversión adquiriendo un apartamento. En consecuencia, no es cierto, como se da a entender en el informe de la UDEF, que Pujol Ferrusola percibiera como retribución el piso, sino que tuvo que sufragar como cualquier otro adquirente el precio previsto de venta", especifica el representante legal del constructor en el escrito.

En este sentido, el empresario detalla que "debido a una serie de complicaciones técnicas en la ejecución de la obra, ésta se retrasó tres años, de tal manera que en 2012 Pujol Ferrusola decidió no adquirir el apartamento en cuestión, del que ya había abonado 195.758 euros más IVA, y optó por el reembolso de las cantidades". No obstante, en el documento no se incluye una valoración del precio de la vivienda, y si la cantidad abonada fue acorde al precio de mercado.

Por todo ello, el escrito del socio de Pujol Ferrusola acaba solicitando el archivo de las imputaciones, asegurando que todos los movimientos económicos realizados estuvieron motivados "por operaciones de inversores reales, como demuestran los edificios construidos en Ibiza y L'Hospitalet".