Interior pone en marcha un estudio para identificar a los “colectivos de riesgo” susceptibles de generar yihadistas

El Ministerio del Interior, a las órdenes de Jorge Fernández Diaz, se propone identificar inmediatamente los "colectivos de riesgo" que puedan suponer una "amenaza prioritaria" por parte del terrorismo yihadista. Para ello va a diseñar un primer estudio de campo a nivel nacional y a poner en marcha grupos multisectoriales contra la radicalización violenta a escala nacional, provincial y local en estrecha colaboración con municipios y diputaciones.

Estas medidas, que pretenden involucrar en la vigilancia de los "colectivos de riesgo" a los jueces, a los centros escolares y a los departamentos de asuntos sociales, de manera que todos ellos contribuyan a facilitar información a las fuerzas de seguridad, forman parte del Plan Estratégico Nacional de la lucha contra radicalización Violenta aprobado este viernes por el Consejo de Ministros con la vista puesta en el combate al yihadismo.

El propio ministro del Interior ha explicado en rueda de prensa que la radicalización islamista se produce casi siempre dentro de las fronteras españolas y no en otros países. "Entre 1996 y 2012, siete de cada diez condenados por yihadismo en los tribunales españoles se habían radicalizado en España y de ellos, el 80% lo hizo por Internet". Basándose en estos datos, el Gobierno quiere atajar el problema antes de que se produzca "difundiendo una contranarrativa a su mensaje violento, principalmente en Internet", y creando grupos locales en cada municipio para detectar posibles conflictos.

"Se pretende evitar el surgimiento de procesos de radicalización violenta mediante la detección temprana", ha insistido el ministro, y actuando contra la información que circule por la Internet en fuentes abiertas que afecte a la radicalización, especialmente, autores y contenidos. Una Unidad de Tratamiento de la Red analizará la información obtenida.

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¿Y cuáles son los conflictos de los que deben ocuparse los grupos locales? El Gobierno ha puesto varios ejemplos: si un ayuntamiento recibe quejas e incidentes por cerrar un cementerio musulmán, debe trasladar este asunto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que gestionará la respuesta con esta estructura nacional interministerial. Una vez estudiado el caso, este grupo dará respuesta a la Administración General del Estado que es quien informa a la FEMP para que ésta, a su vez, comunique al ayuntamiento cómo debe resolver este incidente.

Si, por ejemplo, lo que decide el ayuntamiento es el traslado de una mezquita a las afueras de la localidad, el colectivo afectado tendrá que poner en conocimiento de esta decisión a la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPyC) que tiene carácter público y vela por la libertad religiosa. Este organismo, dará traslado a la Administración General del Estado y al Grupo Nacional. Estudiado el caso, el Grupo Nacional dará respuesta a la Administración General del Estado que es quien informará a la Fundación para que ésta comunique al colectivo afectado cómo se resuelve el caso presentado, informa Europa Press.

Si lo que se detecta un foco de radicalización en una barriada de una localidad, un miembro del Grupo Local creado en virtud de este plan expondrá el caso ante dicho grupo quien, a su vez, informará al Grupo Nacional para estudiar el caso. El Grupo Nacional dará respuesta inmediata al Grupo Local quien, a su vez, informará de las medidas a ejecutar.