Los trabajadores de los registros civiles se manifiestan contra su privatización

Trabajadores de los registros civiles se manifestaron este sábado en Madrid contra la privatización del Registro Civil, en protesta por la voluntad del Gobierno de transferir a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sus funciones, y por el mantenimiento del Registro Civil como servicio público servido por la Administración de Justicia, según informó Europa Press.

La número dos de Podemos en Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, asistió a la marcha para mostrar su apoyo contra la privatización del Registro Civil, que hasta ahora ha sido "completamente público". "Ahora por hacer gestiones como inscribir a un hijo, solicitar un certificado de defunción para poder hacer una herencia u otras cosas que son derechos constitucionales, como el matrimonio, habrá que pagar una tasa fija de entre 300 y 500 euros", declaró Ruiz-Huerta.

Ruiz-Huerta criticó que estas acciones "son las que más ha llevado a cabo el PP, en el sentido de que, una vez agotado el modelo del ladrillo, a lo que se han dedicado es a desmantelar y vender los servicios públicos". "Nuestro compromiso desde Pdemos es estar con la ciudadanía y con la defensa de los servicios públicos, entre ellos la justicia, que es un servicio público fundamental y esto es un paso más en la privatización de la justicia, al igual que lo fue la Ley de Tasas", añadió.

La número dos de Podemos en Madrid señaló que la privatización del Registro Civil "va a impedir el acceso al ejercicio de este tipo de derechos que son fundamentales para cualquier ciudadano", e insistió en que estos derechos "son obligatorios en muchas ocasiones, como solicitar la nacionalidad para los extranjeros", para lo que va a haber que pagar una tasa, hecho que "impide el ejercicio de acceso a la justicia y a la tutela judicial".

El portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Javier Jordán, resaltó que esta vez "han sido los funcionarios de justicia del Registro Civil quienes han querido decirle a Catalá que basta de privatizaciones". "Somos perfectamente capaces los funcionarios de justicia para llevar a cabo y para gestionar y mejorar el servicio público del Registro Civil", manifestó.

El pasado martes 7 de abril el BOE recogía el acuerdo en el que se hacía público que el Ministerio de Justicia pagará cuatro millones de euros a los registradores de la propiedad para que se hagan cargo de la gestión de los expedientes de nacionalidad española durante el año 2015. Los pagos se abonarán a razón de un millón trimestral durante 2015 al Colegio de Registradores, que fundamentalmente tendrá que encargarse de digitalizar y tramitar los expedientes que le remitan los Registros Civiles una vez realizada la fase de instrucción de los mismos.

Además, Jordán declaró que "esto del servicio civil gratuito que promete Catalá no se lo cree nadie, ni los propios registradores". "Hay un gran número de registradores que están en contra del modelo que les quieren imponer y para el ciudadano a corto plazo significa que va a tener que pagar por este servicio", aclaró.

El portavoz de CSIF afirmó que "se va a pagar a unas personas que, si bien formalmente son funcionarios públicos, en su forma de trabajar son empresarios", ya que "contratan a personal, tributan por IVA, y cobran por el servicio que prestan", recalcó.

Asimismo, criticó que Gallardón y Catalá digan que los datos van a estar más protegidos, cuando Jordán no lo considera "cierto". "Eso supone un desprecio a 144 años en los que los datos los hemos gestionado los funcionarios de justicia", aclaró.

Por otro lado, la gestora procesal y administrativa del Registro Civil de Málaga, Mª Del Mar García Villalba, afirmó que "detrás de esta privatización hay razones económicas y políticas". "El motivo de privatizar el registro es sacar dinero con esa plataforma", declaró. García Villalba recalcó que "la excusa para privatizar es una plataforma que se ha creado previamente y que no ha salido a concurso público".

La gestora procesal y administrativa declaró que "nuestros datos personales, que son los más importantes desde que empieza hasta que acaba la vida de una persona" no tiene sentido que estén en manos de personas privadas. "El mayor negocio, a parte de la plataforma, son nuestros datos personales", añadió.

En esta línea, CC.OO. presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Parlamento una proposición de ley que rechaza esta modificación, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio. En dos semanas se han recogido miles de firmas entre la ciudadanía, según el sindicato.

Catalá insiste en que no habrá privatización

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió este sábado en que el Registro Civil no se va a privatizar y garantizó que este servicio seguirá siendo "gratuito, público y cercano al ciudadano" gracias a la progresiva implantación de medios telemáticos con el apoyo de más de 1.100 oficinas del Registro en toda España.

El ministro garantizó que este servicio seguirá siendo prestado por "funcionarios públicos". En este sentido, Rafael Catalá expresó su voluntad de acometer la reforma con los funcionarios, con los sindicatos y con las Comunidades Autónomas, para lo que se van a crear grupos de trabajo y mesas de negociación que permitirán coordinar este proceso de cambio hacia el nuevo Registro Único, según se recoge en un comunicado del Ministerio de Justicia.

El Registro Civil va a seguir siendo público, no se va a privatizar ya que se va a adjudicar su gestión a registradores de la propiedad y mercantiles, que pasarán a ser también registradores civiles, explicó el ministro. Además, los registradores son funcionarios públicos del Estado dependientes del Ministerio.

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Catalá señaló que los servicios prestados por el Registro Civil van a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos en los mismos términos que en la actualidad.

El Ministerio y las Comunidades Autónomas se comprometen a mantener íntegramente el empleo público existente en los registros civiles, por ello el ministro recalcó que los trabajadores que se dedican a esta labor pasarán a reforzar la Administración de Justicia en los distintos juzgados y tribunales.

Por último, el ministro informó que el Registro Civil será electrónico, es decir, los trámites podrán realizarse de manera "telemática" cualquier día y a cualquier hora. Hecho que, según Catalá, favorecerá a la tramitación electrónica de muchas gestiones cotidianas, como la inscripción desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones o la conexión entre administraciones.