Ciudadanos y PP piden al TC que impida el debate de la resolución independentista en el Parlament

Los líderes en Cataluña de Ciudadanos –Inés Arrimadas–, PSC –Miquel Iceta– y PP –Xavier García Albiol– acudieron este miércoles al Tribunal Constitucional para presentar sendos recursos de amparo contra la tramitación en el Parlament catalán de la resolución independentista impulsada por Junts pel Sí y la CUP. Por su parte, el Constitucional abordará este jueves la admisión a trámite de los citados recursos y decidirá en esa misma sesión de su Pleno si adopta medidas cautelares para impedir el debate en la Cámara catalana previsto para el próximo lunes 9 de noviembre.

Esas medidas cautelares son las que solicitan C's y PP, que aluden a la necesidad dela suspensión cautelar de los acuerdos recurridos por la "excepcional" urgencia de la situación, mientras que el PSC no incluye este extremo. Aunque los tres portavoces asistieron juntos a la sede judicial y todos coinciden en la gravedad de la situación, el contenido de los escritos de cada partido muestra algunas diferencias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Arrimadas aseguró que la moción presentada en el Parlament supone el "desafió más grave" al que se ha enfrentado la democracia española en los últimos 30 años. Arrimadas celebró "que PSC y PP se sumen a esta iniciativa" de su partido porque “en los momentos difíciles e importantes hay que dejar de lado las diferencias para defender los intereses de los ciudadanos”. En esa línea, prometió "seguir utilizando todas las herramientas" para defender el respeto a las leyes.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que la resolución acude a vías "ilegítimas" para modificar la Constitución y el Estatut, y que por tanto merece una respuesta jurídica "contundente". "No estoy dispuesto a que se utilice el nombre de Cataluña para saltarse las leyes", añadió, para a renglón seguido argumentar que los socialistas catalanes prefirieron no solicitar medidas cautelares porque habitualmente el Constitucional no las adopta antes de que tengan lugar los debates de las resoluciones en cuestión.

Finalmente, el cabeza de lista del PP el pasado 27-S, Xavier García Albiol, aseguró que los conservadores optaron por acudir a los tribunales para hacer frente a la pretensión de iniciar el proceso de ruptura de Cataluña con el resto del Estado, un propósito que no dudó en calificar de "acto de tiranía inadmisible". Para Albiol este miércoles es un día "triste", porque la deriva actual en Cataluña supone "miseria" y "pobreza" para los catalanes, si bien se felicitó por la unión de conservadores, socialistas y C's en lo que consideró "un acto de simbolismo que va a pasar a la historia".

Suspensión inmediata

La diferencia más notable entre los tres escritos radica en la ya mencionada suspensión inmediata que solicitan tanto Ciudadanos como el PP, pero no así el PSC. En el caso del partido de Albert Rivera, el documento presentado ante el Constitucional [ver en PDF] señala que se dan "circunstancias absolutamente excepcionales, desconocidas hasta ahora en nuestra democracia". Por ello, insiste, debe evitarse que se tramite la propuesta y para que el Parlament ni siquiera la discuta.

"De llegar a celebrarse el Pleno del día 9 –insiste–, un posterior pronunciamiento declarativo del Tribunal no serviría para remediar la lesión de derechos que se ocasionaría". Esos efectos negativos a evitar, subraya la formación naranja, son la desconexión del orden constitucional español, la desobediencia de las instituciones catalanas y el inicio de un proceso constituyente exclusivamente catalán "para la secesión" y "la creación de una república independiente de Cataluña".

Los conservadores de García Albiol coinciden en la petición y piden en su escrito [ver en PDF] que el Constitucional suspenda la admisión a trámite de la resolución independentista por la situación de "urgencia excepcional". "De no adoptarse la medida de suspensión con carácter urgente", advierte el PP, se perdería "la finalidad del recurso de amparo de forma evidente", ya que la votación el el Parlament está prevista para el lunes. Además, se subraya, la no suspensión "atentaría contra el interés general de España, produciendo una perturbación en el orden constitucional de convivencia". 

Una resolución inaceptable

Donde sí coinciden los tres partidos es en las críticas al contenido de la resolución impulsada por Junts pel Sí y la CUP. C's la califica de "manifiestamente inconstitucional" e incompatible tanto con la Carta Magna como con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y "con los principios de cualquier Estado de Derecho". El PSC, por su parte, asegura que es de una inconstitucionalidad "palmaria y evidente" y también la considera profundamente incompatible con la Constitución y el Estatuto. El PP va un paso más allá y habla de una propuesta que, de forma "notoria y grosera", intenta la "ruptura" con el ordenamiento constitucional y estatutario.

En concreto, el partido naranja cree que vulnera los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 166 a 168 de la Constitución. Los socialistas, por su parte, creen que conculca "prácticamente todo el Título Preliminar de la Constitución" y al menos una decena de artículos que afectan, a cuestiones como la exclusividad de la atribución de la titularidad de la soberanía al pueblo español, el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad de España y los principios de legalidad y seguridad jurídica. El PP estima, finalmente, que la resolución se aprecia inconstitucional "a simple vista" porque implica "autoproclamar al Parlamento como depositario de la soberanía catalana" y lleva a la Cámara a establecerse "como único poder de facto" en Cataluña, "anulando a todos los demás".

También hay sintonía en los tres grupos al señalar que, si bien la resolución no es vinculante, no puede decirse que carezca de efectos jurídicos. "Lo jurídico no se agota en lo vinculante", expresa el recurso presentado por el partido de Albert Rivera, donde se apunta como clave el carácter "asertivo" de la resolución, de la que se estima que "difícilmente" puede negarse que tenga efectos jurídicos. "Atendiendo a la jurisprudencia constitucional –apunta por su parte el recurso del PSC– la aprobación de la resolución supondría en sí misma (...) el incumplimiento de preceptos constitucionales por parte del propio Parlamento de Cataluña, al situar a la Cámara fuera del sistema institucional".

El papel de la Mesa

Los partidos de la oposición catalana también cuestionan la tramitación de la iniciativa y especialmente la actuación de la Mesa del Parlament, que decidió admitirla a trámite. En opinión de C's, la jurisprudencia existente demuestra que la Mesa no debe admitir a trámite aquellas resoluciones "manifiestamente inconstitucionales" o "ajenas a las atribuciones" de la Cámara y, por tanto, debió rechazar esta iniciativa que califica de ejercicio de "palmaria subversión del mandato representativa que constitucionalmente corresponde a los diputados electos del Parlamento de Cataluña".

El PSC considera [ver en PDF], en esa misma línea, que "corresponde a la Mesa verificar la regulardad jurídica de la iniciativa" y que este órgano de la Cámara está "legitimada para inadmitir a trámite una iniciativa parlamentaria cuando sea evidente su contradicción con el ordenamiento jurídico, en particular la Constitución, los Reglamentos de las Cámaras (...) y el Estatuto de Autonomía". Los socialistas catalanes advierten de que esa capacidad no debe servir para impedir debates impulsados por las minorías parlamentarias, pero sí para inadmitir resoluciones como la presente, a la que acusan de una "patente" inconstitucionalidad.

En tercer lugar, el PP resume el argumento en que "la Mesa del Parlamento tiene la obligación de inadmitir las iniciativas que vulneren la Constitución y el Estatuto de Cataluña" y dice que este órgano no puede "escudarse" en que su labor se limite a la "mera comprobación" de "los requisitos formales de las propuestas de resolución". La propuesta pretende la supresión del sistema en el que el propio Parlamento y su Mesa se asientan", afirman los conservadores, y por eso "la Mesa tiene la facultad de inadmitir de plano la iniciativa".

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Los recurrentes también censuran la desestimación de los recursos de reconsideración de los grupos en la Junta de Portavoces de la Cámara, por cuento entienden que no estaba válidamente conformada. En opinión de C's, el hecho de que el PP no estuviera aún constituido como grupo "imposibilitaba la debida constitución de la Junta" y por ello no puede celebrarse un Pleno parlamentario, pues el orden del día se fija mediante el acuerdo del presidente de la Cámara y la Junta. En resumen: si todos los grupos no se han formado no puede haber Junta, y si no hay Junta no puede celebrarse un Pleno.

Precisamente el PP se muestra especialmente duro porque aún no tiene portavoz formal. Los conservadores argumentan que según el reglamento de la Cámara tienen ocho días para constituirse como grupo a partir de la formación del Parlament, y que ese plazo concluirá este viernes. Por lo tanto, añaden, la Junta de Portavoces es un órgano cuyos miembros aún no se han designado en su totalidad por no haber finalizado el plazo máximo para ello y "dicho órgano, convocado antes de la terminación del plazo, no puede ejercer las funciones que le confiere el Reglamento del Parlamento de Cataluña".

En esa línea, los conservadores insisten en que "la convocatoria de una supuesta Junta dirigida a los portavoces designados" antes de la conclusión del plazo implica "ignorar" a los diputados aún no constituidos en Grupo y menoscabar su "legítima representación" y la posibilidad de defender su posición en la Junta. "Y ello no se compensa –cierra el argumento– con una sonrojante invitación a estos diputados para que designen a una representante que pueda asistir y participar en una reunión. Dicha invitación (...) es un reconocimiento implícito por parte de la presidencia de la Cámara de la irregularidad del procedimiento".